Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2026-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 81001-23-39-000-2026-00035-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 81001-23-39-000-2026-00035-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veinticuatro (24) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 81001-23-39-000-2026-00035-01
Accionante: JAHYL FRANCISCO HERNÁNDEZ TRUJILLO
Accionado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Tema: Nombramiento en periodo de prueba de aspirantes que
conforman la lista de elegibles. Modifica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 24 de julio de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Arauca. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y
2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de
2024).
El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 6 de agosto de 2026. A
su vez, mediante auto de fecha del 24 de septiembre de 2026, se declaró
infundado el impedimento manifestado por el magistrado Omar Joaquín Barreto
Suárez. Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos
previstos en la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Jahyl Francisco Hernández
Trujillo presentó demanda contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de
1
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3
Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4
Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
1
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Accionante: Jahyl Francisco Hernández Trujillo
Accionado: Fiscalía General de la Nación
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obtener el cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de
20145.
2. En consecuencia, solicitó lo siguiente:
ORDENAR a la fiscalía general de la Nación que, de manera inmediata y dentro
del término que señale el despacho, proceda a efectuar en estricto orden de
mérito el nombramiento en período de prueba, sin supeditar dicha actuación a la
realización de etapas no previstas en la ley.6
1.2. Posición de la parte demandante
3. El accionante explicó que la Fiscalía General de la Nación expidió el
Acuerdo núm. 001 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual convocó y
estableció las reglas del concurso de méritos para proveer algunas vacantes
definitivas en modalidades de ascenso e ingreso, de la planta de personal de la
entidad perteneciente al Sistema Especial de Carrera.
4. Superadas las etapas del concurso de méritos, profirió la Resolución núm.
026 del 26 de marzo de 2026, por medio de la cual se conformó la lista de
elegibles para proveer 597 vacantes definitivas del empleo denominado «Fiscal
Delegado ante Jueces del Circuito», identificado con el código OPEC No. I-103-
M-01-(597), en la modalidad de ingreso.
5. Afirmó que, de conformidad con los artículos 38 del Decreto Ley 020 de
2014 y 44 del Acuerdo 001 del 3 de marzo de 2025, la ejecutoria de la lista de
elegibles se surtió de la siguiente manera: (i) si se solicitó la exclusión de
integrantes, el 29 de abril de 2026; y (ii) si no se solicitó exclusión, el 8 de abril
de 2026.
6. En ese sentido, consideró que la Fiscalía incumplió con su deber de
efectuar el nombramiento en periodo de prueba de los aspirantes, dentro de los
20 días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.
7. Por lo anterior, mencionó que, el 27 de mayo de 2026, solicitó ante la
autoridad accionada el cumplimiento del artículo 40 de la Ley 020 de 2014. No
obstante, el 12 de junio de 2026 le respondió que no era posible acceder a su
petición «por encontrarse esta norma sometida a una serie de actuaciones
administrativas señaladas en el Acuerdo 001 de 2025».
1.3. Posición de la parte demandada
8. El señor Cesar Hernando Meza Mercado solicitó ser reconocido en
calidad de coadyuvante y que se acceda a las pretensiones de la demanda, en
6
Transcripción literal que puede contener errores.
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el sentido de efectuar su nombramiento en periodo de prueba en el cargo de fiscal
delegado ante los jueces penales del circuito, teniendo en cuenta que la lista de
elegibles cobró firmeza el 8 de abril de 2026, y ya transcurrió el tiempo
establecido en el artículo 40 de la Ley 020 de 20147.
9. La Fiscalía General de la Nación requirió que se nieguen las
pretensiones. Al respecto, indicó que no se acreditó el incumplimiento alegado,
toda vez que lo que se pide «comprende una serie de actuaciones administrativas
sucesivas y necesarias posteriores a la conformación de las listas de elegibles»,
entre las que están, la verificación de requisitos, la realización y revisión de los
estudios de seguridad, la preparación y realización de la audiencia pública y la
comunicación de los nombramientos. Aclaró que cada etapa debe culminarse
satisfactoriamente para dar paso a la siguiente.
10. Relacionó un cronograma en el que indica que la totalidad de la actuación
administrativa comprende 52 días.
11. Además, mencionó que la condición de elegible no otorga el derecho
inmediato a ser nombrado y que la sentencia invocada por el señor Cesar
Hernando Meza Mercado en su escrito no constituye precedente aplicable.
12. El señor Jahyl Francisco Hernández Trujillo manifestó que «todas las
disposiciones que se deben cumplir» se encuentran en los artículos 22 a 51 del
Decreto Ley 020 de 2014. Sobre el artículo 40, precisó que contiene el verbo
“debe” como rector del mandato que pide atender, por lo que debe accederse a
sus pretensiones, en particular, lo que tiene que ver con su nombramiento en
periodo de prueba.
13. Puso de presente que no acceder a su nombramiento afecta sus derechos
fundamentales al mínimo vital, y le genera un perjuicio irremediable.
1.4. Fallo de primera instancia
14. En sentencia del 24 de julio de 2026, el Tribunal Administrativo de Arauca
accedió a las pretensiones, en consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la
Nación que, en el término de diez días, adelantara «los nombramientos en
periodo de prueba respecto a la lista de elegibles para proveer 597 vacantes
definitivas del empleo denominado Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito
(…)».
15. Sobre el particular, expuso que, si bien el artículo 41 del Acuerdo 001 de
2025 establece la posibilidad de modificar la lista de elegibles, no exime a la
entidad de cumplir con el término de veinte días siguientes al recibo de la lista
para efectuar los nombramientos en periodo de prueba.
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Esta solicitud fue concedida en la sentencia de primera instancia.
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16. Además, aclaró que, al ser publicada la lista de la OPEC en cuestión el 30
de marzo de 2026, adquirió firmeza el día siguiente de su publicación y el 29 de
abril siguiente expiró el término concedido para nombrar a los elegibles en
periodo de prueba.
1.5. Impugnación
17. La parte accionada insistió en que, de conformidad con los artículos 39 y
48 del Acuerdo 001 de 2025, los nombramientos en periodo de prueba deben
realizarse una vez concluidos los estudios de seguridad y las audiencias de
escogencia de empleos.
18. Por otro lado, aportó dos cuadros con los cuales pretende acreditar su
diligencia y cumplimiento de lo dispuesto en las fases de la convocatoria, en los
que señaló las fechas en las que se han finalizado cada una de las diferentes
etapas, respecto de diferentes cargos.
19. Con base en lo anterior, indicó que no existe mora ni desidia de la entidad
en realizar los nombramientos en periodo de prueba. Sin embargo, se encuentra
en una imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el a quo en «tan corto
tiempo», pues la convocatoria ofertó 4.000 cargos, por lo que se encuentra
cumpliendo, dentro de los parámetros de proporcionalidad y razonabilidad, la
finalización de las distintas etapas para efectuar los nombramientos.
20. Por último, señaló que, en caso de acreditarse la procedencia de la acción,
se establezca un plazo razonable y viable para completar los nombramientos,
teniendo en cuenta las etapas descritas y el número de vacantes pendientes.
1.6. Trámite en segunda instancia
21. Mediante auto del 24 de agosto de 2026, la Sección Quinta del Consejo
de Estado requirió a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que precisara,
respecto de las 597 vacantes para el cargo de «Fiscal Delegado ante Jueces del
Circuito», identificado con el código OPECE No. I-103-M-01-(597), en modalidad
de ingreso, lo siguiente:
i) El estado actual proceso de provisión de las vacantes.
ii) Si culminó totalmente la fase de estudios de seguridad.
iii) Si se realizaron las audiencias públicas de escogencia previstas en el
artículo 46 del Acuerdo 001 de 2025.
iv) Si en la actualidad se han expedido actos administrativos de
nombramiento y, de ser así, aportarlos al expediente e indicar si fueron
comunicados.
22. En virtud de ello, la entidad demandada informó que la provisión de
vacantes de la OPECE No. I-103-M-01-(597) actualmente se encuentra en la
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etapa de «proyección» de los actos de nombramiento den periodo de prueba. A
su vez, indicó que la fase de estudios de seguridad culminó con éxito y realizó la
audiencia pública de escogencia de vacantes el 20 y 21 de agosto de 2026, en
estricto orden de mérito. A su vez, enfatizó en que a dicha audiencia solo fueron
citados los elegibles que ocupaban posición meritoria dentro del número de
vacantes ofertadas.
23. En ese orden, indicó que el accionante, quien se encuentra en la posición
25 en la lista de elegibles. Empero, resaltó que, luego de la realización de las
audiencias, la entidad genera un acta en la que quedan consignadas las
escogencias por ubicación geográfica y nuevamente se debe realizar la
verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo, así como la
revisión administrativa del cargo, con el fin de que el equipo de nombramientos
comience a elaborar los respectivos actos administrativos.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró el
incumplimiento de la Fiscalía General de la Nación en acatar lo previsto en el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. Para ello, se analizarán los siguientes
aspectos: i) la constitución en renuencia, ii) los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento y, iii) la existencia de un mandato imperativo, expreso y
exigible en cabeza de la entidad demandada.
2.1. Caso concreto
25. Como viene de verse, el accionante ejerció acción de cumplimiento en
contra la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le ordene cumplir lo
dispuesto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014, para que efectúe los
nombramientos en periodo de prueba para proveer 597 vacantes definitivas del
empleo denominado «Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito».
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia del Ministerio del Trabajo
26. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, la parte actora debe constituir en renuencia a la
autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento8.
8
Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
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27. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»9. La falta de agotamiento de este requisito genera el rechazo de
la demanda.
28. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia a
la Fiscalía General de la Nación respecto del cumplimiento del artículo 40 de la
Ley 020 de 2014, el 27 de mayo de 2026, en procura de que efectuara los
nombramientos en periodo de prueba para proveer 597 vacantes definitivas del
empleo denominado «Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito».
29. Asimismo, aportó la respuesta dada por la entidad a su requerimiento, en
la que informó que no era posible acceder a sus pretensiones «por encontrarse
esta norma sometida a una serie de actuaciones administrativas señaladas en el
Acuerdo 001 de 2025».
30. Por lo anterior, se entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia previsto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997.
2.1.2. La acción supera los requisitos de procedencia
31. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)10.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
10
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
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(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
32. El incumplimiento de alguno de requisitos de procedibilidad genera la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
33. La Sala encuentra acreditados los requisitos de procedencia de la acción,
por cuanto, la norma que se solicita acatar tiene rango de ley y se encuentra
actualmente vigente, en tanto no ha sido derogada, modificada o sustituida en el
ordenamiento jurídico. Asimismo, el mandato está radicado en cabeza de una
autoridad pública, esto es, la Fiscalía General de la Nación.
34. Igualmente, la demanda cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que
las pretensiones de la parte accionante no involucran la protección directa de
derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela.
Tampoco se advierte la existencia de otro mecanismo judicial para hacer efectiva
la referida disposición legal.
35. Finalmente, el eventual cumplimiento de la disposición no involucra gasto.
Como se evidencia, lo pretendido por la parte accionante es que la entidad
demandada realice los nombramientos en período de prueba, de conformidad
con la lista de elegibles, respecto de la OPECE No. I-103-M-01-(597), en el
concurso de méritos realizado por la Fiscalía General de la Nación.
36. Por lo anterior, la Sala concluye que la presente acción de cumplimiento
es procedente.
2.1.3. La Fiscalía General de la Nación incumplió con el mandato contenido
en el artículo 40 del del Decreto Ley 020 de 2014
37. El contenido de la disposición invocada es el siguiente:
DECRETO 020 DE 2014
Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera
especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas
ARTÍCULO 40. Nombramiento en período de prueba. En firme la lista de
elegibles, la Comisión de la Carrera Especial respectiva la enviará al nominador
para que, en estricto orden de mérito, proceda a efectuar el nombramiento del
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aspirante en período de prueba en el empleo objeto del concurso, en el cual el
servidor deberá demostrar su capacidad de adaptación al cargo, su eficiencia,
competencia, habilidades y aptitudes en el desempeño de las funciones. El
periodo de prueba deberá iniciarse con la inducción en el puesto de trabajo, en
los términos adoptados por la Fiscalía General de la Nación y por las entidades
adscritas.
El nombramiento en período de prueba debe producirse dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles.
38. A juicio del señor Jahyl Francisco Hernández Trujillo, la Fiscalía General de
la Nación incumplió el mandato previsto en el inciso segundo del artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014, toda vez que no ha materializado los nombramientos
en período de prueba de las plazas ofertadas para el cargo de Fiscal Delegado
ante Jueces del Circuito, identificado con la OPECE núm. I-103-M-01-(597), pese
a encontrarse en firme la respectiva lista de elegibles.
39. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación, al impugnar la decisión de
primera instancia, precisó que ya culminó los estudios de seguridad y las
audiencias públicas de escogencia previstas en el artículo 46 del Acuerdo 001 de
2025. Asimismo, indicó que se encontraba adelantando la proyección de los
actos de nombramiento, etapa posterior a la elaboración del acta en la que se
consignan las escogencias por ubicación geográfica, durante la cual también se
verifica nuevamente el cumplimiento de los requisitos mínimos del empleo y se
efectúa la revisión administrativa del cargo.
40. Por su parte, la entidad demandada señaló que el mandato no es
inobjetable, ya que previo a efectuar los nombramientos en periodo de prueba,
debían surtirse otras actuaciones previas, como lo son la realización de estudios
de seguridad y la audiencia pública de escogencias de plazas.
41. Antes de determinar si se configuró el incumplimiento del artículo 40 del
Decreto Ley 020 de 2014, la Sala considera pertinente recordar que la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-386 de 202411, señaló que, al examinar un
deber presuntamente desatendido, el juez de la acción de cumplimiento debe
realizar una labor de interpretación normativa encaminada a delimitar su
contenido y alcance, pues la existencia de un mandato claro e indiscutible puede
derivarse de la interpretación sistemática y armónica de diversas disposiciones.
42. En ese contexto, se precisa que el juez constitucional de cumplimiento no
solo debe verificar la existencia de un mandato claro, expreso y exigible contenido
en la disposición invocada por la parte actora, sino también examinar
integralmente el marco normativo aplicable, con el fin de identificar el alcance del
deber cuyo cumplimiento se reclama y las condiciones bajo las cuales este
resulta exigible.
11
Decisión a partir de la cual, esta Sección corrigió su postura al interior de la acción de
cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2022-00243-01.
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43. Además, la Corte Constitucional precisó que una vez se determine la
existencia del deber, no es necesario que se desprenda de las normas
sistemáticamente analizadas «el establecimiento de un término de ejecución» a
la hora de determinar la existencia del mandato inobjetable, para que se ordene
su acatamiento, pues basta con que se pruebe su incumplimiento.
44. En ese sentido, la Sala estima pertinente precisar que el referido artículo
40, si bien establece un deber en cabeza de la entidad nominadora de efectuar
el nombramiento en periodo de prueba una vez reciba la lista de elegibles por la
Comisión de la Carrera Especial, aquella debe interpretarse de forma sistemática
con las demás normas contenidas en el decreto y, en particular, el Acuerdo
No.001 del 3 de marzo de 2025, por medio del cual se convocó y se establecieron
las reglas del concurso de méritos para proveer las vacantes definitivas en la
mencionada entidad.
45. Para tal efecto, se ilustrará, en términos generales, las etapas concurso
que prevé el Decreto Ley 020 de 2014 y el Acuerdo No.001 del 2025 luego de la
conformación, firmeza12, y remisión13 de la lista de elegibles a la entidad
nominadora, de la siguiente manera:
Decreto Ley 020 de 2014 Acuerdo No.001 del 3 de marzo de
2025
Lista de elegibles (Artículo 35). Las Lista de elegibles (Artículos 39 y
listas de elegibles serán conformadas con siguientes). Las listas se conformarán en
base en los resultados del concurso. estricto orden de mérito, con base en los
resultados obtenidos por los candidatos.
La provisión de los empleos se efectuará
en estricto orden descendente, una vez se Las listas se publicarán en la página web
encuentre en firme la lista de elegibles y de la Fiscalía General de la Nación. Una
después de adelantarse el estudio de vez estas se encuentren en firme, se
seguridad. remitirán al nominador para realizar los
trámites correspondientes al estudio de
seguridad y al nombramiento en periodo
de prueba.
Exclusión de la lista de elegibles. Exclusión de la lista de elegibles.
(Artículo 38) Dentro de los 5 días (Artículo 44) Dentro de los 5 días
siguientes a la publicación de la lista de siguientes a la publicación de la lista de
elegibles, la entidad convocante o los elegibles, la Fiscalía General de la Nación
aspirantes podrán solicitar a la respectiva y los aspirantes podrán solicitar a la UT
12
Artículo 41 del Acuerdo No. 001 de 2025. FIRMEZA DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES. De
conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 38 del Decreto Ley 020 de 2014, las listas de
elegibles adquieren firmeza luego de su expedición y publicación, y tendrán una vigencia de dos
(2) años contados a partir de la respectiva publicación. La Fiscalía General de la Nación o los
aspirantes podrán solicitar a la respectiva Comisión de la Carrera Especial, excluir de la lista de
elegibles en firme a cualquiera de sus integrantes, cuando haya comprobado alguna de las
causales contenidas en la norma en cita, caso en el cual se deberá adelantar el trámite previsto
en el artículo 43 del presente Acuerdo, circunstancia que no alterará la firmeza de la lista
publicada.
13
Artículo 43 del Acuerdo No. 001 de 2025. REMISIÓN DE LAS LISTAS DE ELEGIBLES AL
NOMINADOR. Una vez se cuente con las listas de elegibles en firme, la Comisión de la Carrera
Especial las remitirá al Nominador o a quien corresponda según el acto de delegación interno,
para dar inicio a los trámites correspondientes a Estudio de Seguridad y Nombramiento en
Período de Prueba.
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Comisión de la Carrera Especial excluir Convocatoria FGN 2024, la exclusión de
de la lista en firme a cualquiera de sus cualquiera de sus integrantes.
integrantes.
La UT deberá iniciar la actuación
La mencionada comisión deberá iniciar la administrativa y comunicar por escrito al
actuación administrativa y comunicar por interesado para que intervenga dentro de
escrito al interesado para que intervenga los 5 días siguientes.
dentro de los 5 días siguientes.
Luego, dentro de los 10 días hábiles
Luego, dentro de los 10 días hábiles siguientes, se adoptará la decisión de
siguientes, se adoptará la decisión de exclusión.
exclusión.
Estudio de seguridad. (Artículo 39). Por Estudio de seguridad. (Artículo 45) De
razones de seguridad interna de la conformidad con lo establecido en el
entidad, al aspirante, antes de la artículo 39 del Decreto Ley 020 de 2014,
expedición de la resolución de antes de la expedición de la resolución de
nombramiento en periodo de prueba, se nombramiento en periodo de prueba, se
le realizará un estudio de seguridad de realizará el estudio de seguridad de
carácter reservado. Del resultado del carácter reservado. Del resultado del
estudio se determinará la conveniencia o estudio se determinará la conveniencia o
no del ingreso de la persona a la entidad. no del ingreso de la persona a la Fiscalía
General de la Nación. El resultado
negativo genera la exclusión inmediata
del aspirante de la lista de elegibles
N.A Audiencia pública de escogencia.
(Artículo 46) Una vez realizado el estudio
de seguridad a los elegibles con opción de
nombramiento en relación con el número
de vacantes ofertadas, la Subdirección de
Talento Humano, previo al nombramiento
en período de prueba, los citará a la
audiencia pública de escogencia, para
que, en estricto orden descendente, cada
elegible seleccione la ubicación
geográfica de la vacante de su
preferencia.
Nombramiento en periodo de prueba. Nombramiento en periodo de prueba.
(Artículo 40). En firme la lista de (Artículo 48) Concluida las audiencias de
elegibles, la Comisión de la Carrera escogencia del empleo, la Subdirección
Especial respectiva la enviará al de Talento Humano, en virtud de la
nominador para que, en estricto orden de delegación de la facultad nominadora,
mérito, proceda a efectuar el procederá en estricto orden de mérito, a
nombramiento del aspirante en período efectuar el nombramiento del aspirante en
de prueba en el empleo objeto del período de prueba en el empleo objeto del
concurso. concurso.
El nombramiento en período de prueba
debe producirse dentro de los 20 días
hábiles siguientes al recibo de la lista de
elegibles.
46. En ese orden, se evidencia que los artículos 38 del Decreto Ley 020 de
2014 y 44 del Acuerdo No. 001 de 2025 dispusieron que la Fiscalía General de
la Nación o los candidatos pueden solicitar la exclusión de cualquier aspirante.
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Radicación: 81001-23-39-000-2026-00035-01
Dicho trámite, de conformidad los términos previstos las citadas normas, tarda
aproximadamente 20 días hábiles.
47. A su vez, el artículo 39 del decreto y, en particular, el 45 del acuerdo,
determinaron que una vez en firme las listas de elegibles o ejecutoriada la
actuación administrativa que resuelve la solicitud de exclusión, según
corresponda, la Fiscalía General de la Nación procederá «de manera inmediata»
a realizar el estudio de seguridad a los elegibles que tienen la posibilidad de ser
nombrados según la posición que ocupan en la lista de elegibles, en relación con
el número de vacantes ofertadas.
48. Por su parte, la convocatoria estableció en el artículo 46 que, una vez
realizado el estudio de seguridad, la Subdirección de Talento Humano, previo al
nombramiento en periodo de prueba, citará a los aspirantes a una audiencia
pública de escogencia de plazas, para que cada elegible seleccione la ubicación
geográfica de su preferencia, en estricto orden de mérito14.
49. Por tales razones, la Sala considera necesario precisar que la expedición
de los actos de nombramiento no puede efectuarse en desconocimiento de dicha
actuación, pues es una etapa que debe surtirse, la cual está prevista no solo en
el decreto que regula el régimen especial de carrera, sino también en el acuerdo
que contiene las reglas del concurso.
50. Por consiguiente, esta Sección advierte que no resultaba razonable
exigirle a la entidad demandada que las anteriores etapas se surtieran en un
término de 20 días hábiles a la publicación de la lista. Esto, en la medida en que,
como se expuso previamente, solamente el trámite previsto para la etapa de
exclusión contempla un término de hasta 20 días hábiles para que se adopte una
decisión, sin contar el tiempo requerido para adelantar el estudio de seguridad y,
posteriormente, realizar la audiencia pública de escogencia de plazas.
51. Por lo anterior, se considera que la exigibilidad del artículo 40 del Decreto
Ley 020 de 2014, en este caso, debe exigirse con la realización del estudio de
seguridad y la audiencia pública de escogencia de plazas. Esto, en la medida en
que, al ser etapas previas y que su ejecución supera el término previsto en la
norma invocada por el demandante, no resulta jurídicamente posible exigir la
expedición de un acto de nombramiento antes de que se hubieran culminado los
presupuestos establecidos por el propio régimen de carrera y por la convocatoria,
ni exigir que aquellos se agoten en un término que, evidentemente, resulta
insuficiente.
52. No obstante, esa interpretación no significa que la entidad pudiera
prolongar indefinidamente el procedimiento, ni que las actuaciones
administrativas previas pudieran desplazar el término previsto en la norma
14
Dicha actuación se encuentra regulada en la Resolución No. 09008 de 2025, expedida por la
Fiscalía General de la Nación.
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invocada en la demanda. En efecto, una vez culminado el estudio de seguridad
y la audiencia pública de escogencia de plazas, la Fiscalía General de la Nación
debe efectuar los nombramientos en periodo de prueba dentro del término de 20
días previsto en el artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014. De lo contrario, las
etapas previas se convertirían, en la práctica, en un mecanismo para dilatar el
cumplimiento de la obligación legal de efectuar los nombramientos.
53. Sobre este punto, se estima necesario precisar que el Decreto Ley 020 de
2014 y el Acuerdo No. 001 de 2025 no previeron un término específico para la
realización del estudio de seguridad; sin embargo, ello no desvirtúa la existencia
del deber ni obsta para estudiar el posible incumplimiento de la demandada.
54. Al respecto, la Sala destaca que el mismo Acuerdo dispuso que «una vez
en firme las listas de elegibles o ejecutoriada la actuación administrativa que
resuelve la solicitud de exclusión, según corresponda, la Fiscalía General de la
Nación procederá de manera inmediata a realizar el estudio de seguridad a los
elegibles que tienen la posibilidad de ser nombrados según la posición que
ocupan en la lista de elegibles, en relación con el número de vacantes ofertadas».
55. Pues bien, el adverbio inmediatamente indica que la entidad no puede
dilatar el procedimiento para la realización del estudio de seguridad de forma
indefinida, pues, como se evidencia, la norma no lo habilita a permanecer en una
etapa de inactividad. Por el contrario, la conmina a adelantar dicho trámite tan
pronto como se encuentre en firme la lista de elegibles o la resolución que
resuelve la solicitud de exclusión.
56. Por tal razón, esta Sección advierte que, si bien no le corresponde al juez
de cumplimiento llenar posibles vacíos normativos a efectos de establecer el
plazo con el que cuenta la entidad para cumplir con su deber, en este caso, puede
realizar una interpretación sistemática de la norma y, a partir ello, determinar la
existencia o no del incumplimiento alegado por el demandante y ordenar su
acatamiento.
57. En ese orden, la Sala considera que el término para realizar el estudio de
seguridad dependerá, en cada caso, del número de vacantes ofertadas, respecto
de cada una de las OPECE. Sin embargo, en ningún evento, el plazo puede ser
superior a 4 meses, término que resulta suficiente y razonable para que la
Fiscalía General de la Nación efectúe tanto el estudio de seguridad, como la
audiencia pública de escogencia de plazas.
58. Dicho término máximo no corresponde a una decisión caprichosa o
arbitraria del juez de cumplimiento, sino que surge, de una parte, del estudio del
tiempo en que la entidad ha realizado el estudio de seguridad respecto de
distintas OPECE15; y, de otra, de la necesidad de que esta etapa no riña con la
15
De conformidad con las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación al interior del
proceso de la referencia y en el expediente con radicado 68001-23-33-000-2026-00487-01, la
entidad tardó aproximadamente 4 meses entre la firmeza de la lista de elegibles y la realización
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vigencia de la lista de elegibles y, por ende, con la posibilidad real de que se haga
efectivo el mandato.
59. Establecido el contenido del mandato, corresponde a la Sala verificar el
incumplimiento de la entidad. Frente a ello, la revisión de las pruebas e informes
allegados al proceso permite advertir lo siguiente:
60. Según el informe rendido por la accionada, luego del auto de mejor
proveer, la Fiscalía General de la Nación realizó la audiencia de escogencia de
plazas para proveer las vacantes del empleo denominado «Asistente de Fiscal
lll», identificado con el código OPEC No. I-103-M-01-(597), en la modalidad de
ingreso.
61. Por lo tanto, a partir de la culminación de dicha actuación comenzó a
transcurrir el término dentro del cual la entidad debía materializar los
nombramientos. En consecuencia, el término para efectuar los nombramientos
en periodo de prueba inició desde el 22 de junio de 2026 y finalizó el 22 de julio
del año en curso, sin que, a la fecha la entidad demandada haya acreditado que
realizó la totalidad de los nombramientos en periodo de prueba de la mencionada
OPECE.
62. En ese sentido, la Sala modificará la sentencia del 24 de julio de 2026,
dictada por el Tribunal Administrativo de Arauca en el sentido de acceder a las
pretensiones de la demanda y ordenar a la Fiscalía General de la Nación que,
efectúe en estricto orden de mérito, los nombramientos en período de prueba de
los integrantes de la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 0026 del
26 de marzo de 2026, pero en el término de veinte (20) días hábiles siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de julio de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Arauca. En ese sentido, deberá efectuar en estricto
orden de mérito, los nombramientos en período de prueba de los integrantes de
la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 0026 del 26 de marzo de
2026, pero en el término de veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
de la audiencia pública de escogencia de plazas. En efecto, en este caso, la lista adquirió firmeza
el 2 de marzo de 2026 y el 19 de junio del año en curso se realizó el estudio de seguridad.
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TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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