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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2025-00077-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2025-00077-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante la ejecución, de conformidad con lo considerado en la parte motiva. Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas en la presente providencia. 10 Radicación: 19001-23-33-000-2025-00077-01 (0230-2026) Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 19001-23-33-000-2025-00077-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 19001-23-33-000-2025-00077-01 (0230-2026)
Ejecutante: Rubiela del Socorro Londoño Pérez
Ejecutado: Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional

Tema: Ejecutivo laboral. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada contra la
sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, por medio de la cual declaró no probada la excepción de pago y ordenó
seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

1. La señora Rubiela del Socorro Londoño Pérez interpuso demanda ejecutiva con
el fin de que se cumpla la providencia proferida el 27 de agosto de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Cauca, confirmada por el Consejo de Estado, el 31 de
marzo de 2022, mediante las cuales se ordenó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes.

PRETENSIONES

2. Solicitó que se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente:

«1. Que se ordene librar mandamiento de pago a favor de la señora Rubiela del
Socorro Londoño, donde se ordenó A LA NACION- MINISTERIO DE DEFENSA-
ARMADA NACIONAL, reconocer y liquidar y pagar a la señora RUBIELA DEL
SOCORRO LONDOÑO PEREZ, identificada con la cedula de ciudadanía 43.
088.936., pensión vitalicia de que trata el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004, por el
fallecimiento de su hijo ERIS EDUARDO LONDOÑO PEREZ, a partir del 04 de julio
de 2012.

2. Que las anteriores sumas de dineros sean indexadas a valor real.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 19001-23-33-000-2025-00077-01 (0230-2026)

3. Se ordene el pago de intereses moratorios sobre el capital citado, a partir del 12 de
mayo de 2022, fecha de ejecutoria de la sentencia y hasta el pago total de la
obligacion.

4. Costas y agencias en derecho en el proceso Ejecutivo» (sic)

HECHOS

3. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

4. Que mediante sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, se
ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su hijo Eris
Eduardo Londoño Pérez, a partir del 4 de julio de 2012, decisión que fue confirmada
por el Consejo de Estado.

5. Que luego de haberse solicitado el cumplimiento, mediante oficio del 17 de marzo
de 2025 el Ministerio de Defensa Nacional informó que conforme al comportamiento
y rubro asignado para pagos de sentencias y/o conciliaciones de los últimos 4 años,
se logra tener un estimado de retraso de aproximadamente 6 años desde la fecha
en que se otorga el turno a la cuenta de cobro, hasta el momento de su liquidación
y envío, por lo cual, probablemente se estará ejecutando a más tardar para el 31 de
diciembre del año 2030 o antes si se da inicio al artículo 338 del Plan Nacional de
Desarrollo.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

6. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante providencia del 3 de junio de 2025
libró mandamiento ejecutivo por concepto de capital e intereses adeudados,
teniendo como base lo estrictamente ordenado en la sentencia del 27 de agosto de
2020 y de segunda instancia, del 31 de marzo de 2022.

7. La entidad ejecutada se opuso señalando que el pago de la sentencia se
realizaría una vez se llegue al turno asignado a la cuenta, el cual corresponde al
1531 de 2023, tal y como lo prevé el Decreto 1068 de 2015.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

8. El Tribunal declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante la
ejecución argumentando que, la Armada Nacional no aportó pruebas que
demostraran el pago de la obligación, como consignaciones o trasferencias que le
haya realizado a la parte actora.

9. Que la entidad ejecutada no demostró el pago de la obligación derivada de los

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títulos de recaudo, debido a que el hecho de asignarle un turno, no quiere decir que
se haya cancelado, por lo que, a la fecha, el crédito permanece insatisfecho.

RECURSO DE APELACIÓN

10. La entidad ejecutada interpuso recurso de apelación por considerar que el
razonamiento del Despacho parte de una interpretación restrictiva e incompleta del
régimen especial de pago de obligaciones judiciales que rige para las entidades del
Estado, lo cual configura un yerro tanto fáctico como jurídico, que afecta gravemente
los intereses de la Nación.

11. Que el Ministerio de Defensa, a través del Grupo de Reconocimiento de
Obligaciones Litigiosas, informó a la acreedora que se les asignó el turno de pago,
actuación que acredita que el trámite administrativo fue radicado y se encuentra en
estado "pendiente para pago", cumpliendo con los requisitos exigidos por la
normativa.

12. Que la sentencia de primera instancia incurre en un error de interpretación al
exigir, como condición necesaria para la suspensión de intereses moratorios, la
celebración de un acuerdo expreso entre la entidad y el acreedor. Esta exigencia
desconoce que, tratándose de pagos bajo el mecanismo de reconocimiento como
deuda pública —previsto en la Ley 1955 de 2019—, no se requiere dicho acuerdo
si el pago se realiza dentro del plazo legal y según los parámetros establecidos en
la normatividad reglamentaria.

13. Que se desconocen principios básicos del derecho público y presupuestal,
particularmente el de legalidad del gasto y el procedimiento establecido para el pago
de sentencias judiciales con cargo al presupuesto general de la Nación, porque las
entidades no pueden efectuar pagos por fuera del marco legal que regula el
reconocimiento y giro de las obligaciones judiciales.

14. Que es claro que se cumple con los requisitos legales y probatorios para declarar
probada la excepción de pago total de la obligación por cuanto el Ejército Nacional
no adeuda suma alguna al ejecutante, y no existe título ejecutivo pendiente de
cumplimiento que habilite la continuación del proceso de ejecución. Por ende, la
sentencia debe ser revocada en su integridad, en aras de proteger el principio de
legalidad del gasto público y evitar una indebida afectación de los recursos del
Estado.

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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

15. Se admitió el recurso el 3 de febrero de 2026. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Generalidades del proceso ejecutivo

16. El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible,
que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se
denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del
Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

«Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […].» (Resaltado fuera del texto).

17. El artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre otros,
las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.

18. Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales
y sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

19. Igualmente, conforme lo permite el artículo 442, el ejecutado puede presentar
las excepciones de mérito en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.

20. Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida

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en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1
En cuanto a la excepción de pago, esta Subsección a considerado lo siguiente: 2

«[…] 21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye
un mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la
obligación se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con
una rigurosa carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los
requisitos legales. Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido:
cuando el título y el mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no
basta acreditar indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin
liquidar ni pagar (arts.1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP,
la parte ejecutada soporta la carga de la prueba de ese pago extintivo.32

22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso
ejecutivo prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos
administrativos que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la
entrega efectiva de los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de
consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes de pago
ejecutadas.

23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo
dispuesto en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto
liberatorio debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga
íntegramente lo debido conforme al título, como los siguientes.

24. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en
el artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir
pagos parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga
en casos especiales.

25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino
también los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones
derivadas del retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado
que el pago efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce
efecto liberatorio si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no
se tiene por totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.4»

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 28 de noviembre de 2025 radicado: 05001-

23-33-000-2018-01326-02 (1962-2024).
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-
000-2021-00111-01 (2853-2024)
4 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp.

25000-23-36-000-2019-00141-02.

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Cumplimiento de sentencias por parte del Estado

21. El artículo 192 del CPACA establece lo siguiente:

«Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las
entidades públicas. Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el
pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda
su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación,
adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución
de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses,
contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el
beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad
obligada.

Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir
de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este
Código.

Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide
una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan
acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de
intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.

En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término
de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este
no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará
la causación de emolumentos de todo tipo.

El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con
el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las
sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.

Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios
correspondientes.»

22. La norma transcrita prevé un procedimiento expresamente dirigido al
cumplimiento de sentencias y conciliaciones por parte de las entidades públicas.

23. Adicionalmente, el artículo 195 de la misma codificación consagra un
procedimiento para el pago, el cual otorga unos plazos para el cumplimiento, así:

«Artículo 195. Trámite para el pago de condenas o conciliaciones. El trámite de pago
de condenas y conciliaciones se sujetará a las siguientes reglas:

1. Ejecutoriada la providencia que imponga una condena o apruebe una conciliación
cuya contingencia haya sido provisionada en el Fondo de Contingencias, la entidad
obligada, en un plazo máximo de diez (10) días, requerirá al Fondo el giro de los
recursos para el respectivo pago.

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2. El Fondo adelantará los trámites correspondientes para girar los recursos a la
entidad obligada en el menor tiempo posible, respetando el orden de radicación de
los requerimientos a que se refiere el numeral anterior.

3. La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.

4. Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término
de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código
o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero,
sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente
reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratorio a la
tasa comercial.

La ordenación del gasto y la verificación de requisitos de los beneficiarios, radica
exclusivamente en cada una de las entidades, sin que implique responsabilidad
alguna para las demás entidades que participan en el proceso de pago de las
sentencias o conciliaciones, ni para el Fondo de Contingencias. En todo caso, las
acciones de repetición a que haya lugar con ocasión de los pagos que se realicen con
cargo al Fondo de Contingencias, deberán ser adelantadas por la entidad condenada.

PARÁGRAFO 1o. El Gobierno Nacional reglamentará el procedimiento necesario con
el fin de que se cumplan los términos para el pago efectivo a los beneficiarios. El
incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos
judicialmente reconocidos y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
acarreará las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2o. El monto asignado para sentencias y conciliaciones no se puede
trasladar a otros rubros, y en todo caso serán inembargables, así como los recursos
del Fondo de Contingencias. La orden de embargo de estos recursos será falta
disciplinaria.»

24. La Corte Constitucional en sentencia C-604 de 2012 al declarar la exequibilidad
del numeral 4 del artículo atrás citado, hizo las siguientes precisiones que resultan
importantes para el presente caso:

«[…] El procedimiento para el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios y los fallos
proferidos en contra del Estado ha tenido una evolución en los últimos años, pues
hasta la expedición de la ley 1437 de 2011 no existía un procedimiento específico
para tal efecto:

4.5.2.1. El Código Contencioso Administrativo no establecía un procedimiento
especial a través del cual las entidades públicas realizaran el cumplimiento de
sentencias o acuerdos conciliatorios. Por lo anterior, el legislador no tuvo en cuenta
los plazos que requiere una entidad pública para el cumplimiento de los trámites
presupuestales y de principios como el de legalidad administrativa y el de planeación
presupuestal.

En este sentido, el Estatuto Orgánico del Presupuesto establece una serie de
procedimientos necesarios para la realización de una disponibilidad patrimonial por

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parte de una entidad pública, cuyo incumplimiento vulneraría flagrantemente el
principio de legalidad, situación que podría dar lugar incluso a responsabilidades de
carácter disciplinario, fiscal y penal.

El respeto de los principios del presupuesto exige que no se pueda obligar a una
entidad a cumplir inmediatamente con una sentencia o acuerdo conciliatorio, sin
atender a los trámites y procedimientos internos para efectuar el pago, pues se
correría el riesgo de que al hacerlo se tengan que desconocer las normas del
presupuesto y de las actuaciones administrativas, reglas a las cuales no está
sometido un particular a quien por tanto sí le es exigible que cumpla inmediatamente
con un fallo o acuerdo.

4.5.2.2. El nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo contempla en su artículo 192 un procedimiento expresamente dirigido
al cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades
públicas, el cual establece expresamente que las condenas impuestas a entidades
públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán
cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses:
[…]

Esta norma se refiere textualmente al cumplimiento de las sentencias y acuerdos
conciliatorios, no al incumplimiento de los mismos, por lo cual el plazo de diez meses
señalado en esta norma no es la primera fase del incumplimiento de la entidad, sino
un plazo para el cumplimiento en el cual las reglas aplicables al pago de intereses
no pueden ser las mismas que las que empleaban frente al incumplimiento de una
obligación por parte del Estado5.

En este sentido, el artículo 195 de la ley 1437 de 2011 establece un procedimiento
específico para el pago que le otorga al Estado unos plazos para el cumplimiento de
las sentencias o autos que aprueben el cumplimiento: […]»

5 En este sentido, mientras que las sentencias C - 188 de 1999 y C – 428 de 2002 se referían a eventos en los

cuales el Estado incumple con sus obligaciones, en el artículo 195 de la ley 1437 de 2011 se analizan los
intereses que se devengan durante el tiempo que el propio artículo 192 le otorga al Estado para el cumplimiento
de las sentencias o autos que aprueban el cumplimiento de acuerdos conciliatorios.
En la sentencia C-188 de 1999, la disposición acusada era el artículo 72 de la ley 446, el cual se refería al
pago de intereses por incumplimiento del término fijado en el acuerdo conciliatorio para pagar. En esa
disposición, el legislador asumía que el incumplimiento se producía una vez vencido el término fijado por las
partes para el efecto en ejercicio de la autonomía de la voluntad, de modo que resultaba contrario a la igualdad
que ante la misma hipótesis –incumplimiento- el Estado no tuviera que pagar intereses y el particular sí.
Recuérdese que en este caso el artículo 192 de la ley 1437 introdujo otra regla, esta es que el Estado tiene un
término de 10 meses para cumplir sus acuerdos conciliatorios, de manera que la hipótesis de incumplimiento
solamente se presenta al cabo de los 10 meses.
La misma diferencia se presenta entre el artículo 60 de la ley 446 –examinado en la sentencia C-428 de 2002-
y el precepto bajo estudio. Ciertamente, antes de la expedición de la ley 1437 la regla general era que las
entidades estatales tenían que cumplir las sentencias a más tardar dentro del término de ejecutoria, de modo
que existía incumplimiento una vez venciera dicho término.
Las diferencias son mayores entre el numeral 4 del artículo 195 de la ley 1437 y el artículo 6 de la ley 598,
examinado en la sentencia C-892 de 2001, pues este último versa sobre el cumplimiento de obligaciones
contractuales y no de sentencias judiciales.

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Resolución del caso concreto

25. El argumento principal de reproche que propone la entidad ejecutada tiene que
ver con que el pago ordenado en la sentencia está sujeto a la disponibilidad
presupuestal y al turno asignado.

26. La Subsección considera que estos argumentos no tienen vocación de
prosperidad porque las circunstancias administrativas referidas no pueden constituir
un impedimento para que la parte acreedora pueda utilizar los mecanismos
previstos para la ejecución de la obligación contenida en la sentencia judicial.

27. Entonces, si bien no se desconoce que los principios del presupuesto consagran
que no se le puede exigir a una entidad el cumplimiento inmediato de una sentencia,
ello no se traduce en que la parte interesada, luego de pasados los plazos previstos
por el legislador para que la entidad pública adelante el trámite para el cumplimiento
de la sentencia, no pueda ejercer las acciones legales para reclamar el pago del
derecho reconocido.

28. Repárese que se trata de un derecho pensional que no solo implica el
reconocimiento de la prestación sino además el pago de un retroactivo que fue
debidamente ordenado en el título.

29. Bajo el anterior escenario no son de recibo los planteamientos expuestos en el
recurso para justificar el no pago de la obligación reclamada, adicionalmente,
tampoco impiden seguir adelante con la ejecución como lo resolvió el Tribunal y
menos aún terminar por pago el proceso, porque claramente lo que se evidencia es
que la entidad no ha cancelado valor alguno por el crédito laboral que ahora se
pretende.

30. En cuanto al planteamiento de que la sentencia de primera instancia incurre en
un error de interpretación al exigir, como condición necesaria para la suspensión de
intereses moratorios, la celebración de un acuerdo expreso entre la entidad y el
acreedor, de la lectura de la decisión recurrida no se advierte tal presupuesto, pues
la única referencia que realizó el Tribunal estuvo encaminada a aclarar las fechas
en que se causan los intereses moratorios, decisión que fue adoptada desde el
mandamiento de pago en el sentido de que la suspensión en la causación de
intereses obedeció a la no presentación oportuna de la solicitud de pago por parte
de la ejecutante, razón por la cual no corresponde hacer pronunciamiento sobre el
punto en esta instancia.

31. En consecuencia, al no haber prosperado los argumentos de apelación, se
deberá confirmar la sentencia recurrida.

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De la condena en costas de segunda instancia

32. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

33. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

34. Así, la eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

35. En consecuencia, se impondrán costas a la ejecutada, por cuanto la sentencia
apelada será confirmada, esto es, las peticiones del recurso fueron negadas
totalmente. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del 17 de octubre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cauca, por medio de la cual declaró no probada la
excepción de pago y ordenó seguir adelante la ejecución, de conformidad con lo
considerado en la parte motiva.

Segundo. CONDENAR en costas al extremo ejecutado por las razones expuestas
en la presente providencia.

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Radicación: 19001-23-33-000-2025-00077-01 (0230-2026)

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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