Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2026-00035-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 19001-23-33-000-2026-00035-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 19001-23-33-000-2026-00035-03
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00035-03
Demandante: DAVID STIVEN CRUZ GONZÁLEZ
Demandada: IVÁN DANIEL OVIEDO, PERSONERO MUNICIPAL DE POPAYÁN
(CAUCA) PARA EL RESTO DEL PERIODO 2024-2028
Temas: Personero municipal. Ley 136 de 1994, artículo 174, literal g).
Inhabilidad por intervención y celebración de contratos estatales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la sala a resolver el recurso de apelación instaurado por la parte demandante
contra la sentencia del 19 de junio de 2026, a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006, denegó las pretensiones de la
demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. El señor David Stiven Cruz González, quien actúa en nombre propio, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el
artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de que se anule el acto de elección del
señor Iván Daniel Oviedo como personero municipal de Popayán (Cauca), contenido en
el Acta 01 de 13 de enero de 2026 proferida por el Concejo Municipal de Popayán, con
el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones:
[…] TERCERO. Declarar la nulidad del acto de elección mediante el cual el Concejo
Municipal de Popayán designó al Personero Municipal para el resto del periodo
institucional contenido en el acta número 01 del 13 de enero de 2026, por
encontrarse viciado de ilegalidad.
CUARTO. Ordenar al Concejo Municipal de Popayán que proceda a adelantar de
manera inmediata un nuevo concurso público y abierto de méritos para proveer el
cargo de Personero Municipal, en estricto cumplimiento del principio constitucional
del mérito.
QUINTO. Declarar que el acto de elección demandado vulneró el principio
constitucional del mérito, el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones
de igualdad y el régimen legal aplicable, al haberse efectuado con fundamento en
una lista de elegibles jurídicamente agotada y sin convocatoria a un nuevo proceso
de selección.
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Demandante: David Stiven Cruz González
Demandado: Iván Daniel Oviedo,
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SEXTO. Disponer las demás medidas necesarias para el restablecimiento del orden
jurídico vulnerado y la protección del interés general.
1.2. Hechos
2. La señora Lina María Reyes, quien fue nombrada personera municipal de
Popayán para el periodo 2024-2028 con ocasión de la Convocatoria 001 de 14 de
noviembre de 2023 (concurso público y abierto de méritos), presentó renuncia
irrevocable a su cargo el 31 de diciembre de 2025, lo que generó la vacancia definitiva
de este a partir del 1.º de enero de 2026.
3. El acto administrativo que dio apertura al concurso de méritos no estableció
vigencia de la lista de elegibles, de manera que el Concejo Municipal de Popayán debía
efectuar una nueva elección para el periodo restante o, en su defecto, proveer
transitoriamente el cargo mientras se surtía tal proceso.
4. No obstante, dicha corporación, en sesión celebrada el 13 de enero de 2026 y
según consta en el Acta 001 de esa fecha, eligió como personero municipal al señor
Iván Daniel Oviedo, quien ocupaba el segundo lugar en la lista de elegibles derivada del
concurso de méritos adelantado en el año 2023, la cual no está vigente, pues se agotó
con el nombramiento y posesión de quien ocupó el primer lugar en ese entonces.
5. Por otra parte, indicó que el señor Iván Daniel Oviedo tomó posesión el 26 de
enero de 2026 ante el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, esto es, en un
momento y lugar distinto al establecido a la sesión del concejo municipal.
6. Asimismo, indicó que, antes de su elección, el demandado suscribió el contrato
de prestación de servicios 006 de 2025 con la Personería Municipal de Popayán, el cual
tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, es decir, dentro del año anterior a su
elección como personero1.
7. En virtud de dicho contrato, el señor Oviedo intervino directamente en la
celebración y ejecución de un vínculo contractual con una entidad pública de orden
territorial, que ejerce funciones dentro del municipio de Popayán.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
8. El demandante invocó la infracción de los artículos 125 y 313 de la Constitución
Política; 170 y 174, literal g) de la Ley 136 de 1994; título 27 del Decreto 1083 de 2015;
y, artículos 2.º, 137 y 139 de la Ley 1437 de 2011.
9. Como concepto de la violación, expuso que el demandado estaba incurso en la
causal de inhabilidad prevista en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, al
momento de ser elegido, toda vez que suscribió el contrato de prestación de servicios
006 de 2025 con la Personería Municipal de Popayán, el cual tuvo como fecha de
1 En la demanda no se indicó la fecha de suscripción del contrato. En el numeral 1.2. del libelo se señaló:
«el contrato fue firmado en el año 2025», es decir, dentro del año anterior a la elección.
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terminación el 31 de diciembre de 2025, esto es, dentro del año inmediatamente
anterior a su elección.
10. Manifestó que se configuraron los tres elementos de la inhabilidad en mención,
en la siguiente forma:
a). Elemento objetivo: pues el personero actual celebró el contrato en su
condición de abogado contratista, lo que implicó que tuviera intervención directa
con la entidad sobre la cual luego deberá ejercer control.
b). Elemento espacial: dado que el contrato se ejecutó dentro del municipio de
Popayán, y la entidad contratista es precisamente la encargada de ejercer
funciones dentro de dicho ente territorial.
c). Elemento temporal: dado que el contrato fue firmado en el año 2025, es decir,
un año anterior a la elección del demandado como personero municipal.
11. Aclaró que si bien el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 estableció
dos hipótesis para la configuración de la inhabilidad, tal distinción no limitó su alcance,
sino que previno sobre interpretaciones restrictivas que desconozcan la finalidad de la
norma. Por ende, la Personería Municipal de Popayán, así no sea parte del sector
central o descentralizado, es un órgano público autónomo de control con funciones
estatales, administración de recursos públicos y competencias legales asignadas por la
Constitución Política.
12. Consideró que la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-223 de 1995, y
el Consejo de Estado en múltiples pronunciamientos2, han reiterado que el personero
municipal, aunque actúa como agente del Ministerio Público, mantiene independencia
orgánica y jerárquica y es elegido por el Concejo Municipal, de manera que la
vinculación contractual previa del demandado con la Personería Municipal de Popayán
afecta su imparcialidad.
13. Por otro lado, señaló que se incurrió en una indebida utilización de la lista de
elegibles sin vigencia jurídica y en vulneración del concurso de méritos, toda vez que la
elección se sustentó en el listado derivado del concurso público y abierto de méritos
adelantado bajo la Convocatoria 001 de 2023, reglamentada por la Resolución
20231100015581 de 14 de noviembre de 2023, la cual no era aplicable al momento de
la designación objeto de demanda.
14. Indicó que el acto administrativo que reglamentó el concurso no estableció
término alguno de la vigencia de la lista de elegibles, por lo que no existe fundamento
normativo que permita presumir un tiempo de duración ni extender su aplicación en el
tiempo; además, conforme a la naturaleza del concurso público, esta se agota con el
nombramiento y posesión del candidato que haya ocupado el primer lugar, o sea, en
este caso con la designación de Lina María Reyes, de manera que la lista perdió fuerza
ejecutoria y no podía servir de soporte para una nueva elección.
2 La parte actora no citó los respectivos pronunciamientos.
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15. Aseveró que la aplicación de un término de dos (2) años de vigencia de la lista
carece de sustento legal, en tanto no se encuentra previsto en la Ley 136 de 1994 ni en
el Decreto 1083 de 2015, así como tampoco fue incorporado en la convocatoria del
respectivo concurso.
16. Advirtió que la renuncia de la anterior personera configuró una falta absoluta, por
lo cual el Concejo Municipal debía convocar de forma inmediata a un nuevo concurso
público y abierto de méritos, pues la vigencia de la lista de elegibles depende de lo que
se haya establecido en la convocatoria y en la normativa aplicable, por lo cual de no
haberse estipulado un plazo específico o al cumplimiento de este, la misma pierde
validez y no puede ser utilizada para proveer el cargo.
17. De otra parte, alegó la existencia de vicios graves en el procedimiento de
elección, con fundamento en que no se registraron las votaciones realizadas, se omitió
el número de votos, su sentido, la modalidad en que se efectuó el escrutinio y el
cumplimiento del cuórum decisorio y mayorías exigidas por la ley y por el Reglamento
Interno del Concejo Municipal de Popayán, lo cual impide verificar la regularidad del
trámite.
18. Afirmó que el acta en la que se constató la elección no justificó las razones por
las cuales el personero electo decidió no posesionarse en plena sesión, pese a que el
Concejo Municipal es la autoridad nominadora y competente, omisión que vulnera los
principios de publicidad, motivación, transparencia y legalidad.
1.4. Contestaciones de la demanda
1.4.1. Iván Daniel Oviedo, demandado
19. Manifestó que ninguno de los cargos alegados tiene vocación de prosperidad,
pues, en el caso de la presunta inhabilidad consagrada por el artículo 174, literal g) de
la Ley 136 de 1994, se encuentra acreditado que el contrato de prestación de servicios
006 de 2025 fue celebrado el 7 de enero de 2025, mientras que la elección del
demandado como personero municipal de Popayán tuvo lugar el 13 de enero de 2026,
de manera que el lapso de un año anterior a la elección estuvo comprendido entre el 13
de enero de 2025 y la fecha de la designación, lo que implica que la celebración del
contrato acaeció antes del inicio del periodo inhabilitante.
20. Planteó que si bien durante la ejecución del contrato se registraron
modificaciones, tales actuaciones correspondieron a la evolución del vínculo contractual
como ampliación de los plazos, el incremento del valor inicial y el registro del tiempo
adicional de cumplimiento, y no a la suscripción de nuevos negocios jurídicos, pues no
se alteraron los elementos esenciales como partes, objeto, tipo contractual e
identificación.
21. Sostuvo que la celebración y la ejecución del contrato son dos fases distintas
pues mientras que la primera corresponde a su perfeccionamiento, la segunda hace
referencia a su desarrollo y cumplimiento; de esa manera, las prórrogas o ajustes se
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limitan a adaptar o extender un vínculo jurídico previamente constituido sin que implique
la creación de un nuevo negocio autónomo.
22. En relación con las irregularidades por la utilización de la lista de elegibles
derivada del concurso de méritos, mencionó que no hay sustento normativo para exigir
la realización de una nueva convocatoria para designar al personero en caso de falta
del elegido, pues ello solo se realiza ante la inexistencia del listado, su agotamiento o
pérdida de vigencia.
23. Frente a la falta de toma de posesión del demandado en la sesión del Concejo
Municipal de Popayán dentro de la cual fue designado, indicó que dicha circunstancia
carece de relevancia para determinar la validez del acto electoral, pues es un trámite
posterior a su adopción.
24. Con base en lo anterior, propuso las excepciones de fondo de inexistencia de la
causal de inhabilidad invocada, indebida interpretación del régimen de inhabilidades,
legalidad del procedimiento de elección, inexistencia del vicio de nulidad del acto
acusado y falta de fundamento fáctico y jurídico de las pretensiones.
1.4.2. Concejo Municipal de Popayán
25. La corporación no contestó la demanda en tiempo.
1.5. Actuaciones procesales relevantes en primera instancia
26. Por auto de 26 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Cauca admitió
la demanda y ordenó notificar al demandado y al Concejo Municipal de Popayán. En
proveído de la misma fecha, corrió traslado a la parte pasiva de la solicitud de medida
cautelar solicitada en la demanda, por el término de cinco (5) días.
27. Mediante providencia de 16 de marzo de 2026 decretó la suspensión provisional
del acto de elección acusado, decisión que fue revocada por auto de 21 de mayo de
2026 proferido por esta corporación, en el que se dispuso la negativa de la medida
cautelar y se exhortó al a quo para que atendiera las reglas establecidas por la ley y la
jurisprudencia en los artículos 244, numeral 3.º y 277 de la Ley 1437 de 2011, así como
en la sentencia de unificación de 26 de septiembre de 2017 [expediente 25000-23-
41-000-2015-02491-01].
28. A través de auto de 14 de mayo de 2026 el tribunal dispuso dar trámite de
sentencia anticipada, decretó pruebas y fijó el litigio bajo los siguientes términos:
[…] Atendiendo el contenido normativo citado, se procede a fijar el litigio y el
correspondiente juicio de legalidad, el cual se centrará en determinar si conforme lo
solicita la parte actora, es nulo el acto de elección mediante el cual el Concejo
Municipal de Popayán designó a Iván Daniel Oviedo para el resto del periodo
institucional acorde el acta número 01 del 13 de enero de 2026, a partir de los
reproches de ilegalidad expuestos en el concepto de violación circunscritos en la
vulneración de los artículos 170 y 172 de la Ley 136 de 1994, el artículo 139 y la
causal prevista en el numeral 5º del artículo 275 del CPACA, y si es del caso,
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verificar si procede el restablecimiento del derecho en los términos deprecados […].
29. En esa misma decisión, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para emitir concepto.
1.6. Sentencia de primera instancia
30. El 19 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo del Cauca denegó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo siguiente:
31. Argumentó que, en relación con el uso indebido de la lista de elegibles, resultaba
acertado utilizarla para la provisión de la falta absoluta del personero municipal. Lo
anterior, de conformidad con el concepto 20266000073481 de 2026 expedido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública.
32. Consideró que no se advirtieron vicios en el trámite de posesión del demandado
en el cargo designado, pues ello se realizó conforme lo establece el artículo 171 de la
Ley 136 de 1994, al efectuarse dicha diligencia ante el juez primero Civil Municipal de
Popayán el día 26 de enero de 2026.
33. Explicó que no se encuentra configurada la inhabilidad consagrada por el artículo
174, literal g) de la Ley 136 de 1994, en tanto el demandado suscribió el contrato de
prestación de servicios con la Personería Municipal de Popayán, órgano de control que
forma parte del Ministerio Público; por ende, no integra la administración pública central
o descentralizada ni está incluido dentro de la Ley 489 de 1998.
34. Puso de presente que el artículo 174, literal g) de la Ley 136 de 1994 exige que
el contrato se celebre con entidades u organismos del sector central o descentralizado
de cualquier nivel administrativo, dentro de los cuales no se encuentran las personerías
municipales.
1.7. Recurso de apelación
35. La parte actora instauró oportunamente recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, con fundamento en los siguientes reparos:
36. Hizo referencia a la naturaleza jurídica de la personería municipal en los términos
de los artículos 118 de la Constitución Política y 168 de la Ley 136 de 1994, conforme a
los cuales esta corresponde a una autoridad creada para el cumplimiento de funciones
de control, vigilancia y protección del interés público, de manera que los contratos que
se celebren con ella se entienden suscritos con una entidad pública.
37. Manifestó que el tribunal incurrió en un error de interpretación del artículo 174,
literal g) de la Ley 136 de 1994, toda vez que el análisis de la inhabilidad no podía
agotarse en determinar la naturaleza orgánica de la personería municipal, pues el
verdadero problema jurídico consistió en establecer si el demandado intervino en la
celebración de un contrato con una entidad pública dentro del año anterior a su
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elección, de manera que debe realizarse un examen completo de la norma en el sentido
de analizar de forma independiente las dos hipótesis previstas por el legislador, para
efectos de determinar si el señor Iván Daniel Oviedo incurrió en la prohibición
consagrada por el artículo en cita, dada su intervención en el contrato de prestación de
servicios 006 de 2025, junto con sus prórrogas, adiciones o modificaciones.
38. Hizo alusión a la doble finalidad de las inhabilidades, como lo es proteger la
imparcialidad e independencia de la función de personero municipal y garantizar la
igualdad, transparencia y moralidad en la contienda electoral.
39. Señaló que se encuentran acreditados los tres elementos para entender
configurada la inhabilidad invocada, en esta forma:
• Elemento objetivo: el personero demandado celebró el Contrato 005 de 2025
con la Personería Municipal de Popayán, con intereses directos en el ejercicio
de su cargo. El contrato fue suscrito en condición de abogado contratista, lo
que implicó una intervención directa con la entidad sobre la cual luego deberá
ejercer control.
• Elemento espacial: el contrato se ejecutó en el municipio de Popayán, y la
designación demandada tiene sus funciones en dicho ente territorial.
• Elemento temporal: tanto el contrato como sus adiciones y prórrogas fueron
firmados dentro del periodo inhabilitante que corresponde a un año anterior a
la elección.
40. Puso de presente que el contrato estatal no puede analizarse de forma
fragmentada, pues las modificaciones hacen parte del mismo, de modo que las
adiciones, prórrogas y demás actuaciones responden a una relación única. Al respecto,
explicó que los otrosíes constituyen verdaderos actos jurídicos bilaterales en los que se
exterioriza nuevamente la voluntad de los firmantes para modificar aspectos esenciales
de la relación contractual, tales como el plazo, el valor, las obligaciones o las
condiciones de ejecución del contrato, por lo que no pueden entenderse como
actuaciones accesorias.
41. Trajo a colación el pronunciamiento de esta sección en sentencia proferida
dentro del expediente 13001-23-33-000-2018-00417-01, en la que se examina la
prohibición de celebración de contratos como causal de inhabilidad.
42. Sostuvo que se encuentra demostrado que los otrosíes suscritos dentro del
contrato objeto de reparo no constituyeron simples actuaciones de trámite pues fueron
verdaderos acuerdos de voluntades que alteraron elementos esenciales del contrato
inicialmente celebrado, pues modificaron su valor, ampliaron el plazo de ejecución e
incorporaron nuevas obligaciones que no fueron previstas inicialmente, lo que redefinió
el objeto contractual.
43. Aclaró que no cuestiona la tesis del tribunal en torno a la conformación de la lista
de elegibles y al procedimiento de elección, sino a la falta de verificación de los
requisitos y de las inhabilidades del elegido.
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1.8. Trámite en segunda instancia
44. Por auto de 30 de julio de 2026, el magistrado sustanciador admitió el recurso de
apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia,
puso a disposición de la demandada por el término de tres (3) días conforme al artículo
292 de la Ley 1437 de 2011 y corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos
de conclusión dentro del plazo de tres (3) días, así como al Ministerio Público para
rendir concepto dentro de los cinco (5) días siguientes a ello.
1.9 Alegatos de conclusión
1.9.1. Demandante
45. La parte actora recordó que el problema jurídico no puede reducirse a una lectura
formal del vínculo contractual que tuvo el demandado con la Personería Municipal de
Popayán, y que desde la demanda se dejó claro que su sustento fue la prórroga y
modificaciones del Contrato 006 de 2025, el cual proyectó sus efectos hasta el 31 de
diciembre de 2025, de modo que ello no fue un hecho nuevo o sorpresivo dentro del
proceso.
46. Adujo que los otrosíes, adiciones y prórrogas forman parte del negocio jurídico
principal, por lo cual no hubo introducción extemporánea de argumentos sino una
profundización y desarrollo de las circunstancias fácticas que ya estaban comprendidas
en los hechos de la demanda.
47. Reiteró los demás argumentos relacionados con la configuración de la inhabilidad
invocada en la demanda.
1.9.2. Demandado
48. Señaló que el apelante no formuló en la demanda algunos reparos que puso de
presente en el recurso, pues esta se estructuró bajo tres líneas argumentativas, a
saber: (i) la configuración de la causal de inhabilidad del artículo 174, literal g) de la Ley
136 de 1994; (ii) la pérdida de vigencia o agotamiento de la lista de elegibles del
concurso adelantado en el año 2023; y, (iii) la presunta existencia de irregularidades en
el proceso de elección y posesión.
49. Explicó que en segunda instancia deberán estudiarse solo los reparos
efectivamente formulados con la apelación, en tanto no reiteró lo controvertido frente a
la lista de elegibles y las irregularidades en la posesión, de modo que lo que se tendrá
que analizar queda reducido a la causal de inhabilidad invocada.
50. Frente a los reparos concretos del demandado, consideró que la sentencia
interpretó correctamente el elemento material de la inhabilidad y que la conducta
inhabilitante alegada en la demanda fue la celebración del contrato, no la suscripción de
los otrosíes.
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51. Argumentó que el extremo temporal de la prohibición se cuenta a partir de la
suscripción del negocio jurídico, por lo que al haber sido celebrado el contrato el 7 de
enero de 2025, a la fecha de la elección demandada había transcurrido más de un año.
52. Controvirtió la cita jurisprudencial hecha por el demandante, contenida en la
sentencia de 30 de mayo de 2019 (expediente 13001-23-33-000-2018-00417-01), toda
vez que, en su sentir, no resulta aplicable a este caso. Como contraposición, trajo a
colación la sentencia de 14 de agosto de 2025 proferida por esta sección dentro del
expediente 47001-23-33-000-2024-00150-02, en la que se especificó que la conducta
que materializa la inhabilidad es la de intervenir en la celebración de contratos, por lo
que se entiende que se configura cuando efectivamente se celebra el negocio jurídico.
1.10. Concepto del Ministerio Público
53. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar el
fallo apelado, tras considerar que el Contrato 006 de 2025 fue celebrado el 7 de enero
de 2025, mientras que el demandado fue elegido el 13 de enero de 2026, razón por la
cual no se configuró la inhabilidad.
54. Aclaró que si bien el tribunal partió de una interpretación equívoca al integrar en
una sola conducta los elementos de las dos hipótesis previstas en la norma invocada
como infringida, la inhabilidad por intervención en contratos no se configura.
55. Conceptuó que la existencia de modificaciones durante la ejecución contractual
no permite generar un periodo inhabilitante como intervención prenegocial, en tanto se
enmarca en el contrato original; de ese modo, estas no permiten extender
temporalmente la intervención en el negocio inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
56. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 1503 y 152 numeral 7.b4 de
la Ley 1437 de 2011, y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, modificado por el
artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 que contiene el reglamento del Consejo de
Estado5.
3 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […].
4 Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los tribunales
administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)7. De los siguientes
asuntos relativos a la nulidad electoral: […] b) De la nulidad de la elección de los contralores
departamentales, y la de los personeros y contralores distritales y municipales de municipios con setenta
mil (70.000) habitantes o más, o de aquellos que sean capital de departamento […]. [Destacado fuera del
texto].
5 Artículo 1º. Modifíquese el artículo 13 del reglamento, el cual quedará así: ARTÍCULO 13.-
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Demandante: David Stiven Cruz González
Demandado: Iván Daniel Oviedo,
personero municipal de Popayán 2024-2028
Rad: 19001-23-33-000-2026-00035-03
2.2. El acto acusado
57. La parte demandante pretende la nulidad del acto mediante el cual el Concejo
Municipal de Popayán designó al personero municipal para el resto del periodo
institucional, contenido en el acta número 01 del 13 de enero de 2026.
2.3. Problema jurídico
58. Corresponde a la sala determinar, con base en los argumentos esgrimidos en el
recurso de apelación, si en este caso hay lugar a revocar, modificar o confirmar la
sentencia apelada.
59. Para el efecto, se analizará si es nula la elección del demandado como
personero municipal de Popayán para lo cual deberá estudiarse si estaba incurso en la
causal de inhabilidad prevista por el artículo 174, literal g) de la Ley 136 de 1994.
Además, se tendrá que determinar si atendiendo a la naturaleza de las personerías
municipales estas corresponden a entidades públicas del sector central o
descentralizado de la administración.
2.4. Caso concreto
60. Como viene de explicarse, la parte actora pretende que se anule la elección del
demandado como personero municipal, con fundamento en que estaba incurso en la
causal de inhabilidad prevista por el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 al
momento de ser elegido, dado que el 7 de enero de 2025 suscribió el contrato de
prestación de servicios 006 de 2025 con la Personería Municipal de Popayán, el cual
tuvo como fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025.
61. El tribunal a quo denegó las pretensiones, tras considerar que no se entiende
configurada la causal de inhabilidad invocada, toda vez que el demandado suscribió el
contrato de prestación de servicios con la Personería Municipal de Popayán, órgano de
control que no integra la administración pública central o descentralizada.
62. Con la apelación, la parte actora adujo que las personerías municipales son
entidades públicas, en los términos de los artículos 118 de la Constitución Política y 168
de la Ley 136 de 1994, por lo que los contratos celebrados con tales autoridades se
entienden suscritos con un órgano de la administración.
63. Insistió en la configuración de la inhabilidad prevista por el artículo 174, literal g)
de la Ley 136 de 1994, dado que el demandado intervino en la celebración de un
contrato estatal dentro del periodo inhabilitante; además, dicho negocio jurídico debía
DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos del reparto, los asuntos
de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un
criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Quinta 1. La acción de nulidad
electoral contra los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de
nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas, de acuerdo con las reglas de
competencia establecidas en la ley. Igualmente, la nulidad de los actos de llamamiento para proveer
vacantes en las corporaciones públicas […].
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analizarse íntegramente, de modo que los otrosíes, modificaciones y demás se tuvieran
como actos jurídicos bilaterales en los que se exteriorizó nuevamente la voluntad de los
firmantes para modificar aspectos esenciales de la relación contractual como el plazo, el
valor, las obligaciones, etc., lo que no estaba previsto inicialmente en las cláusulas,
razón por la que no pueden tenerse en cuenta como actuaciones accesorias.
64. A partir de lo expuesto, la sala advierte que confirmará la sentencia apelada, con
base en las siguientes razones.
65. El artículo 174, literal g) de la Ley 136 de 1994 estableció las causales de
inhabilidad de los personeros municipales bajo los siguientes términos:
ARTÍCULO 174. Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:
a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal,
en lo que le sea aplicable;
b) Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración
central o descentralizada del distrito o municipio.
c) Haya sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de la libertad excepto
por delitos políticos o culposos;
d) Haya sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en
cualquier tiempo;
e) Se halle en interdicción judicial;
f) Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los concejales
que intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental;
g) Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración de
contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya
celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con
entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel
administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio;
h) Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o
contribuciones parafiscales en el municipio dentro de los tres meses anteriores a su
elección.
66. En relación con la inhabilidad objeto de demanda, la cual fue prevista por el literal
g) de la norma en cita, se resalta que el legislador estipuló dos supuestos de hecho
distintos, a saber:
a. La intervención en la celebración de contratos con entidades públicas, en
interés propio o el de terceros. Como intervención se entienden las
actividades prenegociales o de acercamiento al contrato tendientes a
lograr la celebración del negocio, sin perjuicio de que se logre su
suscripción o no.
b. La celebración por sí o por interpuesta persona de contratos de cualquier
naturaleza con entidades u organismos del sector central o
descentralizado de cualquier nivel administrativo, que deba ejecutarse en
el respectivo municipio.
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67. Como se puede observar, los dos presupuestos normativos si bien establecen
como extremo temporal el de un (1) año anterior a la elección, distan en cuanto al verbo
rector de la conducta y las condiciones relacionadas con el contrato; es así como el
primero de ellos exige concretamente que se haya intervenido en la suscripción de
contratos con entidades públicas, lo que se traduce en el desarrollo de actividades
previas tendientes a lograr la suscripción del negocio jurídico independientemente de
que ello se logre o no, mientras que el segundo trata concretamente de la celebración.
68. Adicionalmente, cuando se aplica la inhabilidad por intervención, el elemento del
sujeto pasivo corresponde a que el contrato en el que se interviene haya sido celebrado
con entidades públicas; mientras, que la prohibición relacionada con la “celebración” del
negocio jurídico exige que este se haya suscrito con entidades u organismos del
sector central o descentralizado que deban ejecutarse en el respectivo municipio.
69. Acorde con ello, se precisa que si bien en algunos apartes de la demanda la
parte actora señala que la inhabilidad se configuró por celebrar contratos mientras que
en otros sostiene que fue por haber participado en la celebración de tales negocios
jurídicos, teniendo en cuenta que el principal reparo consiste en que el demandado
suscribió contrato de prestación de servicios el cual tuvo prórrogas y modificaciones
durante el año anterior a la elección, debe interpretarse que el supuesto de hecho
corresponde al de la celebración de contratos con entidades u organismos del sector
central o descentralizado de la administración.
70. La anterior precisión cobra especial relevancia pues esta sección ha considerado
que «[…] la norma, en realidad, consagra dos (2) conductas escindibles e
independientes constitutivas de inhabilidad, a saber: i) la intervención en la celebración
de contratos y ii) la celebración del contrato propiamente dicha […]» 6, por lo que cada
uno de los supuestos señalados comporta unos elementos constitutivos que, en el caso
de la hipótesis de la celebración de contratos corresponden a los siguientes:
Elemento subjetivo: es el candidato a la personería municipal.
Elemento temporal: un (1) año anterior a la fecha de la elección como
personero municipal.
Elemento material u objetivo: celebración de un contrato, por sí o por
interpuesta persona.
Elemento de sujeto pasivo: entidad u organismo del sector central o
descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse en el
respectivo municipio.
71. Adicionalmente, se observa que el a quo, aun cuando hizo una fijación del litigio
muy genérica y no delimitó la causal a analizar, en la sentencia apelada estudió el
supuesto del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 relacionado con la
celebración del contrato, de manera que corresponde a esta instancia estudiar el caso a
partir de dicha premisa, tal y como fue considerado en un antecedente similar:
6 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 12 de diciembre de 2024. Magistrado ponente Luis
Alberto Álvarez Parra. Expediente 23001-23-33-000-2024-00069-01.
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[…] En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el fallo de
instancia se decantó en la decisión por abordar la causal del literal g) del artículo
174 de la Ley 136 de 1994, desde la faceta de la intervención y no de su homóloga
de celebración del negocio jurídico.
En consecuencia, el análisis del juez ad quem debe recaer sobre dicha premisa. Al
efecto, es claro que conforme a lo indicado consideraciones atrás, existen las
diferencias indicadas frente a los elementos constitutivos de cada una de las
conductas previstas en el literal g) ibidem […]7.
72. Siendo claro que en este caso particular la inhabilidad se edificó sobre la
suscripción del contrato, pasa la sala a verificar si, conforme a los argumentos del
apelante, el demandado incurrió en la prohibición de que se trata.
73. Revisadas las pruebas aportadas al expediente se observa que el demandado
suscribió contrato de prestación de servicios 006 el 7 de enero de 2025 con la
Personería Municipal de Popayán, con el objeto de «Prestar servicios profesionales
especializados como abogado en la Personería Municipal de Popayán, apoyando la
ejecución de los diversos trámites administrativos y jurídicos que requiera el despacho
de la personera», al cual se dio inicio en la plataforma SECOP II en esa misma fecha8.
74. En primer término y de cara al argumento inicial del recurrente, relacionado con
la naturaleza jurídica de la personería municipal, se recuerda que el supuesto de hecho
consagrado por el artículo 174, literal g) de la Ley 136 de 1994 que es aplicable a este
caso, a saber, la conducta de haber celebrado contrato exige que el negocio jurídico
se haya realizado con una entidad del sector central o descentralizado de cualquier
nivel administrativo.
75. En ese punto, es relevante hacer una diferencia con la otra causal de inhabilidad
que corresponde a la intervención la celebración de contratos que exige que sea con
una entidad pública, de forma genérica, por lo que en dicha situación el legislador no
efectuó una calificación como sí lo hizo con el caso de la celebración de contratos.
76. En ese sentido, debe determinarse la naturaleza jurídica de la personería
municipal para efectos de establecer si se cumple con la exigencia de la norma
relacionada con la celebración del contrato con entidad del sector central o
descentralizado de cualquier nivel administrativo.
77. De conformidad con el artículo 118 de la Constitución Política «El Ministerio
Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del
Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás
funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y
promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de
la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas».
7
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 24 de noviembre de 2022. Magistrado ponente Luis
Alberto Álvarez Parra. Expediente 20001-23-33-000-2021-00001-02.
8 Información extraída del modificatorio 01 al Contrato 006 de 2025, aportada dentro de los anexos de la
demanda.
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78. Como se puede observar, la personería municipal forma parte del Ministerio
Público y corresponde a un organismo de control cuyas funciones están relacionadas
con la protección de derechos humanos, del interés público y la vigilancia de quienes
desempeñan funciones públicas, tal y como fue definido por la Corte Constitucional en
sentencia C-365 de 2001:
[…] Ahora bien, esta autonomía también es predicable de la personerías
municipales que como integrantes del Ministerio Público tienen a su cargo
en el nivel local la guarda y promoción de los derechos humanos, la
protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñen funciones públicas (art. 118 de la C.P.), tareas que
deben cumplir con la debida independencia de las instituciones que integran la
administración local, para lo cual se dispone que los personeros deben ser
elegidos por el concejo municipal (art. 313-8 de la C.P.).
Estando claro que los órganos de control del nivel local no hacen parte de
la administración municipal, porque se trata de entidades que por mandato
superior gozan de la debida autonomía administrativa y presupuestal para el
cumplimiento de su función de fiscalización de la actividad administrativa, es fácil
inferir que el alcalde carece de competencia para ordenar sus gastos como se si
tratara de instituciones que conforman la infraestructura administrativa del
municipio […]. [Destaca la sala].
79. Por consiguiente, las personerías municipales no forman parte de la
administración central o descentralizada del sector administrativo, pues corresponden a
órganos del control integrados al Ministerio Público.
80. Al respecto, cabe destacar lo considerado por esta sección en un caso similar9:
[…] En este orden de ideas, como en el presente caso la apelación en este aspecto
también se limita a cuestionar únicamente lo relacionado con la celebración de
contrato por parte de la demandada con la Defensoría del Pueblo, la Sala reiterará la
tesis y la conclusión a la que arribó en el auto de 16 de septiembre de 2021 , según
la cual la Defensoría del Pueblo no es una entidad del sector central o
descentralizado de cualquier nivel administrativo y, en consecuencia, la causal de
inhabilidad alegada del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, no se
configura por el hecho de que la demandada haya suscrito el contrato de prestación
de servicios profesionales No. DP-4456-2019.
73. Lo anterior porque como quedó suficientemente explicado la norma exige que
el contrato se celebre con un organismo «…del sector central o descentralizado de
cualquier nivel administrativo» , mientras que la Defensoría del Pueblo es un órgano
de control que con la Procuraduría General de la Nación integran el Ministerio
Público de conformidad con los artículos 118 y 281 de la Constitución Política, que
no hace parte de la administración pública central o descentralizada pues, no está
enlistada en los organismos y entidades a que refiere el artículo 38 de la Ley 489 de
1998 .
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 15 de diciembre de 2021. Magistrado ponente Pedro
Pablo Vanegas Gil. Expediente 20001-23-33-000-2020-00418-03.
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74. Así las cosas, es claro que no se configura la inhabilidad en la que se fundó la
demanda a falta del requisito objeto de celebrar contrato con un organismo «…del
sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo», lo que impone que
la sentencia apelada sea revocada y, en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda […].
81. Así las cosas, se observa que la inhabilidad por celebración de contratos con
entidades del sector central y descentralizado de cualquier nivel administrativo no se
configura, en tanto el negocio jurídico fue suscrito con la Personería Municipal de
Popayán, autoridad que forma parte del Ministerio Público.
82. En conclusión, al no encontrarse configurada la causal de inhabilidad prevista por
el artículo 174, literal g), de la Ley 136 de 1994 en lo que se refiere a la celebración de
contratos, se confirmará el fallo apelado, no sin antes precisar que resulta innecesario
analizar los demás elementos de la prohibición pues basta con advertir que no se
cumplió el del sujeto pasivo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia de 19 de junio de 2026, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 006, denegó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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