Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00202-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00202-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2021-00202-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 19001 23 33 000 2021 00202 01 (1812-2024)
Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz)
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Efectos retroactivos de
nombramiento y posesión en el empleo. Naturaleza de la vinculación
docente territorial. Docentes cofinanciados en virtud de la Ley 60 de
1993. Aplicación de sentencia de unificación jurisprudencial del 21 de
junio de 2018.
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia debido a que la
demandante acreditó la totalidad de requisitos para acceder a la
pensión gracia, en especial haberse desempeñado como docente de
carácter territorial por un mínimo de 20 años.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 25 de enero de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, solicitó
que se declare la nulidad de las Resoluciones 953 del 15 de enero de 2014, RDP 002611
del 28 de enero de 2014, RDP 003126 del 30 de enero de 2014, RDP 015584 del 21 de
mayo de 2019, RDP 021715 del 23 de julio de 2019 y del auto ADP 013084 del 20 de
octubre de 2015, a través de las cuales la entidad demandada negó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se declare la compatibilidad entre
la pensión gracia solicitada y la pensión de jubilación de vejez reconocida a través de la
Resolución 050 del 5 de mayo de 2015 expedida por la alcaldía de Popayán, así como el
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Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
retroactivo de las mesadas causadas y dejadas de percibir a partir del 20 de febrero de
2013 (fecha en que cumplió los 20 años de servicio).
3. Asimismo, requirió que se reconozcan y paguen los intereses moratorios del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los valores adeudados debidamente indexados
tomando como base la variación del índice de precios al consumidor (IPC), que el fallo se
cumpla dentro de los términos del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, que se ordene
dar cumplimiento a la sentencia dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria y que se
condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.
4. Como fundamento fáctico, manifestó que nació el 7 de noviembre de 1958 y que
se vinculó a partir del 1 de septiembre de 1978 como docente del orden municipal para
desempeñar funciones como directora de la Escuela Rural Mixta de Puerto Rico del
municipio de El Tambo (Cauca) en virtud del nombramiento realizado mediante el Decreto
042 del 2 de octubre de 1978, con efectos fiscales desde el 1 de septiembre de 1978.
Indicó que tomó posesión del cargo el 8 de septiembre de 1978, con retroactividad al 1
de septiembre de 1978 y que laboró hasta el 18 de junio de 1979.
5. Señaló que, posteriormente, fue nombrada docente seccional del nivel de
educación básica primaria en el municipio de Popayán mediante el Decreto 141 del 16
de noviembre de 1993, posesionándose en la misma fecha y retirándose del servicio el
18 de abril de 2016. Con base en lo anterior sostuvo que, como docente del orden
municipal y nacionalizado, logró acumular más de 20 años de servicio, equivalentes a 23
años, 2 meses y 21 días.
6. En ese contexto, indicó que solicitó en distintas oportunidades el reconocimiento y
pago de la pensión gracia; sin embargo, precisó que la UGPP negó reiteradamente dicha
solicitud con fundamentos diversos en cada ocasión.
7. En un primer momento, la negativa se sustentó en la falta de anexar la declaración
de honradez, idoneidad, consagración y buena conducta; posteriormente, se negó por
cuanto uno de los actos administrativos de vinculación no especificaba el tipo de vínculo;
más adelante, porque la demandante figuraba como pensionada de la Fiduprevisora,
situación que, a juicio de la UGPP, resultaba incompatible con la pensión gracia; y,
finalmente, se negó la última solicitud al estimarse que existían inconsistencias entre el
primer decreto de nombramiento y el acta de posesión.
8. Finalmente, sostuvo que los actos administrativos acusados vulneraron diversos
preceptos de la Constitución Política, así como las disposiciones contenidas en las leyes
114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989, y en los Decretos 081 de 1976 y 2277 de 1979.
Contestación de la demanda
9. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar
que la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder
a la pensión gracia. En tal sentido, sostuvo que los tiempos de servicio demostrados
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Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
corresponden a vinculaciones de carácter nacional, circunstancia que —a su juicio—
resulta incompatible con la normativa y la jurisprudencia vigentes en la materia.
10. Adicionalmente, afirmó que los actos administrativos de nombramiento allegados
al proceso presentan inconsistencias que impiden determinar con claridad si la
demandante reúne las condiciones para ser beneficiaria de la pensión gracia. Señaló que,
en virtud del Decreto 726 de 2018, a partir del 1 de julio de 2019 resulta obligatorio
acreditar los tiempos de servicio exclusivamente a través del sistema electrónico CETIL,
por lo que consideró que el documento idóneo para el estudio del reconocimiento de la
pensión gracia debe estar expedido en dicho formato.
11. Agregó que el tiempo de servicios exigido para el reconocimiento de la referida
prestación corresponde a 20 años, los cuales deben haber sido prestados exclusivamente
en instituciones educativas del orden territorial o nacionalizado. En ese orden de ideas,
sostuvo que la prueba del tiempo de servicios y de la naturaleza de la vinculación debe
desprenderse de información precisa relativa al tipo de nombramiento, la autoridad
nominadora, la institución educativa en la cual se prestaron los servicios, su naturaleza
jurídica y los extremos temporales de cada vínculo.
12. Con fundamento en lo anterior, concluyó que la demandante no cumplió los
requisitos legales, al no acreditar de manera suficiente el tipo de vinculación ni haber
laborado durante el término de 20 años exigido por la ley.
13. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «inexistencia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido», «ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados», «prescripción», «buena fe de la entidad demanda» y la
innominada.
Providencia mediante la cual se aceptó el cambio de nombre de la demandante
14. Mediante auto del 13 de julio de 2023, el tribunal de primera instancia dejó
constancia de que la demandante presentó un memorial en el cual informó haber
adelantado los trámites correspondientes para el cambio de su nombre por el de BLANCA
NURI POTOSÍ MUÑOZ, para lo cual anexó copia de la nueva cédula de ciudadanía, el
registro civil de nacimiento con nota marginal del cambio de nombre y la Escritura Pública
323 del 21 de noviembre de 2021 otorgada ante la Notaría Única del Círculo de El Tambo.
15. Por tanto, el tribunal reconoció que, para todos los efectos dentro del presente
asunto, la señora GLADYS CECILIA POTOSÍ MUÑOZ pasó a identificarse como
BLANCA NURI POTOSÍ MUÑOZ, como resultado del cambio de nombre realizado ante
las autoridades competentes.
Sentencia apelada
16. El Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia el 25 de enero de 2024
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos cuestionados. A título de
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar a la
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Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
demandante la pensión gracia en una cuantía equivalente al 75% de lo devengado
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del estatus pensional.
No obstante, declaró prescritas las sumas causadas con anterioridad al 24 de junio de
2018.
17. Para el efecto, constató que la demandante fue vinculada inicialmente al servicio
docente municipal del municipio de El Tambo (Cauca) mediante Decreto 042 de 1978
para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1978 y el 18 de junio de 1979,
tiempo que fue certificado por el Fondo de Pensiones del Magisterio, equivalente a 9
meses y 18 días.
18. Asimismo, se acreditó que, a partir de noviembre de 1993 y hasta abril de 2016, la
actora prestó de manera continua sus servicios como docente del municipio de Popayán,
con nombramiento en propiedad conferido mediante Decreto 141 de 1993, periodo
durante el cual acumuló 22 años, 5 meses y 3 días de servicios docentes del orden
municipal, conforme a las certificaciones expedidas por la autoridad competente. Durante
este lapso, si bien fue trasladada y ascendida en distintas instituciones educativas del
municipio, no se modificó la naturaleza territorial de su vinculación.
19. Con base en la anterior relación probatoria, se concluyó que no resultaban de
recibo los argumentos de la UGPP encaminados a desconocer la naturaleza municipal
de la vinculación de la demandante, tanto antes del 31 de diciembre de 1980 como con
posterioridad a su reingreso en 1993, puesto que los periodos laborados se encontraban
debidamente certificados y correspondían a servicios prestados en el ámbito territorial,
siendo, por ende, computables para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.
20. En ese contexto, al verificar el cómputo del tiempo de servicios y la edad, se
estableció que la demandante completó los 20 años de servicio docente el 28 de enero
de 2013, fecha en la cual ya había cumplido 50 años de edad al haber nacido el 7 de
noviembre de 1958, consolidándose en ese momento su estatus pensional. Además, no
se controvirtió que desempeñó su labor con honradez y consagración, tuvo buena
conducta y carecía de medios suficientes de subsistencia, requisitos exigidos por la Ley
114 de 1913.
21. En consecuencia, el a quo concluyó que la demandante cumplía la totalidad de los
requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación gracia, por lo cual carecían de
fundamento jurídico los actos administrativos mediante los cuales la UGPP negó el
reconocimiento de la prestación.
22. No obstante, en relación con la prescripción, se advirtió que si bien la actora
consolidó su estatus pensional el 28 de enero de 2013, la primera solicitud de
reconocimiento pensional fue presentada el 20 de noviembre de ese mismo año, la cual
interrumpió la prescripción por una sola vez por el término de 3 años. Dado que la
demanda fue presentada el 24 de junio de 2021, el tribunal declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 24 de junio de 2018, de conformidad con el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968. Se abstuvo de condenar en costas.
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Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
Recurso de apelación
23. La entidad demandada interpuso recurso de apelación mediante el cual solicitó
que se revoque la sentencia de primera instancia.
24. Sostuvo que en el expediente administrativo de la demandante se evidencian
inconsistencias probatorias, en la medida en que el certificado laboral del 2 de agosto de
2013 registra tiempos de servicio comprendidos entre el 1 de septiembre de 1978 y el 18
de junio de 1979, mientras que el acta de posesión indica que la demandante asumió el
cargo el 8 de septiembre de 1978. Adicionalmente, señaló que el acta de posesión es
anterior al acto administrativo de nombramiento pues este último fue expedido en octubre
de 1978, mientras que la posesión se habría producido en septiembre del mismo año.
25. Con fundamento en lo anterior, afirmó que no resulta posible reconocer los
períodos laborados con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 ni aquellos posteriores
al año 1993 por cuanto no se acreditó de manera suficiente el tipo de vinculación ni su
naturaleza jurídica —territorial o nacionalizada—. En ese sentido, adujo que las pruebas
allegadas no permiten establecer con claridad dicha circunstancia, máxime ante las
inconsistencias señaladas.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. Por medio de auto del 27 de junio de 2024 se admitió el recurso de apelación1 y
se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia
para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir
concepto hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.
27. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
28. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.
Problema jurídico
29. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
debe determinar si, de acuerdo a las inconsistencias alegadas por la entidad demandada
entre los actos administrativos de nombramiento y las actas de posesión, se encuentra
debidamente acreditado —o desvirtuado— que la actora cumplió los requisitos legales
1 Índice 8 Samai Consejo de Estado
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Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
exigidos para acceder a la pensión gracia, en particular el relativo a la prestación durante
un mínimo de 20 años de servicios como docente de carácter territorial o nacionalizado,
conforme a lo previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.
30. Para tal efecto, se examinarán cada uno de los períodos de vinculación alegados
por la parte demandante como docente oficial, a fin de establecer su naturaleza jurídica
y su eventual computabilidad para el cumplimiento del tiempo de servicios exigido.
Análisis del problema jurídico
31. La Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad los requisitos
legales para acceder a la pensión de gracia, conforme a las motivaciones que se
expondrán a continuación.
1. Análisis de tiempo de servicios
• Periodo del 1 de septiembre de 1978 al 18 de junio de 1979 (9 meses y 18
días)
32. En el expediente se encuentra acreditado que, mediante el Decreto 042 del 20 de
octubre de 1978, el alcalde del municipio de El Tambo (Cauca) nombró a la demandante
como directora de la Escuela Rural Mixta de Puerto Rico, con efectos fiscales retroactivos
a partir del 1.º de septiembre de 1978. Igualmente, se estableció que tomó posesión del
cargo el 8 de septiembre de 1978, ante el alcalde de dicho municipio, con efectos
retroactivos al 1 de septiembre de 19782.
33. Asimismo, obra en el expediente el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral, expedido el 15 de febrero de 2021 por la Secretaría de
Educación Municipal de Popayán, en el cual se consigna que la actora fue designada
como docente de primaria en propiedad, adscrita a la Secretaría de Educación y Cultura
del Cauca, mediante el citado Decreto 042 de 1978, y que prestó sus servicios desde el
1 de septiembre de 1978 hasta el 18 de junio de 19793. En consecuencia, durante dicho
período ejerció funciones docentes por un total de 9 meses y 18 días.
34. El alcalde municipal de El Tambo certificó el 15 de febrero de 2014 y el 10 de enero
de 2019 que la demandante laboró al servicio de esa entidad territorial en calidad de
docente, desde el 1 de septiembre de 1978 hasta el 18 de junio de 1979, nombrada
mediante Decreto 042 de 1978 y acta de posesión del 8 de septiembre de 1978 4.
35. Tras examinar el Decreto 042 del 20 de octubre de 1978, se evidencia que este
dispuso un nombramiento de carácter territorial (municipal) por cuanto fue expedido de
manera autónoma por el alcalde de El Tambo, en ejercicio de sus facultades legales como
autoridad nominadora del respectivo ente territorial.
2 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai Consejo de Estado.
3 Ibidem
4 Ibidem.
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Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
36. Se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter nacional ya que
no fue efectuado directamente ni por delegación del Gobierno Nacional, conforme a lo
previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989. Tampoco se avizora que se trate de una
plaza adscrita a la planta de docentes del ministerio de Educación.
37. Ahora bien, frente al reparo de la parte apelante relativo a la supuesta
contradicción entre el acto de nombramiento, el acta de posesión y las certificaciones
laborales allegadas, la Sala observa que, aunque el decreto de nombramiento fue
expedido el 20 de octubre de 1978 y el acta de posesión se suscribió el 8 de septiembre
de 1978, ambos documentos coinciden en señalar que la vinculación produjo efectos
retroactivos a partir del 1.º de septiembre de 1978. En ese sentido, resulta claro que
dicha fecha corresponde al momento a partir del cual la demandante inició efectivamente
el ejercicio de funciones docentes.
38. En ese orden de ideas, la Sala descarta el reparo formulado por la entidad
demandada en relación con las supuestas inconsistencias entre los documentos
analizados y tiene por acreditado el requisito de vinculación anterior al 31 de diciembre
de 1980 a partir del vínculo docente de carácter territorial examinado previamente. Por lo
tanto, el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1978 y el 18 de junio de
1979, equivalente a 9 meses y 18 días, resulta computable para efectos del
cumplimiento de los 20 años de servicios exigidos por la ley.
• Periodo desde el 16 de noviembre de 1993 hasta el 18 de abril de 2016 (22
años, 5 meses y 3 días)
39. En el expediente obra copia del Decreto 141 del 16 de noviembre de 1993
expedido por el alcalde del municipio de Popayán, mediante el cual se designó en
propiedad a la demandante para desempeñar el cargo de docente seccional del nivel de
educación básica primaria en la Escuela Rural Mixta Río Blanco de esa municipalidad5.
Para efectuar dicho nombramiento, la autoridad nominadora invocó el ejercicio de las
facultades legales conferidas por la Ley 29 de 1989, el Acuerdo Municipal 07 de 1993 y
el convenio celebrado entre el municipio de Popayán y el Ministerio de Educación
Nacional.
40. En la parte considerativa del acto administrativo se indicó que, mediante el Acuerdo
Municipal 07 del 8 de marzo de 1993, el Concejo Municipal de Popayán creó doce (12)
plazas docentes para el nivel de educación básica las cuales fueron asignadas a los
establecimientos educativos conforme a un estudio previo de necesidades, en atención,
principalmente, al incremento del número de estudiantes matriculados para el respectivo
año lectivo.
41. Asimismo, se dejó constancia de que el jefe de la Oficina Seccional de Escalafón
certificó que los educadores que serían nombrados en propiedad reunían los requisitos
legales para el ejercicio de la función docente. Para tal efecto, la administración municipal
previamente conformó la lista de elegibles destinada a proveer las plazas creadas
mediante el referido acuerdo municipal.
5 Ibidem.
Radicación: 19001 23 33 000 2021 00202 01 (1812-2024)
Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
42. Se observa en el plenario el acta de posesión que certifica que la demandante
asumió el empleo el 16 de noviembre de 1993 ante el alcalde municipal de El Tambo, en
virtud del nombramiento efectuado mediante el Decreto 141 de 1993.
43. De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral expedido el 15 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación Municipal de
Popayán, la demandante fue designada como docente de primaria en la institución
educativa Guillermo León Valencia – Río Blanco del mismo ente territorial, mediante el
Decreto 141 del 16 de noviembre de 1993.
44. En dicho documento se consigna que inició la prestación del servicio el 16 de
noviembre de 1993 y que continuó vinculada hasta el 18 de abril de 2016, lo que
corresponde a un período total de 22 años, 5 meses y 3 días. Además, conviene precisar
que el referido documento da cuenta de que, durante el lapso mencionado, la
demandante estuvo sujeta a diversas situaciones administrativas, tales como traslados a
otras instituciones educativas municipales y ascensos, sin que se evidencie interrupción
alguna del vínculo laboral originado el 16 de noviembre de 1993 en virtud del Decreto 141
de 1993.
45. Por último, este certificado en el capítulo de observaciones tiene la siguiente nota:
«TIPO DE VINCULACIÓN MUNICIPAL-COFINANCIADA. TIEMPO DE SERVICIO
SOLICITADO PARA PENSIÓN GRACIA SEGÚN PQR 195».
46. A partir del análisis conjunto de las pruebas documentales referidas, la Sala
descarta que la designación efectuada mediante el Decreto 141 de 1993 sea de carácter
nacional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989,
el personal nacional corresponde a los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional, supuesto que no se configura en el presente caso toda vez que el
Ministerio de Educación Nacional no actuó como autoridad nominadora ni se advierte que
hubiese delegado dicha facultad en el alcalde municipal de Popayán. Tampoco existe
evidencia de que la plaza docente hubiere sido creada ni que hiciera parte de la planta
de cargos del sector nacional.
47. Para la Sala, esta designación dio lugar a un vínculo docente de carácter
territorial-municipal en razón a que la plaza fue creada mediante acuerdo del Concejo
Municipal de Popayán para proveer vacantes requeridas por el ente territorial con el fin
de atender la demanda del servicio educativo en las instituciones locales. Asimismo, se
advierte que, para dicho propósito, la administración municipal conformó previamente una
lista de elegibles, circunstancia que reafirma el carácter territorial del nombramiento.
48. Adicionalmente, se observa que el nominador fue el alcalde del municipio de
Popayán, quien, si bien invocó las facultades previstas en la Ley 29 de 1989 —las cuales,
en principio, podrían sugerir que la plaza ostentaba carácter nacional o nacionalizado—,
lo cierto es que el acervo probatorio demuestra que se trató de una plaza cofinanciada,
en los términos de la Ley 60 de 1993.
Radicación: 19001 23 33 000 2021 00202 01 (1812-2024)
Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
49. En efecto, el propio alcalde invocó para el nombramiento un convenio celebrado
entre el municipio de Popayán y el Ministerio de Educación Nacional y en el certificado
de historia laboral expedido el 15 de febrero de 2021 por la Secretaría de Educación
Municipal se dejó expresamente señalado que la plaza docente tenía carácter municipal
cofinanciado.
50. Sobre el particular, el artículo 4 de la Ley 60 de 1993 dispuso que los docentes
financiados o cofinanciados por la Nación, a través de convenios celebrados con el
Ministerio de Educación Nacional, además de ser afiliados o incorporados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tendrían sus prestaciones sociales a
cargo de la respectiva entidad territorial.
51. A su vez, el artículo 110 de la Ley 21 de 19926 estableció que los recursos para la
cofinanciación de maestros, con el fin de facilitar su nombramiento por parte de las
entidades locales, procederían previa suscripción de convenios entre la Nación —
Ministerio de Educación Nacional— y el respectivo distrito, departamento o municipio,
precisando, además, que los docentes debían ser nombrados por los alcaldes en los
municipios donde se hubiera municipalizado la educación.
52. En desarrollo de dicha normativa, los artículos 4 y 5 del Decreto 206 de 1993 7
señalaron que, con los recursos asignados en el Presupuesto Nacional para la
cofinanciación del pago de maestros de primaria y secundaria, se financiaría, en
promedio, hasta el 70 % del costo de cada educador contratado por las entidades
territoriales, y que el Ministerio de Educación Nacional debía reglamentar los convenios
previstos en el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.
53. Esta Subsección ha entendido de manera reiterada que las plazas docentes
cofinanciadas deben calificarse como de carácter territorial. Así lo sostuvo, por ejemplo,
en sentencias del 20 de marzo de 20258 y del 28 de agosto de 20259 al señalar que los
maestros cofinanciados por la Nación conservan la condición de docentes territoriales por
cuanto sus prestaciones permanecen a cargo de la entidad territorial respectiva.
54. Este mismo criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda de esta Corporación
en las sentencias del 10 de febrero de 201110, del 10 de marzo de 201611, del 17 de julio
de 202012, del 13 de abril de 202313 y del 20 de abril de 202314, así como por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-559 de 1997, en la cual se indicó que los docentes
departamentales, municipales y distritales incluyen también a aquellos cofinanciados por
la Nación.
6 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia
fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.
7
Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989.
8 Subsección A, Exp. 76001-23-33-000-2014-00150-01 (0419-2020), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
9 Subsección A, Exp. 13001 23 33 000 2016 00977 01 (2318-2019), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
10 Subsección B, Expediente Rad. 0088-10 C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
11 Subsección A, Expediente Rad. 2604-14. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
12 Subsección B, Expediente Rad. 3398-16 C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
13 Subsección A, Expediente Rad. 3114-2017. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Subsección A, Expediente Rad. 3905-2018. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Radicación: 19001 23 33 000 2021 00202 01 (1812-2024)
Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
55. Por lo demás, conforme a la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 15,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia lo esencialmente relevante es la
naturaleza jurídica de la plaza ocupada, esto es, que corresponda a una plaza de carácter
territorial o nacionalizado16.
56. Dicha providencia de unificación también clarificó que no resulta válido inferir que
los docentes territoriales o nacionalizados se conviertan en educadores nacionales por el
solo hecho de que: i) en el acto de vinculación intervenga, además del representante legal
de la entidad territorial, un delegado del Ministerio de Educación Nacional; o ii) que los
recursos destinados para su sostenimiento tengan origen en la Nación.
57. En consecuencia, para la Sala los servicios docentes prestados por la demandante
entre el 16 de noviembre de 1993 hasta el 18 de abril de 2016 (22 años, 5 meses y 3
días) son computables para efectos del requisito de 20 años de servicio establecido en
la Ley 114 de 1913.
58. En consideración de lo anterior, la Sala encuentra acreditado un total de 23 años,
2 meses y 21 días, de carácter territorial y nacionalizado, con los que se satisface el
requisito contemplado en el artículo 1° de la Ley 114 de 1913 (20 años de servicios). Los
tiempos se discriminan así:
Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial 1/09/1978 18/16/1979 0 9 18
Territorial 16/11/1993 18/04/2016 22 5 3
22 14 21
TOTAL 23 años, 2 meses y 21
días
59. En suma, está acreditado que la demandante cumplió con la totalidad de los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos
previamente analizados, sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el 7
de noviembre de 2008 17 . Además, no se encontraron reproches que cuestionen su
desempeño en el ámbito educativo, lo que permite concluir que también se satisface la
exigencia de honradez, dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que
perciba una doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión
gracia.
60. En relación con la fecha en que se adquirió el estatus pensional, se coincide con
el criterio del a quo al considerar que este se obtuvo el 28 de enero de 2013, momento
en que la actora cumplió los 20 años de servicio. Asimismo, se avala la conclusión de
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación
Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, (3805-2014).
16 Máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy Sistema
General de Participaciones.
17 En el expediente obra cédula de ciudadanía que corrobora que la actora nació el 7 de noviembre de 1958. Expediente
digital. Índice 2 de Samai de Tribunal.
Radicación: 19001 23 33 000 2021 00202 01 (1812-2024)
Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
declarar probada la prescripción extintiva respecto de las mesadas causadas antes del
24 de junio de 2018, dado que la primera solicitud de reconocimiento pensional fue
presentada dentro de los tres años siguientes a la adquisición del derecho (20 de
noviembre de 2013); sin embargo, la demanda fue radicada el 24 de junio de 2021 (por
fuera de los 3 años subsiguientes).
61. En conclusión, la Sala considera que la parte demandante acreditó en su totalidad
los requisitos legales para acceder a la pensión de gracia. Por tal razón, se procederá a
confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia.
Condena en costas en segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la entidad
demandada por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 25 de enero de 2024 emitida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la señora Blanca Nuri Potosí Muñoz,
identificada con la cédula de ciudadanía 25.422.553, contra la UGPP.
Radicación: 19001 23 33 000 2021 00202 01 (1812-2024)
Demandante: Blanca Nuri Potosí Muñoz (antes, Gladys Cecilia Potosí Muñoz
SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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