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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2024-00102-02

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2024-00102-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 19001-23-33-000-2024-00102-02

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de febrero de 2026

Demandante: Julián Mauricio Moreno Gómez
Demandados: Juan Carlos Arteaga Cifuentes y otro
Rad: 19001-23-33-000-2024-00102-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 19001-23-33-000-2024-00102-02
Demandante: JULIÁN MAURICIO MORENO GÓMEZ
Demandado: JUAN CARLOS ARTEAGA CIFUENTES, GERENTE DE LA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE
POPAYÁN Y OTRO1

Temas: Requisitos del cargo de gerente de E.S.E., formación en áreas
del conocimiento, experiencia profesional relacionada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la sala a resolver el recurso de apelación instaurado por el demandante,
en contra de la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. El señor Julián Mauricio Moreno Gómez, quien actúa en nombre propio, en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de
la Ley 1437 de 2011, presentó demanda contra el acto de nombramiento del señor
Juan Carlos Arteaga Cifuentes como gerente de la E.S.E. Hospital Universitario
San José de Popayán, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

PRIMERO: Declare la NULIDAD de el ACTA DE INSTALACIÓN DE COMITÉ
EVALUADOR PARA LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESCRITA DE
COMPETENCIAS Y CONDUCTAS ASOCIADAS, PARA OCUPAR EL
EMPLEO DE GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN” y del “ACTA DE VALIDACIÓN ,
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y APLICACIÓN DE PRUEBA ESCRITA DE
COMPETENCIAS Y CONDUCTAS ASOCIADAS, PARA OCUPAR EL
EMPLEO DE GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN”, por cuanto fueron expedidos con
falsa motivación, fundadas en el Decreto 20241000000845 del 22 de Marzo de
2024, el cual no tenía efectos al nunca haber sido publicado al momento de
adoptar tales decisiones y recomendaciones, y en segundo lugar por una falta
de competencia, pues al no surtir efectos el decreto del que aquí se habla era
el alcalde el que debía efectuar la verificación de los requisitos para ser gerente
de la E.S.E., lo cual aquí no sucedió.

SEGUNDO: Se declare la NULIDAD del Decreto No. 20241000000875 del 26
de Marzo de 2024, “Por medio del cual se efectúa un nombramiento de

1 Municipio de Popayán (Cauca)

1
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Demandante: Julián Mauricio Moreno Gómez
Demandados: Juan Carlos Arteaga Cifuentes y otro
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Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán”, por cuanto
el mismo adolece de falsa motivación, expedición irregular, infracción de las
normas en que debía fundarse y por la causal prevista en el numeral 5 del
artículo 275 de la ley 1437 de 2011. En primer lugar, porque se designó a una
persona que NO cumplía con los requisitos del cargo, y en segundo lugar por
pretermitir el procedimiento establecido en la normatividad (Ley 1797 de 2016 y
Decreto 1427 de 2016).

TERCERO: Se condene a la parte accionada a pagar las COSTAS y
AGENCIAS en derecho causadas. [sic para toda la cita]

1.2. Hechos

2. La sala sintetiza los fundamentos fácticos señalados en la demanda, de la
siguiente forma:

1.2.1. Relacionados con el nombramiento del señor Juan Carlos Arteaga
Cifuentes como gerente del hospital

3. El demandante manifestó que por medio del Decreto 20241000000875 de
26 de marzo de 2024, el alcalde de Popayán (Cauca) nombró al señor Juan Carlos
Arteaga Cifuentes en el cargo de gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San
José de Popayán, por un periodo institucional de cuatro (4) años.

4. Informó que dicho acto fue publicado el 26 de marzo de 2024, con
anterioridad a la publicación 2 del Decreto 20241000000845 de 22 de marzo de
2024 «Por medio del cual se adopta el procedimiento para la evaluación de las
competencias y conductas asociadas del aspirante o aspirantes a ocupar el
empleo de gerente de la ESE Hospital Universitario San José de Popayán,
Cauca», tal y como se observa de la siguiente captura de pantalla incorporada en
la demanda y de la página web de la Alcaldía de Popayán:

2 Realizada el 26 de marzo de 2024.

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1.2.2. Relacionados con la formación del demandado

5. Señaló que en cumplimiento del artículo 1.º de la Ley 190 de 1995, el señor
Arteaga Cifuentes remitió a la Alcaldía de Popayán el formato único de hoja de
vida para ser nombrado gerente del hospital, el cual contiene:

• Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los
distintos niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos.
• Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o
cargos desempeñados, tanto en el sector público como en el privado, así
como la dirección, el número del teléfono o el apartado postal en los que
sea posible verificar la información.
• Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una
inhabilidad o incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el
empleo o cargo al que se aspira para celebrar contrato de prestación de
servicios con la administración.
• Firma del documento con la que manifiesta que toda la información es cierta
para evitar la sanción del artículo 5 de la Ley 190 de 1995, y que además
no ocultó información.

6. Indicó que el demandado obtuvo el título de contador público el 4 de
diciembre de 2002, conforme al Acta Individual de Graduación 2757 de la
Universidad Cooperativa de Colombia; de igual manera, se graduó como
especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría el 19 de diciembre de 2019,
conforme al Acta de Graduación de la Corporación Universitaria Remington.

7. Advirtió que este obtuvo la tarjeta profesional de contador público No.
91393-T conforme a la Resolución de Inscripción No. 10 de 13 de marzo de 2023,
otorgada por la Junta Central de Contadores.

1.2.3. Relacionados con la experiencia del señor Arteaga Cifuentes

8. Expuso que el demandado acreditó haber laborado en el municipio de
Timbío (Cauca), en el cargo de secretario de Salud, código 02017, en la categoría
de libre nombramiento y remoción, dentro del periodo comprendido entre el 15 de
abril y el 31 de diciembre de 2000, experiencia que fue anterior a la obtención de
su título de contador público.

9. Afirmó que este también laboró, presuntamente, en la Fundación para el
Desarrollo Comunitario Integral del Ser Humano IPS, entre el 1º de julio de 2005 y
el 30 de diciembre de 2023, en el cargo de asesor en revisoría fiscal, organización
que de conformidad con su certificado de existencia y representación legal fue
creada en el año 2007.

10. Precisó que la mencionada fundación no figura en el registro de prestadores
del servicio de salud, según consulta realizada en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud- REPS.

11. Aseveró que el señor Arteaga Cifuentes manifestó haber laborado en la
Clínica OPA, en el cargo de asesor en Gestión de Calidad en Salud, dentro del
periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2018 y el 29 de diciembre de 2023;
sin embargo, dicha organización no figura en el Registro Mercantil.
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12. Aclaró que aparece en el Certificado de Existencia y Representación Legal
una persona jurídica denominada IPS Centro de Rehabilitación OPA S.A.S., cuyo
domicilio es en el municipio de Guachené (Cauca); no obstante, esta no tiene
ubicación en Cali, ciudad donde el demandado constató haber laborado.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

13. La parte actora invocó la transgresión de las siguientes normas:

• Ley 1797 de 2016, artículo 20
• Decreto 1427 de 2016
• Resolución 680 de 2016 expedida por el Departamento Administrativo
de la Función Pública
• Decreto Ley 785 de 2005, artículos 22 y 23
• Ley 1437 de 2011, título VIII de la Parte II

14. Manifestó que el acto de nombramiento acusado incurrió en falsa
motivación, violación de las normas en que debía fundarse y expedición irregular,
por el incumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del demandado
para ocupar el cargo de gerente del Hospital Universitario San José de Popayán, y
por indebida verificación de tales exigencias, por parte del comité designado por el
alcalde de Popayán para tal efecto.

15. Explicó que en el manual de funciones y competencias del citado hospital
consagró los mismos requisitos para el cargo de gerente contenidos en el Decreto
Ley 785 de 2005, los cuales corresponden a título profesional en áreas de la
salud, económicas, administrativas o jurídicas, título de posgrado en salud pública,
administración o gerencia hospitalaria, administración en salud o en áreas
económicas, administrativas o jurídicas, y cuatro años de experiencia profesional
en el sector salud.

16. Señaló que el desconocimiento de las normas invocadas se dio por las
siguientes razones:

1.3.1. Incumplimiento de los requisitos de formación profesional

17. Indicó que el artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005 no estableció la
contaduría pública dentro de las disciplinas profesionales exigidas para el
desempeño del cargo de gerente de E.S.E., el cual no es equiparable al núcleo
básico de la economía, en tanto el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015
ilustra de forma independiente las especialidades, de manera que las profesiones
administrativas son distintas a las económicas y, a su turno, a las contables.

18. Adujo que el señor Juan Carlos Arteaga Cifuentes obtuvo el título de
contador público el 4 de diciembre de 2002, conforme al Acta Individual de
Graduación No. 2757 de la Universidad Cooperativa de Colombia, y le fue
expedida tarjeta profesional No. 91393-T a través de la Resolución de Inscripción
No. 10 de 13 de marzo de 2003 otorgada por la Junta Central de Contadores, lo
que quiere decir que su profesión, al ubicarse en el núcleo básico de la contaduría
pública, no forma parte de las disciplinas económicas y administrativas previstas
por el numeral 22.5 del artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005, razón por la cual
el demandado no cumple con la formación profesional requerida por la normativa.
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1.3.2. Incumplimiento de los requisitos de formación de posgrado

19. Expuso que dentro de los títulos de posgrado exigidos por el artículo 22,
numeral 22.5 del Decreto 785 de 2005, no se encuentra la especialidad en el área
contable, la cual, reiteró, se diferencia de las áreas administrativas y económicas,
de conformidad con el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015.

20. Puntualizó que el demandado obtuvo el título de especialista en Revisoría
Fiscal y Contraloría el 19 de diciembre de 2019, otorgado por la Corporación
Universitaria Remington, posgrado que no forma parte de los requeridos para
desempeñar el cargo de gerente del hospital.

1.3.3. Incumplimiento de los requisitos de experiencia

21. Argumentó que de conformidad con el artículo 22 del Decreto Ley 785 de
2005, numeral 22.5, para la designación en el cargo de director del hospital y
gerente de ESE de tercer nivel de atención se deben acreditar cuatro (4) años de
experiencia profesional en el sector salud.

22. Afirmó que el demandado presentó tres certificados laborales para,
supuestamente, acreditar la experiencia exigida, las cuales el demandante analizó
uno por uno, de la siguiente forma:

1.3.3.1. Experiencia como secretario de salud del municipio de Timbío (del 15
de abril al 31 de diciembre de 2000)

23. Destacó que el Decreto Ley 19 de 2012 estipuló en su artículo 229 que la
experiencia profesional se computa a partir de la terminación y aprobación del
pénsum académico de educación superior; no obstante, el demandado en el
presente caso no aportó prueba sobre la fecha en que terminó materias, por lo
cual no se puede computar su experiencia sino a partir del 4 de diciembre de
2002, fecha en la que obtuvo su título profesional.

24. Mencionó que en el formato de hoja de vida del señor Arteaga Cifuentes se
informó que terminó la carrera en diciembre de 1992; sin embargo, ello constituye
una falsedad en tanto según el acta de grado como contador, dicho programa se
aprobó mediante Acta No. 23 de 20 de diciembre de 1995, por lo que es imposible
que haya terminado materias antes de la aprobación de la carrera.

25. Recalcó que, por tal motivo, la experiencia como secretario de salud en el
municipio de Timbío no es válida por cuanto no se puede tener como profesional
al no haber terminado materias cuando laboró en el cargo y, además, ese empleo
exigía título profesional (Decreto Ley 1569 de 1998), y el demandado carecía de
ello en ese entonces.

1.3.3.2. Experiencia en la Fundación para el Desarrollo Comunitario Integral
del Ser Humano IPS (del 1.º de junio de 2005 al 30 de diciembre de 2023),
como asesor en Revisoría Fiscal

26. Comentó que, de conformidad con el Certificado de Existencia y
Representación Legal de la Fundación para el Desarrollo Comunitario Integral del
Ser Humano, dicha entidad es de naturaleza privada, sin ánimo de lucro,
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identificada con el Nit. 900148706-2 y domiciliada en Popayán, la cual fue
constituida por Acta No. 1 de 2 de mayo de 2007, de manera que el demandado
incurrió en una falsedad al afirmar que laboró en esa persona jurídica desde el año
2005, pues no pudo haber sido el revisor fiscal antes de que esta existiera.

27. Acotó que la Asamblea de Asociados de la fundación mencionada nombró
al demandado como revisor fiscal mediante Acta No. 15 de 12 de enero de 2017,
tal y como se advierte del mismo certificado, lo que respalda la teoría de la
falsedad de la certificación.

28. Alegó que, por otro lado, la fundación no figura en el Registro Especial de
Prestadores del Servicio en Salud, de lo que se deduce que no estaba habilitada
para tal efecto y, en consecuencia, la experiencia del demandado en esa
organización no puede tenerse como de carácter profesional en salud.

1.3.3.3. Experiencia en la Clínica OPA S.A.S. como asesor en Gestión de
Calidad en Salud (del 3 de febrero de 2018 al 29 de diciembre de 2023)

29. Aseveró que la Clínica OPA o IPS CLÍNICA OPA SAS no figura en el
3
RUES , pese a que al ser una sociedad por acciones simplificada debería estar
inscrita en el Registro Mercantil, de conformidad con la Ley 1258 de 2008.

30. Consideró que a pesar de que en la mencionada base de datos se encontró
a la IPS Centro de Rehabilitación OPA S.A.S., identificada con el Nit. 900529652-
9, de suponerse que la experiencia acreditada por el demandado hace referencia
a dicha persona jurídica, de conformidad con el certificado de Existencia y
Representación Legal, su domicilio es en Guachené, por lo que resulta falsa la
información consignada por el demandado en tanto adujo que su labor
desempeñada en la clínica fue en Cali, ciudad donde la IPS relacionada no tiene
domicilio ni ningún tipo de establecimiento.

1.3.4. Violación del procedimiento establecido en el Decreto 1427 de 2016 y
ausencia de verificación de requisitos

31. Manifestó que el alcalde de Popayán expidió el Decreto 20241000000845
de 22 de marzo de 2024 «Por medio del cual se adopta el procedimiento para la
evaluación de las competencias y conductas asociadas del aspirante o aspirantes
a ocupar el empleo de gerente de la ESE Hospital Universitario San José de
Popayán, Cauca», acto en el que creó un comité de evaluación de prueba escrita
y reguló la verificación de los requisitos del aspirante.

32. Señaló que dicho decreto fue publicado y tuvo efectos después del
nombramiento demandado en los términos de los artículos 87 y 89 de la Ley 1437
de 2011, por lo que este no pudo haber sido el sustento del acto acusado pues no
estaba en firme.

33. Reprochó que antes de que se publicara el decreto señalado y que se
pudiera ejecutar, ya se encontraba instalado el comité de evaluación para la
aplicación de la prueba escrita de competencias y conductas para ocupar el
empleo de gerente de la ESE Hospital Universitario San José de Popayán;

3 Registro Único Empresarial y Social.

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además, la respectiva acta de instalación fue suscrita por la señora Alina Valencia
Muñoz, quien no tenía contrato en ese momento con la Alcaldía de Popayán.

34. Al respecto, informó que la citada profesional, si bien firmó el contrato de
prestación de servicios con el ente territorial el 23 de marzo de 2024, este no
podía ejecutarse sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
41 de la Ley 80 de 1993, relacionados con la inclusión en el registro presupuestal.

1.3.5. Vicios de legalidad alegados

35. La parte actora señaló que hubo falsa motivación por cuanto el
procedimiento y la verificación de requisitos y competencias del demandado se
ordenó con un acto administrativo que tuvo efectos posteriores a su
nombramiento; y, expedición irregular pues el Decreto 1427 de 2016, en su
artículo 2.5.3.8.5.3 dispone que la evidencia de ello debe hacerse antes de la
designación, de manera que el comité de evaluación debía conformarse una vez el
acto que lo creara se encontrara en firme.

36. Por último, solicitó que se decrete la suspensión provisional del acto
acusado.

1.4. Contestaciones de la demanda

1.4.1. Juan Carlos Arteaga Cifuentes, demandado

37. Expuso que, contrario a lo afirmado por el demandante, tanto la contaduría
pública como la administración son núcleos básicos del conocimiento dentro del
área de la economía, administración, contaduría y afines, de manera que el
demandado acreditó una profesión correspondiente a tales disciplinas, de
conformidad con el Decreto 1083 de 2015.

38. Acotó que, de igual manera, cumplió con el requisito de posgrado, dado que
la especialización en Revisoría Fiscal y Contraloría se ubica dentro de las áreas
económicas y administrativas.

39. Sobre la experiencia profesional como secretario de Salud del municipio de
Timbío, indicó que se encuentra acreditado que el nombrado obtuvo el título de
administrador de empresas agropecuarias otorgado por la Fundación Universitaria
de Popayán el 28 de junio de 1996; es decir, la experiencia del año 2000 tiene el
carácter de profesional y en el sector salud.

40. En cuanto a la experiencia obtenida en la Fundación para el Desarrollo
Comunitario Integral del Ser Humano, adujo que se aporta el documento
correspondiente con lo reportado en el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

41. En relación con la experiencia en la Clínica OPA S.A.S., aclaró que, si bien
en la documentación se utiliza dicho nombre, la razón social en el registro
mercantil corresponde a IPS Centro de Rehabilitación OPA S.A.S. con Nit. No.
900529652-9, aspecto que se aclaró con un documento adjunto a la contestación,
en el que se precisa que la dirección indicada corresponde con la de notificaciones
judiciales de la sociedad en la ciudad de Cali.

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42. De otra parte, arguyó que la publicación del Decreto 20241000000845 de
22 de marzo de 2024 no vicia ni afecta el trámite de designación del gerente, pues
la competencia de la evaluación estaba en cabeza del alcalde municipal, tal y
como lo dispone el Decreto 1427 de 2016 en su artículo 2.5.3.8.5.1.

43. Destacó que la designación del comité evaluador para apoyar al alcalde en
la evaluación de competencias y conductas asociadas no requiere de expedición
de un acto administrativo, pues ello no se ha previsto por las normas que regulan
la materia y, en ese sentido, la conformación por acto interno pretendió formalizar
el equipo de funcionarios sin que se trate de un acto que cree, modifique o extinga
situaciones jurídicas, ni que deba darse a conocer previamente a la comunidad en
general.

44. Puso de presente que la verificación de competencias de los aspirantes a
gerente fue ordenada por el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, reglamentado por
el Decreto 1427 de 2016, que otorgó competencia a los alcaldes y gobernadores,
y la Resolución 680 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función
Pública, que fijó competencias y conductas asociadas a evaluar. Por ende, el
Decreto 20241000000845 de 22 de marzo de 2024 no tiene el alcance que indica
el demandante.

45. Planteó que los actos de nombramiento de los gerentes de las ESE no
tienen un procedimiento distinto al previsto por el artículo 20 de la Ley 1797 de
2016, por lo cual la autoridad territorial no puede fijar procedimientos mediante
decreto; por ende, no es admisible sostener que hubo un error por falta de
publicación de la decisión en mención, la cual fue de simple trámite o designación
de evaluadores de apoyo al alcalde.

46. Controvirtió la apreciación del actor en torno a la presunta irregularidad con
el contrato suscrito con Alina María Valencia Muñoz, pues de conformidad con el
artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este se perfecciona cuando se logra un acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación, y se eleve por escrito, de manera que el
registro presupuestal no es una exigencia de perfeccionamiento sino de ejecución.

47. Propuso la excepción de cumplimiento de requisitos legales para el
desempeño del cargo, con fundamento en que el demandado acreditó las
exigencias mínimas previstas por el artículo 22, numeral 22.5. del Decreto Ley 785
de 2005.

1.4.2. Municipio de Popayán

48. Argumentó que el señor Juan Carlos Cifuentes Arteaga sí cumplió con los
requisitos del artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005, en tanto la contaduría
pública y la administración son núcleos básicos del área de conocimiento de
economía, administración, contaduría y afines, de manera que como el
demandado acreditó ser contador público y administrador de empresas
agropecuarias, tales profesiones se encuentran dentro de las disciplinas exigidas.

49. Expuso que el título de administrador de empresas agropecuarias fue
obtenido el 28 de junio de 1996, es decir, la experiencia del año 2000 tiene el
carácter de profesional.

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50. Planteó que la experiencia del demandado en la Clínica OPA S.A.S. es
válida, pues se acreditó que su dirección de notificaciones judiciales es en la
ciudad de Cali.

51. Propuso la excepción de mérito de cumplimiento de los requisitos legales
para que el señor Arteaga Cifuentes sea nombrado en el cargo de gerente del
Hospital Universitario San José de Popayán y, en escrito aparte, formuló la
excepción previa de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de
pretensiones, con sustento en que se invocaron causales subjetivas (falta de
requisitos para desempeñar el cargo) y objetivas (falta de publicación del decreto
que estableció el comité evaluador), de nulidad del nombramiento acusado.

1.5. Actuaciones procesales relevantes en primera instancia

52. Por auto de 2 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca
admitió la demanda únicamente frente al Decreto No. 20241000000875 de 26 de
marzo de 2024, a través del cual se nombró al señor Juan Carlos Arteaga
Cifuentes como gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán,
y denegó la petición de suspensión provisional. De igual manera, dispuso la
notificación del demandado.

53. En proveído de 8 de noviembre de 2024, se dispuso el trámite de sentencia
anticipada, se declaró no probada la excepción de inepta demanda propuesta por
el municipio de Popayán (Cauca)4, se decretaron pruebas y se fijó el litigio bajo los
siguientes términos:

Se declare la nulidad del Decreto Nro. 20241000000875 del 26 de marzo de
2024, “Por medio del cual se efectúa un nombramiento de Gerente de la E.S.E.
Hospital Universitario San José de Popayán”, por el no cumplimiento de los
requisitos del cargo.

54. Por auto de 18 de septiembre de 20255, se rechazó por improcedente el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto de 8 de
noviembre de 2024, en cuanto se negó el decreto de unas pruebas solicitadas en
la demanda.

1.6. Sentencia de primera instancia

55. Mediante providencia de 17 de octubre de 2025, el Tribunal Administrativo
del Cauca denegó las pretensiones de la demanda, con base en lo siguiente:

56. Argumentó que la contaduría pública se encuentra dentro del área de
conocimiento de «economía, administración, contaduría y afines», de conformidad
con el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, y como
lo establece, además, el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015, de manera
que el título de pregrado acreditado por el demandado cumple con las exigencias
de pertenecer a las disciplinas previstas por la ley y por el Manual de Funciones
de Hospital Universitario San José de Popayán.

4 Decisión adicionada por auto de 15 de agosto de 2025, numeral primero.
5 Decisión confirmada el 3 de octubre de 2025, por vía de reposición, y mediante providencia de 4

de noviembre de 2025, por vía de queja, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
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57. Consideró que, de igual manera, el título de especialista en Revisoría Fiscal
y Contraloría también pertenece a las áreas habilitantes de economía y
administración, tal y como se observa de la consulta realizada en el enlace
https://hecaa.mineducacion.gov.co/consultaspublicas/detallePrograma.

58. En relación con la experiencia profesional exigida en virtud del Decreto Ley
785 de 2005 y en el Manual de Funciones de la entidad, adujo que esta fue
acreditada por el demandado con la labor desempeñada en la IPS OPA S.A.S.,
donde ostentó el cargo de asesor en Gestión de Calidad en Salud durante cinco
años, diez meses y veintisiete días, entre el 3 de febrero de 2018 y el 29 de
diciembre de 2023, donde ejerció varias funciones en salud.

59. Aclaró que solo con esa certificación se tienen por acreditados los cuatro
años de experiencia requerida para el cargo, y que los reproches del actor en
relación con la presunta falsedad de tal documento no fueron demostrados, de
manera que se presume su autenticidad.

60. Concluyó que el señor Arteaga Cifuentes sí cumplió con los requisitos
legales para ostentar el cargo de gerente del Hospital Universitario San José de
Popayán.

61. Por otro lado, sostuvo que no se configuró el cargo de falsa motivación del
acto acusado, toda vez que la certificación de experiencia profesional emanada
del municipio de Timbío (Cauca), sobre el empleo de secretario de salud
desempeñado por el demandado entre el 15 de abril y el 31 de diciembre de 2000,
también está amparada por la presunción de autenticidad al haber sido expedida
por un funcionario público, quien dio fe de la prestación del servicio, y teniendo en
cuenta que tal situación no se desvirtuó.

62. Afirmó que si bien existió disparidad entre lo consignado en el currículo, en
la primera certificación y en la constancia allegada con las contestaciones de la
demanda en torno al periodo laboral que el demandado tuvo en la Fundación para
el Desarrollo Comunitario Integral del Ser Humano IPS, dicha situación no es
causal de falsa motivación pues al interior de la actuación administrativa se probó
el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia para el nombramiento
de que se trata.

63. Expuso que no se configuró el cargo de expedición del acto con infracción
de las normas en que debía fundarse, por cuanto se comprobó el cumplimiento de
las exigencias del cargo de gerente del hospital, en cuanto a estudio y experiencia.

64. Indicó que el decreto demandado no se expidió irregularmente, ya que el
único requisito exigible por el artículo 2.5.3.8.5.3 del Decreto 1427 de 2016 es que
se deje evidencia de la evaluación de las competencias de los aspirantes a ejercer
el cargo, lo cual sí se acreditó con el Decreto 20241000000845 de 22 de marzo de
2024, por medio del cual se adoptó el procedimiento para la evaluación de las
competencias y conductas asociadas de los aspirantes a ocupar el empleo de
gerente, el memorial del envío de las postulaciones al comité, el acta de
instalación de este último, el acta de evaluación y el informe del comité.

65. Aclaró que la designación del comité evaluador obedeció a una facultad
discrecional del mandatario local y, además, no existe prueba sobre cuál de los
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dos actos administrativos se publicó primero, si el decreto de nombramiento o el
que conformó el comité; y, al margen de ello, tal situación no afectaría la validez
del acto demandado.

66. Finalmente, puso de presente que, en cuanto a la presunta anomalía con la
integración del comité de evaluación con la señora Alina Valencia Muñoz,
profesional en psicología quien firmó el acta de instalación sin contrato con la
entidad, esta no ocurrió en tanto la fecha de inicio del contrato es de 23 de marzo
de 2024.

1.7. Recurso de apelación

67. La parte actora instauró oportunamente recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

68. Frente a los requisitos de formación de pregrado y posgrado, señaló que en
el Manual de Funciones del Hospital San José de Popayán y en el Decreto Ley
785 de 2005 no se incluyó el área de contaduría como exigencia para ser gerente
o director de la E.S.E., e insistió en que el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de
2015 diferenció las disciplinas administrativas, económicas y contables, de manera
que estas tres no son equiparables.

69. Indicó que, en el caso del posgrado que también fue en el área contable,
tampoco se ubica en las áreas de conocimiento exigidas para el desempeño del
cargo, a saber, administración o gerencia hospitalaria, administración en salud,
áreas económicas, administrativas y jurídicas, dentro de las que no se encuentra
la contaduría, disciplina distinta a las enunciadas.

70. Adujo que, en relación con la experiencia, en el formato de hoja de vida se
señaló que el demandado terminó la carrera en diciembre de 1992, lo cual es falso
puesto que, según el acta de grado de contador público, el programa se aprobó
mediante Acta No. 23 de 20 de diciembre de 1995, por lo que resulta imposible
que haya terminado materias antes de que la carrera se aprobara.

71. Manifestó que el señor Arteaga Cifuentes presuntamente laboró en la
Fundación para el Desarrollo Comunitario Integral del Ser Humano IPS desde el 1º
de julio de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2023, en el cargo de asesor en
revisoría fiscal; no obstante, del certificado de Existencia y Representación Legal
de dicha entidad sin ánimo de lucro se extrae que fue creada en el año 2007, por
lo que resulta contradictorio. Además, dicha organización no figura en el Registro
de Prestadores del Servicio de Salud.

72. Expuso que ante las contradicciones entre el certificado aportado por la
parte pasiva con la contestación y lo consignado en la hoja de vida del
demandado, no debe perderse de vista que el señor Arteaga sabía que no había
trabajado en la fundación por todo el tiempo constatado por él, y aun así declaró
que su vinculación fue desde el año 2005.

73. Afirmó que la Clínica OPA S.A.S., donde el demandado acreditó haber
laborado desde el 3 de febrero de 2018 hasta el 29 de diciembre de 2023 en el
cargo de asesor en gestión de calidad en salud, no figura en el RUES;
adicionalmente, de suponerse que el contrato laboral del señor Arteaga fue con la
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IPS Centro de Rehabilitación OPA S.A.S., esta tiene su domicilio en el municipio
de Guachené, lo que resulta contradictorio con lo afirmado por el demandado
quien aclaró que prestó sus servicios en la ciudad de Cali.

74. Destacó que, en la sentencia apelada, el tribunal no abordó los temas
relacionados con que el señor Arteaga aportó una certificación de experiencia
profesional en el cargo de secretario de salud en el año 2000, pero se graduó en
el año 2002, ni tampoco se estudió la irregularidad en torno a la terminación de su
carrera en diciembre de 1992 y la obtención de su título en 2002, así como las
demás inconsistencias puestas de presente en la demanda.

75. Puso de presente que en la contestación de la demanda se vislumbró un
hecho nuevo, y es que el demandado se graduó de administrador de empresas
agropecuarias, situación que fue desplazada por el tribunal en la sentencia.

76. Sobre el particular, alegó que el señor Arteaga Cifuentes no se encuentra
registrado con matrícula profesional en una profesión de administrador de
empresas ni cumple con los requisitos legales para ejercer tal profesión, por lo que
no puede acreditar dicha formación para ocupar el cargo de gerente en el Hospital
Universitario San José de Popayán.

77. De otra parte, insistió en que se presentó una irregularidad en tanto el acto
que conformó el comité de verificación fue publicado después del decreto de
nombramiento demandado, por lo que el primero de ellos no se encontraba en
firme y, por ende, no se podía ejecutar.

78. Reiteró que la señora Alina Valencia Muñoz, quien hizo parte del comité de
verificación, no tenía contrato en esa fecha pues inició su vínculo contractual el 23
de marzo de 2024, el cual no podía ejecutarse sin que se incluyera en el registro
presupuestal, así como los cargos de falsa motivación, expedición irregular e
infracción de las normas en que debía fundarse el acto acusado, en similares
términos a los expuestos en la demanda.

1.8. Trámite en segunda instancia

79. Por auto de 15 de diciembre de 2025, se admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia y se denegaron las pruebas solicitadas
por la parte actora. De igual manera, se puso a disposición de la parte demandada
el respectivo memorial por el término de tres días, y luego se ordenó que
permaneciera el expediente en secretaría por el plazo de tres días para que las
partes presentaran sus alegatos de conclusión por escrito; al vencimiento de este,
al Ministerio Público para rendir concepto dentro de los cinco días siguientes.

1.9. Alegatos de conclusión

1.9.1. Demandante

80. Reiteró los argumentos de la apelación bajo similares términos, en el
sentido de precisar que el demandado no cumplió con la formación profesional
requerida por la norma, ni con el título de posgrado.

81. Insistió en la falta de cumplimiento del requisito de experiencia, en el mismo
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sentido señalado en la demanda y en la apelación, así como en la configuración
de la falsa motivación, expedición irregular e infracción de las normas en que
debía fundarse.

1.9.2. Municipio de Popayán (Cauca)

82. Manifestó que el demandado cumplió con los requisitos para acceder al
cargo de gerente del Hospital Universitario San José de Popayán, toda vez que
acreditó dos títulos profesionales, a saber, el de administrador de empresas
agropecuarias obtenido en el año 1996 y contador público adquirido en el año
2022, especialidades que son de las áreas económicas y administrativas que
exige la norma, según la clasificación realizada por el Decreto 1083 de 2015,
artículo 2.2.2.4.9.

83. Insistió en que el señor Arteaga Cifuentes cumplió con el requisito de
experiencia profesional en los tres cargos acreditados, en tanto cuenta con más de
13 años, cuando la norma exige cuatro años.

84. Señaló que no se configuró el cargo de falsa motivación por lo expuesto en
precedencia, ni el de expedición irregular del acto demandado en tanto la Ley
1797 de 2016 faculta al alcalde para nombrar directamente al gerente de la E.S.E.,
previa verificación de requisitos y evaluación de competencias; además, la
supuesta irregularidad en torno a la publicación del decreto que creó el comité de
verificación con posterioridad al acto acusado no tiene la entidad suficiente para
viciar al acto de nulidad.

1.10. Concepto del Ministerio Público

85. El Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

86. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
17 de octubre de 2025, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 6 y
152 numeral 7.c7 de la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de
2019, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 que contiene el
reglamento del Consejo de Estado8.

6 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […].

7 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales

administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: […] c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento
a ocupar curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin
pretensión de restablecimiento del derecho de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus
equivalentes en los órdenes nacional, departamental y distrital […].

8 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así:

ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del
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87. Lo anterior, teniendo en cuenta que el gerente de la E.S.E. Hospital
Universitario San José de Popayán es un cargo del nivel directivo, conforme al
Manual de Funciones de la entidad.

2.2. El acto acusado

88. El acto cuya nulidad se pretende dentro del presente asunto es el Decreto
No. 20241000000875 de 26 de marzo de 2024 «Por medio del cual se efectúa un
nombramiento de Gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San José de
Popayán», expedido por el alcalde de Popayán (Cauca).

2.3. Problema jurídico

89. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos
en el recurso de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o
confirmar la sentencia apelada.

90. Para el efecto, se hará referencia, en primer término, al marco jurídico que
regula la designación de gerentes o directores de las E.S.E. Luego se analizará si
el demandado cumplió con los requisitos de estudios de pregrado y posgrado, y de
experiencia profesional en salud requeridos para ocupar el cargo de gerente de la
E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán; y, si se configuraron los
cargos de falsa motivación, expedición irregular del acto acusado e infracción de
las normas en que debía fundarse por falta de acreditación de los presupuestos
mencionados y por vicios en la creación del comité de verificación (publicación
posterior del decreto que lo conformó y participación de una persona sin contrato
vigente en ese entonces).

2.4. Marco jurídico de la designación de gerentes o directores de las E.S.E.

91. De conformidad con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 «[…] La
prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades
territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado,
que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la
Ley o por las asambleas o concejos […]».

92. En atención a la norma en cita, que creó el sistema de seguridad social
integral, las Empresas Sociales del Estado son el tipo de figura usada, de manera
principal, para prestar el servicio público en salud, y están representadas
legalmente por su director o gerente, quien deberá ser nombrado por el jefe de la
respectiva entidad territorial que haya asumido los servicios en salud, de
conformidad con el artículo 192 ibídem.

reparto, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:

[…] Sección Quinta

1. La acción de nulidad electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos
electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades
públicas, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en la ley. Igualmente, la nulidad
de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas […].
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93. En cuanto a la designación de los gerentes o directores de las E.S.E., el
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 dispuso lo siguiente:

ARTÍCULO 20. NOMBRAMIENTO DE GERENTES O DIRECTORES DE LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Los Gerentes o Directores de las
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe
de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o
Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el
Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la República, a los
Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su
posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo,
previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en
las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el
Departamento Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores
de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos
institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y
culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del
Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho
periodo, solo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación
insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos
establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por
destitución o por orden judicial […].

94. En cuanto a los requisitos para ostentar el cargo de gerente o director de la
E.S.E., el artículo 22.5 del Decreto Ley 785 de 2005 previó que, para el caso del
tercer nivel de atención se debe acreditar «[…] Título profesional en áreas de la
salud, económicas, administrativas o jurídicas; título de posgrado en salud pública,
administración o gerencia hospitalaria, administración en salud o en áreas
económicas, administrativas o jurídicas; y experiencia profesional de cuatro (4)
años en el sector salud […]».

95. De igual manera, prohíbe que el título de posgrado sea compensado por
experiencia de cualquier naturaleza.

2.5. Caso concreto

96. Como viene de explicarse, la parte actora controvierte el nombramiento del
señor Juan Carlos Arteaga Cifuentes como gerente de la E.S.E. Hospital
Universitario San José de Popayán, con fundamento en que (i) no cumplió con los
requisitos de estudios y experiencia, (ii) el decreto a través del cual el alcalde de
Popayán (Cauca) conformó el comité de evaluación fue publicado con
posterioridad al acto demandado de manera que no podía ser ejecutado, y (iii)
dicho órgano fue conformado con una profesional quien no había suscrito en ese
momento contrato con el ente territorial.

97. En la sentencia apelada, el Tribunal Administrativo del Cauca concluyó que
el demandado sí cumplió con el requisito de estudios de pregrado y posgrado, en
tanto la profesión de contaduría pública y la disciplina de la especialización
acreditada hacen parte del área de conocimiento económicas, que se encuentran
dentro de las exigidas para el cargo.

98. Adicionalmente, argumentó que con el solo periodo de trabajo en la IPS
OPA S.A.S., el cual fue de 5 años, 10 meses y 27 días, se acreditaron los cuatro

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años de experiencia profesional en el sector salud; además, la respectiva
certificación en ese sentido goza de presunción de legalidad al no haber sido
tachada de falsa o no haberse demostrado mediante otra prueba su falta de
autenticidad.

99. Concluyó que no se presentaron los vicios de falsa motivación, expedición
irregular e infracción de las normas en que debía fundarse, por lo que el acto
demandado conserva su presunción de legalidad.

100. Con la apelación, el demandante trajo a colación todos los argumentos
esgrimidos en la demanda, en similares términos, y agregó que en atención al
hecho nuevo puesto de presente en la contestación de la demanda que hacía
referencia a que el demandado se graduó de administrador de empresas
agropecuarias, él no se encuentra registrado con matrícula profesional en una
profesión de administrador de empresas ni cumple con los requisitos legales para
ejercer tal disciplina, por lo que no puede acreditar dicha formación para ocupar el
cargo de gerente en el Hospital Universitario San José de Popayán.

101. En relación con este último argumento, la sala advierte que no fue
propuesto en la demanda, de manera que no se estudiará, teniendo en cuenta los
límites del juez de segunda instancia previstos por el artículo 328 del CGP, norma
que dispone:

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia
deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que
en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

102. Ahora bien, la sala abordará los reparos de la apelación, bajo los términos
que pasan a exponerse:

2.5.1. Requisitos de estudios

103. Como se señaló en el marco jurídico de estas consideraciones, el Decreto
Ley 785 de 2005 estableció como requisitos de estudio para ser designado
director de hospital y gerente de E.S.E. de tercer nivel de atención 9, acreditar título
profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas; y título
de posgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria,
administración en salud o en áreas económicas, administrativas o jurídicas.

9 Lo cual se desprende de la parte motiva del acto acusado, en tanto constató que el Hospital
Universitario San José de Popayán es de tercer nivel.
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104. En el presente caso, el reproche del actor es que de conformidad con el
Manual de Funciones de la E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán ni
el título de pregrado en Contaduría Pública, ni la especialización en Revisoría
Fiscal y Contraloría acreditados por el demandado para ser nombrado en el cargo
de gerente del hospital mencionado, forman parte de las disciplinas exigidas por la
norma mencionada, ya que el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 las
diferenció al determinar las áreas académicas, norma que establece:

ARTÍCULO 2.2.3.5 Disciplinas académicas. Para efectos de la identificación de
las disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la
aprobación de estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del
Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y organismos identificarán en el manual
de funciones y de competencias laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento
-NBC- que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con
la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior -SNIES, tal como se señala a continuación:

ÁREA DEL CONOCIMIENTO NÚCLEO BÁSICO DEL
CONOCIMIENTO
[…] Administración
Contaduría Pública
ECONOMÍA, Economía
ADMINISTRACIÓN,
CONTADURÍA Y AFINES […]

105. Como lo indica la norma transcrita, dentro del área de conocimiento de la
economía, administración, contaduría y afines se encuentran los núcleos básicos
del conocimiento en administración, contaduría pública y economía.

106. Ahora bien, teniendo en cuenta que la disposición que regula este caso es
el Decreto Ley 785 el cual es del año 2005, replicada en el Manual Especifico de
Funciones (Acuerdo No. 0006 del 2 de mayo de 2019), que en su contenido se
refiere a áreas económicas, se advierte que para ser aplicada al tiempo de hoy es
necesario acudir a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 y así determinar que
título o profesión pertenece a estas áreas.

107. Lo anterior, por cuanto lo que antes (Decreto Ley 785 de 2005) se entendía
como áreas económicas hoy se traduce al área de conocimiento de economía,
administración, contaduría y a fines (Decreto 1083 de 2015).

108. Por su parte, el artículo 22.5 del Decreto Ley 785 de 2005 establece que se
aporte título profesional en áreas, entre otras, económicas; y, título de posgrado
en áreas económicas, entre otras. De esa manera, comoquiera que el artículo
aludido lo que contempló fue que la educación debía acreditarse por las áreas
requeridas, dentro de las que se encuentra la economía, y dado que conforme a la
clasificación realizada por el artículo 2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 la disciplina
de Contaduría Pública pertenece a dicha área, se concluye que el título de
contador otorgado al demandado por la Universidad Cooperativa de Colombia el 4
de diciembre de 200210 es válido para acreditar la formación profesional exigida.

109. Igual acontece con el título de especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría
otorgado al demandado por la Corporación Universitaria Remington el 13 de
10 Aportado con los anexos de la demanda.

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diciembre de 2009 11 , el cual pertenece al área de conocimiento de economía,
administración, contaduría y afines, según se desprende de la consulta del
programa aportada en una captura de pantalla allegada con la demanda:

110. Cabe resaltar que el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la
E.S.E. Hospital Universitario San José de Popayán exige, como requisito de
formación académica, título profesional en áreas económicas, entre otras, y título
de posgrado en áreas económicas, entre otras, de manera que dicha
reglamentación no exige que las disciplinas sean de un núcleo específico, sino del
área en general:

111. De igual manera, se destaca que en el presente evento el Manual de
Funciones no exige una profesión específica o un núcleo básico del conocimiento
en particular, pues de forma genérica estableció áreas en las que pueden caber
profesiones que sean similares, establecidas en el artículo 2.2.3.5 del Decreto
1083 de 2015.

112. Sobre el tema, esta sección definió el área de conocimiento y el núcleo
básico del conocimiento -NBC-, bajo los siguientes términos:

11 Documento aportado con la demanda.

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Demandados: Juan Carlos Arteaga Cifuentes y otro
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El Área de Conocimiento es la agrupación que se hace de los programas
académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los
campos específicos del conocimiento, en los de acción de la educación
superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al
desempeño de ocupaciones, profesiones, disciplinas y, se clasifican así: a)
Agronomía, Veterinaria y afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias de la Educación,
d) Ciencias de la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía,
Administración, Contaduría y afines; g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
afines; y h) Matemáticas y Ciencias Naturales. Por su parte, el Núcleo Básico
del Conocimiento – NBC corresponde a la división o clasificación de un Área
del Conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales12.

113. En conclusión, comoquiera que se acreditó que el demandado cumplió con
los requisitos de educación exigidos para el cargo de gerente de la E.S.E. Hospital
Universitario San José de Popayán, no se accederá al presente cargo.

2.5.2. Requisitos de experiencia

114. Sea lo primero señalar, que el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015
define la experiencia profesional como «[…] la adquirida a partir de la terminación
y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el
ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida
para el desempeño del empleo».

115. En el caso del gerente de la E.S.E., se reitera que el Decreto Ley 785 de
2005 exige experiencia profesional de cuatro (4) años en el sector salud.

116. En el presente caso, el Tribunal Administrativo del Cauca entendió por
acreditada la exigencia de que se trata con la certificación laboral que demuestra
que el señor Arteaga Cifuentes se desempeñó como asesor en Gestión de Calidad
en Salud de la IPS Centro de Rehabilitación OPA S.A.S. durante 5 años, 10
meses y 27 días, comprendidos entre el 3 de febrero de 2018 y el 29 de diciembre
de 2023, documento que goza de presunción legal; y, se abstuvo de analizar las
otras dos certificaciones.

117. Pues bien, la sala comparte el estudio realizado por el a quo, ya que
efectivamente se encontró como válida la constancia laboral relacionada en
precedencia, la cual es suficiente para acreditar los cuatro años exigidos, en tanto
la labor desempeñada por el demandado en la IPS aludida constituyó experiencia
profesional y se desempeñó en el sector salud.

118. En ese sentido, resulta innecesario entrar a analizar si las demás
constancias acreditaron la experiencia del demandado requerida para el cargo al
haber sido válida la corroborada por el a quo, y teniendo en cuenta que de
invalidarse alguno de los otros dos vínculos laborales o tenerse por no probados,
de todas formas, el demandado sí cumpliría con el requisito de experiencia
profesional exigida con la sola certificación de la IPS en cuestión.

119. Así las cosas, no resultaría necesario tampoco pronunciarse sobre los
demás reparos en torno a la presunta inconsistencia sobre la fecha de terminación

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Magistrado ponente

Luis Alberto Álvarez Parra. Radicado 19001-23-33-000-2024-00050-01. Sentencia de 13 de febrero
de 2025.
19
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de materias de la carrera de Contador Público, pues para la fecha en que empezó
a laborar en la IPS Centro de Rehabilitación OPA S.A.S. (3 de febrero de 2018) ya
había obtenido dicho título.

120. Ahora bien, el actor reprocha que la Clínica OPA S.A.S. o IPS Centro de
Rehabilitación OPA S.A.S., tiene su domicilio en el municipio de Guachené, lo que
resulta contradictorio con lo afirmado por el demandado quien aclaró que prestó
sus servicios en la ciudad de Cali. Frente a ello, se observa que el Certificado de
Existencia y Representación Legal de la citada persona jurídica consagra como
domicilio el municipio de Guachené (Cauca):

121. No obstante, para efectos de notificaciones judiciales consignó una
dirección en la ciudad de Cali (Valle del Cauca):

122. En ese orden de ideas, la información puesta en la hoja de vida del
demandado coincide con la dirección de notificaciones judiciales de la
organización:

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123. Cabe resaltar que, en la certificación laboral aportada por el demandante en
relación con la Clínica OPA, cuyo nombre constatado en el Certificado de
Existencia y Representación Legal corresponde a la IPS Centro de Rehabilitación
OPA S.A.S., el coordinador del programa de rehabilitación de dicha persona
jurídica hizo constar lo siguiente:

124. El demandante no probó que el documento en mención fuera falso o
careciera de autenticidad, por lo que se tiene como prueba de la experiencia
laboral profesional relacionada en salud acreditada por el demandado, en tanto se
insiste, sus actividades en la entidad iniciaron el 3 de febrero de 2018 (cuando el
señor Arteaga Cifuentes ya contaba con título de contador público), y finalizaron el
29 de diciembre de 2023.

125. Se agrega a lo anterior, que el municipio de Popayán aportó certificado
expedido por el representante legal del Centro de Rehabilitación OPA IPS el 20 de

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agosto de 2024, en el que indicó el periodo laborado por el demandando y el
cargo, el cual coincide con la constancia aportada por el demandante, y, además,
precisó lo siguiente:

Se aclara que la constancia del 7 de febrero menciona nuestro nombre
comercial reflejado en membretes de papelería institucional como Clínica Opa
S.A.S., sin embargo, la razón social que consta en los estatutos y en el registro
mercantil es IPS CENTRO DE REHABILITACION OPA S.A.S.

Finalmente se debe indicar que nuestra sede asistencial es en el Municipio de
Guachené Cauca, concretamente en la vereda El Cabito Finca Villa de Las
Torres, sin embargo, nuestras oficinas administrativas funcionan en la Calle 49
No. 2GN – 87 de la ciudad de Cali, tal como consta en el registro mercantil
(dirección para notificaciones judiciales). Se debe precisar que las actividades a
cargo del contratista se realizaban tanto en la sede asistencial como en las
instalaciones administrativas de la sociedad.

126. De esa manera, se aclararon las irregularidades señaladas por el actor, por
lo que se tiene por válida la experiencia desempeñada por el demandado en la
IPS señalada.

2.5.3. Irregularidades relacionadas con la conformación del comité de
evaluación

127. La parte actora insistió en que se presentó una irregularidad en tanto el acto
que conformó el comité de evaluación fue publicado después del decreto de
nombramiento demandado, por lo que el primero de ellos no se encontraba en
firme y, por ende, no se podía ejecutar.

128. Al respecto, resulta necesario precisar que de conformidad con el artículo
2.5.3.8.5.1. del Decreto 1427 de 2016 corresponde al alcalde, como autoridad
nominadora de orden municipal, evaluar mediante pruebas escritas las
competencias señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública
para ocupar el empleo de director o gerente de las E.S.E.

129. A su turno, el artículo 2.5.3.8.5.3. ibídem, previó que «Las competencias del
aspirante o aspirantes a ocupar el cargo de director o gerente de las Empresas
Sociales del Estado del orden departamental, distrital o municipal, señaladas por
el Departamento Administrativo de la Función Pública, serán evaluadas por el
gobernador o el alcalde, de lo cual se dejará evidencia».

130. De lo anterior, se extrae que la normativa en cita exige al alcalde, en este
caso, evaluar a través de pruebas escritas a los aspirantes al cargo de gerente o
director de la E.S.E., así como dejar evidencia de lo anterior.

131. En el caso bajo examen, se advierte que través del Decreto
20241000000845 de 22 de marzo de 2024, el alcalde de Popayán adoptó el
procedimiento para la evaluación mediante la aplicación de prueba escrita de las
competencias y conductas señaladas por el Departamento Administrativo de la
Función Pública en la Resolución 680 de 2 de septiembre de 2016 para los
aspirantes a ocupar el empleo de gerente de la E.S.E. Hospital Universitario San
José de Popayán, al igual que para verificar los requisitos de formación académica
y experiencia profesional.
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132. De igual manera, conformó un órgano técnico denominado comité
evaluador, el cual aplicaría la prueba escrita de competencias y conductas
asociadas y verificaría tales requisitos.

133. En el artículo cuarto del decreto en mención se estipuló que este rige a
partir de la fecha de su publicación la cual se efectuó el 26 de marzo de 2024.

134. De lo anteriormente expuesto se extrae que, si bien tanto el decreto que
adoptó el procedimiento para la evaluación a los aspirantes como el acto de
nombramiento demandado fueron publicados en la misma fecha, tal situación no
invalida esta última decisión pues se corroboró que el alcalde dio cumplimiento al
artículo 2.5.3.8.5.1. del Decreto 1427 de 2016, en tanto practicó la prueba escrita
de competencias y conductas asociadas a los aspirantes, y dejó constancia de ello
a través del comité de evaluación el cual envió al alcalde de Popayán el acta e
informe para definir la persona que ocuparía el cargo de gerente de la E.S.E.
Hospital Universitario San José de Popayán:

135. De esa manera, las presuntas irregularidades señaladas con la publicación
posterior del Decreto 20241000000845 no afectan su validez ni la del acto de
nombramiento acusado, más aún si se tiene en cuenta que el alcalde cumplió con
los fines de la norma, por cuanto practicó la prueba escrita de competencias y
conductas asociadas a los aspirantes y dejó evidencia de ello a través del comité
de evaluación.

136. Al respecto, esta corporación ha reiterado en varias ocasiones lo siguiente:
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[…] el requisito de publicación de los actos administrativos de carácter general
es un presupuesto de eficacia u oponibilidad frente a terceros, y no de validez;
y que los actos generales expedidos por las entidades y órganos del orden
nacional deben ser publicados en el diario oficial. Así mismo, no sólo esta
Sección sino también esta Corporación han indicado en repetidas
oportunidades que la falta de publicación de un acto administrativo de
carácter general no es causal de nulidad, sino de inoponibilidad frente a
terceros, requisito de eficacia y no de validez frente al mismo acto […]13.

137. Finalmente, frente al reproche formulado en relación con que la señora
Alina Valencia Muñoz, quien hizo parte del comité de verificación, no tenía
contrato en esa fecha pues inició su vínculo contractual el 23 de marzo de 2024, el
cual no podía ejecutarse sin que se incluyera en el registro presupuestal, se
observa que según la información aportada con la demanda y con la contestación
a las excepciones, el contrato fue suscrito por la mencionada psicóloga el 23 de
marzo de 2024, fecha en la cual el alcalde de Popayán remitió a los miembros del
comité evaluador las postulaciones para el cargo de gerente:

138. Por consiguiente, la señora Alina María Valencia Muñoz ejerció sus labores
de psicóloga dentro del comité evaluador dentro del periodo de ejecución del
contrato, de manera que no se configuró la irregularidad alegada por la parte
demandante.

139. Finalmente, se aclara que con el acto acusado no se incurrió en falsa
motivación, expedición irregular e infracción de las normas en que debía fundarse,
en tanto se adoptó tal decisión siguiendo el procedimiento previsto por las normas
aplicables y teniendo en cuenta que el demandado cumplió con los requisitos para
ser designado gerente de la E.S.E.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, providencia del 29 de mayo de 2014,

Rad: 11001-03-28-000-2011-00059-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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140. Por las anteriores razones, se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 17 de octubre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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