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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2021-00001-02

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2021-00001-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se declaró la nulidad del acto de elección de la señora Johana Caviedes Pabón, en calidad de Personera de Aguachica (Cesar). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62 Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica) SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2021-00001-02

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de noviembre de 2022

Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

Bogotá D.C. veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicados: 20001-23-33-000-2021-00001-02 Acum.
Demandantes: CARLOS ALBERTO URIBE SANDOVAL, FREDY JOSÉ
MARTÍNEZ JIMÉNEZ y OCTAVIO JOSÉ GUERRA
ESPINOSA
Demandada: JOHANA CAVIEDES PABÓN (PERSONERA DE AGUACHICA
2020-2024)
Temas: Fallo. Inhabilidad por intervención en la celebración de
contratos (literal g) art. 174 Ley 136 de 1994). Personero
municipal.

Sentencia – Segunda instancia

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos y sustentados
oportunamente por el demandante Fredy Martínez, la parte accionada y el
Concejo Municipal de Aguachica contra la sentencia de 10 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones
de la demanda de nulidad electoral y anuló la elección de la Personera de
Aguachica.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las demandas

Los señores Carlos Alberto Uribe Sandoval, Fredy José Martínez Jiménez y
Octavio José Guerra Espinosa, en escritos independientes1, presentaron
demandas, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral2 previsto en el
artículo 139 del CPACA, contra el Acta de Sesión No. 087 del 13 de noviembre de
2020, por medio del cual, el Concejo Municipal de Aguachica designó a Johana
Caviedes Pabón, como personera de ese ente territorial.

1
A los procesos que se iniciaron les fueron asignados los números de radicado 20001-23-33-000-
2021-00001-00, 20001-23-33-000-2021-00007-00 y 20001-23-33-000-2021-00009-00.
2
Las demandas fueron incoadas el 26 de enero de 2021 (Radicado 00009), 18 de enero de 2021
(Radicado 00007) y 12 de enero de 2021 (Radicado 00001).

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

1.2 . Los fundamentos fácticos

Las demandas presentan un sustento fáctico común. Esto permite, por economía
procesal, la narración unificada de los hechos:

1.2.1. Mediante Resolución No. 009 del 21 de enero de 2020, la mesa directiva del
Concejo Municipal de Aguachica – Cesar revocó oficiosamente el concurso
público de méritos para escoger personero para el periodo institucional 2020 –
2024, el cual se venía desarrollando desde el año 2019 y se había desarrollado
hasta la fase del examen de conocimientos a los participantes.

1.2.2. En sesión ordinaria del 4 de febrero de 2020, mediante proposición No 002
de dicha fecha, la plenaria del Concejo de Aguachica autorizó a la mesa directiva
para adelantar un nuevo proceso de selección del personero municipal para el
periodo 2020-2024.

1.2.3. El 18 de marzo de 2020, el presidente de la mesa directiva del Concejo
Municipal de Aguachica suscribió el convenio N° 001/2020 con la Universidad de
Pamplona, que tuvo por objeto:

“…prestar asesoría, acompañamiento y apoyar la realización de las
actividades necesarias en el proceso del concurso público de méritos para la
elección del personero municipal de Aguachica Cesar para el periodo
institucional 2020- 2024.”.

1.2.4. Posteriormente, la mesa directiva del cabildo expidió la Resolución 018 del
20 de marzo de 2020, por medio de la cual convocó y reglamentó el concurso
público de méritos, a fin de proveer el cargo de personero municipal de Aguachica.
Sin embargo, con ocasión de las medidas sanitarias adoptadas a causa de la
pandemia generada por el COVID19, a través de la Resolución 020 del 24 de
marzo de 2020, suspendió la ejecución del convenio suscrito con la Universidad
de Pamplona.

1.2.5. El 6 de agosto de 2020, en sesión ordinaria virtual, la plenaria del Concejo
Municipal de Aguachica designó3 a la abogada Johana Caviedes Pabón como
personera transitoria. La elegida tomó posesión del cargo de manera inmediata.

1.2.6. En el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP I, consta que
la señora Caviedes Pabón, el día 13 de diciembre de 2019, celebró con la
Defensoría del Pueblo el contrato de prestación de servicios profesionales No. DP-
4456-2019, con el fin de brindar asesorías como abogada para la representación

3
Obtuvo 9 votos.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la
promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

El valor del contrato fue por $56.250.000.oo. El plazo de ejecución se extendió,
conforme a la literalidad del acuerdo, hasta el 31 de diciembre de 2020; no
obstante, culminó por voluntad de la contratista en julio de 2020. El lugar de
ejecución fue en el municipio de Aguachica.

1.2.7. Mediante Resolución N° 042 de 31 de agosto de 2020, se levantó la
suspensión de la ejecución del Convenio 001 de 2020, suscrito con la Universidad
de Pamplona. Además, se dejó sin efectos la Resolución N° 020 de marzo 24 de
2020.

1.2.8. Una vez agotadas las diferentes etapas del proceso, mediante Resolución
N° 069 del 11 de noviembre de 2020, se adoptó y publicó la lista definitiva de
elegibles en estricto orden de méritos. El primer lugar fue ocupado por la
accionada y el segundo lugar correspondió al señor Fredy José Martínez Jiménez
–hoy uno de los demandantes.

1.2.9. A través de Resolución N° 072 del 12 de noviembre de 2020, la mesa
directiva del Concejo Municipal de Aguachica, aceptó la renuncia irrevocable de la
demandada en el cargo de personera transitoria del municipio.

1.2.10. Finalmente, en sesión ordinaria virtual del 13 de noviembre de 2020,
contenida en el Acta 087 de 2020, el concejo municipal eligió a la señora Johana
Caviedes Pabón, como personera de Aguachica, con el voto de 8 cabildantes
pertenecientes a la coalición “Equipo del progreso”.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

1.3.1. La demanda del proceso 2021-00001

El demandante Octavio José Guerra Hinojosa invocó la violación de normas
superiores, a saber: los artículos 1 a 6, 13, 15, 21, 29, 121 a 123 y 209
Constitucionales; 34.9 y 35.18 de la Ley 734 de 2002; 5 de la Ley 190 de 1995;
literales a) y g) del artículo 174.2 y 95.2 de la Ley 136 de 1994.

Si bien plantea como causal de nulidad la violación de las normas superiores
invocadas, tal censura converge a la nulidad electoral que encuadra en la causal
del artículo 275.5 del CPACA, con fundamento en que la accionada al momento
de la elección se encontraba incursa en hechos constitutivos de inhabilidad

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

previstos en el artículo 95.2 y en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de
1994.

El primero, porque dentro del término inhabilitante de los doce meses, fungió como
personera transitoria, cargo con funciones de autoridad administrativa, conforme a
las atribuciones que son asignadas en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994. Esta
inhabilidad indicó que se encuentra prevista en el artículo 95.2 ibidem, aplicable
por analogía a los personeros, en virtud de la remisión que hace el artículo 174
literal a).

El segundo, con fundamento en el literal g) del artículo 174 de la ley en cita, por
haber intervenido en la celebración de contrato de prestación de servicios el 13 de
diciembre de 2019, con la Defensoría del Pueblo, dentro del período inhabilitante,
evento impeditivo para desempeñar el cargo de personero.

Explicó que conforme a los presupuestos previstos en la ley que estructuran la
figura, el factor temporal está dado por el año anterior a la elección, el elemento
material por la intervención en la celebración del contrato con entidades públicas
de cualquier nivel, siempre y cuando deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio (elemento territorial) y, finalmente, el elemento subjetivo relacionado con
el interés propio o de terceros. Al efecto, indicó que la accionada fue elegida el 13
de noviembre de 2020, cuando había celebrado contrato de prestación de
servicios profesionales con la Defensoría del Pueblo, el 13 de diciembre de 2019.

1.3.2. La demanda del proceso 2021-00007.

El actor Fredy José Martínez Jiménez consideró que el acto transgredió las
normas en que debería fundarse, comoquiera que no se pueden elegir personas
inhabilitadas. Las normas invocadas fueron: los artículos 1, 2, 29, 84 y 85 de la
Constitución Política; el literal i) del artículo 10 y los numerales 1 y 2 del parágrafo
1 del artículo 19 y el artículo 53 de la Resolución 018 de 2020 de la mesa directiva
del cabildo “por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público de méritos
para el cargo de Personero Municipal de Aguachica Cesar Periodo 2020-2024”; los
artículos 34.9, 35.18 y 48.17 de la Ley 734 de 2002 y el literal g) del artículo 174
de la Ley 136 de 1994.

Este demandante se decanta por indicar que la accionada estaba incursa en
inhabilidad del literal g) precitado, comoquiera que el 13 de diciembre de 2019
celebró contrato de prestación de servicios profesionales de abogada con la
Defensoría del Pueblo.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Esa es la razón para que conforme al artículo 275.5 del CPACA se declare la
nulidad de la elección.

1.3.3. La demanda del proceso 2021-00009.

El demandante Carlos Alberto Uribe Sandoval invocó como violados los artículos
2, 4, 29 y 209 Superiores; 34.9 y 35.18 de la Ley 734 de 2002; 5 de la Ley 190 de
1995 y el artículo 174 literales b) y g) de la Ley 136 de 1994, en armonía con el
artículo 95.2 ibidem.

Centra la postulación en las inhabilidades en las que incurre la demandada, a
saber: (i) en los hechos indica que la accionada celebró contrato de prestación de
servicios profesionales con la Defensoría del Pueblo el 13 de diciembre de 2019,
para ser ejecutado en el municipio de Aguachica; para luego explicar (ii) en el
concepto de violación que el impeditivo para la elegibilidad de la demandada se
estructura en la causal de intervención en la celebración de ese contrato. Invocó al
efecto el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

Además, (iii) porque ocupó el cargo de personera transitoria, es decir un empleo
público en la administración central municipal, incursionando en el impedimento
del b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

1.4. La contestación

El traslado del auto admisorio fue descorrido por la demandada, quien se opuso a
la acusación de encontrarse inhabilitada conforme al literal g) del artículo 174 de la
Ley 136 de 1994, comoquiera que su situación no se encuadra en el elemento
objetivo, por cuanto el contrato de prestación de servicios DP-4456 de 13 de
diciembre de 2019 se celebró con la Defensoría del Pueblo.

Explicó que la entidad contratante es un órgano de control que hace parte del
Ministerio Público, conforme lo indican los artículos 118 y 281 de la Constitución
Política. Esa la razón para que desde el criterio orgánico o estructural no haga
parte de la administración pública central o descentralizada del municipio de
Aguachica, como lo permiten concluir el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, en
armonía con el artículo 13 de la Ley 24 de 1992, que dan cuenta de que la
Defensoría cumple sus funciones de manera desconcentrada. En consecuencia, a
juicio de la demandada, no se configura el supuesto el literal g) del artículo 174 de
la Ley 136 de 1994.

Además, planteó que no existe prohibición para que una persona ejerza como
contratista prestando un servicio esencial fundamental, como lo es la defensoría

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

pública. En este contexto, no resultaría impeditivo para la accionada ejercer el
cargo de personera municipal para el cual fue elegida habiendo sido contratista en
dichas labores.

De otra parte, frente a la censura sustentada en la inhabilidad de haber ejercido
autoridad administrativa, consideró que tampoco estaba incursa, al considerar
que:

“…el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, trata es de las funciones de los
personeros, y no contiene la prohibición de reelección, aunado a que quien
haya sido personero, no tiene limitado su derecho de participar en concurso
de méritos para la provisión del cargo”.

1.5. Aspectos trascendentes en el trámite

1.5.1. Las demandas fueron admitidas y decretada la suspensión provisional por
auto de 11 de marzo de 2021. Los procesos fueron acumulados mediante
providencia de 22 de abril de 2021 proferida por el Tribunal a quo.

La medida cautelar de suspensión provisional fue decretada por el Tribunal en
auto del 11 marzo de 2021, al considerar que se demostró que la accionada
celebró el contrato de prestación de servicios con la Defensoría del Pueblo
(elemento objetivo); ii) que el contrato en mención fue suscrito en el mes de
diciembre de 2019 y la designación de la señora Caviedes Pabón ocurrió el 13 de
noviembre de 2020, es decir, dentro del término del año anterior a la elección y iii)
que tal convenio tuvo como lugar de ejecución en Aguachica.

Esa decisión fue revocada por la Sección Quinta en auto de 16 de septiembre de
2021. En esta providencia, se advirtió que la competencia como juez ad quem,
estaba limitada a la apelación, comoquiera que la suspensión se decretó por la
conducta de celebración de contrato, en el que el organismo estatal contratante es
la Defensoría del Pueblo. Esa es la razón para entender que dicha entidad al no
hacer parte del sector central o descentralizado de la administración municipal,
alejaba a la accionada del supuesto fáctico específico de la inhabilidad de
celebración de un negocio jurídico4. Posteriormente, mediante providencia de 14
de octubre de 2021 se negaron las solicitudes de aclaración y adición. Lo primero,
al no evidenciar oscuridad en el supuesto de la inhabilidad de celebración de
contratos que se circunscribe al nivel que se mencionó y lo segundo, porque no
hubo claridad en los puntos omitidos.

4
Valga recordar que la magistrada Rocío Araújo aclaró el voto para indicar que la norma que
consagra dicha inhabilidad (literal g) del art. 174 de la Ley 136 de 1996) contiene, adicionalmente,
otra conducta impeditiva, como lo es, la intervención en la celebración del contrato.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

En la audiencia inicial celebrada el 3 de noviembre de 2021, se indicó que los
argumentos sustento de las excepciones corresponden a aspectos de mérito que
se analizan en la sentencia. Así mismo, se fijó el litigio en los siguientes
términos:

“De conformidad con lo anterior, y lo solicitado en las pretensiones de las
demandas acumuladas, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar,
si es nulo o no, el acto administrativo contenido en el Acta de Sesión Plenaria
no presencial del Concejo Municipal de Aguachica – Cesar, de fecha 13 de
noviembre de 2020, que declaró la elección de la señora JOHANA
CAVIEDES PABÓN, como Personera de esa municipalidad, para el periodo
2020-2024.

En caso de ser afirmativa la premisa anterior, se deberá determinar, si dada
la nulidad del acto de elección deprecada y a que el mismo obedece a una
causal subjetiva, resulta procedente, nombrar en propiedad como Personero
Municipal de Aguachica para dicho período institucional, a quien tuviere el
derecho legítimo conforme a la lista de elegibles adoptada mediante
Resolución N° 069 del 11 de noviembre de 2020”.

1.6. El fallo de primera instancia

Mediante sentencia de 10 de marzo de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar
decidió:

“PRIMERO. DECLARAR imprósperas las excepciones de mérito5 propuestas
por la parte demandada; por las razones indicadas en la parte considerativa
de esta decisión.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el
Acta de Sesión Ordinaria “N° 051 del 6 de agosto de 20206” (sic), por medio
del cual, el Concejo Municipal de Aguachica eligió a JOHANA CAVIEDES
PABÓN, como Personera de ese municipio, para el período institucional
2020-2024; de conformidad con las consideraciones expuestas en este
proveído.

TERCERO. La declaratoria de nulidad implica que el Concejo Municipal de
Aguachica debe elegir a un nuevo personero de la lista de elegibles
conformada para el efecto, según Resolución N° 069 del 11 de noviembre de

5
Las excepciones propuestas solo fueron de mérito, a saber: inexistencia de la violación del
artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994 y no configuración de la segunda causal de inhabilidad
invocada por la parte demandante, contenida en el literal g) del artículo 174 de ese mismo
ordenamiento.
6
Esta literalidad fue corregida mediante auto de 7 de abril de 2022 proferido por el Tribunal
Administrativo del Cesar, en tanto el acto demandado es el Acta de sesión plenaria no presencial
de 13 de noviembre de 2020.

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Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

2020, que esa misma corporación conformó para proveer dicho cargo, con
exclusión de la señora JOHANA CAVIEDES PABÓN”.

La razón fundamental de la decisión del a quo se sustentó en que la accionada al
momento de ser elegida estaba incursa en el primer presupuesto de la causal de
inhabilidad del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994. Al efecto, se probó
que intervino en la celebración de su contrato de prestación de servicios con una
entidad pública, como lo es la Defensoría del Pueblo.

Recordó que la medida cautelar de suspensión provisional fue revocada dentro del
marco específico del cuestionamiento que llevó el recurso de apelación, es decir,
enfocado únicamente en la inhabilidad proveniente de la celebración de contrato,
que es una de las previstas en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

Sin desconocer lo anterior, el Tribunal consideró importante mencionar que en el
referido auto del Consejo de Estado revocatorio de la medida, se hizo la siguiente
mención:

“Al respecto, se precisa que la Sala hizo un esfuerzo en desglosar los
elementos de la inhabilidad contemplada en el artículo 174, literal g) de la
Ley 136 de 1994 que se estructura así: ‘g) Durante el año anterior a su
elección, haya intervenido en la celebración de contratos con entidades
públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí o por
interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades u
organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel
administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio’.

Sin embargo, vale la pena aclarar al memorialista que el estudio efectuado se
circunscribió a la segunda de las hipótesis que se destaca en la transcripción,
por la potísima razón que los recursos de apelación versaron sobre dicho
supuesto; esto sin perjuicio de que en la eventual sentencia que pueda
conocer en segunda instancia esta corporación, se aborde en su integridad el
análisis de la norma en concreto”.

Destacó que en el mismo sentido de este aparte final, se pronunció la magistrada7
que aclaró el voto.

Luego, el Tribunal indicó que si bien mediante fallo de 15 de diciembre de 2021,
dictado dentro del radicado 2020-00418-00, el Consejo de Estado revocó la
declaratoria de nulidad de la designación transitoria de la personera, dejó claro
que el estudio estaba limitado al campo estricto de los argumentos del recurso de
apelación, es decir, dentro del contexto de la inhabilidad por la celebración de un

7
Magistrada Rocío Araújo Oñate.

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Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

contrato, que es una de las dos conductas previstas en el literal g) del artículo 174
de la Ley 136 de 1994.

Al efecto, transcribió las consideraciones de dicha providencia que consideró
pertinentes, para concluir que existen dos presupuestos para la inhabilidad que se
analiza desde la conducta de intervención, ya que ambos supuestos inhabilitantes
fueron invocados en las demandas y evidenció que los pronunciamientos del
Consejo de Estado tuvieron que limitarse solo a una de ellas, esto es, a la
celebración del contrato, por ser este el extremo que en su momento fijaron
quienes apelaron. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que el ad quem8 fue explícito
en acotar que quedaba abierta la posibilidad de que en el fallo se abordara de
manera integral el contenido del precepto del literal g) del artículo 174 de la norma
citada.

Habiendo dejado en claro los aspectos narrados, procedió a analizar el caso
concreto. Al efecto, descartó la inhabilidad generada por la celebración del
contrato y procedió a asumir el estudio de la otra conducta impeditiva prevista,
esto es la intervención en la celebración del negocio jurídico.

Dentro de ese contexto, el a quo se apoyó en la providencia de 14 de octubre de
2021, que decidió las solicitudes de adición y aclaración contra el auto del Consejo
de Estado de 16 de septiembre de 20219, proferido dentro de este vocativo. En
este se consideró que en el respectivo fallo de instancia se abordaría, en su
integridad, el análisis del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

Luego de analizar el alcance de la inhabilidad de intervención en la celebración del
contrato y de cotejarla con las pruebas, indicó que la accionada estaba incursa en
ella, comoquiera que el contrato celebrado se suscribió con la Defensoría del
Pueblo. Así las cosas, como el elemento objetivo de esta causal solo indica que
debe tratarse de cualquiera entidad pública, en esta cualificación sí encuadra
aquella.

En relación con el elemento temporal indicó que el contrato fue celebrado el 13 de
diciembre de 2019, mientras que la designación data de 13 de noviembre de 2020.
Así las cosas, la intervención en la celebración del contrato estuvo dentro del
período inhabilitante del año anterior a la elección.

Respecto a la segunda causal de inhabilidad que se le enrostró a la accionada,
consistente en el ejercicio de autoridad, contemplada en el artículo 95.2 de la Ley

8
“Al cual”. “Dicho de un juez o de un tribunal: Al que se recurre frente a esa resolución de otro juez
o tribunal inferior”.
9
Mediante el cual se revocó el decreto de suspensión provisional.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

136 de 1994, consideró que no era aplicable al asunto, por cuanto el literal a) del
artículo 174 de esa misma regulación, no es cláusula remisoria a la primera norma
mencionada. Esa la razón para denegarla, por cuanto no se puede analizar una
conducta impeditiva que no es aplicable por analogía.

Advirtió que en el vocativo 2021-00007-00 se solicitó que en caso de anularse el
acto, se nombrara como personero en propiedad a quien tuviera el derecho
legítimo derivado de la lista de elegibles (Resolución 069 de 11 de noviembre de
2020).

Indicó que habida consideración de que la irregularidad advertida no afecta a todo
el procedimiento de elección y se puede establecer concretamente el momento a
partir del cual se ocasionó la misma, por lo que resulta posible retomar el
procedimiento justo en el momento antes de que se presentara.

Al respecto, conforme a la normativa prevista en el artículo 288 del CPACA, en
armonía con las causales 5 y 8 del artículo 275 del mismo ordenamiento y a la
jurisprudencia10 del Consejo de Estado, es necesario que se deba elegir a un
nuevo personero de la lista de elegibles ya conformada, con la exclusión de la
accionada Caviedes Pabón.

1.7. La aclaración contra el fallo de primera instancia

Por auto de 7 de abril de 2022, el Tribunal negó la solicitud de adición del fallo11 y
aclaró la sentencia indicando que el acto anulado era el Acta de sesión plenaria
ordinaria presencial 087 de 13 de noviembre de 2020.

1.8. Los recursos de apelación

Dentro de la oportunidad procesal prevista para el efecto, uno de los demandantes
Fredy Martínez, la accionada y el Concejo Municipal de Aguachica presentaron las
apelaciones respectivas.

1.8.1. La parte actora, el señor Fredy José Martínez Jiménez

Dijo interponerlo con el objeto de que se reforme o modifique el fallo, mediante el
estudio integral de la causal de inhabilidad sin limitaciones.
10
Hace referencia a las providencias de 18 de mayo de 2017 (Radicado 2016-00119-03) M.P.
Alberto Yepes Barreiro y de unificación de 26 de mayo de 2016 (Radicado 2015-00029-00) M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
11
Al considerar que precisamente el fallo había encontrado acreditada la causal de inhabilidad de
intervención en la celebración del negocio y eso desvirtuaba que se hubiera omitido resolver un
extremo de la litis sobre el análisis integral y total de las conductas constitutivas de inhabilidad en el
literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

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10

Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Argumentó que en los radicados 2021-0001 y 0009, en el concepto de la violación
se aludió a la intervención en la celebración del contrato, primero de los supuestos
contenidos en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994. Mientras que en
el vocativo 2021-00007, al segundo de aquellos, esto es la celebración negocial.

Esgrimió que por lo anterior, el Tribunal debió indicar que la configuración de la
inhabilidad por intervención en la celebración del contrato había sido señalada en
forma fehaciente, clara y directa por la parte actora en los conceptos de la
violación respectivos; en vez de mencionar que se trataba de una mera deducción.

Criticó al Tribunal por no desarrollar cada uno de los presupuestos que integran la
causal de nulidad deprecada. Hizo referencia, en forma concreta, a que el a quo
no señaló dentro de los elementos objetivo, espacial y de propósito o motivación.
El primero, indicando que el lugar de ejecución del negocio era el municipio en el
que resultó elegida la accionada y el segundo, que lo fue en interés propio.

Así mismo, que el a quo no resolvió la acusación de la parte demandada, cuando
esgrimió la inaplicabilidad de la inhabilidad del literal g) del artículo 174 de la Ley
136 de 1994, comoquiera que el contrato recaía en su objeto en la prestación de
un servicio público que se ofrece en igualdad de condiciones, que encaja en lo
considerado en las sentencias de la Corte Constitucional C-393 de 2019 y C-618
de 1997 y que no permite que esa clase de negocios estructuren la inhabilidad que
se analiza.

1.8.2. La demandada, señora Johana Caviedes Pabón

Solicitó revocar el fallo de primera instancia, con fundamento en los siguientes
argumentos:

1.8.2.1. La fijación del litigio y la incongruencia del fallo

El margen de la decisión del juzgador se encuadra, de manera nodal, dentro de lo
dicho en la demanda, la contestación y, con la entrada en vigencia de la Ley 1437
de 2011, con la fijación del litigio. Esa es la razón por la cual desconocerlo
conlleva el ingreso de nuevos argumentos al proceso sobre los cuales no ha sido
posible ejercer el derecho de defensa, con la consiguiente vulneración del debido
proceso.

En el caso concreto, son tres demandas las que marcan el inicio de la controversia
y los planteamientos que las sustentaron giraron en torno a un contrato de
prestación de servicios profesionales que la accionada celebró con la Defensoría

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

del Pueblo y al ejercicio de autoridad desempeñada antes de su elección como
personera en propiedad, en el mismo cargo pero en condición de transitoriedad.
Indicó en forma textual, lo siguiente:

“…se extrae claramente que en la única demanda acumulada en la que se
hace precisión específica sobre cuál es el apartado específico (sic) de la
causal g) del artículo 174 que se configura es en la demanda radicada bajo el
número 2021-007-00 en la que se señala que se incurrió en la mencionada
causal por haber celebrado contrato con entidades u organismos del sector
central o descentralizado, las otras dos demandas parafrasean la norma y
señalan que se configura el supuesto de hecho de la misma por haberse
suscrito contrato con la defensoría pública solicitando aplicación al asunto de
las decisiones adoptadas dentro de los procesos radicados bajo los números
20001-23-33-000-2020-00418-00 y 15001-23-33-000-2016-00119-03”.

Enseguida, extracta de las contestaciones la solicitud de aplicación del último
antecedente citado (2016-00119), referente a la naturaleza jurídica de la
Defensoría del Pueblo, frente a su papel como entidad contratante nacional.
Aunado a que en las decisiones judiciales adoptadas dentro del proceso 2020-
00418, en las que se conoció de la nulidad electoral de la accionada como
personera transitoria, se dejó claro que no es un ente del orden central y
descentralizado.

Dentro de ese contexto, advirtió que en las providencias adoptadas dentro del
vocativo acumulado de la referencia se indicó que la causal inhabilitante no se
encontraba acreditada. Esto por cuanto el contrato se celebró con una entidad que
se aleja del supuesto previsto en la norma, comoquiera que no hace parte de los
niveles administrativos precitados.

Además, el Tribunal al fijar el litigio, tanto en el acta escrita como en la grabación
de la audiencia inicial, quedó claro que la causal de inhabilidad giraba en torno a la
celebración del contrato.

En efecto, la literalidad de dicha decisión fue la siguiente:

“De conformidad con lo anterior, y lo solicitado en las pretensiones de las
demandas acumuladas, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar,
si es nulo o no, el acto administrativo contenido en Acta de Sesión Plenaria
no presencial del Concejo Municipal de Aguachica – Cesar, de fecha 13 de
noviembre de 2020, que declaró la elección de la señora Johana Caviedes
Pabón, como Personera de esa municipalidad, para el período 2020-2024.

En caso de ser afirmativa la premisa anterior, se deberá determinar, si dada
la nulidad del acto de elección deprecado y a que el mismo obedece a una
causal subjetiva, resulta procedente, nombrar en propiedad como Personero

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Municipal de Aguachica para dicho período institucional, a quien tuviere el
derecho legítimo, conforme a la lista de elegibles adoptada mediante
Resolución N° 069 del 11 de noviembre de 2020”.

Indicó que ante esa fijación del litigio, el demandante Fredy José Martínez
Jiménez intervino para que se aclarara la misma, en el siguiente sentido:

“…si es nula la elección realizada por el Concejo Municipal de Aguachica
Cesar mediante sesión no presencial N° 087 del 13 de noviembre de 2020,
por medio del cual el Concejo Municipal de Aguachica eligió a Johana
Caviedes Pabón… en virtud de los dos eventos contemplados en el literal g)
del artículo 174 de la Ley 136 de 1994”.

La parte demandada manifestó inconformidad con la petición anterior, indicando
que las demandas solo aluden a la segunda de las hipótesis de inhabilidad
contenida en el artículo citado, esto es a la celebración de contrato.

A las interpelaciones de las partes, el magistrado ponente respondió “perfecto por
eso es que se está fijando el litigio de esa manera”, lo cual denota la anuencia de
que el asunto quedara circunscrito a la celebración del negocio jurídico.

No obstante, lo anterior, el Tribunal sentenció el asunto por fuera del contexto de
la fijación del litigio, adentrándose en la primera parte de la norma inhabilitante, es
decir en la intervención en la celebración del negocio.

Señaló que incluso el a quo reconoce que frente a esta inhabilidad “es posible
inferir[la], pese a que no se haya indicado literalmente [por la parte demandante]”.

Advirtió que aunque el Consejo de Estado, en el auto que negó la aclaración y
adición de 14 de octubre de 2022 contra la providencia que decidió la apelación
del auto de suspensión provisional, indicó que quedaba la posibilidad de que en el
fallo de instancia se abordara de manera integral la norma de inhabilidad invocada
y así incluso consta en la aclaración de voto12, lo cierto es que ello dependía de
que fuera el quid13 del asunto.

Así las cosas, el Tribunal desbordó el margen de decisión, trayendo situaciones
que no fueron tratadas a lo largo del proceso y que no fueron fijadas en el litigio.

En consecuencia, consideró que el fallo atentó contra el debido proceso, el
derecho de defensa y el principio de congruencia.

12
Divergencia suscrita por la magistrada Rocío Araújo Oñate.
13
“Aspecto en que reside la importancia de algo o en que consiste la dificultad” Diccionario RAE.

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1.8.2.2. La inexistencia de la inhabilidad por la celebración de contrato

La accionada insistió en que el haber contratado con la Defensoría del Pueblo
enerva la ocurrencia de la inhabilidad prevista en el literal g) del artículo 174 de la
Ley 136 de 1994, por la naturaleza jurídica de la entidad contratante.

Indicó que sí celebró un contrato de prestación de servicios profesionales de
abogada con la Defensoría del Pueblo, dentro del año anterior a su elección como
Personera de Aguachica.

Pero que debe darse aplicación a los planteamientos que se dieron en asuntos
similares, en los procesos 20001-23-33-000-2020-00418-0114 y 15001-23-33-000-
2016-00119-0315. En esta última, el punto medular versó sobre la inhabilidad por
suscribir contrato con la Defensoría del Pueblo. En el fallo de 18 de mayo de 2017
se indicó que la entidad contratante es una entidad nacional y no del sector central
o descentralizado del nivel administrativo municipal. Al efecto, ambos
antecedentes destacaron la importancia de encontrar acreditado el elemento
objetivo con fundamento en la naturaleza jurídica de la entidad y la arquitectura
orgánica del Estado.

Así mismo, solicitó que se tengan en cuenta los argumentos de defensa, a
atinentes al objeto del contrato de prestación de servicios profesionales para el
ejercicio de la defensoría pública y el inexistente conflicto de intereses, que
esgrimió en la contestación de la demanda y que no fueron desarrollados por el a
quo en la sentencia, pese a que incluso solicitó la respectiva complementación.

Agregó:

“…en el auto de complementación además el Tribunal destaca que la
configuración de tal inhabilidad se demostró al haberse cumplido lo exigido
en la normativa respectiva, la cual no contiene excepción de algún tipo de
contrato con entidades públicas. En consecuencia, no puede desconocerse
el principio de interpretación, según el cual, ‘donde el legislador no distingue,
no le es permitido al intérprete hacerlo’, lo cual causa extrañeza a la defensa
por cuanto en ninguno de los argumentos de las demandas o de las
contestaciones o en la fijación del litigio quedó establecido que lo que se
debía analizar era el tipo de contrato pues como lo dijo el Consejo de Estado
en este asunto el punto de controversia ha sido si la Defensoría es una
entidad u organismo del sector central o descentralizado.”.

14
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el caso de la actual accionada, cuando fue
designada personera transitoria.
15
M.P. Alberto Yepes Barreiro. En el caso del personero de Tunja.

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Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Aunado a lo anterior, recordó que debía tenerse en cuenta que el contrato
celebrado por la accionada fue para desempeñar el servicio público de defensoría
pública y promoción de los derechos humanos, los cuales presta la Defensoría del
Pueblo en igualdad de condiciones a todas las personas. Esto, por cuanto el
objeto contractual es proveer la figura del defensor gratuito a personas que se
encuentren en imposibilidad económica o social de proveer, por sí mismas, la
defensa de sus derechos y para asumir su propia representación judicial o
extrajudicial.

Mencionó, en este punto, las sentencias de la Corte Constitucional C-393 de 2019
y C-618 de 1997, en las que se consideró que la inhabilidad contemplada en el
literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 no es aplicable a los contratos que
la administración ofrece en igualdad de condiciones, en desarrollo de sus
funciones legales y constitucionales, como acontece con el servicio de defensa
pública.

Finalmente, aseveró que en los casos de celebración de contrato con la
Defensoría no se presenta un conflicto entre intereses particulares y públicos, por
cuanto no es una entidad supervisada ni vigilada por la personería municipal. Esto,
por cuanto, conforme al artículo 1° del Decreto 25 de 2014, la contratante es un
organismo que forma parte del Ministerio Público, tiene autonomía administrativa y
presupuestal y ejerce sus funciones, bajo la suprema dirección del procurador
general de la Nación.

1.8.3. El interviniente, el Concejo Municipal

El cabildo de Aguachica, mediante apoderado judicial, solicitó la revocatoria del
fallo. Al efecto, insistió en que la Defensoría del Pueblo carece de la naturaleza de
entidad u organismo del sector central o descentralizado.

Además, el contrato citado es de aquellos en que la administración ofrece un
servicio público a todos los ciudadanos, en igualdad de condiciones y en
desarrollo de sus funciones constitucionales y legales. En esos términos, la Corte
Constitucional califica al servicio público de defensoría pública y promoción y
defensa de los derechos humanos, como se lee en las sentencias C-393 de 2019
y C-618 de 1997.

Insistió en que la defensoría pública es un servicio público gratuito que presta el
Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se provee de un
defensor gratuito a las personas que se encuentran en imposibilidad económica o
social de proporcionar por sí mismas la defensa de sus derechos para asumir su
representación judicial o extrajudicial.

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Acotó que ello se evidencia del objeto del contrato celebrado por la accionada
Caviedes Pabón con la Defensoría del Pueblo, cuya literalidad fue:

“[La] prestación de servicios profesionales de abogado para la representación
judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la
promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos”.

Así mismo, da cuenta del objeto igualitario, algunas de las obligaciones pactadas
entre los contratantes, entre otras, las siguientes: prestar el servicio de defensoría
pública; representar a los usuarios del servicio de defensoría ante los despachos
judiciales o autoridades administrativas; participar y hacer pública la promoción,
defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos; asistir a las audiencias
y diligencias en las que sea citada en calidad de defensor público; estudiar,
diseñar y realizar la estrategia jurídica de cada uno de los procesos o casos
asignados, que garantice la eficacia, eficiencia y calidad de la representación
judicial y que optimice la prestación del servicio nacional de defensoría pública y
suministrar la asesoría jurídica especializada a los usuarios del servicio de
Defensoría Pública.

Además, es un servicio público gratuito que se presta a todos los ciudadanos en
igualdad de condiciones.

Planteó que el propósito de la inhabilidad es evitar que quien sea elegido como
personero municipal pueda tener un conflicto entre los intereses particulares que
tuvo como contratista y los intereses públicos que después debe defender como
personero. Por ejemplo, cuando tiene que supervisar la celebración de un
contrato, verificar si su ejecución causa daño ambiental o controlar el pago que
funcionarios públicos hagan a los particulares, por contratos ejecutados en el
municipio.

Con todo, se busca evitar que el personero se vea incurso en circunstancias que
objetiva y presumiblemente tengan la virtualidad de afectar la imparcialidad y la
independencia que deben guiar el cumplimiento de sus funciones de vigilancia
administrativa.

Finalmente, agregó:

“En el presente caso no se presenta el conflicto entre los intereses
particulares y públicos pues el contrato que suscribió fue con la defensoría
pública entidad que no es supervisada ni vigilada por la personería municipal
pues en virtud del artículo 1° del Decreto 25 de 2014, la Defensoría del
Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, tiene

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autonomía administrativa y presupuestal y ejerce sus funciones bajo la
suprema dirección del Procurador General de la Nación”.

Con fundamento en lo anterior, insistió en la revocatoria del fallo.

1.9. Admisión de los recursos de apelación y alegatos de conclusión de
segunda instancia

Las apelaciones fueron admitidas mediante auto de 20 de mayo de 2022, en el
que también se ordenó correr traslado para que alegaran de conclusión y el
Ministerio Público presentara su concepto. Las partes concurrieron con sus
respectivos escritos, al igual que la agencia fiscal.

1.9.1. La parte demandante

El apelante Fredy Martínez solicitó denegar el recurso de apelación de la
accionada y del concejo municipal y confirmar la sentencia de primera instancia.

Sustentó las alegaciones finales en que la accionada pretende inducir a error al
Consejo de Estado, al plantear que las demandas se circunscribieron
exclusivamente a la conducta inhabilitante de la celebración de contratos,
contemplada en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994. Con ello
pretendió excluir de la litis la causal de intervención en la celebración del
contrato. Lo cierto es que desde la presentación de las demandas se ha hecho
énfasis en la integralidad de la causal, como se corrobora con los apartes literales
de las demandas.

En efecto, en el vocativo que dio lugar al radicado 2021-00001-00, se planteó que
la inhabilidad atribuida a la accionada tenía como segundo elemento:

“…haber intervenido en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel, siempre y cuando el contrato deba ejecutarse en
el respectivo municipio, es, por lo tanto, que la Defensoría del Pueblo,
entidad que fungió como contratante en el mencionado contrato de
prestación de servicios profesionales N°:DP-4456 del 13 de diciembre de
2019, según el Decreto 25 del 10 de enero de 2014… no cabe duda
entonces que es una entidad de naturaleza pública. Con relación al otro
elemento, el citado contrato de prestación de servicios, determinó como lugar
de ejecución de las actividades contractuales, los circuitos de Aguachica
(Cesar), precisamente el mismo municipio donde fue declarada su elección
como Personera para el periodo 2020-2024….”. (Destacados fuera de texto).

De lo anterior, advirtió que se hizo un señalamiento fehaciente, claro y directo del
escenario de la intervención en la celebración del contrato como causal de

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inhabilidad en el concepto de la violación de dicha demanda.

Indicó, que a diferencia de lo afirmado por la accionada, la fijación del litigio sí
cobijó el estudio de la inhabilidad integralmente, teniendo en cuenta que su
literalidad fue amplia.

Arguyó que tan claro estaba para los sujetos procesales el campo del litigio que el
Ministerio Público ante la primera instancia, al rendir concepto final, se enfocó en
el elemento material de intervención de la celebración de contratos, la cual por
demás encontró acreditada.

De tal suerte que el argumento de la inhabilidad por intervención en la celebración
del contrato no ha estado oculto a las partes procesales, ni se ha sorprendido a la
demandada con esta, comoquiera que a lo largo del proceso se encontró latente el
cargo que terminó soportando la nulidad de la elección.

Acotó que no es de recibo la defensa incoada por la accionada para justificar la
inaplicabilidad de la intervención en la celebración del contrato, con fundamento
en que el objeto del negocio era prestar un servicio público. Comoquiera que
siguiendo los derroteros de las sentencias de la Corte Constitucional C-393 de
2019 y C-618 de 1997, los pronunciamientos del Alto Tribunal, precisamente van
en otra vía, que consiste en que el contratista los adquiera para sí, cuando se trate
de bienes o servicios que se ofrezcan a todos los ciudadanos y personas en
igualdad de condiciones.

Indicó que no todos los contratos suscritos con entidades estatales dan lugar a la
estructuración de la inhabilidad, en el entendido de que:

“…[la] situación excepcional [se refiere a cuando no se dá la inhabilidad] solo
se predica de aquellos que sean irrazonables, por estar íntimamente ligados
a satisfacer las necesidades básicas de bienestar y salubridad de cualquier
persona, contratos estos, ofrecidos por el estado en condiciones comunes o
normales a todos los coterráneos, como sucede con los servicios públicos
antes aludidos16 y que de facto, excluye la apreciación exagerada y
desproporcionada planteada por el abogado de la demandada en su
excepción”.

Planteó que el argumento que en este punto emplea la accionada confunde un
acuerdo de voluntades para recibir o adquirir un servicio o bien que el Estado debe
ofrecer a todas las personas, con la celebración de un contrato con una entidad

16
Se refiere a la mención que hizo de servicios de energía eléctrica o acueducto y alcantarillado,
telefonía o los contratos bancarios, de seguros, de seguridad social y que se adquieren en
condiciones comunes o normales.

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estatal para brindar un servicio. Recordó que en últimas, todos los contratos de
prestación de servicios profesionales buscan desarrollar actividades relacionadas
con la administración o funcionamiento de la entidad.

Concluyó que si se acogiera en este punto la tesis de la accionada, los contratos
de prestación de servicios profesionales en que se involucre lo público no
generarían la inhabilidad que se analiza.

Sobre el segundo planteamiento, con el que pretendió justificar la no incursión en
el impedimento de la intervención en la celebración del contrato porque no afecta
la imparcialidad ni la independencia del ejercicio de las funciones de la personera,
resulta irrelevante, comoquiera que el provecho, la ventaja o la utilidad no hace
parte de los elementos constitutivos de la causal.

1.9.2. La parte accionada

Insistió en que en la fijación del litigio no se incluyó la causal inhabilitante de
intervención en la celebración del contrato ni en el relato de lo acontecido en la
audiencia inicial.

Dicha circunstancia se corrobora con el aparte del fallo de primera instancia en el
que se indicó que abordaba el análisis del primer aparte de la causal de
inhabilidad porque era viable inferirlo “pese a que no se haya indicado
literalmente”.

Acusó la abierta violación al debido proceso y a su derecho de defensa generada
con el fallo de primera instancia, comoquiera que el asunto giró en torno a la
celebración del contrato y no a la intervención en la misma.

Sobre el fondo del asunto, en concreto sobre la celebración del contrato y la
supuesta inhabilidad, reiteró los argumentos de la apelación y recabó en que este
asunto se decidiera con base en el antecedente proferido en el radicado 2020-
00418, cuando se demandó la designación de la hoy accionada como personera
transitoria del mismo municipio y en el auto de 16 de septiembre de 2021 que se
profirió en este proceso, mediante el cual el Consejo de Estado revocó la medida
cautelar en el vocativo de la referencia.

Lo anterior porque en el caso concreto se está frente a un asunto de contornos
idénticos a los analizados.

Respecto de la causal de celebración de contrato acotó que como el negocio
jurídico se pactó con la Defensoría del Pueblo, no se cumple con el elemento

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objetivo de la causal, por cuanto no hace parte de las ramas del poder público y,
por ende, tampoco pertenece al sector central o descentralizado del nivel
administrativo.

Finalmente, en escrito anterior presentado también durante el término para
descorrer el traslado de alegaciones finales, glosó un aspecto de falta de
legitimación adjetiva por parte del apelante Fredy José Martínez Jiménez,
demandante del radicado 2021-00007.

En este punto indicó que con el recurso de apelación desbordó sus posibilidades
de postulación, al pretender ampliar el quid a la causal de intervención, cuando en
su demanda solo arguyó la inhabilidad por la celebración del contrato. Con ello, a
juicio de la accionada, incurrió en una falta de legitimación para presentar el
recurso de apelación.

Explicó que si bien las normas procesales, en concreto, el artículo 238 del CPACA
prevé la necesaria acumulación de procesos cuando se trata de causales
subjetivas contra un mismo elegido, lo cierto es que, ni la norma ni la
jurisprudencia, indican que la parte recurrente pueda utilizar los argumentos
esgrimidos por los otros demandantes.

Advirtió que de todos modos aunque la Sala Electoral aceptara la carga
argumentativa mancomunada, lo cierto es que coexiste la imposibilidad de
tenerlos en cuenta porque, por una parte, esos planteamientos de los otros dos
procesos (2021-00001 y 2021-00009) solo pueden continuar siendo sostenidos
por los demandantes respectivos y, por otra, porque no quedaron incluidos en la
fijación del litigio.

1.10. Concepto del Ministerio Público

La Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó revocar el
fallo de primera instancia, para en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda.

Como fundamento esgrimió que los concejos municipales tienen la competencia
para determinar los lineamientos generales de la forma en que se adelantan las
etapas y parámetros mínimos del concurso de méritos para la elección de
personero. Así las cosas, el cabildo detenta la responsabilidad en la dirección del
mismo, pero tiene la posibilidad de tercerizar el concurso a personas jurídicas o
naturales que cuenten con las herramientas humanas y técnicas para este efecto.

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20

Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

En esa línea, se expidió el Decreto 2485 de 201417, adicionado con el Decreto
1083 de 2015, que reglamentó el concurso público e incluyó el apoyo de terceros.
En este último punto previó un condicionamiento orgánico, caracterizado por el
establecimiento anticipado de las entidades en las que podía recaer el mandato
para el desarrollo de los trámites de selección, a saber: (i) universidades; (ii)
establecimientos de educación superior; (iii) y, finalmente, entidades
especializadas en procesos de selección de personal.

Planteó que de conformidad con los artículos 320 y 328 del CGP, el juez del
recurso de apelación examina únicamente la cuestión decidida, con respecto a los
reparos concretos que formula el apelante, sin perjuicio de las decisiones que
deba adoptar de oficio. Por ende, no está facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos del fallo de primera instancia que no fueron impugnados.

Frente a la situación sub júdice explicó que los recurrentes no cuestionan los
elementos temporal ni territorial de la inhabilidad alegada, sino con quién se
celebró el contrato, por considerar que la Defensoría del Pueblo es una entidad
que no pertenece a ninguna de las ramas del poder público y, por lo tanto, no es
parte del nivel central o descentralizado del nivel administrativo. Este
planteamiento, a fin de enervar la supuesta inhabilidad de la accionada en cuanto
se refiere a la celebración del negocio jurídico.

En relación con el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, trajo a colación
un antecedente de la Sala de 14 de febrero de 201318, para indicar que en el factor
material u objetivo se hallan dos conductas inhabilitantes previstas por el
legislador. De una parte, la intervención en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o el de terceros. De otra, la celebración de
contratos de cualquier naturaleza, con entidades del sector central o
descentralizado. El factor temporal está dado por los doce meses anteriores a la
elección y el elemento espacial, que concierne a que los precitados contratos
deben ejecutarse en el respectivo municipio.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo del Cesar se limitó a analizar la conducta
atinente a la intervención en la celebración de contrato, al considerar que era el
fundamento fáctico planteado por los demandantes.

Dentro de ese contexto, dos de los accionantes hicieron referencia a la conducta
de intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier
nivel.

17
Expedido por el gobierno nacional “por medio del cual se fijan los estándares mínimos para el
concurso público y abierto de méritos para la elección de personeros municipales”.
18
Radicado 68001-23-31-000-2012-00115-01. M.P. Susana Buitrago Valencia.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

A juicio de la colaboradora fiscal, esta parte de la inhabilidad se encuentra
probada, en tanto la accionada, durante el término inhabilitante, suscribió contrato
de prestación de servicios con una entidad pública como lo es la Defensoría del
Pueblo.

En consecuencia, indicó que, en principio, correspondería confirmar la sentencia
de primera instancia que se analiza, pero que ello no era posible porque:

“…el Ministerio Público evidencia que en efecto, existe postura más reciente
de la Sala, en cuanto a los requisitos necesarios para que se configure la
inhabilidad alegada en la demanda, la cual fue puesta de presente por la
demandada, ahora apelante, quien solicita le sea aplicada. En ella, la
Sección Quinta del Consejo de Estado expuso que19:

‘Para que se configure la mencionada inhabilidad se requiere la
concurrencia de los siguientes elementos: a) uno temporal y de causa
contractual, que la gestión o celebración del contrato, se haya dado
dentro del año anterior al día de la elección (nombramiento o
designación), b) otro material territorial, es decir, que el contrato deba
ejecutarse o cumplirse en el municipio o distrito al que aspira el
candidato o es elegido el personero, c) uno subjetivo de interés o
beneficio, es decir, que la gestión o celebración se haga en interés
propio o de terceros, y finalmente, d) una parte contractual
cualificada, lo que implica que el otro extremo del negocio jurídico sean
entidades u organismos del sector central o descentralizado de
cualquier nivel administrativo’.”.

En consecuencia, no se configuraría la inhabilidad atribuida a la accionada,
comoquiera que la entidad contratante no es del sector central o descentralizado.
Ello, por cuanto, la Defensoría del Pueblo integra el Ministerio Público, conforme lo
disponen los artículos 118 y 281 de la Constitución Política y no está enlistada en
los organismos y entidades a que se refiere el artículo 38 de la Ley 489 de 1998,
por lo cual, la sentencia recurrida, en principio, tendría que ser revocada.

Agregó:

“Ante dicha colisión interpretativa, y teniendo en cuenta la posición acogida
por la primera instancia, esta agencia… señala que, se omitió el estudio del
principio electoral pro homine; la valoración del núcleo esencial del derecho
fundamental a elegir y ser elegido; la interpretación restringida de las
inhabilidades; al igual que no se tuvo en cuenta los principios de confianza
legítima, buena fe y seguridad jurídica de las actuaciones, en relación con el
caso sub iúdice. A saber:

19
“Consejo de Estado. Sección Quinta, Sentencia de 15 de diciembre de 2021. Radicado 20001-
23-33-000-2020-00418-03. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil”.

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Si bien en el marco de la hermenéutica, la Sección Quinta del Consejo de
Estado determinó que, en materia electoral, los derechos del elegido (pro
homine) no prevalecen sobre los principios pro hominum (humanidad), pro
electoratem (electorado) o pro sufragium (electores), también es claro que la
Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-115 de 2019, luego de
hacer ponderación de principios, dejó claro que al existir dos lecturas
posibles de una norma estatutaria, “en atención a los principios pro homine,
pro libertatis y de favorabilidad, se debe escoger la opción interpretativa
menos restrictiva posible y que haga efectivos los postulados superiores en
la mayor medida posible”.

Así las cosas, consideró que al haber dos interpretaciones sobre la aplicación del
literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, se debe acoger la menos
restrictiva para el acceso a cargo públicos, como garantía de la participación
democrática de la función pública.

Acotó que en ese orden, no se puede consentir que se haya dejado de valorar y
aplicar el principio electoral pro homine; u olvidado analizar el núcleo esencial del
derecho político de elegir y ser elegido desde la perspectiva de la interpretación
restringida de las inhabilidades; que se desconocieran los principios de confianza
legítima, buena fe y seguridad jurídica, por lo que resulta procedente revocar la
sentencia apelada y desestimar las pretensiones.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos por
el demandante Fredy Martínez Jiménez, la accionada Johana Caviedes Pabón y el
Concejo Municipal de Aguachica contra la sentencia del 10 de marzo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la nulidad del acto
de designación de la señora Johana Caviedes Pabón como personera del
municipio de Aguachica, de conformidad con lo establecido en los artículos 15020 y
15221, numeral 8º del CPACA, en armonía con lo previsto en el artículo 13 del

20
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia
de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…”.
21
“[…] artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los
Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 8. De la
nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas
departamentales; de concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros,
contralores municipales y miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos y
demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean capital de
departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, por cuanto la sentencia impugnada se
expidió en el trámite de un proceso de doble instancia.

2.2. Problema jurídico

La Sección entrará a resolver si existe mérito para confirmar, modificar o revocar
la sentencia del 10 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que declaró la nulidad del acto de elección de Johana Caviedes Pabón
como personera del municipio de Aguachica (Cesar), contenido en el Acta N° 087
del 13 de noviembre de 2020, expedida por el concejo de esa entidad territorial.

En este punto se llama la atención en los límites que el juez ad quem está
obligado a observar dentro de la causa que se judicializa, los cuales campean
entre el contenido de la decisión que se ataca y los planteamientos de los recursos
de apelación, sin perjuicio de aquellas decisiones de oficio que puede adoptar
indicadas por la ley. Ello por cuanto, el fallo mencionó aspectos sobre el
tratamiento de la inhabilidad del literal a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994,
frente al artículo 95.2 ibidem, pero los sujetos procesales apelantes guardaron
silencio en sus postulaciones de alzada. Así mismo, en el tema atinente a la
causal del literal g) de la norma citada, el Tribunal a quo se enfocó en la
intervención, aunque en algunos escritos de la apelación se sigue con la
disertación sobre la causal de la celebración del contrato propiamente dicha.

Para resolver las censuras planteadas en los escritos de apelación, por efectos
metodológicos, la Sala abordará el estudio de los siguientes ejes temáticos: i)
cuestión previa: la capacidad procesal del apelante de la parte actora; ii) el campo
de la fijación del litigio y los cuestionamientos de la accionada; iii) las
generalidades de la inhabilidad del artículo 174 literal g) de la Ley 136 de 1994; iv)
la intervención en la celebración de contratos y el v) caso concreto en el que se
incluirán consideraciones sobre la clase de contrato que celebró la accionada; los
intereses en conflicto y la jurisprudencia de la causal, para disipar algunos yerros
argumentativos.

2.3. Cuestión previa: La capacidad procesal del apelante de la parte actora

Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio
corresponde al Tribunal con jurisdicción en el respectivo departamento. […]”.

Valga aclarar que una de las demandas acumuladas fue presentada bajo la vigencia de la Ley
2080 de 2021. Esta regulación introdujo algunas modificaciones, en aspectos como la
competencia, indicando que en materia de personeros continúa el conocimiento en los Tribunales
Administrativos en primera instancia, solo que conforme a la siguiente literalidad: “De la nulidad de
la elección de… y de personeros… municipales de municipios con setenta mil (70.000) habitantes
o más,…” (art. 152.7 literal b) del CPACA).

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Argumentó la parte accionada, en los alegatos de conclusión de segunda
instancia, que se presentaba la “falta de legitimación adjetiva por parte del
apelante de la parte actora Fredy José Martínez Jiménez”, cuya demanda dio
origen al radicado 2021-00007. Consideró que la apelación desbordó sus
posibilidades de postulación, comoquiera que amplió el tema a decidir a la causal
de intervención en la celebración del contrato, en contravía del artículo 238 del
CPACA.

Lo anterior, con fundamento en que en la demanda que dio origen al radicado
precitado solo censuró la inhabilidad por la celebración del contrato y no la de
intervención.

Explicó que aun cuando está habilitada la acumulación de procesos, lo cierto es
que ni la norma ni la jurisprudencia indican que la parte pueda utilizar los
argumentos esgrimidos por los otros demandantes.

Al respecto la Sala considera pertinente acotar que la accionada parte de una
premisa errada al intentar demeritar la alzada de la actora. Con ello, debe tener
claro que su disconformidad con el fallo de primera instancia proviene de la
inhabilidad por la intervención en la celebración de contrato. Esto, para indicar que
el hecho constitutivo de la causal de impedimento en el que el a quo apoyó su
decisión, se asume por la Sección Quinta en un contexto compuesto de manera
concurrente, a saber: el contenido del fallo apelado y los planteamientos de todos
los recurrentes que convergen con los del demandante.

Ello, para enfocar que la sentencia, conforme a los artículos 187 del CPACA y 280
y 281 del CGP, debe contener todo el espectro argumentativo en consonancia con
los hechos y pretensiones de las demandas, las oposiciones de los accionados,
las intervenciones de los terceros, la agencia fiscal y las pruebas valoradas. Así
las cosas, cuando el juez de la apelación asume competencia, en efecto, debe
tener en mente que entra en juego otra limitante y son los planteamientos de los
recurrentes, derivándose de ahí máximas y principios como la non reformatio in
pejus22.

Ahora bien, es incuestionable que cada uno de los actores, incluido el señor Fredy
Martínez, ha sido legitimado para apelar, comoquiera que el ejercicio de su
postulación pende del derecho sustancial que se discute dentro de la causa y que
él como demandante junto con otras dos personas, activaron mediante la
presentación de sendas demandas. Ese derecho sustancial de estirpe electoral no
es otro que el de elegir y ser elegido, al considerarlo afectado a partir del hecho
constitutivo de inhabilidad en el que advirtieron está incursa la accionada Caviedes

22
“No reformar en perjuicio” o reforma peyorativa.

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Pabón y respecto del cual propusieron los fundamentos fácticos, normativos y
probatorios.

Es posible, entonces, que la referencia de la accionada se enfoque más en una
posible falta de interés para recurrir por parte del actor Martínez Jiménez, lo cual
tampoco encuentra viabilidad, por cuanto la alzada se estructura en
planteamientos que se discutieron a lo largo de la controversia en primera
instancia, en la que le fue reconocida su calidad de sujeto procesal como parte
actora, aunado a que son precisamente los argumentos de las apelaciones que se
oponen a la declaratoria de nulidad de la elección los que constituyen el tema
medular, comoquiera que es esta la decisión adoptada y recurrida.

Ahora bien, la acumulación de procesos judiciales permite que las partes –una vez
los trámites son llevados por una misma cuerda procesal- puedan utilizar las
probanzas, por el principio de la comunidad probatoria.

En consecuencia, no resulta de recibo la glosa indicada por la parte accionada.

2.4. La fijación del litigio y los cuestionamientos de la accionada

Se presenta una discusión por parte de la demandada devenida del
cuestionamiento frente a cuál fue el marco dentro del cual resultó fijado el tema a
decidir. Esto, por cuanto considera que el caso sub júdice giraba únicamente en
torno a la segunda conducta inhabilitante, prevista en el literal g) del artículo 174
de la Ley 136 de 1994, es decir, a la celebración del contrato.

Siendo entonces un aspecto que incide en la base del asunto, la Sala considera
necesario proceder a dilucidarlo, dada su importancia para continuar con el
juzgamiento del fallo de primera instancia.

Valga recordar que con la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 y
comoquiera que dentro de los propósitos primigenios del legislador se buscó
agilizar el proceso contencioso administrativo, se apertura la implementación de
un trámite mixto con tendencia a la oralidad, a fin de desmarcarse del escritural
tradicional.

Con ello se implementó el transcurrir del proceso en audiencias. En ese punto se
vio la necesidad de que en la primera audiencia, llamada inicial, se dieran etapas
escalonadas bien determinadas, casi todas preclusivas. Dentro de estas se
encuentra la fijación del litigio, cuya finalidad es encuadrar el asunto a resolver a
partir de los hechos, censuras y fundamentos de derecho frente a los cuales los
sujetos procesales presentan desacuerdo, constituyéndose en el marco de la
controversia que rige todo el proceso en materia de los puntos a decidir.

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La entrada de la vigencia del CPACA, evidenció la preponderancia de la fijación
del litigio, como aspecto medular para demarcar la línea en que se conocería y se
juzgaría el asunto judicializado. En efecto, se establece en el artículo 180 que su
estructura está dada por las pretensiones, los hechos y los argumentos de
derecho sobre los cuales las partes no coinciden.

De ahí su necesaria fijación en las etapas tempranas del proceso, esto es en la
llamada audiencia inicial y, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, en
el auto conforme al cual se anuncia que la decisión será adoptada bajo la figura de
sentencia anticipada (art. 182A CPACA), comoquiera que en esta providencia se
subsumen, de manera pronta, las referidas audiencias (inicial, de pruebas y de
alegaciones).

Por lo anterior, es innegable el rigor con el que el juez debe estructurar tales
límites, aunado al efecto vinculante que irradia a todos los protagonistas del
proceso incluido al operador del proceso, luego de que cobre firmeza la
determinación del aspecto litigioso.

Se trata entonces de la bitácora dentro de la cual el asunto a juzgar o tema a
decidir es unívoco e igual para todos los participantes, respetando sus roles dentro
de la causa. Por ello, emerge como un elemento trascendental presente a lo largo
de las decisiones judiciales, comoquiera que es el marco que los sujetos
procesales dan al litigio y sobre el cual se abordará el análisis de la causa
judicializada y adoptará la decisión correspondiente.

En esa línea, resulta importante destacar lo grave que puede ser variar la fijación
del litigio cuando este ya se encuentra en firme, pues implica alterar las
condiciones esenciales del debate, lo cual desmedra el debido proceso y el
derecho de defensa, ante el abrupto e inoportuno cambio de las reglas del asunto
judicializado. Tales cambios sorpresivos nunca serán bien vistos en la correcta
administración de justicia, porque conllevan a la incertidumbre y falta de seguridad
jurídica en el tema a decidir.

Sobre este mismo particular, en providencia de 12 de marzo de 201523, la Sala
Electoral del Consejo de Estado indicó:

“Se resalta que la fijación del litigio, como figura novedosa del CPACA, consiste en
un acto del juez encaminado a hacer más eficiente su labor en el sentido de
concretar los hechos que deben ser probados así como aquellos puntos que son, en
realidad, objeto de debate dentro del proceso contencioso.

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C. P. Susana
Buitrago Valencia, 12 de marzo de 2015, exp. No. 11001-03-28-000-2014-00019-00.

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Asimismo, también constituye una herramienta que delimita tanto las actuaciones
del juez como de las partes, pues el proceso y, por consiguiente, la respectiva
decisión judicial no podrá versar sobre aspectos que no hicieron expresa y
puntualmente parte de tal fijación.

Bajo esta óptica, es claro que en dicho trámite procesal no sólo se ubica o
circunscribe el debate, sino que también se convierte en una garantía del debido
proceso del demandado y de la entidad que produjo el acto de elección a fin de
ejercer el correspondiente derecho de defensa y de contradicción respecto de los
aspectos que efectivamente fueron objeto de fijación del litigio”

En época más reciente, en providencia de 18 de junio de 2021, la Sala se decantó
por considerar:

“(…) Dicha etapa procesal [hace referencia a la fijación de la causa] denota una
esfera de concreción del principio de congruencia, que, a su vez, se traduce en un
eje axial del debido proceso y de la justicia rogada como premisa ineludible dentro
del ejercicio de la jurisdicción contencioso–administrativa, a la cual, desde luego, no
escapa la justicia electoral.

De hecho, en esta sede, como en otras en las que se entrevera el goce de
garantías superiores, se debe, sin sacrificar el derecho sustancial, manejar con
mucho celo tal corrección formal –que es propia también de los principios de
eventualidad y de contradicción, tan inherentes al debido proceso–, pues, en su
seno, se ventilan divergencias que inciden en los derechos fundamentales a elegir y
ser elegido, así como a participar de la conformación, ejercicio y control del poder
político, entre otros.

De ahí que la regla general sea que la decisión del juez –unipersonal o colegiado–
con la cual se provea sobre el fondo de la cuestión debatida, se circunscriba a los
estrictos y precisos términos de la senda argumental previamente definida al
momento de la fijación del litigio

Es así como, en esta oportunidad, insiste la Sala en el valor de la fijación del litigio
como plano de coordenadas imprescindible en el proceso, pero matizado por la
verdad y la justicia como valores supremos en nuestro ordenamiento, así como por
la protección de garantías iusfundamentales como inexcusable mandato para el
juzgador.

Lo anterior se explica en que, si bien a los distintos sujetos procesales, en principio,
no les es dable anticipar con certeza el sentido del fallo, sí resulta necesario que
puedan, por lo menos, prever sus contenidos genéricos, ya que, de lo contrario,
imperaría el desconcierto y la perplejidad en las actuaciones judiciales, al
irrespetarse los parámetros mínimos de objetividad que demanda un debido
proceso que, por demás, no es exclusivo de ninguna de las partes, sino que atañe a
todos los implicados en la discusión.” 24.

24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 18 de
junio de 2021. Radicación 23001-23-33-000-2020-00387-01. Actor: Orlando Rafael Mercado
Valeta. Demandada: María Alejandra Salgado Díaz (Gerente ESE Camu San Rafael (Sahagún). M.
P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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Vistas esas generalidades, se recuerda que en el caso que ocupa la atención de la
Sala, la parte accionada plantea en la apelación que la fijación del litigio realizada
en la audiencia inicial por el Tribunal del Cesar no corresponde al contexto de la
causa decidida en la sentencia por este mismo, acotando así que le resulta
incongruente y violatoria de su derecho de defensa y debido proceso.

En forma puntual, arguyó que la inhabilidad que se fijó en el litigio se analizaría
dentro de la previsión del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, pero
solo dentro del contexto de la de celebración de un contrato. Contrario a ello, el a
quo analizó y falló sobre la conducta de intervención en la celebración del negocio,
que es otra inhabilidad, que si bien se contiene en el mismo precepto legal es
diferente a aquella. Acotó que además la conducta de intervención no fue alegada
por los demandantes ni incluida por el Tribunal al determinar el tema de decisión.

En atención a los planteamientos de parte esbozados, la Sala encuentra necesario
remitirse tanto al acta como a la grabación en video de la respectiva audiencia
inicial.

En el acta escrita, el aparte pertinente se encuentra a folios 3 a 6 del acta. En su
literalidad consta:

“VII.- FIJACIÓN DEL LITIGIO. -

Para efectos de fijar el litigio que debe ser resuelto en el presente asunto, se
procederá, en primer lugar, a indicar los hechos relevantes narrados en las
demandas, (algunos coincidentes en cada uno de los expedientes acumulados),
y con los cuales se encuentran en acuerdo y desacuerdo la parte demandada y
demás intervinientes.

7.1.- HECHOS RELEVANTES DE LA DEMANDA. –
7.1.1.- Se indica, que mediante Resolución No 009 del 21 de enero de 2020, la
mesa directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE AGUACHICA revocó
oficiosamente el proceso de concurso público de méritos para escoger
personero de esa municipalidad para el período institucional 2020 – 2024, el cual
se venía adelantando desde la vigencia anterior.

7.1.2.- Agregan, que el 6 de agosto de 2020, en sesión ordinaria no presencial
del CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAHICA, previo proceso de estudio y
selección de hojas de vida por parte de la comisión accidental de
documentación, se designó en plenaria a la abogada JOHANA CAVIEDES
PABÓN como Personera Transitoria de esa municipalidad, quien tomó posesión
del cargo de forma inmediata.

7.1.3.- Señalan, que como consta en el Sistema Estatal de Contratación Pública
SECOP I, la ciudadana JOHANA CAVIEDES PABÓN el día 13 de diciembre de
2019 celebró con la Defensoría del Pueblo el Contrato de Prestación de

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Servicios Profesionales No DP-4456-2019, cuyo objeto consistió en “La
prestación de servicios profesionales de abogado para la representación judicial
y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la promoción,
defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos”; con lugar de
ejecución en los circuitos de Aguachica – Cesar, por un valor de $56.250.000.00,
y cuyo plazo de ejecución se extendía hasta el 31 de diciembre de 2020, el cual
se dio por terminado en el mes de julio de ese mismo año.

7.1.4.- Destacan, que mediante Resolución No. 042 de 31 de agosto de 2020 se
levanta la suspensión y se reinicia el Convenio No 001 de 2020 con la
Universidad de Pamplona, con el objeto de “PRESTAR ASESORÍA,
ACOMPAÑAMIENTO Y APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS EN EL PROCESO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
PARA LA ELECCIÓN DEL PERSONERO MUNICIPAL DE AGUACHICA CESAR
PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL 2020-2024”.

7.1.5.- Se pone de presente, que mediante Resolución No. 072 del 12 de
noviembre de 2020, la mesa directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE
AGUACHICA aceptó la renuncia irrevocable de la personera transitoria del
Municipio de Aguachica; y al día siguiente, después de surtirse las fases previas
del concurso público de méritos, dicha corporación, en sesión plenaria no
presencial, con 8 votos a favor eligió a la doctora JOHANA CAVIEDES PABÓN
como Personera del Municipio de Aguachica, quien tomó posesión del cargo de
forma inmediata.

7.1.6.- Finalmente se expone, que la abogada CAVIEDES PABÓN se encuentra
incursa en la inhabilidad contemplada en el literal (g) del artículo 174 de la Ley
136 de 1994, por haber celebrado dentro del año anterior a su designación como
Personera de Aguachica, un contrato de prestación de servicios profesionales
con una entidad pública del nivel nacional como lo es la Defensoría del Pueblo,
para ser ejecutado en la referida municipalidad.

7.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-

El apoderado de la DEMANDADA, manifiesta (en cada uno de los expedientes
acumulados), que son ciertos los hechos relacionados con el concurso público
de méritos para escoger personero del Municipio de Aguachica para el período
institucional 2020 – 2024; la celebración del Contrato de Prestación de Servicios
Profesionales de JOHANA CAVIEDES PABÓN con la Defensoría del Pueblo; y
la designación de esta como Personera transitoria y en propiedad del Municipio
de Aguachica.

Afirma que no es cierto, que la demandada al momento de su elección, como
Personera del Municipio de Aguachica se encontraba incursa en inhabilidad que
le impidiera el desarrollo del cargo; asimismo, que el acto acusado se encuentra
ajustado a la legalidad, y fue el resultado de un concurso de méritos, en el cual
su representada, superó todas las etapas, para poder ser elegida.

Finalmente expone, que no es cierto el hecho relacionado con la configuración
de la inhabilidad contemplada en el literal g del artículo 174 de la Ley 136 de
1994, pues según su dicho, no se cumple con el elemento objetivo, previsto por

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

la jurisprudencia del Concejo de Estado para tal fin. Asimismo, que en la
finalidad que cumplen las inhabilidades en el sistema jurídico, no existe ninguna
prohibición de que un contratista que desarrolló un contrato para ejercer la
defensoría pública, como servicio esencial fundamental, pueda desempeñar el
cargo de personero.

Los intervinientes, CONCEJO MUNICIPAL DE AGUACHICA y MUNICIPIO DE
AGUACHICA, no dieron contestación a las demandas.

En este estado de la diligencia se hace presente el apoderado del CONCEJO
MUNICIPAL DE AGUACHICA, a quien se solicita su presentación….

7.3.- LITIGIO.-

De conformidad con lo anterior, y lo solicitado en las pretensiones de las
demandas acumuladas, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si es
nulo o no, el acto administrativo contenido en el Acta de Sesión Plenaria no
presencial del Concejo Municipal de Aguachica – Cesar, de fecha 13 de
noviembre de 2020, que declaró la elección de la señora JOHANA CAVIEDES
PABÓN, como Personera de esa municipalidad, para el periodo 2020 – 2024.

En caso de ser afirmativa la premisa anterior, se deberá determinar, si dada la
nulidad del acto de elección deprecado y a que el mismo obedece a una causal
subjetiva, resulta procedente, nombrar en propiedad como Personero Municipal
de Aguachica para dicho período institucional, a quien tuviere el derecho
legítimo, conforme a la lista de elegibles adoptada mediante Resolución No. 069
del 11 de noviembre de 2020.

Se les pregunta a las partes, si están de acuerdo o no, con la fijación del litigio:

• PARTE DEMANDANTE (CARLOS ALBERTO URIBE SANDOVAL): Conforme
con la decisión.

• PARTE DEMANDANTE (APODERADO DE FREDY JOSÉ MARTÍNEZ
JIMÉNEZ): Está de acuerdo, pero realiza una aclaración, que se estime como
parte en la fijación del litigio.

• PARTE DEMANDANTE (OCTAVIO JOSÉ GUERRA HINOJOSA): De acuerdo.

• PARTE DEMANDADA: No está de acuerdo, por las razones que explica.

• DESPACHO: Hace una advertencia sobre la concreción de los argumentos,
pues no se puede cambiar las pretensiones de la demanda.

• CONCEJO MUNICIPAL DE AGUACHICA: Que el litigio debe enmarcarse en
establecer únicamente la nulidad del acto administrativo acusado.

• MUNICIPIO DE AGUACHICA: De acuerdo, en el entendido que, al momento
de adoptarse la decisión de fondo, se estudiarán las causales alegadas por los
demandantes.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

• MINISTERIO PÚBLICO: De acuerdo.”.

Ahora, de la narración que se hace en la versión escrita o acta de la audiencia, se
evidencia que se trata tan solo de la síntesis de lo acontecido, por lo que resulta
necesario remitirse al minuto a minuto de la grabación en video25 y que hace parte
integrante del expediente. En efecto, se escucha de los protagonistas del proceso
lo siguiente:

“Minuto 16:15. Magistrado: “…para efectos de fijar el litigio que debe ser
resuelto en el presente asunto se procederá en primer lugar a indicar los
hechos relevantes narrados en las demandas. Debo advertir que algunos
coinciden en cada uno de los expedientes acumulados y con los cuales se
encuentran de acuerdo y en desacuerdo la parte demandada y los demás
intervinientes.

En efecto, como hechos relevantes tenemos que se indica que mediante
Resolución 009 del 21 de enero de 2020, la mesa directiva del Concejo
Municipal de Aguachica revocó oficiosamente el concurso público de méritos
para escoger personero de esa municipalidad para el período institucional del
2020 al 2024, la cual se venía adelantando desde la vigencia anterior.

Segundo, agregaron que el 6 de agosto del año 2020, en sesión ordinaria no
presencial del Concejo Municipal de Aguachica, previo proceso de estudio y
selección de las hojas de vida por parte de la Comisión Accidental de
Documentación, se designó en plenaria a la abogada Johana Caviedes
Pabón, como personera transitoria de esa municipalidad. Quien tomó
posesión del cargo de forma inmediata.

De otro lado, señalan que como consta en el Sistema Estatal de Contratación
SECOP I, la ciudadana Johana Caviedes Pabón, el día 13 de diciembre de
2019, celebró con la Defensoría del Pueblo el contrato de prestación de
servicios profesionales N° DP4456-2019, cuyo objeto consistió en “la
prestación de servicios profesionales de abogado para la representación
judicial y extrajudicial de los usuarios de la defensoría pública y la promoción,
defensa y divulgación de los derechos humanos”; con lugar de ejecución en
los circuitos de Aguachica (Cesar), por un valor de 56’250.000,oo y cuyo
plazo de ejecución se extendía hasta el 31 de diciembre del año 2020. El
cual se dio por terminado en el mes de julio de ese mismo año.

Destacan que mediante Resolución 42 de 31 de agosto de 2020, se levanta
la suspensión y se reinicia el convenio N° 01 de 2020 con la Universidad de
Pamplona, con el objeto de prestar asesoría, acompañamiento y apoyar la
realización de las actividades necesarias para el proceso de concurso público
de méritos para la elección del personero municipal de Aguachica (Cesar)
por el periodo institucional 2020-2024.
25
Al respecto véase el enlace que contiene el registro Samai N° 6.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Se pone de presente que mediante Resolución N° 072 de 12 de noviembre
de 2020, la mesa directiva del Concejo Municipal de Aguachica aceptó la
renuncia irrevocable de la personera transitoria del mencionado municipio y
al día siguiente después de surtirse la fase previa del concurso público de
méritos dicha corporación en sesión plenaria no presencial, con 8 votos a
favor, eligió a la doctora Johana Caviedes Pabón como personera de ese
municipio quien tomó posesión del cargo de forma inmediata.

Finalmente, se expone que la abogada Caviedes Pabón se encuentra incursa
en la inhabilidad contemplada en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de
1994 por haber celebrado dentro del año anterior como personera de
Aguachica, un contrato de prestación de servicios profesionales con una
entidad pública del nivel nacional como es la Defensoría del Pueblo, para ser
ejecutado en la referida municipalidad.

De otro lado, al momento de contestar la demanda, el apoderado de la
demandada manifiesta en cada uno de los expedientes acumulados que son
ciertos los hechos relacionados con el concurso público para escoger
personero del municipio de Aguachica por el período ya mencionado.

Además, la celebración del contrato para la prestación de servicios
profesionales de la demandada con la Defensoría del Pueblo y la
designación de esta como personera transitoria y en propiedad de dicha
municipalidad.

Afirma que no es cierto que la demandada al momento de su elección como
personera del municipio de Aguachica se encontraba incursa en inhabilidad
que le impidiera el desempeño del cargo. Así mismo, que el acto acusado se
encuentra ajustado a la legalidad y fue el resultado de un concurso de
méritos en el cual su representada superó todas las etapas para poder ser
elegida.

Finalmente, expone que no es cierto el hecho relacionado con la
configuración de la inhabilidad contemplada.

Minuto 21:27 [interrupción de la exposición del magistrado instructor].
Minuto 22:06 Ministerio Público. El Despacho le informa que tiene fallas
técnicas, pero que no se retiren porque ya las van a solucionar.

Minuto 28:05 Magistrado. Presentó excusas por la interrupción del fluido
eléctrico.

Minuto 28:08. Apoderado judicial del Concejo Municipal de Aguachica se
presenta, indicando que fue vinculado como coadyuvante y procedió a
identificarse.

Minuto 31:56. Magistrado. Continuando con el relato de los hechos para
indicar que finalmente el apoderado de la demandada que no es cierto el

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

hecho relacionado con la configuración de la inhabilidad contemplada en el
literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, pues según su dicho no se
cumple con el elemento objetivo previsto en la jurisprudencia del Consejo de
Estado para tal fin. Así mismo, que en la finalidad que cumplen las
inhabilidades en el sistema jurídico no existe ninguna prohibición de que un
contratista que desarrolló un contrato para ejercer la defensoría del pueblo,
perdón, defensoría pública como servicio esencial fundamental pueda
desempeñar el cargo de personero y por último los intervinientes del Concejo
Municipal de Aguachica y el municipio no dieron contestación a las
demandas.

Minuto 33:04. Magistrado.

Ahora bien de conformidad con lo anterior y lo solicitado en las pretensiones
de las demandas acumuladas, el litigio se centrará en determinar, en primer
lugar, si es nulo o no el acto administrativo contenido en el acta de sesión
plenaria no presencial del Concejo Municipal de Aguachica Cesar de fecha
13 de noviembre del año 2020 que declaró la elección de la señora Johana
Caviedes Pabón como personera de esa municipalidad para el período
comprendido del 2020 al 2024.

Ahora en caso de ser afirmativa la premisa anterior, se deberá determinar si
dada la nulidad del acto de elección deprecado y a que el mismo obedece a
una causal subjetiva resulta procedente nombrar en propiedad al personero
municipal de Aguachica, para dicho período institucional, a quien tuviere el
derecho legítimo conforme a la lista de elegibles adoptada mediante
Resolución N° 069 del 11 de noviembre del año 2020.

Así las cosas, le pregunto a los apoderados de las partes si están de acuerdo
o no con la fijación del litigio que se acaba de hacer.

Minuto 34:24. Demandante Carlos Uribe. Estoy de acuerdo con la decisión.

Minuto 34:36. La parte demandante Fredy José Martínez. Sí, pero para
aclarar a efecto de que se estime como parte de la fijación del litigio, el
suscrito manifiesta en que el asunto recae sobre si es nula la elección
realizada por el Concejo Municipal de Aguachica Cesar mediante acta de
sesión plenaria no presencial N°087 de 13 de noviembre de 2020, por medio
del cual el Concejo Municipal de Acuachica Cesar, en virtud de las causales
de inhabilidad consagradas primero en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, aplicable en virtud de la remisión expresa que hace el literal a)
del artículo 174 y segundo en los dos eventos contemplados en el literal g)
del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

De igual manera se debe determinar (sic) si procede declarar la nulidad del
acto de nombramiento deberá entonces establecerse si es procedente que el
tribunal ordene nombrar en propiedad como personero municipal de
Aguachica para dicho período institucional a quien tuviere el derecho legítimo

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Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

conforme a la lista de elegibles adoptada mediante Resolución 069 del 11 de
noviembre de 2020.

Minuto 36:03. Magistrado. “Seguimos por favor”.

Minuto 36:07. Demandante José Octavio Guerra Hinojosa. De acuerdo con la
fijación del litigio del despacho.

Minuto 36:16. La parte demandada. No está de acuerdo con la fijación del
litigio por las razones que pasan a exponerse. La primera tiene que tenerse
en cuenta que la demanda de Octavio José Guerra Hinojosa incorpora otra
solicitud u otra causal de nulidad cual es la del acto de elección de la
personera Johana Caviedes Pabón y para tal efecto cita el artículo 95 de la
Ley 136 de 1994, situación que no quedó incluida dentro de la fijación del
litigio.

Ahora bien, tratándose del segundo motivo de inconformismo por parte de la
demandada con relación a la fijación del litigio y en oposición a lo que acaba
de hacer referencia el doctor Alexis Amaya, es que tratándose de una acción
de nulidad electoral uno de los requisitos indispensables de este tipo de
acción es que se tiene que tener en cuenta dentro de la fijación del litigio, el
concepto de violación esgrimido en las demandas y para tal efecto traigo a
colación la sentencia del 18 de junio de 2021, emitida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, en el que determinó que en los casos de nulidad
electoral es indispensable fijar el litigio, pues de lo contrario se violaría el
principio de congruencia procesal y aquí es donde quiero hacer especial
énfasis, porque cuando se acude al escrito de demanda presentado por el
abogado Carlos Alberto Uribe Sandoval en el hecho décimo primero y
cuando se acude al escrito de la demanda presentada por Alexis Amaya en
el escrito (sic) décimo primero igual que en la de Octavio José Guerra
Hinojosa, las tres coinciden e [Interrumpe el magistrado conductor de la
audiencia]

Minuto 38:52. Magistrado. [Interpela] concrete qué hay que agregar al litigio y
deje esos argumentos para los alegatos de conclusión, por favor.

Minuto 38:55. Continúa la parte interpelada. Ok, el tema es que ellos solo se
limitan a proponer la segunda de las hipótesis normativas previstas en el
literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, es decir cuando dice que
está inhabilitada la persona que ha celebrado, por sí o por interpuesta
persona, contrato de cualquier naturaleza, con entidades u organismos del
sector central o descentralizado de nivel administrativo y que este deba
cumplirse en el respectivo municipio, es decir en el municipio de Aguachica.
Eso fue lo que ellos demandaron y por eso fue que pidieron la nulidad del
acto. Muchas gracias.

Minuto 39.34: Magistrado. Perfecto, por eso es que se está fijando el litigio de
esa manera. Seguimos por favor.

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Minuto 39:40. El concejo municipal de Aguachica, a través de apoderado. Yo
quisiera hacer mi manifestación respecto a la fijación del litigio siendo
consiente también de la figura que nosotros hemos seguido dentro de este
proceso que es la coadyuvancia, pero yo quiero puntualizar en algo. Ya su
Señoría determinará. Yo considero que el litigio debe enmarcarse en
establecer por parte del Tribunal Administrativo del Cesar la nulidad del acto
administrativo y no enmarcarse [interrumpe el magistrado instructor]

Minuto 40:26. Magistrado. [Interpela] le agradezco que me concrete. Es que
usted no puede cambiar las pretensiones a la demanda. Si tiene algo más
que agregar más aspectos hágalo en los alegatos de conclusión. ¿Qué
quiere agregar usted a la fijación del litigio? Y limítese a las pretensiones de
las demandas acumuladas, por favor.

Minuto 40:41. El apoderado del concejo municipal continúa. Doctor que se
mire únicamente la nulidad del acto administrativo. Gracias.

Minuto 40:47. Magistrado. Seguimos.

Minuto 40:53. Municipio de Aguachica, a través de apoderado judicial. Bajo el
entendido que el despacho a la hora de tomar decisión de fondo frente a las
pretensiones de la demanda, estudiará las causales alegadas por los
demandantes, el suscrito está de acuerdo con la fijación del litigio realizada
por el despacho. Muchas gracias.

Minuto 41:12. Magistrado. Seguimos por favor.

Minuto 41:15. El Ministerio Público se encuentra de acuerdo con la fijación
del litigio su Señoría.

Minuto 41:20. Por favor falta alguien por intervenir. Creo que no. Correcto.
Seguimos entonces. Sería del caso entrar a [continúa con la siguiente etapa
de la audiencia]”.

La Sala advierte que, en realidad, el espectro de la fijación del litigio quedó en
términos bastantes amplios, aunque es innegable que se estructuró en determinar
si la accionada estaba incursa en la causal de inhabilidad del literal g) del artículo
174 de la Ley 136 de 1994.

Ahora bien, el señalamiento de los extremos de la controversia que se expuso en
la audiencia inicial es duplicado en el fallo de primera instancia y fue el marco de
referencia empleado por el Tribunal a quo26 al momento de sentenciar el asunto
judicializado. Ello se advierte del capítulo 6.2 titulado problema jurídico, en el cual
dijo remitirse a lo indicado en la respectiva audiencia.
26
“Desde el cual”. “Dicho de un juez o de un tribunal: De cuyo fallo se parte en la apelación a otra
instancia superior”. Diccionario de la Real Academia Española.

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

No obstante, como en el dispositivo normativo que consagra la inhabilidad,
concretamente en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, convergen
dos conductas de impeditivas de elegibilidad perfectamente escindibles, se hace
necesario que la Sala ahonde aún más en lo acontecido en la audiencia, teniendo
como bitácora las demandas.

Revisadas estas últimas, se observa que en el relato de los hechos todas se
enfocan en tener como referente el contrato N° DP-4456-2019 de 13 de diciembre
de 2019, celebrado por la accionada Caviedes Pabón con la Defensoría del
Pueblo. Y, en efecto, se leen planteamientos como el contenido en el hecho
décimo primero de la demanda con el radicado 2021-00009, que dan a entender
que se estaría en el campo de la causal de celebración de contratos, cuando la
parte actora indicó expresamente:

“Que la abogada Johana Caviedes Pabón se encuentra inmersa en la
inhabilidad contemplada en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de
1994, por haber celebrado dentro del año anterior a su elección como
personera de Aguachica – Cesar, un contrato de prestación de servicios
profesionales con una entidad pública del nivel nacional, como lo es la
Defensoría del Pueblo, para ser ejecutado en el municipio de Aguachica –
Cesar” (Destacado fuera de texto).

Pero lo cierto es que en el concepto de violación (véase capítulo IV de esa misma
demanda), al explicar los elementos de la inhabilidad que atribuye a la accionada,
indica de manera expresa, frente al elemento material u objetivo que es:

“consistente en intervenir en la celebración de contratos con entidades
públicas de cualquier nivel, siempre y cuando el contrato debe
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio (elemento territorial)”.
Destacados fuera del original.

Y al ahondar sobre los argumentos que sustentan el planteamiento de este
segundo elemento indicó:

“[Se] hace referencia a haber intervenido en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel, siempre y cuando el contrato
deba ejecutarse en el respectivo municipio, es, por lo tanto, que la
Defensoría del Pueblo, entidad que fungió como contratante en el
mencionado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°: DP-4456
del 13 de diciembre de 2019, según el Decreto 25 del 10 de enero de 2014,
´por medio del cual se modifica la estructura orgánica y se modifica la
organización y funcionamiento de la defensoría del Pueblo’, en su artículo 1°,
se indica que ‘la Defensoría del Pueblo es un organismo que forma parte del
Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

Procurador General de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la
promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos’, no cabe
duda entonces que es una entidad de naturaleza pública. El citado contrato
de prestación de servicios, determinó como lugar de ejecución de las
actividades contractuales, los circuitos de Aguachica (Cesar), precisamente
el mismo municipio donde fue elegida como Personera”. Destacados fuera de
texto.

Con mayor contundencia, en la otra demanda que dio origen al vocativo 2021-
00001, se expuso que la inhabilidad en la que incurrió la accionada está dada por
la conducta de intervención en la celebración de contrato. En efecto, dice el escrito
introductorio a la altura del concepto de violación, en el que se explican las
razones por las cuales considera que la accionada estaba incursa en la inhabilidad
del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

Para ello, partió de la existencia del contrato de prestación de servicios
profesionales con la Defensoría del Pueblo, para ejecutarse en el municipio de
Aguachica. Agregó:

“Ahora bien de la lectura de la norma anteriormente transcrita [se refiere al
literal g) citado] se pueden extraer los elementos que integran dicha
inhabilidad, de forma tal que se puede afirmar que esta está conformada por:

i) Un elemento temporal…

ii) Un elemento material u objetivo consistente en intervenir en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, siempre y
cuando el contrato deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
(elemento territorial).

iii) Un elemento subjetivo…

(…) frente al primer elemento,.. debe indicarse que la señora Johana
Caviedes Pabón fue designada, por el Concejo Municipal de Aguachica, en
sesión… del 13 de noviembre de 2020, y había celebrado el 13 de diciembre
de 2019, contrato de prestación de servicios profesionales N°:DP-4456-2019,
con la Defensoría del Pueblo, de forma tal que se tiene por demostrado el
primero de los elementos.

El segundo de los elementos hace referencia a haber intervenido en la
celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel, siempre
y cuando el contrato deba ejecutarse en el respectivo municipio, es, por lo
tanto, que la Defensoría del Pueblo, entidad que fungió como contratante en
el mencionado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N°:DP-
4456 del 13 de diciembre de 2019.., no cabe duda entonces que es una
entidad de naturaleza pública. Con relación al otro elemento, el citado
contrato de prestación de servicios, determinó como lugar de ejecución de

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

las actividades contractuales, los circuitos de Aguachica (Cesar),
precisamente el mismo municipio donde fue declarada su elección como
Personera para el período institucional 2020-2024”.

Así las cosas, dos de las tres demandas que se acumularon y de las cuales
conoce el Consejo de Estado, por vía de apelación, sí abordaron el asunto desde
la conducta de la intervención en la celebración de contrato y, por ende, colocaron
esta conducta inhabilitante dentro del espectro del asunto a decidir.

La parte accionada en defensa de su punto, en el memorial de la apelación ilustra
sobre el entendimiento de lo que, a su juicio, aconteció en la audiencia inicial, a fin
de insistir en que la fijación del litigio quedó limitada a la causal de inhabilidad de
celebración del contrato.

Al respecto, la Sección Quinta no encuentra que dentro del desarrollo de la
audiencia inicial la conclusión sea como la vio la accionada. Se afirma de ese
modo porque el tribunal a quo se decantó por incluir todo el panorama del
contenido del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 y, ello resulta acorde
con lo indicado en dos de las tres demandas acumuladas.

Por ello, la interpretación que la accionada hace sobre su entendimiento de lo
acontecido en la audiencia inicial, a fin de que el tema de decisión se quede solo
en los contornos de la inhabilidad por celebración del contrato, resulta más alejado
al desenvolvimiento de los sucesos de dicha diligencia oral y ajeno a los
planteamientos de las demandas 00001 y 00009, comoquiera que en estos
vocativos sí se argumentó sobre la inhabilidad de intervención, como resulta
verificable de las transcripciones que se hicieron de los apartes respectivos.

Aceptar la tesis de la accionada vaciaría de contenido la demanda 00001, la cual
si bien empleó como parámetro el hecho cierto probado de la celebración del
contrato, enfocó su argumentación respecto de la intervención en la celebración
del mismo e hizo la respectiva imputación de la inhabilidad dentro de esta
conducta contenida en el literal g) ibidem.

Ahora bien, sobre la posible vulneración del derecho de defensa y contradicción y
del debido proceso de la accionada, devenida de que fincó su defensa en la
causal de celebración del contrato, la Sala no encuentra de recibo este argumento.
Esto, por cuanto resultaba claro para el proceso y sus participantes, que el
Tribunal a quo no restringió ni limitó la causal del literal g) en cita; en armonía con
el hecho de que dos de las tres demandas, sí enfocaron el asunto impeditivo
desde la conducta de intervención en la celebración del contrato.

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

No se advierte entonces disparidad alguna de cara al eje temático que
correspondía juzgar al tribunal, pues tratándose de demandas acumuladas por
causales subjetivas contra un mismo designado es viable que dentro de los
planteamientos de los demandantes no siempre converjan argumentos unívocos.

En esa línea, al no haber la modificación sustancial en la fijación del litigio, en los
términos del planteamiento de la accionada en su apelación, tampoco emerge la
consecuencia de la supuesta incongruencia del fallo o la vulneración a sus
garantías del debido proceso y defensa.

Nótese cómo desde un inicio el planteamiento judicializado campeó entre las dos
conductas que prevé la norma invocada en una de las censuras, concretamente,
por una parte, en la celebración de contratos y, por otra, en la intervención. Valga
recordar que cuando se conoció de la apelación contra la medida cautelar de
suspensión provisional dentro de este vocativo, fue el recurso el que limitó la labor
de la Sección Quinta como juez ad quem, por cuanto se enfocó en la arista de la
celebración del contrato. Ello, se encuentra claramente establecido tanto en el
auto de 16 de septiembre de 2021, como en la disidencia a este por parte de uno
de los miembros de la Sala27 y en la decisión sobre la denegatoria de la solicitud
de aclaración a la providencia.

En esa realidad procesal es la que la Sala no encuentra de recibo el planteamiento
de la apelación de la accionada, comoquiera que la interpretación que hizo sobre
el alcance de la audiencia inicial en la etapa de fijación del litigio, no responde al
desenvolvimiento de los acontecimientos.

En consecuencia, para la Sala la fijación del litigio sí incluyó la conducta de
intervención en la celebración del contrato, prevista en el literal g) del artículo 174
de la Ley 136 de 1994. Además, que como se vio en consideraciones precedentes
fue mencionada expresamente en dos de las demandas acumuladas, sin que se
advierta que se trató de una mera inferencia como lo indicó el a quo.

Aclarados esos aspectos previos, procede la Sala con el estudio de fondo
respectivo.

2.5. La causal de inhabilidad del personero prevista en el literal g) del
artículo 174 de la Ley 136 de 1994.

Valga recordar que en general, cuando el Constituyente o el legislador
determinaron como hechos constitutivos de impedimentos para acceder al cargo,
tuvo en mente proteger la igualdad de los aspirantes de aquello que pudiera

27
Magistrada Rocío Araújo Oñate.

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Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

advertirse o evidenciarse como aspecto que desequilibrara las condiciones que
deben predicarse a favor de todos y, en algunas como la que tiene que ver con
asuntos negociales o contractuales, evitar afectar las labores y competencias que
el servidor asume cuando es designado para el cargo.

Por ello, ha buscado proscribir todo aquello que implique ventaja nociva de un
aspirante frente a otro, que alejen a la selección para el cargo de las condiciones
propias del elegido como aspirante al puesto para el cual se postula y sobre todo
cuando están de por medio quienes buscan ingresar e integrar el sector público,
entendido en sentido amplio.

Dentro de ese raciocinio encontró que quien hubiera celebrado, gestionado o
intervenido en negocio jurídico con entidad perteneciente al Estado, podría
generar un favorecimiento del electorado. De ahí se buscó evitar que el contratista
público (candidato) se aprovechara de su condición de tal e incluso antepusiera
sus vínculos y relaciones con el sector público, así fuera en meras tratativas
negociales, como plataforma para hacerse visible al electorado, a fin de ser
acogido por los votantes como opción política.

Ello quedó claramente discutido cuando incluso apenas se estaba estructurando lo
que luego sería la Constitución Política de 1991. En efecto, en las Gacetas de la
Asamblea Nacional Constituyente se tenía claro el propósito de consagrar las
inhabilidades tanto atinentes a la celebración del contrato como a las que solo se
incluían las actividades prenegociales, en principio focalizada en la situación de
los congresistas, como se lee en los siguientes apartes:

En este punto, la Asamblea Nacional Constituyente disertó:

“En cuanto al tema de porqué la gestión de negocios inhabilita para
presentarse como candidato y para ser elegido, es un tema que muchos de
los presentes han tratado y algunos no entienden la razón de ser,
básicamente tiene dos cuestiones, uno es el hecho de evitar que una
persona con dineros del Estado, si es contratista, haga las labores de la
campaña o a través de hacer la obra en una comunidad que se siente
beneficiada, adquiera la influencia necesaria para ser elegida, (…);
adicionalmente, no hay duda de que la eventualidad de ser elegido a
una corporación crea una situación de ventaja frente a la entidad o
empleado público ante la cual una persona está gestionando (…).”. 28

Tales disquisiciones resultan armónicas, en su generalidad, con todas las
previsiones que contienen inhabilidades soportadas en relaciones negociales.

28
Sesión Comisión 3 de abril 29 de 1991 (3429).

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Siendo similar en su base filosófica general a lo que se predica del cargo de
personero.

El artículo 174 de la Ley 136 de 1994, en su literal g) dispone sobre las
inhabilidades que tienen soporte en un hecho negocial, lo siguiente:

“Artículo 174. Inhabilidades. No podrá ser elegido personero quien:

(…)

g) Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración
de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o
haya celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de cualquier
naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado
de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el
respectivo municipio”.

Conforme al numeral transcrito, se observa que la norma, en realidad, consagra
dos (2) conductas escindibles e independientes constitutivas de inhabilidad, a
saber: i) la intervención en la celebración de contratos y ii) la celebración del
contrato propiamente dicha. Ambas inhabilidades están enmarcadas en el año que
precede a las elecciones.

Sobre la primera de las causales previstas en la norma, de cara a la previsión
transcrita, esto es la de intervención en la celebración, se tiene que los elementos
constitutivos de esta parte de la causal, son:

• Elemento subjetivo: la persona (candidato) que aspira a ser personero de
la entidad territorial.

• Elemento temporal: un (1) año contado en forma regresiva desde el día de
la elección o lo que es igual que se extiende durante el año que la precede.

• Elemento material u objetivo: intervenir en la celebración del contrato.

• Elemento de sujeto pasivo: que el negocio jurídico en el cual interviene se
enfoque a que sea celebrado con entidades públicas (entidad contratante).

• Elemento de finalidad o provecho: en interés propio o de terceros.

Ahora bien, pasando a la otra causal que se contiene en la misma norma citada,
es claro que aunque puede coincidir con su homóloga, en que se tome como
referente un contrato, lo cierto es que presenta algunos signos diferenciales de la
inhabilidad por intervención en la celebración. En efecto, los presupuestos

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distintivos se advierten en los factores (i) material u objetivo y (ii) sujeto pasivo,
aunque coincide en todo lo demás. Sin olvidar que se agrega un (iii) factor
condicional, como pasa a explicarse.

En efecto, cuando se trata de la inhabilidad por celebración del negocio, ya no por
intervención, se tiene:

El elemento material u objetivo: es la celebración del contrato, por sí o por
interpuesta persona. Ya no las tratativas o gestiones antecesoras a la
formalización del negocio.

El elemento de sujeto pasivo cualificado: es con entidad u organismo del sector
central o descentralizado de cualquier nivel administrativo con quien debe
celebrarse el contrato.

El elemento condicional: el contrato o negocio debe ejecutarse o cumplirse en la
misma circunscripción de la aspiración política del aspirante.

No debe perderse de base que las causales de inhabilidad que buscan contener
aspectos como el tráfico negocial, entre otros, persiguen como objetivo común,
preservar la igualdad entre los candidatos, sobre el supuesto de existir una
relación relevante con el Estado potencialmente ventajosa para alguno de ellos
que desequilibre el principio de la función pública, atinente a la igualdad del
mandato superior 209, con impacto en el de transparencia del artículo 3 del
CPACA (principio de la actuación administrativa).

Al respecto, en el tema de congresistas, frente a la causal de inhabilidad por
celebración de contratos o gestión en la intervención de estos, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha explicado la teleología para haberse consagrado, la
cual resulta ilustrativa y pedagógica para dar alcance al caso sub júdice, en cuanto
hizo la siguiente alusión:

“Este supuesto de inhabilidad [se refiere a la gestión de negocios o
celebración de contratos] busca prevenir asimetrías de poder en dos ámbitos
que se rigen por estrictas reglas de igualdad. De un lado, previene
desequilibrios en la contienda electoral que puedan derivarse de los
beneficios que obtenga el candidato, con ocasión de sus gestiones o
contratos con la Administración. De otro lado, previene asimetrías y prácticas
corruptas en los procesos de contratación, que pueden tener lugar si un
candidato aprovecha su posición para tomar ventaja sobre la entidad pública
o sobre otros proponentes29.”.

29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. Actor: José Manuel Abuchaibe Escolar y Otros.

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De forma similar, la Sala ha destacado la finalidad preventiva de estas
inhabilidades:

“[L]a fuente de las causales de inhabilidad en estudio es preventiva y
proteccionista de la igualdad de los aspirantes a las justas electorales, bajo
el propósito de precaver vicios en la relación del candidato con las entidades
públicas que implique la indebida utilización de esa condición de candidato
en las actividades que adelante ante aquellas y, evitar, vicios de mayor
trascendencia, como es que el candidato utilice sus vínculos y relaciones
con las entidades públicas en beneficio de sus intenciones electorales o que
el electorado asocie, deduzca o concluya que verlo en tratativas con las
entidades públicas le aventaja y con ello acreditarse ante los electores para
obtener los votos30.”.

Como se mencionó consideraciones atrás, a pesar de la identidad en algunos de
los elementos que estructuran ambas conductas inhabilitantes, de la coincidencia
de propósito y que, por lo general, la intervención ante las entidades públicas
apunte a la celebración de contrato, no puede perderse de vista que se trata de
causales de inhabilidad autónomas e independientes, referidas a hechos y
actividades del elegido que ocurrieron en diferentes momentos y se manifiestan de
formas distintas, como se evidencia del contenido del literal g) del artículo 174 de
la Ley 136 de 1994.

Ilustrativas resultan las consideraciones que la Corte Constitucional indicó en la
sentencia C-393 de 2019, cuando se pronunció sobre la exequibilidad de esta
inhabilidad y los supuestos teleológicos de su consagración.

En efecto, como primera premisa destacó que (i) ayuda a salvaguardar el principio
de igualdad de oportunidades en dicha elección, comoquiera que bloquea la
ventaja que se puede presentar por parte del aspirante que ha desarrollado
cercanía con la administración a partir de su desempeño como contratista de la
misma. Al efecto, si bien reconoció que el cargo de personero se provee por
concurso de méritos, en este existe un cierto grado de discrecionalidad del
concejo municipal en la escogencia del personero; (ii) evita la confusión entre
intereses privados y públicos. Esto por cuanto el personero tiene control sobre los
contratistas estatales, como se advierte de sus funciones que ejerce como parte
del Ministerio Público (art. 118 Superior). En concordancia con el artículo 178 de la
Ley 136 de 1994, que prevé dentro de las competencia del cargo de personero las
de proteger el interés público, vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las
funciones administrativas, la conducta oficial de quienes desempeñan funciones

Demandado: Aurelijus Rutenis Antanas Mockus Sivickas (Senador de la República). M.P. Alberto
Montaña Plata.
30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 27 de septiembre de 2018, Rad. 11001-03-28-
000-2018-00015-00. M.P. Rocío Araújo Oñate, en parafraseo de la sentencia de 3 de agosto de
2015, radicado 11001-03-28-000-2014-00051-00. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

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públicas y el adecuado recaudo y distribución de recursos públicos. Así también,
ejercer la defensa del patrimonio público y los intereses colectivos.

Se busca contener que un posible conflicto entre los propios intereses particulares
del aspirante a personero que desarrollaba como contratista y los intereses
públicos que después debe defender cuando es personero. Ello se evidencia para
la Corte, parafraseando31 al Consejo de Estado en las actividades de (i)
supervisión de la celebración de contratos y del pago de funcionarios públicos a
los contratistas particulares; (ii) verificación de que la ejecución del contrato no
cause daños ambientales ni a derechos colectivos; (iii) supervisar el pago que
funcionarios públicos hagan a particulares por contratos ejecutados en el
municipio.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el fallo de instancia
se decantó en la decisión por abordar la causal del literal g) del artículo 174 de la
Ley 136 de 1994, desde la faceta de la intervención y no de su homóloga de
celebración del negocio jurídico.

En consecuencia, el análisis del juez ad quem debe recaer sobre dicha premisa. Al
efecto, es claro que conforme a lo indicado consideraciones atrás, existen las
diferencias indicadas frente a los elementos constitutivos de cada una de las
conductas previstas en el literal g) ibidem.

2.5.1. La intervención en la celebración de contrato ante entidades públicas
como causal de inhabilidad

Como su nombre lo indica, no se requiere estar en el campo de la celebración del
contrato, lo cual evidencia que se trata de las actividades prenegociales o de
acercamiento que establece el aspirante, enfilado a lograr una celebración
negocial, sin importar para los efectos de la inhabilidad probar o determinar que en
efecto se suscribió o se pactó.

Se dirá entonces que en este evento, la inhabilidad no es de resultado sino de
medio, por ello no se exige la culminación con la suscripción efectiva del negocio.
Basta entonces con haber desplegado las tratativas negociales con la entidad
pública para que emerja el elemento objetivo, que deberá concurrir con los
restantes para dar lugar al impedimento para asumir el cargo.

Es en esta concepción de las tratativas negociales, se encuentra el punto de
inflexión con la celebración del contrato, dada la necesidad de dejarla consagrada

31
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 1 de
diciembre de 2016. C.P., Lucy Jeannette Bermúdez”.

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con un espectro más amplio y con mayor campo de acción. Ello se advierte
claramente, porque mientras para la intervención, el elemento que estructura al
sujeto pasivo es el de cualquier entidad pública –enfoque amplio-; en el caso de la
celebración negocial se tiende a restringir a solo unas entidades u organismos y a
un espacio territorial –esquema restringido-

En efecto, en el esquema del cargo de personero, mientras la intervención se
afinca en que el otro lado negocial lo conforme una “entidad pública”; en la
celebración del contrato, debe tratarse de organismo del “nivel central o
descentralizado”, lo que conlleva un límite menos amplio que el de aquella.

Esa consagración diferencial ha permeado varios casos frente a otros servidores,
comoquiera que comparten algunas similitudes en la llamada causal de inhabilidad
por intervención en negocios y ha sido conocida de antaño por el Consejo de
Estado, como se evidencia a título ilustrativo en cuanto concierne a las causales
homólogas en el caso de los congresistas, cuando se ha analizado la intervención
en la gestión y en la celebración de contratos. En este punto se ha indicado que
son conductas distintas y autónomas, en las que incluso la intervención tiene una
mayor amplitud en su contenido, por cuanto se ha tendido a que la previsión
normativa que la consagra sea más específica en lo que atañe a la celebración del
contrato propiamente dicha.

En particular, respecto del elemento material u objetivo, la intervención en la
celebración de contratos se ha visto desde una arista de proactividad en la que
resultan explícitas las manifestaciones tratativas que se enfocan a la celebración
del negocio jurídico, se reitera, así no se dé. Y otra, más tenue en su
manifestación y es aquella que emerge cuando resulta comprobado que se
celebró el contrato. Ambas facetas se enfocan en que la actividad desplegada sea
potencialmente eficaz para el propósito negocial, descartando así la mera
suposición o elucubración, sin pretender tampoco exigir la demostración del logro
efectivo del acuerdo. En este último punto, no puede tomarse en consideración
que las ventajas obtenidas del contrato estatal sean probadas, so pretexto de que
si no se logra desaparezca o deje de existir el hecho impeditivo.

Así mismo, en lo que atañe al elemento material u objetivo, la Sala ha hecho
énfasis en que la intervención en la celebración del contrato, sí es viable que se
concrete o se evidencia a partir del acto mismo de la suscripción o firma,
considerando los precisos términos en que fue formulada la causal, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, que sujeta el

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perfeccionamiento de los contratos del Estado a que “se logre acuerdo sobre el
objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito”32.

Por ello resulta viable que a partir de tener probada la existencia del negocio
jurídico, el juez tenga la certeza de que previo a la suscripción del contrato, se
presentaron y desplegaron tratativas con el propósito negocial, que resultan
evidentes ante la culminación del trámite con la celebración efectiva del acuerdo,
sin demeritar que se está en el contexto de la intervención.

En punto a la intervención en la celebración de contratos, la Sección Quinta ha
discurrido sobre su finalidad en los siguientes términos:

“[l]a inhabilidad por celebración de contratos tiene una clara finalidad constitucional
–de hecho, todas la tienen–, tendiente a proteger la moralidad e imparcialidad del
proceso electoral y del cargo al que se aspira, pues, de un lado, “busca evitar una
confusión entre intereses públicos y privados”, ya que, “quien ha intervenido en
nombre propio o de terceros en la celebración de un contrato con la administración,
en principio defiende los intereses particulares frente a los intereses del
Estado”…33”.

Adicionalmente, es innegable que existe la posibilidad de que la intervención en la
celebración de contratos ocurra de forma indirecta, de modo que queden
comprendidos terceros que no los suscriben34, por lo que en el análisis que debe
acompañar la pesquisa sobre si la conducta del candidato (tercero negocial)
aconteció o no, debe estar reforzada con medios probatorios que den cuenta de
ello.

Ahora bien, sin desconocer la realidad del tráfico negocial y prenegocial, para no
llegar a extremos nocivos, entre otras más situaciones, se ha descartado la
existencia de inhabilidad cuando el servidor público obra en ejercicio de sus
atribuciones legales y constitucionales, pues en este escenario sus actuaciones no

32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad.
50001233300020200001301. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 11 de marzo de
2021, Rad. 050012333000201903154. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia de 8 de abril de
2021, Rad. 85001-23-33-000-2019-00184-01. Ver además, entre otras: Sentencia de 29 de abril de
2021, Rad. 11001-03-28-000-2020-00002-00; sentencia de 18 de febrero de 2021, Rad. 05001-23-
33-000-2019-02852-02 y sentencia de 16 de diciembre de 2020, Rad. 20001-23-33-000-2020-
00005-01.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad. 68001-23-33-000-
2019-00926-01.
34
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de octubre de
2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-01. Sala Primera Especial de Decisión de Pérdida de
Investidura, sentencia de 19 de febrero de 2019, Rad. 11001-03-15-000-2018-02417-00. Sala 13
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, sentencia de 16 de octubre de 2020, Rad. 11001-
03-15-000-2020-03518-00. Sección Quinta, sentencia de 11 de abril de 2019, Rad. Rad. 11001-03-
28-000-2018-00080-00 (ACUMULADO 11001-03-28-000-2018-000127-00 Y 11001-03-28-000-
2018-000130-00).

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persiguen un interés propio ni de terceros particulares, sino que buscan satisfacer
el interés general35.

Delineados los contornos de las causales de inhabilidad invocadas en el caso
concreto, emprende la Sala el estudio de los argumentos de los apelantes contra
el fallo de primera instancia.

2.5.2. Caso concreto

En este asunto, el Tribunal encontró acreditada la intervención en la celebración
de contrato, lo cual conllevó a que declarara la nulidad de la elección cuestionada.

Ciertamente, la Sección Quinta encuentra que la accionada fue elegida personera
municipal en sesión de 13 de noviembre de 2020, conforme consta en acta de la
fecha que da cuenta de la sesión plenaria del Concejo de Aguachica.

De lo anterior se evidencia que para efectos del año que prevé el artículo 174 de
la Ley 136 de 1994 para algunas de las inhabilidades que recaen sobre el cargo
de personero, abarca el año calendario o corrido que le antecede, es decir que el
período inhabilitante, cuando se trata de la causal que se analiza transcurrió entre
el 13 de noviembre de 2019 al 13 de noviembre de 2020, comoquiera que fue
elegida en la primera fecha mencionada, como da cuenta el acto declaratorio de la
elección expedido por el cabildo municipal.

Ahora bien, conforme al acervo probatorio, en el que reposan las siguientes piezas
documentales contractuales, se demuestra el contexto negocial, tanto en su
objeto, las partes suscriptoras, su perfeccionamiento y sus fechas:

1. Contrato de prestación de servicios profesionales N° DP-4456 de 13 de
diciembre de 2019 celebrado entre la señora Johana Caviedes Pabón en calidad
de contratista y la Defensoría del Pueblo como entidad contratante.

El objeto negocial está acordado en la cláusula primera para la prestación de
servicios profesionales de abogado para la representación judicial y extrajudicial
de los usuarios del servicio de defensoría pública y la promoción, defensa,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Este fue complementado con la
cláusula nominada “programa”, en la que la contratista se obligó a prestar sus
servicios profesionales en el programa penal general, en calidad de defensora
pública ante los jueces penales del circuito, circuito especializado y penal militar,

35
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de noviembre de 2008, Rad. 73001-23-31-
000-2007-00710-01.

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sin perjuicio de que se le asigne a otras instancias judiciales (cláusulas segunda y
tercera).

Así también, se dejó claro que el lugar de ejecución del contrato sería en el circuito
de Aguachica de la Defensoría Regional del Cesar. Pero se dejó acordado que
podía ser asignada a otro e incluso a regional diferente (cláusula cuarta).

En relación con el plazo de ejecución y vigencia del contrato, la cláusula quinta es
la encargada de indicar el primero con la mención de “hasta el 31 de diciembre de
2020”, contado a partir de la suscripción del acta de inicio de actividades, previo el
registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la garantía única por
parte del Defensor del Pueblo Regional o quien haga sus veces. De otra parte, la
vigencia será el plazo de ejecución más cuatro (4) meses más.

El valor total del contrato fue de $56.250.000,oo, y la forma de pago en
emolumentos de $4.500.000,oo, sujetos a la prestación efectiva del servicio “lo
que se acredita con la entrega personal del informe al supervisor del contrato para
la certificación de honorarios del periodo que corresponda y a la aprobación del
Plan Anual de Caja – PAC” (cláusula décima).

La terminación del contrato se acordó por las causales de: (i) vencimiento del
plazo de ejecución y de sus prórrogas; (ii) mutuo acuerdo de las partes y (iii)
unilateralmente. Dejando la siguiente salvedad “Parágrafo primero. En el caso de
terminaciones anticipadas, las mismas deberán comunicarse por el contratista al
defensor del Pueblo Regional y al supervisor en un plazo no menor a treinta (30)
días…” (cláusula vigésima tercera).

En el tema de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato, se
indicó que aquel acontecía con la firma de las partes y para la segunda se
requería del registro presupuestal, aprobación de la garantía única y la suscripción
del acta de inicio (cláusula vigésima octava).

2. La sujeción a las apropiaciones presupuestales

Conforme a lo pactado, el valor del contrato de marras se pagó con cargo al
presupuesto de la Defensoría, de la siguiente manera:

Vigencia Certificado de Disponibilidad presupuestal –
CDP
Diciembre de 2019 SIIF No 918419 del 18-07-2019
Aprobación vigencias futuras Enero a Diciembre 2020
Radicado: 2-2019-051214 del 10 de diciembre
de 2019, emitido por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

(Véase cláusula décima tercera del contrato).

3. El acta de inicio de actividades suscrita por las partes el 16 de diciembre
de 2019, en el municipio de Aguachica. En esta se informa que la fecha de
terminación del contrato es el 31 de diciembre de 2020.

De lo anterior, se evidencia entonces que cotejada la fecha de suscripción del
contrato precitado (13 de diciembre de 2019), que contó con los elementos de
perfeccionamiento y de ejecución, con el registro presupuestal e incluso la del acta
de inicio rubricado por los contratantes (16 de diciembre de 2019), es claro que el
negocio quedó suscrito, perfeccionado e incluso comenzado dentro del período
inhabilitante del año que precede a la elección, que transcurrió del 13 de
noviembre de 2019 hasta el 13 de noviembre de 2020.

Valga aclarar, al margen, que aunque el contrato quedó celebrado dentro del
período inhabilitante con la Defensoría del Pueblo, el punto de inflexión para
enervar la causal de inhabilidad de celebración del contrato, fue la naturaleza
jurídica de la entidad contratante, comoquiera que esta no encuadra en la
arquitectura del Estado dentro de la calificación de entidad u organismo del nivel
central o descentralizado del nivel administrativo, requisitos que como se vio
consideraciones atrás son constitutivos de la modalidad impeditiva negocial.

En contraste, el hecho inhabilitante que congrega a la Sala en esta oportunidad
resulta de la conducta de intervención en la celebración, que como quedó visto en
las generalidades, si bien se apoya, probatoriamente en el hecho demostrado de
la fecha de suscripción del contrato (13 de diciembre de 2019), se impone la
concurrencia de los otros factores ya explicados.

Ahora bien, sin perjuicio de la posición de la Sala Electoral atinente a dar por
probada la intervención con la suscripción del contrato, a manera de refuerzo
argumentativo, la Sección Quinta encuentra que en el acervo probatorio reposa,
por una parte, el documento titulado “estudio previo prestación de servicios
profesionales o de apoyo de gestión” suscrito por el Director Nacional de
Defensoría Pública, en el cual se observa un acápite titulado “criterios de selección
del defensor público”. En dicho apartado se deja claro que la modalidad de
selección es la contratación directa y que acorde con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015 “se contrata a la persona natural en atención a su idoneidad
y experiencia siempre y cuando acredite el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Resoluciones 939 y 1281 de 2018 (según corresponda)
expedidas por la Defensoría del Pueblo”. Por otra, en el contrato N° DP-4456 de
13 de diciembre de 2019 celebrado entre la señora Johana Caviedes Pabón y la
Defensoría del Pueblo, en el numeral 15 de las consideraciones se dejó la

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Radicados: 20001233300020210000102, 00007 y 00009 Acum
Demandantes: Carlos Uribe, Fredy Martínez y Octavio Guerra
Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

siguiente anotación expresa: “15. Que el contratista presentó oferta de servicios la
cual hace parte integral del presente contrato”. Probanzas que para la Sala
corroboran la conducta de intervención negocial por parte de la accionada.

Así las cosas, como las tratativas previas a la celebración acontecen con
anterioridad a la suscripción efectiva del negocio jurídico -13 de diciembre de
2019-, es claro que sí quedaron incluidas dentro del período inhabilitante, que
corrió entre los meses de noviembre de los años 2019 y 2020.

En este punto, emerge el factor objetivo de la conducta inhabilitante, que se
recuerda, conforme a las voces del literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994
está estructurado bajo la premisa de “haya intervenido en la celebración del
contrato con entidades públicas”.

La calidad de tal es predicable de la Defensoría del Pueblo, precisamente a partir
de las normas que la regulan, mismas que fueron citadas por los sujetos
procesales, a saber: los artículos 11336, 11837 y 28138 de la Constitución Política;
el artículo 3839 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 25 de 201440.

36
“Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.
Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen
funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.”.
37
“Artículo 119. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el
Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las
autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que
determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos
humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes
desempeñan funciones públicas.”.
38
“Artículo 281. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de manera autónoma. Será elegido
por la Cámara de Representantes para un periodo institucional de cuatro años de terna elaborada
por el Presidente de la República.”.
39
“Artículo 38. Integración de la Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional. La
Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes
organismos y entidades:
1. Del Sector Central:
a) La Presidencia de la República;
b) La Vicepresidencia de la República;
c) Los Consejos Superiores de la administración;
d) Los ministerios y departamentos administrativos;
e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.
2. Del Sector descentralizado por servicios:
a) Los establecimientos públicos;
b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;
c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;
d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;
e) Los institutos científicos y tecnológicos;
f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o
autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.”.

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Finalmente, aunque para efectos de la intervención de la celebración de contrato,
la norma prevista para el personero no incluye en su texto como elemento o factor
espacial, que el negocio deba ejecutarse o cumplirse el contrato en el municipio
respectivo. Lo cierto es que en este caso, el contrato DN-4456-2019, en su
cláusula cuarta, estipuló:

“Lugar de ejecución: el contratista se obliga a prestar sus servicios
profesionales en el circuito de Aguachica de la Defensoría del Pueblo
Regional Cesar, sin perjuicio que por necesidades del servicio,
excepcionalmente, deba cumplir con las obligaciones contractuales en otro
circuito de la misma u otra regional. PARÁGRAFO: Para todos los efectos
legales del presente contrato, el CONTRATISTA declara que tiene su
domicilio en el CIRCUITO JUDICIAL del lugar de ejecución del presente
contrato”.

En este punto, la Sala llama la atención en un aspecto que puso en aviso el
Ministerio Público y del que tiempo después hizo eco el accionante Fredy José
Martínez Jiménez41, al plantear una supuesta contradicción jurisprudencial con
mérito para unificar, consistente en que en la sentencia proferida por la Sala el 15
de diciembre de 2021, dentro del radicado 20001-23-33-000-2020-00418-03, se
había indicado que la celebración del contrato en la figura de la contratante debía
ser con una entidad pública, cuando en realidad esta inhabilidad está circunscrita
a que el sujeto contractual sea una entidad del sector central o descentralizado de
cualquier nivel.

Sea lo primero indicar que como ya ha tenido conocimiento la Sección Quinta, la
jurisprudencia en la que se apoye una decisión, debe existir y tener vigencia al
momento de presentarse la demanda, comoquiera que han sido variadas las
decisiones de los jueces de amparo, en que por vía de tutela así lo han dejado
claro y explícito. Pues bien, ha de recordarse que las demandas acumuladas
fueron presentadas el 26 de enero de 2021 (radicado 00009), 18 de enero de 2021
(radicado 00007) y 12 de enero de 2021 (radicado 00001), mientras el citado fallo

Parágrafo 1o. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado
posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para
las empresas industriales y comerciales del Estado.
Parágrafo 2o. <Apartes subrayados CONDICIONALMENTE EXEQUIBLES> Además de lo
previsto en el literal c) del numeral 1o. del presente artículo, como organismos consultivos o
coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán con carácter permanente o
temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del sector privado,
los que la ley determine. En el acto de constitución se indicará el Ministerio o Departamento
Administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos.
40
“Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de
la Defensoría del Pueblo”.
41
Véase memorial de 5 de julio de 2022.

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se profirió en diciembre de 2021, es decir casi un año después, razón por la cual
no podría ser empleado como antecedente jurisprudencial.

Sin perjuicio de lo anterior, valga recordar que el supuesto fáctico que se ventiló
en esa oportunidad se afincó en la celebración del contrato, es decir en una de las
conductas constitutivas de la inhabilidad del literal g) del artículo 174 de la Ley 136
de 1994, que como se vio en consideraciones precedentes, tiene un campo
espacial más reducido, al circunscribirse a que el negocio jurídico se suscriba con
entidades del sector central o descentralizado, lo que por ende, excluye a la
Defensoría del Pueblo, como ha sido la concepción jurisprudencial pacífica de la
Sala. Por lo que el aparte que la agente fiscal cita es apenas una remembranza
general y de paso frente a las conductas que contiene la causal citada, en el fallo
(2020-00418-03), se invocó jurisprudencia42 de antaño, en la que se lee:

“La prohibición de esta norma para quien pretende inscribirse como
candidato a ser elegido Personero, encierra tres aspectos: uno temporal
referido al período inhabilitante de 12 meses anteriores a la elección; otro
material que atañe a que en el lapso no haya intervenido en la celebración de
contratos con entidades públicas en interés propio o el de terceros, o haya
celebrado por sí o por interpuesta persona contratos de cualquier naturaleza
con entidades del sector central o descentralizado; y el tercero, que
concierne a que los precitados contratos deben ejecutarse en el respectivo
municipio”

Aunado a que el asunto se definió solo dentro de los campos de la inhabilidad de
la celebración del contrato, que como se vio párrafos atrás tiene unos alcances en
su estructura de algunos factores o presupuestos que lo distinguen del impeditivo
de la intervención en la celebración.

Dentro de ese contexto, se reitera que el asunto que en esta oportunidad conoce
la Sala por vía de apelación, está circunscrito al marco del fallo enfrentado a los
recursos de alzada. En ese aspecto, es ineluctable que la discusión traída al ad
quem se apartó de la inhabilidad por la celebración del contrato, para quedarse y
dedicarse a la intervención, que como ya se analizó es la otra arista de la
inhabilidad, que resulta escindida y autónoma de aquella. En consecuencia, por la
materia que se juzga en esta oportunidad en vía de la apelación, tampoco sería
viable que sirviera de referente o antecedente para la discusión del tema a decidir.

Igual predicamento acontece con el antecedente de la Sala 15001-23-33-000-
2016-00119-0343 cuyo fallo si bien fue proferido en época pretérita, a saber, el 18

42
“Providencia de 14 de febrero de 2013, radicado N° 68001-23-31-000-2012-00115-01. M.P.
Susana Buitrago Valencia”.
43
M.P. Alberto Yepes Barreiro. Las consideraciones que se transcriben a continuación dan cuenta
del análisis realizado por la Sala, desde la perspectiva de la celebración de un contrato: “De

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de mayo de 2017, está encauzado en el tema a decidir que la parte apelante puso
en conocimiento de la Sala en esa oportunidad, esto es la inhabilidad por
celebración del contrato en el caso de la causal del literal g) del artículo 174 de la
Ley 136 de 1994.

En ambos antecedentes se indicó que para efectos de la causal impeditiva por
celebración del negocio jurídico, cuando la entidad estatal es la Defensoría del
Pueblo, la inhabilidad por contrato no encuadraría en cuanto al elemento de la
contratante estatal que requiere la norma en cita. Esto por cuanto es del orden
nacional y, por ende, no cumple los estándares de pertenecer al sector central o
descentralizado del nivel administrativo, como lo exige la inhabilidad por
celebración prevista en la norma citada. En este punto, ha sido pacífica la posición
de que cuando uno de los presupuestos de la causal no se cumple, cae de su
base el impeditivo, comoquiera que son elementos concurrentes y constitutivos del
mismo.

Es más, recuérdese que el Consejo de Estado en el auto de 16 de septiembre de
2021, con el que revocó el decreto de la medida de suspensión provisional dictado
por el Tribunal a quo en el vocativo de la referencia y, luego, en la decisión de 14

acuerdo con el Tribunal y la parte demandante, el elemento objetivo de la inhabilidad se configuró
debido a que se demostró que el señor… celebró el contrato de prestación de servicios No. DP-
2584-2015 con la Defensoría del Pueblo.// Sin embargo, el apoderado del demandado sostuvo que
el elemento objetivo de la inhabilidad no se materializó debido a que ésta no puede cobijar los
contratos celebrados con entidades del orden nacional, como la Defensoría del Pueblo. En tal
sentido, adujo que la inhabilidad contenida en el literal g) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, en
atención a su teleología, sólo puede comprender los contratos celebrados con entidades del orden
municipal, para lo cual invocó el precedente contenido en la sentencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado de 23 de septiembre de 2013, expediente 2012-00048-01.// La Sala considera
que la interpretación realizada por el demandado respecto de esta inhabilidad desconoce su
literalidad, toda vez que la norma en comento impide que pueda ser elegido a quien “[d]urante el
año anterior a su elección, (…) haya celebrado por sí o por interpuesta persona contrato de
cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de
cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio”
(subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original), sin que el Legislador la haya
restringido de manera expresa a aquéllos suscritos con entidades del orden municipal.// Lo anterior
resulta coherente con el elemento espacial de la inhabilidad, según el cual, independientemente de
la naturaleza jurídica de la entidad contratante, lo relevante es el lugar de ejecución del contrato.
Así mismo, el precedente invocado por el apoderado del demandado en el recurso de apelación
para defender su interpretación de la inhabilidad en comento no es vinculante, dado que en ningún
momento se sostuvo que su materialización se restringe a los contratos celebrados con entidades
del orden municipal.

En efecto, en la sentencia de 23 de septiembre de 2013 [nulidad electoral. Exp.
41001233300020120004801. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez] la Sección concluyó que
no se demostró la configuración de la inhabilidad establecida en el literal g) del artículo 174 de la
Ley 136 de 1994 porque no se demostró que el demandado hubiera suscrito contrato alguno con la
Defensoría del Pueblo. De acuerdo con las anteriores razones es infundada la interpretación de la
inhabilidad realizada por el apoderado del demandado, por lo que Sala encuentra demostrado el
elemento objetivo.”

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de octubre siguiente, que negó la aclaración y la adición, dejó claro nuevamente
que son los recurrentes en apelación, quienes circunscriben y limitan el tema a
decidir.

De tal suerte que si solo hicieron referencia al tema de la celebración del contrato
con la Defensoría, mal podía en ese momento procesal abarcar la inhabilidad en
su texto integral con las dos causales. Tal límite del recurrente dio pie para que la
Sala revocara la cautelar (auto de 16 de septiembre de 2021), en el entendido que
cuando se trate de esta precisa modalidad de inhabilidad, la Defensoría del
Pueblo, como entidad contratante, no hace parte integrante del sector central o
descentralizado, de ahí que no se reuniera uno de los factores constitutivos de
dicha inhabilidad.

Ese es el entendimiento que se la ha dado a la causal de celebración del contrato
cuando se tiene como entidad estatal contratante a la Defensoría del Pueblo,
precisamente porque el legislador la limitó a que en ese rol esté un organismo del
sector central o descentralizado del nivel administrativo. En ese caso, mal podría
indicarse que el elegido había incurrido en ese tipo inhabilitante.

Corolario, es que el planteamiento del Ministerio Público, seguido por la parte
actora en materia de posición jurisprudencial sobre la celebración del contrato, se
aparta del tema de la intervención en la celebración del contrato que la Sección
Quinta debe juzgar por ser la materia judicializada dentro de la decisión adoptada
por el a quo y con la apelación.

Se itera, no resulta de recibo adentrarse en el campo de la inhabilidad por la
celebración del contrato y continuar con esta discusión alrededor de si se
cumplieron o no los parámetros de esta, cuando el espectro de juzgamiento es
otro: el de la intervención.

Se retoma, entonces, el tema de la alzada, como en efecto lo es la inhabilidad en
la faceta de intervención por celebración de contrato, a fin de dar solución al
asunto judicializado.

Al efecto, resulta necesario, para no desoír a los sujetos procesales, analizar los
restantes argumentos de la alzada, en los que manifiestan estar en desacuerdo
con el fallo y que se evaluarán conforme a los siguientes ejes temáticos:

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2.5.2.1. Inaplicabilidad de la inhabilidad a aquellos negocios en virtud de los
cuales la administración ofrece en igualdad de condiciones44 a todos los
ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio, en desarrollo de sus
funciones constitucionales y legales

Arguyeron la parte accionada y el concejo municipal que el contrato suscrito por la
señora Caviedes Pabón tuvo en su objeto la prestación de un servicio de
defensoría pública, promoción y defensa de los derechos humanos. De esta
premisa, deriva que la inhabilidad no es aplicable porque corresponde a un
contrato cuyo objeto recae sobre bien o servicio que la administración ofrece en
igualdad de condiciones a todos los ciudadanos.

Se apoyó en las sentencias C-393 de 2019 y C-618 de 1997, en las que la Corte
Constitucional se refirió a la inhabilidad del literal g), del artículo 174 de la Ley 136
de 1994.

Vista la primera de las sentencias citadas, encuentra la Sala que una de las
intervinientes, concretamente la Universidad Industrial de Santander pidió
condicionar la exequibilidad de la disposición demandada, entre otros, en extender
al cargo de personero, el condicionamiento que la Corte hizo para las
inhabilidades de los alcaldes en la sentencia C-618 de 1997, a fin de que no
operara en aquellos contratos que la administración ofrece en igualdad de
condiciones, como sucede con la prestación de servicios públicos.

A lo cual la Corte le indicó lo siguiente:

“…las inhabilidades deben ser interpretadas restrictivamente, en atención a
las finalidades que persiguen. En este sentido, comparte el criterio expresado
en la Sentencia C-618 de 1997 en el sentido de que inhabilidades como la
prevista en la disposición demandada [hace referencia al literal g) del art. 174
de la ley 136 de 1996] no se aplican “a aquellos contratos por medio de los
cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a todos los
ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio, en desarrollo de sus
funciones constitucionales y legales, tal y como sucede por ejemplo con la
prestación de los servicios públicos, pues en tal caso la inhabilidad sería
totalmente irrazonable”45. (Subrayas de la Sección Quinta).
44
La parte accionada glosó que el a quo no hizo consideración alguna al respecto en el fallo,
cuando en realidad ese argumento se propuso en la contestación de la demanda, como en efecto
se corroboró.
45
“Es necesario aclarar que la Sentencia C-618 de 1997 no es un precedente directamente
aplicable a efectos de analizar la proporcionalidad de la disposición demandada. Existen claras
diferencias fácticas y jurídicas sustanciales entre los personeros y alcaldes que impiden extender la
ratio decidendi de la Sentencia C-618 de 1997 a este caso. Primero, el régimen de inhabilidades
aplicable a personeros y alcaldes es diferente. El literal (a) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994
establece que no podrá ser elegido como personero municipal quien “esté incurso en las causales
de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal en lo que le sea aplicable” (subrayado fuera

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En este punto, la Sala Electoral encuentra que en cuanto al contrato que la
accionada celebró con la Defensoría del Pueblo no encuadra dentro de lo indicado
en la modulación de la Corte Constitucional.

Al efecto, nótese que de lo que se hace referencia es “a aquellos contratos por
medio de los cuales la administración ofrece, en igualdad de condiciones, a
todos los ciudadanos y personas, un determinado bien o servicio” y se pone como
referente los contratos de prestación de servicios públicos.

El parámetro que se emplea para determinar los supuestos que acompañan a ese
tipo de contratos, parten de que el objeto del contrato recaiga sobre servicios o
bienes en igualdad de condiciones. En este caso, el contrato de prestación de
servicios profesionales tuvo una relación directa entidad pública (Defensoría)
contratista (accionada). Así que no se trata de que todos los contratistas estatales
por el solo hecho de que el objeto del contrato que celebran vaya a incidir en los
intereses generales incluso para prestar un servicio público gratuito queden
encuadrados dentro de la exoneración.

De lo que se trata es que el contrato que se excluye por ser de aquellos que se
ofrece un bien o servicio, es aquel que el candidato contrata en igualdad de
condiciones como lo haría cualquier otro administrado, como acontece
precisamente cuando aquel requiere de algún servicio público que el aspirante
tenga que contratar.

En el caso concreto, el objeto del contrato celebrado con la Defensoría del Pueblo
no conlleva que la accionada (contratista) esté recibiendo un bien o servicio del
Estado, pues lo que hace es poner sus capacidades y conocimientos
profesionales en derecho en beneficio de un fin estatal.

Ello no ha sido un tema desconocido para el Consejo de Estado, como se advierte
del antecedente de la Sala Plena Contencioso Administrativa, en el que, si bien se
trataba del caso de un congresista, el trasfondo del asunto frente a cómo desligar
del hecho constitutivo exonerante al propósito del interés general en el que

del texto). En la Sentencia C-767 de 1998 la Corte señaló que en razón a las diferencias entre los
alcaldes y personeros “debe entenderse que sólo se extienden al personero aquellas
inelegibilidades previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 cuando tal extensión resulte
claramente necesaria” (C-767 de 1998). Segundo, existen otras circunstancias relevantes que
permiten diferenciar a los alcaldes y personeros: (i) los alcaldes y personeros tienen funciones
constitucionales y legales diferentes. A diferencia del personero, el alcalde no ejerce función de
Ministerio Público; (ii) los alcaldes son elegidos popularmente, por lo tanto, las inhabilidades
dispuestas para este cargo no solo restringen el acceso a cargos públicos sino también otros
derechos políticos; (iii) precisamente como los alcaldes son elegidos popularmente y no por los
Concejos Municipales, los riesgos de que el contratista que aspira a ser alcalde incidan en su
elección por su anterior vinculación con el municipio, son diferentes.”

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redunda el contrato, resulta ilustrativo, por lo menos desde su concepción general
de cómo dar alcance a esta clase de objetos negociales.

En efecto, el accionado a propósito de lo que él consideró no lo dejaba estar
incurso en la intervención en la celebración del contrato, consistente en que el
bien se ofrecía en igualdad de condiciones a todos las personas, no fue de recibo
para la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo46. Se indicó:

“…Aseveró [se refiere al accionado] que la excepción prevista en tal norma
[alude a la justificación que enerva el impedimento negocial] debía ser
interpretada en el sentido de que los bienes que se ofrecen en igualdad de
condiciones para todos los ciudadanos son los bienes de fácil acceso para
cualquier ciudadano en cualquier situación…
Al respecto cabe señalar que la Asamblea Nacional Constituyente47, al
referirse a las incompatibilidades de los congresistas señaló que:

«[…] 2.3.1. El congresista no puede celebrar contrato con personas de
derecho público del orden nacional, departamental o municipal, centralizado o
descentralizado. Tampoco hacer gestiones ante dichas personas para
terceros ni en su propio interés salvo […] para proveerse de los bienes o
servicios que suministra u ofrece el Estado a cualquier ciudadano en
igualdad de condiciones. Para esos caso sería preciso aclarar que el
congresista está obligado a someterse al procedimiento reglado y respetar las
prioridades que puedan corresponderle a terceros […] La prohibición anterior
debe extenderse a la realización de contratos con y la gestión ante personas
de derecho privado que manejen fondos públicos, tales como, por
ejemplo, contratistas del Estado, fundaciones o instituciones que reciben
ayuda monetaria de presupuestos oficiales, administradores fiduciarios
en contrato con cualquiera de las personas de derecho público
enumeradas en el punto 2.3.1. supra, etc […]»

Tal excepción, en consecuencia, debería ser entendida como la adquisición
de bienes o servicios que el Estado ofrece a los ciudadanos en igualdad de
condiciones, tal y como fue concebida por la Asamblea Nacional
Constituyente, lo cual coincide con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 80
de 1993, que establece que no quedan cobijadas por las inhabilidades e
incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores de aquella ley,
cuando las personas que contraten lo hagan para usar los bienes o
servicios que las entidades a que se refiere el estatuto general de
contratación estatal ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes
los soliciten.

De esta manera, se puede colegir que los ladrillos, por ser bienes que
proveen, por regla general, los particulares y no el Estado –o contratistas del
Estado– en condiciones de igualdad a los ciudadanos, además de estar
46
Sentencia de 25 de mayo de 2021. Pérdida de investidura. Exp. 11001031500020200077301.
M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
47
Gaceta Constitucional Núm. 51 de 16 de abril de 1991.

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Demandada: Johana Caviedes Pabón (Personera de Aguachica)

sujetos a las reglas de mercado, no están incluidos dentro de la excepción
prevista en la parte final del numeral 4° del artículo 180 de la Constitución
Política y, por lo tanto, no se enerva la configuración de la
incompatibilidad atribuida al congresista acusado, la cual podría
presentarse, a manera de ejemplo, cuando se realizan reclamaciones
frente a concesionarios de servicios públicos.

Adicionalmente a lo expuesto, se debe tener en cuenta lo señalado por el
agente del Ministerio Público que intervino en esta instancia, reflexiones que
comparte la Sala y que son del siguiente tenor:

«[…] Es de manifestar que no se requiere de un exhaustivo examen para
llegar a la conclusión de que el bien mueble “ladrillo” es artículo de consumo
general y, como tal, de adquisición, en igualdad de condiciones, por el público
en general, pero como la controversia giró en torno a una conducta no
permitida por la ley a quien fungiendo como congresista y a sabiendas
del destino público que le deparaba a dicho material en la construcción
de las obras de Gaula y del Sipol en la ciudad de Arauca, se le imponía el
comportamiento específico de no gestionar dicho negocio, QUE NO DE
ADQUIRIR, como lo plantea confusamente el escrito de alzada, del que,
además de lo anterior, obtuvo un beneficio económico.

Es claro que la conducta enjuiciada en este proceso, la de poner en contacto
al contratista y al proveedor, así como recibir el pago de una parte del valor
anticipado por el contratista, así fuere como pago de una vieja deuda del
proveedor con el Congresista, no corresponden stricto sensu a la excepción
contenida en el numeral 4° del artículo 180 de la Constitución Política, en la
medida en que no se trataba simplemente de la adquisición de unos
ladrillos, como lo pudiere hacer cualquier otro ciudadano en igualdad de
condiciones, es decir para su propia disposición o uso, sino que allí
estaba mediada la gestión por la adquisición con destino a un contratista
del Estado, para la ejecución de un contrato de obra pública, luego
entonces no podría aducirse que el supuesto fáctico corresponde a los
elementos de la excepción».

Es innegable para la Sala Electoral el propósito constitucional de la defensoría
pública, los considerandos del contrato DN-4456-2019 de 13 de diciembre de 2019
así lo demuestran. Se hace referencia a la invocación que hace el contrato, a
saber: el artículo 282.4 de la Constitución Política; los artículos 21 y 22 de la Ley
24 de 1992; 1, 13, 26 y el capítulo I del Título III de la Ley 941 de 2005; Leyes 975
de 2005, 1098 de 2006, 1257 de 2008, 1448 de 2011, 1719 de 2014 y 1761 de
2015; el Decreto 1069 de 2014 (reglamentario de la Ley 985 de 2005); y el artículo
5 del Decreto 025 de 2014. Así también, se corrobora con el documento titulado
“estudio previo de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión”
que reposa en el expediente, en el que se indica:

“…se estableció la implementación y consolidación de un Sistema Nacional
de Defensoría Pública mediante Acto Legislativo N° 03 de 2002, que
posteriormente fue organizado con la expedición de la Ley 941 del año 2005,

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que tiene como propósito proveer el acceso de las personas a la
administración de justicia en condiciones de igualdad y en los términos del
debido proceso con respeto de los derechos y garantías sustanciales y
procesales y cuyas disposiciones se erigen sobre un cúmulo de principios
que corresponden a la igualdad, derecho de defensa, oportunidad, gratuidad,
calidad, responsabilidad y selección objetiva…”.

Pero así mismo, se lee que la Defensoría del Pueblo identificó la necesidad de
contratar profesionales del derecho, para que en calidad de defensores públicos
garanticen la prestación de servicios de abogado para la representación judicial o
extrajudicial de los usuarios del servicio nacional de defensoría pública y la
promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

De tal suerte que el fin último de la prestación del servicio de defensoría pública
está a cargo legal y constitucionalmente del Estado, en este caso en cabeza de la
Defensoría del Pueblo48. Es esta entidad la que presta y brinda el servicio a la
comunidad en igualdad de condiciones, pero no son los profesionales los
oferentes a la comunidad del bien o servicio, comoquiera ellos son a quienes
contrata49 la entidad para tal efecto. En ese esquema, los contratistas de la

48
El artículo 21 de la Ley 24 de 1992, consagra: “La Defensoría Pública se prestará en favor de
las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran en imposibilidad económica o
social de proveer por sí mismas a la defensa de sus derechos, para asumir su representación
judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual acceso a la justicia o a las
decisiones de cualquier autoridad pública.
En el cumplimiento de esta función, el Director Nacional de la Defensoría Pública se ceñirá a los
criterios que establezca el Defensor del Pueblo, mediante reglamento.
En materia penal el servicio de Defensoría Pública se prestará a solicitud del imputado, sindicado o
condenado, del Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del Defensor del Pueblo
cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa. Igualmente se
podrá proveer en materia laboral, civil y contencioso-administrativa, siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el inciso 1o. de este artículo.
En materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en representación de la parte a quien se otorgue
amparo de pobreza según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, debiendo recaer la
designación preferentemente en un abogado que forme parte de las listas de Defensores Públicos
que elaborará la Dirección de Defensorías Públicas y remitirá a los Despachos Judiciales,
conforme a reglamentación que expedirá el Defensor del Pueblo.
En los asuntos laborales y contencioso administrativos, los Defensores Públicos tendrán la calidad
de representantes judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento de poder por parte
del interesado.”.
49
Conforme al artículo 22 de la Ley 24 de 1992.
“La Defensoría Pública se prestará:
1. Por los abogados que, como Defensores Públicos, formen parte de la planta de personal de la
entidad.
2. Por los abogados titulados e inscritos que hayan sido contratados como Defensores Públicos.
3. Por los estudiantes de los dos últimos años de las facultades de derecho oficialmente
reconocidas por el Estado, pertenecientes a los consultorios jurídicos, quienes podrán intervenir
bajo la supervisión y orientación académica de sus Directores y con la coordinación de la Dirección
de Defensoría Pública, en los procesos y actuaciones penales, civiles y laborales, dentro de las
condiciones previstas en el estatuto de la profesión de abogado.
4. Por los egresados de las facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado que
escojan la prestación gratuita del servicio como Defensor Público durante nueve (9) meses como

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entidad ejecutan y desarrollan el objeto contractual, pero a partir del vínculo
negocial a cambio de una remuneración (interés propio) que acordaron con la
entidad prestadora del servicio de defensoría pública.

Tales consideraciones se corroboran del clausulado del contrato en los que las
obligaciones específicas del contratista son todas y cada una propias del tráfico
laboral de la abogacía (véase cláusula 6.2.1. del contrato), a cambio de un pago
de dinero por servicios prestados (véase cláusulas novena y décima ejusdem).

En consecuencia, la Sala no encuentra que el contrato de prestación de servicios
profesionales de abogado que la accionada celebró con la Defensoría del Pueblo,
encuadre en el neutralizador de la inhabilidad, en concreto, en los negocios en los
que el Estado ofrece un bien o servicio en igualdad de condiciones a todo usuario,
por lo menos, no en los términos en los que se le da alcance para justificar la
inhabilidad en materia de intervención en la celebración de contratos.

2.5.2.2. Inexistencia de conflicto de intereses en el caso de la personería
frente a la Defensoría del Pueblo.

El concejo municipal y la accionada expusieron que la inhabilidad en análisis
busca evitar que el personero se vea incurso en circunstancias que, objetiva y
presumiblemente, tengan la virtualidad de afectar la imparcialidad y la
independencia que deben guiar el cumplimiento de sus funciones de vigilancia
administrativa.

El cabildo agregó:

“En el presente caso no se presenta el conflicto entre los intereses
particulares y públicos pues el contrato que suscribió fue con la defensoría
pública entidad que no es supervisada ni vigilada por la personería municipal
pues en virtud del artículo 1° del Decreto 25 de 2014, la Defensoría del
Pueblo es un organismo que forma parte del Ministerio Público, tiene
autonomía administrativa y presupuestal y ejerce sus funciones bajo la
suprema dirección del Procurador General de la Nación”.

requisito para optar al título de abogado y de acuerdo con las condiciones previstas en el Estatuto
de la Profesión de Abogado.
Para los efectos anteriores y todos los de ley, homológase el desempeño como Defensor Público al
del servicio jurídico voluntario de que trata el Decreto extraordinario 1862 de 1989, dentro de las
condiciones que determine el reglamento expedido por el Defensor del Pueblo.
El Director Nacional de Defensoría Pública certificará sobre el cumplimiento del servicio.
Parágrafo. El Defensor del Pueblo podrá celebrar convenios con las universidades o facultades de
derecho oficialmente reconocidas por el Estado, a fin de que ellas presten el apoyo académico y
logístico necesario a los Defensores Públicos que sean seleccionados o aceptados por la
Defensoría Pública, a la que corresponde la coordinación y la supervisión operativa del
cumplimiento de los convenios.

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Observa la Sala que este argumento también se focaliza en la inhabilidad por
celebración del contrato. Ello marca una diferencia con el contexto de la
circunstancia de inhabilidad por intervención, que se reitera es de espectro más
amplio que aquella.

Por otra parte, el planteamiento del apelante está ubicado en una de las causas
para haber previsto esa clase de inhabilidad. Pero deja de lado que la génesis del
impedimento se basa en un propósito bífido, comoquiera que no solo se analiza la
arista de si las funciones del cargo entrarían en tensión con las de la entidad con
la cual contrató, sino que en pie de igualdad de importancia, también busca
bloquear la ventaja que se puede presentar por parte del aspirante que ha
desarrollado cercanía con la administración a partir de su desempeño como
contratista de la misma.

De tal suerte, que no solamente la confusión o conflicto de intereses se busca
neutralizar con esta causal de inhabilidad y esa es la razón de la Sala para
entender que aunque pueda ponerse en entredicho la labor de la personería frente
al actuar de la Defensoría del Pueblo, perviva el segundo propósito de la
inhabilidad que recae sobre el ambiente igualitario de quienes se postulan para el
cargo. No debe pasarse por alto que en materia de aspiración a ocupar empleos
públicos, quien se presente con la impronta de haber desplegado negociaciones
con entidades del sector estatal, como aconteció en este caso, tendrá la
posibilidad de aventajar a aquel que no ha tenido ese desenvolvimiento
precontractual o contractual y de ahí la voluntad del legislador de proscribir tales
conductas.

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra acreditados todos los requisitos o
factores constitutivos de la causal de inhabilidad de intervención en la celebración
del contrato en cabeza de la accionada y no encuentra que los argumentos de las
alzadas tengan el alcance para revocar o modificar el fallo del Tribunal, razones
por las cuales será confirmado.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de marzo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se declaró la nulidad del
acto de elección de la señora Johana Caviedes Pabón, en calidad de Personera
de Aguachica (Cesar).

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SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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