RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 73001-23-33-000-2020-00437-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00437-01

Fecha
11 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00437-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones UGM 021130 del 19 de diciembre de 2011 y UGM 028363 del 23 de enero de 2012, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión al resolver el recurso de reposición. TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor Rafael Ernesto Peña ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por este en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional, comprendido entre el entre el 6 de septiembre de 2011 y el 5 de septiembre de 2012, con efectividad desde 6 de septiembre de 2012, pero con efectos fiscales desde el 25 de noviembre de 2017 por prescripción trienal de mesadas. La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo. CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo manifestado en la parte motiva de la sentencia. QUINTO: RECONOCER personería al abogado Omar Trujillo Polania, portador de la tarjeta profesional 201.792, quien a su vez es el representante legal de Trujillo Polania & Asociados S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 901.054.232-2, apoderada judicial de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura pública visible en el índice 19 de la plataforma SAMAI. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 23 Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022) SEXTO: RECONOCER personería a la abogada María Camila Camargo Rueda, portadora de la tarjeta profesional 340.484, en calidad de apoderada sustituta de la UGPP conforme al memorial en el índice 19 de la plataforma SAMAI. SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2020-00437-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)
Demandante: Rafael Ernesto Peña
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Docente territorial y
nacionalizado. Aplicación de sentencias de unificación del 21 de
junio de 2018 y del 11 de agosto de 2022. Excepción a la
aplicación de la decisión previa. REVOCA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

ANTECEDENTES

El señor Rafael Ernesto Peña instauró demanda1 en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) UGM 021130 del 19 de diciembre
de 2011, y (ii) UGM 028363 del 23 de enero de 2012, por medio de las cuales se

1
Ver índice 2, expediente digital, 004_DEMANDA .pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

negó el reconocimiento de la pensión gracia solicitada y se confirmó la negativa al
resolver el recurso de reposición.

Que se condene a la UGPP a reconocer y pagar la mencionada prerrogativa al actor
desde el 29 de octubre de 2013, la cual debe ser liquidada incluyendo todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la fecha de adquisición del
estatus, con los ajustes correspondientes conforme a los artículos 192 y 195 del
CPACA.

HECHOS

Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:

Que el señor Rafael Ernesto Peña fue nombrado docente de calidad nacionalizada
al servicio del departamento de Cundinamarca mediante Resolución 03468 del 12
de agosto de 1980, cargo del que tomó posesión desde el 25 de agosto de 1980.
Luego, desempeñó sus labores como directivo de categoría territorial a favor del
departamento del Tolima en virtud de la nominación efectuada por el Decreto 041
del 29 de octubre de 1993 ejerciendo su labor al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda, cumpliendo con una vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980 y 20 de años de servicio.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron las Leyes 4 de 1966, 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de
1989, 60 de 1993, 115 de 1994, 715 de 2001, la sentencia de unificación del Consejo
de Estado del 21 de junio de 2018 de radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 y
sentencia de la misma corporación del 13 de febrero de 2014 de radicado 17001-
23-31-000-2012-00008-01.

Que la entidad demandada da una errada interpretación de la ley por considerar
que un nuevo nombramiento posterior al 31 de diciembre de 1980 es impedimento
para acceder al beneficio, además, confunde los términos nacional, nacionalizado y
territorial alejándose de lo definido en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 19 de marzo de 20212 y notificada a la UGPP, quien
manifestó3 que el actor no acreditó una vinculación anterior al 31 de diciembre de

2Ver índice 2, expediente digital, 006_AUTO ADMITE DEMANDA (1).pdf.
3
Ver índice 2, expediente digital, 015_ UGPP PRESENTA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

1980 como docente territorial, y su vinculación como nacionalizado sólo se
consolidó el 29 de abril de 1981, prestando su servicio hasta el 11 de noviembre de
1981.

Que, además, la vinculación posterior del demandante fue bajo una calidad
nacional, tiempo que no puede ser computado para efectos del reconocimiento de
la prestación.

También señaló que el proceso de descentralización de la educación de la Ley 60
de 1993 no convierte la vinculación de un docente de orden nacional en territorial,
pues la participación financiera y administrativa de la Nación es directa y dichos
recursos no hacen parte de las rentas o recursos de las entidades territoriales, esto
teniendo en cuenta que la plaza a ocupar la certifica el delegado del Ministerio de
Educación Nacional.

Propuso como excepciones las que denominó: (i) inexistencia de la obligación
demandada, (ii) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado, (iii)
prescripción, (iv) la innominada o genérica y (v) buena fe de la demandada.

El 18 de abril de 20224 el tribunal de origen en consideración al numeral 1º del
artículo 181A de la Ley 1437 de 2011, fijó el litigio y resolvió correr traslado a las
partes para que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito en orden de
dictar sentencia anticipada, esto al tratarse de un asunto de puro derecho. Incorporó
al expediente los documentos aportados con el escrito de la demanda y en su
contestación.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5

El Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante.

Como fundamento de lo anterior, señaló que, pese a que el actor acreditó una
vinculación nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, esto es, desde el 25
de agosto de 1980 hasta el 4 de abril de 1981 y otra relación legal y reglamentaria
posterior, del 29 de abril de 1981 al 11 de noviembre de 1981 también nacionalizada,
los demás nombramientos fueron bajo una categoría nacional, desde el 6 de octubre
de 1981 hasta el 28 de octubre de 1993 y del 29 de octubre de 1993 al menos hasta
la fecha de presentación de la demanda, por lo tanto, los tiempos como maestro
nacionalizado resultan insuficientes para acceder a la prestación.

Advirtió respecto al periodo laborado desde el 29 de octubre de 1993 que, si bien el
decreto por medio del cual se efectuó su nombramiento fue proferido por el alcalde

4
Ver índice 2, SAMAI, Expediente digital, 018_AUTO SENTENCIA ANTICIPADA.pdf.
5Índice 65, ídem.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

de Ambalema, Tolima, el mismo se materializó por autorización del Ministerio de
Educación Nacional a través del delegado FER, por lo que este lapso se cataloga
como nacional.

Precisó que las vinculaciones posteriores al 31 de diciembre de 1989 se rigen por
el régimen prestacional aplicable a los servidores nacionales, conforme con el inciso
2º del numeral 1º del artículo 15 de la ley 91 de 1989, y que, en virtud del proceso
de descentralización de la educación de la Ley 60 de 1993, las vinculaciones
territoriales efectuadas después de dicho fenómeno no son acumulables para la
pensión gracia, por resultarles aplicable el régimen prestacional previsto para los
docentes nacionales, pues tal cambio no generó modificación en el régimen
pensional de los docentes y directivos docentes vinculados después de la
expedición de la referida norma.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante mostró su inconformidad y solicitó que se revoque la sentencia
para que en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda.

Argumentó que la sentencia apelada es errada al estimar que los nombramientos
efectuados mediante la Resolución 15866 del 28 de septiembre de 1981 y el
Decreto 040 del 29 de octubre de 1993 fueron de carácter nacional, soportando su
disenso en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, pues refiere que los
actos administrativos proferidos de manera posterior a 1980 y expedidos por un ente
territorial son de carácter nacionalizado.

Que respecto a la apreciación del tribunal sobre la Ley 60 de 1993, lo que implicó la
descentralización de la educación al trasladarse la gestión y responsabilidad del
servicio educativo a los entes territoriales, fue que aquellos docentes incorporados
a plantas territoriales mutaran su vínculo nacional a uno territorial, y por ese motivo,
la labor del docente posterior a 1980 es computable para acreditar el tiempo de
servicio.

Que las certificaciones aportadas no pueden confundir al juez, pues no es cierto que
el docente se califique como nacional cuando en realidad ocupó una categoría
“nacionalizada- territorial”.

Que en la sentencia apelada no se tuvo en cuenta el parágrafo del artículo 2 de la
Ley 91 de 1989 que establece que las prestaciones sociales del personal
nacionalizado causadas hasta la fecha de promulgación de dicha ley se siguen
reconociendo y pagando conforme a las normas que regían en cada entidad
territorial.

6 Índice 70, ídem.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

Que para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se considera como
docente nacional aquel vinculado por nombramiento del gobierno nacional y como
nacionalizado a aquel nombrado por la entidad territorial desde el 1°. de enero de
1976.

Solicitó que se revocara la condena en costas por cuanto no hay carencia de
fundamentación legal en su demanda.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido el 13 de octubre de 20227, y se dispuso que
una vez notificada esta decisión pasara el proceso a despacho para dictar
sentencia, sin necesidad de traslados.

En la oportunidad para pronunciarse, las partes guardaron silencio.

El Ministerio Público se abstuvo de intervenir en el trámite de segunda instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si el actor cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una o varias vinculaciones con carácter
territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún
período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980.

Marco normativo y jurisprudencial

Desarrollo conceptual de la pensión gracia y de los requisitos para su acceso

Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:

«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»

Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo

7
Ver índice 4 en SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:

«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
4. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»

Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.

La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»22. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos antes consagrados para el efecto.

De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».

Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:

[…] 2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199723 señaló que:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).

En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201824
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal 13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)

En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.

Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.

Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,25 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.

En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:

i) Que acredite 50 años de edad.

ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.

iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.

iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.

Resolución del caso concreto

Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.

Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
edad, se observa que el demandante nació el 16 de julio de 19608, de modo que
cumplió los 50 años el 16 de julio de 2010.

Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
del reclamante como docente territorial o nacionalizado, se realiza el siguiente
estudio sobre los tiempos de labor acreditados en la causa judicial.

• Periodo I: del 25 de agosto de 1980 al 4 de abril de 1981

Obra en el plenario el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral emitido el 31 de marzo de 20119 en el cual se observa que el actor fue
nominado como docente en la Escuela Rural Barranquillas, Caparrapí,
Cundinamarca, posesionado en el cargo designado el 25 de agosto de 198010, labor
que finalizó el al 4 de abril de 1981.

También obra el Decreto 3468 del 12 de agosto de 198011 por medio del cual el
gobernador de Cundinamarca nombró al reclamante como maestro en reemplazo
de otro docente, acto del cual puede apreciarse que la decisión de designación fue
adoptada sin la intervención directa del Ministerio de Educación Nacional, ni aval de
este para que, en virtud de la desconcentración, la mencionada autoridad

8 Según copia de la cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento visibles en el índice 2, expediente digital,

004_DEMANDA .pdf.
9
Ver índice 2, expediente digital, 004_DEMANDA .pdf.
10
Fecha que también se ratifica con el acta de posesión visible en el mismo archivo anterior.
11
Visible en el mismo archivo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

departamental en representación de la Nación efectuara la nominación en comento,
por lo que se descarta que la relación legal y reglamentaria haya sido del orden
nacional.

En ese orden de ideas, la situación del docente se ajusta a lo señalado en el artículo
1.º de la Ley 91 de 1989:

«[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

[…] Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. […]»

A partir de este medio probatorio, se extrae con claridad que el nombramiento del
accionante tuvo lugar por decisión autónoma y directa del gobernador del
departamento de Cundinamarca, lo que indica que su vínculo fue en calidad de
docente territorial. Conclusión que resulta contraria a lo colegido por el tribunal de
origen, pues en el fallo apelado la categoría que determinó para este periodo fue
nacionalizada, sin embargo, no se encuentra en el expediente pieza alguna que
permita resolver que fue de la calidad referida.

Se advierte que en el formato de historia laboral mencionado sí se califica el régimen
de pensiones del docente como nacionalizado, no obstante, para efectos del estudio
de la causa que nos convoca, dicho régimen no determina la naturaleza de la
vinculación de un maestro.

En todo caso, al margen del tipo de vinculación que se hubiese demostrado en este
período, lo cierto y definitivo es que aquella no sería del orden nacional, sino
territorial o nacionalizado, lo cual, en cualquiera de estos dos eventos, no cambia ni
afecta la inclusión y cómputo de tales tiempos de servicio para el reconocimiento de
la pensión gracia, pues ambos permiten colmar el requisito bajo estudio.

De tal manera, los extremos temporales en los que el demandante fungió como
docente territorial, esto es, del 25 de agosto de 1980 al 4 de abril de 1981 (7 meses
y 10 días), deben tenerse en cuenta para computar los 20 años de servicio
requeridos para acceder a la pensión gracia.

•
Periodo II: del 29 de abril de 1981 al 11 de noviembre de 1981

Se encuentra en el expediente el Certificado de Tiempo de Servicio No. 59.95012
expedido por la Secretaría de Educación de Tolima el 18 de julo de 2011 el cual
señala que el reclamante laboró desde el 29 de abril de 1981 hasta el 11 de

12
Ver índice 2, expediente digital, EXPEDIENTE DIGITAL.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

noviembre de 198113 en la Escuela Rural Mixta Cimalta en Cunday, Tolima,
nombrado por Decreto 477 del 13 de abril de 1981, con una vinculación
nacionalizada.

Sobre la plaza ocupada, aunque no se aportó por el demandante el acto
administrativo de nombramiento, sí se pueden analizar en conjunto todos los
documentos aportados a la actuación y no focalizarse solamente en el decreto a
través del cual se nombra al docente, porque a la luz de las disposiciones que
gobiernan la pensión gracia, la naturaleza de la relación legal y reglamentaria de un
maestro es posible extraerla a partir de otros medios probatorios como
certificaciones, actas y demás actos administrativos, acompañados de una
valoración bajo elementos propios de la sana crítica, pues tal posibilidad incluso fue
contemplada por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 21 de junio
de 2018, la cual se aclara que es aplicable a los diferentes tipos de vinculación que
puede ostentar el personal docente:

«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que
el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. […]»

Pese a que la citada jurisprudencia refiere específicamente a la vinculación
territorial, lo anterior no es óbice para extender tal criterio a las diferentes plazas
que pueden ocupar los docentes, bien sea territorial, nacionalizada o nacional,
siendo factible acreditar cualquier tipo de vinculación con los medios probatorios allí
señalados.

En ese orden de ideas, del referido certificado aportado por la Secretaría de
Educación de Tolima, puede colegirse de forma inequívoca la naturaleza de la
vinculación docente, siendo esta nacionalizada.

De tal manera, los extremos temporales en los que el demandante fungió como
docente nacionalizado durante el periodo comprendido entre el 29 de abril de 1981
y el 11 de noviembre de 1981 (6 meses y 13 días), debe tenerse en cuenta para
computar los 20 años de servicio requeridos para acceder a la pensión gracia.

13
Señala también el certificado que el reclamante tuvo una licencia ordinaria desde el 12 de octubre de 1981 al
11 de noviembre de 1981, tiempo que deberá ser descontado del cómputo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

• Periodo III: del 6 de octubre de 1981 al 28 de octubre de 199314

Conforme al Certificado de Tiempo de Servicio No. 59.95015 y al Formato Único para
la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 4 de agosto de 201516,
se observa que efectivamente el accionante prestó sus servicios en el aludido
interregno como docente en la Institución Educativa El Danubio y que fue nombrado
por la Resolución 15866 del 28 de septiembre de 1981.

Respecto a la calidad de la relación legal y reglamentaria sostenida, en el material
probatorio aportado no se encuentra el acto administrativo de nombramiento que
permita establecer la plaza ocupada. En su lugar, se arrimaron al proceso las
certificaciones laborales antes referidas, sin embargo, de las mismas se concluye
que no son inequívocas respecto al vínculo por considerarse que dichas piezas no
se ajustan a los lineamientos de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018
en cuanto a los medios de convicción a partir de los que puede concluirse la calidad
docente17.

Por un lado, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
no califica el vínculo del docente en ningún apartado del documento y sólo hace
referencia al régimen de pensiones, el cual, como ya se mencionó, en nada estipula
la naturaleza de la vinculación de un maestro.

Por otro lado, el certificado de tiempo de servicio, si bien avala una calidad nacional
del educador para dos periodos, entre ellos aquel que se está estudiando (del 6 de
octubre de 1981 al 28 de octubre de 1993) y el comprendido entre el 29 de octubre
de 1993 al 4 de agosto de 2015, como se observará en el análisis del periodo
posterior18, se logra evidenciar una contradicción entre la vinculación certificada y la
realidad fáctica, pues a partir del acto administrativo allegado para dicho lapso
siguiente se logra probar que la plaza ocupada fue nacionalizada y no nacional.

Así las cosas, queda en tela de juicio la credibilidad del referido documento, lo cual
impide tomar como cierto la categoría atribuida para el interregno laborado entre el
6 de octubre de 1981 al 28 de octubre de 1993.

14
El referido tiempo tampoco fue solicitado en la demanda, pero del material probatorio aportado se encuentra
que efectivamente laboro como docente en dicho interregno por lo que resulta procedente su análisis.
15
Ver índice 2, expediente digital, EXPEDIENTE DIGITAL. Aunque coincide este certificado con la identificación
y fecha del citado para el segundo periodo, se tiene que el mismo certificó de manera individual el lapso
comprendido entre el 29 de abril de 1981 al 11 de noviembre de 1981.
16
Ver índice 2, expediente digital, 004_DEMANDA .pdf.
17
«[…] vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste
el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas
que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual
se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. […]»
18
Del 29 de octubre de 1993 al 4 de agosto de 2015.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

En este punto es de resaltar que, tal como lo prevé la regulación procesal, sea quien
alega la ilegalidad es quien debe desplegar una actividad probatoria suficiente y
adecuada para lograr el efecto jurídico pretendido, lo cual se traduce en la
concreción del postulado adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167
del CGP19, el cual, en el presente caso, no se satisfizo al no demostrarse la
naturaleza de la vinculación para el periodo objeto de análisis.

Por lo tanto, el referido interregno se desestimará y no será incluido en el cómputo
de los tiempos para acceder a la prestación, esto al considerar que para el mismo
no fue posible determinar la naturaleza de la vinculación, toda vez que no se
encuentra el decreto de nombramiento, ni el acta de posesión, y el certificado
allegado que atribuyó una categoría nacional no resulto ser inequívoco por las
razones expuestas.

• Periodo IV: del 29 de octubre de 1993 al 4 de agosto de 2015

Para la acreditación del lapso referido, en el plenario reposa el Formato Único para
la Expedición del Certificado de Historia Laboral emitido 4 de agosto de 201520, y
efectivamente se tiene demostrado que el demandante laboró desde el 29 de
octubre de 1993 al menos hasta la fecha de expedición del certificado, el 4 de agosto
de 2015, pues se indica que el docente seguía activo en el servicio.

Se aportó también el Certificado de Tiempo de Servicio No. 59.950 mencionado
previamente, el cual además de confirmar la fecha en la que inició el educador sus
labores, indica también que el vínculo del nombramiento efectuado por el Decreto
040 del 29 de octubre de 1993 fue nacional.

Dicho esto, se procede a examinar el tipo de plaza ocupada, sobre la cual se
destaca que en el expediente reposa el Decreto 040 del 29 de octubre de 199321
expedido por el acalde de Ambalema en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que:

«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la

19 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá,
de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier
momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una
situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares. […]»
20 Folios 155 a 156.
21
Ver índice 2, expediente digital, 004_DEMANDA .pdf.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]» (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Recordemos que el alcance de dicho precepto es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, y que además
se deben verificar las causas y contextos de la vinculación para determinar la
connotación de la plaza ocupada.

Pues bien, en el presente caso, no se observa una intervención directa del Ministerio
de Educación Nacional en la vinculación ni el ejercicio de la autoridad territorial en
calidad de representante de la mencionada cartera, por el contrario, sí se evidencia
una participación del delegado ante el FER del Tolima, pues en las consideraciones
del acto administrativo se advierte que dicho funcionario certificó que existe la
disponibilidad presupuestal.

En virtud de lo anterior, se observa que el nombramiento del actor en el interregno
bajo análisis tuvo lugar por decisión del alcalde de la entidad territorial, ello con la
indicación de que hubo una intervención del Fondo Educativo Regional del
departamento, por lo que se concluye que la plaza fue creada en cumplimiento del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados del artículo 6. ° de dicha
norma, que establecen:

«ARTÍCULO 6º.- Los recursos de que tratan los artículos anteriores serán
administrados por los Fondos Educativos Regionales, con sujeción a los planes que
establezca el Ministerio de Educación Nacional.»

«ARTÍCULO 10º.- En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el
Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a la Nación, crear nuevas
plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la
previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional.»

A partir de lo expuesto, resulta que el demandante fue maestro oficial nacionalizado
durante el período estudiado y no nacional como lo estimó el tribunal de primera
instancia, para lo cual es adecuado resaltar que el Consejo de Estado21 ha
precisado sobre la primera clasificación aludida que: «El carácter nacionalizado de la
designación […] encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone
que son nacionalizados aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975».

Ahora, si bien para este período el certificado de tiempo de servicio sostiene que la
relación legal y reglamentaria fue nacional, confirmando tal situación el a quo, lo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

cierto es que en ningún aparte del acto administrativo de nombramiento se advierte
que el cargo ejercido por el reclamante corresponda a una plaza creada por el
Ministerio de Educación Nacional, por el contrario, lo que se verifica en el lapso bajo
estudio es que: i) la posición a desempeñar está prevista en la planta de personal
de la entidad territorial en comento, pero creada o autorizada para suplirse por la
aprobación del respectivo Fondo Educativo Regional; ii) existe intervención del
delegado del Ministerio de Educación, sin que ello signifique necesariamente que el
docente sea del orden nacional, más aún cuando se observa que el trámite de
vinculación fue realizado ante la máxima autoridad administrativa del departamento;
y en todo caso, iii) la decisión fue proferida en una fecha posterior al 1.° de enero
de 1976 cuando estuvo vigente el proceso de nacionalización de la educación en
virtud de la Ley 43 de 1975.

Sumado a lo anterior, es necesario pronunciarse sobre la indebida interpretación en
la que incurre el fallo apelado al considerar como nacional el tiempo laborado por
tener en cuenta el inciso 2º del numeral 1º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el
cual dispone que las vinculaciones posteriores al 31 de diciembre de 1989 se rigen
por el régimen prestacional aplicable a los servidores nacionales, pues, tal y como
se coligió para las calificaciones del vínculo que incorrectamente se realizan a partir
del régimen pensional avalado en los formatos únicos para la expedición de historia
laboral, lo mismo aplica para este caso, ya que independientemente del régimen
pensional o prestacional que le aplique a un docente, este no determina de ninguna
manera la naturaleza de la plaza ocupada por un maestro.

Por otro lado, también es importante traer a colación el argumento expuesto por el
recurrente respecto a la mutación del vínculo nacional a uno territorial, esto como
efecto de la descentralización de la educación; pues sobre este punto, en casos
similares esta Corporación24 ha manifestado que, si bien es cierto que la
descentralización educativa en Colombia tanto de Ley 60 de 1993 como de la 715
de 2001 conllevó el traslado e incorporación del personal docente a las entidades
territoriales certificadas en educación, y que por lo tanto la administración del
servicio y de dichos empleados terminó radicada en las referidas autoridades, tales
condiciones no generaron un cambio en la naturaleza de la vinculación inicial de los
educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso, por tanto,
estos docentes incluidos en una nueva planta mantendrían el mismo tipo de
vinculación que ostentaban de manera inicial y sin solución de continuidad.

Así las cosas, carece de asidero lo expuesto por el demandante en su recurso de
apelación al conceptuar sobre una mutación de la plaza que para los casos de
incorporación no aplica, y resulta su punto de vista respecto a la descentralización
de la educación totalmente distante de sus demás juicios, ya que aceptó de esta
manera una posible vinculación nacional de la cual se desprende la supuesta

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

mutación que alegó, dando entender de esta manera una posición flexible y
conveniente del origen de su vínculo docente.

Ahora bien, en cuanto al cómputo de periodos para el reconocimiento de la pensión,
aunque en principio debería considerarse como límite temporal para el mismo la
fecha en la que se realizó la solicitud ante la UGPP, para la cual contaba el
demandante con 18 años, 10 meses y 21 días, descendiendo al caso en particular
del accionante, a partir de los documentos allegados se observa que el docente con
la plena convicción de cumplir con la totalidad de las exigencias para acceder al
derecho que le fue negado, acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso -
Administrativo para que la prestación alegada le fuera reconocida, pues contó con
una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y desempeñó sus labores por
más de 30 años antes del agotamiento de la vía gubernativa.

Sin embargo, del análisis de los medios de prueba legalmente recaudados en el
proceso judicial no pudo demostrarse el tipo de vínculo en el lapso trabajado entre
el 6 de octubre de 1981 y el 28 de octubre de 1993, y por esta razón se prescindió
del mencionado periodo, desestimando 12 años y 22 días, tiempo considerable que
generó en el actor un pleno y real convencimiento para justificar la calidad de
acreedor de la pensión gracia que argumentó.

Descontado el referido tiempo del total trabajado previo a la petición a la entidad, al
reclamante le faltaba 1 año, 1 mes y 9 días para acreditar los 20 exigidos por la
norma, lo que en aplicación del privilegio de decisión previa de la administración
implicaría en estricto sentido negar su derecho por no demostrar el cumplimiento de
un requisito esencial de la pensión gracia al momento de la petición, esto a pesar
de que el educador continuara con la prestación de sus servicios y que cumpliera el
tiempo mínimo de forma posterior a la reclamación.

No obstante, partiendo del contexto particular en el que se ubica el actor, su caso
debe ser abordado desde un enfoque constitucional por tratarse de una persona de
64 años de edad considerada adulto mayor conforme al artículo 3 de la Ley 1251
de 200822, lo que quiere decir que negar su derecho aplicando la regla de decisión
previa no resulta consecuente con la protección especial que el Estado Social de
Derecho propende para los ciudadanos en condiciones de mayor vulnerabilidad,
como es la situación del demandante.

En atención a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar el bienestar y la
dignidad de dicho grupo poblacional, se ha establecido un marco normativo y
jurisprudencial orientado a la consecución de una protección real y efectiva. Esto
puede observarse con la Ley 2055 de 2020 por medio de la cual se aprueba la
«convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las
personas mayores» y con la que el Estado Colombiano asumió compromisos

22
“Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más.”

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

orientados a «promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y
ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión,
integración y participación en la sociedad».

Entre los deberes generales de los estados parte se estableció la adopción y el
fortalecimiento de medidas judiciales que le permitan a la persona mayor el efectivo
acceso a la administración de justicia en atención al trato diferenciado y preferencial
del que gozan, incluso se contempló la viabilidad de realizar ajustes a los
procedimientos en los procesos judiciales y administrativos para asegurar la
salvaguarda de sus derechos, sobre el particular en el artículo 31 señaló que:

«[…] La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro
de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso
efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la
adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y
administrativos en cualquiera de sus etapas.

Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento
preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las
decisiones en procesos administrativos y judiciales. […]»(líneas intencionales).

Por su parte, la Corte Constitucional se ha encargado de construir un precedente
jurisprudencial en cuanto al enfoque preferencial aplicable a las personas mayores
de 60 años, y en diferentes oportunidades ha reafirmado el principio de protección
especial para ellas23 debido a la situación de desventaja en la que se encuentran
por la pérdida de sus capacidades causada por el paso de los años.

A su vez, en cuanto al componente económico, la sentencia SU- 273 de 202224 puso
de presente la debilidad manifiesta de los adultos mayores y la ausencia de fuentes

23
En Sentencia SU-508 de 2020 indicó: «[…]Los adultos mayores son sujetos de especial protección, debido
a que se encuentran en una situación de desventaja por la pérdida de sus capacidades causada por el paso de
los años. Según la Corte Constitucional, los adultos mayores sufren del desgaste natural de su organismo y,
con ello, del deterioro progresivo e irreversible de su salud (…) El carácter de especial protección implica, por
una parte, que los derechos fundamentales de los adultos mayores deben interpretarse en concordancia con el
principio de dignidad humana (…) En otras palabras, la defensa de los derechos fundamentales de los adultos
mayores es de relevancia trascendental […]»
24
«[…]Así, la edad avanzada, y el debilitamiento físico y de salud que esta conlleva, sumados a la ausencia de
fuentes de sustento, colocan a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad que reviste de toda
relevancia constitucional. La Sala recuerda que, en virtud de los artículos 13 y 46 de la Carta Política, el Estado,
la sociedad y la familia deben concurrir a la protección y asistencia de las personas de la tercera edad. […]»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

de sustento que conducen a una asistencia especial y diferenciada. En tal sentido,
el alcance de la protección del adulto mayor implica también la garantía de su
mínimo vital tanto en su componente cualitativo como cuantitativo, con el fin de
asegurar la vida digna, la satisfacción de las necesidades básicas y la seguridad
económica de un grupo poblacional que ha perdido su capacidad de trabajo y que
solo puede esperar devengar lo que a nivel prestacional haya causado.

En virtud de lo expuesto, en este contexto específico el juez está llamado a evaluar
las pretensiones desde una perspectiva que priorice el bienestar y la estabilidad
económica del reclamante, y en ese orden de ideas velar en el ámbito judicial por la
efectividad de sus derechos y garantías fundamentales, resolviendo sus demandas
de manera pronta y efectiva en consideración a su expectativa de vida.

Por tanto, no resulta proporcionado ni acorde con los pilares constitucionales que
una persona mayor que comprobó cumplir con las exigencias normativas para
acceder a la pensión gracia tenga que poner en marcha nuevamente una actuación
administrativa para requerir la concesión de su derecho, esto sólo con el objetivo de
que la entidad conozca hechos posteriores a su decisión.

Carga que se encuentra aún más desmedida cuando se conoce de antemano la
línea crítica de la entidad acusada, pues en la contestación de la demanda reiteró
su posición en cuanto a desestimar las pretensiones, pero no por el incumplimiento
del tiempo mínimo sino por la naturaleza de las relaciones legales y reglamentarias
sostenidas por el reclamante, situación que ya fue desvirtuada en el desarrollo de
esta providencia y se concluyó que los vínculos del maestro correspondían a una
calidad territorial compatible con la pensión gracia.

Ahora, esta Sala aclara que no busca con esta providencia fijar una regla que
permita que no se cumpla con la totalidad de los requisitos para acceder al beneficio
pensional al momento de elevar la petición, sino de una excepción aplicable sólo al
caso puntual que encuentra fundamento al considerar la buena fe con la que el
demandante pretendió el reconocimiento de su derecho y que lo motivó a presentar
su solicitud, así como la relevancia constitucional que cobija al actor quien es sujeto
de especial protección por ser adulto mayor, y finalmente porque pese a no cumplir
con la exigencia de los 20 años en el servicio antes de pedir su derecho ante la
entidad, continuó laborando en virtud del mismo vínculo que fue analizado
previamente en sede administrativa.

Este trato diferenciado se soporta también en consonancia con el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal que trae el artículo 22825 de la
Constitución Política, cuyo propósito es garantizar un acceso a la administración de

25 Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

justicia sin obstáculos ni impedimentos que puedan ser suscitados por las
formalidades inherentes a los procesos judiciales; precepto al que ya ha acudido
esta Corporación tanto en procesos ordinarios como en vía tutela para anteponer el
ordenamiento jurídico sustancial sobre el procesal administrativo cuando está en
discusión el derecho de un sujeto merecedor de especial protección.26

Por consiguiente, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo
laborado por el demandante como docente nacionalizado aun después de la
petición, esto es, durante el lapso transcurrido entre el del 29 de octubre de 1993
al 4 de agosto de 2015 (21 años, 9 meses y 4 días), resulta válido computar este
lapso junto a los analizados previamente, al punto de que se tiene demostrado que
el actor sí satisfizo el requisito de cumplir más de 20 años al servicio educativo como
maestro con vinculaciones compatibles con la esencia de la pensión gracia, pues
sumados todos da un resultado total de servicio de 23 años, 10 meses y 27 días.

Sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar alguna vinculación
en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas con anterioridad, ello
previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin dificultad del hecho de
que el actor efectivamente se desempeñó como tal al servicio del departamento de
Cundinamarca bajo relaciones legales y reglamentarias del orden territorial desde
el 25 de agosto de 1980 hasta el 4 de abril de 1981, es decir, en períodos anteriores
a la primera fecha en comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto
de análisis.

En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta del accionante, entendida como el ejercicio del cargo con honradez
y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede administrativa,
ni en primera instancia ni mucho menos mediante el recurso de apelación analizado
en esta oportunidad, por lo que se presume la buena fe del interesado en cuanto a
la acreditación de este requerimiento normativo.

Con base en lo expuesto, la providencia apelada será revocada en orden de
conceder las pretensiones de la demanda, siendo a su vez necesario efectuar un
examen sobre el fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.

Análisis de la prescripción

Sobre el particular, el Consejo de Estado27 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se

26 Sentencia de tutela del 15 de enero de 2018 con radicado 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC) y auto del
23 de marzo de 2023 con radicado 17001-23-33-000-2019-00456-01 (5351-2022).
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15

de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.

Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 6
de septiembre de 201228 cuando el actora acreditó los 20 años de servicio, esto
es, posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (16 de julio de 2010), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.

Ahora bien, tal como se verifica de la parte considerativa de la Resolución UGM
021130 del 19 de diciembre de 201129, el señor Rafael Peña reclamó el 26 de julio
de 2011 ante la parte demandada el derecho pensional en mención, y a su vez,
interpuso la demanda el 25 de noviembre de 202030, esto es, por fuera de los 3 años
siguientes a la fecha de interrupción del fenómeno bajo estudio, por lo que, en el
presente caso, es claro que se configuró la excepción en comento y en
consecuencia se declarará probada en las mesadas anteriores al 25 de noviembre
de 2017, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por el
demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 6 de septiembre de 2011 y el 5 de septiembre de 2012, con
efectividad desde 6 de septiembre de 2012, pero con efectos fiscales desde el 25
de noviembre de 2017 por prescripción trienal de mesadas.

La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».31

28
Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DIAS
25/08/1980 11/11/1981 1 1 23
29/10/1993 06/09/2012 18 10 7
TOTAL TIEMPO 19+1= 20 AÑOS 11+ 1= 12 (1 AÑO) 30 (1 MES)

29 Ver archivo 004_DEMANDA .pdf, del expediente digital.
30 Ver sello de radicación en el mismo archivo.
31 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)

del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda
sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en
el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar
si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable, siempre y
cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011, pues para estos efectos existe la referida norma especial que
debe ser aplicada en su integridad.

En el presente caso, pese a que se está revocando la decisión apelada, la Sala en
consideración al numeral 4. ° del artículo 365 del CGP32, y observando los
fundamentos planteados en la contestación de la demanda y en las demás
actuaciones, considera que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las

32
Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada
a pagar las costas de ambas instancias.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

instancias, pues no se advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario,
la parte demandada expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus
intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones UGM 021130 del 19
de diciembre de 2011 y UGM 028363 del 23 de enero de 2012, por medio de las
cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia y se confirmó dicha
decisión al resolver el recurso de reposición.

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del señor
Rafael Ernesto Peña ello en cuantía del 75% del promedio de los factores salariales
devengados por este en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el entre el 6 de septiembre de 2011 y el 5 de septiembre de
2012, con efectividad desde 6 de septiembre de 2012, pero con efectos fiscales
desde el 25 de noviembre de 2017 por prescripción trienal de mesadas.

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará conforme a las
previsiones planteadas en la parte considerativa del fallo.

CUARTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.

QUINTO: RECONOCER personería al abogado Omar Trujillo Polania, portador de
la tarjeta profesional 201.792, quien a su vez es el representante legal de Trujillo
Polania & Asociados S.A.S., persona jurídica identificada con NIT 901.054.232-2,
apoderada judicial de la UGPP conforme al poder conferido mediante escritura
pública visible en el índice 19 de la plataforma SAMAI.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23

Radicado: 73001-23-33-000-2020-00437-01 (5345-2022)

SEXTO: RECONOCER personería a la abogada María Camila Camargo Rueda,
portadora de la tarjeta profesional 340.484, en calidad de apoderada sustituta de la
UGPP conforme al memorial en el índice 19 de la plataforma SAMAI.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.