Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
Accionante: MARÍA CRISTINA NAVARRO VALENZUELA
Accionado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tema: Nombramiento en periodo de prueba de los aspirantes
que conforman la lista de elegibles. Confirma.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 3 de agosto de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251,
1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434
de 2024).
La demanda fue admitida en providencia del 9 de julio de 20265 y el recurso de
apelación fue concedido mediante auto del 12 de agosto del mismo año. A su
vez, mediante auto de fecha del 24 de septiembre de 2026, se declaró infundado
el impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez.
Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en
la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora María Cristina
Navarro Valenzuela presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014.
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el
artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código [..]
5 En aquella decisión, el tribunal de primera instancia ordenó notificar como autoridad accionada a la Fiscalía
General de la Nación y ordenó la comunicación del proceso al Ministerio Público.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
2. En consecuencia, solicitó lo siguiente:
ORDENAR a la fiscalía general de la Nación que, de manera inmediata y dentro
del término que señale el despacho, proceda a efectuar en estricto orden de
mérito el nombramiento en período de prueba, sin supeditar dicha actuación a la
realización de etapas no previstas en la ley.6
1.2. Posición de la parte demandante
3. La accionante explicó que la Fiscalía General de la Nación expidió el
Acuerdo No. 001 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual convocó y estableció
las reglas del concurso de méritos para proveer algunas vacantes definitivas en
modalidades de ascenso e ingreso de la planta de personal de la entidad
perteneciente al Sistema Especial de Carrera.
4. Superadas las etapas del concurso de méritos, profirió la Resolución No.
026 del 26 de marzo de 2026, por medio de la cual se conformó la lista de
elegibles para proveer 597 vacantes definitivas del empleo denominado «Fiscal
Delegado ante Jueces del Circuito», identificado con el código OPECE No. I-103-
M-01-(597), en modalidad de ingreso.
5. Afirmó que, de conformidad con los artículos 38 del Decreto Ley 020 de
2014 y 44 del Acuerdo 001 del 3 de marzo de 2025, la ejecutoria de la lista de
elegibles se surtió de la siguiente manera: (i) si se solicitó la exclusión de
integrantes, cobró ejecutoria el 29 de abril de 2026; y (ii) si no se solicitó
exclusión, la lista quedó en firme el 8 de abril de 2026.
6. En ese sentido, consideró que la Fiscalía incumplió con su deber de
efectuar el nombramiento en periodo de prueba de los aspirantes que conforman
la lista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de
2014.
7. Por lo anterior, mencionó que, el 1 de julio de 2026, presentó requerimiento
ante la entidad accionada, en el que solicitó el cumplimiento de lo previsto en la
mencionada disposición. No obstante, la entidad demandada, a través del
radicado No. 2026301000709692 del 8 de julio del año en curso, le indicó que no
podía acceder a su solicitud.
8. Lo anterior, con fundamento en que, según lo establecido en el Decreto
Ley 020 de 2014 y en las normas que regulan la convocatoria, el nombramiento
en periodo de prueba constituye una actuación administrativa que debe realizarse
una vez se hayan agotado las etapas previas del proceso de selección.
9. En ese orden, le informó que, respecto a la lista elegibles adoptada
mediante Resolución No. 026 del 26 de marzo de 2026 de la cual forma parte, la
entidad se encuentra adelantando el estudio de seguridad previsto en el régimen
especial y que constituye una exigencia para su ingreso.
10. Además, le explicó que, debido a que aún no ha culminado dicha etapa,
no ha sido posible programar la audiencia pública de escogencia de plaza, trámite
6 Transcripción literal que puede contener errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
que también está previsto como requisito para la provisión de los empleos
ofertados. Sin embargo, le indicó que una vez finalicen las etapas pendientes,
continuará con el proceso de provisión de cargos.
1.3. Intervenciones de los coadyuvantes
11. La señora Martha Janeth Perdomo Ortiz indicó que coadyuva las
pretensiones de la demanda, en la medida en que también hace parte de la lista
de elegibles contenida en la Resolución No. 026 del 26 de marzo de 2026.
12. Por tal razón, sostuvo que el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014
contiene un mandato claro, expreso e imperativo que le resulta exigible a la
entidad demandada, el cual consiste en realizar el nombramiento en periodo de
prueba de los aspirantes, dentro de los 20 días hábiles siguientes al recibo de la
lista de elegibles.
13. No obstante, consideró que Fiscalía ha sido renuente en acatar dicha
disposición, con fundamento en actuaciones administrativas que no pueden
modificar o suspender el término previsto en una norma con fuerza de ley.
Además, consideró que tampoco puede ser desconocido el orden de mérito ni
aplazar indefinidamente los nombramientos mediante actuaciones
administrativas internas «que no tengan respaldo legal».
14. A su vez, el señor César Hernando Meza Mercado manifestó que
también respalda las pretensiones de la demanda, por ocupar la posición 298 de
la mencionada lista de elegibles. Por tal motivo, indicó que la omisión de la
entidad demanda en efectuar los respectivos nombramientos no solo desconoce
la ley, sino que transgrede normas superiores como el principio del mérito
contemplado en el artículo 125 de la Constitución Política, así como los derechos
de acceso a cargos públicos, al debido proceso y «a la confianza legítima».
15. En el mismo sentido, el señor Jairo Hernando Ibáñez Plata señaló que
tiene un interés legítimo en el proceso, debido a que se encuentra en puesto 333
de la lista de elegibles, por lo que coadyuva las pretensiones de la demanda. Ello,
porque, a su juicio, las etapas como la audiencia pública de escogencia de plazas
o los estudios de seguridad son responsabilidades que la entidad nominadora
debe agotar dentro de los 20 días hábiles que contempla la norma cuyo
acatamiento se solicitó.
16. Además, consideró que la inactividad de la entidad genera una
«incertidumbre jurídica» que no solo afecta a los aspirantes, sino que perjudica
la prestación eficiente del servicio público, ya que las vacantes continúan sin
proveerse, pese a que existe un personal idóneo escogido mediante el mérito.
17. Igualmente, el señor Giovanny Valencia Barrios sostuvo que, al ocupar
la posición 337 en la lista de elegibles, el incumplimiento del artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014 afecta directamente su situación jurídica, razón por la
cual coadyuva las pretensiones de la demanda.
18. A su vez, enfatizó que la administración no puede suspender el
cumplimiento de una norma con fuerza de ley mediante actos de inferior
jerarquía, debido a que los trámites de estudios de seguridad y escogencia de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
sede no forman parte del mencionado decreto. En ese orden, indicó que dichos
procedimientos internos se deben agotar con celeridad dentro del plazo legal, sin
que pueda afectar los derechos adquiridos de los elegidos.
19. Por último, el señor Luis Mario Ospina Rincón fundamentó su
intervención en su calidad de integrante de la lista de elegibles, en la que ocupa
el puesto 286, motivo por el cual afirmó que asiste las pretensiones de la
demanda. En ese sentido, consideró que la disposición invocada por la
demandante «no es una simple pauta orientadora, sino un deber legal inobjetable
porque establece de forma categórica que el nombramiento debe producirse
dentro de los 20 días siguientes al recibo de la lista de elegibles».
1.4. Posición de la parte demandada
20. La Fiscalía General de la Nación puso de presente que, de conformidad
con el artículo 21 del Acuerdo 001 de 2025, la lista de elegibles adquiere firmeza
luego de su expedición y publicación. A su vez, en los artículos 45 y 46, se
dispuso que antes de proferir la resolución de nombramiento, se realizará un
estudio de seguridad de carácter reservado, así como la audiencia pública de
escogencia de plazas.
21. En ese sentido, precisó que dichos trámites administrativos, lejos de ser
actuaciones accesorias, constituyen una etapa obligatoria y determinante para la
provisión de los empleos. Esto, por cuando en dicha diligencia se materializa el
derecho de los elegibles a escoger, en estricto orden de mérito, la ubicación
geográfica de la vacante sobre la cual eventualmente recaerá el nombramiento
en periodo de prueba.
22. Asimismo, puso de presente que, aun con la realización de la audiencia
pública, no se produce automáticamente la expedición inmediata de los actos de
nombramiento, toda vez que también deben realizar otros procedimientos como:
la consolidación y validación de la información resultante de la audiencia pública
de escogencia, la verificación de la información de los elegibles con opción de
nombramiento, la revisión y validación de antecedentes en las bases de datos
institucionales y externas pertinentes, la verificación final de los resultados
derivados de los estudios de seguridad realizados dentro del concurso y la
elaboración, revisión jurídica y validación administrativa de los actos de
nombramiento correspondientes.
23. Por último, señaló que la demandante le atribuyó a la entidad una presunta
demora en la expedición de los nombramientos en periodo de prueba, «sin
considerar que una de las principales circunstancias que incidió en la
modificación del cronograma fue, precisamente, la suspensión de la audiencia
pública decretada en el marco de la acción de tutela promovida por la misma
quejosa».
1.5. Fallo de primera instancia
24. En sentencia del 3 de agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de
Santander accedió a las pretensiones de la demanda. En ese sentido, declaró el
incumplimiento de la Fiscalía General de la Nación en acatar lo previsto en el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
25. Por lo anterior, dispuso lo siguiente:
SEGUNDO: Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia, efectúe, en
estricto orden de mérito, los nombramientos en período de prueba de los
integrantes de la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 0026 del 26 de
marzo de 2026 y sus recomposiciones, en los términos del artículo 40 del Decreto
020 de 2014. Las actuaciones previas que el propio ordenamiento y las reglas
del concurso imponen a la entidad deberán surtirse dentro de ese mismo término,
sin que su realización pueda diferir el cumplimiento de la orden.
26. Esa orden tuvo por fundamento que la Resolución No. 026 del 26 de marzo
de 2026 se publicó el 30 de marzo de 2026 en la página web de la Fiscalía
General de la Nación, la cual fue modificada el 28 de mayo del año en curso. Por
tal razón, consideró que el término de 20 días establecido en el artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014 para efectuar el nombramiento, se encontraba vencido.
27. Precisó que el cumplimiento de la mencionada norma no puede estar
sometida a la discrecionalidad de la entidad, pues acepar lo contrario implicaría
desconocer su contenido.
28. Finalmente, indicó que si bien no desconoce el estudio de seguridad y la
audiencia pública que debe realizar la entidad accionada de manera previa a la
expedición de los nombramientos en periodo de prueba, lo cierto es que dichas
actuaciones no tienen la «capacidad suficiente para alterar el cómputo del
término legal que se encuentra debidamente determinado».
1.6. Impugnación
29. La parte accionada insistió en que, de conformidad con los artículos 39 y
48 del Acuerdo 001 de 2025, los nombramientos en periodo de prueba deben
realizarse una vez concluidos los estudios de seguridad y las audiencias de
escogencia de empleos.
30. Por otro lado, aportó dos cuadros con cuales pretende acreditar su
diligencia y cumplimiento de lo dispuesto en las fases de la convocatoria, en los
que señaló las fechas en las que se han finalizado cada una de las diferentes
etapas, respecto de diferentes cargos.
31. Con base en lo anterior, indicó que no existe mora ni desidia de la entidad
en realizar los nombramientos en periodo de prueba. Sin embargo, se encuentra
en una imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el a quo en «tan corto
tiempo», pues la convocatoria ofertó 4.000 cargos, por lo que se encuentra
cumpliendo, dentro de los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, la
finalización de las distintas etapas para efectuar los nombramientos.
32. Por último, señaló que, en caso de acreditarse la procedencia de la acción,
se establezca un plazo razonable y viable para completar los nombramientos,
teniendo en cuenta las etapas descritas y el número de vacantes pendientes.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
1.7. Trámite en segunda instancia
33. Mediante auto del 24 de agosto de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado requirió a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que precisara,
respecto de las 597 vacantes para el cargo de «Fiscal Delegado ante Jueces del
Circuito», identificado con el código OPECE No. I-103-M-01-(597), en modalidad
de ingreso, lo siguiente:
i) El estado actual proceso de provisión de las vacantes.
ii) Si culminó totalmente la fase de estudios de seguridad.
iii) Si se realizaron las audiencias públicas de escogencia previstas en el
artículo 46 del Acuerdo 001 de 2025.
iv) Si en la actualidad se han expedido actos administrativos de
nombramiento y, de ser así, aportarlos al expediente e indicar si fueron
comunicados.
34. En virtud de ello, la entidad demandada informó que la provisión de
vacantes de la OPECE No. I-103-M-01-(597) actualmente se encuentra en la
etapa de «proyección» de los actos de nombramiento en periodo de prueba. A
su vez, indicó que la fase de estudios de seguridad culminó con éxito y realizó la
audiencia pública de escogencia de vacantes el 20 y 21 de agosto de 2026, en
estricto orden de mérito. A su vez, enfatizó en que a dicha audiencia solo fueron
citados los elegibles que ocupaban posición meritoria dentro del número de
vacantes ofertadas.
35. En ese orden, indicó que la accionante, quien se encuentra en la posición
No. 445 en la lista de elegibles, participó en la audiencia celebrada en la segunda
fecha y escogió como ubicación la Dirección Seccional Medellín.
36. Empero, resaltó que, luego de la realización de las audiencias, la entidad
genera un acta en el que quedan consignadas las escogencias por ubicación
geográfica y nuevamente se debe realizar la verificación de cumplimiento de los
requisitos mínimos del empleo, así como la revisión administrativa del cargo, con
el fin de que el equipo de nombramientos comience a elaborar los respectivos
actos administrativos.
II. CONSIDERACIONES
37. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró el
incumplimiento de la Fiscalía General de la Nación en acatar lo previsto en el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. Para ello, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la constitución en renuencia, ii) los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento y, iii) la existencia de un mandato imperativo, expreso y
exigible en cabeza de la entidad demandada.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del accionado
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
38. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, el actor debe constituir en renuencia a la autoridad o
al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento7.
39. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
40. En este caso está probado que la demandante constituyó en renuencia a
la Fiscalía General de la Nación. En efecto, el 1 de julio de 2026 le solicitó que
diera cumplimiento al artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014 y, en
consecuencia, que realizara los nombramientos en periodo de prueba respecto
de la OPECE en la que participó.
41. A su vez, se evidenció que la entidad demandada, mediante el radicado
No. 2026301000709692 del 8 de julio del 2926, le indicó que no podía acceder a
su solicitud, debido a que se encontraba adelantando el estudio de seguridad
previsto en el régimen especial, el cual constituye una exigencia previa a su
nombramiento.
42. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia
43. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
7 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con el propósito
de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya
reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su
incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre
de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
44. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad genera la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
45. La Sala encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción,
por cuanto, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley y se encuentra
actualmente vigente, en tanto no ha sido derogada, modificada o sustituida en el
ordenamiento jurídico. Asimismo, el mandato está radicado en cabeza de una
autoridad pública, esto es, la Fiscalía General de la Nación.
46. Igualmente, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que
las pretensiones de la parte accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
la referida disposición legal.
47. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido por la parte accionante es que la entidad
demandada realice los nombramientos en período de prueba, de conformidad
con la lista de elegibles, respecto de la OPECE No. I-103-M-01-(597), en el
concurso de méritos realizado por la Fiscalía General de la Nación.
48. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
es procedente.
2.1.3. La Fiscalía General de la Nación incumplió con el mandato contenido
en el artículo 40 del del Decreto Ley 020 de 2014
49. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
DECRETO 020 DE 2014
Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera
especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas
ARTÍCULO 40. Nombramiento en período de prueba. En firme la lista de
elegibles, la Comisión de la Carrera Especial respectiva la enviará al nominador
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
para que, en estricto orden de mérito, proceda a efectuar el nombramiento del
aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso, en el cual el
servidor deberá demostrar su capacidad de adaptación al cargo, su eficiencia,
competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones. El
periodo de prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo, en
los términos adoptados por la Fiscalía General de la Nación y por las entidades
adscritas.
El nombramiento en período de prueba debe producirse dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.
50. A juicio de la señora María Cristina Navarro Valenzuela, la Fiscalía
General de la Nació incumplió el mandato contenido en la norma citada, debido
a que no ha expedido los actos de nombramiento en periodo de prueba respecto
de las plazas ofertadas para el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito,
OPECE No. I-103-M-01-(597).
51. Por su parte, la entidad demandada señaló que el mandato no es
inobjetable, ya que previo a efectuar los nombramientos en periodo de prueba,
debían surtirse otras actuaciones previas, como lo son la realización de estudios
de seguridad y la audiencia pública de escogencias de plazas.
52. Antes de determinar si se configuró el incumplimiento del artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014, la Sala considera pertinente recordar que la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-386 de 202410, señaló que, al examinar un
deber presuntamente desatendido, el juez de la acción de cumplimiento debe
realizar una labor de interpretación normativa encaminada a delimitar su
contenido y alcance, pues la existencia de un mandato claro e indiscutible puede
derivarse de la interpretación sistemática y armónica de diversas disposiciones.
53. En ese contexto, se precisa que el juez constitucional de cumplimiento no
solo debe verificar la existencia de un mandato claro, expreso y exigible contenido
en la disposición invocada por la parte actora, sino también examinar
integralmente el marco normativo aplicable, con el fin de identificar el alcance del
deber cuyo cumplimiento se reclama y las condiciones bajo las cuales este
resulta exigible.
54. Además, la Corte Constitucional precisó que una vez se determine la
existencia del deber, no es necesario que se desprenda de las normas
sistemáticamente analizadas «el establecimiento de un término de ejecución» a
la hora de determinar la existencia del mandato inobjetable, para que se ordene
su acatamiento, pues basta con que se pruebe su incumplimiento.
55. En ese sentido, la Sala estima pertinente precisar que la mencionada
disposición, si bien establece un deber en cabeza de la entidad nominadora de
efectuar el nombramiento en periodo de prueba una vez reciba la lista de
elegibles por la Comisión de la Carrera Especial, aquella debe entenderse de
forma sistemática con las demás normas contenidas en el decreto y, en particular,
el Acuerdo No.001 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual se convocó y se
10
Decisión a partir de la cual, esta Sección corrigió su postura al interior de la acción de
cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2022-00243-01.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
establecieron las reglas del concurso de méritos para proveer las vacantes
definitivas en la mencionada entidad.
56. Para tal efecto, se ilustrará, en términos generales, las etapas concurso
que prevé el Decreto Ley 020 de 2014 y el Acuerdo No.001 del 2025 luego de la
conformación, firmeza11, y remisión12 de la lista de elegibles a la entidad
nominadora, de la siguiente manera:
Decreto Ley 020 de 2014 Acuerdo No.001 del 3 de marzo de
2025
Lista de elegibles (Artículo 35). Las Lista de elegibles (Artículos 39 y
listas de elegibles serán conformadas con siguientes). Las listas se conformarán en
base en los resultados del concurso. estricto orden de mérito, con base en los
resultados obtenidos por los candidatos.
La provisión de los empleos se efectuará
en estricto orden descendente, una vez se Las listas se publicarán en la página web
encuentre en firme la lista de elegibles y de la Fiscalía General de la Nación. Una
después de adelantarse el estudio de vez estas se encuentren en firme, se
seguridad. remitirán al nominador para que
inmediatamente realice los trámites
correspondientes al estudio de seguridad
y al nombramiento en periodo de prueba.
Exclusión de la lista de elegibles. Exclusión de la lista de elegibles.
(Artículo 38) Dentro de los 5 días (Artículo 44) Dentro de los 5 días
siguientes a la publicación de la lista de siguientes a la publicación de la lista de
elegibles, la entidad convocante o los elegibles, la Fiscalía General de la Nación
aspirantes podrán solicitar a la respectiva y los aspirantes podrán solicitar a la UT
Comisión de la Carrera Especial excluir Convocatoria FGN 2024, la exclusión de
de la lista en firme a cualquiera de sus cualquiera de sus integrantes.
integrantes.
La UT deberá iniciar la actuación
La mencionada comisión deberá iniciar la administrativa y comunicar por escrito al
actuación administrativa y comunicar por interesado para que intervenga dentro de
escrito al interesado para que intervenga los 5 días siguientes.
dentro de los 5 días siguientes.
Luego, dentro de los 10 días hábiles
Luego, dentro de los 10 días hábiles siguientes, se adoptará la decisión de
siguientes, se adoptará la decisión de exclusión.
exclusión.
Estudio de seguridad. (Artículo 39). Por Estudio de seguridad. (Artículo 45) De
razones de seguridad interna de la conformidad con lo establecido en el
11
Artículo 41 del Acuerdo No. 001 de 2025. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De
conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 38 del Decreto Ley 020 de 2014, las listas de
elegibles adquieren firmeza luego de su expedición y publicación, y tendrán una vigencia de dos
(2) años contados a partir de la respectiva publicación. La Fiscalía General de la Nación o los
aspirantes podrán solicitar a la respectiva Comisión de la Carrera Especial, excluir de la lista de
elegibles en firme a cualquiera de sus integrantes, cuando haya comprobado alguna de las
causales contenidas en la norma en cita, caso en el cual se deberá adelantar el trámite previsto
en el artículo 43 del presente Acuerdo, circunstancia que no alterará la firmeza de la lista
publicada.
12
Artículo 43 del Acuerdo No. 001 de 2025. REMISIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES AL
NOMINADOR. Una vez se cuente con las listas de elegibles en firme, la Comisión de la Carrera
Especial las remitirá al Nominador o a quien corresponda según el acto de delegación interno,
para dar inicio a los trámites correspondientes a Estudio de Seguridad y Nombramiento en
Período de Prueba.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
entidad, al aspirante, antes de la artículo 39 del Decreto Ley 020 de 2014,
expedición de la resolución de antes de la expedición de la resolución de
nombramiento en periodo de prueba, se nombramiento en periodo de prueba, se
le realizará un estudio de seguridad de realizará el estudio de seguridad de
carácter reservado. Del resultado del carácter reservado. Del resultado del
estudio se determinará la conveniencia o estudio se determinará la conveniencia o
no del ingreso de la persona a la entidad. no del ingreso de la persona a la Fiscalía
General de la Nación. El resultado
negativo genera la exclusión inmediata
del aspirante de la lista de elegibles.
N.A Audiencia pública de escogencia.
(Artículo 46) Una vez realizado el estudio
de seguridad a los elegibles con opción de
nombramiento en relación con el número
de vacantes ofertadas, la Subdirección de
Talento Humano, previo al nombramiento
en período de prueba, los citará a la
audiencia pública de escogencia, para
que, en estricto orden descendente, cada
elegible seleccione la ubicación
geográfica de la vacante de su
preferencia.
Nombramiento en periodo de prueba. Nombramiento en periodo de prueba.
(Artículo 40). En firme la lista de (Artículo 48) Concluida las audiencias de
elegibles, la Comisión de la Carrera escogencia del empleo, la Subdirección
Especial respectiva la enviará al de Talento Humano, en virtud de la
nominador para que, en estricto orden de delegación de la facultad nominadora,
mérito, proceda a efectuar el procederá en estricto orden de mérito, a
nombramiento del aspirante en período efectuar el nombramiento del aspirante en
de prueba en el empleo objeto del período de prueba en el empleo objeto del
concurso. concurso.
El nombramiento en período de prueba
debe producirse dentro de los 20 días
hábiles siguientes al recibo de la lista de
elegibles.
57. En ese orden, se evidencia que los artículos 38 del Decreto Ley 020 de
2014 y 44 del Acuerdo No. 001 de 2025 dispusieron que la Fiscalía General de
la Nación o los candidatos pueden solicitar la exclusión de cualquier aspirante.
Dicho trámite, de conformidad con los términos previstos en las citadas normas,
tarda aproximadamente 20 días hábiles.
58. A su vez, el artículo 39 del decreto y, en particular, el 45 del acuerdo,
determinaron que una vez en firme las listas de elegibles o ejecutoriada la
actuación administrativa que resuelve la solicitud de exclusión, según
corresponda, la Fiscalía General de la Nación procederá «de manera inmediata»
a realizar el estudio de seguridad a los elegibles que tienen la posibilidad de ser
nombrados según la posición que ocupan en la lista de elegibles, en relación con
el número de vacantes ofertadas.
59. Por su parte, la convocatoria estableció en el artículo 46 que, una vez
realizado el estudio de seguridad, la Subdirección de Talento Humano, previo al
nombramiento en periodo de prueba, citará a los aspirantes a una audiencia
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
pública de escogencia de plazas, para que cada elegible seleccione la ubicación
geográfica de su preferencia, en estricto orden de mérito13.
60. Por tales razones, la Sala considera necesario precisar que la expedición
de los actos de nombramiento no puede efectuarse en desconocimiento de dicha
actuación, pues es una etapa que debe surtirse, la cual está prevista no solo en
el decreto que regula el régimen especial de carrera, sino también en el acuerdo
que contiene las reglas del concurso.
61. Por consiguiente, esta Sección advierte que no resultaba razonable
exigirle a la entidad demandada que las anteriores etapas se surtieran en un
término de 20 días hábiles a la publicación de la lista. Esto, en la medida en que,
como se expuso previamente, solamente el trámite previsto para la etapa de
exclusión contempla un término de hasta 20 días hábiles para que se adopte una
decisión (en caso de que se surta), sin contar el tiempo requerido para adelantar
el estudio de seguridad y, posteriormente, realizar la audiencia pública de
escogencia de plazas.
62. Por lo anterior, se considera que la exigibilidad del artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014, en este caso, debe exigirse con la realización del estudio de
seguridad y la audiencia pública de escogencia de plazas. Esto, en la medida en
que, al ser etapas previas y que su ejecución supera el término previsto en la
norma invocada por la demandante, no resulta jurídicamente posible exigir la
expedición de un acto de nombramiento antes de que se hubieran culminado los
presupuestos establecidos por el propio régimen de carrera y por la convocatoria,
ni exigir que aquellos se agoten en un término que, evidentemente, resulta
insuficiente.
63. No obstante, esa interpretación no significa que la entidad pudiera
prolongar indefinidamente el procedimiento, ni que las actuaciones
administrativas previas pudieran desplazar el término previsto en la norma
invocada en la demanda. En efecto, una vez culminado el estudio de seguridad
y la audiencia pública de escogencia de plazas, la Fiscalía General de la Nación
debe efectuar los nombramientos en periodo de prueba dentro del término de 20
días previsto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. De lo contrario, las
etapas previas se convertirían, en la práctica, en un mecanismo para dilatar el
cumplimiento de la obligación legal de efectuar los nombramientos.
64. Sobre este punto, se estima necesario precisar que el Decreto Ley 020 de
2014 y el Acuerdo No. 001 de 2025 no previeron un término específico para la
realización del estudio de seguridad; sin embargo, ello no desvirtúa la existencia
del deber ni obsta para estudiar el posible incumplimiento de la demandada.
65. Al respecto, la Sala destaca que el mismo Acuerdo dispuso que «una vez
en firme las listas de elegibles o ejecutoriada la actuación administrativa que
resuelve la solicitud de exclusión, según corresponda, la Fiscalía General de la
Nación procederá de manera inmediata a realizar el estudio de seguridad a los
elegibles que tienen la posibilidad de ser nombrados según la posición que
ocupan en la lista de elegibles, en relación con el número de vacantes ofertadas».
13
Dicha actuación se encuentra regulada en la Resolución No. 09008 de 2025, expedida por la
Fiscalía General de la Nación.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
66. Pues bien, el adverbio inmediatamente indica que la entidad no puede
dilatar el procedimiento para la realización del estudio de seguridad de forma
indefinida, pues, como se evidencia, la norma no lo habilita a permanecer en una
etapa de inactividad. Por el contrario, la conmina a adelantar dicho trámite tan
pronto como se encuentre en firme la lista de elegibles o la resolución que
resuelve la solicitud de exclusión.
67. Por tal razón, esta Sección advierte que, si bien no le corresponde al juez
de cumplimiento llenar posibles vacíos normativos a efectos de establecer el
plazo con el que cuenta la entidad para cumplir con su deber, en este caso, puede
realizar una interpretación sistemática de la norma y, a partir ello, determinar la
existencia o no del incumplimiento alegado por el demandante y ordenar su
acatamiento.
68. En ese orden, la Sala considera que el término para realizar el estudio de
seguridad dependerá, en cada caso, del número de vacantes ofertadas, respecto
de cada una de las OPECE. Sin embargo, en ningún evento, el plazo puede ser
superior a 4 meses, término que resulta suficiente y razonable para que la
Fiscalía General de la Nación efectúe tanto el estudio de seguridad, como la
audiencia pública de escogencia de plazas.
69. Dicho término máximo no corresponde a una decisión caprichosa o
arbitraria del juez de cumplimiento, sino que surge, de una parte, del estudio del
tiempo en que la entidad ha realizado el estudio de seguridad respecto de
distintas OPECE14; y, de otra, de la necesidad de que esta etapa no riña con la
vigencia de la lista de elegibles y, por ende, con la posibilidad real de que se haga
efectivo el mandato.
70. Establecido el contenido del mandato, corresponde a la Sala verificar el
incumplimiento de la entidad. Frente a ello, la revisión de las pruebas e informes
allegados al proceso permite advertir lo siguiente:
71. Según el informe rendido por la accionada, el 21 de agosto de 2026 la
Fiscalía General de la Nación realizó la última audiencia de escogencia de plazas
para proveer las vacantes del empleo denominado «Fiscal Delegado ante Jueces
del Circuito», identificado con el código OPECE No. I-103-M-01-(597), en
modalidad de ingreso.
72. Por lo tanto, a partir de la culminación de dicha actuación comenzó a
transcurrir el término dentro del cual la entidad debía materializar los
nombramientos. En consecuencia, el término para efectuar los nombramientos
en periodo de prueba inició desde el 24 de agosto de 2026 y finalizó el 18 de
septiembre del año en curso, sin que, a la fecha la entidad demandada haya
acreditado que realizó los nombramientos en periodo de prueba de la
mencionada OPECE.
14
De conformidad con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación al interior del
proceso de la referencia y en el expediente con radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01, la
entidad tardó aproximadamente 4 meses entre la firmeza de la lista de elegibles y la realización
de la audiencia pública de escogencia de plazas. En efecto, en este caso, la lista adquirió firmeza
el 2 de marzo de 2026 y el 19 de junio del año en curso se realizó el estudio de seguridad.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Accionante: María Cristina Navarro Valenzuela
Accionado: Fiscalía General de la Nación
Radicación: 68001-23-33-000-2026-00487-01
73. En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia del 3 de agosto de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander que accedió a las
pretensiones de la demanda y le ordenó a la Fiscalía General de la Nación que,
dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, efectúe, en estricto orden de mérito, los nombramientos en período
de prueba de los integrantes de la lista de elegibles contenida en la Resolución
No. 0026 del 26 de marzo de 2026.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de agosto de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Santander, en los términos aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.