RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-004-2018-00705-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2018-00705-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-004-2018-00705-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025), adicionada por la providencia del doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En su lugar, CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de origen. Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025), adicionada por la providencia del doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones. Tercero. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-004-2018-00705-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)
Demandante: Ana Verónica González Aguirre
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social ─UGPP─

Tema: Marco normativo aplicable a la sustitución pensional causada
antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993. Sobre los
intereses moratorios de los que trata la Ley 100 de 1993. De la
condena en costas. REVOCA PARCIALMENTE SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025),
adicionada en providencia del doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025),
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Ana Verónica González Aguirre instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social ─UGPP─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Auto Nro. ADP013551 del 26 de octubre de 2015,
por medio del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional,
con ocasión del fallecimiento del señor Francisco Antonio Holguín Rojas.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada
a pagar, en su calidad de compañera permanente, la sustitución pensional a la que
tiene derecho, a partir del 25 de enero de 1989, con la inclusión de las mesadas
adicionales y futuras, hasta que se produzca el pago o inclusión en nómina,
aplicando el ingreso base de liquidación y la tasa de reemplazo más favorable.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

4. Que se reconozcan y paguen los intereses moratorios de que trata el artículo 141
de la Ley 100 de 1993 o, subsidiariamente, la indexación mes a mes, conforme con
el IPC.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que el señor Francisco Antonio Holguín Rojas era pensionado de la Caja
Nacional de Previsión Social ─CAJANAL─; que sostuvo con él una relación por más
de 35 años, la cual se extendió hasta el 25 de enero de 1989, fecha en la que este
falleció. Que fruto de su relación procrearon a Juan Carlos y Sandra Verónica
Holguín González.

6. Manifestó que a través de la Resolución Nro. 16812 de 1993, CAJANAL: i) le
negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, porque el causante, al
momento de su fallecimiento, ostentaba el estado civil de casado; y ii) reconoció el
50% de la prestación a favor de Sandra Verónica Holguín González, en su calidad
de hija.

7. Que la UGPP, mediante el acto administrativo cuya nulidad solicita, le negó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional, hasta que se dirima el conflicto
ante la justicia ordinaria.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera violados el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos; los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 90, 122, 123, 124 y 125
de la Constitución Política; el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo; los
artículos 46, 47, 48 y 74 de la Ley 100 de 1993; los artículos 12 y 13 de la Ley 797
de 2003; y los artículos 36 y 85 de la Ley 1437 de 2011.

9. Que cumple con los requisitos señalados en los artículos 47 y 74 de la Ley 100
de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, para ser
merecedora de la sustitución pensional, en calidad de compañera permanente, en
la medida que convivieron por más de 30 años de forma ininterrumpida, lo que se
demuestra con las declaraciones extrajuicio rendidas por el mismo causante, en las
que manifestó, además, que no convivía con la señora María Torres.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

10. La demanda se admitió el 28 de julio de 2021.

11. La UGPP se opuso a las pretensiones con el argumento de que la demandante
no acreditó los requisitos legales previstos para ser beneficiaria de la sustitución
pensional, en la medida que el señor Francisco Antonio Holguín Rojas contrajo
matrimonio con la señora María Ligia Torres.

12. Que la accionante no logró demostrar la convivencia efectiva dentro de los dos
años anteriores a su fallecimiento porque, aun cuando obran declaraciones

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

extrajuicio de personas que aducen que esta y el causante convivieron hasta que él
falleció, lo cierto era que la señora Ana Verónica González Aguirre también contrajo
matrimonio con otra persona.

13. Que como existía controversia en cuanto a la convivencia establecida entre la
demandante y el causante, actuó conforme a derecho al expedir la Resolución Nro.
16812 de 1993, mediante la cual dejó en suspenso el posible derecho que le pudiera
corresponder a las señoras Ana Verónica González Aguirre y María Ligia Torres de
Holguín, en sus calidades alegadas de compañera permanente y cónyuge,
respectivamente.

14. Propuso como excepciones las de inepta demanda por falta de requisitos
formales, inexistencia del derecho reclamado, ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, improcedencia de la condena en costas, buena fe,
prescripción e innominada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del
veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025), adicionada en providencia del
doce (12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones. Señaló que si bien el señor Francisco Antonio Holguín Rojas tenía
vigente un vínculo matrimonial con la señora María Ligia Torres, lo cierto era que no
convivía con ella, por lo menos, desde 1967, cuando a iniciativa del causante se
recepcionaron las declaraciones extrajuicio de Jorge Humberto Quintero Millán y
José Vidal Tamayo en las que se dio cuenta de esa situación, lo que fue reiterado
por el mismo causante a la extinta CAJANAL en el memorial del 10 de diciembre de
1986, en el que informó que se había separado de ella hacía treinta años.

16. Que sí se encontró demostrada la convivencia y permanencia en el tiempo de
la relación entre el señor Holguín Rojas y la demandante, porque el causante
también informó que la relación se encontraba vigente y databa de veinte años
atrás. A su vez, las declaraciones extrajuicio rendidas por solicitud de la señora Ana
Verónica González Aguirre, los testimonios y el interrogatorio de parte practicados
en el proceso, permitieron establecer que la pareja permaneció unida hasta el
fallecimiento del causante. Inclusive, en su registro civil de defunción se registró
como cónyuge a la demandante y no a la señora María Ligia Torres.

17. Manifestó que pese a que el señor Francisco Antonio Holguín Rojas y la señora
Ana Verónica González Aguirre tenían vínculos matrimoniales vigentes cuando se
conocieron, ello no invalidaba el derecho de la demandante para acceder a la
sustitución pensional, en la medida que ambos dejaron de convivir con sus antiguas
parejas y se unieron para conformar un hogar de forma permanente en el que
procrearon dos hijos, hubo apoyo mutuo y la relación se extendió hasta el momento
del fallecimiento del causante, ocurrida el 25 de enero de 1989.

18. Conforme a lo anterior, declaró la nulidad del acto acusado y ordenó a la entidad
demandada que reconozca a la demandante como beneficiaria de la sustitución
pensional del señor Francisco Antonio Holguín Rojas y que se le cancele el
retroactivo pensional a partir del 14 de agosto de 2012, en la medida que operó la

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

prescripción trienal dispuesta en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, porque la solicitud que dio origen al acto impugnado se
presentó el 14 de agosto de 2015.

19. Finalmente, dispuso que no era procedente la condena en costas a la entidad
demandada, porque no se encuentra probada su causación en el expediente.

20. Mediante providencia del 12 de diciembre de 2025, se adicionó la sentencia, en
el sentido de negar el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el
artículo 141 de la Ley 100 de 19931.

RECURSOS DE APELACIÓN

21. La UGPP interpuso recurso de apelación en el que señaló que la demandante
no acreditó la convivencia con el causante dentro de los últimos cinco años de vida
de este, por lo que no reunió los requisitos exigidos en la normativa vigente y no
tenía derecho a solicitar la sustitución pensional.

22. Que tampoco demostró los elementos referidos a la cohabitación, la
singularidad y la permanencia del vínculo, porque no aportó pruebas en sede
administrativa, ni mucho menos anexas a la demanda, donde demostrara su
convivencia ininterrumpida con el causante.

23. Manifestó su desacuerdo con la valoración probatoria dada en la sentencia
porque, a su juicio, debieron existir otros medios adicionales a las pruebas
testimoniales que permitieran inferir la convivencia, el apoyo mutuo y la solidaridad
económica, situación que no se vislumbró dentro del expediente. Que se les dio
valor probatorio a las declaraciones de terceros, sin tener en cuenta que la
demandante no allegó pruebas fehacientes de la convivencia con el causante en el
término estipulado por la ley2.

24. La demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó, en primer
lugar, que sí era procedente la condena en costas y agencias en derecho a cargo
de la UGPP, en atención a las actuaciones jurídicas desplegadas por su
representación judicial, las cuales permitieron la consecución de los derechos
reclamados.

25. En segundo lugar, expresó que también era procedente la condena a pagar los
intereses moratorios de los que trata la Ley 100 de 1993 a cargo de la UGPP, porque
estos tienen un carácter resarcitorio al encontrarse la entidad en estado de mora de
la obligación de pago de las mesadas pensionales3.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

26. El 30 de abril de 2026 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia sin

1 Véase a índice 71 de SAMAI del Tribunal.
2 Véase a índice 75 de SAMAI del Tribunal.
3 Véase a índice 77 de SAMAI del Tribunal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

necesidad de traslados4.

27. Las partes guardaron silencio.

28. El agente del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó que se
confirme la sentencia de primera instancia, al considerar que las declaraciones
extrajuicio y los testimonios recaudados en el trámite judicial permitieron establecer
que entre la accionante y el causante existió convivencia que se extendió, de
manera ininterrumpida, por más de 30 años5.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

29. De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, los problemas
jurídicos que deberá resolver la Sala consisten en: i) determinar si la señora Ana
Verónica González Aguirre, quien aduce su calidad de compañera permanente,
satisface los presupuestos legales para acceder a la sustitución de la pensión que
se le reconoció al señor Francisco Antonio Holguín Rojas.

30. En caso de satisfacer los presupuestos legales, se deberá: ii) establecer si
procedía la condena a pagar los intereses moratorios de los que trata la Ley 100 de
1993 a cargo de la UGPP; y iii) si procedía la condena en costas en contra de la
entidad demandada, en primera instancia.

Marco normativo aplicable a la sustitución pensional causada antes de la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993

31. En atención a que el fallecimiento del señor Francisco Antonio Holguín Rojas
ocurrió el 25 de enero de 1989, las normas que gobiernan la sustitución pensional
debatida son las contenidas en las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993,
en la medida que esta entró en vigor el 1° de abril de 1994.

32. De acuerdo con lo anterior, se tiene que la Ley 33 de 1973, «Por la cual se
transforman en vitalicia las pensiones de las viudas», preceptúa:

«Artículo 1º. Fallecido un trabajador particular pensionado o con derecho a
pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector
público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá
reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.

Parágrafo 1o. Los hijos menores del causante incapacitados para trabajar por
razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él,
tendrán derecho a recibir en concurrencia con la cónyuge supérstite, la
respectiva pensión hasta cumplir la mayoría de edad, o al terminar sus estudios,
o al cesar la invalidez. En este último caso se aplicarán las reglas contempladas
en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y en las disposiciones que
lo modificaron y aclararon. Si concurrieren cónyuges e hijos la mesada
pensional se pagará, el 50% al cónyuge y el resto para los hijos por partes
iguales. La cuota parte de la pensión que devenguen los beneficiarios acrecerá

4 Véase a índice 4 de SAMAI.
5 Véase a índice 9 de SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

a la que perciben los demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge
contraiga nuevas nupcias o haga vida marital.

Parágrafo 2o. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o
tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la
pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.

Artículo 2º. El derecho consagrado en favor de las viudas en el artículo anterior,
se pierde cuando, por culpa de la viuda, los cónyuges no viven unidos en la
época del fallecimiento del marido, o cuando la viuda contraiga nuevas nupcias
o haga vida marital».

33. Luego, se expidió la Ley 12 de 1975, «Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación», que fijó el derecho a la
pensión de sobrevivientes en favor de la cónyuge supérstite o la compañera
permanente y sus hijos menores o inválidos, si el causante hubiere fallecido antes
de cumplir la edad cronológica para esta prestación «[…] pero que hubiere
completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones
colectivas». En su artículo 2, precisó que el derecho lo pierde «[…] el cónyuge
sobreviviente cuando por su culpa no viviere unido al otro en el momento de su
fallecimiento, y los hijos por llegar a la mayoría de edad o cesar la incapacidad».

34. La anterior norma se adicionó a través de la Ley 113 de 1985, según la cual
«[…] se entenderá que es cónyuge supérstite el esposo o esposa de la persona
fallecida, siempre y cuando se hallare vigente el vínculo matrimonial según la ley
colombiana en la fecha de la muerte». De igual manera, estableció que en el evento
previsto por el numeral 12, del artículo 140 del Código Civil, esto es, cuando
respecto del hombre o de la mujer, o de ambos estuviere subsistente el vínculo de
un matrimonio anterior, solo tendrá derecho a la pensión de jubilación el hombre o
la mujer «[…] con quien la persona muerta contrajo el primer matrimonio».

35. Con la expedición de la Ley 71 de 1988, «Por la cual se expiden normas sobre
pensiones y se dictan otras disposiciones», se extendieron las previsiones sobre
sustitución pensional de las leyes previamente referidas, en forma vitalicia, al
cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, a los hijos menores o
inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del
pensionado, en las condiciones que a continuación se establecen:

«[…] 1. El Cónyuge sobreviviente o compañero o compañera permanente,
tendrá derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores o inválidos por
mitades la sustitución de la respectiva pensión con derecho a acrecer cuando
uno de los dos órdenes tenga extinguido su derecho. De igual manera respecto
de los hijos entre sí.

2. Si no hubiere cónyuge o compañero o compañera permanente, la sustitución
de la pensión corresponderá íntegramente a los hijos menores o inválidos por
partes iguales.

3. Si no hubiere cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, ni
hijos menores o inválidos, la sustitución de la pensión corresponderá a los
padres.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

4. Si no hubiere cónyuge supérstite, compañero o compañera permanente, ni
hijos menores o inválidos, ni padres, la sustitución de la pensión corresponderá
a los hermanos inválidos que dependan económicamente del causante».

36. La anterior ley se reglamentó a través del Decreto 1160 de 1989 que, en materia
de sustitución pensional, dispuso:

«Articulo 5ºSUSTITUCIÓN PENSIONAL. Hay sustitución pensional en los
siguientes casos:

a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a pensión de
jubilación, invalidez o vejez;

b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o trabajador del sector
público después de haber completado el tiempo de servicios requerido por la
ley, convenciones o pactos colectivos para adquirir el derecho a la pensión de
jubilación.

Articulo 6º BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL. Extiéndense
las previsiones sobre sustitución pensional:

1º En forma vitalicia al cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, al compañero o
a la compañera permanente del causante.

Se entiende que falta el cónyuge:

a) Por muerte real o presunta;

b) Por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico.

c) Por divorcio del matrimonio civil.

2º A los hijos menores de 18 años, inválidos de cualquier edad y estudiantes de
18 años o más de edad, que dependan económicamente del causante, mientras
subsistan las condiciones de minoría de edad, invalidez o estudios.

3º A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente o hijos con
derecho, en forma vitalicia a los padres legítimos, naturales y adoptantes del
causante, que dependan económicamente de éste.

4º A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, hijos y padres con
derecho, a los hermanos inválidos que dependan económicamente del
causante y hasta cuando cese la invalidez.

Parágrafo. Los órdenes de sustitución consagrados en el presente artículo, se
aplicarán a la pensión especial establecida en el artículo 1o de la Ley 126 de
1985 en favor de los beneficiarios de los funcionarios o empleados de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Publico, conforme al artículo 4º de la Ley 71 de
1988».

37. El citado decreto estableció, en su artículo 12, que para «[…] efectos de obtener
la sustitución pensional se admitirá la calidad de compañero o compañera
permanente a quien haya hecho vida marital con el causante durante el año
inmediatamente anterior al fallecimiento de éste o en el lapso establecido en
regímenes especiales».

38. Por su parte, el artículo 13 ibidem señaló lo siguiente:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

«Articulo 13. PRUEBA DE LA CALIDAD DE COMPAÑERO PERMANENTE. Se
acreditará la calidad de compañero o compañera permanente, con la inscripción
efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión social o
patronal. Igualmente se podrá establecer con dos (2) declaraciones de terceros
rendidas ante cualquier autoridad política o judicial del lugar».

Resolución del caso concreto

39. Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:

40. El señor Francisco Antonio Holguín Rojas contrajo matrimonio con la señora
María Ligia Torres el 31 de agosto de 1944.

41. El 13 de marzo de 1967, los señores Jorge Humberto Quintero Millán y José
Vidal Tamayo rindieron declaración, en las que señalaron que tuvieron conocimiento
de que el señor Francisco Antonio Holguín Rojas contrajo matrimonio con la señora
María Ligia Torres, con quien procreó hijos, pero que a esa fecha se encontraban
separados y él respondía económicamente por estos, así como por su padre.

42. La señora Ana Verónica González Aguirre y el señor Francisco Antonio Holguín
Rojas procrearon a Juan Carlos y a Sandra Verónica Holguín González, quienes
nacieron en 1961 y 1977, respectivamente.

43. Mediante Resolución Nro. 4081 del 5 de septiembre de 1978, CAJANAL
reconoció una pensión de jubilación a favor del señor Francisco Antonio Holguín
Rojas.

44. El señor Holguín Rojas falleció el 25 de enero de 1989, tal y como se inscribió
en el registro civil de defunción con indicativo serial Nro. 213808.

45. A través de la Resolución Nro. 03563 del 16 de marzo de 1989, CAJANAL
reconoció la sustitución pensional a favor de Sandra Verónica Holguín González, en
su calidad de hija del causante, en un 100%.

46. Igualmente, se encuentran en el expediente las declaraciones extraproceso de
las señoras Clemencia Montero Pabón y Olga Beatriz Olarte Latorre, rendidas el 20
de abril de 1989 ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cali, en las que se dio
cuenta que entre la demandante y el causante se gestó una relación marital que se
extendió hasta la fecha en la que este falleció y que procrearon a Sandra Verónica
Holguín González.

47. Luego, mediante la Resolución Nro. 16812 del 11 de marzo de 1993, CAJANAL:
i) reconoció la sustitución pensional a favor de Sandra Verónica Holguín González
en un 50%; ii) dejó el otro 50% en suspenso, hasta que la justicia ordinaria decidiera
la controversia que se presentaba respecto a la señora María Ligia Torres de
Holguín, en su calidad de cónyuge, y su convivencia con el causante; y iii) negó el
reconocimiento de la sustitución pensional a favor de la aquí demandante, porque
el causante, al momento de su fallecimiento, ostentaba el estado civil de casado.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

48. La señora Ana Verónica González Aguirre radicó, el 14 de agosto de 2015, una
petición de reconocimiento de la sustitución pensional, la cual se atendió,
desfavorablemente, a través del Auto Nro. ADP013551 del 26 de octubre de 2015.

49. Igualmente, se encuentran en el expediente las declaraciones extraproceso de
Hilda Nubia Acosta Mancera, Adelina Cuervo Ospina, Diana María Arce Burbano,
Clemencia Montero Pabón, María Fernanda Quevedo González y Héctor Fabio
Berrio Salazar, de las que se concluye que entre la señora Ana Verónica González
Aguirre y el señor Francisco Antonio Holguín Rojas hubo convivencia por el término
de 35 años, que procrearon dos hijos y que esta dependía económicamente de él.

50. En audiencia de pruebas celebrada el 19 de octubre de 2023, se practicó el
testimonio de Diana María Arce Urbano y Adelina Cuervo Ospina.

51. La señora Diana María Arce Urbano, amiga de la demandante, indicó que la
conoció a ella y al causante porque su hermana estudiaba con Juan Carlos Holguín
González, hijo de la demandante y del causante. Que tuvo conocimiento de que la
convivencia entre la pareja se extendió por más de 40 años; que ellos procrearon 2
hijos; que no le conoció otra pareja al señor Francisco Antonio; que no conoció a la
señora María Ligia Torres; que no asistió a los actos fúnebres del causante porque
la señora Ana Verónica le solicitó que cuidara de su hija, quien era muy pequeña
para estar allí; y que el señor Francisco Antonio Holguín Rojas falleció tras darse un
golpe en la cabeza, luego de caerse de la cama.

52. Indicó que los gastos funerarios fueron cubiertos por el hijo de la pareja; que la
relación de la demandante con los familiares del causante era buena; que no le
conoció al causante otros hijos diferentes a los que tuvo con la demandante; y que
creía que el señor Francisco Antonio tenía a la demandante como beneficiaria de la
seguridad social.

53. La señora Adelina Cuervo Ospina, amiga de la demandante, manifestó que su
cuñada es la esposa de Juan Carlos Holguín González, hijo de la demandante y del
causante. Que el grupo familiar de la señora Ana Verónica estaba conformado por
su pareja, por los 2 hijos que procreó con este y con un hijo que ella había tenido,
fruto de una relación anterior a conocer al señor Francisco Antonio. Que no le
conoció otra pareja al señor Francisco; que no asistió a las honras fúnebres del
causante, pero que tuvo conocimiento de que este falleció tras caerse de la cama y
golpearse la cabeza; y que no conoció a la señora María Ligia Torres.

54. En esa misma diligencia se practicó interrogatorio de parte a la señora Ana
Verónica González Aguirre, quien sostuvo que convivió con el señor Francisco
Antonio Holguín Rojas por alrededor de 30 años y hasta la fecha en la que este
falleció, y que procrearon 2 hijos. Manifestó que cuando conoció al señor Holguín
Rojas tuvo conocimiento de que él se había casado, pero que estaban separados,
para esa época, desde hacía 4 años, razón por la que su pareja vivía, bajo el mismo
techo, con su papá. Que también se enteró que fruto del vínculo matrimonial que el
causante tenía, había procreado hijos.

55. Finalmente, expuso que ella es pensionada, dado que el señor Holguín Rojas
le pagaba sus cotizaciones al sistema, como si ella trabajara; que los gastos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

funerarios del causante fueron cubiertos por su hijo; y que el señor Francisco
Antonio falleció tras caerse de la cama y golpearse en la cabeza.

56. Visto lo anterior, se tiene que del recurso logra extraerse que la UGPP advierte
que la sentencia de primera instancia dio por acreditados los requisitos legales por
parte de la señora Ana Verónica González Aguirre, para ser beneficiaria de la
sustitución pensional del señor Francisco Antonio Holguín Rojas, motivo por el cual
es pertinente recordar que, al momento del fallecimiento del causante ─25 de enero
de 1989─, la norma aplicable era el Decreto 1160 de 1989, que prescribe como
requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a
continuación se relacionan:

i) La calidad de cónyuge o compañero o compañera permanente, el cual es un
presupuesto que está relacionado con la legitimación para reclamar el
derecho, es decir, quién tiene la vocación para pretender la titularidad de este.

ii) La vida vida marital con el causante, durante el año inmediatamente anterior
al fallecimiento de este, cuando se acredite la calidad de compañero o
compañera permanente, el cual está referido a demostrar la vida bajo un
mismo techo, las situaciones de socorro y ayuda mutua de la pareja, que
constituyen elementos fundamentales de un núcleo familiar, protegido por la
Constitución y las leyes.

iii) La inscripción efectuada por el causante en la respectiva entidad de previsión
social o patronal o 2 declaraciones de terceros rendidas ante cualquier
autoridad política o judicial del lugar, cuando se acredite la calidad de
compañero o compañera permanente.

57. Al analizar el acervo probatorio, la Sala considera que la demandante sí logró
demostrar, de manera efectiva, los requisitos expuestos previamente, porque las
pruebas aportadas fueron contundentes al probar que la pareja convivió, al menos,
entre 1961 y 1989; y que, dentro de ese lapso, el señor Holguín Rojas se comportó
como padre de familia y compañero de la señora Ana Verónica González Aguirre.

58. La anterior situación evidencia que la actora ostentó la condición de compañera
permanente del señor Holguín Rojas, razón por la cual reúne los requisitos exigidos
en los artículos 6, 12 y 13 el Decreto 1160 de 1989, norma vigente para la fecha del
deceso del causante, para ser acreedora a la prestación reclamada, máxime si se
tiene en cuenta que el material probatorio también dio cuenta de que pese a la
existencia de un vínculo matrimonial y de otros hijos que procreó el causante con la
señora María Ligia Torres, entre estos no existía convivencia alguna desde muchos
años antes previos al fallecimiento del señor Holguín.

59. En ese orden, no le asiste razón a la UGPP cuando adujo que la demandante
no acreditó la convivencia con el causante dentro de los últimos cinco años de vida
de este, en la medida que el régimen contemplado en la Ley 100 de 1993 no era el
aplicable porque, como ya se señaló, las normas pertinentes para el estudio del
reconocimiento de la sustitución pensional son las vigentes al momento del deceso
del señor Francisco Antonio Holguín Rojas.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

60. Respecto a su desacuerdo con la valoración probatoria que efectuó el fallador
de primera instancia, se tiene que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a
juicio de la Sala, sí hizo un ejercicio de valoración probatoria que se ajusta
plenamente a las reglas de la sana crítica. En efecto, el convencimiento sobre el
cual se edificó el fallo recurrido no dependió de manera aislada de los testimonios
recaudados, sino que devino de un análisis concurrente e interdependiente con
otros medios de convicción válidamente incorporados al proceso como, por ejemplo,
las declaraciones extrajuicio de Jorge Humberto Quintero Millán y José Vidal
Tamayo, así como el memorial del 10 de diciembre de 1986 que presentó el propio
causante ante CAJANAL, en el que informó que se había separado de su cónyuge
desde hacía treinta años.

61. Además, si bien la negativa del reconocimiento pensional por parte de la UGPP
se sustentó, entre otras, en el hecho de que la demandante y el causante habían
contraído nupcias con otras personas previamente, lo cierto es que esa situación no
es óbice para que decidieran reorientar su vida afectiva, en la medida que la
existencia de matrimonios precedentes no enervaba sus facultades para constituir,
de forma autónoma y libre, una nueva comunidad de vida material y espiritual.

62. En consecuencia, una vez acreditada la concurrencia de los elementos
esenciales de cohabitación, singularidad y permanencia, se constituyó una unión de
hecho entre la pareja, la cual se consolidó plenamente, surtiendo todos los efectos
jurídicos previstos por el ordenamiento para la institución de los compañeros
permanentes, con independencia de los estados civiles anteriores de sus
integrantes.

63. De ese modo, la existencia de una verdadera comunidad de vida entre la
demandante y el causante quedó firmemente acreditada con la valoración conjunta
de la prueba documental y testimonial, lo que permite inferir, de forma inequívoca,
no solo la cohabitación continua e ininterrumpida de la pareja, sino también la
materialización de los elementos axiológicos del apoyo mutuo, la asistencia
recíproca y la solidaridad económica, configurando así los presupuestos
sustanciales de la unión pretendida. En consecuencia, se confirmará la sentencia
apelada en ese aspecto.

64. Ahora, en cuanto a los reparos de la demandante relacionados con la
procedencia del pago de los intereses moratorios de los que trata la Ley 100 de
1993, se tiene que el artículo 141 de esa norma dispone:

«ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994,
en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley,
la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés
moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago».

65. Sobre el reconocimiento de estos, esta Sala ha precisado que si bien el artículo
141 de la Ley 100 de 1993 ordena pagarlos en caso de mora, estos intereses no
proceden en relación con las mesadas causadas con anterioridad al reconocimiento
de la prestación, es decir, sobre el retroactivo pensional generado entre la fecha en
que se adquirió el estatus jurídico respectivo y la de ejecutoria del acto que

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

reconoció el derecho6; así como tampoco cuando el derecho se encuentra en
discusión7.

66. En este caso, como el reconocimiento de la pensión estaba en litigio, y no se
había determinado de manera definitiva el derecho a favor de la demandante, no
resulta procedente ordenar el pago de los intereses moratorios reclamados por esta,
de suerte que se confirmará en ese punto la sentencia de primera instancia.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

67. En lo que respecta a este punto de impugnación de la parte demandante, la
Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de
esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

68. En este contexto, es preciso aclarar que el término «dispondrá» de la referida
norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe
interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia debido a la actuación de las partes, salvo cuando se trate de procesos
donde se ventile un interés público.

69. Es por ello por lo que la pretensión del legislador con la reforma introducida por
la mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

70. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

71. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

72. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas,
en primera instancia, contra la parte demandada al haber sido vencida en juicio,
porque esto implicó una decisión desfavorable en su contra, razón por la que se
revocará el ordinal cuarto de la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de

6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Exp. 76001-23-33-
000-2014-00150-01 (0419-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencias del 3 de diciembre de 2020. Exp. 25000-
23-42-000-2016-04672-01 (3170-2019), y del 6 de mayo de 2021. Exp. 17001-23-33-000-2015-00014-01 (1599-
2018). C.P. Gabriel Valbuena Hernández

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 76001-23-33-004-2018-00705-01 (0797-2026)

dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en
su lugar, se condenará en costas de primera instancia a la parte demandada.

73. En igual sentido, en esta instancia también procede la condena en costas en
contra de la parte demandada, por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su
recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma
norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

74. Y, respecto de la parte demandante, no procede la condena en costas en
segunda instancia, toda vez que las peticiones del recurso de apelación están
siendo concedidas de manera parcial, por manera que no puede predicarse que se
le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación. En consecuencia, se
prescindirá de la condena en costas en esta instancia a esa parte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el veinticuatro (24)
de julio de dos mil veinticinco (2025), adicionada por la providencia del doce (12) de
diciembre de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. En su lugar, CONDENAR en costas de primera instancia a la parte
demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal de origen.

Segundo. CONFIRMAR, en todo lo demás, la sentencia proferida el veinticuatro
(24) de julio de dos mil veinticinco (2025), adicionada por la providencia del doce
(12) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones.

Tercero. CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandada.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co
13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.