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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00400-01

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00400-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 010905 de 2 de abril de 2019 y RDP 017229 de 6 de junio de 2019, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión al 43 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 21 Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 52001-23-33-000-2019-00400-01 (7444-2023) resolver el recurso de apelación. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora Nubia Virgilia Angulo Bolaños ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por este en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el 26 de junio de 2019 y el 25 de junio de 2020, con efectividad desde el 26 de junio de 2020. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. QUINTO: RECONOCER personería al abogado Edgar José Polanco Pereira, portador de la tarjeta profesional 140.742, quien a su vez es el representante legal de Lexius Consultores de Colombia S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 900.997.589-9 quien es la apoderada general de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 13 de la plataforma SAMAI. SEXTO: RECONOCER personería al abogado John Edison Londoño Hernández, portador de la tarjeta profesional 383.443, en calidad de apoderado sustituto de la UGPP conforme al memorial en el índice 13 de la plataforma SAMAI. SEPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00400-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00400-01 (7444-2023)
Demandante: Nubia Virgilia Angulo Bolaños
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente Territorial. No se
puede computar períodos de labor en cargos administrativos.
Aplicación de sentencias de unificación del 21 de junio de 2018
y del 11 de agosto de 2022. Excepción a la aplicación de la
decisión previa. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

La señora Nubia Virgilia Angulo Bolaños instauró demanda1 contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones: (i) RDP 010905 del 2 de
abril de 2019, por medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión

1
Ver índice 2 de SAMAI, archivo: 01demanda folio 1 a 41.pdf.

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gracia y (ii) RDP 017229 del 6 de junio de 2019, la cual confirmó dicha decisión al
resolver el recurso de apelación.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la parte pasiva a
reconocer y pagar a la accionante la pensión gracia a partir del día en que adquirió
el estatus pensional, y que en la liquidación se incluyan todos los factores salariales
del último año de servicios, con los ajustes correspondientes conforme a la Ley 71
de 1998 (sic), y los artículos 187, 192 y siguientes del CPACA.

HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que la señora Nubia Virgilia cumplió con los requisitos legales para ser beneficiaria
de la pensión gracia teniendo en cuenta que tuvo una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 como docente municipal, cumplió con más de 20 años de
servicio, tiene más cincuenta años de edad y desempeñó su labor con honradez.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte activa aseguró que se transgredió el artículo 53 de la Constitución Política
y las Leyes 114 de 1913, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Que la entidad demandada quebrantó el principio fundamental de la situación más
favorable al trabajador en caso de duda, además, vulneró la ley y la jurisprudencia
del Consejo de Estado al considerar que la docente debía cumplir con la totalidad
de requisitos para el 29 de diciembre de 1989.

Que la certificación expedida el 25 de junio de 2019 constituye por si sola la prueba
idónea para el reconocimiento pensional, pues con esta se acredita la vinculación,
el origen de los recursos, el tiempo de servicio y los decretos de nombramiento, y
que, en adición a esta, se encuentran otros elementos probatorios que dan cuenta
del ingreso al magisterio antes del 1. ° de enero de 1981, el servicio prestado por
más de 20 años y la buena conducta.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 8 de agosto de 20192, la cual fue notificada a la UGPP3,
quien presentó memorial de contestación4 en el que manifestó que los tiempos de

2Páginas 5 a 7 del archivo:
02 folio 24 a 112 desde acta de reparto.pdf obrante en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_5_1712024(.zip) NroActua 2, visible en el índice 2 de SAMAI.
3 Página 10, ídem.
4Archivo 03 folio 112 a 117.pdf, obrante en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_5_1712024(.zip) NroActua 2, visible en el índice 2 de SAMAI.

2
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servicio de la demandante no se encuentran debidamente acreditados, ya que de lo
probado en el proceso no se puede obtener el tipo de vinculación, el origen de los
recursos o los actos administrativos de nombramiento, ni antes del 31 de diciembre
de 1980 ni después, carga que exclusivamente le corresponde a la actora.

Justificó también la negativa al advertir que el tiempo prestado como bibliotecaria
debe ser desestimado por no corresponder a un cargo de docente, que no existía
certeza del origen de los recursos con los que se cancelaron los salarios, y que, la
buena conducta no se encuentra plenamente demostrada.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de vulneración de
principios constitucionales y legales, (ii) cobro de lo no debido, (iii) prescripción, y
(iv) solicitud de reconocimiento oficioso de las excepciones.

En auto del 18 de diciembre de 20205 se resolvió la excepción previa de prescripción
y se determinó que no había lugar a pronunciarse sobre la misma, ya que esta no
impedía el debate de fondo por corresponder a mesadas que aún no han sido
reconocidas.

En la audiencia inicial6 se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se declaró fracasada la
etapa conciliatoria, se efectuó el decreto de pruebas y de manera oficiosa se requirió
a la Secretaría de Educación de Tumaco y de Nariño para que certificaran las
condiciones relacionadas con el ejercicio de la docencia por parte de la
demandante.

En la audiencia de pruebas7 se incorporó las allegadas al proceso, se dio por
agotada la etapa probatoria y se dio traslado a las partes para la presentación de
los alegatos de conclusión por escrito.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8

El Tribunal Administrativo de Nariño negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la demandante; para ello argumentó que la actora no cumplió
con la exigencia de prestar el servicio por más de 20 años, que el tiempo laborado
como bibliotecaria no corresponde a la labor docente sino a un cargo administrativo,
y la sumatoria de los periodos efectivamente laborados como educadora territorial
es insuficiente.

5 Archivo: 11. 2019- 00400 RESUELVE EXCEPCIÓN PREVIA.pdf, obrante en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_5_1712024(.zip) NroActua 2, visible en el índice 2 de SAMAI.
6Archivo: 21.2019-0400 ACTA A. INICIAL - NUBIA VIRGILIA ANGULO BOLAÑOS VS UGPP.pdf, ídem.
7 Archivo: 40ActaReanudaciónAudienciaPruebas.pdf, ídem.
8 Archivo: 47.2019-0400 FALLO.pdf, ídem.

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EL RECURSO DE APELACIÓN9

La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia al asegurar que las funciones desempeñadas como
bibliotecaria correspondían en realidad a las de un docente, y que sumando el
tiempo laborado en el referido cargo con los demás acreditados, se evidencia que
laboró por más de 20 años.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 13 de febrero de 202410 y se dispuso que
una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar
sentencia, sin necesidad de traslados.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes allegaron memoriales11 ratificando
los argumentos expuestos en la demanda, la contestación y el recurso de apelación.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
acreditó en debida forma el cumplimiento de las exigencias normativas para el
reconocimiento de la pensión gracia, especialmente el relativo a mantener una o
varias vinculaciones con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20
años de servicio, y acreditar algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre
de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

9 Archivo: 51OficioRecursoAeplacionNUVIA VIRGILIA ANGULO BOLAÑOS.pdf, ídem.
10 Ver índice 4 de SAMAI.
11
Ver índice 8, 9 y 10 de SAMAI

4
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Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

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Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones:

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«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos

7
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del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo

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caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la edad, se
observa que la actora nació el 22 de abril de 196012, de modo que cumplió los 50
años el 22 de abril de 2010.

Para el segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio de la
reclamante como docente territorial o nacionalizada, se realiza el siguiente estudio
sobre los tiempos de labor acreditados en la presente causa judicial:

• Del 7 de mayo de 1978 al 31 de diciembre de 1981 y del 1. ° de enero de
2004 al 20 de mayo de 2016

Conforme a los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 1.° de marzo de 202113, del 25 de junio de 201914, del 24 de febrero de
201915 y del 24 de octubre de 201816, y a las actas de posesión del cargo en 197817
y 200418, se observa que la demandante laboró desde el 7 de mayo de 1978 al 31
de diciembre de 1981 y del 1. ° de enero de 2004 al 20 de mayo de 2016, con una
vinculación municipal.

Respecto a plaza ocupada, se advierte que no se allegaron los decretos
nombramiento de la actora relacionados con los periodos a examinar, por lo que es

12 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el archivo 01demanda

folio 1 a 41 del expediente digital.
13
Ver archivo 35PruebasSecretariaEducaciónTumaco del expediente digital.
14
Ver archivo 01demanda folio 1 a 41 del expediente digital.
15
Ver antecedentes administrativos en carpeta FOLIO 117 ACC 59661975 del expediente digital.
16
Ver mismos antecedentes.
17
Ver mismos antecedentes.
18
Ver archivo 35PruebasSecretariaEducaciónTumaco del expediente digital.

9
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necesario analizar en conjunto todos los documentos aportados a la actuación, y no
focalizarse solamente en los actos a través de los cuales se nombró a la
demandante, porque a la luz de las disposiciones que gobiernan la pensión gracia,
la naturaleza de la relación legal y reglamentaria de un docente es posible extraerla
a partir de otros medios probatorios como las certificaciones, acompañadas de la
respectiva valoración bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad
incluso fue contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
21 de junio de 2018 cuando señaló:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»

En ese orden de ideas, como sustento de los tipos de relación legal y reglamentaria
sostenidos por la demandante, de los certificados se desprende de manera
inequívoca que la docente laboró como territorial durante los lapsos de tiempo
analizados.

En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
territorial entre el 7 de mayo de 1978 al 31 de diciembre de 1981 (3 años, 7 meses
y 25 días) y entre el 1. ° de enero de 2004 al 20 de mayo de 2016 (12 años, 4
meses y 20 días) puede considerarse para cumplir la exigencia de 20 años de
servicio necesarios para acceder a la prestación solicitada.

• Del 20 de mayo de 1983 al 1. ° de enero de 2004- Bibliotecaria

Respecto de estos tiempos bajo estudio encuentra la Sala que, si bien no obra el
acto administrativo de nombramiento que permita concluir de forma clara la labor
desempeñada por la accionante, sí se encuentra en el expediente el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 25 de junio de 201919 la
certificación expedida por la secretaría de educación del municipio de Tumaco el 1.°
de marzo del 202120, el acta de posesión del cargo21 y el Decreto 169 del 13 de abril
de 200422 por medio del cual se aceptó la renuncia de la actora, elementos que
ofrecen certeza sobre tal punto.

19
Páginas 29 a 31 del archivo: 01demanda folio 1 a 41.pdf, obrante en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_5_1712024(.zip) NroActua 2, visible en el índice 2 de SAMAI.
20
Página 3 del archivo: 35PruebasSecretariaEducaciónTumaco.pdf, obrante en el expediente digital:
ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_5_1712024(.zip) NroActua 2, visible en el índice 2 de SAMAI.
21
Página 15, ídem.
22
Páginas 16 a 17, ídem.

10
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Así pues, se advierte de acuerdo con las pruebas relacionadas que a través del
Decreto 394 del 5 de mayo de 1983, la señora Angulo Bolaños fue nombrada en
calidad de “administrativo (bibliotecaria)” del Colegio I.T.P.C en el municipio de
Tumaco desde el 20 de mayo de 1983 hasta el 1. ° de enero de 2004.

En ese sentido, lo probado en virtud de este medio de convicción no resulta
relevante para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, ya que, tal y como
lo señaló el tribunal de origen, existe claridad en que el tiempo prestado durante el
periodo en mención no fue desarrollado por la demandante en el ejercicio de
funciones de enseñanza como maestra oficial, sino para realizar actividades
administrativas.

A dicho análisis ha de sumarse además la definición establecida para la profesión
de educador en el artículo 2.° del Decreto 2277 de 1979, también conocido como
Estatuto Docente, la cual consiste en:

«[…] el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación
en los distintos niveles de que trata el mencionado estatuto. Igualmente incluye esta
definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los
planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y
capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de educación
especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine
el reglamento ejecutivo.»

En tal sentido, no existe prueba alguna en el expediente que permita establecer que
el citado cargo estaba llamado a cumplir con labores de enseñanza o con alguna de
las antedichas, ni está enlistado dentro de aquellos establecidos en el artículo 32
del mentado decreto: «a) Director de escuela o concentración escolar; b) Coordinador o
prefecto de establecimiento; c) Rector de plantel de enseñanza básica secundaria o media;
d) Jefe o director de núcleo educativo o de agrupación de establecimientos; e) Supervisor
o inspector de educación»; por lo cual su naturaleza es propia de los cargos
administrativos, los cuales se rigen por las normas aplicables a los demás
empleados públicos.

Ahora, si bien señaló la actora que aunque desempeñó el cargo administrativo de
bibliotecaria las funciones que el rector de la institución le asignó en realidad
correspondían a las de un docente, no se observa en el plenario elemento alguno
que soporte la afirmación o que al menos señale cuáles eran las actividades que
realizó durante su servicio, contrario a esto, la actora se limitó a aportar al proceso
los certificados de historia laboral y de salarios para probar los hechos narrados en
el escrito de la demanda y que resultan insuficientes para los fines pretendidos.

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Aunque es cierto que esta corporación ha determinado en otros casos23 que en
virtud de la primacía de la realidad sobre las formas24, los tiempos desempeñados
bajo un cargo administrativo pueden ser considerados para el cómputo de la
prestación, solo procede tal determinación cuando se encuentra demostrado que
las actividades ejecutadas realmente corresponden a labores de enseñanza, como
se observa en sentencia del 24 de enero de 201925:

Con base en lo anterior, concluir que el solo hecho de que el cargo que desempeñó
la actora con antelación al 31 de diciembre de 1980 no era docente, sino auxiliar de
educación, tiene la virtud de desestimar las funciones que ejercía en el ramo
educativo y, por consiguiente, el interregno así laborado no resulta apto para
reconocerle la prestación social deprecada, contraría el principio de la primacía del
derecho sustancial sobre el formal, pues se desconocería la realidad del trabajo que
realizó la demandante para esa época, con el pretexto de que su cargo no está
consignado en la ley como de aquellos a los que les es otorgada la pensión gracia,
habida cuenta que el propósito del legislador al crear esa prestación fue equilibrar
la desigualdad salarial que se presentaba entre las personas que desarrollaban la
docencia con vinculaciones territoriales y nacionalizadas y las que lo hacían bajo
incorporaciones nacionales, cuya remuneración era mayor, sin limitar dicha
prerrogativa a un grupo específico de docentes, ya que lo que adquiere relevancia
para su concesión, entre otros presupuestos, es la naturaleza de las funciones
que el interesado en adquirirla desempeñaba (labores de enseñanza). (negrillas
intencionales)

En este punto es de resaltar que tal como lo prevé la regulación procesal, quien
alegue la ilegalidad es quien debe invocar las normas violadas, el concepto de la
violación, y además, desplegar una actividad probatoria suficiente y adecuada para
lograr el efecto jurídico de los preceptos que fundamentan el derecho reclamado a
través de un medio de control como el de nulidad o nulidad y restablecimiento del
derecho, lo cual se traduce en la concreción del postulado adjetivo de la carga de la
prueba al tenor del artículo 167 del CGP26.

23
Ver sentencia 47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16) y 17001-23-33-000-2016-00820-01 (6599-2022).
24
Al respecto, Corte Suprema de Justicia, providencia SL4330-2020 del 21 de octubre, radicación 83692: «Por
su parte, el postulado de primacía de la realidad sobre las formas constituye un principio constitucional, según
el cual se debe privilegiar la realidad empírica y objetiva en la que se desarrolla el trabajo, sobre las formalidades
pactadas por los actores. Este mandato supralegal es transversal en el derecho laboral, por tanto, resulta útil
no solo para establecer si existió una relación subordinada, sino también a la hora de esclarecer qué
emolumentos son constitutivos de salario, determinar el verdadero empleador en relaciones tripartitas o
multipartitas, la continuidad y los extremos temporales del vínculo e incluso desmantelar situaciones de simple
interposición, entre otros.»
25
Sentencia 47001-23-33-000-2014-00088-01(3208-16).
26 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
[…]»

12
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Por tanto, la norma impone una carga procesal a las partes tendientes a que
presenten los medios de convicción pertinentes, conducentes, útiles y necesarios
para demostrar los hechos de la demanda o las excepciones que aleguen en la
contestación, de manera que obtengan un resultado satisfactorio respecto de sus
propias posturas jurídicas frente a un mismo caso.

En consecuencia, la inobservancia de la carga procesal conlleva resultados
adversos para la parte que no la satisface, puesto que al no probar los supuestos
de hecho que alega, se somete a que la decisión se profiera en su contra, ya sea
con fundamento en lo demostrado por la otra parte o por la ausencia de medios de
comprobación.

Por tanto, en el entendido de que probatoriamente ni siquiera hay lugar a discutir
las funciones desempeñadas como bibliotecaria, se encuentra plenamente
demostrado que la señora Nubia Virgilia Angulo Bolaños desde el 20 de mayo de
1983 al 1. ° de enero de 2004 ejerció un cargo que no corresponde a la naturaleza
docente, en consecuencia, la Sala no encuentra apropiado computar el tiempo en
mención ya que se opone a la finalidad misma de la pensión gracia y a la normativa
que la desarrolla, a partir de la cual los beneficiarios de la pensión gracia son única
y exclusivamente los maestros oficiales vinculados como territoriales o
nacionalizados.

• Periodo III: del 12 de julio de 2016 al 1. ° de marzo de 2021

En atención a los Formatos Únicos para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 25 de junio de 2019 y del 24 de octubre de 2018 ya referidos, y al
certificado expedido por la secretaria de educación de Tumaco el 1. ° de marzo de
202127, se observa que la docente ejerció labores desde el 12 de julio de 2016 y
que al menos hasta la fecha del certificado seguía activa en el servicio con una
vinculación municipal.

En el expediente a su vez reposa el Decreto 0438 del 12 de julio de 201628, mediante
el cual el alcalde de Tumaco nombró a la accionante como docente de primaria de
la Institución Educativa Nueva Florida Escuela pagada por el Sistema General de
Participaciones, nominación que finalizó el 11 de agosto de 2016 mediante
Resolución 2867 de 201629, pues por Decreto 0558 del 12 de agosto de 201630 fue
designada como docente en periodo de prueba con la misma fuente de financiación,
por pertenecer a la lista de elegibles expedida por la Comisión Nacional del Servicio
Civil una vez superadas las etapas del concurso de méritos para proveer cargos
directivos docentes.

27
Ver archivo 35PruebasSecretariaEducaciónTumaco del expediente digital.
28
Ver mismo archivo.
29
Ver mismo archivo.
30
Ver mismo archivo.

13
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Finalmente, la actora fue nombrada en “propiedad” por Decreto 0042 de 201731
luego de superar la etapa de evaluación, tomando posesión de su cargo el 16 de
enero de 2017 según el acta aportada32.

A partir de los actos de nombramiento evidenciados, puede determinarse sin mayor
dificultad el tipo de vinculación que ostentó la docente durante el periodo objeto de
estudio, pues bien, por un lado no puede concluirse que el cargo ejercido por la
reclamante haya sido de aquellos propios de la planta de personal de la Nación, o
que hubiese sido vinculada por la autoridad municipal en calidad de administrador
del personal de la Nación en virtud de la desconcentración, por lo que se descarta
que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden nacional.

Por otro lado, tampoco se señala en los actos en mención que la plaza se hubiese
creado y ocupado en cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975, ni bajo los
postulados del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para
atender el proceso de nacionalización serían administrados los Fondos Educativos
Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer
el Ministerio de Educación Nacional.

Contrario a lo anterior, sí se extrae con claridad que el nombramiento de la actora
en este caso tuvo lugar por decisión autónoma y directa de la autoridad nominadora,
lo que logra acreditar una calidad territorial de la actividad docente, y, aunque en los
decretos referidos se indicó que la plaza se pagaría con recursos del Sistema
General de Participaciones, no por esta sola razón debe atribuirse una calidad
docente nacionalizada, pues los salarios de los docentes territoriales también
podían ser cancelados con los mencionados recursos, pues hacían parte de las
rentas exógenas de las entidades territoriales, esto conforme a la regla de
unificación establecida en la sentencia del 21 de junio de 2018 respecto al origen
de los recursos:

«iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados 49,
resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de
las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y
endógenas.

(…)

31
Ver mismo archivo.
32
Ver mismo archivo.

14
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vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones. (líneas
intencionales)».

Así las cosas, la anterior situación se ajusta a lo previsto en el artículo 1° de la Ley
91 de 1989 en el que dispuso «Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975», condición que fue
desarrollada en el mismo sentido por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018, al definir la plaza territorial
como: «el vinculado por entidades de ese orden a partir del 1.º de enero de 1976, sin el
cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que
la plaza a ocupar haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que
esta genere se cubran con cargo a su propio presupuesto», entendiendo que el
presupuesto de la entidad puede estar compuesto por rentas endógenas y
exógenas.

Sumado a lo anterior, como ya se mencionó, los certificados expedidos por la
Secretaría de Educación de Tumaco avalan un tipo de vinculación municipal para el
lapso analizado, confirmando estas piezas probatorias la categoría antes concluida.

Ahora bien, en cuanto al cómputo de periodos para el reconocimiento de la pensión,
bien estimó el tribunal tener como límite temporal la fecha en la que se realizó la
solicitud ante la UGPP, para la cual contaba la demandante con 18 años, 6 meses
y 25 días, suma insuficiente para acceder a la prerrogativa, siendo este el motivo
por el que de forma razonada se negaron las pretensiones de la demanda en
primera instancia.

Aunque dicha decisión en principio fue acertada, descendiendo al caso en particular
de la accionante, a partir de los documentos allegados se observa que la docente
con la plena convicción de cumplir con la totalidad de las exigencias para acceder
al derecho que le fue negado, acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso -
Administrativo para que la prestación alegada le fuera reconocida, pues contó con
una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y desempeñó sus labores cerca
de 39 años antes del agotamiento de la vía gubernativa.

Sin embargo, del análisis de los medios de prueba legalmente recaudados en el
proceso judicial no pudo demostrarse que durante el lapso trabajado como
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bibliotecaria (del 20 de mayo de 1983 a 1. ° de enero de 2004) la demandante
realizara funciones docentes para que este pudiera ser incluido, y por esta razón se
prescindió del mencionado periodo, desestimando 20 años, 10 meses y 12 días,
tiempo considerable que generó en la actora un pleno y real convencimiento para
justificar la calidad de acreedora de la pensión gracia que argumentó.

Descontado el referido tiempo del total trabajado previo a la petición a la entidad, a
la reclamante le faltaba 1 año, 5 meses y 5 días para acreditar los 20 exigidos por
la norma, lo que en aplicación del privilegio de decisión previa de la administración
implicaría en estricto sentido negar su derecho por no demostrar el cumplimiento de
un requisito esencial de la pensión gracia al momento de la petición, esto a pesar
de que la educadora continuara con la prestación de sus servicios y que cumpliera
el tiempo mínimo de forma posterior a la reclamación.

No obstante, partiendo del contexto particular en el que se ubica la actora, su caso
debe ser abordado desde un enfoque constitucional por tratarse de una persona de
64 años de edad considerada adulta mayor conforme al artículo 3 de la Ley 1251
de 200833, lo que quiere decir que negar su derecho aplicando la regla de decisión
previa no resulta consecuente con la protección especial que el Estado Social de
Derecho propende para los ciudadanos en condiciones de mayor vulnerabilidad,
como es la situación de la demandante.

En atención a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el bienestar y la
dignidad de dicho grupo poblacional, se ha establecido un marco normativo y
jurisprudencial orientado a la consecución de una protección real y efectiva. Esto
puede observarse con la Ley 2055 de 2020 por medio de la cual se aprueba la
«convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores» y con la que el Estado Colombiano asumió compromisos
orientados a «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad».

Entre los deberes generales de los estados parte se estableció la adopción y el
fortalecimiento de medidas judiciales que le permitan a la persona mayor el efectivo
acceso a la administración de justicia en atención al trato diferenciado y preferencial
del que gozan, incluso se contempló la viabilidad de realizar ajustes a los
procedimientos en los procesos judiciales y administrativos para asegurar la
salvaguarda de sus derechos, sobre el particular en el artículo 31 señaló que:

«[…] La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación

33
“Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más.”

16
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penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso
efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la
adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y
administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento
preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las
decisiones en procesos administrativos y judiciales. […]»(líneas intencionales).

Por su parte, la Corte Constitucional se ha encargado de construir un precedente
jurisprudencial en cuanto al enfoque preferencial aplicable a las personas mayores
de 60 años, y en diferentes oportunidades ha reafirmado el principio de protección
especial para ellas34 debido a la situación de desventaja en la que se encuentran
por la pérdida de sus capacidades causada por el paso de los años.

A su vez, en cuanto al componente económico, la sentencia SU- 273 de 202235 puso
de presente la debilidad manifiesta de los adultos mayores y la ausencia de fuentes
de sustento que conducen a una asistencia especial y diferenciada. En tal sentido,
el alcance de la protección del adulto mayor implica también la garantía de su
mínimo vital tanto en su componente cualitativo como cuantitativo, con el fin de
asegurar la vida digna, la satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad
económica de un grupo poblacional que ha perdido su capacidad de trabajo y que
solo puede esperar devengar lo que a nivel prestacional haya causado.

En virtud de lo expuesto, en este contexto específico el juez está llamado a evaluar
las pretensiones desde una perspectiva que priorice el bienestar y la estabilidad
económica de la reclamante, y en ese orden de ideas velar en el ámbito judicial por
la efectividad de sus derechos y garantías fundamentales, resolviendo sus
demandas de manera pronta y efectiva en consideración a su expectativa de vida.

Por tanto, no resulta proporcionado ni acorde con los pilares constitucionales que
una persona mayor que comprobó cumplir con las exigencias normativas para

34
En Sentencia SU-508 de 2020 indicó: «[…]Los adultos mayores son sujetos de especial protección, debido a
que se encuentran en una situación de desventaja por la pérdida de sus capacidades causada por el paso de
los años. Según la Corte Constitucional, los adultos mayores sufren del desgaste natural de su organismo y,
con ello, del deterioro progresivo e irreversible de su salud (…) El carácter de especial protección implica, por
una parte, que los derechos fundamentales de los adultos mayores deben interpretarse en concordancia con el
principio de dignidad humana (…) En otras palabras, la defensa de los derechos fundamentales de los adultos
mayores es de relevancia trascendental […]»
35
«[…]Así, la edad avanzada, y el debilitamiento físico y de salud que esta conlleva, sumados a la ausencia de
fuentes de sustento, colocan a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad que reviste de toda
relevancia constitucional. La Sala recuerda que, en virtud de los artículos 13 y 46 de la Carta Política, el Estado,
la sociedad y la familia deben concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. […]»

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acceder a la pensión gracia tenga que poner en marcha nuevamente una actuación
administrativa para requerir la concesión de su derecho, esto sólo con el objetivo de
que la entidad conozca hechos posteriores a su decisión.

Carga que se encuentra aún más desmedida cuando se conoce de antemano la
línea crítica de la entidad acusada, pues en la contestación de la demanda reiteró
su posición en cuanto a desestimar las pretensiones, pero no por el incumplimiento
del tiempo mínimo sino por la naturaleza de las relaciones legales y reglamentarias
sostenidas por la reclamante, situación que ya fue desvirtuada en el desarrollo de
esta providencia y se concluyó que los vínculos de la maestra correspondían a una
calidad territorial compatible con la pensión gracia.

Ahora, esta Sala aclara que no busca con esta providencia fijar una regla que
permita que no se cumpla con la totalidad de los requisitos para acceder al beneficio
pensional al momento de elevar la petición, sino de una excepción aplicable sólo al
caso puntual que encuentra fundamento al considerar la buena fe con la que la
demandante pretendió el reconocimiento de su derecho y que la motivó a presentar
su solicitud, así como la relevancia constitucional que cobija a la actora quien es
sujeto de especial protección por ser adulto mayor, y finalmente porque pese a no
cumplir con la exigencia de los 20 años en el servicio antes de pedir su derecho
ante la entidad, continuó laborando en virtud del mismo vínculo que fue analizado
previamente en sede administrativa.

Este trato diferenciado se soporta también en consonancia con el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que trae el artículo 22836 de la
Constitución Política, cuyo propósito es garantizar un acceso a la administración de
justicia sin obstáculos ni impedimentos que puedan ser suscitados por las
formalidades inherentes a los procesos judiciales; precepto al que ya ha acudido
esta Corporación tanto en procesos ordinarios como en vía tutela para anteponer el
ordenamiento jurídico sustancial sobre el procesal administrativo cuando está en
discusión el derecho de un sujeto merecedor de especial protección37.

Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por la demandante como docente territorial después de la petición, esto
es, durante el lapso transcurrido entre el 12 de julio de 2016 y el 1. ° de marzo de
2021 (4 años, 7 meses y 20 días), resulta válido computar este lapso junto a los
analizados previamente, al punto de que se tiene demostrado que la actora sí
satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como maestra

36
Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.
37
Sentencia de tutela del 15 de enero de 2018 con radicado 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC) y auto del
23 de marzo de 2023 con radicado 17001-23-33-000-2019-00456-01 (5351-2022).

18
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con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues sumados
todos da un resultado total de servicio de 20 años, 8 meses y 5 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que el actora efectivamente se desempeñó como tal al servicio del municipio de
Tumaco bajo relaciones legales y reglamentarias del orden territorial desde 7 de
mayo de 1978 al 31 de diciembre de 1981, es decir, en períodos anteriores a la
primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de
análisis.

En punto de cumplir del cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de
apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe de la
interesada en cuanto a la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, la providencia apelada será revocada en orden de
conceder las pretensiones de la demanda, siendo a su vez necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.

Análisis de la prescripción

Sobre el particular, el Consejo de Estado38 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 26
de junio de 202039 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio, esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (22 de abril de 2010), pues ese

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
39 Según el siguiente cálculo:

DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
07/05/1978 20/05/2016 16 0 15
12/07/2016 26/06/2020 3 11 15
TOTAL TIEMPO 19+1= 20 AÑOS 11+ 1= 12 (1 AÑO) 30 (1 MES)

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primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución RDP
010905 del 2 de abril de 201940, la señora Nubia Angulo reclamó el 28 de noviembre
de 2018 ante la parte demandada el derecho pensional en mención, y a su vez,
radicó la demanda el 25 de julio de 201941, esto es, dentro de los 3 años siguientes
a la fecha de interrupción del fenómeno bajo estudio, por lo que, en el presente
caso, es claro que no se configuró la excepción en comento y en consecuencia no
se declarará probada.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 26 de junio de 2019 y el 25 de junio de 2020, con efectividad
desde el 26 de junio de 2020.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».42

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

40 Ver archivo 01demanda folio 1 a 41, del expediente digital.
41 Ver sello de radicación en el mismo archivo.
42 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

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De la condena en costas en ambas instancias

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.

En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión apelada, la Sala en
consideración al numeral 4. ° del artículo 365 del CGP43, y observando los
fundamentos planteados en la contestación de la demanda y en las demás
actuaciones, considera que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las
instancias, pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario,
la parte demandada expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones RDP 010905 de 2 de
abril de 2019 y RDP 017229 de 6 de junio de 2019, por medio de las cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión al

43
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.

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resolver el recurso de apelación.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Nubia Virgilia Angulo Bolaños ello en cuantía del 75% del promedio de los
factores salariales devengados por este en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 26 de junio de 2019 y el 25 de junio de
2020, con efectividad desde el 26 de junio de 2020.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: RECONOCER personería al abogado Edgar José Polanco Pereira,
portador de la tarjeta profesional 140.742, quien a su vez es el representante legal
de Lexius Consultores de Colombia S.A.S., persona jurídica identificada con NIT
900.997.589-9 quien es la apoderada general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 13 de la plataforma
SAMAI.

SEXTO: RECONOCER personería al abogado John Edison Londoño Hernández,
portador de la tarjeta profesional 383.443, en calidad de apoderado sustituto de la
UGPP conforme al memorial en el índice 13 de la plataforma SAMAI.

SEPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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