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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00059-01

Fecha
26 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2024-00059-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual amparó los derechos fundamentales de Miriam Emilse López Manzano, en la solicitud de tutela presentada contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y otros, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 9 Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01 Demandante: Miriam Emilse López Manzano Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 19001-23-33-000-2024-00059-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 19001 23 33 000 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano
Demandados: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán y otro

Temas: Derecho al descanso de servidor judicial perteneciente a régimen
individual de vacaciones - Expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal1 para nombramiento de reemplazo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
_____________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán en contra de la sentencia proferida el 19 de marzo
de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se decidió la solicitud
de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud2

Miriam Emilse López Manzano, en calidad de asistente administrativo del Juzgado
Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, promovió
solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo
digno, dignidad humana, igualdad y salud, los cuales consideró vulnerados con ocasión
de la respuesta desfavorable emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán al requerimiento de expedición de un CDP para el
nombramiento de su reemplazo durante el disfrute de un periodo de vacaciones ya
causado.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 En adelante CDP
2 Ver índice 2 de SAMAI. Actuación denominada «3ED_7ESCRITODETUTELAPDF(.pdf) NroActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

i) Elevó solicitud de disfrute vacaciones con ocasión del periodo laborado del 1 de agosto
de 2022 al 31 de julio de 2023, a partir del 17 de junio de 2014.

ii) A través de Oficio DESAJPOO24-0182 del CCC, el director Seccional Ejecutivo de
Administración Judicial de Popayán informó que no hay lugar a la expedición de un CDP
para nombrarle un reemplazo durante el disfrute de su periodo vacacional, de acuerdo
con los lineamientos contenidos en la Circular 44 de 2011, la cual solo resulta aplicable
a los funcionarios judiciales.

iii) Con Resolución 008 del 27 de febrero de 2024 el juez Quinto de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Popayán, en calidad de nominador, le negó el desfrute de
sus vacaciones por necesidades del servicio.

iv) La autoridades tuteladas vulneraron sus derechos fundamentales, con ocasión de la
no expedición del CDP requerido para nombrar su reemplazo durante el disfrute del
periodo de vacaciones ya causado; pues, «[…] existe una indebida interpretación por parte
de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán, pues la Circular PSAC11-44,
que toma como fundamento para adoptar la decisión, está encaminada a establecer el orden de
disfrute de las vacaciones de los jueces y magistrados, pero no niega o da instrucciones de
rechazar derechos a los empleados de la Rama Judicial. […]».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta solicitó:

«[…] acceder al amparo los derechos fundamentales al trabajo digno, a la dignidad humana,
a la igualdad y a la salud y en consecuencia, “Se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial – DEAJ, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, se realice
los trámites financieros y administrativos necesarios para garantizar la correcta prestación del
servicio a cargo del despacho judicial, mientras disfruto de mis vacaciones” […]»

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán3
indicó que la solicitud de tutela es improcedente para lograr la apropiación presupuestal
pretendida, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado en algunas decisiones de
tutela4, por cuanto «la figura del reemplazo por vacaciones contenida en la Circular 44 de 2011,
solo es aplicable a Funcionarios Judiciales en los términos allí contemplados y teniendo
en cuenta que es el procedimiento que la Dirección Ejecutiva Seccional debe aplicar, no es
posible tramitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal hasta tanto la Dirección Ejecutiva en
Bogotá autorice., […]»

3 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «8ED_008CONTESTACIONTUTEL(.pdf) NroActua 2 »
4 Sentencias proferidas en los expedientes 1001-03-15-000-2022-01112-00, 11001031500020220552400

y 11001-03-15-000-2023-00614-00
2

Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

Además, señaló que en «el presente caso […] se cuenta con los recursos para el pago de las
Vacaciones y Prima Vacacional de la servidora judicial accionante, pues corresponden a los
Gastos de Personal asignados.»

1.2.2 El Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca5 señaló que no se han
vulnerado los derechos fundamentales de la demandante, pues, se han acogido a las
directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura en la Circular PSAC11-44 del
23 de septiembre de 2011.

1.2.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán guardaron silencio.

1.3 Sentencia de primera instancia6

El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 19 de marzo de 2024
resolvió:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y
justas, a las vacaciones, a la dignidad humana y a la igualdad de la señora Miriam Emilse
López Manzano, vulnerados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Popayán, por lo expuesto.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación
de la presente sentencia, adelante las gestiones que garanticen de forma efectiva el derecho
a las vacaciones de la señora Miriam Emilse López Manzano, y de igual forma prevenga
cualquier barrera administrativa para el disfrute de las mismas. Contará con un plazo máximo
de treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, para proveer los recursos
necesarios para garantizar el disfrute de las vacaciones de la accionante y designar un
empleado encargado de su remplazo durante tal periodo.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán, para que, inmediatamente a la apropiación presupuestal que garantice el disfrute
y nombramiento del remplazo del cargo de asistente administrativa, disponga la salida a
vacaciones de la señora Miriam Emilse López Manzano. […]»

1.4. El escrito de impugnación7

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán impugnó la
decisión del a quo para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el informe rendido,
esto es, la falta de legitimación por pasiva y la improcedencia de la solicitud de tutela
para controvertir las directrices contenidas en la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre
de 2011.

5
Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «9ED_CONTESTACIONCONSEJOS(.pdf) NroActua 2»
6 Ver índice 2 de Samai. Archivo de denominado «5ED_5FALLOPRIMERAINSTANC(.pdf) NroActua 2»
7 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «6ED_6IMPUGNACIONPDF(.pdf) NroActua 2 »

3

Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir, ii) problema jurídico, iii) de la procedencia de la
solicitud de tutela - el derecho al descanso y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que «[…] Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente […]», esta Sala es competente para conocer la presente impugnación
contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca.

2.2. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la autoridad demandada vulneró los derechos fundamentales
al trabajo y al descanso de Miriam Emilse López Manzano al negar la expedición de un
CDP que permita el nombramiento de su reemplazo en calidad de asistente
administrativo del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán, en aras de acceder al disfrute de un periodo de vacaciones?

2.3. Procedencia de la solicitud de amparo

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591
de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la
Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia8, es decir, no es un mecanismo de
defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por
el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio
judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el
mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio
conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones
que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Derecho al descanso

8 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de

2003.
4

Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

El derecho convencional y la Corte Constitucional9 han calificado el derecho al descanso
como fundamental. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales10 en su artículo 7 determina que los Estados Parte reconocen el derecho de
todas las personas al goce de condiciones de trabajo que aseguren «el descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones
periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos». En similar sentido lo
indica el artículo 7, literal h), del Protocolo de San Salvador11, que señala como una de
las condiciones justas de trabajo el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones
pagadas y la remuneración de los días feriados nacionales. En el ámbito nacional, el alto
tribunal constitucional ha precisado que el descanso es un derecho derivado de los
artículos 53 y 25 de la Constitución Política, normas que determinan los principios
mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el
legislador y señalan que todas las personas tienen derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas.

Dicho ello, es inconstitucional que los nominadores, bajo argumentos de índole
administrativo, afecten el disfrute del descanso remunerado respecto de quien ya ha
consolidado el derecho; razón por la cual, la Corte Constitucional ha determinado la
procedencia de la solicitud de tutela en aras de velar por su protección inmediata:

«[…] ¿el derecho fundamental al descanso, puede protegerse a través de la tutela?. Por regla
general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser debatido ante la
jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la vinculación
laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que el carácter
residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta consagra la
posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio de defensa
judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección transitoria del
derecho fundamental amenazado o vulnerado.»

2.4. Caso en concreto

Miriam Emilse López Manzano acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
renuencia de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán para expedir
el CDP necesario para que el juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Popayán, como nominador, autorice el disfrute de sus vacaciones y le nombre un
reemplazo durante dicho lapso.

9 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz

y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
10 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre
de 1966".
11 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.

“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
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Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

De acuerdo con la controversia en cuestión, es relevante recordar que el artículo 146 de
la Ley 270 de 199612, en cuanto a las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial, reguló:

ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama
Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores
y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de
Penas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio
por la Sala Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás
casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio. […]»

Así, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió la Circular
PSAC11-44 del 23 de noviembre de 201113, a través de la cual estableció i) el
procedimiento para nombrar los reemplazos de los funcionarios pertenecientes al
régimen de vacaciones individual, que soliciten su disfrute; ii) que no es procedente el
reemplazo del personal titular perteneciente al régimen de vacaciones colectivas, salvo
la existencia de licencia por enfermedad o por maternidad que coincida total o
parcialmente con el periodo vacacional; iii) que no procede la concesión de vacaciones
«para funcionarios judiciales designados en juzgados del régimen de vacaciones colectivas que
provengan de despachos del régimen individual, en los cuales hayan causado vacaciones que
se encuentren pendientes por disfrutar, tampoco podrán conceder el disfrute de dichos
periodos», estas se pagaran al momento del retiro definitivo del servicio; y iv) respecto de
«funcionarios judiciales del régimen de vacaciones colectivas, que participen en programas de
descongestión de despachos judiciales, cuya vigencia coincida total o parcialmente con el
periodo de la vacancia judicial, en cuanto termine la medida de descongestión reasumirán
automáticamente los cargos de los cuales son titulares y entrarán a gozar de inmediato del resto
de las vacaciones colectivas, lo cual implica que se reintegrarán a sus labores en cuanto se
termine la vacancia judicial en el mes de enero. Los días de vacancia que les faltaren para
completar el tiempo legalmente establecido, es decir, los del mes de diciembre, les serán
compensados en dinero. […]»

Como se observa, si bien es cierto el referido instrumento solo mencionó a funcionarios
judiciales, esto no puede servir de excusa para desconocer el derecho al descanso de
los servidores judiciales que tienen la categoría de empleados14, pues la finalidad de la
Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011 fue garantizar el derecho fundamental
al descanso de servidores judiciales, motivo por el cual buscó eliminar las condiciones
que constituían obstáculos para el goce de tal garantía ius fundamental.

Para efectos de dirimir el sub examine, es pertinente relacionar los supuestos
acreditados a través de los medios probatorios aportados por las partes, de la siguiente
manera:

12 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
13 Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones Individuales.
14 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001-23-33-

000-2018-00756-01. C.P. Milton Chaves García.
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Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

• Miriam Emilse López Manzano, asistente administrativo del Juzgado Quinto de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, pertenece al régimen
individual de vacaciones; a quien le está en suspenso el disfrute de un periodo por parte
de su nominador hasta tanto sea posible nombrar su reemplazo.

• Previa petición que realizara la titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Popayán, mediante Oficio DESAJPOO24-182 del 19 de
febrero de 2024 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán
negó la expedición de un CDP para nombrar el reemplazo de la demandante durante el
disfrute de un periodo vacacional, en los siguientes términos:

«[…] En atención a su oficio de la referencia, mediante el cual solicita certificar disponibilidad
presupuestal para la designación o nombramiento de reemplazo para el disfrute de
vacaciones de los servidores de su Despacho, de manera comedida me permito informarle
que esta Seccional no cuenta con autonomía en este tema y debe dar cumplimiento a las
directrices fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial la Circular No. 44 de
2011, en la que establece el procedimiento para la “PROGRAMACIÓN DE VACACIONES DE
LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES DEL RÉGIMEN DE VACACIONES INDIVIDUALES” y la
cual deroga expresamente las Circulares 44 y 89 de 2005, adicionalmente, mediante el Oficio
DEAJRH13-493 del 24 de enero de 2013, de la Unidad de Recursos Humanos de la DEAJ,
reitera el cumplimiento que deben dar las Direcciones Seccionales a esta disposición.

Por lo anterior, entendiéndose que la figura del reemplazo por vacaciones contenida en la
Circular 44 de 2011, solo es aplicable a Funcionarios Judiciales en los términos allí
contemplados y teniendo en cuenta que es el procedimiento que la Dirección Ejecutiva
Seccional debe aplicar, no es posible tramitar Certificado de Disponibilidad Presupuestal para
el cargo que usted refiere, hasta tanto estos lineamientos no sean modificados por el superior,
toda vez que estos recursos son asignados por el Nivel Central solo para los casos
autorizados por la circular mencionada. […]»

De acuerdo con el recuento fáctico que antecede, en el sub examine es claro que la
inconformidad de la demandante proviene de la imposibilidad de disfrutar de las
vacaciones a que tiene derecho, con ocasión de la negativa de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Judicial de Popayán a expedir un CPD que permita
nombrarle un reemplazo durante su ausencia.

En este punto, tal como se refirió en líneas anteriores, la Circular PSAC11-44 del 23 de
noviembre de 201115 si bien regula lo pertinente a la concesión de vacaciones de
funcionarios judiciales, tal circunstancia no puede ser leída de forma restrictiva de los
derechos laborales de Miriam Emilse López Manzano, como servidora judicial, en tanto
ya consolidó el tiempo requerido por la ley para el disfrute de un descanso remunerado.

A juicio de la Sala, las actuaciones administrativas que deben adelantar las entidades
demandadas para materializar el disfrute de las vacaciones de la demandante de
ninguna manera pueden servir de excusa o justificación para impedir su goce efectivo, y
más, cuando, como en el caso bajo estudio, no existe fundamento constitucionalmente
aceptable que justifique la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración

15 Programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones Individuales.

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Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

Judicial de Popayán para expedir el CDP correspondiente, que permita el nombramiento
de su reemplazo durante dicho lapso, en aras, también, de conservar la debida
prestación del servicio de administración de justicia por parte del despacho judicial en el
que labora.

El Consejo de Estado, al resolver situaciones de contornos similares, ha sostenido que
la falta de asignación de recursos para nombrar el remplazo de un empleado o
funcionario judicial no solo amenaza el derecho al descanso de quien no puede disfrutar
sus vacaciones, sino también se traduce en una afectación del desarrollo de las
funciones jurisdiccionales y de la calidad del servicio de la administración de justicia. En
efecto, en sentencia de tutela proferida el 26 de febrero de 202016, se precisó:

«[…] Recuérdese que según el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 “Las vacaciones
individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio”. Por consiguiente,
quebrantar el desarrollo armónico y eficiente del Juzgado al no asignar los recursos para el
reemplazo de la secretaria indudablemente amenaza el derecho fundamental al descanso de
la empleada judicial, pues como lo indica la norma este derecho tiene una relación inescindible
con “las necesidades del servicio”.

La falta de asignación de recursos para el reemplazo se traduce en la afectación del desarrollo
de las funciones jurisdiccionales del Juzgado 26 Penal Municipal con Funciones de Control
de Garantías de Cali, pues todas las labores de ese Despacho deberán ser asumidas
solamente por dos personas, lo que indudablemente repercute en la calidad del servicio de
administración de justicia.

Si bien el derecho fundamental al descanso no puede ser transgredido bajo el argumento de
que se afectará el desarrollo normal del despacho judicial, tampoco puede desconocerse que
la no asignación de recursos impactará notablemente en la administración del servicio judicial
de un Juzgado que opera con tres servidores judiciales. Por ende, es necesario conciliar los
intereses de continuidad en la prestación del servicio y el derecho al descanso remunerado.

4.5. Tampoco puede olvidarse que el Consejo Superior de la Judicatura, por medio de las
Salas Administrativas de los Consejos Seccionales, tiene el deber de “(…) 6. Ejercer la
vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal
desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)”17 (Subrayado
fuera de texto original).

Por esto, antes que promover situaciones que puedan alterar el desarrollo armónico de un
despacho judicial, las diferentes dependencias del Consejo Superior de la Judicatura deben
propender para que las labores judiciales se ejerzan normalmente y sin traumatismos
innecesarios.

El Consejo Superior de la Judicatura tendría que expedir directrices claras sobre el manejo de
las vacaciones individuales de todos los funcionarios judiciales, más allá de si son funcionarios
o empleados. Todo con el propósito de que la solicitud de vacaciones no altere el normal
desarrollo de la función judicial y que tampoco se vulnere el derecho al descanso de los
trabajadores.

4.6. Ahora bien, esta Sala ha manifestado que asuntos de índole administrativa no pueden
afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que legalmente les asiste a los

16 Consejo de Estado, Sección Cuarta. MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Expediente
11001031500020200014300
17 Artículo 101 de la Ley 270 de 1996

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Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

trabajadores, aún más si se tiene en cuenta que el descanso constituye un derecho
fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.

Impedir el derecho al descanso con base en restricciones administrativas no es una carga que
deban soportar las actoras, puesto que las vacaciones constituyen una garantía fundamental
que tienen todos los empleados, por lo que no puede ser transgredida ni en función del servicio
ni por cuestiones de índole presupuestal.

4.7. Así las cosas, la Sala encuentra que la decisión negativa sobre la asignación de recursos
proferida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del Valle del Cauca
atenta contra el derecho al descanso de Paola Andrea Arias Toro, pues en la práctica implica
el aplazamiento indefinido de las vacaciones, a fin de no entorpecer el funcionamiento normal
del Juzgado. Situación que a juicio de la Sala no es más que un obstáculo administrativo.

Igualmente, un escenario en el que la referida empleada salga al disfrute de sus vacaciones
sin que sea posible el nombramiento de su reemplazo, dada la falta de asignación de recursos,
vulnera el derecho al trabajo digno de Indira Katy Vélez Murillo. Esto en razón a que será ella
quien soportará las cargas de presidir un juzgado penal con funciones de control de garantías,
con tan solo un servidor judicial que la apoye en la realización de audiencias, proyección de
providencias, realización de labores administrativas y atención al público. […]»

En el caso concreto de Miriam Emilse López Manzano, se observa que la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán no puede generar la razón
para dejar en suspenso de forma indefinida el disfrute de sus vacaciones, pues, si bien
es cierto que esto lo define el titular del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas
de seguridad de Popayán, en calidad de nominador, una respuesta favorable al respecto
debe estar en concordancia con la expedición del CDP que permita nombrarle un
reemplazo durante su ausencia, en aras de no afectar la prestación del servicio; razón
por la cual, debe accederse a la solicitud de amparo.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión del a quo mediante la cual amparó los
derechos fundamentales de Miriam Emilse López Manzano, en la solicitud de tutela
presentada contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán y otros.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 19 de marzo de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante la cual amparó los derechos fundamentales de
Miriam Emilse López Manzano, en la solicitud de tutela presentada contra la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán y otros, de conformidad con
la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

9

Radicado: 19001 23 33 0004 2024 00059 01
Demandante: Miriam Emilse López Manzano

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro
de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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