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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00279-02

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2021-00279-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lilian Marcela Burbano Torres contra la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 14 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 19 001 23 33 000 2021 00279 01 (5015-2024) Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2021-00279-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 19 001 23 33 000 2021 00279 01 (5015-2024)
Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres
Demandado: La Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Homologación y nivelación salarial
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia de fecha 4 de julio de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la accionada.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

• Anular la Resolución DESAJPOR19-1649 del 17 de septiembre de 2020,1 a
través de la cual el Director Seccional de Administración Judicial de Popayán
negó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el cargo de “Abogado Asesor grado 23” y el cargo de
“Abogado Asesor de Tribunal Judicial”.

• Anular la Resolución DESAJPOR 20-1748 del 10 de noviembre de 2020,2 que
confirmó en sede de reposición la anterior decisión y concedió la alzada ante
el Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial.

• Anular el acto ficto o presunto de contenido negativo dimanado de la falta de
respuesta al recurso de apelación arriba reseñado.

• Subsidiariamente, inaplicar por inconstitucional la expresión “Grado 23”,
asignada al empleo de “Abogado Asesor” consagrado en el Acuerdo PSAA15-
10402 de 29 de octubre de 2015, proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura.

1 Expediente digital, índice 2 Samai.
2 Expediente digital, índice 2 Samai.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19 001 23 33 000 2021 00279 01 (5015-2024)
Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres

Como restablecimiento del derecho, deprecó:

• Declarar que el cargo que la actora ha venido desempeñando en la Rama
Judicial corresponde al de “Abogado Asesor” de Tribunal Judicial, sin ninguna
denominación o grado diferencial adicional, conforme lo establecido en los
decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional «1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017,
337 de 2018, 991 del 2019 y 299 del 2020 y demás que los modifiquen,
sustituyan o adicionen».

• Declarar que las remuneraciones salariales mensuales de la accionante deben
ser las establecidas para el empleo de “Abogado Asesor” en los decretos
citados anteriormente.

• Condenar a la accionada a reconocer y pagar las diferencias salariales y
prestacionales causadas entre lo que la accionante debió percibir en el empleo
de Abogado Asesor de Tribunal Judicial y lo que realmente devengó en el
cargo de Abogado Asesor Grado 23.

• Ordenar a la demandada cumplir la sentencia en los términos de los artículos
187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

• Condenar en costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

La señora Lilian Marcela Burbano Torres se encuentra vinculada a la Rama
Judicial ocupando el cargo de “Abogado Asesor Grado 23” desde el 1.° de
septiembre de 2016 hasta la fecha de presentación de la demanda. Ese cargo
fue creado con carácter permanente a través del Acuerdo PSAA15-10402 de 29
de octubre de 2015, dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura.

La demandante pertenece al “régimen de acogidos” por lo que en materia salarial
y prestacional le son aplicables los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024
de 2013, 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018,
991 del 2019 y 299 del 2020, expedidos por el Gobierno Nacional con base en la
Ley 4 de 1992.

Que al revisar las normas que regulan el régimen salarial y prestacional de la
Rama Judicial solo se detectó el cargo de “Abogado Asesor”, por lo que el
Consejo Superior de la Judicatura, so pretexto de reducir la asignación salarial,
le asignó el grado 23, pasando por alto que la competencia en esta materia la
detenta el Gobierno Nacional.

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Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres

El 28 de agosto de 2020, la demandante solicitó a la entidad demandada la
inaplicación por inconstitucionalidad de la expresión “Abogado Asesor Grado 23”
contenida en el Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, así como el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales causadas
entre lo que la accionante debió percibir en el empleo de Abogado Asesor de
Tribunal Judicial y lo que realmente devengó en el cargo de Abogado Asesor
Grado 23.

A través de Resolución DESAJPOR19-1649 del 17 de septiembre de 2020, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán negó lo
solicitado por la señora Burbano Torres.

Contra la anterior decisión la demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación el 1.° de octubre de 2020. Por Resolución DESAJPOR 20-
1748 del 10 de noviembre de 2020, se confirmó aquella decisión.

A la fecha en que la demanda fue radicada, no se había notificado a la actora
ninguna decisión frente al recurso de apelación, por lo que se configuró el silencio
administrativo negativo.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

Para el abogado de la parte demandante, las decisiones sometidas a juicio
vulneraron las siguientes disposiciones:

• Artículos 1, 2, 4, 5, 9, 13, 25, 29, 53, 93, 150 y 209 de la Constitución Política.
• Leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 4 de 1992, 270 de 1996, 319 de 1996 y 1496
de 2011.
• Decretos 1950 de 1973, 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de
2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018, 991 del 2019
y 299 del 2020 y demás que los modifiquen, sustituyan o adicionen.

Al desarrollar el concepto de violación, invocó los cargos de nulidad que se
sintetizan a continuación:

• Infracción de la norma en que debió fundarse la decisión. Fundada en el
hecho según el cual, si a través de los decretos anuales de reajuste salarial el
ejecutivo nacional había fijado la remuneración mensual del empleo de “Abogado
Asesor”, no podía la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
asignar, a través del Acuerdo PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015, un grado
a dicho cargo, so pretexto de regular sus ingresos mensuales, pues con ello
desconoce las competencias que, sobre la materia, detenta el ejecutivo nacional.

• Falsa motivación. Sustentado en que los actos administrativos demandados
no se encuentran ajustados a derecho, en razón a que fueron motivados en los
diversos Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura que, como

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19 001 23 33 000 2021 00279 01 (5015-2024)
Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres

quedó anotado, desconocieron las competencias constitucionales y legales del
presidente de la República frente al régimen salarial y prestacional de los
servidores judiciales.

• Falta de competencia. Consistente en que la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura desconoció que el presidente de la República es la
autoridad facultada para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, entre los que se destacan los adscritos a la Rama Judicial; potestad que
debe ejercer con estricto apego a las reglas definidas en la respectiva ley marco
emitida por el Congreso de la República.

Por tanto, con esa actuación, desconoció la prohibición inveterada consignada
en todos los decretos anuales de reajuste salarial según la cual «[n]inguna
autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido
por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de
todo efecto y no creará derechos adquiridos.»

Finalmente, alegó que la Sala Administrativa se excedió en el cumplimiento de la
atribución regulada en el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 pues, aunque le es
permitido crear los empleos que estime convenientes para la buena marcha de
la administración de justicia -fijando sus funciones y requisitos mínimos de
acceso-, no podía asignarle un grado a un empleo innominado previamente
definido por el ejecutivo nacional, dado que esa acción disminuyó los valores de
sus asignaciones salariales y prestacionales en comparación con el cargo de
“Abogado Asesor”.

1.4 Contestación de la demanda.

Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda,3
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como
argumentos de defensa, invocó los siguientes:

• El Consejo Superior de la Judicatura es autónomo para tomar las medidas
necesarias dirigidas al mejoramiento del servicio de administración de Justicia,
entre ellas, fijar la planta de cargos y crear, modificar o suprimir los empleos
que las necesidades del servicio así lo determinen, todo ello conforme lo
reglado en el artículo 257 de la Constitución Política.

• La Ley Estatutaria de Administración de Justicia facultó a la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura para implementar el plan de
descongestión judicial y, con base en él, crear los respectivos cargos
transitorios para cumplir con esa misión.

3 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres

En ejercicio de esa atribución, consideró que el empleo de “Abogado Asesor
Grado 23” era el más adecuado para apoyar la descongestión en los tribunales
judiciales del país, ocupación que difería del “Abogado Asesor” con quien no
compartía las mismas funciones y/o responsabilidades.

Por tanto, la actora no puede pretender la inaplicación de la expresión “Grado
23” contenida en el Acuerdo de creación de aquél puesto de trabajo, pues se
desconocería no solo la autonomía e independencia que detenta el Consejo
Superior de la Judicatura para crear cargos judiciales, sino también se pasarían
por altos los estudios técnicos y de costos económicos adelantados con ese fin.

• En los tribunales superiores y administrativos no existe el cargo de “Abogado
Asesor” sino el empleo concebido en los diferentes Acuerdos proferidos por la
Sala Administrativa, los cuales, en su mayoría, se enmarcaron en el plan de
descongestión judicial que ya no se encuentra vigente.

Con sustento en las argumentaciones expuestas, formuló la excepción de “falta
de causa para demandar”.

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia fechada 4 de julio de 2024,4 el Tribunal Administrativo del
Cauca accedió a las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte
accionada.

Con tales fines, luego de referenciar: i) el régimen salarial y prestacional de los
servidores públicos y, especialmente el atinente a los empleados de la Rama
Judicial; ii) las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura frente la planta
de personal de esa institución y; iii) la sentencia de unificación que sobre este
asunto fue emitida el 2 de noviembre de 2023 (SUJ-033-CE-S2- 2023), concluyó:

• En este asunto deben aplicarse las reglas de unificación vertidas en la
sentencia SUJ-033-CE-S2-2023 proferida el 2 de noviembre de 2023. Por
tanto, como el cargo de “Abogado Asesor Grado 23” adscrito a los despachos
de magistrado de los Tribunales Superiores y Administrativos se encuentra
dentro del listado de empleos nominados en los distintos decretos expedidos
por el presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la
Ley 4ª de 1992, la ocupación de la actora debe remunerarse de conformidad
con lo establecido en el artículo 4.° del Decreto 194 de 2014 y demás normas
posteriores que regulan la materia.

• La demandada, so pretexto de cumplir con las facultades de creación de
cargos judiciales, no podía arrogarse las competencias del ejecutivo nacional
para asignarle un grado o calificativo a un empleo nominado, pues con ello

4 Expediente digital, índice 2 SAMAI.

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disminuyó injustificadamente sus ingresos salariales y prestacionales en
comparación con el puesto de trabajo de “Abogado Asesor”.

• Aunque a través del Acuerdo PCSJA22–11968 del 30 de junio de 2022, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura varió aquella
denominación por la “profesional universitario grado 23”, esa modificación
mantuvo la reducción salarial y prestacional a la que se ha hecho referencia,
pues solo cristalizó el cambio de nombre y no el de las funciones,
responsabilidades y requisitos mínimos para su acceso, tal y como lo concluyó
el Consejo de Estado en la reseñada providencia unificadora.

• Se configuró la prescripción parcial de los derechos exigidos, pues la actora
se vinculó al cargo de “Abogado Asesor Grado 23” el 1.° de septiembre de
2016, mientras que la reclamación administrativa fue presentada el 28 de
agosto de 2020. Por ende, las diferencias salariales causadas con anterioridad
al 28 de agosto de 2017 se encuentran prescritas.

1.6 Recurso de apelación.

Oportunamente, el abogado sustituto de la parte demandada apeló la sentencia
de marras.5 En su intervención, censuró que el a quo haya accedido a las
pretensiones de la demanda pues, a su juicio:

• El Consejo Superior de la Judicatura es autónomo para tomar decisiones
encaminadas a mejorar el funcionamiento de la administración de Justicia,
entre ellas: la creación, modificación o supresión de cargos. Ello, atendiendo
la potestad reglamentaria en determinadas y precisas materias, en tanto
constitucional y legalmente puede expedir reglamentos generales de tipo
ejecutivo, independiente y normativo.

• El Consejo Superior de la Judicatura, previo examen de las necesidades de la
administración de justicia, está autorizado para adoptar las medidas tendientes
a garantizar el mejoramiento del servicio, entre ellas, se destaca la creación,
modificación o supresión de cargos, tal como lo ha reconocido la Corte
Constitucional -sentencia C-507 de 2014-.

• Los numerales 9 y 12 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, atribuyeron a la
Sala Administrativa de esa Corporación la potestad para crear cargos en el
marco de los planes de descongestión judicial, por lo que el empleo ejercido
por la demandante es de creación legal y, por ende, no puede, so pretexto de
obtener un beneficio personal, sacrificar los intereses públicos perseguidos
con esas medidas.

En consecuencia, en ejercicio de esas competencias, se consideró oportuno

5 Expediente digital, índice 2 de la plataforma SAMAI.

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crear el empleo de “Abogado Asesor Grado 23”, como instrumento para apoyar
la labor de descongestión en los tribunales judiciales, ocupación que no tiene
ninguna relación con el cargo de “Abogado Asesor”, dadas las funciones y
responsabilidades asignadas a unos y otros.

• La atribución a que se ha hecho referencia, le permite a ese colegiado crear
los cargos y determinar su nivel y denominación; de ahí que el empleo en
reseña se identifique como “Abogado Asesor Grado 23” y no “Abogado
Asesor”, diferencia que incide en la asignación salarial de unos y otros. Por
tanto, la actora no puede pretender anular el vocablo “Grado 23” para ver
aumentados sus ingresos mensuales. Además, el Acuerdo que creó esa plaza
goza de presunción de legalidad, pues no ha sido anulada por la autoridad
judicial competente.

• Los argumentos esbozados por la parte demandante para solicitar la
inaplicación por inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015,
guardan relación con la inaplicación por ilegalidad, en tanto ataca la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura para crear cargos al interior
de la Rama Judicial, petición que debió encausarse a través del medio de
control de nulidad simple.

• No se probó la similitud de funciones y responsabilidades entre los cargos
equiparados, razón suficiente para revocar la sentencia de primer grado.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 15 de noviembre de
2024,6 se admitió el citado recurso de apelación.

1.7.2 El pronunciamiento de las partes y del agente del ministerio público.

Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, no se registraron actuaciones de ningún interviniente.7

1.8 El control de legalidad.8

Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad
que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la
alzada, previas las siguientes:

6 Expediente digital, índice 4 de la plataforma SAMAI de segunda instancia.
7 En el índice 10 de la plataforma SAMAI reposa concepto de fondo de la Procuradora Segunda Delegada

ante esta Corporación, allegado el mismo día en que el expediente pasó al despacho para fallo, pero con
posterioridad a dicho ingreso. Por ende, se estima su extemporaneidad, de acuerdo con lo establecido en
el numeral 6.° del artículo 247 del CPACA.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá

el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

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II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Esta Sala de Subsección es competente para resolver el aludido recurso de
apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,10 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandada, en su condición de apelante
único.

2.3 Problema jurídico.

Incumbe a la Sala determinar sí ¿La Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura se encuentra facultada para asignar a los cargos nominados
códigos y grados distintos a los señalados por el Gobierno Nacional cuando fijó
el régimen salarial y prestacional de esa institución?

En camino de resolución de ese interrogante, se recuerda que la Sala Plena de
esta Sección unificó su jurisprudencia en esta materia,11 razón por la que, en
primer lugar, se referenciará su contenido y alcance y, en segundo lugar, se
examinará si los sustratos fácticos y jurídicos del sub judice guardan relación con
la litis decidida en aquella oportunidad.

2.4 Marco normativo y jurisprudencial.

2.4.1 De la sentencia de unificación jurisprudencial frente a la remuneración
salarial del cargo de “Abogado Asesor Grado 23” de los tribunales
judiciales.

En sentencia de fecha 2 de noviembre de 2023,12 esta Subsección, al resolver la
el recurso de apelación impetrado por la Rama Judicial contra la sentencia de

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
11 Sentencia de 2 de noviembre de 2023, expediente No. 08001-23-33-000-2018-00529-01 (3071-2019),

demandante: Orlando José Jiménez Cerra, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández.
12 Ejusdem.

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Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres

primera instancia que la condenó a nivelar salarialmente a un empleado
designado en el cargo de Abogado Asesor Grado 23, frente a lo devengado por
un Abogado Asesor, fijó la siguiente regla de unificación jurisprudencial:

«PRIMERO.- UNIFICAR la jurisprudencia en el sentido de señalar que “El Consejo
Superior de la Judicatura carece de competencia para asignar a los cargos
nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en el
Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional
en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados de la rama
judicial. Esta potestad corresponde al presidente de la República en desarrollo de
las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992. En consecuencia, la remuneración
del cargo de “abogado asesor” grado 23 de los Tribunales Administrativos, es la
fijada para el «abogado asesor» en los decretos anuales expedidos por el gobierno
nacional sobre la materia”».

Para ello, luego de referenciar: i) el marco normativo que regula el “salario”; ii) la
competencia del Consejo Superior de la Judicatura frente a la carrera judicial y;
iii) la remuneración económica del empleo de “Abogado Asesor” contenida en el
Decreto 57 de 1993, así como en los decretos anuales de reajuste salarial
dictados entre los años 2011 y 2022, concluyó que:

«[…] 133. En ese orden se concluye que si bien el Consejo Superior de la
Judicatura cuenta con la facultad para crear cargos en la Rama Judicial en atención
al artículo 257 de la Ley 270 de 1996, no obstante, no puede desconocer las
facultades dadas al presidente de la República en la Ley 4ª de 1992 y con ello las
pautas dadas en los Decretos presidenciales 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de
2013 y 194 de 2014, que ya habían señalado cómo debían remunerarse los
cargos de “abogado asesor”.

134. En este entendido, la remuneración de los cargos cuya denominación se
encuentre expresamente establecida en los decretos anuales que fijan el régimen
Salarial y prestacional de la Rama Judicial, debe atender a las escalas salariales
allí señaladas. Frente a los mismos es ilegal, tanto asignarles grados o códigos
adicionales, como establecerles otro tipo de remuneración diferente, toda vez que
Ello va en contra del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política
que autorizó al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de
los empleados públicos, siempre y cuando se sujetara a los objetivos y criterios
establecidos por el legislativo, que en este caso corresponde a la Ley 4 de 1992,
a través de la cual se fijaron los criterios a los que debe ceñirse el Gobierno
Nacional al determinar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos,
entre ellos, a los de la Rama Judicial.

135. Por tanto, la remuneración del cargo de “abogado asesor” grado 23 de
Tribunales Administrativos, se encuentra dentro listado de los cargos
nominados en los Decretos expedidos por el presidente de la República en
uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de 1992, por lo que su labor
debe remunerarse de acuerdo con el artículo 4.° de los Decretos 1039 de
2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de 2014, sin que sea aceptable que el
Consejo Superior de la Judicatura pueda variar la denominación
contemplada en el artículo 3.º, numeral 2.° del Decreto 57 de 1993, lo cual
resulta ilegal e inconstitucional, pues al agregar el “grado 23” al cargo
denominado “abogado asesor”, afectó negativamente la remuneración
salarial y prestacional del mismo».

Así entonces, es claro que a partir del Decreto 57 de 1993 «por el cual se dictan

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 19 001 23 33 000 2021 00279 01 (5015-2024)
Demandante: Lilian Marcela Burbano Torres

normas sobre el Régimen Salarial y Prestacional para los servidores públicos de
la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar y se dictan otras disposiciones», el
Gobierno Nacional, al ordenar los reajustes anuales de los salarios de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, estableció dos parámetros para
fijar las respectivas escalas remunerativas a saber: i) uno principal, que se
concreta en la identificación del cargo respectivo o, lo que es lo mismo, con los
“cargos nominados” y; ii) uno residual, que se precisa a través de aquellos
empleos que, aunque están nominados en la planta de personal, no se
encuentran enlistados en los decretos dictados por el Gobierno Nacional, lo que
conlleva a identificarlos por su número de grado.

Solo por citar un ejemplo, en el artículo 4.° del Decreto 194 de 2014, contentivo
del reajuste anual del año 2014, el ejecutivo nacional identificó los diferentes
despachos judiciales y los cargos adscritos a cada uno de ellos, señalándoles a
continuación su respectiva remuneración mensual -Magistrado Auxiliar,
Secretario General, Director Administrativo, Relator, Oficial Mayor, entre otros-.
Esta consagración materializa el parámetro principal para la determinación de
la escala salarial.

Por su parte, el artículo 6.° ejusdem, estableció un esquema remunerativo que,
antes que guiarse por los nombres de los correspondientes empleos, toma en
consideración el grado asignado al mismo, el cual va desde el número 1 hasta el
número 33. En consecuencia, cuando un empleo de la Rama Judicial no esté
enlistado con nombre propio en el decreto anual de reajuste salarial, debe
buscarse su grado en el listado posterior, para conocer el valor de su asignación
mensual. La anterior estipulación constituye el parámetro residual arriba
indicado.

Corolario, y de acuerdo con las consideraciones vertidas en la sentencia de
marras, cuando un cargo se encuentra claramente determinado en la respectiva
escala salarial, no es posible adicionarle elementos tales como códigos o grados
para aumentar o disminuir su remuneración mensual, pues esta atribución es de
competencia exclusiva del Gobierno Nacional.

Ahora bien, merece destacarse que mediante Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022,
el Consejo Superior de la Judicatura varió la denominación del empleo de
“Abogado Asesor Grado 23” por el de “Profesional Especializado Grado 23”,
sin modificar los requisitos y la escala salarial fijada para el grado 23, y sin afectar
los derechos salariales y prestacionales de quienes venían ejerciendo aquellos
cargos.

Sobre el particular, en la sentencia de unificación que se viene citando, esta
Corporación aclaró que, aunque ese Acuerdo no fue sometido a juicio -pues fue
expedido en fecha posterior a la radicación de la demanda-, si sería objeto de
análisis y decisión, pues produjo efectos jurídicos sobre la situación salarial y
prestacional del entonces demandante, constituyéndose en un hecho

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modificativo de la condición jurídica debatida en el sub lite, que activa la
aplicación del principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código
General del Proceso.

Para mayor claridad de lo expresado, se transcriben a continuación los apartados
pertinentes relacionados con este hecho:

«[…] 50. En consecuencia, es evidente que el Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30
de junio de 2022 al modificar la denominación del cargo de “abogado asesor grado
23” establecido en el Acuerdo PSAA 11-8346 del 29 de julio de 2011, impone a la
Sala la necesidad de pronunciarse sobre el mismo, al producir efectos jurídicos
desde el 1.° de julio de 2022, precisamente por las consecuencias de orden salarial
y prestacional que de él se derivan y que tienen relación intrínseca con las
pretensiones de la demanda.

51. Asumir su estudio, atiende al principio de congruencia de la sentencia, toda
vez que el artículo 281 del CGP contempla la posibilidad de tener en cuenta hechos
sobrevinientes probados que modifiquen la situación jurídica debatida, tal como se
aprecia de la norma referida, así […]

52. En este caso, se dan los presupuestos del hecho modificativo del derecho
sustancial, siendo imprescindible analizarlo de oficio, por lo que, se integrará al
objeto del litigio, bajo el espectro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, por sus efectos particulares, con el propósito de evitar que, una vez
proferido el fallo se genere incertidumbre frente a los efectos del acto en la materia
de análisis.

53. La anterior decisión se encuentra acorde con el respeto al debido proceso y al
derecho de defensa, pues si bien el hecho modificativo ocurrió estando el proceso
para fallo, es producto de la voluntad de la entidad accionada Consejo Superior de
la Judicatura que profirió el mencionado Acuerdo PCSJA22 – 11968 del 30 de junio
de 2022 y, que en cumplimiento del auto de mejor proveer del 9 de marzo de 2023
tuvo oportunidad de remitir los documentos, certificaciones y soportes que le fueron
solicitados en relación con el cargo de profesional especializado grado 23.

[…]

158. En el sub lite, no se dan ninguna de las condiciones señaladas en la
providencia en cita, que permitan concluir que existe un parámetro objetivo,
discernible y razonable que justifique la medida adoptada por el Consejo Superior
de la Judicatura que pretende mantener la remuneración salarial del grado 23 para
quienes se venían desempeñando como abogado asesor grado 23 de tribunal,
cuando, como se vio, su remuneración corresponde a la de abogado asesor
nominado de Tribunal.

159. En efecto, la misma entidad indicó que no existía diferencia entre los cargos
de abogado asesor grado 23 y profesional especializado grado 23, toda vez que
(i) los requisitos para su ejercicio son los mismos, (ii) no ocurrió algún cambio en
cuanto a las funciones que venían desempeñando los abogados asesores grado
23 y (iii) no se les asignó ningún tipo de responsabilidad adicional.

160. Tampoco se evidencia que se hayan establecido criterios de desempeño y
evaluación que justifiquen la diferencia con lo que se colige que esta decisión del
Consejo Superior de la Judicatura entra en clara contradicción con el principio de
seguridad jurídica al desconocer los numerosos pronunciamientos de la
jurisdicción en los que se ha ordenado, en casos similares, efectuar la

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remuneración de la labor de los “abogados asesores grado 23” de Tribunal
Administrativo de acuerdo con el cargo de “abogado asesor nominado”, en los
términos de la escala salarial principal establecida en el artículo 4.° de los Decretos
expedidos por el presidente de la República.

161. En línea con esta argumentación se concluye que quienes venían
desempeñándose como abogados asesores grado 23 de Tribunal
Administrativo deben continuar siendo remunerados como abogado asesor
nominado de Tribunal, al advertirse que siguen desempeñando las mismas
funciones, se les exigen los mismos requisitos, continúan en sus mismos lugares
de trabajo y bajo órdenes del mismo empleador, sin que exista una razón objetiva
y justificable para que se asuma que cambiaron a un cargo diferente con grado 23
y que merecen ser remunerados de acuerdo con la escala salarial de ese grado.

162. Lo anterior, en aplicación de los principios de favorabilidad e irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos el artículo 53 constitucional y de
progresividad y prohibición de regresividad, así como el derecho constitucional al
trabajo en condiciones dignas.

163. En consecuencia, se inaplicará por inconstitucionalidad el Acuerdo PCSJA22-
11968 de 2022, en cuanto dispuso:

“ARTÍCULO 1°. El cargo de Abogado Asesor grado 23 se denominará Profesional
Especializado grado 23 y conservará los requisitos y la escala salarial establecida
para el grado 23, sin afectar los derechos salariales y prestacionales.
ARTÍCULO 2°. Comunicar el presente Acuerdo a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a las direcciones seccionales de administración judicial.
ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir del 1 de julio de 2022 y deroga las
disposiciones que le sean contrarias”.

164. En virtud de lo anterior, se concluye que a partir del 1.° de julio de 2022, el
servidor que venía en el cargo de “abogado asesor grado 23”, y que pasó a
llamarse profesional especializado grado 23 debe ser remunerado como abogado
asesor nominado de Tribunal de acuerdo con los decretos expedidos por el
presidente de la República en uso de las competencias señaladas en la Ley 4ª de
1992, es decir, atendiendo al artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de
2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que expida el gobierno nacional
[…]».

Guiada por esa consideración, la Sala Plena concluyó:

«[…] 176. Ahora, según el análisis de la Sala, los servidores que venían
desempeñándose como “abogados asesores grado 23” de Tribunal
Administrativo deben continuar siendo remunerados, a partir del 1.° de julio de
2022 como abogados asesores nominados de Tribunal. Esto de acuerdo con el
artículo 4.° de los Decretos 1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013 y 194 de
2014 expedidos por el presidente de la República, en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4ª de 1992. Para ello, debe inaplicarse por inconstitucional el
Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022.

177. En este caso, como el señor Orlando José Jiménez Cerra continúa vinculado
a la Rama Judicial en el citado cargo, se impone que, a partir del 1.° de julio de
2022 y mientras permanezca en el mismo, su labor debe continuar siendo
remunerada como abogado asesor nominado de Tribunal de acuerdo con los
decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4ª de 1992, es decir, atendiendo al artículo 4.° de los Decretos
1039 de 2011, 874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 y siguientes que expida
el gobierno nacional. […]».

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De las anteriores consideraciones se concluye que a quienes venían ejerciendo
como “Abogado Asesor Grado 23” y con ocasión al Acuerdo PCSJA22-11968 de
2022, pasaron a desplegar las actividades de “Profesional Especializado Grado
33”, no se les puede limitar su restablecimiento del derecho, por cuanto, como
quedó visto, la variación en la denominación de ese cargo no abarcó los
requisitos de acceso al mismo, sus funciones y/o sus responsabilidades, por lo
que su remuneración salarial deberá ser la reconocida al empleo de “Abogado
Asesor”.

Basada en los anteriores miramientos, la Sala pasa a resolver el caso concreto.

2.5 El caso concreto.

En orden a determinar si las condiciones fácticas y jurídicas en las que se
encuentra la actora se asemejan a la litis decidida en la reseñada sentencia de
unificación, se señalarán las pruebas incorporadas al expediente, así:

• A través de Resolución DESAJPOR19-1649 del 17 de septiembre de 2020,13
el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán denegó
el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales
existentes entre el cargo de “Abogado Asesor grado 23” y el cargo de
“Abogado Asesor de Tribunal Judicial”.

• El 1.° de octubre de 2020, la parte actora recurrió en reposición y en subsidio
apelación14 esa decisión.

• Por Resolución DESAJPOR20-1748 del 10 de noviembre de 2020,15 aquella
dirección confirmó el acto administrativo primigenio y, además, concedió el
recurso de apelación ante el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

• A la fecha de presentación de la demanda, la entidad demandada no había
resuelto el recurso de apelación impetrado.16

• Según certificación fechada 17 de marzo de 2020,17 signada por la
Coordinadora Área de Talento Humano de la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán, la demandante desempeña el cargo de
Abogado Asesor Grado 23 en el Tribunal Administrativo del Cauca desde el
1.° de septiembre de 2016 hasta la fecha de ese documento.

De cara a las reseñadas evidencias, advierte la Sala que la situación resuelta en
la aludida sentencia de unificación es similar a la de la demandante, pues esta:
i) es empleada judicial; ii) desempeña el cargo de “Abogado Asesor Grado 23”

13 Expediente digital, índice 2 Samai.
14 Expediente digital, índice 2 Samai.
15 Expediente digital, índice 2 Samai.
16 Así se afirmó en el líbelo demandatorio.
17 Expediente digital, índice 2 Samai.

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en un tribunal judicial; iii) su empleo es de carácter permanente y hace parte de
la planta de personal de la Rama Judicial; iv) reclamó la nivelación salarial y
prestacional frente a los ingresos del empleo de “Abogado Asesor”.

En consecuencia, la regla unificadora a que se hizo referencia anteriormente,
también resulta aplicable al presente asunto, por lo que esta decisión se ajustará
a la dictada en aquella oportunidad. En tal sentido, la Subsección, ante la
pregunta formulada en el acápite denominado “problema jurídico”, responde que
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura no está facultada
para asignar a los cargos nominados códigos y grados distintos a los señalados
por el Gobierno Nacional cuando fijó el régimen salarial y prestacional de esa
institución -Decreto 57 de 1993 y demás dispositivos contentivos de los reajustes
anuales de salarios-.

Así las cosas, y en vista de que no prosperaron los argumentos de alzada, se
confirmará la sentencia impugnada

2.6 Condena en costas.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el
contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus
intereses, por lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 4 de julio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual accedió a las pretensiones
de la demanda presentada por la señora Lilian Marcela Burbano Torres contra la
Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en
esta providencia.

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TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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