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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2024-00050-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2024-00050-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca el 21 de noviembre de 2024, que accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 19001-23-33-000-2024-00050-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

13 de febrero de 2025

Demandante: Duván Felipe Sánchez Santeliz
Demandados: Heidee Mariela Becerra Gómez y otro
Rad.: 19001-23-33-000-2024-00050-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 19001-23-33-000-2024-00050-01
Demandante: DUVÁN FELIPE SÁNCHEZ SANTELIZ
Demandados: HEIDEE MARIELA BECERRA GÓMEZ – SECRETARIA DE
DESPACHO - CULTURA Y TURISMO DE POPAYÁN Y
OTRO

Temas: Requisitos para ocupar el cargo de secretaria de despacho -
Secretaría de Cultura y Turismo. Medidas correctivas que
aplican las autoridades de policía.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del
municipio de Popayán contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El ciudadano Duván Felipe Sánchez Santeliz, en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 139 del CPACA, presentó demanda tendiente a obtener la
nulidad del acto de nombramiento de la señora Heidee Mariela Becerra Gómez,
como secretaria de despacho - Secretaría de Cultura y Turismo de Popayán.

1.2. Hechos

Mediante el Decreto 20201000003885 del 29 de diciembre de 2020, se creó el
cargo de secretaria de despacho - Secretaría de Cultura y Turismo en la planta
de personal del municipio de Popayán.

A través del Decreto 20241000000025 del 1° de enero 2024, el alcalde de
Popayán nombró a la señora Heidee Mariela Becerra Gómez en el referido cargo,
del cual tomó posesión en la misma fecha, según consta en el acta 013.

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Demandante: Duván Felipe Sánchez Santeliz
Demandados: Heidee Mariela Becerra Gómez y otro
Rad.: 19001-23-33-000-2024-00050-01

Con el fin de acreditar los requisitos exigidos para ocupar el referido empleo, la
demandada aportó copia del diploma expedido el 19 de julio de 2019, por la
Universidad de Antioquia, la cual le otorgó el título de Licenciada en Educación
Básica en Danza. Además, allegó certificaciones en las que consta que se
desempeñó como Técnico Administrativo, código 367, grado 01 en la Oficina de
Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del
departamento del Cauca y, como instructora de la Fundación Casa de la Cultura
del Cauca (FUNDACULTURA).

El 3 de octubre de 2019, la Policía Metropolitana de Popayán le impuso una
medida correctiva a la señora Heidee Mariela Becerra Gómez consistente en
multa general tipo 2, por infringir el numeral 1° del artículo 35 de la Ley 1801 de
20161, esto es, por irrespetar a las autoridades de policía, la cual fue pagada por
parte de la demandada el 16 de febrero de 2024.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

Con base en los anteriores supuestos fácticos, el demandante afirma que el acto
acusado infringe los artículos 2 y 29 de la Constitución Política; 2.2.2.3.7 y
2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 20152; 183 de la Ley 1801 de 2016 y el Decreto
20201000003885 del 29 de diciembre de 20203.

Como cargos de nulidad general contra el acto acusado formuló los siguientes: i)
desconocimiento de las normas en que debía fundarse y, ii) falsa motivación
previstos en el artículo 137 del CPACA.

Indicó que la señora Heidee Mariela Becerra Gómez no cumplía los requisitos de
formación académica ni de experiencia para ser nombrada y posesionada en el
cargo de secretaria de despacho - Secretaría de Cultura y Turismo.

Frente a la formación académica, sostuvo que la demandada aportó copia del
título universitario obtenido en el año 2019 como Licenciada en Educación Básica
en Danza, el cual se encuentra dentro del Área del Conocimiento de bellas artes
y hace parte del Núcleo Básico del Conocimiento de artes representativas, sin que
estos fueran incluidos en el decreto de creación del cargo en el que fue nombrada.

Respecto de la experiencia, adujo que la señora Becerra Gómez tampoco acreditó
los 36 meses exigidos, toda vez que, aportó un decreto de nombramiento en un
empleo como Técnico Administrativo que desempeñó durante el periodo
comprendido entre los años 2015 a 2023, en el cual no adquirió la experiencia

1 Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
2 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.
3 Por el cual se crean unos cargos dentro de la Planta de Personal del Municipio de Popayán y se ajusta el

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales de los diferentes empleos de
Planta de Personal de la administración central del municipio de Popayán.

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profesional requerida.

Adicionalmente, aseguró que la parte accionada allegó una certificación expedida
por el representante legal de la Fundación Casa de la Cultura del Cauca, la cual
no cumple los requisitos del artículo 2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, pues se
limita a señalar un rango de tiempo en el que presuntamente desempeñó
funciones profesionales, esto es, entre el 10 de febrero de 2020 y el 23 de
diciembre de 2023, desconociendo que durante ese periodo se encontraba
nombrada en un cargo público, por lo tanto, estimó que se debían determinar las
horas trabajadas, con el fin de establecer el cumplimiento de los 36 meses de
experiencia exigida.

Por último, mencionó que para el 1° de enero 2024, fecha del nombramiento
censurado, la señora Heidee Mariela Becerra Gómez tenía vigente una medida
correctiva consistente en multa general tipo 2, por infracción del numeral 1° del
artículo 35 de la Ley 1801 de 2016, concretamente, por irrespetar a las
autoridades de policía, la cual fue pagada hasta el 16 de febrero de 2024, es decir,
un (1) mes y dieciséis (16) días después de haber sido posesionada.

1.4. Admisión de la demanda

Mediante proveído del 24 de mayo de 2024, el a quo admitió la demanda y ordenó
notificar de forma personal a la señora Heidee Mariela Becerra Gómez y al
representante del municipio de Popayán, conforme a lo previsto en el artículo 277
del CPACA.

1.5. Contestación de la demanda

1.5.1. Heidee Mariela Becerra Gómez (demandada)

Señaló que los requisitos de formación académica y experiencia a los que alude
el actor, fueron acreditados al momento de tomar posesión como secretaria de
despacho - Secretaría de Cultura y Turismo.

Mencionó que se posesionó en el mencionado empleo convencida de que había
sido exonerada de la multa impuesta, toda vez que, en el año 2019 solicitó que le
fuera conmutada por participación en un programa comunitario o actividad
pedagógica; sin embargo, por situaciones de organización administrativa de la
Secretaría de Gobierno, no se descargó en su momento del sistema.

Explicó que por motivos personales presentó renuncia al referido cargo, a partir
del 21 de mayo del 2024.

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1.5.2. Municipio de Popayán

La apoderada del referido ente territorial no contestó el libelo.

1.6. Otras actuaciones de la primera instancia

El 20 de septiembre de 2024, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el
artículo 180 del CPACA, en la que se saneó el proceso y se fijó el litigio en los
siguientes términos:

(…) determinar si está viciado de nulidad el acto demandado expedido por el
alcalde del municipio de Popayán, esto es, el Decreto 20241000000025 del 1° de
enero 2024, por medio del cual se designó como SECRETARIO DE DESPACHO
• CULTURA Y TURISMO código 020-01 a la señora Heidee Mariela Becerra
Gómez. El juicio de legalidad sobre los actos descritos se hará con base en la
causal de nulidad establecida en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA,
determinando si la alegada ausencia de requisitos exigidos para ocupar el cargo
o la existencia de una medida correctiva en contra de la señora Heidee Mariela
Becerra Gómez configura la causal de nulidad invocada o aquella inhabilidad
descrita en el numeral 2 del artículo 183 de la Ley 1801 de 2015 (sic) que impedía
a la demandada ser nombrada en el cargo público referido.

En la misma diligencia el a quo decretó los medios probatorios solicitados por las
partes y fijó el 25 de octubre de 2024, para celebrar la audiencia de pruebas, día
en que se incorporaron los documentos allegados al expediente y se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto, quienes presentaron los escritos respectivos.

1.7. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cauca, a través de sentencia del 21 de noviembre
de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente:

Como cuestión previa, precisó que si bien, en la actualidad la demandada no
desempeña el cargo de secretaria de despacho - Secretaría de Cultura y Turismo
de Popayán, en atención a la renuncia que le fue aceptada en mayo de 2024, lo
cierto es que, la jurisprudencia del Consejo de Estado4 ha refrendado que procede
el estudio de legalidad y la decisión de fondo respecto de los actos que, en un
momento determinado produjeron efectos jurídicos, pese a que, para la fecha del
fallo, aquellos no estén vigentes por diversas circunstancias, como ocurre en el
presente caso.

Luego, analizó los requisitos5 exigidos por el Decreto Municipal No.
4 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 12 de julio de

2018, Rad. 73001-23-31-000-2000-01351-01.
5 FORMACIÓN ACADÉMICA

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20201000003885 del 29 de diciembre de 2020, que creó el cargo.

Acto seguido, mencionó que la señora Heidee Mariela Becerra Gómez acreditó el
título profesional como Licenciada en Educación Básica en Danza otorgado por
la Universidad de Antioquia el 19 de julio de 2019, el cual se circunscribe al núcleo
básico del conocimiento de Bellas Artes, según el registro del Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación
Nacional.

Al respecto, evidenció que el título allegado por la demandada no se encuentra
dentro de aquellos que habilitan el desempeño del referido empleo y, que el
núcleo básico del conocimiento asociado a Bellas Artes tampoco hace parte de
los que satisfacen la formación académica requerida. Por lo tanto, estimó que la
señora Becerra Gómez no cumplió las exigencias relacionadas con la formación
académica.

En punto de la experiencia profesional, la cual se obtiene «a partir de la
terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación
profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina
académica exigida para el desempeño del empleo», mencionó que, en el presente
caso se exigían 36 meses, los cuales tampoco acreditó la señora Becerra Gómez,
pues al no haber superado la formación académica, mal podría cumplir la
experiencia profesional requerida.

Frente a los documentos que la parte accionada anexó junto con su hoja de vida
con la finalidad de acreditar la experiencia profesional, tales como el certificado
de FUNDACULTURA o el de la Gobernación del Cauca, evidenció que estos no
cumplían en su integridad con las exigencias del artículo 2.2.2.3.8. del Decreto
1083 de 2015, al no contener la información mínima exigida, y tampoco
satisfacían ese requisito, toda vez que, dentro del ente territorial departamental,
aquella desempeñó un cargo de naturaleza técnica que no podía otorgarle
experiencia de nivel profesional.

En virtud de lo anterior, concluyó que la señora Heidee Mariela Becerra Gómez
fue nombrada sin cumplir los requisitos legales exigidos para el ejercicio del cargo,
razón por la cual, se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 5º del

Área del conocimiento: Ciencias Sociales y humanas, Economía, administración, contaduría y afines,
Ingeniería, Arquitectura, urbanismo y afines
Núcleo Básico del conocimiento:
Antropología o Artes Liberales o Bibliotecología u Otros de Ciencias Sociales y Humana o Ciencia Política o
Relaciones Internacionales o Comunicación Social o Periodismo y Afines o Derecho y Afines o Filosofía o
Teología y Afines o Geografía o Historia o Lenguas Modernas o Literatura o Lingüística o Afines o Psicología
o Sociología o Trabajo Social y Afines o Administración o Contaduría Pública o Economía o Ingeniería
Administrativa y Afines o ingeniería de sistemas o ingeniería industrial y afines.
Título universitario en cualquier disciplina de los núcleos básicos del conocimiento.
EXPERIENCIA
(36) treinta y seis meses de Experiencia Profesional.

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artículo 275 del CPACA.

Por otra parte, en cuanto a la existencia de una medida correctiva en contra de la
señora Heidee Mariela Becerra Gómez que impedía nombrarla en un empleo
público, el a quo encontró probado que, el 3 de octubre de 2019, se le impuso una
multa general tipo 2 a la demandada y que revisado el sistema del Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC, para el 29 de diciembre de 2023
aparecía vigente, por lo tanto, estimó que para la fecha del nombramiento
censurado, 1° de enero de 2024, resultaba aplicable la restricción del numeral 2º
del artículo 183 de la Ley 1801 de 2016.

Lo anterior, resulta acreditado con la Resolución No. 20241200009644 del 16 de
febrero de 2024, expedida por la Inspección de Policía Urbana del municipio de
Popayán, dentro de la cual se expuso que la señora Becerra Gómez pagó el 16
de febrero de 2024 la multa que yacía en su contra desde el año 2019, y que en
virtud de aquello se procedería a cancelar la anotación existente en el RNMC.

En consecuencia, declaró la nulidad parcial del Decreto 20241000000025 del 1°
de enero 2024, expedido por el alcalde del municipio de Popayán, únicamente en
cuanto al nombramiento de Heidee Mariela Becerra Gómez como secretaria de
despacho - Secretaría de Cultura y Turismo 020-01.

1.8. El recurso de apelación

La apoderada del municipio de Popayán formuló recurso de apelación, en el cual
solicitó revocar la sentencia de primer grado, con los siguientes argumentos:

1.8.1. Formación académica

Señaló que «las licenciaturas en Colombia pueden ser tenidas en cuenta como
Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) de las ciencias sociales» y que «la
LICENCIATURA EN DANZAS no se encuentra enmarcada taxitivamente (sic) en
ningún de los núcleos básicos del conocimiento (NBC) ni de las áreas del
conocimiento de las que habla el decreto (sic) 1083 de 2015 Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública».

Precisó que la música y la danza son expresiones culturales esenciales para
comprender las dinámicas sociales, lo que las convierte en elementos centrales
del estudio de las ciencias sociales.

Explicó que estas formas artísticas no solo representan los valores e identidades
de las comunidades, sino que también funcionan como herramientas que las
sociedades utilizan para expresar emociones, fortalecer la cohesión social y
adaptarse a los cambios culturales.

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1.8.2. Experiencia profesional

Mencionó que «la experiencia profesional es un concepto regulado en Colombia
por el Decreto 1083 de 2015, que establece las directrices para el empleo público
y el acceso a cargos en el sector estatal. Este marco normativo distingue entre
experiencia profesional, experiencia profesional certificada y experiencia
profesional relacionada».

Señaló que el artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 «define la experiencia
profesional como los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas mediante
el ejercicio de una profesión, arte u oficio». Agregó que la experiencia profesional
se contabiliza a partir de la terminación y aprobación de todas las materias del
plan de estudios de una formación universitaria, excepto en las profesiones
relacionadas con el sistema de salud, donde se requiere la obtención del título
profesional y su correspondiente registro.

Por otra parte, indicó que «la experiencia profesional certificada, según el artículo
2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, es aquella que puede acreditarse mediante
constancias expedidas por las autoridades competentes de las entidades en las
que el interesado ha prestado sus servicios. Estas certificaciones deben incluir
información detallada sobre las funciones desempeñadas, el tiempo laborado y,
en algunos casos, la relación con el perfil del cargo».

Manifestó que «la experiencia profesional no necesariamente requiere
certificación», especialmente si el manual de funciones de una entidad no lo
especifica, como es el caso del Decreto 20201000003885 del 29 de diciembre de
2020, en el que solo se solicitó experiencia profesional.

Finalmente, adujo que «En el caso de la señora Heidee Mariela Becerra, quien
aspiraba al cargo de Secretaria de Cultura y Turismo, su experiencia profesional
como instructora de danza podría contarse como experiencia profesional Dado
que el manual de funciones del Municipio de Popayán no exige certificación para
la experiencia profesional».

1.8.3. Medida correctiva

Indicó que en el libelo no se observa prueba alguna aportada por el demandante,
donde se pueda evidenciar que la medida correctiva impuesta a la señora Heidee
Becerra, se encontraba en firme para la fecha del nombramiento que se analiza.

Al respecto, recordó que la carga de la prueba es un principio fundamental que
determina la responsabilidad de las partes para acreditar los hechos que
sustentan sus pretensiones o defensas en un proceso. Este concepto es esencial
para garantizar el debido proceso y se encuentra regulado principalmente en el

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Código General del Proceso, el cual, en su artículo 167 dispone que «Incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen».

1.9. Actuaciones de segunda instancia

1.9.1. Alegatos de conclusión

1.9.1.1. Ninguna de las partes se pronunció en esta etapa procesal.

1.9.1.2. Concepto del Ministerio Público

La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la
sentencia de primera instancia, argumentando que, el Área del Conocimiento del
programa académico de Licenciatura en Educación Básica en Danza de la
Universidad de Antioquia, título profesional que ostenta la demandada,
corresponde al de «bellas artes» y el Núcleo Básico de Conocimiento – NBC al
de «artes representativas» - «otros programas asociados a bellas artes».

Adujo que el Área del Conocimiento previsto en el manual de funciones y
competencias laborales señalados en el Decreto No. 20201000003885 del 29 de
diciembre de 2020, para el cargo de secretaria de despacho - Secretaría de
Cultura y Turismo del municipio de Popayán consagró: Ciencias sociales y
humanas; Economía, Administración, Contaduría y afines; Ingeniería,
Arquitectura, Urbanismo y afines, es decir, que no estableció como requisito de
formación profesional, el inherente a las bellas artes.

En este orden, consideró que ni el título de Licenciatura en Educación Básica en
Danza de la Universidad de Antioquia que acreditó la demandada, ni el Área del
Conocimiento de «bellas artes», hacían parte de los requisitos exigidos para
desempeñar el mencionado empleo, por lo tanto, estimó que no cumplía con la
formación académica requerida.

En concordancia con lo anterior, concluyó que, si la señora Becerra Gómez no
acreditó la formación académica exigida en el manual específico de funciones y
competencia laborales, tampoco cumplía con la experiencia profesional.

Además, precisó que el ejercicio en un empleo de Técnico Administrativo no le
otorga experiencia profesional, aun cuando la demandada hubiese terminado y/o
aprobado todas las materias del pensum académico inherente a la Licenciatura
en Educación Básica en Danza, pues la naturaleza de las funciones del empleo
del nivel técnico es diferente a aquellas pertenecientes al profesional.

Por último, manifestó que, para el 1° de enero de 2024, fecha en que se produjo

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el nombramiento censurado, la demandada no podía ser designada en un cargo
público, conforme la restricción establecida en el numeral 2 del artículo 183 de la
Ley 1801 de 2016, por cuanto la multa que le había sido impuesta como medida
correctiva por haber incurrido en un comportamiento contrario a la convivencia de
que trata el artículo 35 del numeral 1° del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, el 3 de octubre de 2019, fue cancelada el 16 de febrero
de 2024, es decir, un mes y medio después de haber sido nombrada secretaria
de despacho - Secretaría de Cultura y Turismo.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en los artículos 150 inciso 1 y 152 6 numeral 7
literal c) del CPACA y el Acuerdo 080 de 2019, proferido por la Sala Plena del
Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en segunda
instancia del recurso de apelación interpuesto por la apoderada del municipio de
Popayán contra la sentencia del 21 de noviembre de 2024, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Cauca accedió a las pretensiones de la demanda.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el fallo de primera instancia y los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, corresponde a esta Sección determinar si confirma,
modifica o revoca la sentencia de primera instancia. Sobre el punto, se tendrán
en cuenta los límites de la competencia del juez ad quem, a partir de la fijación
del litigio señalada por el tribunal, la providencia de primer grado y los reparos de
la recurrente.

Se advierte que, al tenor de lo previsto en el artículo 320 del Código General del
Proceso7, «[e]l recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión», disposición
que debe interpretarse en concordancia con lo señalado en el artículo 328 Ibidem,
según el cual «[e]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley».

6
Artículo 152. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7. De los
siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: (…) c) De la nulidad de los actos de elección o llamamiento a ocupar
curul, según el caso, distintos de los de voto popular, y de los de nombramiento, sin pretensión de restablecimiento del
derecho, de empleados públicos del nivel directivo, asesor o sus equivalentes en los órdenes nacional, departamental y
distrital, así como de los municipios de setenta mil (70.000) habitantes o más, o que sean capital de departamento,
independientemente de la autoridad nominadora. Igualmente, de los que recaigan en miembros de juntas o consejos
directivos de entidades públicas de los órdenes anteriores, siempre y cuando la competencia no esté atribuida
expresamente al Consejo de Estado;
7
Aplicable al trámite del recurso de apelación en los aspectos no regulados en la Ley 1437 de 2011, por la remisión
prevista en su artículo 306.

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Por lo tanto, la competencia del superior para pronunciarse sobre el fundamento
de la apelación está circunscrita a los motivos de inconformidad expuestos por la
recurrente, lo que descarta el análisis de cualquier otro aspecto que no haya sido
materia de alzada8.

2.3. Caso concreto

En el presente caso, el a quo profirió sentencia el 21 de noviembre de 2024 que
accedió a las pretensiones de la demanda, pues encontró acreditado que la
señora Heidee Mariela Becerra Gómez no cumplía los requisitos de formación
académica y experiencia establecidos para ocupar el cargo de secretaria de
despacho - Secretaría de Cultura y Turismo y, además, tenía vigente una medida
correctiva en su contra, la cual le impedía ser nombrada en un empleo público.

Inconforme con esta decisión, la apoderada del municipio de Popayán formuló
recurso de apelación y solicitó revocar la sentencia de primer grado,
argumentando que: i) el título de Licenciada en Educación Básica en Danza que
aportó la demandada puede tenerse en cuenta en el Núcleo Básico del
Conocimiento de las Ciencias Sociales, ii) la experiencia obtenida como
instructora de danza podría contarse como experiencia profesional y, iii) el actor
no demostró que la medida correctiva impuesta a la señora Becerra Gómez
estuviera en firme para la fecha en que se produjo el nombramiento censurado.

Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará cada uno
de los cargos invocados por la apelante, como se explica a continuación:

2.3.1. Requisitos para ser secretaria de despacho – Secretaría de Cultura y
Turismo

A través del Decreto 20201000003885 del 29 de diciembre de 2020, «Por el cual
se crean unos cargos dentro de la Planta de Personal del Municipio de Popayán
y se ajusta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales de los diferentes empleos de Planta de Personal de la administración
central del municipio de Popayán», el alcalde municipal creó, entre otros, un (1)
cargo de secretaria de despacho del nivel directivo en la Secretaría de Cultura y
Turismo, así:

8
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2021, expediente: 68001-23-33-000-2019-00896-01, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.

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10

Demandante: Duván Felipe Sánchez Santeliz
Demandados: Heidee Mariela Becerra Gómez y otro
Rad.: 19001-23-33-000-2024-00050-01

En punto de los requisitos de formación académica y experiencia requeridos para
ocupar el referido empleo, el mandatario local dispuso lo siguiente:

2.3.2. Análisis de la situación particular de la demandada

2.3.2.1. Formación académica

En el caso concreto, se tiene que la señora Heidee Mariela Becerra Gómez obtuvo
el título de Licenciada en Educación Básica en Danza de la Universidad de
Antioquia, como consta en la copia del diploma expedido el 19 de julio de 2019,
la cual obra en el plenario, así:

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Demandante: Duván Felipe Sánchez Santeliz
Demandados: Heidee Mariela Becerra Gómez y otro
Rad.: 19001-23-33-000-2024-00050-01

Para efectos de establecer si el título que aportó la demandada para acreditar la
formación académica requerida hace parte de aquellas profesiones permitidas en
el Decreto 20201000003885 del 29 de diciembre de 2020 para ocupar el cargo de
secretaria de despacho - Secretaría de Cultura y Turismo, se impone precisar lo
siguiente:

La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación
Superior, creó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –
SNIES, así:

ARTÍCULO 56. Créase el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior el cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para
orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las
instituciones y programas del Sistema.

La reglamentación del Sistema Nacional de Información corresponde al Consejo
Nacional de Educación Superior (CESU).

Con posterioridad, se expidió el Decreto 1767 de 2006, el cual reglamentó el
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y, en su artículo 1°, lo
definió como «el conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que,
articulados entre sí, posibilitan y facilitan la recopilación, divulgación y
organización de la información sobre educación superior relevante para la
planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector».

El objetivo general de este sistema es mantener y divulgar información de las
instituciones y los programas de educación superior, con el fin de orientar a la
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de los mismos (artículo 2,
Decreto 1767 de 2006).

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En el caso objeto de estudio el a quo precisó que, según el Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior – SNIES, el programa de Licenciatura en
Educación Básica en Danza «se circunscribe al núcleo básico del conocimiento
de “Bellas Artes”».

Por su parte, la apoderada del municipio de Popayán considera, de un lado, que
puede tenerse en cuenta como «Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) de las
ciencias sociales» y, de otro, que no se encuentra relacionado en ninguno de los
Núcleos Básicos del Conocimiento - NBC ni de las Áreas de Conocimiento que
consagra el Decreto 1083 de 2015.

El Área de Conocimiento es la agrupación que se hace de los programas
académicos, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos
específicos del conocimiento, en los de acción de la educación superior cuyos
propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de
ocupaciones, profesiones, disciplinas y, se clasifican así: a) Agronomía,
Veterinaria y afines, b) Bellas Artes, c) Ciencias de la Educación, d) Ciencias de
la Salud, e) Ciencias Sociales y Humanas, f) Economía, Administración,
Contaduría y afines; g) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines; y h)
Matemáticas y Ciencias Naturales9. Por su parte, el Núcleo Básico del
Conocimiento – NBC10 corresponde a la división o clasificación de un Área del
Conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales.

De otro lado, en cuanto a los requisitos generales exigidos para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del
orden territorial, como ocurre en el sub examine, el Decreto 1083 de 2015, por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, en el artículo 2.2.3.5 dispone que, en los manuales de funciones y de
competencias laborales deberán identificarse los Núcleos Básicos del
Conocimiento - NBC que contengan las profesiones de aquellos cargos que exijan
título en educación superior, conforme a la clasificación que trae el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES.

Así lo indica la norma:

ARTÍCULO 2.2.3.5 DISCIPLINAS ACADÉMICAS. Para efectos de la
identificación de las disciplinas académicas de los empleos que exijan como
requisito el título o la aprobación de estudios en educación superior, de que trata
el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las entidades y organismos
identificarán en el manual de funciones y de competencias laborales los Núcleos
Básicos del Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas académicas o
profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional
de Información de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a
continuación:

9 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.3.5.
10 Según se determinó en el fallo de primera instancia en el folio 15.

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(…)

Así las cosas, revisado el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de
Competencias Laborales de los empleos de Planta de Personal de la
administración central del municipio de Popayán, contenido en el Decreto
20201000003885 del 29 de diciembre de 2020, se observa que, para ser
secretaria de despacho – Secretaría de Cultura y Turismo de Popayán, se exige
que el título universitario haga parte de alguna de estas tres (3) Áreas de
Conocimiento:

• Ciencias Sociales y Humanas;
• Economía, Administración, Contaduría y afines;
• Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines.

Además, se requiere que corresponda a alguna de las siguientes profesiones
relacionadas en el Núcleo Básico del Conocimiento – NBC: «Antropología o Artes
Liberales o Bibliotecología u Otros de Ciencias Sociales y Humana o Ciencia
Política o Relaciones Internacionales o Comunicación Social o Periodismo y
Afines o Derecho y Afines o Filosofía o Teología y Afines o Geografía o Historia o
Lenguas Modernas o Literatura o Lingüística o Afines o Psicología o Sociología o
Trabajo Social y Afines o Administración o Contaduría Pública o Economía o
Ingeniería Administrativa y Afines o ingeniería de sistemas o ingeniería industrial
y afines».

Con este panorama, resulta claro que, el título de Licenciada en Educación Básica
en Danza que obtuvo la señora Heidee Mariela Becerra Gómez en la Universidad
de Antioquia, no hace parte de los programas académicos que integran el Núcleo
Básico del Conocimiento establecido en el Decreto 20201000003885 del 29 de
diciembre de 2020 para ocupar el cargo de secretaria de despacho – Secretaría
de Cultura y Turismo y tampoco integra alguna de las Áreas del Conocimiento allí
consagradas, esto es, i) Ciencias Sociales y Humanas; ii) Economía,
Administración, Contaduría y afines o iii) Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y
afines.

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Ahora bien, en cuanto al argumento de la apelante consistente en que «las
licenciaturas en Colombia pueden ser tenidas en cuenta como Núcleo Básico del
Conocimiento (NBC) de las ciencias sociales», se observa una clara imprecisión
en los conceptos de Área del Conocimiento y Núcleo Básico del Conocimiento –
NBC por parte de la memorialista.

Como se explicó en precedencia, las Ciencias Sociales y Humanas corresponden
a una de las ocho (8) Áreas del Conocimiento establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional, de la cual hacen parte las siguientes disciplinas:

Nótese que cada uno de Núcleos Básicos del Conocimiento – NBC que hacen
parte del Área del Conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanas, fueron
clasificados por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo a la afinidad que
existe entre esos programas académicos y en los campos de acción de cada uno
de ellos, entre otros aspectos, por lo que, mal podría pretenderse la inclusión de
una profesión en un área que no le corresponde, de manera caprichosa,
atendiendo conceptos o criterios culturales como lo estima la recurrente.

Por último, frente a la censura de la memorialista según la cual, la Licenciatura en
Educación Básica en Danza no se encuentra enmarcada taxativamente en
ninguno de los Núcleos Básicos del Conocimiento ni de las Áreas del
Conocimiento del Decreto 1083 de 2015, se precisa que, el hecho que ese
programa no se mencione específicamente en el Decreto Único Reglamentario
del Sector de Función Pública, no significa que no haga parte del Área de
Conocimiento de «Bellas Artes» ni del Núcleo Básico de Conocimiento – NBC de
«Otros programas asociados a bellas artes», los cuales sí están incluidos en la
norma a la que alude la apelante, específicamente, en la clasificación prevista en

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el artículo 2.2.3.5. de acuerdo a los lineamientos fijados por el Ministerio de
Educación Nacional en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior – SNIES. Además, en este proceso la controversia gira en torno al
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del empleo, y no frente
a la presunta falta de inclusión de una licenciatura en el Decreto 1083 de 2015.

En este orden, para la Sala se encuentra acreditado que la demandada no
cumplió el requisito de formación académica exigido para ocupar el cargo de
secretaria de despacho – Secretaría de Cultura y Turismo de Popayán, como
acertadamente lo dispuso el a quo.

2.3.2.2. Experiencia

En este aspecto, se recuerda que el artículo 1° del Decreto 20201000003885 del
29 de diciembre de 2020 dispone que, para ser secretaria de despacho –
Secretaría de Cultura y Turismo, se requieren treinta y seis (36) meses de
experiencia profesional.

Con el fin de determinar si la demandada cumplió esta otra exigencia para ocupar
el cargo censurado, se impone recordar los conceptos de experiencia y las
distintas clasificaciones que trae el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.

Al respecto, se tiene que, el artículo 2.2.2.3.7 define la experiencia como «los
conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas
mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio» y, a su turno, la clasifica en
profesional, relacionada, laboral y docente, así:

Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación
del pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de
las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el
desempeño del empleo.

En el caso de las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el
Sistema de Seguridad Social en Salud, la experiencia profesional se computará a
partir de la inscripción o registro profesional.

La experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las
modalidades de formación técnica profesional o tecnológica, no se considerará
experiencia profesional.

Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos o
actividades que tengan funciones similares a las del cargo a proveer.

Experiencia Laboral. Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo,
ocupación, arte u oficio.

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Experiencia Docente. Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de
divulgación del conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente
reconocidas.

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor
y Profesional se exija experiencia, ésta será profesional o docente, según el caso
y, determinar además cuando se requiera, si debe ser relacionada.

En el evento de empleos comprendidos en el nivel Profesional y niveles superiores
a este, la experiencia docente deberá acreditarse en instituciones educativas
debidamente reconocidas y con posterioridad a la obtención del correspondiente
título profesional.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el empleo de secretaria de despacho
– Secretaría de Cultura y Turismo exige treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional.

Según quedó establecido en precedencia, la demandada se graduó como
Licenciada en Educación Básica en Danza el 19 de julio de 2019.

Acorde con lo anterior, sería del caso proceder a valorar cada una de las
certificaciones laborales que la demandada acompañó con su hoja de vida para
establecer si cumple con los treinta y seis (36) meses de experiencia profesional,
esto es, la que se adquiere «a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las
actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el
desempeño del empleo».

Sin embargo, como se explicó ampliamente en el anterior acápite, dentro de las
disciplinas académicas exigidas para ocupar el cargo de secretaria de despacho
– Secretaría de Cultura y Turismo, no se encuentra la Licenciatura en Educación
Básica en Danza, título profesional que aportó la demandada para acreditar la
formación académica.

En este orden, salta a la vista que, si la señora Heidee Mariela Becerra Gómez
no superó la exigencia de formación académica profesional requerida en el
Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias Laborales de los
diferentes empleos de Planta de Personal de la administración central del
municipio de Popayán, tampoco podía cumplir la experiencia profesional
requerida, pues, se reitera, el título obtenido por la demandada no hace parte de
los programas que integran el Núcleo Básico del Conocimiento ni de las Áreas del
Conocimiento consagradas para ocupar el referido empleo.

Por último, observa la Sala que la apelante también confunde los diferentes
conceptos de experiencia que trae el Decreto 1083 de 2015 y, a partir de ello,

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considera que existe la «experiencia profesional certificada». Lo anterior, con
fundamento en lo previsto en el artículo 2.2.2.3.8, el cual reza:

Artículo 2.2.2.3.8 Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará
mediante la presentación de constancias expedidas por la autoridad competente
de las respectivas instituciones oficiales o privadas.

Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma
independiente, la experiencia se acreditará mediante declaración del mismo.

Las certificaciones o declaraciones de experiencia deberán contener como
mínimo, la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.

2. Tiempo de servicio.

3. Relación de funciones desempeñadas.

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión
haya prestado sus servicios en el mismo período a una o varias instituciones, el
tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez.

Cuando las certificaciones indiquen una jornada laboral inferior a ocho (8) horas
diarias, el tiempo de experiencia se establecerá sumando las horas trabajadas y
dividiendo el resultado por ocho (8).

Nótese que la norma que invoca la memorialista, en realidad indica la manera en
que el interesado debe acreditar la experiencia.

Así las cosas, frente a la confusión de la recurrente, se reitera que el
artículo 2.2.2.3.7 del Decreto 1083 de 2015 clasifica la experiencia en i)
profesional, ii) relacionada, iii) laboral y iv) docente, sin que la «experiencia
profesional certificada» se encuentre dentro de aquellas que estableció el
legislador.

En todo caso, se enfatiza que, en el sub examine, la demandada no cumplió la
exigencia relacionada con la formación académica, debido a que su título como
Licenciada en Educación Básica en Danza no se encuentra dentro de los que
habilitan el desempeño del cargo de secretaria de despacho – Secretaría de
Cultura y Turismo, razón suficiente para no analizar las vinculaciones laborales
de la señora Becerra Gómez.

2.3.3. Medidas correctivas a aplicar por parte de las autoridades de policía

Sobre el particular, se tiene que, la Ley 1801 de 2016, «Por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana», en el artículo 1°, al
señalar su objeto, precisó que las disposiciones allí previstas son de carácter
preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio

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nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las
personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la
función y la actividad de Policía, de conformidad con la Constitución Política y el
ordenamiento jurídico vigente.

En concordancia con lo anterior, los artículos 25 y 26 disponen lo siguiente:

ARTÍCULO 25. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA Y
MEDIDAS CORRECTIVAS. Quienes incurran en comportamientos contrarios a la
convivencia serán objeto de medidas correctivas de conformidad con esta ley, sin
perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.

ARTÍCULO 26. DEBERES DE CONVIVENCIA. Es deber de todas las personas
en el territorio nacional comportarse de manera favorable a la convivencia. Para
ello, además de evitar comportamientos contrarios a la misma, deben regular sus
comportamientos a fin de respetar a las demás personas, en el ejercicio de sus
derechos y deberes ciudadanos, en su vida, honra y bienes, de conformidad con
la Constitución Política y las leyes, y especialmente con lo dispuesto en la
presente ley.

A su turno, el artículo 35 enlista los comportamientos que afectan las relaciones
entre las personas y las autoridades, así:

ARTÍCULO 35. COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LAS RELACIONES
ENTRE LAS PERSONAS Y LAS AUTORIDADES. Los siguientes
comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo
tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:

1. Irrespetar a las autoridades de Policía.
(…)

En punto de las medidas correctivas de las que pueden ser objeto las personas
que incurran en comportamientos contrarios a la convivencia o que afecten la
relación entre las personas y las autoridades, el artículo 172 prescribe:

ARTÍCULO 172. OBJETO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. Las medidas
correctivas, son acciones impuestas por las autoridades de Policía a toda persona
que incurra en comportamientos contrarios a la convivencia o el incumplimiento
de los deberes específicos de convivencia. Las medidas correctivas tienen por
objeto disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o
restablecer la convivencia.

PARÁGRAFO 1. Las medidas correctivas no tienen carácter sancionatorio. Por
tal razón, deberán aplicarse al comportamiento contrario a la convivencia las
medidas correctivas establecidas en este código y demás normas que regulen la
materia.

PARÁGRAFO 2. Cuando las autoridades de Policía impongan una medida
correctiva deberán informar a la Policía Nacional para que proceda a su registro
en una base de datos de orden nacional y acceso público. La información recogida

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en estas bases de datos está amparada por el derecho fundamental de Hábeas
Data.

Por su parte, el artículo 173 de la misma ley establece que las medidas correctivas
a aplicar por parte de las autoridades de policía son, entre otras, amonestación,
participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia,
expulsión de domicilio, decomiso, multa general o especial, destrucción de bien,
suspensión de construcción o demolición.

Pues bien, de la documental allegada al expediente se desprende que, con la
demanda se allegó copia de la Resolución No. 20241200009644 del 16 de febrero
de 2024 expedida por el inspector Quinto Urbano de Policía de Popayán, de la
cual se destaca lo siguiente:

Lo anterior da cuenta que el 3 de octubre de 2019, se le impuso una medida
correctiva a la señora Heidee Mariela Becerra Gómez consistente en multa
general tipo 2, por irrespetar a las autoridades de policía, la cual fue pagada por
parte de la demandada el 16 de febrero de 2024.

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El artículo 183 de la misma norma que regula la seguridad y convivencia
ciudadana, enlista las consecuencias por el no pago de las multas impuestas por
las autoridades de policía durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que
esta se imponga, así:

ARTÍCULO 183. CONSECUENCIAS POR EL NO PAGO DE MULTAS. Si
transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, esta no ha
sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona
no podrá:

1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas.

2. Ser nombrado o ascendido en cargo público. (Subrayado fiera de texto)

3. Ingresar a las escuelas de formación de la Fuerza Pública.

4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

5. Obtener o renovar el registro mercantil en las cámaras de comercio.

6. Inscribirse a los concursos que apertura la Comisión Nacional del Servicio Civil.
(…).

Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la
sentencia C-093 de 2020, con los siguientes argumentos que se destacan:

152. A partir de la jurisprudencia constitucional referenciada, la Corte determinó
que la restricción consistente en ser nombrado o ascendido a un cargo público,
mientras que la persona tenga una multa impuesta en el marco del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y ésta no se haya pagado dentro
de los seis (6) meses siguientes a su imposición, es constitucionalmente
razonable pues: (a) su fin no se circunscribe al simple recaudo, sino a garantizar
los principios de la función pública, especialmente la sujeción y respeto de la ley;
(b) es idónea para alcanzar el fin propuesto; (c) no constituye un requisito para
postularse o ingresar al concurso, sino para ser nombrado o ascendido; y, (d) no
es restricción absoluta, puesto que, si la persona paga el valor adeudado, podrá
realizarse el respectivo nombramiento, es decir, contiene un límite temporal o
modal.

No obstante lo anterior, el alcalde de Popayán nombró a la señora Heidee Mariela
Becerra Gómez en el cargo de secretaria de despacho - Secretaría de Cultura y
Turismo, mediante el Decreto 20241000000025 del 1° de enero 2024, fecha para
la cual se encontraba vigente la multa que se le había impuesto desde el 3 de
octubre de 2019 por irrespetar a la autoridad de policía, es decir, existiendo una
restricción en su contra que le impedía, entre otros aspectos, ser nombrada en
cualquier cargo público.

Así las cosas, tampoco le asiste razón a la apoderada del municipio de Popayán
al asegurar que «en el libelo principal no se observa prueba alguna aportada por
el demandante, donde se pueda evidenciar que la medida correctiva impuesta a

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la señora HEIDEE BECERRA, se encontraba en firme», pues, como quedó visto,
de la Resolución No. 20241200009644 del 16 de febrero de 2024 antes transcrita,
se desprende que, para la fecha de su nombramiento y posesión, esto es, el 1°
de enero 2024, la multa no había sido cancelada y, por el contrario, evidencia que
se pagó hasta el 16 de febrero de 2024.

En este orden, resulta acertada la decisión del a quo de acceder a las
pretensiones de la demanda y declarar la nulidad parcial del Decreto
20241000000025 del 1° de enero 2024, en cuanto nombró a la señora Heidee
Mariela Becerra Gómez en el cargo de secretaria de despacho - Secretaría de
Cultura y Turismo de Popayán, toda vez que, no cumplía los requisitos necesarios
para ocupar el referido empleo y, además, tenía vigente una medida correctiva en
su contra que le impedía ser nombrada en un cargo público.

En consecuencia, se impone confirmar la sentencia del 21 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las pretensiones
de la demanda.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca el 21 de noviembre de 2024, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no
procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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