Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 19001-23-33-000-2026-00193-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 19001-23-33-000-2026-00193-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 19001-23-33-000-2026-00193-01
Accionante: ROBERT ANDRÉS FERNÁNDEZ MUÑOZ
Accionado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Nombramiento en periodo de prueba de aspirantes que
conforman la lista de elegibles. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 27 de agosto de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del
Cauca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y
2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de
2024).
La demanda fue admitida en providencia del 29 de julio de 20265 y el recurso de
apelación fue concedido mediante auto del 8 de septiembre del mismo año. A su
vez, mediante auto de fecha del 24 de septiembre de 2026, se declaró infundado
el impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en
la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Robert Andrés
Fernández Muñoz presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación,
1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
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Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [..]
5
En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridad accionada
a la Fiscalía General de la Nación y ordenó la comunicación del proceso a la Procuraduría 40
Judicial ll en Asuntos Administrativos y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1
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Accionante: Robert Andrés Fernández Muñoz
Accionado: Fiscalía General de la Nación
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con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014.
2. En consecuencia, solicitó lo siguiente:
ORDENAR a la Fiscalía General de la Nación que, cumpla lo estipulado en el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014 y dentro del término que señale el
despacho, proceda a efectuar mi nombramiento en período de prueba para el
empleo ASISTENTE DE FISCAL III identificado con OPECE I-202-M-01-(250),
sin supeditar dicha actuación a la realización de etapas no previstas en la
ley6.
1.2. Posición de la parte demandante
3. El accionante explicó que la Fiscalía General de la Nación expidió el
Acuerdo No. 001 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual convocó y estableció
las reglas del concurso de méritos para proveer algunas vacantes definitivas en
modalidades de ascenso e ingreso de la planta de personal de la entidad
perteneciente al Sistema Especial de Carrera.
4. Superadas las etapas del concurso de méritos, profirió la Resolución No.
0015 del 26 de febrero de 2026, por medio de la cual se conformó la lista de
elegibles para proveer 250 vacantes definitivas del empleo denominado
«Asistente de Fiscal lll», identificado con el código OPECE No. I-202-M-01-(250),
en modalidad de ingreso.
5. Afirmó que la mencionada lista ha sido objeto de modificaciones y
recomposiciones. No obstante, indicó que su posición se encuentra dentro del
número de vacantes ofertadas.
6. Indicó fue convocado por la entidad demandada para la celebración de la
audiencia pública de escogencia de plazas, la cual se celebró el 19 de junio de
2026, en la que escogió la «Seccional Huila». Sin embargo, mencionó que no ha
sido nombrado en periodo de prueba.
7. Por tal razón, expuso que el 1 de julio de 2026 presentó requerimiento ante
la entidad accionada, en el que solicitó el cumplimiento de lo previsto en la
mencionada disposición. No obstante, la entidad demandada, en comunicación
enviada el 22 de julio de 2026, la Subdirección de Talento Humando de la entidad
le indicó que no resultaba procedente su solicitud, con fundamento en que aún
se encontraban en desarrollo las etapas previas a la expedición de los actos de
nombramiento.
1.3. Posición de la parte demandada
8. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la
demanda, por considerar que el cumplimiento de la disposición invocada por el
demandante no es inobjetable, pues era «necesario interpretar el artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2015 como un cuerpo normativo que regula la carrera
6
Transcripción literal que puede contener errores.
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especial de la FGN, junto con los artículos 25, 35 y 30 ibidem y el artículo 46 del
Acuerdo 001 de 2025».
9. En ese sentido, señaló que previo a efectuar los nombramientos en
periodo de prueba, debían surtirse actuaciones previas, como lo eran la
realización de estudios de seguridad y la audiencia pública de escogencias de
plazas.
10. Por otro lado, afirmó que no existe incumplimiento en la provisión de
cargos ofertados en la OPECE Nro. I-202-M-01-(250), pues, por un lado,
posterior a la realización de la audiencia de escogencia de sede, se han
efectuado 26 nombramientos en periodo de prueba para esa OPECE; y, de otro
lado, los nombramientos se hacen en atención al orden de mérito y posición en
la lista definitiva de elegibles, por lo que resaltó que el actor ocupa actualmente
el puesto 181 de las 250 vacantes ofertadas. Para acreditar las etapas surtidas,
agregó el siguiente cuadro:
11. Por lo anterior, indicó que ha desarrollado las actuaciones administrativas
necesarias y legalmente contempladas en el Sistema Especial de Carrera, sin las
cuales no es posible culminar el proceso de selección.
1.4. Fallo de primera instancia
12. En sentencia del 27 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo del
Cauca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En ese sentido,
declaró el incumplimiento de la Fiscalía General de la Nación en acatar lo previsto
en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
13. Por lo anterior, dispuso lo siguiente:
SEGUNDO: ORDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que, en
el término de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la ejecutoria de esta
sentencia, y con estricta observancia del orden de mérito, realice los
nombramientos en periodo de prueba respecto de la lista de elegibles para
proveer la totalidad de las doscientas cincuenta (250) vacantes definitivas al
empleo denominado ASISTENTE DE FISCAL III, identificado con el código
OPECE Nro. I-202-M-01-(250).
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14. Lo anterior, con fundamento en que, si bien en el expediente no obra
prueba de la fecha de la remisión de la lista de elegibles por parte de la Comisión
de Carrera Especial a la Fiscalía General de la Nación, ello no impide tener por
acreditado que se efectuó dicha actuación, máxime cuando la entidad accionada
no negó que se haya efectuado dicho trámite.
15. A su vez, indicó que, de conformidad con el cuadro de actuaciones remitido
por la entidad, el 22 de mayo de 2026 fueron entregados los resultados del
estudio de seguridad y el 19 de junio del año en curso se celebró la audiencia de
escogencia de plazas.
16. En ese orden, afirmó que ni el estudio de seguridad ni la audiencia de
escogencia de plazas suspenden el deber contenido en el artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014. Por tal razón, indicó que, aun cuando dichas actuaciones fueron
surtidas, no resultaba admisible que la administración no haya expedido los actos
administrativos de nombramiento en periodo de prueba.
17. Finalmente, precisó que no es posible ordenarle a la Fiscalía General de
la Nación realizar el nombramiento únicamente del accionante, pues de
conformidad con las normas que regulan el concurso, dichos actos deben
proferirse en estricto orden de mérito.
1.5. Impugnación
18. La entidad demanda indicó que, del tenor literal del artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014 no se desprende que el término de 20 días hábiles comience
desde la firmeza de la lista de elegibles, sino desde el recibo de la misma por la
entidad nominadora. Por tal razón, consideró que era indispensable que se
acreditara la fecha de su recepción.
19. En ese sentido, sostuvo que «la decisión impugnada reconoce que el
hecho generador del término no fue probado y acto seguido da por acreditado el
vencimiento del plazo legal, sustituyendo la prueba por una inferencia».
20. Por otro lado, señaló que no resulta «jurídicamente válido» extraer una
norma del sistema de carrera y aplicarla en desconocimiento de las demás
disposiciones que regulan el procedimiento, así como no tomar en consideración
la complejidad de la provisión de los 4.000 cargos ofertados dentro de las
diferentes OPECE.
II. CONSIDERACIONES
21. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró el
incumplimiento de la Fiscalía General de la Nación en acatar lo previsto en el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
22. Para ello, se analizarán los siguientes aspectos: i) la constitución en
renuencia, ii) los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento y, iii) la
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existencia de un mandato imperativo, expreso y exigible en cabeza de la entidad
demandada.
2.1. Caso concreto
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del accionado
23. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento7.
24. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
25. En este caso está probado que la demandante constituyó en renuencia a
la Fiscalía General de la Nación. En efecto, el 1 de julio de 2026 le solicitó que
diera cumplimiento al artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014 y, en
consecuencia, que realizara los nombramientos en periodo de prueba respecto
de la OPECE en la que participó.
26. A su vez, se evidenció que, el 22 de julio del año en curso, la Subdirección
de Talento Humando de la entidad le indicó que no resultaba procedente su
solicitud, con fundamento en aún se encontraban en desarrollo las etapas previas
a la expedición de los actos de nombramiento.
27. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia
28. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
Corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
7
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
29. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad genera la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
30. La Sala encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción,
por cuanto, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley y se encuentra
actualmente vigente, en tanto no ha sido derogada, modificada o sustituida en el
ordenamiento jurídico. Igualmente, el mandato invocado está radicado en cabeza
de una autoridad pública, esto es, la Fiscalía General de la Nación.
31. Asimismo, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que
las pretensiones de la parte accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
la referida disposición legal.
32. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido por la parte accionante es que la entidad
demandada realice los nombramientos en período de prueba, de conformidad
con la lista de elegibles, respecto de la OPECE No. I-202-M-01-(250), en el
concurso de méritos realizado por la Fiscalía General de la Nación.
9
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
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33. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
es procedente.
2.1.3. La Fiscalía General de la Nación incumplió con el mandato contenido
en el artículo 40 del del Decreto Ley 020 de 2014
34. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
DECRETO 020 DE 2014
Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera
especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas
ARTÍCULO 40. Nombramiento en período de prueba. En firme la lista de
elegibles, la Comisión de la Carrera Especial respectiva la enviará al nominador
para que, en estricto orden de mérito, proceda a efectuar el nombramiento del
aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso, en el cual el
servidor deberá demostrar su capacidad de adaptación al cargo, su eficiencia,
competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones. El
periodo de prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo, en
los términos adoptados por la Fiscalía General de la Nación y por las entidades
adscritas.
El nombramiento en período de prueba debe producirse dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.
35. A juicio del señor Robert Andrés Fernández Muñoz, la Fiscalía General de
la Nació incumplió el mandato contenido en la norma citada, debido a que no ha
expedido los actos de nombramiento en periodo de prueba respecto de las plazas
ofertadas para el cargo de Asistente de Fiscal lll, OPECE No. I-202-M-01-(250).
36. Por su parte, la entidad demandada señaló que el mandato no es
inobjetable, ya que previo a efectuar los nombramientos en periodo de prueba,
debían surtirse otras actuaciones previas, como lo son la realización de estudios
de seguridad y la audiencia pública de escogencias de plazas.
37. Antes de determinar si se configuró el incumplimiento del artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014, la Sala considera pertinente recordar que la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-386 de 202410, señaló que, al examinar un
deber presuntamente desatendido, el juez de la acción de cumplimiento debe
realizar una labor de interpretación normativa encaminada a delimitar su
contenido y alcance, pues la existencia de un mandato claro e indiscutible puede
derivarse de la interpretación sistemática y armónica de diversas disposiciones.
38. En ese contexto, se precisa que el juez constitucional de cumplimiento no
solo debe verificar la existencia de un mandato claro, expreso y exigible contenido
en la disposición invocada por la parte actora, sino también examinar
integralmente el marco normativo aplicable, con el fin de identificar el alcance del
deber cuyo cumplimiento se reclama y las condiciones bajo las cuales este
resulta exigible.
10
Decisión a partir de la cual, esta Sección corrigió su postura al interior de la acción de
cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2022-00243-01.
7
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39. Además, la Corte Constitucional precisó que una vez se determine la
existencia del deber, no es necesario que se desprenda de las normas
sistemáticamente analizadas «el establecimiento de un término de ejecución» a
la hora de determinar la existencia del mandato inobjetable, para que se ordene
su acatamiento, pues basta con que se pruebe su incumplimiento.
40. En ese sentido, la Sala estima pertinente precisar que la mencionada
disposición, si bien establece un deber en cabeza de la entidad nominadora de
efectuar el nombramiento en periodo de prueba una vez reciba la lista de
elegibles por la Comisión de la Carrera Especial, aquella debe entenderse de
forma sistemática con las demás normas contenidas en el decreto y, en particular,
el Acuerdo No.001 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual se convocó y se
establecieron las reglas del concurso de méritos para proveer las vacantes
definitivas en la mencionada entidad.
41. Para tal efecto, se ilustrará, en términos generales, las etapas concurso
que prevé el Decreto Ley 020 de 2014 y el Acuerdo No.001 del 2025 luego de la
conformación, firmeza11, y remisión12 de la lista de elegibles a la entidad
nominadora, de la siguiente manera:
Decreto Ley 020 de 2014 Acuerdo No.001 del 3 de marzo de
2025
Lista de elegibles (Artículo 35). Las Lista de elegibles (Artículos 39 y
listas de elegibles serán conformadas con siguientes). Las listas se conformarán en
base en los resultados del concurso. estricto orden de mérito, con base en los
resultados obtenidos por los candidatos.
La provisión de los empleos se efectuará
en estricto orden descendente, una vez se Las listas se publicarán en la página web
encuentre en firme la lista de elegibles y de la Fiscalía General de la Nación. Una
después de adelantarse el estudio de vez estas se encuentren en firme, se
seguridad. remitirán al nominador para
inmediatamente realice los trámites
correspondientes al estudio de seguridad
y al nombramiento en periodo de prueba.
Exclusión de la lista de elegibles. Exclusión de la lista de elegibles.
(Artículo 38) Dentro de los 5 días (Artículo 44) Dentro de los 5 días
siguientes a la publicación de la lista de siguientes a la publicación de la lista de
elegibles, la entidad convocante o los elegibles, la Fiscalía General de la Nación
aspirantes podrán solicitar a la respectiva y los aspirantes podrán solicitar a la UT
11
Artículo 41 del Acuerdo No. 001 de 2025. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De
conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 38 del Decreto Ley 020 de 2014, las listas de
elegibles adquieren firmeza luego de su expedición y publicación, y tendrán una vigencia de dos
(2) años contados a partir de la respectiva publicación. La Fiscalía General de la Nación o los
aspirantes podrán solicitar a la respectiva Comisión de la Carrera Especial, excluir de la lista de
elegibles en firme a cualquiera de sus integrantes, cuando haya comprobado alguna de las
causales contenidas en la norma en cita, caso en el cual se deberá adelantar el trámite previsto
en el artículo 43 del presente Acuerdo, circunstancia que no alterará la firmeza de la lista
publicada.
12
Artículo 43 del Acuerdo No. 001 de 2025. REMISIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES AL
NOMINADOR. Una vez se cuente con las listas de elegibles en firme, la Comisión de la Carrera
Especial las remitirá al Nominador o a quien corresponda según el acto de delegación interno,
para dar inicio a los trámites correspondientes a Estudio de Seguridad y Nombramiento en
Período de Prueba.
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Comisión de la Carrera Especial excluir Convocatoria FGN 2024, la exclusión de
de la lista en firme a cualquiera de sus cualquiera de sus integrantes.
integrantes.
La UT deberá iniciar la actuación
La mencionada comisión deberá iniciar la administrativa y comunicar por escrito al
actuación administrativa y comunicar por interesado para que intervenga dentro de
escrito al interesado para que intervenga los 5 días siguientes.
dentro de los 5 días siguientes.
Luego, dentro de los 10 días hábiles
Luego, dentro de los 10 días hábiles siguientes, se adoptará la decisión de
siguientes, se adoptará la decisión de exclusión.
exclusión.
Estudio de seguridad. (Artículo 39). Por Estudio de seguridad. (Artículo 45) De
razones de seguridad interna de la conformidad con lo establecido en el
entidad, al aspirante, antes de la artículo 39 del Decreto Ley 020 de 2014,
expedición de la resolución de antes de la expedición de la resolución de
nombramiento en periodo de prueba, se nombramiento en periodo de prueba, se
le realizará un estudio de seguridad de realizará el estudio de seguridad de
carácter reservado. Del resultado del carácter reservado. Del resultado del
estudio se determinará la conveniencia o estudio se determinará la conveniencia o
no del ingreso de la persona a la entidad. no del ingreso de la persona a la Fiscalía
General de la Nación. El resultado
negativo genera la exclusión inmediata
del aspirante de la lista de elegibles.
N.A Audiencia pública de escogencia.
(Artículo 46) Una vez realizado el estudio
de seguridad a los elegibles con opción de
nombramiento en relación con el número
de vacantes ofertadas, la Subdirección de
Talento Humano, previo al nombramiento
en período de prueba, los citará a la
audiencia pública de escogencia, para
que, en estricto orden descendente, cada
elegible seleccione la ubicación
geográfica de la vacante de su
preferencia.
Nombramiento en periodo de prueba. Nombramiento en periodo de prueba.
(Artículo 40). En firme la lista de (Artículo 48) Concluida las audiencias de
elegibles, la Comisión de la Carrera escogencia del empleo, la Subdirección
Especial respectiva la enviará al de Talento Humano, en virtud de la
nominador para que, en estricto orden de delegación de la facultad nominadora,
mérito, proceda a efectuar el procederá en estricto orden de mérito, a
nombramiento del aspirante en período efectuar el nombramiento del aspirante en
de prueba en el empleo objeto del período de prueba en el empleo objeto del
concurso. concurso.
El nombramiento en período de prueba
debe producirse dentro de los 20 días
hábiles siguientes al recibo de la lista de
elegibles.
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42. En ese orden, se evidencia que los artículos 38 del Decreto Ley 020 de
2014 y 44 del Acuerdo No. 001 de 2025 dispusieron que la Fiscalía General de
la Nación o los candidatos pueden solicitar la exclusión de cualquier aspirante.
Dicho trámite, de conformidad con los términos previstos en las citadas normas,
tarda aproximadamente 20 días hábiles.
43. A su vez, el artículo 39 del decreto y, en particular, el 45 del acuerdo,
determinaron que una vez en firme las listas de elegibles o ejecutoriada la
actuación administrativa que resuelve la solicitud de exclusión, según
corresponda, la Fiscalía General de la Nación procederá «de manera inmediata»
a realizar el estudio de seguridad a los elegibles que tienen la posibilidad de ser
nombrados según la posición que ocupan en la lista de elegibles, en relación con
el número de vacantes ofertadas.
44. Por su parte, la convocatoria estableció en el artículo 46 que, una vez
realizado el estudio de seguridad, la Subdirección de Talento Humano, previo al
nombramiento en periodo de prueba, citará a los aspirantes a una audiencia
pública de escogencia de plazas, para que cada elegible seleccione la ubicación
geográfica de su preferencia, en estricto orden de mérito13.
45. Por tales razones, la Sala considera necesario precisar que la expedición
de los actos de nombramiento no puede efectuarse en desconocimiento de dicha
actuación, pues es una etapa que debe surtirse, la cual está prevista no solo en
el decreto que regula el régimen especial de carrera, sino también en el acuerdo
que contiene las reglas del concurso.
46. Por consiguiente, esta Sección advierte que no resultaba razonable
exigirle a la entidad demandada que las anteriores etapas se surtieran en un
término de 20 días hábiles a la publicación de la lista. Esto, en la medida en que,
como se expuso previamente, solamente el trámite previsto para la etapa de
exclusión contempla un término de hasta 20 días hábiles para que se adopte una
decisión (en caso de que se surta), sin contar el tiempo requerido para adelantar
el estudio de seguridad y, posteriormente, realizar la audiencia pública de
escogencia de plazas.
47. Por lo anterior, se considera que la exigibilidad del artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014, en este caso, debe exigirse con la realización del estudio de
seguridad y la audiencia pública de escogencia de plazas. Esto, en la medida en
que, al ser etapas previas y que su ejecución supera el término previsto en la
norma invocada por la demandante, no resulta jurídicamente posible exigir la
expedición de un acto de nombramiento antes de que se hubieran culminado los
presupuestos establecidos por el propio régimen de carrera y por la convocatoria,
ni exigir que aquellos se agoten en un término que, evidentemente, resulta
insuficiente.
48. No obstante, esa interpretación no significa que la entidad pudiera
prolongar indefinidamente el procedimiento, ni que las actuaciones
13
Dicha actuación se encuentra regulada en la Resolución No. 09008 de 2025, expedida por la
Fiscalía General de la Nación.
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administrativas previas pudieran desplazar el término previsto en la norma
invocada en la demanda. En efecto, una vez culminado el estudio de seguridad
y la audiencia pública de escogencia de plazas, la Fiscalía General de la Nación
debe efectuar los nombramientos en periodo de prueba dentro del término de 20
días previsto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. De lo contrario, las
etapas previas se convertirían, en la práctica, en un mecanismo para dilatar el
cumplimiento de la obligación legal de efectuar los nombramientos.
49. Sobre este punto, se estima necesario precisar que el Decreto Ley 020 de
2014 y el Acuerdo No. 001 de 2025 no previeron un término específico para la
realización del estudio de seguridad; sin embargo, ello no desvirtúa la existencia
del deber ni obsta para estudiar el posible incumplimiento de la demandada.
50. Al respecto, la Sala destaca que el mismo Acuerdo dispuso que «una vez
en firme las listas de elegibles o ejecutoriada la actuación administrativa que
resuelve la solicitud de exclusión, según corresponda, la Fiscalía General de la
Nación procederá de manera inmediata a realizar el estudio de seguridad a los
elegibles que tienen la posibilidad de ser nombrados según la posición que
ocupan en la lista de elegibles, en relación con el número de vacantes ofertadas».
51. Pues bien, el adverbio inmediatamente indica que la entidad no puede
dilatar el procedimiento para la realización del estudio de seguridad de forma
indefinida, pues, como se evidencia, la norma no lo habilita a permanecer en una
etapa de inactividad. Por el contrario, la conmina a adelantar dicho trámite tan
pronto como se encuentre en firme la lista de elegibles o la resolución que
resuelve la solicitud de exclusión.
52. Por tal razón, esta Sección advierte que, si bien no le corresponde al juez
de cumplimiento llenar posibles vacíos normativos a efectos de establecer el
plazo con el que cuenta la entidad para cumplir con su deber, en este caso, puede
realizar una interpretación sistemática de la norma y, a partir ello, determinar la
existencia o no del incumplimiento alegado por el demandante y ordenar su
acatamiento.
53. En ese orden, la Sala considera que el término para realizar el estudio de
seguridad dependerá, en cada caso, del número de vacantes ofertadas, respecto
de cada una de las OPECE. Sin embargo, en ningún evento, el plazo puede ser
superior a 4 meses, término que resulta suficiente y razonable para que la
Fiscalía General de la Nación efectúe tanto el estudio de seguridad, como la
audiencia pública de escogencia de plazas.
54. Dicho término máximo no corresponde a una decisión caprichosa o
arbitraria del juez de cumplimiento, sino que surge, de una parte, del estudio del
tiempo en que la entidad ha realizado el estudio de seguridad respecto de
distintas OPECE14; y, de otra, de la necesidad de que esta etapa no riña con la
14
De conformidad con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación al interior del
proceso de la referencia y en el expediente con radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01, la
entidad tardó aproximadamente 4 meses entre la firmeza de la lista de elegibles y la realización
de la audiencia pública de escogencia de plazas. En efecto, en este caso, la lista adquirió firmeza
el 2 de marzo de 2026 y el 19 de junio del año en curso se realizó el estudio de seguridad.
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vigencia de la lista de elegibles y, por ende, con la posibilidad real de que se haga
efectivo el mandato.
55. Establecido el contenido del mandato, corresponde a la Sala verificar el
incumplimiento de la entidad. Frente a ello, la revisión de las pruebas e informes
allegados al proceso permite advertir lo siguiente:
56. Según el informe rendido por la accionada, el 19 de junio de 2026 la
Fiscalía General de la Nación realizó la audiencia de escogencia de plazas para
proveer las vacantes del empleo denominado «Asistente de Fiscal lll»,
identificado con el código OPECE No. I-202-M-01-(250), en modalidad de
ingreso.
57. Por lo tanto, a partir de la culminación de dicha actuación comenzó a
transcurrir el término dentro del cual la entidad debía materializar los
nombramientos. En consecuencia, el término para efectuar los nombramientos
en periodo de prueba inició desde el 22 de junio de 2026 y finalizó el 22 de julio
del año en curso, sin que, a la fecha la entidad demandada haya acreditado que
realizó la totalidad de los nombramientos en periodo de prueba de la mencionada
OPECE.
58. Por último, la Sala comparte la posición del a quo relacionada a que no
resultaba procedente ordenar el nombramiento exclusivo del accionante, no solo
porque los nombramientos debían efectuarse en estricto orden de mérito, sino
también porque la acción de cumplimiento no estaba prevista para el
reconocimiento de derechos subjetivos de carácter individual15. En
consecuencia, resultaba procedente que el tribunal ordenara el nombramiento de
todos los aspirantes que forman parte de la lista de elegibles.
59. En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia del 27 de agosto de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las pretensiones
de la demanda y le ordenó a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de los
veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, efectúe, en
estricto orden de mérito, los nombramientos en período de prueba de los
integrantes de la lista de elegibles para proveer el empleo denominado «Asistente
de Fiscal III», identificado con el código OPECE Nro. I-202-M-01-(250).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de agosto de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo del Cauca, en los términos aquí expuestos.
15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 22 de noviembre de 2022. Rad. 25000-23-
41- 000-2012-00109-01(AC). En el mismo sentido, ver Consejo de Estado, Sección Quinta.
Sentencia del 27 de marzo de 2025. Rad. 08001-23-33-000-2025-00057-01.
12
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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