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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2022-00156-02

Fecha
29 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2022-00156-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 19001-23-33-000-2022-00156-02 (0765-2025) Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2022-00156-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

29 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 19001-23-33-000-2022-00156-02 (0765-2025)
Demandante: Clara Inés Bucheli Hernández
Demandada: Fiscalía General de la Nación

Temas: Reconocimiento de prima especial y reliquidación de
prestaciones. Prescripción de valores adeudados a excepción
de aportes a pensión. No se condena por este concepto en
observancia del principio de la no reforma en peor del apelante
único. Condena en costas de primera instancia. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024) por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Clara Inés Bucheli Hernández instauró demanda2 contra la Fiscalía
General de la Nación en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

2. El 17 de febrero de 20203, el conjuez sustanciador en su momento escindió la
demanda de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que admitió en
única instancia el primer medio de control y ordenó remitir lo relacionado con el

1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión
que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
2 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
3 Ibid.

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segundo al Tribunal Administrativo de Cundinamarca4 para que conociera de las
reclamaciones de carácter particular que son las que constituyen el objeto de
estudio en esta oportunidad, y corresponden a las siguientes:

PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio GSA
-31060-20420-608 del 30 de noviembre de 2017, y (ii) Resolución 2-0989 del 9 de
abril de 2018, por medio de las cuales la FGN le negó y confirmó respectivamente
el reconocimiento y pago del 30% de su asignación básica como un componente
adicional a esta con sus efectos para la reliquidación de sus prestaciones sociales
desde el 1.º de enero de 1993 y hasta que se vea reflejado el pago.

4. A título de restablecimiento del derecho, se ordene reconocer y pagar de forma
actualizada con base en el IPC, la prima especial de que trata el artículo 14 de la
Ley 4.ª de 1992, equivalente al 30% de su remuneración mensual como un
componte adicional al salario básico, con sus respectivos efectos económicos en la
reliquidación de las prestaciones sociales liquidadas con inclusión de tal concepto
desde su vinculación con la entidad demandada en calidad de fiscal y mientras siga
activo en el servicio.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida a la Fiscalía General de
la Nación, inicialmente en calidad de asistente de fiscal I desde el 7 de noviembre
de 2007, y luego, a partir del 15 de diciembre de 2008 en adelante en calidad de
fiscal delegada ante jueces municipales y de circuito, al menos hasta la fecha de
presentación de la demanda (12 de septiembre de 2018).

6. Que el 14 de septiembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la prima especial
en un 30% adicional a su salario mensual, así como la reliquidación y pago de la
diferencia del salario básico y el reajuste de sus prestaciones, ello con efectividad
desde la fecha de su nombramiento como fiscal. No obstante, la entidad demandada
le negó lo reclamado mediante los actos reprochados.

4 Se aclara que, pese a que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue remitida al Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, este a su vez la envió por competencia territorial al Tribunal Administrativo del
Cauca, el cual por directrices de descongestión lo remitió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a fin de
que este último dictara la sentencia.

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NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Considera vulnerados: los artículos 2, 4, 6, 9, 13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123,
150 numeral 19 literales e) y f), 189 numeral 11, 209, 228 y 253 de la Constitución
Política; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 del Convenio 95
Sobre la Protección del Salario; 4 del Protocolo de San Salvador; 152 numeral 7 de
la Ley 270 de 1996; 11, 13, 21, 127 y 128 del CST; 1, 2, 3, 4, 10 y 14 de la Ley 4ª
de 1992.

8. Afirma que son derechos adquiridos de los fiscales los relacionados con la prima
especial de servicios reconocida como parte del ingreso base para la liquidación de
la pensión, por lo que la eliminación o modificación de este emolumento mediante
decretos gubernamentales constituye una vulneración de las disposiciones
constitucionales y legales invocadas como transgredidas. Asegura que, además, se
desconoce el principio de irretroactividad de la ley, el cual establece que las normas
no pueden aplicarse de manera retroactiva para afectar situaciones consolidadas
como las que ya tenían los fiscales, por lo que se les afectó también la confianza
legítima, la seguridad jurídica y el principio de favorabilidad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

9. El 16 de diciembre de 2022 fue admitida la demanda.5 La entidad accionada
planteó6 que la prima especial correspondiente al 30% del sueldo mensual,
establecida en la Ley 4.ª de 1992 no es aplicable a los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación, pues esta fue diseñada para magistrados, agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y jueces, pero no incluye a los
fiscales que optaron por el régimen salarial de la entidad establecido en el Decreto
53 de 1993. Destacó que los funcionarios que optaron por este régimen no tienen
derecho a tal emolumento, lo cual ha sido confirmado por el Consejo de Estado en
varias sentencias que anularon artículos de decretos salariales que incluían esta
prima. Propuso la excepción de prescripción.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7

10. El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia del 15 de
agosto de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones, para lo cual declaró la
nulidad de los actos demandados y condenó a la entidad accionada a reconocer y
pagar a favor de la actora la prima especial liquidada como un incremento en un
30% sobre el 100% del salario básico desde el 15 de septiembre de 2014 por efectos
de la prescripción trienal que también declaró probada, y hasta el 31 de diciembre
5 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
6 Ibid.
7 Ibid.

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de 2020, sin que se supere el tope de la remuneración fijado anualmente por el
Gobierno Nacional y bajo el entendido de que constituye factor salarial solo para
efectos de cotizaciones a Seguridad Social.

11. Adicionalmente condenó en costas a la parte demandada en aplicación del
criterio objetivo de valoración y negó las demás pretensiones.

12. Expresó que en aplicación de la sentencia del 15 de diciembre de 2020 proferida
por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, la demandante tiene derecho a
que se le pague la prima especial de servicios como una adición sobre el salario
básico en un porcentaje del 30% sobre el mismo, razón por la cual los actos
administrativos que negaron este reconocimiento adolecen de nulidad, ante su
contrariedad en las normas que le sirven de fundamento.

13. Añadió que los fiscales tienen derecho a la prima especial en un porcentaje del
30% como sobresueldo, indistintamente del régimen que los cobije (acogidos o no
acogidos) a partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998, razón por la cual
también deben reliquidarse las prestaciones sociales sobre el 100% de la
asignación básica.

14. Afirmó que, tal como se ha precisado jurisprudencialmente, hasta el año 2002
al personal de fiscales se les descontó un 30% de la asignación básica, la cual se
pagó como prima especial. Sin embargo, a partir del siguiente año tal situación cesó,
lo que significa que se pagó el 100% del salario mensual y sobre este se hizo la
liquidación de las prestaciones sociales. En todo caso, señaló que a partir de año
2003 se dejó de cancelar el 30% como sobresuelo a título de prima especial.

15. Indicó que las certificaciones y constancias salariales no dan cuenta del pago
del sobresueldo por concepto de prima especial desde el año 2007 en adelante
hasta el año 2021 cuando se normalizó la situación a raíz de la expedición del
Decreto 272 de 2021, ello pese a que a la actora le asiste derecho al beneficio desde
el año 1998 con la Ley 476 del mismo año, razón por la cual es procedente la orden
de su pago, bajo la precisión de que este concepto constituye factor salarial
únicamente para el sistema de seguridad social.

16. Frente al estudio de la prescripción manifestó que se encuentra demostrado que
la reclamación administrativa se radicó el 14 de septiembre de 2017 por lo cual,
siguiendo la regla de tres años de dicha excepción conforme los Decretos 3135 de
1998 y 1848 de 1969, los valores adeudados con anterioridad al 14 de septiembre
de 2014 se encuentran prescritos, al punto de que el reconocimiento del derecho
deberá hacerse a partir del día siguiente y hasta el 31 de diciembre de 2020 que
corresponde al día antes de la entrada en vigencia del Decreto 272 de 2021 que
subsanó esta situación al interior de la FGN.

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RECURSO DE APELACIÓN8

17. La parte demandada interpuso recurso de apelación por considerar que la
sentencia del 15 de diciembre de 2020 no estudió adecuadamente el tema de la
prescripción de los aportes a pensión, por lo que debe tenerse en cuenta la
sentencia T-932 de 2008 que al respecto precisó: «En conclusión, la
imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo,
pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido
cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de
las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo
y la Seguridad Social.».

18. Con base en lo anterior aseguró que debe revocarse la sentencia y negarse
dicha pretensión sobre el pago de aportes sin prescripción, pues dicha excepción
se configuró sobre la prestación de la cual se deriva el aporte a pensión.

19. Adicionalmente solicitó que se revoque la condena en costas impuesta en su
contra, bajo el entendido de que el artículo 365 del CGP señala que solo habrá lugar
a estas cuando en el expediente aparezcan causadas y comprobadas, lo cual no
ocurrió.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 31 de marzo de 2025 se admitió el recurso de apelación9 y las partes y el
Ministerio Público se abstuvieron de intervenir.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

21. En el entendido de que solo apeló la parte demandada, deberán analizarse
únicamente los reparos de su recurso, razón por la cual el problema que estudiará
la subsección es determinar si operó la figura jurídica de la prescripción sobre los
aportes a pensión, y si era procedente la condena en costas en primera instancia a
su cargo.

Marco normativo y jurisprudencial

8 Ibid.
9 Índice 4 de SAMAI.

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De la prima especial. Artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992

22. La Ley 4.ª de 1992 en el artículo 14 determinó que el Gobierno Nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

23. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno Nacional fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante
el Decreto 53 de 1993, el cual sería de obligatorio cumplimiento para quienes
ingresaran con posterioridad a la vigencia de tal normativa.

24. Adicionalmente se dispuso que quienes hubiesen estado vinculados antes del
28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por mantener la regulación
propia del Decreto 2699 de 1991, o bien por el definido en el primer decreto en
mención, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
199210 que excluyó para estos efectos el beneficio de la prima especial.

25. Respecto del alcance de dicho emolumento, el artículo 1.º de la Ley 332 de
199611 contempló que este haber constituye parte del ingreso básico solo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación a quienes fueran titulares de
este derecho.

26. Sin embargo, con la expedición de Ley 476 de 1998 se aclaró dicha disposición
«[…] en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión a la Ley 4a. de
1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la
escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con
posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de
servicios a que se refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores
que lo subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del
salario base de liquidación de la pensión de jubilación. […]».

10 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de

la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
11 Artículo 6: «el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos se

considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal Nacional,
jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, jefe Unidad Regional de Fiscalía,
Fiscal ante Tribunal de Distrito, fiscal regional, jefe Unidad Seccional de Fiscalía, Fiscal Seccional, secretario
general, directores nacionales, directores regionales, directores Seccionales, jefes de Oficina, jefes de
División».

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27. Ahora bien, se destaca que los artículos de los decretos salariales emitidos por
el Gobierno Nacional que regulaban la prima especial para los servidores de la
Fiscalía General de la Nación durante el período comprendido entre 1993 y 2002,
fueron anulados por el Consejo de Estado12 al haber identificado que resultaba ilegal
considerar tal emolumento en un 30% como un componente integrador de la
asignación básica, en la medida en que tal disposición implicaba la pérdida del valor
real de la remuneración mensual fijada cada año.

28. Por su parte, ante estas decisiones de nulidad, posteriormente los decretos que
fijaron la remuneración mensual de tales empleados del ente acusador, en especial
desde la expedición del Decreto 3549 de 2003 en adelante, lo que hicieron fue dejar
de regular la prima especial, por lo que, si bien reconocieron el 100% del salario
básico, lo cierto es que se abstuvieron de pagar de manera adicional el referido
haber laboral.

29. Esto es, en esencia se desconoció la consolidación del derecho contemplado
en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, pues si bien se dejó de descontar de la base
de la asignación como se hacía previamente, tampoco se concedió como un
componente agregado al salario, ello al menos hasta el 1.º de enero de 2021 cuando
entró en vigencia el Decreto 272 de 2021, por el cual se estableció adecuadamente
la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992.

30. Precisamente sobre la materia, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202013, abordó
un caso relativo al reconocimiento de la prima especial de servicios para los
servidores de la FGN en la que se determinó14 que:

«[…] 1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia,
los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

12 En sentencia del 14 de febrero de 2002 (197-99) se anuló el artículo 7° del Decreto 38 de 1999. En sentencia

del 15 de julio de 2004 (3531-02) se anuló el artículo 7º del Decreto 685 de 2002. En sentencia del 15 de abril
de 2004 (71201) se anuló el artículo 8° del Decreto 2743 de 2000. En sentencia del 25 de noviembre de 2004
(4419-01) se anuló el artículo 7° del Decreto 1480 de 2001. En sentencia del 3 de marzo de 2005 (17021-2005)
se anularon el artículo 6 del Decreto 53 de 1993 y 7° de los Decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996 y
52 de 1997. En sentencia del 13 de septiembre de 2007 (0478-03) se anularon los artículos 7° y 8° de los
Decretos 50 de 1998 y 2729 de 2001.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez

ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-2017-
00568-01(5472-18).
14 Estos mismos planteamientos se han reiterado en sentencias del Consejo de Estado proferidas el 6 de junio

de 2023, radicaciones: 05001233300020150165102 (3578-2018), 730012333000201700551 01 (2276-2019),
10 de septiembre de 2024, radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021), y 5 de noviembre 2024,
radicación: 25000-2342-000-2020-00137-02 (0687-2022).

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3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o
se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima especial
de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.”

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969. […]».

31. Además de dichas precisiones jurisprudenciales, esta corporación mediante
sentencia del 21 de septiembre de 202215 declaró la nulidad de algunos artículos de
los decretos salariales anuales expedidos entre 1993 y 2017, en la cual señaló que
el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del salario
básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Resolución del caso concreto

32. La parte demandada en su calidad de apelante única solicitó exclusivamente
que se revoque la condena al pago de aportes a pensión sin prescripción y lo
respectivo a las costas de primera instancia.

33. Frente al primer punto se destaca que el tribunal de origen al estudiar y declarar
probada la mencionada excepción no hizo ningún análisis independiente en lo
relacionado con los aportes a pensión, tanto así que en la parte resolutiva declaró
prescritos de manera general los valores adeudados al actor con anterioridad al 14
de septiembre de 2014, sin distinguir los efectos en materia de Seguridad Social, lo
que daría a entender que también incluyó en la afectación prescriptiva las
mencionadas cotizaciones.

34. En tal sentido, no habría motivo de reparo en este punto como el que se
presenta ahora a manera de argumento de impugnación.

35. Sin perjuicio de lo anterior, la sala considera que, en relación con el estudio de
dicha figura jurídica en cuanto a los aportes destinados al Sistema de Seguridad
Social en Pensiones, debe tenerse en cuenta que estos constituyen un derecho

15 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

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imprescriptible e irrenunciable16 y, por virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de
la Ley 100 de 199317 son obligatorios, no solo por su naturaleza parafiscal, sino por
la sostenibilidad del sistema.18

36. En ese contexto, sí surgía para la entidad accionada el deber de efectuar la
respectiva reliquidación con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados
por el lapso de vinculación de la actora en el que desempeñó empleos titulares del
derecho al pago de la prima especial, así esta haya prescrito, porque, en todo caso,
tal haber laboral sí debió ser incluido en el IBC para cotizar al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones.

37. No obstante, dado que la FGN es la única parte apelante y sus planteamientos
buscaban revocar una supuesta condena en materia de aportes a fin de aliviar su
carga, en esta oportunidad resulta improcedente modificar el fallo de primera
instancia para ordenarle el pago total de las cotizaciones a pensión de la accionante
por todo su período de vinculación como fiscal con la entidad, ya que tal decisión
implicaría una agravación de la situación creada inicialmente con el fallo apelado, lo
cual es improcedente en virtud del principio de la no reforma en peor contemplado
en el artículo 328, inciso 4.º del CGP.

38. En consecuencia, estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia
recurrida al no haber otros argumentos distintos de oposición sobre los cuales deba
emitirse pronunciamiento de fondo.

De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia

39. Pues bien, en lo que respecta a este punto de impugnación de la parte
demandada, la Sala advierte que la modificación del artículo 188 del CPACA,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

16 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero

ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
17 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán

efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
18 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección

Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).

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Radicado: 19001-23-33-000-2022-00156-02 (0765-2025)

40. En este contexto, es preciso aclarar que el término «dispondrá» de la referida
norma equivale a condenar a la parte vencida como regla general, y no debe
interpretarse como una facultad del juez para decidir si procede o no la condena,
además porque la norma no permite efectuar valoración alguna sobre su
procedencia en razón de la actuación de las partes como se aseguró en el recurso,
salvo cuando se trate de procesos donde se ventile un interés público.

41. Es por ello que, la pretensión del legislador con la reforma introducida por la
mencionada ley no fue establecer una regla nueva o distinta a la objetividad de la
condena, sino aclarar que, incluso en procesos de interés público, si la demanda
carece manifiestamente de fundamento legal, también procede la condena.

42. De esta forma, se creó una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos, pero tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho,
lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la
sentencia dispondrá, es decir, ordenará, la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

43. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

44. Con base en lo anterior se concluye que sí era procedente la condena en costas
impuesta en primera instancia contra la accionada al haberse accedido parcialmente
a las pretensiones, pues esto implicó una decisión desfavorable en su contra.

45. Por lo mismo, también se fijará lo propio en esta instancia a su cargo como
recurrente, por cuanto se niega totalmente la petición del recurso de apelación.

46. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca.

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Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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