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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00614-00

Fecha
27 de febrero de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-00614-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1°) Concédese el amparo de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Ordénase a la titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán Cauca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contados a partir de la notificación de esta providencia, permita el disfrute efectivo del derecho al descanso del señor Diego Alejandro Caicedo Camacho, en el periodo que ya le fue reconocido, sin supeditar la decisión a la expedición de un certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo. 3°) Exhórtase al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos administrativos correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las situaciones administrativas que conlleva la autorización de las vacaciones de los empleados judiciales y su consecuente reemplazo, sin que con las nuevas medidas a adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de administración de justicia en los despachos o dependencias de los que hacen parte. 4º) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas en la presente providencia. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-00614-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

27 de febrero de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-00614-00
Demandante: DIEGO ALEJANDRO CAICEDO CAMACHO
Demandado: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE POPAYÁN Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA.
VACACIONES DE SERVIDOR JUDICIAL. NO PUEDE
NEGARSE EL DERECHO AL DESCANSO POR
RAZONES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO O
PRESUPUESTAL. SE ACCEDE AL AMPARO.

Síntesis del caso: el demandante consideró que las autoridades demandadas vulneraron sus
derechos constitucionales fundamentales del trabajo, dignidad humana, igualdad y salud
porque por factores presupuestales no se ha nombrado a la persona que lo remplazará
mientras se encuentra disfrutando de su periodo de vacaciones.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por el señor Diego
Alejandro Caicedo Camacho en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial para la protección de sus derechos fundamentales
del trabajo, dignidad humana, igualdad y salud consagrados en los artículos 25, 12 y
13 y 49 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 6 de febrero de 2023 el señor Diego Alejandro Caicedo
Camacho presentó acción de tutela en contra de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Popayán, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección

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Expediente: 11001-03-15-000-2023-00614-00
Demandante: Diego Alejandro Caicedo Camacho
Acción de tutela

Ejecutiva de Administración Judicial por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales como consecuencia de la omisión en el nombramiento de su reemplazo
en el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Está vinculado en propiedad en el cargo de Asistente Jurídico grado 19 en el
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán,
Cauca.

2) Mediante Resolución no. 003 del 30 de enero de 2023 la titular del juzgado le
reconoció el derecho a las vacaciones que ya tenía causadas entre el 17 de septiembre
de 2021 al 16 de septiembre de 2022, a partir del 7 de marzo hasta el 31 de marzo de
2023.

3) Con Oficio DESAJPOO23-102 del 2 de febrero de 2023, el director Ejecutivo
Seccional de la Dirección de Administración del Cauca le informó a la titular del
Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán que
no contaba con autonomía y, por lo tanto, debía dar cumplimiento a las directrices
fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura en la Circular 44 de 2011, por lo que
la figura del reemplazo por vacaciones solo sería aplicable a Funcionarios Judiciales,
lo que impedía que se tramitara el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (en
adelante CDP) para el cargo de Asistente Jurídico que sería nombrado en su
reemplazo.

2. El fundamento de la vulneración

El demandante manifestó que la negativa en designar el reemplazo en provisionalidad
de un empleado que asumiera las funciones de Asistente Jurídico Grado 19 trasgredió
sus derechos fundamentales, pues ello conllevará a que se acumule su trabajo durante
el periodo que se encuentra de vacaciones.

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Demandante: Diego Alejandro Caicedo Camacho
Acción de tutela

El hecho de que la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán no
hubiere apropiado los rubros necesarios para los reemplazos de los empleados
judiciales no puede desconocer el derecho al descanso.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se accediera a las
siguientes súplicas:

“Por lo anterior muy respetuosamente solicito acceder al amparo los
derechos fundamentales al trabajo digno, a la dignidad humana, a la igualdad
y a la salud y en consecuencia, se ordené a la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Popayán y al Consejo Superior de la Judicatura
– Sala Administrativa – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
de acuerdo con sus competencias y de manera coordinada, en el término de
48 horas contados a partir de la notificación de la presente providencia,
adelanten las gestiones administrativas y presupuestales que correspondan,
para que la Jueza 2ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán, Cauca, nombre mi reemplazo, para que materialice el derecho al
disfrute del descanso remunerado.”. (archivo disponible en medio magnético
en el aplicativo SAMAI).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 9 de febrero de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó
notificar al director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el director de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el titular del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, con el fin de que allegaran
un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán sostuvo que
no desconoció los derechos fundamentales del demandante y que no está a su cargo
la facultad de nominar o de encargar a personal de la Rama Judicial durante las
vacaciones del titular, pues su competencia y deber funcional se limita a labores
netamente administrativas.

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Demandante: Diego Alejandro Caicedo Camacho
Acción de tutela

Hasta tanto el Consejo Superior de la Judicatura no imparta unas directrices diferentes
a las contenidas en la Circular PSAC11- 44 de noviembre 23 de 2011, no puede
realizar nada que no esté estipulado en ella.

La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
señaló que, si bien es la encargada de la ejecución, administración y representación
de la Rama Judicial, nunca puso en riesgo, ni violó los derechos de la parte actora,
aunado a que la competente para desatar el asunto es la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Popayán.

Resaltó que la respuesta emitida por el director ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Popayán frente a la imposibilidad de disponer recursos con los cuales
contratar el remplazo durante su periodo de vacaciones, es acertada, por cuanto
claramente la Circular PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011, lo habilita solo para
los funcionarios judiciales y como el demandante ostenta la calidad de empleado
judicial, no puede gozar de ese beneficio.

Solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, por no estar
llamada u obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del
remplazo del demandante para la concesión del periodo de vacaciones.

La titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Popayán puso de presente que en la actualidad cuenta con más de 2.059 procesos,
además del manejo de procesos de acción de tutela y las visitas carcelarias que se
efectúan en el departamento del Cauca, por lo que no contar con otro empleado judicial
nombrado en reemplazo, implicaría la alteración en las funciones del despacho a su
cargo, lo que hace necesario que se asigne el CDP para el reemplazo del señor
Caicedo Camacho.

El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación, pues las acciones u
omisiones que atribuye el demandante como vulneradoras de sus derechos recaen
exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Popayán,
quien tiene a cargo expedir el CDP para designar los reemplazos de los funcionarios
y empleados judiciales que pretendan el disfrute de sus vacaciones.

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Demandante: Diego Alejandro Caicedo Camacho
Acción de tutela

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, el Consejo
Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con el fin
de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del trabajo, dignidad
humana, igualdad y salud, por cuanto, por razones presupuestales, no se ha nombrado
el reemplazo en provisionalidad de un empleado que asuma las funciones de asistente
jurídico grado 19 que ostenta el demandante, mientras regresa de sus vacaciones.

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Demandante: Diego Alejandro Caicedo Camacho
Acción de tutela

En sus informes la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo Superior
de la Judicatura solicitaron que se les desvinculara de la acción de tutela por cuanto
no vulneraron los derechos fundamentales de la parte demandante.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación en consideración a que dichas autoridades son las representantes de
la Rama Judicial para los efectos que aquí se discuten, por lo que les asiste interés en
las resultas del proceso.

En esa medida se negarán las solicitudes de desvinculación que presentaron esas
autoridades como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.

En los términos en que se propuso la controversia la Sala concederá el amparo
invocado, por las razones que procederá a exponer:

1) Salvo las excepciones legales, todo servidor público tiene derecho a disfrutar de un
descanso remunerado por cada año de servicios prestado en cualquiera de las
entidades del Estado (artículo 8 Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978).

2) De acuerdo con lo estipulado en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996 los servidores
judiciales de los juzgados de ejecución de penas pertenecen al régimen de vacaciones
individuales y el respectivo nominador deberá conceder el disfrute del derecho por el
término de veintidós días continuos por cada año de servicios, en atención a las
necesidades del servicio1.

3) En este caso el señor Diego Alejandro Caicedo Camacho solicitó que le fuera
concedido el disfrute de las vacaciones que ya tenía causadas, correspondientes al
periodo comprendido entre el 17 de septiembre de 2021 y el 16 de septiembre de 2023,

1 “ARTÍCULO 146. VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial

serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales
de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de
Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio”.

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petición que fue atendida de manera favorable por la titular del Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán a través de la Resolución
no. 003 del 30 de enero de 2023, en la que le “concedió2” su descanso a partir del 7
de marzo hasta el 31 de marzo de 2023.

4) No obstante, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Popayán se negó a expedir el CDP para el nombramiento del reemplazo del
demandante mientras disfrutaba del periodo de vacaciones.

5) En este sentido, considera la Sala que, si bien el nominador a través de la
Resolución no. 003 de 2023 reconoció el derecho a las vacaciones del demandante,
este no ha podido disfrutar de su descanso por cuanto la Dirección Seccional no ha
expedido el respectivo CDP que permita el nombramiento de su reemplazo, en aras
de evitar el entorpecimiento de las labores del juzgado.

6) Por consiguiente, en este caso es claro que existió la alegada vulneración de los
derechos constitucionales fundamentales del demandante, por cuanto por asuntos de
índole administrativo, presupuestal y de organización interna se afectó el derecho al
goce y disfrute del período vacacional que legalmente le asiste al actor, pese a que el
descanso constituye una garantía fundamental derivada del derecho al trabajo en
condiciones dignas, como ya lo ha resuelto esta Corporación en anteriores
oportunidades3.

7) Ahora, la Sala encuentra que, si bien la Presidencia de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura profirió la Circular no. 44 de 12 de mayo de 2005,
en la que estableció el procedimiento para la programación de vacaciones individuales
de los servidores judiciales del Sistema Penal Acusatorio y la Circular PSAC-0589 de

2 Aunque en la aludida resolución se dijo que se “concede” el derecho a las vacaciones, lo cierto es que

lo que se hizo a través de dicho acto administrativo fue reconocer que el actor tenía un periodo causado.
3 Ver, entre otras, las siguientes sentencias: i) de 5 de julio de 2019, expediente número 11001-03-15-

000-2019-02681-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; ii) de 11 de octubre de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2019-04170-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; iii) de 8 de mayo de
2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01627-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez; iv) de
1° de julio de 2021, expediente número 11001-03-15-000-2021-01869-01, C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón; v) de 11 de noviembre de 2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04335-01,
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; vi) de 20 de enero de 2022, expediente número 11001-03-15-000-
2021-10377-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; vii) de 9 de junio de 2022, expediente número
25000-23-15-000-2022-00451-01, Hernando Sánchez Sánchez; y de viii) 3 de marzo de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-00341-00, CP Julio Roberto Piza.

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18 de noviembre de 2005, referente a la asignación de recursos para reemplazos por
vacaciones del personal titular en los despachos judiciales -con excepción de los
juzgados del sistema penal acusatorio- lo cierto es que a través de la Circular PSAC11-
44 del 23 de noviembre de 2011 derogó de manera expresa dichas disposiciones “para
efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran sujetos al régimen de
vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho, para lo cual
deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se señala y que permitirá gestionar los
recursos para el nombramiento en provisionalidad de los reemplazos, cuando haya
lugar a ello”.

8) De esta manera, para la Sala resulta claro que a pesar de que el Consejo Superior
de la Judicatura profirió una circular en la que indicó unas directrices a las Direcciones
Ejecutivas de Administración Judicial del país, relacionadas con la programación de
vacaciones de los funcionarios públicos, la designación del reemplazo en encargo y/o
la expedición del CDP para garantizar dichos reemplazos, en ella no dispuso el
procedimiento que debía realizarse para la solicitud de reemplazos por vacaciones del
personal titular de los despachos judiciales, omisión que, en ningún caso, puede servir
de base para desconocer el derecho al descanso de estos4.

9) Ahora bien, en relación con el argumento de la autoridad accionada sobre la
presunta imposibilidad de desconocer los lineamientos de la Circular PSAC11-44 de
23 de noviembre de 2011 proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, es preciso
anotar que estos no son de recibo, pues, tanto funcionarios como empleados judiciales
tienen derecho indistintamente a disfrutar de un período de descanso sin que sea dable
distinguir o poner obstáculos infundados en razón únicamente del cargo5.

10) Tampoco es de recibo que se aduzca como limitante la presencia de otros
empleados en el despacho o razones de índole similar, puesto que el servidor
reemplazante debería ostentar al tiempo dos cargos con funciones distintas, pero

4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de diciembre de 2018, expediente 08001-23-33-
000-2018-00756-01(AC), CP Milton Chaves García.
5“Ahora bien, el hecho de que la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de 2011 no haya establecido

el procedimiento tendiente a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal con miras a
cubrir los recursos del nombramiento de reemplazo, evidentemente no puede ser el motivo para negar
el disfrute de las vacaciones de los empleados y funcionarios que están al servicio de la Rama Judicial.”

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recibiendo el salario del cargo de menor jerarquía, lo cual no resulta lógico ni desde
ningún punto de vista justo.

11) Sumado a lo expuesto, como lo indicó recientemente esta misma Sala de Decisión
“el alcance y las finalidades del derecho al descanso se ven comprometidas si las
asignaciones de trabajo que competen al empleado no cesan durante sus vacaciones
o no son asumidas por un reemplazo, pues, dada la naturaleza del servicio, por cada
día de vacaciones aumenta la carga laboral, de forma que al reanudar sus funciones
el empleado deberá adelantar todo lo que no pudo hacer durante el receso. En otras
palabras, la sola cesación de laborales no garantiza el derecho al descanso que le
permita al trabajador reanudar sus fuerzas, si durante ese término subsiste la
preocupación respecto al trabajo pendiente y que aumenta durante las vacaciones6”.

12) En esa medida, una vez cumplido el tiempo de servicios para acceder al disfrute
del derecho al descanso, el servidor público debe comunicar al nominador sobre la
programación de las vacaciones, sin que esté a su cargo resolver problemas de tipo
presupuestal o administrativo, pues el procedimiento diseñado por el Consejo Superior
de la Judicatura en la Circular n.º PSAC11-44 del 23 de noviembre de 2011,
únicamente le impone al interesado dicha obligación para que sea incluido en los
turnos, así:

“1. Los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales
deberán hasta el mes de marzo de cada año, reportar la programación de
vacaciones correspondientes al siguiente año, ante el Consejo Seccional de
la Judicatura, Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo
distrito judicial.”.

13) En ese orden de ideas, la Sala estima que impedir el derecho al goce de las
vacaciones por situaciones de índole administrativas no son obligaciones que el
demandante esté forzado a soportar, más aún cuando el procedimiento diseñado por
el Consejo Superior de la Judicatura en la Circular no. PSAC11-44 de 2011, impone
únicamente al interesado la obligación aludida, deber que en este caso tampoco hay
discusión en que se cumplió.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de noviembre de 2021, exp.

11001-03-15-000-2021-05027-01 (AC).

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14) Ahora bien, en cuanto a la pretensión encaminada a que se ordene a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán que expida el
correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP para el disfrute de las
vacaciones, la Sala considera importante precisar que la acción de tutela no faculta al
juez para que ordene apropiaciones presupuestales a la Nación, pues esto supondría
coartar el espacio de discrecionalidad que la Constitución y la ley le confieren a los
órganos de administración para ejecutar el presupuesto, teniendo en cuenta que en tal
operación intervienen variables determinantes como la priorización del gasto público y
la disponibilidad de recursos que no le está dado analizar al juez constitucional.

15) En ese orden, contrario a lo dicho por el demandante y la titular del juzgado, el
hecho de que no se ordene la expedición del CDP y que ello conduzca a que no se
designe un reemplazo y la consecuente congestión a la que se vería avocado el
despacho o dependencia mientras el servidor judicial disfruta de su derecho al
descanso, son dificultades administrativas propias del servicio de administración de
justicia, de ahí que sean los órganos representantes de la Rama Judicial quienes están
llamados a plantear soluciones y ejecutarlas en aras de garantizar que el servicio se
preste en condiciones adecuadas y de manera oportuna, pero, además, sin que se
afecte los derechos del empleado que ha dedicado sus esfuerzos durante todo un año
a prestar sus servicios y que no tiene porqué padecer dichas dificultades.

16) Por consiguiente, se accederá al amparo del derecho constitucional fundamental
del demandante y se ordenará al titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Popayán que le permita disfrutar al señor Caicedo
Camacho de su derecho al descanso en el periodo que ya le fue reconocido, sin
supeditar esa decisión a la expedición de un CDP ni al nombramiento de un reemplazo.

17) Por último, debido a que se trata de una problemática reiterada y extendida que
afecta a todos los servidores judiciales que se encuentran en tales situaciones, a tal
punto que por ese motivo se han presentado una gran cantidad de acciones de tutela
por hechos similares sin que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el
Consejo Superior de la Judicatura, como representantes de la Rama Judicial para tales
efectos, hayan dictado medidas suficientes para conjurar dicha situación, se les
exhortará para que adopten las decisiones necesarias en aras de garantizar que,
mientras los servidores judiciales disfrutan de su derecho al descanso, el servicio se

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preste en condiciones adecuadas y de manera oportuna, pero, además, sin que se
afecte los derechos del empleado que ha dedicado sus esfuerzos durante todo un año
a prestar sus servicios y que no tiene que padecer las dificultades que pueda generar
la autorización de sus vacaciones.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1°) Concédese el amparo de los derechos constitucionales fundamentales invocados
por el demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Ordénase a la titular del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Popayán Cauca que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas,
contados a partir de la notificación de esta providencia, permita el disfrute efectivo del
derecho al descanso del señor Diego Alejandro Caicedo Camacho, en el periodo que
ya le fue reconocido, sin supeditar la decisión a la expedición de un certificado de
disponibilidad presupuestal para nombrar a su reemplazo.

3°) Exhórtase al Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para que adopten las decisiones necesarias y expidan los actos
administrativos correspondientes con el fin de solucionar de una vez por todas las
situaciones administrativas que conlleva la autorización de las vacaciones de los
empleados judiciales y su consecuente reemplazo, sin que con las nuevas medidas a
adoptar se afecte la debida, oportuna y adecuada prestación del servicio de
administración de justicia en los despachos o dependencias de los que hacen parte.

4º) Niégase las solicitudes de desvinculación presentadas por la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, por las razones
expuestas en la presente providencia.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Demandante: Diego Alejandro Caicedo Camacho
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6º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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