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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00150-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00150-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018) que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones 07531 del 17 de febrero de 2009 y PAP 017174 del 8 de octubre de 2010, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión al resolver el recurso de reposición. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 3 de diciembre de 2020. Exp. 25000- 23-42-000-2016-04672-01 (3170-2019), y del 6 de mayo de 2021. Exp. 17001-23-33-000-2015-00014-01 (1599- 2018). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 58 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.» 59 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Radicado: 76001-23-33-000-2014-00150-01 (0419-2020) Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Martha Cecilia Escobar Ruiz ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por esta en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 27 de agosto de 2007 y el 26 de agosto de 2008, con efectividad desde 27 de agosto de 2008, pero con efectos fiscales desde el 8 de diciembre de 2010 por prescripción trienal de mesadas. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. Cuarto. Negar las demás pretensiones. Quinto. El cumplimiento de este fallo se realizará conforme a lo establecido en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00150-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2014-00150-01 (0419-2020)
Demandante: Martha Cecilia Escobar Ruiz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacionalizado. Docente interino.
Docente cofinanciado. No se pueden computar periodos de labor
en cargos administrativos. Excepción a la aplicación de la
decisión previa. Aplicación de sentencias de unificación del 21
de junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. REVOCA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual negó las
pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora Martha Cecilia Escobar Ruiz instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes

PRETENSIONES1

Que se declare la nulidad de las Resoluciones 075312 del 17 de febrero de 2009 y

1 Folios 47 a 48.
2 En la relación de las pretensiones, la demandante identificó la resolución demandada con el número 03571,

sin embargo, en los mismos hechos y en la resolución aportada se evidencia que la correcta es la 07531.

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PAP 017174 del 8 de octubre de 2010, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la demandante.

Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar las mesadas pensionales causadas
desde el 26 de diciembre de 2003 (fecha de estatus pensional) hasta la fecha en la
que se haga efectivo el pago de las acreencias, debidamente actualizado, con la
cancelación de los intereses moratorios.

Que se ordene a la parte pasiva dar cumplimiento al fallo en los términos de los
artículos 187, 189 y 195 del CPACA, que reconozca los intereses moratorios del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y que asuma las costas a que haya lugar.

HECHOS3

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que cumplió los 50 años de edad el 26 de diciembre de 2003, fecha en la que
adquirió su estatus pensional, pues fue nombrada por la Secretaría de Educación
de Santiago de Cali y al menos hasta la fecha de presentación de la demanda,
contaba con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y con más de 28
años de servicio en la educación oficial, ostentando una categoría nacionalizada
durante toda su trayectoria.

Que, el 20 de abril de 2005, solicitó a la CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL
E.I.C.E.- CAJANAL, el reconocimiento y pago de la pensión gracia por haber
laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio como docente del orden
nacionalizado, petición que fue negada por la entidad mediante la Resolución No.
38980 del 9 de agosto de 2006, al desestimar el periodo laborado entre el 28 de
octubre de 1971 y el 20 de enero de 1976 por desempeñar un cargo de carácter
administrativo.

Que, el 8 de agosto de 2008, nuevamente solicitó la prerrogativa a la entidad
aportando nuevos elementos probatorios, sin embargo, la entidad volvió a negar el
derecho pretendido a través de acto administrativo No. 07531 del 17 de febrero de
2009, argumentando que la docente no cumplió con los 20 años de servicio del
orden nacionalizado, ya que, la labor desempeñada desde el año 1994 fue de
carácter nacional. Ante tal decisión, la demandante interpuso recurso de reposición
el 12 de marzo de 2009, pero la entidad demandada confirmó su decisión inicial
mediante la Resolución PAP 017174 del 8 de octubre de 2010.

Que los argumentos de la entidad accionada no son de recibo, pues, para el periodo
comprendido entre el 14 de diciembre de 1994 al 20 de junio de 2008, la docente

3 Folios 49 a 51.

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fue nombrada por la Gobernación del Valle del Cauca y nunca laboró por
designación directa del Ministerio de Educación Nacional.

Que el servicio laborado entre el 28 de octubre de 1971 y el 20 de enero de 1976,
debe tenerse en cuenta considerando la jurisprudencia del Consejo de Estado
referente a la importancia de la calidad de educador sin importar las funciones
ejercidas y que teniendo en cuenta la certificación de tiempos de servicio, sus
nombramientos siempre fueron como docente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN4

Aseguró que con los actos administrativos demandados se transgreden los
artículos: 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de la Constitución
Política; las leyes 1437, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 6 de
1945, 33 de 1985 y 91 de 1989; y los decretos 2285 de 1955 y 223 de 1977.

Que la actora al momento de adquirir su estatus pensional contaba con un derecho
adquirido al cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos, ya que fue nombrada
con anterioridad al 1° de enero de 1989, no fue sancionada y prestó sus servicios
por más de 20 años, en ese orden de ideas, el Estado debe garantizar su derecho
a la seguridad social.

Que no debe existir discriminación entre los docentes del magisterio público frente
al reconocimiento y pago de la pensión gracia, ya que cumplen las mismas
funciones laborales, por lo que estos no deben diferenciarse según la naturaleza de
sus empleadores, pues es el Estado quien emplea los servicios docentes y es este
quien define las políticas de contratación de cada tipo de docente, limitando la
libertad de los educadores para la escogencia de la clase de nombramiento.

Que no debe afectarse el derecho de reconocimiento y goce de la pensión gracia
pues, desde el principio del servicio, se tenía como un derecho a reclamar con el
mero paso del tiempo.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 28 de febrero de 20145 y notificada a la UGPP6, quien
manifestó que7, la actora no cumplió con el requisito de tiempo de servicio exigido,
ya que, la labor desempeñada desde el 28 de octubre de 1971 hasta el 13 de agosto
de 1974 fue en calidad de auxiliar administrativa y tesorera, es decir, del orden
administrativo, además, el tipo de vinculación desde el 14 de diciembre de 1994 al
30 de diciembre de 2003 fue de carácter nacional, siendo estas razones suficientes

4
Folios 52 a 58.
5 Folios 88 a 89.
6 Folios 96 y 97.
7 Folios 127 a 129.

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para desestimar los tiempos referidos, por lo que la decisión contenida en los actos
administrativos demandados se encuentra debidamente justificada.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo
demandado, y (iii) prescripción.

En la audiencia inicial8 se indicó que no existían excepciones previas por resolver y
que las propuestas fueron de mérito. Se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la
demanda y las pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se señaló
que no existía ánimo conciliatorio, se efectuó el decreto de pruebas, y corrió traslado
a las partes para presentar alegatos de conclusión.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN9

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia el veinticinco (25)
de mayo de dos mil dieciocho (2018), negó las pretensiones al argumentar que, a
partir de las pruebas aportadas, el tiempo prestado por la docente resultó
insuficiente para acceder a la prestación solicitada. Solo consideró como válido el
periodo trabajado desde 1976 a 1992, el cual suma 10 años y 9 meses.

Que los demás interregnos pretendidos no pueden ser tenidos en cuenta para el
cómputo de la pensión gracia, ya que, el laborado desde el año 1971 a 1976 no
implicó el ejercicio de la actividad docente, pues las funciones desempeñadas
fueron en calidad de auxiliar administrativa y tesorera, y que, a partir del 14 de
diciembre de 1994, prestó sus servicios como docente nacional según consta en el
certificado contenido en el archivo 5 del CD de antecedentes administrativos.

Por último, no condenó en costas.

EL RECURSO DE APELACIÓN10

La demandante interpuso recurso apelación argumentando que el tribunal de origen
no evaluó las pruebas aportadas, entre ellas, las copias de los actos de
nombramiento ni el contenido de las certificaciones de tiempo de servicio en donde
se indicó el acto de nominación y la entidad territorial que lo expidió, contrario a ello,
únicamente valoró la designación nacional que trajo el certificado de tiempos de
servicios, calificación que no corresponde a la realidad, pues se allegó incluso una
certificación del Ministerio de Educación Nacional en la que hizo constar que la
docente nunca prestó sus servicios a su favor.

8 Folios 167 a 172.
9 Folios 183 a 194.
10 Folios 209 a 214.

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Que, aunque laboró en cargos administrativos, posteriormente fue nombrada
docente en carrera en el colegio Germán Nieto del municipio de Candelaria, Valle,
contando con una categoría de carácter territorial nacionalizada y con una
vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980.

Afirmó que, prestó sus servicios de la siguiente manera:

Desde el 28 de octubre de 1971 al 13 de agosto de 1974, como auxiliar
administrativa, nombrada por Decreto 1494 del 7 de octubre de 1.71(sic)11; desde
el 14 de agosto al 20 de enero de 1975, como tesorera, nombrada por Decreto 1158
del 8 de agosto de 1974; desde el 21 de enero de 1975 al 5 de octubre de 1980,
como docente en carrera, nombrada por Decreto 1780 de 1975; desde el 20 de
mayo de 1987 al 11 de septiembre de 1992, como educadora y directora de escuela,
mediante diferentes nombramientos en interinidad; desde el 14 de diciembre de
1994 como maestra oficial en carrera nombrada a través del Decreto 2254 del 22
de noviembre del mismo año, al menos hasta la fecha del escrito de apelación.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 15 de julio de 2020 se admitió el recurso y el 17 de noviembre de 2020 se dio
traslado por el término de 10 días para la presentación de alegatos de conclusión,
y posteriormente se corrió el mismo término para el Ministerio Público.

Las partes12 presentaron sus alegatos de conclusión en los que reiteraron los
argumentos señalados en la demanda y su contestación.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
periodo en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de

11 Relacionó el año incompleto.
12
Ver índice 10 y 11 de SAMAI.

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ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los

13 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo

Gómez Aranguren, expediente 0417-07.

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sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

(..)
2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de

1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.

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diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

15Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.

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vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez

Lozano contra la UGPP.

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Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar periodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que la señora Martha Cecilia Escobar Ruiz nació el 26 de
diciembre de 195317, de modo que cumplió los 50 años de edad el 26 de diciembre
de 2003.

El segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio
sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial.

17 Según copia de la cédula de ciudadanía, obrante a folio 3.

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• Periodo I: del 26 de octubre de 1971 al 20 de enero de 1976 (cargos
administrativos)

Respecto de estos tiempos bajo estudio, se encuentra en el expediente el Decreto
1494 de 197118, el cual nombró a la demandante como auxiliar de pagaduría del
Distrito Educativo No. 2 de la Secretaría de Educación, a partir del 26 de octubre de
1971, fecha de inicio que se corrobora en el Certificado de Tiempo de Servicio No.
27,20419 y 22,09220, expedidos ambos por el municipio de Santiago de Cali.

La actora ejerció el referido cargo hasta que fue promovida como secretaria-tesorera
del Colegio Departamental Ciudad de Cali, a través del Decreto 1158 del 8 de agosto
de 197421 expedido por el Gobernador del Valle del Cauca, dando inicio a sus
labores en su nuevo puesto a partir del 14 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero
de 1976, conforme se establece en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral No. 1062422 y en los certificados de tiempos de
servicios ya referidos.

Conforme a lo probado, ratifica la Sala lo expuesto por la entidad demandada y por
el tribunal de primera instancia al considerar que los tiempos de servicio referidos
no son relevantes para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, ya que no
fueron desarrollados por la demandante en el ejercicio de funciones de enseñanza
como maestra oficial, sino para realizar actividades propias de la administración en
la Secretaría de Educación.

De hecho, es evidente que tal circunstancia no es negada por la parte activa, por el
contrario, tanto en su demanda como en su recurso de apelación afirma que a lo
largo de los interregnos en comento cumplió cargos de carácter administrativo, pero
sostiene que pueden ser computados para colmar la exigencia de 20 años de labor
oficial.

A dicho análisis ha de sumarse además la definición establecida para la profesión
de educador en el artículo 2.° del Decreto 223 de 1972, norma que se encontraba
vigente a la fecha en la que la demandante prestó sus labores como auxiliar
administrativa y tesorera:

«Artículo 2° La profesión docente de que trata el presente Decreto es el ejercicio
del magisterio, primaria y secundaria en sus distintas modalidades, profesional
normalista, especial, de adultos y de la administración educativa. Así mismo, es
profesión docente la actividad que realiza el personal docente por medio de la
televisión y otros medios de comunicación de masas en programas regulares de
carácter escolar oficial, en general, en aquellas instituciones que impartan

18 Folio 34.
19 Archivo 23, CD expediente administrativo.
20 Archivo 4, CD expediente administrativo.
21 Folio 35.
22 Folio 26.

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enseñanza sistemática, y de cuya labor los profesionales en educación y
administradores docentes deriven los medios de subsistencia.»

Conforme al concepto de docente examinado, es claro que dicha profesión se
restringe únicamente al ejercicio del magisterio, término que según la Real
Academia Española23 significa: «1.Oficio o actividad de maestro, 2. Conjunto de
estudios para la obtención del título de maestro, 3. Conjunto de los maestros.»,
connotaciones que no se ajustan a los cargos desempeñados por la accionante
como auxiliar de pagaduría y tesorera, ya que la definición de la disposición
normativa referenciada no incluye las labores destinadas a la administración de las
instituciones.

En tal sentido, no existe prueba alguna en el expediente que permita establecer que
los citados cargos estaban llamados a cumplir con labores relacionadas con el
ejercicio del magisterio, por lo que su naturaleza es propia de aquellos de carácter
administrativo y se rigen por las normas aplicables a los demás empleados públicos.
Por tal razón, la Sala no computará el tiempo en mención, toda vez que las
designaciones analizadas no tenían el carácter docente, lo cual se opone a la
finalidad de la pensión gracia y a la normativa que la desarrolla, esto es, que los
beneficiarios de la pensión gracia son única y exclusivamente los maestros
oficiales vinculados como territoriales o nacionalizados.

• Periodo II: del 21 de enero de 1976 al 4 de octubre de 1980

Frente a este lapso, se destaca que, aunque la demandante venía prestando su
servicio como tesorera, fue trasladada como profesora de tiempo completo del
Colegio Germán Nieto de Candelaria, mediante Decreto 1780 del 31 de diciembre
de 197524 proferido por el Gobernador del Valle del Cauca, comenzando el ejercicio
de su nuevo cargo a partir del 21 de enero de 1976 y finalizándolo el 4 octubre 1980,
de acuerdo con lo señalado en los certificados de tiempo de servicio ya referidos.

Pese a que en el expediente se encuentra igualmente la historia laboral No. 10624,
la cual también hace alusión al ejercicio de la labor docente originada por el Decreto
1780, esta certificación deja ver una fecha de terminación de actividades posterior
a la señalada anteriormente, a saber, indica que la demandante finalizó su relación
laboral el 27 de enero de 1981. No obstante, es la accionante quien delimita el
tiempo trabajado hasta el 5 de octubre de 1980, por lo que no es factible tener en
cuenta un lapso que supere el límite establecido por ella misma, incluso, se advierte
que en los antecedentes administrativos obra el Certificado de Tiempo de Servicios
27,204 que respalda dicho espacio temporal.

23 Real Academia Española. Diccionario del estudiante. Consultado en http:// https://www.rae.es/diccionario-

estudiante/magisterio
24 Folio 36.

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Ahora, respecto a la naturaleza jurídica del vínculo de la docente, se tiene que, en
el mentado decreto de nombramiento no se observa que el cargo ejercido por la
reclamante haya sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o
que hubiese sido vinculada por la autoridad territorial como representante de aquella
cartera en virtud de una autorización legal, por lo que se descarta que la relación
legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.

De igual manera, tampoco se señala en el acto en mención que esta plaza se
hubiese ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos
Educativos Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía
establecer el Ministerio de Educación Nacional, intervención que tampoco se
encuentra en el decreto.

Contrario a lo expuesto, sí se concluye con claridad que el nombramiento de la
actora en este caso tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad
nominadora, lo que logra acreditar una calidad territorial de la actividad docente.

La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989 en
el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975».

En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
territorial entre el 21 de enero de 1976 y el 4 de octubre de 1980 (4 años, 8
meses y 14 días), puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de
servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada.

• Periodo III: del 24 de agosto de 1987 al 22 de noviembre de 1987, del 23 de
noviembre de 1987 al 30 de agosto de 1988, del 1.° de septiembre de 1988
al 30 de noviembre de 1988, del 6 de septiembre de 1991 al 5 de octubre de
1991 y del 18 de julio de 1992 al 11 de octubre de 1992 – Docente interina.

Para el análisis de los periodos referidos, se debe precisar que, la actora en su
recurso de apelación afirmó que laboró del 20 de mayo de 1987 al 11 de septiembre
de 1992 como docente interina con diferentes nombramientos, y para acreditar lo
propio, aportó el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral No. 1062425 y a su vez, se encontraban en el expediente los certificados de
tiempo de servicio No. 22, 092 y 27, 20426, que hacían constar unas labores
docentes desempeñadas en intervalos cercanos al referido. No obstante, de la
valoración de dicho material probatorio, se encontró que el mismo, además de

25 Folio 28 a 31.
26 Archivo 24, CD expediente administrativo.

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resultar discordante en cuanto a las fechas efectivamente laboradas, tampoco
señalaba con claridad la naturaleza de la vinculación adquirida por la demandante.

Bajo este escenario, esta Sala con el fin de aclarar puntos oscuros del debate y en
búsqueda de la verdad material, el 23 de octubre de 202427 decretó una prueba de
oficio28 dirigida a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, para que la
autoridad allegara soporte documental que demostrara la prestación del servicio de
la accionante como docente interina, específicamente que aportara copia de los
actos administrativos de nombramiento, los certificados de historia laboral y la
certificación del origen de los recursos con los que se pagaron los emolumentos de
la docente.

Ante dicho requerimiento, la entidad oficiada respondió en memorial del 3 de marzo
de 202529 señalando que, los recursos eran provenientes del Sistema General de
Participaciones, aportó el Formato Único Para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral emitido el 23 de enero de 2025 que contiene todos los periodos en
los que la educadora prestó sus servicios educativos y también allegó: el acta de
posesión No. 3.348, el Decreto 1889 de 1987, el acta de posesión No. 3.515, la
Resolución 102 de 1988, el acta de posesión No. 511, el acta de posesión No. 1.154,
la Resolución 0061 de 1992 y el acta de posesión No. 813.

De la valoración de los referidos medios de convicción, se destaca que, para el
primer lapso en comento (24 de agosto de 1987 al 22 de noviembre de 1987), se
encuentra el acta de posesión No. 3.34830 en la que se observa que la accionante
fue nombrada como profesora de tiempo completo en el Instituto Técnico Comercial
Santa Cecilia de Cali por 90 días contados a partir del 24 de agosto de 1987, en
virtud de una licencia no remunerada concedida a la señora Sara C. de Cárdenas
por la Resolución 0035, originaria de la Secretaría de Educación del departamento.

En el mismo sentido, el Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 23 de enero de 2025, en sus hojas No. 9 y 10, corrobora la referida
información y señala a su vez que el régimen de vinculación es de tipo cofinanciado
departamental.

Respecto a plaza ocupada, se observa que no se allegó el decreto nombramiento
de la actora relacionado con el periodo mencionado, por lo que es necesario analizar
en conjunto todos los documentos aportados a la actuación, y no focalizarse
solamente en el acto a través del cual se nombró a la demandante, porque a la luz
de las disposiciones que gobiernan la pensión gracia, la naturaleza de la relación
legal y reglamentaria de un docente es posible extraerla a partir de otros medios

27 Ver índice 26 de SAMAI.
28 Ver índice 24 de SAMAI.
29 Ver índice 37 de SAMAI.
30 Ver índice 35 de SAMAI, Archivo: 30RECIBEMEMORIAL_04192020MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 35,

página 32.

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probatorios como las certificaciones, acompañadas de la respectiva valoración bajo
elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue contemplada
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 201831.

En ese orden de ideas, como sustento del tipo de vínculo sostenido por la
demandante, del certificado de historia laboral ya mencionado se desprende que la
docente trabajó como docente cofinanciado departamental durante el lapso
analizado, plaza que a su turno debe analizarse a la luz de las siguientes normas
con el fin de determinar su naturaleza:

El artículo 110 de la Ley 21 de 199232 consagró que:

«Artículo 110. Los recursos para la cofinanciación de maestros cuyo objeto es
facilitar nombramientos por parte de los entes locales procederán previo
convenio entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el respectivo
distrito, departamento o municipio.

Publicada la presente Ley todos los municipios del país elaborarán en un plazo
de tres meses el plan de desarrollo educativo con base en el cual se procederá
a la creación de plazas de maestros.

Los maestros deben ser nombrados por los alcaldes donde se haya
municipalizado la educación.»

A su vez, los artículos 4 y 5 del Decreto 206 de 199333 señalaron:

«Artículo 4. Cofinanciación para el pago de maestros. Con los recursos
asignados en el Presupuesto Nacional para efectos de cofinanciar el pago de
maestros de primaria y secundaria, se financiarán, en promedio, hasta el 70%
del costo de cada educador que sea contratado por las entidades territoriales.

Para el año 1993 estos recursos serán ejecutados por el Ministerio de
Educación al igual que los recursos para cofinanciar infraestructura educativa.

Artículo 5. Reglamentación de convenios, Ley 21 de 1992. El Ministerio de
Educación Nacional, antes del 31 de marzo de 1993, reglamentará los
convenios a que hace referencia el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.»

El artículo 2 del Decreto 196 de 199534 definió como docentes territoriales aquellos
educadores financiados o cofinanciados por la Nación - Ministerio de Educación

31 «[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste

el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. […]»
32 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la

vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.
33 Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989.
34 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley

115 de 1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y se dictan otras disposiciones.

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Nacional, mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas
departamentales o municipales.

Por su parte, el artículo 4º. del mencionado Decreto 196 de 1995 estableció lo
siguiente:

«Artículo 4º. - Docentes departamentales y municipales financiados o
cofinanciados por la Nación -Ministerio de Educación Nacional. Los docentes
departamentales y municipales financiados o cofinanciados por la Nación-
Ministerio de Educación Nacional mediante convenios, serán afiliados o
Incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, bajo
el régimen de la Ley 91 de 1989 y sus Decretos reglamentarios 1775 y 2563 de
1990 o de las disposiciones que modifiquen el régimen indicado, previo el
cumplimiento de los requisitos económicos y formales establecidos para el
efecto. Los docentes así vinculados que previamente se encuentren afiliados a
una caja de previsión o entidad que haga sus veces, quedarán eximidos de los
requisitos económicos de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
de Magisterio.

Las prestaciones sociales de los docentes financiados y cofinanciados serán de
cargo de la respectiva entidad territorial y los recursos para su cancelación se
regirán por lo que disponga el correspondiente convenio de financiación o de
cofinanciación. Las entidades territoriales, las cajas de previsión o las entidades
que hagan sus veces, girarán directamente los recursos al Fondo Nacional de
prestaciones Sociales del Magisterio.

Parágrafo. - Una vez se venzan los términos de los convenios de plazas
financiadas cofinanciadas, los derechos salariales y prestacionales se pagarán
con cargo al situado fiscal.»

Del anterior análisis normativo, se colige que los maestros cofinanciados por la
Nación son docentes territoriales, por lo tanto, sus prestaciones estarían a cargo de
la entidad territorial respectiva; misma conclusión a la que ha arribado esta
corporación en casos anteriores35.

A partir de lo anterior, se tiene entonces que la vinculación de la docente fue de
carácter territorial durante el lapso transcurrido entre el 24 de agosto de 1987 al 22
de noviembre de 1987.

Cabe aclarar que el cómputo de los 90 días que duró la licencia, contados a partir
del 24 de agosto de 1987, tiene como fecha de terminación el 23 de noviembre de
1987, sin embargo, la educadora tuvo un nuevo nombramiento en interinidad a partir
de esa misma fecha, esta vez para cubrir una comisión de estudios concedida a otro

35 En sentencia del 11 de abril de 2018 señaló: «[…] De conformidad con lo anterior y en virtud a que las normas

definen a los docentes cofinanciados como docentes departamentales, distritales o municipales dependiendo
de ente que los hubiera vinculado, la Sala considera que como el demandante fue vinculado como docente
cofinanciado por el Municipio (sic) de San Sebastián de Mariquita desde 1994, se debe entender que dicha
vinculación se dio como municipal y por consiguiente tiene derecho a que dichos tiempos sean tenidos en cuenta
para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia. […]»

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docente por 1 año, conforme se dispuso en el Decreto 1889 de 198736 proferido por
el gobernador del Valle del Cauca.

Dicho acto administrativo fue proferido por la autoridad territorial como presidente
de la Junta Administradora del Fondo Educativo Regional, en ejercicio de las
atribuciones conferidas por la Ley 43 de 197537 y contó con la firma del delegado
del MEN, lo que implica que la plaza de la docente fue ocupada en cumplimiento de
los artículos 6.° y 10 de la Ley 43 de 1975, es decir, nacionalizada conforme a la
definición de la Ley 91 de 1989 en su artículo 1º38, esto al considerar que el
gobernador no actuó con autonomía en el nombramiento realizado, sino que
delimitó sus funciones al marco legal de la Ley 43 de 1975 y en consecuencia
requirió el aval del delegado del MEN.

En vista de la calificación anterior, se advierte que, del examen de la historia laboral
del 23 de enero de 2025, para este periodo también se certifica que la vinculación
de la docente fue cofinanciada departamental, lo que, en términos del análisis ya
efectuado, sería territorial; sin embargo, no puede desconocerse la existencia del
acto administrativo que obra en el expediente, del cual nació el vínculo y que
demuestra una categoría docente distinta.

En todo caso, al margen del tipo de vinculación que se hubiese demostrado en este
periodo, lo cierto es, que aquella no sería del orden nacional, sino territorial o
nacionalizado, lo cual, en cualquiera de estos dos eventos, no cambia ni afecta la
inclusión y cómputo de tales tiempos de servicio para el reconocimiento de la
pensión gracia, pues ambos permiten colmar el requisito bajo estudio.

Ahora bien, respecto a la fecha de terminación de esta segunda interinidad
examinada, si bien la misma tenía como límite de duración un año, desde el 23 de
noviembre de 1987 hasta el 22 de noviembre de 1988, antes de concluir esa
designación, la actora tuvo un tercer nombramiento como interina efectuado por el
jefe del Distrito Educativo 1-A de Cali a través de la Resolución 102 del 9 de
noviembre de 198839 para cubrir una licencia no remunerada, a partir del 1.° de
septiembre de 1988 y por 90 días, esto es, hasta el hasta el 30 de noviembre de
1988.

En cuanto a la naturaleza jurídica de este nuevo vínculo, del contenido del referido
acto, se concluye que el nombramiento de la actora se dio por decisión autónoma y
directa de la autoridad nominadora, lo que acredita una calidad territorial de la
actividad docente.

36 Ver índice 35 de SAMAI, Archivo: 30RECIBEMEMORIAL_04192020MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 35,

páginas 29 a 31.
37 Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria.
38 «Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de

enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.»
39 Ibid., página 27.

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La anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989
sobre el personal territorial: «Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197540».

Culminado el reemplazo derivado de dicha licencia no remunerada, en el año 1991,
la accionante fue nombrada por cuarta vez como docente interina, según se
constata en el acta de posesión No. 1.15441, en la cual se señala que fue designada
para desempeñar las funciones de profesora en el Instituto Comercial Santa Cecilia,
a partir del 6 de septiembre de 1991, mientras duraba la incapacidad por
enfermedad concedida a la señora María del Socorro Masso, esto es, por 30 días,
término que se corrobora con el Formato Único Para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral emitido el 23 de enero de 2025, hojas No. 5 y 6, en el que se
indica que la docente laboró desde el 6 de septiembre de 1991 hasta el 5 de octubre
de 1991.

El mentado certificado también acredita que el régimen de vinculación de la docente
fue cofinanciado departamental, declaración que no encuentra prueba alguna que
la contraríe, por lo que la misma deberá ser considerada para efectos de la
calificación de la categoría, como territorial.

La educadora tuvo una quinta designación como interina por 84 días contados a
partir del 18 de julio de 1991, en reemplazo de una licencia de maternidad, esto
conforme a la Resolución 0061 del 3 de septiembre de 1992 proferida por el jefe del
Distrito Educativo 1-A de Cali, quien expidió el acto de manera autónoma sin
intervención alguna, lo que permite atribuirle a la plaza ocupada una calidad
territorial.

En síntesis, los interregnos aquí analizados (del 24 de agosto de 1987 al 22 de
noviembre de 1987, del 23 de noviembre de 1987 al 30 de agosto de 1988, del 1.°
de septiembre de 1988 al 30 de noviembre de 1988, del 6 de septiembre de 1991 al
5 de octubre de 1991 y del 18 de julio de 1992 al 11 de octubre de 1992) deberán
computarse para efectos de consolidar el derecho a la pensión gracia, y que
sumados todos arrojan un tiempo de 1 año, 7 meses y 2 días.

• Periodo IV: del 14 de diciembre de 1994 al 1.° de febrero de 2022.

Sobre el periodo en mención se destaca que, según el Decreto 2254 del 22 de
noviembre de 199442, emitido por el Gobernador del Valle del Cauca, y la respectiva

40«Artículo 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los
municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria
o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa
autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.»
41 Ibid., página 25.
42 Folios 37 a 40.

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acta de posesión43, en efecto, la señora Escobar Ruiz fungió como docente de
secundaria, esto durante los extremos temporales bajo estudio según se logra
confirmar con la mencionada posesión, los certificados de tiempo de servicio No.
27, 204 y No. 22,092 que corroboran la fecha en la que la docente dio inicio a sus
labores, y con el Formato Único Para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 23 de enero de 2025, en sus hojas No. 1, 2, 3 y 444, se evidencia
que la docente se retiró del servicio el 1.° de febrero de 2022.

Ahora bien, con relación a la vinculación sostenida por la docente, se encuentra en
el referido decreto de nominación que aunque el gobernador del Valle del Cauca
señaló en las consideraciones del acto de nombramiento que la Ley 29 de 1989
faculta a los gobernadores para administrar el personal docente y administrativo de
los establecimiento educativos nacionales y nacionalizados, se resalta que si bien
el alcance de la disposición normativa señalada es relativo a la desconcentración
administrativa para la administración de los docentes nacionales y nacionalizados,
no se puede concluir automáticamente que un nombramiento efectuado con
sustento en aquel postulado tiene alguna de esas dos connotaciones, al menos
hasta tanto no se verifiquen las demás causas y contextos de la vinculación para
determinar la naturaleza de la plaza ocupada.

Del análisis del acto de nombramiento, se aprecia que el mismo se emitió con el
propósito de incluir a la accionante en una plaza cofinanciada producto del convenio
celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional, la Fiduciaria del Estado y el
departamento del Valle del Cauca, creando para el efecto 495 plazas cofinanciadas
para secundaria, siendo estos nombrados educadores cofinanciados por la Nación,
y, como ya se analizó en esta providencia conforme a la normatividad y
jurisprudencia aplicable a este tipo de plazas, se concluye que la categoría ocupada
por la docente fue de calidad territorial.

Ahora bien, en cuanto al cómputo de periodos para el reconocimiento de la pensión,
aunque en principio debería considerarse como límite temporal para el mismo la
fecha en la que se realizó la solicitud ante la UGPP (8 de agosto de 2008), para la
cual contaba la demandante con 19 años, 11 meses y 10 días, descendiendo al
caso en particular de la accionante, a partir de los documentos allegados se observa
que la docente con la plena convicción de cumplir con la totalidad de las exigencias
para acceder al derecho que le fue negado, acudió a la Jurisdicción de lo
Contencioso - Administrativo para que la prestación alegada le fuera reconocida.

Sin embargo, del análisis de los medios de prueba legalmente recaudados en el
proceso judicial no pudo demostrarse que el primer nombramiento en interinidad
iniciara desde el 20 de mayo de 1987, como lo pretendió la actora, sino que se

43 Folio 41.
44 Ver índice 35 de SAMAI, Archivo: 30RECIBEMEMORIAL_04192020MEMORIALRESP(.pdf) NroActua 35,

páginas 7 a 10.

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acreditó la prestación de dicho servicio solo a partir del 24 de agosto de 1987, por
lo que, frente a lo pretendido, se desestimaron 2 meses y 11 días, tiempo que,
sumado con los demás, generó en la actora un pleno y real convencimiento para
justificar la calidad de acreedora de la pensión gracia que argumentó.

Descontado el referido tiempo del total trabajado previo a la petición a la entidad, a
la reclamante le faltaban 20 días para acreditar los 20 años exigidos por la norma,
lo que en aplicación del privilegio de decisión previa de la administración implicaría
en estricto sentido negar su derecho por no demostrar el cumplimiento de un
requisito esencial de la pensión gracia al momento de la petición, esto a pesar de
que la educadora continuara con la prestación de sus servicios y que cumpliera el
tiempo mínimo de forma posterior a la reclamación.

No obstante, partiendo del contexto particular en el que se ubica la actora, su caso
debe ser abordado desde un enfoque constitucional por tratarse de una persona de
71 años de edad considerada adulto mayor conforme al artículo 3 de la Ley 1251
de 200845, lo que quiere decir que negar su derecho aplicando la regla de decisión
previa no resulta consecuente con la protección especial que el Estado Social de
Derecho propende para los ciudadanos en condiciones de mayor vulnerabilidad,
como es la situación de la demandante.

En atención a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el bienestar y la
dignidad de dicho grupo poblacional, se ha establecido un marco normativo y
jurisprudencial orientado a la consecución de una protección real y efectiva. Esto
puede observarse con la Ley 2055 de 2020 por medio de la cual se aprueba la
«convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores» y con la que el Estado Colombiano asumió compromisos
orientados a «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad».

Entre los deberes generales de los estados parte se estableció la adopción y el
fortalecimiento de medidas judiciales que le permitan a la persona mayor el efectivo
acceso a la administración de justicia en atención al trato diferenciado y preferencial
del que gozan, incluso se contempló la viabilidad de realizar ajustes a los
procedimientos en los procesos judiciales y administrativos para asegurar la
salvaguarda de sus derechos, sobre el particular en el artículo 31 señaló que:

«[…] La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de
cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus

45 «Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más.»

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derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga
acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso
mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos
judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el
tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y
ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. […]»
(líneas intencionales).

Por su parte, la Corte Constitucional se ha encargado de construir un precedente
jurisprudencial en cuanto al enfoque preferencial aplicable a las personas mayores
de 60 años, y en diferentes oportunidades ha reafirmado el principio de protección
especial para ellas46 debido a la situación de desventaja en la que se encuentran
por la pérdida de sus capacidades causada por el paso de los años.

A su vez, en cuanto al componente económico, la sentencia SU- 273 de 202247 puso
de presente la debilidad manifiesta de los adultos mayores y la ausencia de fuentes
de sustento que conducen a una asistencia especial y diferenciada. En tal sentido,
el alcance de la protección del adulto mayor implica también la garantía de su
mínimo vital tanto en su componente cualitativo como cuantitativo, con el fin de
asegurar la vida digna, la satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad
económica de un grupo poblacional que ha perdido su capacidad de trabajo y que
solo puede esperar devengar lo que a nivel prestacional haya causado.

En virtud de lo expuesto, en este contexto específico el juez está llamado a evaluar
las pretensiones desde una perspectiva que priorice el bienestar y la estabilidad
económica del reclamante, y en ese orden de ideas velar en el ámbito judicial por la
efectividad de sus derechos y garantías fundamentales, resolviendo sus demandas
de manera pronta y efectiva en consideración a su expectativa de vida.

Por tanto, no resulta proporcionado ni acorde con los pilares constitucionales que
una persona mayor que comprobó cumplir con las exigencias normativas para
acceder a la pensión gracia tenga que poner en marcha nuevamente una actuación
administrativa para requerir la concesión de su derecho, esto sólo con el objetivo de

46 En Sentencia SU-508 de 2020 indicó: «[…]Los adultos mayores son sujetos de especial protección, debido a

que se encuentran en una situación de desventaja por la pérdida de sus capacidades causada por el paso de
los años. Según la Corte Constitucional, los adultos mayores sufren del desgaste natural de su organismo y,
con ello, del deterioro progresivo e irreversible de su salud (…) El carácter de especial protección implica, por
una parte, que los derechos fundamentales de los adultos mayores deben interpretarse en concordancia con el
principio de dignidad humana (…) En otras palabras, la defensa de los derechos fundamentales de los adultos
mayores es de relevancia trascendental […]»
47 «[…]Así, la edad avanzada, y el debilitamiento físico y de salud que esta conlleva, sumados a la ausencia

de fuentes de sustento, colocan a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad que reviste de toda
relevancia constitucional. La Sala recuerda que, en virtud de los artículos 13 y 46 de la Carta Política, el
Estado, la sociedad y la familia deben concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera
edad. […]»

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que la entidad conozca hechos posteriores a su decisión, con la particularidad en
este caso de faltarle solo 20 días para cumplir con el requisito de 20 años de
servicio.

Carga que se encuentra aún más desmedida cuando se conoce de antemano la
línea crítica de la entidad acusada, pues en la contestación de la demanda reiteró
su posición en cuanto a desestimar las pretensiones, pero no por el incumplimiento
del tiempo mínimo sino por la naturaleza de las relaciones legales y reglamentarias
sostenidas por la reclamante, situación que ya fue desvirtuada en el desarrollo de
esta providencia y se concluyó que los vínculos de la maestro correspondían a una
calidad territorial compatible con la pensión gracia.

Ahora, esta Sala aclara que no busca con esta providencia fijar una regla que
permita que no se cumpla con la totalidad de los requisitos para acceder al beneficio
pensional al momento de elevar la petición, sino de una excepción aplicable sólo al
caso puntual que encuentra fundamento al considerar la buena fe con la que la
demandante pretendió el reconocimiento de su derecho y que la motivó a presentar
su solicitud, así como la relevancia constitucional que cobija a la actora, quien es
sujeto de especial protección por ser adulto mayor, y finalmente porque pese a no
cumplir con la exigencia de los 20 años en el servicio antes de pedir su derecho
ante la entidad, continuó laborando en virtud del mismo vínculo que fue analizado
previamente en sede administrativa.

Este trato diferenciado se soporta también en consonancia con el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que trae el artículo 22848 de la
Constitución Política, cuyo propósito es garantizar un acceso a la administración de
justicia sin obstáculos ni impedimentos que puedan ser suscitados por las
formalidades inherentes a los procesos judiciales; precepto al que ya ha acudido
esta Corporación tanto en procesos ordinarios como en vía tutela para anteponer el
ordenamiento jurídico sustancial sobre el procesal administrativo cuando está en
discusión el derecho de un sujeto merecedor de especial protección49.

Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como docente territorial aun después de la petición,
esto es, durante el lapso transcurrido entre el 14 de diciembre de 1994 y el 1.° de
febrero de 2022 (27 años, 1 mes y 19 días), resulta válido computar este lapso junto

48 «Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las

actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.»
49
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de tutela del 15 de enero de 2018 con
radicado 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Auto del 23 de marzo de 2023 con radicado 17001-23-
33-000-2019-00456-01 (5351-2022) C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencias del 11 de diciembre del 2024 con radicados
73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022) y 52001-23-33-000-2019-00400-01 (7444-2023). C.P. Jorge Iván
Duque Gutiérrez.

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a los analizados previamente, al punto de que se tiene demostrado que la actora sí
satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como maestra
con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues sumados
todos da un resultado total de servicio de 33 años, 5 meses y 5 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que la actora efectivamente se desempeñó como tal al servicio del departamento
del Valle del Cauca bajo relaciones legales y reglamentarias del orden territorial
desde el 21 de enero de 1976 al 4 de octubre de 1980, es decir, en periodo anterior
a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto
de análisis.

En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, la providencia apelada será revocada en orden de
conceder las pretensiones de la demanda, siendo a su vez necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.

Análisis de la prescripción

Sobre el particular, el Consejo de Estado50 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 27
de agosto de 200851 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es,

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
51 Según el siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
21/01/1976 11/10/1992 6 3 16

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posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (26 de diciembre de 2003), pues
ese primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar
la prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución 07531
del 17 de febrero de 200952, la demandante reclamó el 8 de agosto de 2008 ante la
parte demandada el derecho pensional en mención, y a su vez, interpuso la
demanda el 8 de diciembre de 201353, esto es, por fuera de los 3 años siguientes a
la fecha de interrupción del fenómeno bajo estudio, por lo que, en el presente caso,
es claro que se configuró la excepción en comento y en consecuencia se declarará
probada en las mesadas anteriores al 8 de diciembre de 2010, conforme a lo
previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 27 de agosto de 2007 y el 26 de agosto de 2008, con
efectividad desde 27 de agosto de 2008, pero con efectos fiscales desde el 8 de
diciembre de 2010 por prescripción trienal de mesadas.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus pensional».54

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas

14/12/1994 27/08/2008 13 8 14
TOTAL TIEMPO 19+1= 20 AÑOS 11+ 1= 12 (1 AÑO) 30 (1 MES)

52 Folio 8.
53 Ver sello de radicación de demanda en folio 81.
54 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

Sobre los intereses moratorios solicitados por la demandante

Al respecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 consagró el reconocimiento de
intereses en caso de mora en el pago de las pensiones de la siguiente forma.

«Artículo 141. Intereses de mora. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso
de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la
entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés
moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago.»

Por su parte, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-601 del 24 de mayo
de 2000 declaró la exequibilidad de esta norma, y a la vez señaló que tal
indemnización se debe cancelar incluso cuando se trata de las pensiones que se
encuentren en las excepciones previstas en el artículo 279 de la ley en cita.

Por consiguiente, el mandato constitucional del artículo 48 superior atinente a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales», no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. El artículo 53
de la Constitución Política obliga al Estado y a las entidades de previsión social a
garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones
legales», premisa que no distingue la fuente legal o el tipo de prestación.

De hecho, la Sección Segunda del Consejo de Estado55 ha considerado en otros
asuntos que, «[…] el reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en
los casos en los que el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está
en firme el reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado
y lo que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago […]».56

Bajo aquel contexto, es claro que los intereses moratorios no proceden en relación
con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento de la prestación, es
decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en que se adquirió el

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Exp. 50001-23-
33-000-2014-00523-01(1543-16). C.P. Ponente: William Hernández Gómez.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Exp. 25000-23-42-
000-2013-05069-01 (0505-17) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
56 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Exp. 05001-23-

33-000-2014-00523-01 (1543-16). C.P.William Hernández Gómez.

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estatus jurídico respectivo y la de ejecutoria del acto que reconoció el derecho, así
como tampoco cuando el derecho se encuentra en discusión.57

Por lo tanto, dado que precisamente lo que será objeto de condena es el
reconocimiento de la pensión que estaba en litigio y su retroactivo, en la medida en
que no se había determinado de manera definitiva el derecho a favor de la
demandante, tampoco resulta procedente ordenar el pago de los intereses
moratorios reclamados por esta, de suerte que se denegará lo propio.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202158 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP59, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandada en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciocho
(2018) que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar,

Segundo. Declarar la nulidad de las Resoluciones 07531 del 17 de febrero de 2009
y PAP 017174 del 8 de octubre de 2010, por medio de las cuales se negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión al resolver
el recurso de reposición.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la

57 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 3 de diciembre de 2020. Exp. 25000-

23-42-000-2016-04672-01 (3170-2019), y del 6 de mayo de 2021. Exp. 17001-23-33-000-2015-00014-01 (1599-
2018). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
58 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.»
59 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada

a pagar las costas de ambas instancias.

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Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Martha Cecilia Escobar Ruiz ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados por esta en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 27 de agosto de 2007 y el 26 de agosto de
2008, con efectividad desde 27 de agosto de 2008, pero con efectos fiscales desde
el 8 de diciembre de 2010 por prescripción trienal de mesadas.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

Cuarto. Negar las demás pretensiones.

Quinto. El cumplimiento de este fallo se realizará conforme a lo establecido en los
artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias.

Séptimo. Se acepta la renuncia como apoderado de la UGPP al abogado Edgar
José Polanco Pereira, portador de la tarjeta profesional 140.742, de conformidad
con el memorial obrante en el índice 31 de la plataforma SAMAI.

Octavo. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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