Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2010-00487-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-31-000-2010-00487-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 20001-23-31-000-2010-00487-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de nulidad
Número único de radicación: 20001233100020100048701
Demandante: Rodrigo Montero Castro
Demandada: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar
Tema: Acción de nulidad contra actos de registro. Anotación núm. 2 del folio de
matricula inmobiliaria 190-13327 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Valledupar. Cosa Juzgada
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 16 de mayo de 2013 por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El ciudadano Rodrigo Montero Castro, actuando en nombre propio, en
adelante la parte demandante, presentó demanda1 contra la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Valledupar, en adelante la parte demandada, en ejercicio
1 Cfr. Folios 11 a 14 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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Demandante: Rodrigo Montero Castro
de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de
19842, para que se declare la nulidad del acto administrativo de la anotación núm. 2
de 3/12/1980 del folio de matrícula inmobiliaria 190-13327 de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Valledupar.
Las pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones3:
“[…] PETICIÓN
Solicito al Honorable Tribunal que, previo los trámites legales pertinentes, se haga la
siguiente declaración y condena:
Declarar la nulidad absoluta del Acto Administrativo de la anotación numero (sic) 2
de fecha 03/12/1.980, donde se anotó la Escritura numero (sic) 1.972 de noviembre
17 de 1.980 de la Notaria Única de Valledupar, especificación 601 COMPRAVENTA
DOMINIO INCOMPLETO, FALSA TRADICIÓN de CASTRO TRESPALACIOS ANA
ROSA a MOLINA DE PABA GLORIA, consignada en el folio correspondiente a la
Matricula Inmobiliaria 190-13327 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Valledupar, por ser abiertamente ilegal.
[…]”.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó los siguientes hechos para fundamentar sus
pretensiones:
4. “[…] PRIMERO. Que mediante escritura pública numero (sic) 1972 de 17 de
noviembre de 1980, Notaria Única de Valledupar, ANA ROSA CASTRO
TRESPALACIOS, celebró contrato de COMPRAVENTA con GLORIA MOLINA DE
PABA, y fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar, con la Matricula Inmobiliaria Numero 190-13327 con la anotación
numero (sic) 2 de diciembre 3 de 1980, con una especificación 601,
COMPRAVENTA DOMINIO INCOMPLETO, FALSA TRADICIÓN. […]”.
5. “[…] SEGUNDO. Que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar, procedió a inscribir la respectiva compraventa antes mencionada, siendo
que no podía, hacer la respectiva inscripción debido a que para esa fecha se
2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
3 Folio 12 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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encontraba vigente el Decreto 1250 de 1970, que en sus art. 52 y 96 prohíben el
registro de la posesión, dado a que el lote donde se encuentra edificada dicha
construcción y mejoras es un terreno del municipio de Valledupar, que aún no ha
salido del dominio del municipio de Valledupar, por lo que está afectado de venta de
DOMINIO INCOMPLETO (Falsa tradición).
Inscripción ésta que se encuentra viciada de nulidad absoluta la cual es procedente
declarar la nulidad en cualquier tiempo, a partir de la expedición del acto conforme
al art. 136 del C.C.A., MOD art. 44 Ley 446 de 1.998. […]”.
6. “[…] TERCERO. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación
Civil y Agraria en sentencia del 09 de junio de 1.999, siendo ponente el magistrado
PEDRO LAFONT PLANETA (sic), sostiene que las escrituras públicas referidas a
posesión que sean registradas después de entrar en vigencia el Decreto Ley 1250
de 1.970 adolecen de vicios de nulidad, debido a que el Decreto mencionado en
su art. 96 derogó expresamente la Ley 40 de 1.932 que permitía el registro de la
Compraventa de la posesión, únicamente con la mera manifestación de ser
poseedor. Lo que significa que la mencionada escritura fue registrada infringiendo
los Artículos 52 y 96 del Decreto 1250 de 1.970, quedando el acto registral afectado
de nulidad absoluta según lo dispuesto por el Art. 1741 del Código Civil, vicio que se
trasladó a los títulos subsiguientes, por lo que, en tales condiciones, la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, no podía reconocerles “valor
probatorio para reconocer las posesiones”, incurriendo en error de derecho al darle
eficacia probatoria y hacer las anotaciones de los registros respectivos a la Escritura
Pública mencionada especialmente por violación del art. 43 del Decreto 1250 de
1.970 que dice: Que ningún instrumento sujeto a registro tiene merito (sic) probatorio
si no se ajusta a la reglamentación expedida en el Decreto mencionado. Con la
infracción de las normas citadas se produjo consecuencialmente la de los Arts. 175-
187-258-264-280 del C. de P.C., así como la de los Arts. 52-69-96-97 del Decreto
1250 de 1.970. […]”. (Negrilla del texto original).
7. “[…] CUARTO. La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar, expide el acto administrativo, Resolución que Concluye la Actuación
Administrativa numero (sic) 142 de octubre 06 de 2010, sobre el predio identificado
con la Matricula Inmobiliaria Numero 190-13327, “Tendiente a verificar la Tradición
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del predio”, en el que se confirma que está en falsa tradición, pues, no ha salido
aún del dominio del Estado y se puede establecer que el Certificado de Libertad y
Tradición del Folio de Matricula Inmobiliaria 190-13327 se encuentra acorde y de
conformidad con los documentos que hacen parte del archivo de esta Oficina de
Registro. […]”. (Negrilla del texto original).
8. “[…] QUINTO. Con la Resolución numero (sic) 142 de octubre 06 de 2010
expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, queda
plenamente probado que el bien identificado con la Matricula Inmobiliaria 190-13327,
ubicado en la carrera 6 Nº 15 – 46 barrio El Centro, es de uso publico (sic), por ser
de dominio del Estado, en este caso del municipio de Valledupar, toda vez que se
trata de un predio ejidal; probándose el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. […]”. (Negrilla del texto original).
Normas violadas
9. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 52 y 96 del Decreto 1250 de 27 de julio de 19704.
• Artículo 1741 del Código Civil.
Concepto de Violación
10. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
la violación, así:
11. Adujo que se violó el artículo 52 del Decreto 1250 de 1970, que establece los
requisitos para que pueda ser inscrito un determinado título, “[…] siendo requisito
principal la enajenación que le da el dominio o derecho respectivo. […]”.
12. Manifestó que: “[…] En el titulo (sic) relacionado en los hechos no existe
dominio en la Compraventa hecha entre la señora ANA ROSA CASTRO
TRESPALACIOS y GLORIA MOLINA DE PABA, porque el terreno donde está
edificada la mejora es de propiedad del municipio de Valledupar. […]”.
4 “[…] Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos. […]”.
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13. Señaló que el artículo 96 ibidem derogó la Ley 40 de 1932, por lo que a partir
del año 1970 no se pueden registrar las posesiones únicamente con la manifestación
de ser poseedor.
14. Afirmó que la compraventa entre Ana Rosa Castro Trespalacios y Gloria
Molina de Paba se realizó el 17 de noviembre de 1980 en la escritura pública 1972,
fecha en la cual se encontraba vigente el Decreto 1250 de 1970 que “[…] prohibía
el registro de posesión con la mera manifestación de ser poseedor, constituyéndose
una nulidad absoluta en cada una de las anotaciones efectuadas en el folio de
matricula (sic) numero (sic) 190-13327. […]”.
15. Indicó que el artículo 1741 del Código Civil “[…] manifiesta que la nulidad
producida por la omisión de un requisito o formalidades que las leyes prescriben
para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y
no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan son nulidades
absolutas. […]”.
Contestación de la demanda
16. La Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda5 en la cual
propuso las excepciones y argumentos de defensa que adelante se indican.
Excepciones
Indebida designación de la parte demandada
17. Sustentó esta excepción trascribiendo parcialmente un pronunciamiento de
esta Corporación (sentencia de 12 de noviembre de 1992, expediente núm. 4312,
C.P. Guillermo Chaín Lizcano).
Incapacidad o indebida representación de la demandada para comparecer
al proceso
5 Por intermedio de apoderada judicial, dentro de la oportunidad legal. Cfr. Folios 26 a 43 y 47 a 54 del cuaderno
núm. 1 del expediente.
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18. Señaló que “[…] La demanda se dirigió equivocadamente contra la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar. […]”, cuando debió dirigirse contra
la Superintendencia de Notariado y Registro por conducto de su representante legal,
para lo cual hizo referencia a los artículos 1º, 2º, 3º y 26 del Decreto 412 de 15 de
febrero de 20076.
19. Reiteró que la demanda debió dirigirse “[…] contra la Superintendencia de
Notariado y Registro con Personería jurídica reconocida y no contra la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, toda vez que estas oficinas son
dependencias de la primera, conforme lo dispone el artículo 26 del decreto 412 de
2007, ya que para ser parte en el proceso se requiere ser persona natural o jurídica,
con capacidad plena para adquirir derechos y obligaciones. […]”.
20. Adujo que “[…] dependiendo la oficina de registro demandada de la
Superintendencia de Notariado y Registro, a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Valledupar, no le asiste capacidad para comparecer al proceso. […]”.
Falta de legitimación en la causa por activa
21. Manifestó que la parte demandante no ha demostrado un interés general, que
el acto administrativo demandado que corresponde a la anotación segunda en el
folio de matrícula inmobiliaria 190-13327, “[…] al acusarse en acción de nulidad
simple, su declaratoria de nulidad no implica ningún tipo de restablecimiento
diferente del mantenimiento de la legalidad y el orden jurídico, luego, en el evento
de declararse la nulidad de la anotación dos del folio 190-13327, quedaría vigente
la anotación primera, cual es la posesión que tendría la señora Ana Rosa Castro
Trespalacios, y no el Municipio como lo pretende el actor con la presente Acción de
Nulidad. […]”.
22. Indicó que en este caso es un “[…] proceso objetivo de nulidad impropio […]”,
por cuanto mediante la nulidad se logra el restablecimiento automático del derecho
a un particular, y también se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho “[…] toda vez que pretende que el inmueble vuelva a manos del Municipio.
[…]”.
6 “[…] Por el cual se reestructura la Superintendencia de Notariado y Registro. […]”.
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Argumentos de defensa
23. Afirmó que con la expedición del Decreto 1250 de 1970 se dispuso que: “[…]
el folio de matrícula inmobiliaria se abrirá de oficio a solicitud de parte, bien porque
se origine en la inscripción de un título o porque haya de expedirse un certificado
que exhiba la verdadera y real situación jurídica de un bien inmueble (arts. 81 y 82).
[…]”.
24. Expuso que la apertura de un folio de matrícula inmobiliaria tiene como objeto,
entre otros, el de “[…] anotar en él las primeras inscripciones relativas a la real
situación física y jurídica de un bien raíz constituyéndose en la base registral que
hace posible las posteriores anotaciones sobre derechos reales. […]”.
25. Expresó que la apertura de una matrícula inmobiliaria no siempre va a implicar
que “[…] su primera anotación y complementación estén sustentadas en un acto o
título constitutivo, translaticio o declarativo del derecho real de dominio, sino que
también es posible que un inmueble ingrese a la vida registral actual, tomando como
base o punto de partida y para casos especiales, títulos contentivos de negocios
jurídicos que impliquen la transferencia de derechos y acciones y/o gananciales,
siempre y cuando tengan sustento en un antecedente registral contenido en los
Libros del Antiguo Sistema de Registro. […]”.
26. Concluyó que “[…] el traslado de esta clase de inscripciones del Antiguo al
Nuevo Sistema de Registro, no implica el saneamiento de Tradiciones, el objeto
de la apertura de folios en estas condiciones, no es otro que el de Publicitar la
expectativa que una o varias personas adquirieron sobre un bien raíz, en vigencia
de una normatividad anterior que le permitió la inscripción de esta clase de títulos
contentivos de un derecho de dominio incompleto, creándose con ello una situación
jurídica más real y concreta que otorgan al titular del mismo o al poseedor del bien,
acceder a uno de los Modos de adquirir el dominio, previo los procedimientos
exigidos por la ley, […]”. (Negrilla del texto original).
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Alegatos de conclusión
27. El Despacho sustanciador7, vencido el período probatorio y mediante el auto
proferido el 14 de abril de 20118, corrió traslado común a las partes por el término
de diez (10) días para que alegaran de conclusión; y al agente del Ministerio Público
antes del vencimiento del respectivo término, podrá solicitar traslado especial por el
plazo improrrogable de diez (10) días contados a partir de la entrega del expediente,
una vez concluido el traslado común.
La parte demandante
28. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda y aludió a dos
pronunciamientos de esta Sección.
29. El primero, corresponde a la sentencia de 9 de mayo de 2002, Magistrado
Ponente Camilo Arciniegas Andrade, señalando que: “[…] la nulidad planteada
consiste en que los actos de registro demandados recayeron sobre un bien de uso
público, siendo así, es discutible que la nulidad de los actos demandados produzca
restablecimiento automático del derecho para los actores. […]”; y continuó
precisando sobre el presente caso, que: “[…] El restablecimiento del derecho que se
produciría en caso de prosperar la nulidad se daría a favor del municipio de
Valledupar según se afirma en la demanda el bien inmueble objeto de los actos de
registro pertenece al Municipio de Valledupar tal es la razón por la cual se impugna
la legalidad de los actos de registro. […]”.
30. El segundo, es la providencia de 15 de abril de 2010, Consejera Ponente
María Claudia Rojas Lasso, expediente 2001-0593, según la cual “[…] a pesar de
ser las Oficinas de Registro dependencia (sic) de la Superintendencia de acuerdo
con el articulo (sic) 27 del Decreto 2158 de 1992, ellas son autónomas en el ejercicio
de la función registral, amen (sic) de que el Registrador de Instrumentos Públicos es
el funcionario de mayor categoría de la entidad demandada que desempeña
funciones a nivel seccional, por lo que ha de concluirse de acuerdo con el inciso 2
7 El auto fue proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, M.P. doctor Álvaro Enrique Rodríguez Bolaños.
8 Cfr. folio 69 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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del Artículo 150 del C.C.A, modificado por el articulo (sic) 29 del decreto 2304 de
1989, que la demanda fue bien notificada”. […]”.
La parte demandada
31. Guardo silencio en esta etapa procesal.
Concepto del Ministerio Público
32. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Auto de 9 de febrero de 2011 (sic)
33. Estando el proceso para dictar sentencia en primera instancia, el Tribunal
Administrativo del Cesar, no obstante había ordenado notificar la admisión de la
demanda a la señora Gloria Molina de Paba, por tener interés directo en las resultas
del proceso, advirtió que no se había cumplido con dicha orden y en providencia de
9 de febrero de 20119 (sic) , ordenó su vinculación en los siguientes términos:
“[…], a quien para el efecto se le notificará de la misma manera como se indicó en el
auto admisorio de la demanda (folio 16). Una vez efectuado lo anterior, fíjese el
negocio en lista por el término de diez (10) días, para los efectos indicados en el
artículo 207 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 58 de
la Ley 446 de 1998, lo anterior, con el fin de otorgarle a la mencionada señora, todas
las garantías en cada una de las etapas procesales correspondientes.
[…]”.
Contestación de la demanda
34. La señora Gloria Molina Castro contestó la demanda10 en la que formuló las
siguientes excepciones y argumentos de defensa:
Excepciones
Falta de legitimación en la causa por pasiva
9 Cfr. Folio 77 del cuaderno núm. 1 del expediente. En el sello que aparece en dicho folio la fecha es 14 de
febrero de 2012.
10 Por intermedio de apoderado judicial, dentro de la oportunidad legal. Cfr. Folios 85 a 86 del cuaderno núm. 1
del expediente.
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35. Manifestó que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar
no tiene personería jurídica, por lo que no es susceptible de ser demandada como
erradamente lo hizo la parte demandante, en razón a que era la Superintendencia
de Notariado y Registro a quien se debió dirigir la demanda.
Falta de causa para pedir
36. Sostuvo que la anotación uno del folio de matrícula inmobiliaria 190-13327,
se dio por la apertura del folio de matrícula en el que la señora Ana Rosa Castro
Trespalacios de manera legal inscribió “[…] una posesión y mejoras con falsa
tradición y en ese mismo orden transfirió esta (sic) a la señora GLORIA MOLINA DE
PABA; luego no puede ahora el Accionante ni ninguna autoridad, desconocer un
derecho que se adquirió y plasmo con antelación al decreto 1250 de 1970. […]”.
Argumentos de defensa
37. Señaló que el acto administrativo que demanda el actor tiene su origen en
“[…] la inscripción de folio de matricula (sic) se dio en 1957 con la anotación No. 1
y como dominio incompleto de falsa tradición y en ese mismo orden fue transferido
a mi clienta. La apertura de dicho folio de matricula (sic) inmobiliaria supera con gran
anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1250 de 1970 articulo 52 y 96, que
vienen a ser los basamento principales del Accionante y sus pretensiones dentro de
la presente; […]”.
38. Indicó que: “[…] nos encontramos frente a una tradición de posesión
legalmente inscrita y cuya transferencia por ende también otorgada e inscrita en
debida forma en la anotación No. 2 de dicho folio, tras acto privado de compraventa
que gozo de todas las formalidades plenas que para el momento fueron necesarias
para que la Oficina de Registro de Valledupar obrara de conformidad como lo hizo,
en uso de sus plenas facultades legales y constitucionales. […]”.
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Alegatos de conclusión
39. El Despacho sustanciador, mediante el auto proferido el 25 de octubre de
201211, corrió traslado por el término de diez (10) días para alegar de conclusión a
la parte interesada Gloria Molina de Paba.
La parte interesada
40. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.
Sentencia proferida en primera instancia
41. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia proferida el 16 de
mayo de 201312, resolvió lo siguiente:
“[…] FALLA
Primero: Declarar probada de oficio la excepción denominada inepta demanda por
indebida designación de la parte demandada. En consecuencia, inhíbase de conocer
del fondo del asunto.
Segundo: Devuélvase al demandante el remanente de la suma depositada para
gastos del proceso.
Tercero: En firme ésta providencia, archívese el expediente, previa las anotaciones
de rigor.
[…]”.
Consideraciones del Tribunal
42. Estimó que: “[…] La parte demandada propone como excepciones Indebida
designación de las partes, incapacidad o indebida representación de la demandada
para comparecer al proceso y falta de legitimación en la causa por activa. […]”.
11 Cfr. folio 103 del cuaderno núm. 1 del expediente.
12 Cfr. Folios 112 a 116 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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43. Procedió a analizar si se encuentra probada la excepción de indebida
designación de las partes propuesta por la Superintendencia de Notariado y
Registro.
44. Transcribió el numeral 1. del artículo 137 del CCA y señaló que dicha
disposición propende por que se cumplan los presupuestos de legitimidad en la
actuación y garantizar el debido proceso.
45. Expuso que en el presente caso la parte demandante indicó como parte
demandada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, que es
una dependencia de la Superintendencia de Notariado y Registro por lo que “[…] no
tiene autonomía para poder representarse como persona jurídica dentro de un
proceso como el que nos ocupa, conforme a lo estipulado en Decreto 412 de 2007,
artículo 26 […]”.
46. Mencionó que a pesar que la Superintendencia de Notariado y Registro
contestó la demanda dentro del término legal, “[…] dicha Superintendencia no fue
notificada del auto admisorio de la demanda y que su respuesta llega por conducto
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar-Cesar, ésta lo
hace señalando su falta de legitimación, dado que no fue demandada y proponiendo
la excepción que se analiza. […]”.
47. Adujo que: “[…], es claro que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Valledupar, no es persona jurídica capaz de representarse judicialmente y
revisada la norma que regula su funcionamiento se encuentra que esta es una
dependencia de la Supernotariado contra quien sí se debió incoar la presente
demanda, encontrando la Sala que, se encuentra probada la excepción de inepta
demanda por indebida designación de las partes. […]”, y en consecuencia, se
abstuvo de resolver las demás excepciones formuladas por la parte demandada y
de conocer de fondo el asunto.
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Demandante: Rodrigo Montero Castro
Recurso de apelación
48. La parte demandante interpuso, dentro del término legal, recurso de
apelación13 contra la sentencia proferida, en primera instancia, y lo sustentó con
base en los siguientes planteamientos:
49. Indicó respecto del argumento de que la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Valledupar es una dependencia de la Superintendencia de Notariado y
Registro, por lo que no tiene autonomía para representarse, que no es jurídico
porque va en contravía de le reiterada jurisprudencia de esta Corporación y cito las
siguientes providencias: 25 de mayo de 2000, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola,
expediente núm. 5589, actor Ramón Castro Marrugo; y, 15 de abril de 2010, M.P.
María Claudia Rojas Lasso, expediente núm. 20001233100020010059303, actor
Rodolfo Montero Crespo y otros.
50. Sostuvo en relación con el argumento relativo a que la Superintendencia de
Notariado y Registro contestó la demanda dentro del término otorgado, que no fue
notificada del auto admisorio de la demanda y su respuesta llegó por conducto de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, que esta posición
desconoce la figura de la notificación por conducta concluyente prevista en el
artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, la cual es aplicable por “[…]
integración normativa ordenada por el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo. […]”.
Actuaciones en segunda instancia
51. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de febrero de 201414, admitió
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 16 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar.
13 Cfr. Folios 118 a 119 ibidem.
14 Cfr. Folio 4 del cuaderno núm. 2 del expediente.
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Alegatos de conclusión en segunda instancia
52. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 31 de mayo de 201615,
corrió traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta Corporación, por el
término de diez (10) días, para que presentaran sus alegatos de conclusión.
La Superintendencia de Notariado y Registro
53. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
Ministerio Público
54. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa emitió concepto
solicitando que se declare la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la
demanda y se ordene la vinculación del tercero con interés directo en el resultado
del proceso, para que ejerza su derecho de defensa y contradicción. Fundamentó
dicho concepto en los siguientes argumentos:
55. Manifestó sobre la excepción de inepta demanda por indebida designación
de la parte demandada que declaró probada el a quo, que “[…] no tiene vocación de
prosperidad, porque si bien la demanda se dirigió contra la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos y la notificación se realizó a dicha Dependencia, la
Superintendencia de Notariado y Registro ejerció su derecho de defensa,
contestando la demanda y realizando distintas actuaciones dentro del proceso. […]”.
56. Señaló que en el presente asunto “[…] operó la notificación por conducta
concluyente, figura jurídica que “se deduce de actos o manifestaciones de la
persona, con relación a la decisión administrativa que la ha afectado, e indican de
forma inequívoca que tiene conocimiento de la misma”16. […]”.
57. Indicó que “[…] advierte la necesidad de que se proceda al envío del
expediente al Tribunal de Instancia para que se pronuncie sobre los cargos
planteados por el actor, lo que el a quo no realizó “cargos estos relacionados con la
15 Cfr. Folio 7 ibidem.
16 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. “Manual del Acto Administrativo”. Quinta Edición. Librería Ediciones
del Profesional Ltda. Bogotá, D.C., 2009, págs. 269 y 270.
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violación de los artículos 52 y 96 del Decreto 1250 de 1970 así como el artículo 1741
del Código Civil” […]”, con el propósito de garantizar los derechos de la doble
instancia, de defensa, debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
parte demandante.
58. Expresó que en el caso sub lite existen “[…] terceros con interés directo en
las resultas del proceso de nulidad impetrado por el señor Rodrigo Montero Castro
y que como tal, debieron ser vinculados, a fin de ejercer su derecho de defensa y
contradicción; pues, ante una eventual declaratoria de nulidad del acto acusado, se
afectaría el derecho real sobre el bien inmueble de la señora Gloria Molina de Paba.
[…]”.
Parte demandante
59. Guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
60. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) el acto administrativo acusado; iii) el problema
jurídico; iv) marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada; v)
marco normativo y jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez respecto
de la excepción de cosa juzgada; y, vi) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
61. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo17, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
17 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión. […]”.
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del artículo 30818 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201119, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
Acto administrativo acusado
62. El acto administrativo acusado es el siguiente:
63. La Anotación núm. 2 de fecha 3/12/1980 del Nro. Matrícula 190-13327 de la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, la cual en su texto literal
señaló:
“[…] ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha 3/12/1980 Radicación SN
DOC: ESCRITURA 1972 DEL: 17/11/1980 NOT.UNICA DE VALLEDUPAR VALOR
ACTO: $ 385.000
ESPECIFICACIÓN: FALSA TRADICION : 601 COMPRAVENTA,DOMINIO INCOMPLETO
FALSA TRADICION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-
Titular de dominio incompleto)
DE: CASTRO TRESPALACIOS ANA ROSA
A: MOLINA DE PABA GLORIA X
[…]”
Problema jurídico
64. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, determinar:
18[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior. […]”.
19 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
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64.1. De manera oficiosa, si está probada la excepción de cosa juzgada, en relación
con la sentencia proferida por esta Sección el 15 de abril de 2010, dentro del
expediente con número único de radicación 20001-23-31-000-2001-00593-0320.
64.2. En caso de no estar probada la excepción de cosa juzgada, se determinará
si hay lugar a revocar o confirmar la sentencia proferida, en primera instancia, y
atendiendo a los argumentos del recurso de apelación, si es procedente declarar
probada de oficio la excepción de inepta demanda por indebida designación de la
parte demandada; en caso contrario, si se debe devolver el expediente al tribunal
de origen para que analice los cargos de nulidad y las excepciones y argumentos
de defensa que no fueron resueltos, con el propósito de garantizar el derecho al
debido proceso y el principio de la doble instancia.
Marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada
65. Visto el artículo 175 del CCA, sobre los efectos de las sentencias que se
profieren en los procesos de nulidad, señala lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un
acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero
sólo en relación con la causa petendi juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. […]”.
(Negrilla fuera del texto).
66. El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil referente a la cosa juzgada,
dispone:
20 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de abril
de 2010; actor: Rodolfo Montero Crespo y otros; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación
20001-23-31-000-2001-00593-03 […]”.
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“[…] ARTÍCULO 332. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en
proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que
el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo
proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o
causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro
en los demás casos.
[…]”. (Negrilla fuera del texto).
67. Esta Sala21 se ha pronunciado acerca de la declaratoria de cosa juzgada en
el trámite de una acción de nulidad simple, señalando que: i) dicho fenómeno estaba
regulado en los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 175 del Código
Contencioso Administrativo; ii) la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo produce efectos de cosa juzgada erga omnes para todo el mundo,
sin importar la causa invocada que sustenta la nulidad pretendida, lo cual impide que
se pueda producir un nuevo pronunciamiento en relación con dicho acto anulado; iii)
cuando se trate de una sentencia que deniegue las pretensiones de nulidad, los
efectos de la cosa juzgada erga omnes solo se generan frente a la causa petendi,
entendida como “[…] la razón o los motivos por los cuales se demanda, está
contenida en los cargos esgrimidos o en el concepto de la violación que se invoca
como sustento de la solicitud de nulidad; […]”22, por lo que respecto de este acto
administrativo es posible cursar nuevas actuaciones judiciales, que deben tener
como fundamento una causa distinta a la decidida en la sentencia que negó la
pretensión de nulidad23.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de
noviembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-
00302-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de
diciembre de 2017; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número de radicación 05001-23-33-000-2015-
02253-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21
de octubre de 2010; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 110010325
0002006 00388 00.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de
noviembre de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-
00302-00.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 4 de marzo
de 2022; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001032400020100018000.
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Elementos de la excepción de cosa juzgada en procesos de nulidad
68. Visto el artículo 303 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 24, aplicable en
virtud del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, se considera que los
elementos de la cosa juzgada son: i) identidad jurídica de partes; ii) identidad de
objeto; e iii) identidad de causa.
69. En este contexto, la cosa juzgada se estructura a partir de dos premisas, una
objetiva relacionada con el objeto y la causa de la controversia, y otra subjetiva
relativa a los sujetos que intervienen en un proceso. Así lo ha precisado la Sala
Plena de esta Corporación, en sentencia de 26 de julio de 2005, en la cual señaló:
“[…] La institución de la cosa juzgada, como lo ha reiterado esta Corporación,
está sujeta a dos límites: el objetivo, que mira hacia el asunto sobre el que versó
el debate y la causa petendi de la prestación, y el subjetivo, que tiene que ver
con las personas que fueron parte en el proceso. Así mismo, la cosa juzgada
se predica de los puntos que han sido materia expresa de la decisión de una
sentencia y sólo puede extenderse a aquellos que por ser consecuencia
necesaria o depender indispensablemente de ella, se reputan tácitamente
decididos.
Los principios tutelares de esta institución jurídica son los establecidos en el
artículo 332 del C.P.C, los cuales son aplicables al proceso contencioso
administrativo, por remisión expresa del artículo 267 del C.C.A. Prescribe el
citado artículo 332 del C.P.C.: […]
[…]
Según esta norma cabe plantear la cosa juzgada con éxito solo si concurren los
tres elementos señalados en ella, esto es, que en ambos procesos exista
identidad de partes, de objeto y de causa.
La jurisprudencia y la doctrina han señalado que la identidad de partes no es
física sino jurídica, lo cual explica la previsión del inciso segundo del precitado
artículo, al entender que hay identidad de partes cuando los del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de los que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto intervivos celebrado con posterioridad al
registro de la demanda.
Así mismo la jurisprudencia ha dicho que este tercer requisito,
denominado límite subjetivo de la institución de la cosa juzgada, no tiene
aplicación alguna en los procesos contencioso administrativos de
nulidad, pues las sentencias que sobre ellos recaiga tienen un valor erga
omnes, como lo establece el artículo 175 del C.C.A, lo cual implica que
son oponibles a cualquier demandante que pretende, por los mismos
motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Además en estos procesos
24 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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la parte actora no promueve la acción en interés particular, sino en interés
del orden jurídico25. […]”26. (Negrilla fuera del texto).
Marco normativo y jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez
respecto de la excepción de cosa juzgada
70. Visto el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, sobre las excepciones,
podrá proponerse, entre otras, la excepción de cosa juzgada.
71. El artículo 306 ibidem establece que, en cualquier clase de proceso “[…]
Cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá
reconocerla oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación
y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda […]”.
72. En concordancia con lo anterior, el artículo 305 ejusdem, relativo a la
congruencia de la sentencia, dispone que esta providencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
73. La Sección Primera27 de esta Corporación, sobre las facultades del juez para
declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada, consideró lo siguiente:
“[…] si bien es cierto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del
C.P.C. se trata de una excepción que puede alegarse como previa, tal cosa no
significa que revista dicha naturaleza. En efecto, la doctrina la ha calificado
como una excepción mixta, pues pese a su naturaleza perentoria, recibe el
trámite propio de una excepción de mérito; por consiguiente, puede proponerse
por la parte demandada desde un primer momento, o, si esto no ocurre, puede
declararse por el juez aún de oficio, en el momento de dictar sentencia.
Más aún en acciones populares cuando la propia ley dispone que el juez
la declarará en la sentencia […]” (Negrilla fuera del texto).
74. Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, de oficio, el juez debe
declarar probada la excepción de cosa juzgada, en primera y segunda instancia,
teniendo en cuenta que este medio exceptivo es un instrumento que no beneficia
25 Sentencia de octubre 8 de 1992. Exp. 1094.Sección Primera M.P. Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Sentencia
del 22 de abril de 2004. Exp. 13274. Sección Cuarta. M.P. Dr. Germán Ayala Mantilla.
26 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. doctora Ana Margarita Olaya Forero, Radicación Nro. 11001-
03-15-000-1999-00217-01(REV); actor: Roberto Hermida Izquierdo, demandado: Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de abril
de 2007; C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; número único de radicación 54001-23-31-000-2005-
00118-01(AP).
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exclusivamente a una parte procesal sino que garantiza los principios que rigen el
procedimiento, como la igualdad, la confianza legítima, la seguridad jurídica y el non
bis in ídem y, con ello, la vigencia del orden justo.
75. En consecuencia, los principios que rigen el Estado Social de Derecho le
exigen a los jueces “[…] ser consistentes con las decisiones que adoptan,
impidiendo que un mismo asunto sea estudiado y fallado nuevamente por la
autoridad judicial, en oportunidad diferente y de distinta manera […]”28.
Solución del caso concreto en relación con la cosa juzgada
76. La Sala procede al estudio de los elementos de configuración de la cosa
juzgada, en los siguientes términos:
77. Respecto de la identidad de partes, en tratándose de procesos de nulidad
como el caso sub lite, la identidad jurídica entre las partes, es un aspecto que carece
de relevancia para la configuración de la cosa juzgada en la medida en que, estando
habilitado todo ciudadano para “[…] Interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución y de la ley. […]”29, no es necesario que la parte demandante de la
presente demanda corresponda a la del proceso primigenio, precisamente, porque
entre uno y otro existe un interés común, como es la defensa de la Constitución
Política y la Ley, resultando irrelevante la identidad de las personas que participaron
en el proceso.
78. Identidad de objeto. Del análisis de las pretensiones de los dos procesos, la
Sala encuentra acreditada identidad de objeto, por lo siguiente:
Elemento Proceso de nulidad Proceso de nulidad bajo
20001-23-31-000-2001-00593-03 estudio
Sentencia de 15 de abril de 20001233100020100048701
2010
28 Corte Constitucional; sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
29 Constitución Política, artículo 40, numeral 6.
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“[…] se declare la nulidad de las “[…] Declarar la nulidad
siguientes anotaciones realizadas absoluta del Acto
a Matrículas Inmobiliarias por la Administrativo de la
Oficina de Registro de anotación numero (sic) 2 de
Instrumentos Públicos: fecha 03/12/1.980, donde se
anotó la Escritura numero
• Anotación Nº 2 de 3 de (sic) 1.972 de noviembre 17
diciembre de 1980 dentro de la de 1.980 de la Notaria Única
Matrícula Inmobiliaria 190- de Valledupar, especificación
13327: 601 COMPRAVENTA
DOMINIO INCOMPLETO,
“(…) Anotación: Nro 2 Fecha: FALSA TRADICIÓN de
03-12-1980 Radicación: SN CASTRO TRESPALACIOS
Doc: ESCRITURA 1972 del: 17- ANA ROSA a MOLINA DE
11-1980 NOT. ÚNICA de PABA GLORIA, consignada
VALLEDUPAR Valor Acto: en el folio correspondiente a
$385.000 la Matricula Inmobiliaria
ESPECIFICACIÓN: 601 190-13327 de la Oficina de
Objeto
COMPRAVENTA, DOMINIO Registro de Instrumentos
INCOMPLETO FALSA Públicos de Valledupar,
TRADICIÓN […]”. (Negrilla y subrayado
PERSONAS QUE INTERVIENEN fuera del texto).
EN EL ACTO (La X indica la
Persona que figura como
propietario)
DE: CASTRO TRESPALACIOS
ANA ROSA
A: MOLINA DE PABA GLORIA
X (…)”
[…]”. (Negrilla del texto y negrilla
con subrayado fuera del texto).
79. Identidad de causa petendi. Respecto de los fundamentos de las demandas,
se evidencia lo siguiente:
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Artículos 52 y 96 del Decreto Artículos 52 y 96 del Decreto 1250
Normas 1250 de 1970. de 1970.
violadas
Artículo 1741 del Código Civil. Artículo 1741 del Código Civil.
• “[…] El demandante - La parte demandante argumentó
considera que las la “[…] Violación del art. 52 del
anotaciones llevadas a cabo Decreto 1250 de 1.970, […]” que
por la Oficina de Registro de establece los requisitos para que
Instrumentos Públicos, pueda ser inscrito un determinado
desconocen los artículos 52 y título y del “[…] Art. 96 del Decreto
96 del Decreto 1250 de 1970. 1250 de 1.970, que derogó la Ley
[…]”. 40 de 1.932, lo que quiere decir
que a partir de 1.970 no pueden
registrarse las posesiones
únicamente con la manifestación
de ser poseedor y en la
Compraventa efectuada entre
ANA ROSA CASTRO
TRESPALACIO y GLORIA
Cargos MOLINA DE PABA, se realizó el
17 de noviembre de 1.980 la
Escritura numero (sic) 1.972.
Para esa fecha ya se encontraba
en vigencia el Decreto 1250 de
1.970, que prohibía el registro de
posesión con la mera
manifestación de ser poseedor,
constituyéndose una nulidad
absoluta en cada una de las
anotaciones efectuadas en el folio
de matricula (sic) numero (sic)
190-13327. […]”. (Negrilla fuera
del texto).
• “[…], las citadas normas - “[…] En el titulo (sic) relacionado
prohíben el registro de la en los hechos no existe dominio
posesión y estando los en la Compraventa hecha entre la
inmuebles objeto de los señora ANA ROSA CASTRO
contratos de compraventa, TRESPALACIOS y GLORIA
ubicados en lotes de terreno MOLINA DE PABA, porque el
propiedad del Municipio de terreno donde está edificada la
Valledupar, las inscripciones mejora es de propiedad del
de venta de dominio municipio de Valledupar. […]”.
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incompleto, están viciadas de
nulidad, habida cuenta de que
fueron realizadas en 1980,
con posterioridad a la entrada
en vigencia del Decreto 1250
de 1970. […]”.
• “[…] de acuerdo con el - La parte demandante arguyó la
artículo 1741 del Código violación del artículo 1741 del
Civil30, los actos registrales Código Civil, que “[…] manifiesta
de inscripción acusados que la nulidad producida por la
están viciados de nulidad omisión de un requisito o
absoluta, puesto que formalidades que las leyes
comprenden el registro de prescriben para el valor de ciertos
escrituras públicas en las actos o contratos en
que se celebran contratos consideración a la naturaleza de
de compraventa de la ellos y no a la calidad o estado de
posesión, los cuales carecen las personas que lo ejecutan o
de efectos a partir de la acuerdan son nulidades
expedición del Decreto 1250 absolutas. […]”. (Negrilla fuera
de 1970. […]”. (Negrilla fuera del texto).
del texto).
80. La Sala observa que mediante sentencia de 15 de abril de 2010, esta Sección
resolvió una demanda de nulidad contra algunas anotaciones realizadas por la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, entre ellas, la Anotación
Nro. 2 de fecha 3/12/1980 del núm. de matrícula inmobiliaria 190-13327, en la cual
se esgrimieron argumentos similares a los que fueron planteados en el caso sub
examine, consistente en que, la anotación acusada vulneraba los artículos 52 y 96
del Decreto 1250 de 1970, los cuales prohibían el registro de la posesión, el
inmueble objeto de la compraventa es de propiedad del municipio de Valledupar y
la configuración de la nulidad absoluta (art. 1741 Código Civil) del acto de registro.
81. La Sección Primera de esta Corporación, como consecuencia de esta
demanda, mediante sentencia proferida el 15 de abril de 2010, dentro del expediente
identificado con número único de radicación 20001-23-31-000-2001-00593-03,
resolvió revocar parcialmente el fallo apelado y en relación con la Anotación Nro. 2
30 ARTICULO 1741. <NULIDAD ABSOLUTA Y RELATIVA>. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y
la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de
ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas
que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.
Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.
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de fecha 3/12/1980 del núm. de matrícula inmobiliaria 190-13327, mantuvo la
decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda.
82. La denegación de la nulidad se fundamentó en las siguientes consideraciones:
“[…] De otro lado, la Sala no declarará la nulidad de la anotación Nº 2 de 3 de
diciembre de 1980 dentro de la matrícula inmobiliaria 190-13327, toda vez que el
demandante no probó que el bien identificado con dicha matrícula, esto es el
ubicado en la Carrera 6A Nº 15 – 46, fuese de uso público, presupuesto
indispensable para que pudiese declararse la nulidad del acto administrativo
demandado, ya que según lo dispuesto en el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, al que remite en forma expresa el artículo 168 del Código
Contencioso Administrativo, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
[…]”.
83. En ese orden, la Sala considera que existe identidad de objeto y causa
petendi comoquiera que las razones que se invocan para formular las pretensiones
de la demanda (cargos de nulidad), son similares en cada uno de los procesos, razón
suficiente para declarar probada de oficio la excepción de cosa juzgada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 15 de abril de
2010 en el expediente con número único de radicación 20001-23-31-000-2001-
00593-03, que revocó parcialmente el fallo apelado y mantuvo la decisión de primera
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Número único de radicación: 20001233100020100048701
Demandante: Rodrigo Montero Castro
instancia que negó la nulidad de la Anotación Nro. 2 de fecha 3/12/1980 del núm. de
matrícula inmobiliaria 190-13327 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Valledupar, atendiendo las razones que se expusieron en la parte motiva de esta
sentencia.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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