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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-24-000-2012-00160-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00160-00

Fecha
13 de junio de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00160-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 23 de noviembre de 2023 en el expediente con número único de radicación Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 42 Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00 11001032400020120013700, que declaró la nulidad de la Resolución núm. 004551 de 19 de abril de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: En firme esta providencia, archivar el expediente del proceso de la referencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2012-00160-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 110010324000201200160 00
Demandante: British American Tobacco CHILE OPERACIONES S.A.
Demandado: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN

Asunto: Cosa Juzgada. Régimen de origen para mercancías de la ALADI. Tratado de
Montevideo de 1980 constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración,
ALADI. Acuerdos simplificados. Acuerdos de alcance parcial y de complementación
económica en el marco de la ALADI. Acuerdo de Complementación Económica núm.
24 o ACE 24 entre la República de Colombia y la República de Chile y reglas de origen.

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por British American
Tobacco Chile Operaciones S.A. contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la legalidad de los actos acusados mediante
los cuales se determina si una mercancía cumple con las reglas de origen del ACE-24
suscrito entre Colombia y Chile.

La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

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2

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

1. La sociedad British American Tobacco Chile Operaciones S.A., en adelante la
parte demandante1, presentó demanda2 contra la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante, Código Contencioso
Administrativo, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 004551 de 19
de abril de 2011 “[…] Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada
en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), correspondiente a cigarrillos,
exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. e
importada a Colombia por la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH
AMERICA LIMITED, no cumple con las condiciones para ser considerada originaria de
Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de
Complementación Económica Chile - Colombia ACE N° 24 […]”, expedida por la
Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera; ii) la Resolución núm. 008926 de 17 de
agosto de 2011 “[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
[…]”, expedida por la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera; y iii) la Resolución
núm. 013334 de 26 de diciembre de 2011 “[…] Por la cual se resuelve el Recurso de
Apelación interpuesto por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE
OPOERACIONES S.A contra la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011 por la que
la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales determinó que una mercancía no cumple con las condiciones para ser
considerada originaria de Chile de conformidad con el Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE – 24. […]”, expedida por el Director de Gestión de
Aduanas.

Las pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] PRETENSIONES

A. Que se declare la nulidad total de la Resolución N° 013334 del 26
de diciembre de 2011, proferida por la Dirección de Gestión de Aduanas de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual se
resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad BRITISH

1 Por intermedio de apoderado.
2 Cfr. folios 75 a 169 del cuaderno principal.
3 “Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”.
4 Cfr. folios 75 a 76.

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3

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A., antes Compañía
Chilena de Tabaco S.A. contra la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011

B. Que se declare la nulidad total de la Resolución N° 008926 del 17
de agosto de 2011, proferida por la Dirección de Gestión de Aduanas de la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por medio de la cual se resuelve el Recurso de
Reposición interpuesto por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO
CHILE OPERACIONES S.A., antes Compañía Chilena de Tabaco S.A. contra
la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011.

C. Que se declare la nulidad total de Resolución No. 004551 del 19 de
abril de 2011, expedida por la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de
la DIAN, por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en la
subpartida arancelaria 2402.20.00 correspondiente a cigarrillos, exportada de
Chile por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBBACO CHILE
OPERACIONES S.A., antes Compañía Chilena de Tabaco S.A. no cumple
con las condiciones para ser considerada originaria de Chile en los términos
de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile – Colombia ACE N°24.

D. Que como consecuencia de la pretensión anterior, y a título de
restablecimiento del derecho, se declare que los cigarrillos exportados de
Chile por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE S.A., antes
Compañía Chilena de Tabaco S.A cumple con las condiciones para ser
considerada originaria de Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen
de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Colombia
ACE N° 24

E. Que se declare que no corresponde a BAT Chile el pago de las
costas en que incurra la DIAN con relación a la actuación, ni las de este
proceso. […]”

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:

3.1. La Subdirección de Gestión Técnica de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas, DIAN, inició investigación de verificación de origen de
acuerdo con lo previsto en el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile – Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación
Económica ACE-24, contra los certificados de origen de los certificados de importación,
sin mediar justificación legal que le permitiera acudir a este mecanismo y no al vigente
para el momento en que se expidieron los certificados de origen y declaraciones de
importación.

5 Cfr. Folios 143 a 144 del cuaderno principal.

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4

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

3.2. Por medio de los oficios núms. 100-210.227-0201 de 4 de junio de 2010 y 100-210-
227-0238 de 30 de junio de 2010, se solicitó a la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, revisar la autenticidad de los Certificados
de Origen listados en las hojas 3 y 4 de la Resolución impugnada y expedidos por la
Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA, a la empresa exportadora Compañía Chilena
de Tabacos S.A., que “[…] amparan […]” la mercancía de cigarrillos clasificados por la
subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA6).

3.3. La Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, dio respuesta mediante la Carta núm. 3476 de 10 de septiembre de 2010, en la
que “[…] se concluyó que de conformidad con el ACE No. 24 Anexo 2 (Requisitos
Específicos de Origen) de la Resolución 252, en el que se exige que los tabacos
con que se fabrica dicho producto sean de los países participantes (Partes
Signatarias), lo cual se cumple, ya que más del 90 % de los tabacos utilizados son
chilenos y menos del 10% restante provienen de Brasil, que es parte signataria
de la Resolución 252. […]”. Obtenida la respuesta, la DIAN consultó a la Dirección de
Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la
aplicación del criterio de origen para los cigarrillos, en el marco de Acuerdo de
Complementación Económica Colombia – Chile ACE núm. 24.

3.4 El ministerio responde que la normatividad y el procedimiento adecuado eran las
reguladas en el TLC, y para la expedición de la Resolución de Origen se debe cumplir
el procedimiento del artículo 21.4 ibidem, aunque “[…] no se indica, o por lo menos
no se trascribe en la Resolución impugnada, el fundamento legal de tal concepto
[…]”; ni “[…] se explicó si el objeto de la verificación reglada por el TLC corresponde a
certificados de origen expedidos con posterioridad a su entrada en vigencia o si la nueva
norma debe hacerse retroactiva amparando situaciones consolidadas bajo el imperio
de normas anteriores. […]”7

6 Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) basada en el Sistema Armonizado

de Designación y Codificación de Mercancías
7 Ibidem

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5

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

3.5. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con posterioridad al concepto
indicado supra, adujo que según el artículo 1.° de la Resolución 252 de la ALADI y su
Anexo 2, para considerar cigarrillos originarios conforme al ACE-24, es indispensable
que el tabaco provenga de los países participantes en el Acuerdo, para este caso Chile
o Colombia.

3.6. La parte demandada “[…] remitió a la compañía exportadora, Compañía Chilena
de Tabacos S.A., con copia a la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales, el cuestionario de verificación de origen, el cual fue resuelto y se radicó
mediante la Carta No. 0506 del 7 de febrero de 2011, radicado No. 2011ER13519 del
15 de febrero del mismo año “… con los anexos respectivos y los documentos e
información solicitados”. […]”8

3.7 La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, mediante Resolución núm. 004551
de 19 de abril de 2011, “[…] determinó que los cigarrillos importados con las
declaraciones de importación allí señaladas y que fueron exportadas por mi poderdante,
no cumplirían con las condiciones para ser consideradas originarias en los términos del
ACE No. 24, suscrito entre Colombia y Chile […]”.

3.9 La Dirección de Gestión de Aduanas de la Subdirección Técnica Aduanera de la
DIAN, mediante Resolución núm. 008926 de 17 de agosto de 2011, y la Dirección de
Gestión de Aduanas de la DIAN, mediante la Resolución núm. 013334 de 26 de
diciembre de 2011, resolvieron, respectivamente los recursos de reposición y apelación
interpuesto por la parte demandante, respectivamente.

Normas violadas

4. La parte demandante, en el escrito de la demanda, señaló como vulneradas las
siguientes normas:

● Artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política de Colombia.
● Artículos 2 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
● Artículos 4.24 y 32 del Acuerdo de Complementación Económica Núm. 24
celebrado entre las repúblicas de Colombia y Chile.

8 Ibidem

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● Anexo 2 de la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999.

Concepto de Violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:

Primer cargo: “[…] Nulidad de los actos administrativos por violación al artículo
4.24 del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999 al gozar de
presunción de legalidad los certificados de origen expedidos por las autoridades
chilenas y consolidar la actuación administrativa una evidente violación del
debido proceso – concepto de países participantes. […]”

5.1. Conforme lo indica la Dirección de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales de Chile, en la comunicación 3476 de 10 de
septiembre de 2010, los 176 certificados emitidos por la Sociedad de Fomento Fabril –
SOFOFA, y que amparan la mercancía exportada por la Compañía Chilena de Tabacos
S.A. son auténticos y las personas que suscribieron estos certificados de origen, son
funcionarios de la misma y se encuentran con la plena facultad de emitir certificados de
origen, “[…] De esta manera, es claro que para el gobierno chileno no hay duda
alguna respecto a, primero, la autenticidad y veracidad de los documentos de
origen expedidos por parte de Chile, así como de la información allí contenida, y
segundo, del criterio de origen aplicado, donde se indica claramente que el origen
de las mercancías exportadas es Chile, dando cumplimiento a la normatividad
regente en el tema. […]”.9 (Negrilla y subrayado incluidos en texto original).

5.2. Indicó además que la Resolución núm. 013334 de 26 de diciembre de 2011, en lo
que respecta a la expresión “países participantes”, en el cual Chile es “país parte”,
contraría lo indicado por la autoridad chilena que concluye que los productos
exportados a Colombia son originarios de Chile, y hace una interpretación contraria al
Acuerdo de Complementación Económica ACE 24, “[…] donde se establece que
"países participantes" son todos los signatarios de ALADI […]”10

9 CFr. Folio 146 del cuaderno principal.
10 Ibidem

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5.3. Luego de explicar el propósito del ACE 24 entre Colombia y Chile, indica que el
artículo 8 prevé que los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al
amparo del Programa de Liberación allí previsto, el Régimen General de Origen de la
ALADI, previsto en la Resolución núm. 78 del Comité de Representantes de la
Asociación norma sustituida más adelante por la Resolución 252 de 4 de agosto de
1999, cuyo anexo 2 dispone como requisitos específicos de origen para la subpartida
2402.20.00, cigarrillos que contengan tabaco, que el tabaco sea de los "países
participantes".

5.4. Sostuvo que “[…] La interpretación de la frase “países participantes”, que constituye
el punto de partida del cuestionamiento de los certificados de origen en la Resolución
4551 que se acusa, no ha sido analizada en forma oficial y conjunta por los gobiernos
de Chile y Colombia, pues la primera noticia de la discrepancia en su interpretación se
vino a conocer por mi poderdante en la Resolución acusada. […]”, y, respecto de la
interpretación por parte de las autoridades chilenas, afirma que “[…] en desarrollo del
principio de interpretación de los tratados conocido como el de la “práctica
ulteriormente seguida” consideramos que el criterio de origen aplicado por el
gobierno de Chile resulta el más acorde en el contexto del Acuerdo. […]”11 (Negrilla
incluida en texto original).

5.5. Respecto de la interpretación del textos del ACE 24, la parte demandante aduce
que era obligación de la DIAN haber realizado las consulta necesarias “[…] para
solucionar las diferencias que se presenten en su aplicación, y no se puede limitar
únicamente a "últimas instancias" como lo establece la Administración por la
interpretación que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda vez que no
se puede asumir posición alguna que determine una situación concreta a un particular,
sin tener antes en cuenta el sentido del Acuerdo y la intención de los países
participantes. […]”.12

5.6. De manera que, “[…] si el gobierno Colombiano en algún momento consideró que
el criterio de origen para los cigarrillos aplicado por el gobierno chileno estaba
equivocado, debió, previamente a tomar cualquier determinación, efectuar las consultas
y, de ser el caso, presentar las propuestas de modificaciones respectivas, por lo tanto,
no era viable que Colombia desconociera de manera inconsulta y unilateral los criterios

11 Ibidem
12 Ibidem

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adoptados por el gobierno chileno, e ignorara el mandato contenido en la norma que se
comenta, castigando al usuario aduanero que simplemente obró de conformidad con la
normativa aplicable. […]”13

5.7. Informó que la parte demandada, al desconocer de manera arbitraria los criterios
del gobierno chileno, generó una afectación al usuario aduanero que obró cumpliendo
los requisitos necesarios: Es así como se evidencia que la DIAN se extralimitó en sus
funciones “[…] lo que implica su incumplimiento, que conlleva a tomar una decisión
unilateral por parte de Colombia al desconocer unos certificados de origen legalmente
expedidos por el gobierno de Chile, los cuáles gozan de plena presunción de legalidad
[…]”.14

5.8. La parte demandante afirma que al endilgarle una responsabilidad que no tiene en
la expedición de los certificados de origen para desconocer la procedencia de los bienes
que importa a Colombia y, al omitir el procedimiento previsto en el ACE 24 para la
solución de conflictos y la administración del tratado, se viola el derecho fundamental
al debido proceso, por lo que los actos administrativos ahora acusados deben ser
declarados nulos.

5.9. Sostiene que “[…] no nos encontramos frente a certificados de origen fraudulento
o alterado que le permitan a la DIAN desconocer el origen de los bienes y en
consecuencia el tratamiento preferencial otorgado […]”, y más bien “[…] la discusión
gira en torno a una diferencia de interpretación de una de las disposiciones del ACE 24
la cual conforme a lo anteriormente mencionado debe ser resuelta en forma
consensuada por las partes o impuesta por un tribunal de arbitramento, pero no como
sucedió para el presente caso de forma unilateral por una de las partes como lo
pretende la DIAN, a través de las Resoluciones demandadas. […]”15

5.10. Concluyó que “[…] se debe declarar necesariamente la nulidad de los actos
administrativos, pues no es claro su criterio respecto a la aplicabilidad de las consultas,
cerrando de esta manera la posibilidad al importador que su asunto sea discutido al
nivel del tratado, dejándolo únicamente al arbitrio del Administrador local de Aduanas
[…] Por lo señalado, en virtud de los principios de confianza legítima, seguridad

13 Ibidem
14 Ibidem
15 Ibidem

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jurídica, moralidad, buena fe y en cumplimiento de los fines del Estado, la DIAN
estaba obligada a llevar a cabo tal consulta para no vulnerar los derechos de la
Compañía quien de buena fe depositó toda la confianza en los documentos que
certificaban el origen de los productos al momento de aplicar un beneficio a su
favor, y que es afectado por actos de carácter particular bajo interpretaciones
subjetivas contrarias. […]”16 (Negrilla incluida en texto original)

Segundo cargo: “[…] Nulidad de los actos demandados por violación al artículo
83 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de Buena fe y la
Confianza Legitima. […]”

5.11. Indicó que no se encuentra en controversia, si la actuación de la compañía fue de
mala fe, en la manera que se avizora la violación al principio de buena fe y confianza
legítima, es por la interpretación errónea de los certificados de origen, al considerarlos
inválidos, y para así concluir que no se están cumpliendo con los requisitos, suponiendo
un actuar de manera fraudulenta por parte de la compañía. Es por esto que los actos
administrativos demandados vulneran los principios supra establecidos en el artículo
83 de la Constitución Política.

5.12. En esa medida, sostuvo que bajo el entendido constitucional del principio de la
buena fé “[…] no puede la Administración de Aduanas exigir lo inexigible a un particular,
pues como reza el principio de derecho este "no está obligado a lo imposible", lo que
implica que no podía prever la Compañía que, al momento de la importación existían
diferencias de criterio en relación con el tema de origen que debían ser resueltas a nivel
de Estados, y no castigando al particular por una interpretación unilateral y arbitraria
por parte de la DIAN. […]”.17

5.13. Además, teniendo en cuenta los recursos interpuestos y su argumento fundado
en el principio “Pacta sunt servanda” de la Convención de Viena, “[…] De esta
manera, si las autoridades aduaneras y de comercio exterior colombianas consideraban
que el criterio de origen aplicado por Chile no era el adecuado, debieron hacer uso de
los medios que el mismo ACE con Chile consagran para solucionar este tipo de
diferencias, y no de una forma arbitraria y unilateral determinar que los cigarrillos
importados por BAT South América no cumplen con la norma de origen, violando de

16 Ibidem
17 Ibidem

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esta forma el principio de la buena fe y confianza legítima con que BAT South América
aplicó el tratamiento preferencial respectivo; no obstante, aún a pesar de que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN conocían la interpretación del
gobierno de Chile antes de la expedición de la Resolución No. 004551, no hicieron
ninguna consulta para unificar criterios con dicho gobierno respecto a esta divergencia,
tal como el mismo ACE 24 lo exige […]” (Negrilla incluido en texto original).

5.14. Adujo que “[…] no es claro como pretenden el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de Colombia y la DIAN, hacer una interpretación del ACE-24 sin consultar ni
tener en cuenta la posición del gobierno de Chile y efectuar las consultas respectivas
para dirimir la controversia, en lo que consideramos un desconocimiento al principio de
buena fe que debe presidir la aplicación e interpretación de este importante acuerdo
comercial. […] De manera que si a los importadores el gobierno Colombiano no ha dado
a conocer que existe una diferencia en la interpretación de la norma de origen dentro
del ACE-24, acudimos a aplicar las preferencias arancelarias con base en documentos
legalmente expedidos y bajo la confianza legítima de que se van a respetar dichas
prerrogativas, derecho que no puede ser desconocido intempestivamente y de forma
unilateral por el gobierno colombiano. […]”18

5.15. Sostuvo que “[…] BAT no participa en la elaboración, autorización ni expedición
de los certificados de origen, y en la medida en que se encuentra acreditado que los
mismos son auténticos y fueron expedidos legalmente, no se le puede endilgar un
castigo, consecuencia de un acto unilateral del gobierno colombiano, pues la compañía
actuó de buena fe y con la confianza legítima en que tenía derecho al tratamiento
preferencial. […]”;19 de igual forma se encuentra irremediablemente inconforme con
algunos argumentos de los actos administrativo, debido que “[…] es absolutamente
incorrecta y temeraria, toda vez que está poniendo en riesgo todo el sistema
constitucional de normas que garantiza el cumplimiento de los fines de un estado social
de derecho. Esto implica que el importador no puede siquiera confiar en documentos
expedidos por una autoridad competente con base en un tratado comercial, pues debe
suponer que existen inconsistencias y por lo tanto riesgos latentes relativos a los
beneficios que se deriven del Acuerdo, lo que conlleva necesariamente a una

18 Ibidem
19 Ibidem

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inseguridad jurídica, que de ninguna manera puede avalarse a través de la firmeza de
actos administrativos de esta naturaleza. […]”20

Tercer cargo: “[…] Nulidad de los actos administrativos por violación del artículo
35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación de la resolución
acusada – BAT Chile no ha incumplido el ACE 24. […]”

5.17. Señaló que es “[…] totalmente falsa […]” la afirmación, según la cual, la parte
demandante incumplió con los requisitos y obligaciones previstos en el artículo 4.17 del
ACE 24, realizada por la DIAN, puesto que cumplieron con cada una de los requisitos
que se encuentran en el capítulo de origen del ACE 24, así “[…] BAT CHILE declaró en
todas las declaraciones de importación que la mercancía era originaria, con base en un
certificado de origen legalmente expedido en Chile. […] En cada una de las
importaciones BAT South America tenía a disposición de la autoridad aduanera el
certificado de origen correspondiente. […] La información la solicitó la DIAN a través de
nuestras agencias de aduana, quienes la remitieron oportunamente […]”21. Bajo los
anteriores supuestos de cumplimiento, se tienen por cumplidos los requisitos del
capítulo de origen del ACE 24.

5.18. Expresó que la parte demandada pretende establecer un incumplimiento por
hecho de un tercero, esto no solo se configura como falsa motivación, sino que también
vulnera el derecho del debido proceso y defensa; aunado a esto, se presentó
cumplimiento a las normas para la expedición el certificado de origen y fue emitido por
la entidad competente para la suscripción del certificado por parte del país exportado,
pero “[…] Si el gobierno colombiano consideraba que el gobierno chileno está
interpretando mal el criterio de origen, debía proceder a iniciar los procedimientos
consagrados en el ACE 24 para resolver el asunto, pero no señalar unilateralmente que
los certificados no acreditan el origen de los cigarrillos, perjudicando claramente los
intereses de mi poderdante […]”.22

5.19. Conforme a lo anterior sostiene que la parte demandada vulneró su derecho al
debido proceso, al tomar una decisión sin tener todo el material probatorio necesario,
para tomar una decisión objetiva, sin motivación fáctica y realizando una interpretación
errónea, violando el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.

20 Ibidem
21 Ibidem
22 Ibidem

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5.20. Concluyó que “[…] los actos administrativos no sólo deben fundarse y motivarse
en las razones que crea tener la autoridad que los emite sino "en las pruebas e informes
disponibles". Claramente esto no ocurre en el caso de mi representada, donde la DIAN
decide rechazar los certificados de origen presentados en las declaraciones de
importación al no tener en cuenta la legitimidad del certificado y las condiciones propias
del producto importado, lo que se traduce claramente en una vulneración de la
disposición contenida en el artículo 35 del CCA, especialmente cuando se observa, en
el primer acto administrativo expedido por la demanda, una referencia en la que se
señalaba en forma abierta que se importa tabaco de Zimbawe, queriendo dejarse la
sensación que aún bajo la interpretación del gobierno chileno la mercancía no cumple
con el requisito de origen, pero lo cierto es que si la DIAN analizó toda la documentación
e información aportada esta afirmación es totalmente infundada y debe ser objeto de
aclaración, en el sentido de que para los cigarrillos exportados hacia Colombia se
utilizaron tabacos originarios de países participantes de la ALADI, en los términos del
Anexo de la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI […]”23.

Cuarto cargo: “[…] Nulidad de los actos administrativos por violación de artículo
28 de la Convención de Viena toda vez que no es posible la aplicación retroactiva
del Protocolo Modificatorio – Falta de competencia de la DIAN para expedir una
resolución de origen. […]”

5.21. Señaló que atendiendo a la entrada de vigencia el 31 de diciembre de 1993 del
Acuerdo de Complementación Económica Chile - Colombia ACE N° 24, esta era la
normativa aplicable y no los protocolos modificatorios contenidos en las Decisiones
núms. 06 y 09 de la Comisión de Libre Comercio “[…] que empezaron a regir el 8 y 24
de noviembre de 2009 […]”24

5.22. Por lo anterior afirma que “[…] todas las operaciones de exportación realizadas
por BAT en las que se aportaron los certificados de origen cuestionados en la
Resolución que se acusa, fueron anteriores al 8 de mayo de 2009, por lo que lo único
que se podía exigir para comprobar origen de la mercancía era lo establecido en el
artículo decimoquinto de la Resolución 252 de ALADI […]”25, que ente otros asuntos,

23 Ibidem
24 Ibidem
25 Ibidem

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no regulaba la expedición de una resolución de origen que determinara si la mercancía
cumplía con los requisitos de origen.

5.23. Insistió que no se podía haber adelantado el proceso de verificación de origen de
que trata el artículo 4-14 y subsiguientes del TLC, sino que por el contrario debió,
realizarlo de acuerdo a la Resolución 252, que consiste en comunicarse, realizar las
consultas pertinentes y gestionar las medidas necesarias para garantizar el interés
fiscal; además, empezó la investigación sin siquiera haber realizado las consultas
pertinentes, además de no ser el competente para expedir una resolución que contenga
una calificación de origen de la mercancía, y es por esto que se encuentra viciado de
nulidad “[…] No se trata entonces de una simple norma de procedimiento, sino que
afecta claramente los derechos sustanciales de BAT, en cuanto la consulta previa
entre los países habría aclarado la diferencia de criterios y hubiera evitado el
desconocimiento del origen que ahora, unilateralmente, la DIAN pretende aplicar
con claros perjuicios económicos para mi representada. […]”26 (Negrilla incluido en texto
original).

Quinto cargo: “[…] Nulidad de los actos administrativos por violación de artículo
228 de la Constitución Política por desconocimiento del principio de prevalencia
de lo sustancial sobre lo formal y desconocimiento de los actos propios. […]”

5.24. Manifestó que “[…] el desconocimiento del certificado de origen que hace la DIAN
atenta contra la buena fe, ya que se desconoce algo que ya se acreditó anteriormente.
Este hecho se configura como un exceso en requisitos formales que no revisten una
importancia real en el proceso, en el entendido en que no hay una repercusión para un
requisito formal […]”, para el caso en concreto, el certificado de origen goza de legalidad
ya que fue expedido por la entidad competente en Chile, es por esto que “[…] Como
conclusión de lo anterior se puede decir que los actos demandados vulneraron los
derechos de BAT Chile al desconocer que cumple con las reglas de origen del ACE 24
suscrito entre Colombia y Chile; considerando que la Dirección General de Relaciones
Exteriores Económicas Internacionales de Chile, afirmó que los Certificados de Origen
son auténticos al ser expedidos por SOFOFA como autoridad competente en Chile,
motivo por lo cual las mercancías amparadas en ellos cumplían plenamente con las
reglas de origen del ACE-24 suscrito entre los dos países. Por lo tanto momento (sic)

26 Ibidem

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en que ni la DIAN o el Ministerio de Comercio de Colombia comunican al gobierno
chileno su discrepancia respecto de los requisitos exigidos para la expedición del
certificado, viola de manera directa el principio constitucional de la buena fe ya
explicado con anterioridad. […]” 27

Sexto cargo: Inexistencia de ánimo defraudatorio.

5.25. Adujo que, “[…] Por otra parte, y como consecuencia directa con lo anterior, se
desconoció, como ya se observó en este documento, el principio constitucional de
presunción de buena fe en las actuaciones adelantadas contra los particulares, toda
vez que las mercancías exportadas son de Chile y cumplen la normatividad vigente en
el tema. […]”28, además de ser un postulado constitucional, el cual presume la buena
fe en todas las gestiones realizadas, y corresponde a la otra parte demostrar de manera
idónea, certera y contundente que actúa sin buena fe; para el caso consiste en
demostrar que se defraudo al interés económico y patrimonial.

5.26. Sostuvo que “[…] Estos postulados normativos, que son desarrollos directos de lo
contenido en el artículo 20 de la Constitución y el artículo 20 del Código Contencioso
Administrativo, obligan al funcionario a no trabar o dificultar el desarrollo de las
operaciones de comercio exterior, en el marco de los principios de eficiencia y agilidad
a los que la Constitución hace referencia en el artículo 209, precepto constitucional que
contiene adicionalmente el imperativo de hacer prevalecer el derecho sustancial a
rígidos formalismos. […]”29

Contestación de la demanda

Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

6. La parte demandada contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones
presentados por la parte demandante, en los siguientes términos30:

Respecto del primer cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por
violación al artículo 4.24 del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999

27 Ibidem
28 Ibidem
29 Ibidem
30 Cfr. Folios 273 a 285.

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al gozar de presunción de legalidad los certificados de origen expedidos por las
autoridades chilenas y consolidar la actuación administrativa una evidente
violación del debido proceso – concepto de países participantes […]”31 (Negrilla
incluido en texto original)

6.1 Indicó que el ACE 24 corresponde a un acuerdo parcial, y por lo tanto diferente al
acuerdo de alcance regional, que para el caso en concreto son los que conforman la
ALADI “[…] Con lo anterior, se establece que un acuerdo de complementación – como
el ACE 24 – es un acuerdo de alcance parcial en el que no participa la totalidad de los
miembros de la ALADI, cuyos derechos y obligaciones rigen “exclusivamente” para los
países miembros que ellos suscriban o se adhieran, por lo que fuerza concluir que el
ACE-24 es un Acuerdo de Complementación Económica, de alcance parcial –
celebrado no entre todos los países miembros de la ALADI – sino sólo entre Colombia
y Chile, y por lo tanto los derechos y obligaciones que en él se establecen rigen
exclusivamente para Colombia y Chile. […]”.32

6.2. Manifestó que por esta razón, la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA)
“[…] para ser considerada originaria de un País parte, debe cumplir con el requisito
específico de origen establecido en el Anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI, esto
es, que el tabaco de los cigarrillos elaborados sea de los países participantes del
acuerdo parcial […] es decir; de Chile o Colombia, pues como ya se indicó en líneas
anteriores, los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de alcance
parcial, regirán exclusivamente para los países miembros que los suscriban […]”. 33

6.3. Aduce que contrario a lo manifestado por la parte demandante, la interpretación
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia es la interpretación oficial
del Gobierno Colombiano y que, frente al asunto sub examine, fue acogida por la parte
demandada a efectos de sustentar el procedimiento de verificación de origen que
terminó con los actos acusados.

6.4.Después de citar los antecedentes en los que el gobierno de Chile, se pronunció
sobre los mecanismos de consulta, manifestó que “[…] no puede sostener la
demandante que los países están obligados a adelantar un procedimiento específico

31 Ibidem
32 Ibidem
33 Ibidem

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consistente en realizar consultas para administrar las normas de origen de manera
efectiva y uniforme y a presentar propuestas de modificaciones cuando así lo crean
conveniente, pues es claro que este procedimiento no está consagrado en la
legislación, el de la Consulta o la Solución de Controversias entre los Estados como
paso previo y necesario para la definición particular de cada caso de verificación de
origen de operaciones de los particulares, pues de accederse a tal interpretación, haría
inoperante e inocuo todo el procedimiento de verificación de origen previsto en el
Tratado Bilateral. […]”34

6.5. Concluyó sobre este punto que “[…]no es lógico pensar que el mismo tratado le de
herramientas jurídicas a cada Estado para realizar las verificaciones de origen, y se
tenga que acudir a procedimientos que no están contemplados en el marco normativo
del acuerdo, o lo que es lo mismo, que tanto exportador como importador pueda tener
derecho al trato preferencial que le da el contar con un certificado el origen de una
mercancía, pero que el Estado no tenga derecho a verificar la realidad sustancial del
origen de la misma […]”35.

Respecto del segundo cargo “[…] Nulidad de los actos demandados por violación
al artículo 83 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de Buena
fe y la Confianza Legitima. […]”

6.6. Adujo que respecto a la buena fe “[…] no pueden resguardarse los ciudadanos en
el principio de la buena fe para omitir el cumplimiento de los cometidos legales, y en
ese mismo orden de ideas, no puede la administración dejar de actuar conforme las
funciones legalmente asignadas, pues en este caso estaría infringiendo la Constitución
Política, por omisión en el ejercicio de sus funciones. […]”, por esto “[…] al haber
quedado demostrado que las mercancías importadas no cumplen los requisitos de
origen previstos en el ACE 24, ni el exportador en Chile ni el importador en Colombia
están beneficiados arancelariamente del negocio internacional y en consecuencia se
deben pagar los tributos aduaneros a que había lugar por parte del usuario aduanero
beneficiado de la transacción y con domicilio en Colombia, es decir BRITISH
AMERCIAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED; sin perjuicio de que entre las dos
compañías, de ser procedente por su relación filial en los dos países; se adelanten
acciones propias entre proveedor en el exterior de la mercancía y el importador en

34 Ibidem
35 Ibidem

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Colombia, por haberse modificado sustancialmente los términos de la transacción de
comercio exterior, en virtud de la negación del tratamiento preferencial, por no cumplir
las mercancías las reglas de origen. […]”.36

6.7. Como quiera que de acuerdo al principio de confianza legítima “[…] la confianza
legítima se traduce entonces en la protección de las expectativas de estabilidad
generadas con las actuaciones previas ante la fundada creencia de su proyección en
condiciones relativas de permanencia, coherencia y plenitud, partiendo de la premisa
según la cual, todo ciudadano tiene derecho a prever, disciplinar u ordenar su conducta
con sujeción a las directrices normativas vigentes […] para el caso sub judice, al no
encontrarnos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados similares de parte de
la entidad demandada, sino ante la aplicación juiciosa y estricta de la normatividad
aduanera y las consagraciones del acuerdo ACE 24 y el TLC suscritos entre Chile y
Colombia, en ejercicio de sus deberes, resulta claro que aquí no puede considerarse
que ocurrió vulneración alguna al citado principio. […]”37

Respecto del tercer cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por violación
del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación de la
resolución acusada – BAT South América no ha incumplido el ACE 24. […]”

6.12. Indicó que en lo que respecta a la falsa motivación de los actos administrativos y
la supuesta omisión para valorar pruebas, carecen de sustento por cuanto “[…]el
apoderado de la sociedad demandante pretende hacer ver que la DIAN está
desconociendo los certificados de origen y que le está endilgando cargas que no le
corresponden; cuando la realidad que se extrae de la motivación misma de los actos y
de las investigaciones adelantadas por la DIAN es qué, los certificados de origen se
expidieron por autoridad competente pero se trata de productos que no cumplen los
criterios de origen fijados por el acuerdo de complementación económica ACE- 24
suscrito entre Chile y Colombia. […] precisamente los actos demandados fueron
motivados de tal manera, que no queda ninguna duda acerca de que la mercancía no
cumplía las normas de origen, y para arribar a tal conclusión se siguió el procedimiento
que para tal efecto consagra el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile.
[…]”38

36 Ibidem
37
38 Ibidem

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18

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6.13. Señaló que es una función de su defendida, el verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la obtención del tratamiento arancelario preferencial por ser
una importación de otro país, por lo cual debe cumplir con lo previsto en el tratado que
los regula; esta verificación de origen de la mercancía, no solo basta con que lo haya
expedido una entidad competente, sino que si realmente cumple con la totalidad de los
requisitos para ser considerada como mercancía originaria.

6.14. Sostuvo que conforme a los actos administrativos acusados, y teniendo en cuenta
los documentos obtenidos durante la actuación tales como “[…] copia de los certificados
de origen, documentos de transporte y facturas comerciales que sirvieron como soporte
de las operaciones de importación relacionadas en los oficios citados y realizadas por
la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, siendo
exportadora la sociedad demandante y es aquí donde precisamente se da inicio la
actuación administrativa, pues es lógico que sin la identificación de los certificados de
origen que soportan una operación de importación, no pueda realizarse ni siquiera una
verificación formal de los mismos. […]”, se comprobó “[…] la autenticidad de los
certificados de origen expedidos por la Sociedad de Fomento Fabril -SOFOFA- a la
empresa exportadora Compañía Chilena de Tabacos S.A. y el cumplimiento del criterio
de origen consignado en los mismos y en la respuesta según Carta No. 4231 del 13 de
octubre de 2011 de la parte exportadora y luego de realizar un análisis detallado de los
certificados emitidos por SOFOFA, se concluye respecto al carácter de originario de los
"Cigarrillos" que "más del 90% de los tabacos utilizados son chilenos y menos del 10%
restantes provienen de Brasil" […] ”39

6.15. Concluye, respecto de este cargo, que los hechos que la Administración tuvo en
cuenta como motivos determinantes de la decisión estuvieron debidamente probados
dentro de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que el ACE 24 es un acuerdo
de complementación económica, que no obstante se encuentra dentro del marco de la
ALADI, se encuentra suscrito únicamente entre Chile y Colombia y, en consecuencia
los únicos beneficiarios de los privilegios pactados son estos dos países; pues
pretender cosa distinta desdibuja en sí mismo el carácter de acuerdo parcial

39 Ibidem

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19

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Respecto del cuarto cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por
violación de artículo 28 de la Convención de Viena toda vez que no es posible la
aplicación retroactiva del Protocolo Modificatorio – Falta de competencia de la
DIAN para expedir una resolución de origen. […]”

6.16. Las normas que regulan los criterios de origen de las mercancías son de carácter
sustancial que confieren un tratamiento preferencial, y por tanto “[…] las normas de
origen establecidas en el Protocolo Modificatorio (TLC Colombia - Chile) se aplicarán a
las operaciones de importación que se realicen al amparo de los certificados de origen
expedidos en vigencia del TLC. […]”40

6.17. Manifiesta con base en lo anterior que, no se debe aplicar el Protocolo
Modificatorio y tampoco las Decisiones núms. 6 y 9 del TLC, sino el criterio del ACE-
24, ya que bajo vigencia de este fue que se expidieron los actos, y no bajo el criterio
de origen contenido en el TLC.

6.18. No obstante, respecto del procedimiento de verificación de origen “[…]
parte de lo establecido en el Capítulo 4 del Acuerdo de Libre Comercio entre los dos
Gobiernos, suscrito el 27 de noviembre de 2006, que constituye el Protocolo Adicional
al Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 24 y se rige por el artículo 4.21
"Procedimientos para Verificación de Origen", luego las normas de procedimiento que
se han aplicado en la verificación del origen, si son las establecidas en el TLC, pues
tratándose de regulación de esta naturaleza, procedimental y no sustancial, no puede
ser de otra forma, toda vez que si se aplicaran las normas de procedimiento del ACE
24 (hoy derogadas) nos encontraríamos ante una aplicación ultractiva de la ley
procedimental, lo cual es violatorio del derecho al debido proceso y defensa […]”41

6.19. Señaló que “[…] la interpretación que hace la Oficina de Asuntos Legales
Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no deja ninguna duda
frente a la correcta aplicación de las normas tanto sustanciales como procedimentales
a efectos de establecer el origen de las mercancías (cigarrillos) importados a Colombia
por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A., antes
Compañía Chilena de Tabaco S.A. y que involucran tanto el Acuerdo de
Complementación Económica No. 24, como el Protocolo al ACE 24 (TLC Colombia

40 Ibidem
41 Ibidem

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20

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Chile), luego no es acertada la tesis expuesta por la demandante, según la cual en el
procedimiento de verificación adelantado lo único que se podía exigir para comprobar
el origen era lo establecido en el artículo decimoquinto de la Resolución 252 de ALADI,
pues se insiste en que lo que procedía en este evento era dar aplicación al Capítulo 4
del TLC Colombia - Chile, sobre "Procedimientos para Verificación de Origen",
consagrado en el artículo 4.21., que fue precisamente la disposición que aplicó la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, tal como lo señala el numeral 1 de
esta disposición. […]”42

Respecto del quinto cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por
violación de artículo 228 de la Constitución Política por desconocimiento del
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y desconocimiento de
los actos propios. […]”

6.20. Manifestó que “[…] no se trata de un exceso de requisitos formales, como
es la simple validez de los certificados de origen, pues se insiste en que los mismos
nunca fueron desconocidos por la autoridad aduanera, tampoco se negó su
originalidad o la falta de competencia de quien los expidió, en tanto el asunto de fondo
consistió en realizar el estudio de verificación del origen de las mercancías (cigarrillos)
exportados a Colombia por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE
OPERACIONES S.A., antes Compañía Chilena de Tabaco S.A. e importados a
Colombia por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA
LIMITED, y al constatarse que los mismos no cumplían los requisitos de origen
establecidos en el acuerdo ACE-24 suscrito entre Colombia y Chile, no se podía
acceder al beneficio arancelario aplicado en las declaraciones de importación […]” 43
en caso de validar estos argumentos, supondría el desconocimiento de las funciones
de la DIAN, en especial la de la verificación de los requisitos del Acuerdo de
complementación ACE 24.

6.21. Señalo que “[…] NO ES CIERTO que no se haya notificado a la autoridad
de la parte exportadora como erradamente lo asevera el apoderado de la sociedad
actora, toda vez que como ya se mencionó, el Director de Asuntos Económicos
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con carta N° 4231 de

42 Ibidem
43 Ibidem

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21

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octubre 13 de 2011, (Folio 209 a 10 – sic - de los antecedentes administrativos) precisó
que el 23 de mayo de 2011 recibió la Resolución No. 4551 de abril 19 de 2011, a
través de la cual se estableció que los cigarrillos exportados a Colombia no cumplen
origen de conformidad con las normas contenidas en el ACE 24 suscrito entre Chile y
Colombia, razón por la cual el cargo no tiene vocación de prosperidad. […]”44

Respecto del sexto “[…] Inexistencia de ánimo defraudatorio […]”

6.22. Manifestó que los actos acusados no se suscribieron por percatarse de un
interés fraudulento o irregular, sino porque “[…] en aplicación tanto del Acuerdo de
Complementación Económica No. 24, como el Protocolo al ACE 24 (TLC Colombia
Chile), de realizar el procedimiento para verificación de origen consagrado en el
artículo 4.21. ídem, sobre las mercancías importadas por la demandante al territorio
aduanero nacional, y consecuencialmente se exima a esta, del deber de pagar unos
tributos aduaneros y se abrogue un beneficio arancelario que no resulta procedente
por no cumplir con los criterios de origen pactados entre los países que suscriben el
respectivo acuerdo. […] No puede entonces invertirse la interpretación del principio de
buena fe, y admitir que los ciudadanos se escuden en este principio, para omitir
deliberadamente el cumplimiento de los cometidos legales, y en ese mismo orden, no
puede la administración dejar de actuar conforme las funciones legalmente asignadas,
pues en este caso estaría infringiendo la Constitución y la ley, por omisión en el
ejercicio de sus funciones […]”45

6.23. Sostuvo que no se realizó por un actuar con la intención de defraudar
económicamente o patrimonial, sino que “[…] al haber quedado demostrado que las
mercancías importadas por la sociedad actora no cumplían los requisitos de origen
previstos en el ACE 24, pues sencillamente la demandante no estaría beneficiada
arancelariamente y llegado el caso, debe pagar los tributos aduaneros a que esta
obligada; sin perjuicio de que pueda adelantar las acciones propias en contra del
proveedor en el exterior por haberse modificado sustancialmente los términos de la
transacción de comercio exterior. […]”46

Actuaciones procesales

44 Ibidem
45 Ibidem
46 Ibidem

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22

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7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de abril de 201447, admitió la
demanda y ordenó notificar al Director de la DIAN y al Procurador Delegado ante esta
Corporación; y, mediante auto de 7 de septiembre de 201548, tuvo por contestada la
demanda por la parte demandada.

8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de junio de 201849, ordenó correr
traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta Corporación, por el término de
diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión.

Alegatos de conclusión

9. El Despacho sustanciador, vencido el término probatorio, mediante auto de 6
de mayo de 201950, corrió traslado común a las partes por el término de diez (10) días
para que alegaran de conclusión e informó al Agente del Ministerio Público que, antes
del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado
especial previsto en el mencionado artículo, el cual se surtió en los siguientes términos:

Parte demandante

10. La parte demandante reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda, e insistió en que:51

10.1 Cumplió el Acuerdo de Complementación Económica, de acuerdo con la
comunicación 3476 de 10 de septiembre de 2010, en la cual se expresa que la
mercancía exportada era 90% de Chile y 10 % de Brasil, y que los 176 certificados
fueron verificados por la entidad competente SOFOFA, afirmando que son auténticos;
por esto se establece que la posición de la DIAN es totalmente errada y que cumplido
con todos los requisitos necesarios en la ley “[…] 1. BAT Chile solicitó el tratamiento
arancelario preferencial basado en un certificado de origen escrito o electrónico emitido
por la autoridad competente de la parte exportadora a solicitud del mismo, que para el
caso concreto corresponde a los certificados emitidos por el SOFOFA; 2. BAT Chile

47 Folio 170 del cuaderno núm. 1 del expediente.
48 Folio 229 ibidem.
49 Folio 346 ibidem.
50 Cfr. folio 285.
51 Cfr. 288 a 296 del cuaderno principal

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declaró en todas las declaraciones de importación que la mercancía era originaria de
Chile, con base en un certificado de origen legalmente expedido en Chile […]” 52, por
estas razones infundadas y las falsas afirmaciones realizadas por la DIAN, ya que la
entidad competente del país exportador, verificó y autentico los certificados de origen.

Parte demandada

11. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión, en el momento procesal
oportuno, en los siguientes términos:53

11.1 Manifestó que sobre el cargo de la nulidad de los actos administrativos por
violación al artículo 4.24 del ACE No. 24 Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999, que
enuncia la parte demandante como vulneración al debido proceso y por la presunción
de legalidad de los certificados de origen expedidos por las autoridades chilenas, cabe
resaltar que “[…] no participa la totalidad de los miembros de la ALADI, cuyos derechos
y obligaciones rigen "exclusivamente' para los países miembros que ellos suscriban o
que a ellos se adhieran, por lo que el ACE-24 es un Acuerdo de Complementación
Económica, de Alcance Parcial - celebrado no entre todos los países miembros de la
ALADI - sino sólo entre Colombia y Chile, y por lo tanto los derechos y obligaciones que
en él se establecen rigen exclusivamente para Colombia y Chile. […]” 54, para ello se
debe tener en cuenta el pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano, al ser
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el cual emitió
oficio DIE- 493 de 10 de noviembre de 2010, por ser un “país participante” en el ACE
24, para poder dirimir la confrontación existente entre el Gobierno Colombiano y el
Gobierno Chileno.

11.2 Expresó que al cargo referente a la afectación del principio de la Buena fe y la
Confianza legítima previsto en el artículo 83 de la Constitución, “[…] se transcribieron
apartes de la comunicación DIE-493 de noviembre 10 de 2010², suscrita por el
Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, (Folio 72 a 73 de los antecedentes)
donde claramente se determinó que para considerar los cigarrillos originarios en el
marco del ACE -24, es requisito indispensable que el tabaco provenga de los países
participantes del acuerdo que concede las preferencias, es decir de Chile o de

52 Ibidem
53 Cfr. Folios 2097 a 307
54 Ibidem

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Colombia, requisito que no se cumplió en el presente caso y por ello se negó el origen
de tales mercancías […]”, por otra parte “[…] está demostrado que no nos encontrarnos
frente a actos arbitrarios, repentinos o improvisados de parte de mi mandante, sino ante
la aplicación juiciosa y estricta de la normatividad aduanera y las disposiciones del
acuerdo ACE 24 y el TLC suscritos entre Chile y Colombia. […] ”55

11.3 Conforme a la expedición de los actos administrativos acusados, se “[…] procedió
a verificar la autenticidad de los certificados de origen expedidos por la Sociedad de
Fomento Fabril SOFOFA- a la empresa exportadora Compañía Chilena de Tabacos
S.A. y el cumplimiento del criterio de origen consignado en los mismos y en la respuesta
según Carta No. 4231 del 13 de octubre de 2011 de la parte exportadora y luego de
realizar un análisis detallado de los certificados, se concluye respecto al carácter de
originario de los "Cigarrillos" que "más del 90% de los tabacos utilizados son chilenos y
menos del 10% restantes provienen de Brasil" […]”,56 finalmente insistió que el Anexo
2 trae consigo la obligación de que el tabaco debe ser de los países participantes del
Acuerdo.

Concepto del Ministerio Público

12. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico;
iv) el marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades oficiosas del juez respecto
de la excepción de cosa juzgada; y vi) la solución del caso concreto en relación con la
cosa juzgada.

Competencia de la Sala

55 Ibidem
56 Ibidem

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25

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

14. Vistos: i) el numeral 2 del artículo 128 del Decreto 01 de 198457, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del
artículo 30858 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201159, sobre el régimen de transición
y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, sobre la
distribución de los procesos entre las secciones de esta Corporación, la Sala considera
que es competente para conocer del presente asunto.

15. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de que trata este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad
que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se
desarrollará a continuación.

Actos acusados

16. Los actos acusados son los siguientes60:

16.1 Resolución núm. 004551 de 19 de abril de 201161 que, en su parte considerativa
y resolutiva señaló:

“[…] RESOLUCION NÚMERO 004551
(19 ABR 2011)

Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en la
subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), correspondiente a
cigarrillos, exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE
TABACOS S.A. e importada a Colombia por la empresa BRITISH
AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no cumple con las
condiciones para ser considerada originaria de Chile en los términos de lo
dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile – Colombia ACE N° 24

57 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de

lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral.
No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga
son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. […]”.
58 “[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio

del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
59 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
60 Se procede a trascribir los apartes más relevantes.
61 Folios 101del cuaderno número 1 del expediente.

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LA SUBDIRECTORA DE GESTION TECNICA ADUANERA

En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 del Decreto 4048
de 2008 y de conformidad con lo señalado en el Capítulo 4 del Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile -
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile
(ACE 24) adoptado mediante la Ley 1189 de abril 28 de 2008 y

CONSIDERANDO

Que con el fin de constatar el carácter originario de los cigarrillos importados
de Chile por la subpartida arancelaria 2402.20.00 bajo el marco del Acuerdo
de Complementación Económica No. 24 entre Colombia y Chile, la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera con oficios números 100-210-
227-340-015, 100-210-227- 340-016 del 17 de marzo de 2010, y 100-210-
227-340-017 del 23 de marzo de 2010 solicitó a la AGENCIA DE ADUANAS
DHL FORWARDING COLOMBIA S.A., ALMACENES GENERALES DE
DEPOSITO ALMAVIVA S.A. en calidad de Declarantes, copia de los
Certificados de Origen, Documentos de Transporte Facturas Comerciales que
sirvieron como soporte de las operaciones de importación relacionadas en los
oficios citados y realizadas por la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO
SOUTH AMERICA LIMITED. (folios 54-64).

Que la Agencia de Aduanas DHL presentó respuesta a los requerimientos
Nos 100 210-227-340-015 y 100-210-227-340-017, con escritos dirigidos a la
Coordinación de Servicio de Origen radicados bajo los números
2010ER27503 y 2010ER32792 del 5 20 de abril de 2010, respectivamente.
(folios 73-79 y 419).

Que la Agencia de Aduanas ALMAVIVA mediante radicado 2010ER33938 del
22 d abril de 2010, presentó respuesta dirigida a la Coordinación del Servicio
de Origen a requerimiento No. 100-210-227-340-016 (folio 1043).

Que de la información remitida por las Agencias de Aduanas se observa que
en lo Certificados de Origen se relaciona la subpartida arancelaria 2402.20.00
(NALADISA y en las declaraciones de importación la correlativa
2402.20.20.00 (folios 73-2026)

Que según lo dispone el artículo 8 del Acuerdo de Complementación
Económica Chile-Colombia ACE N° 24 en materia de Régimen de Origen, las
normas aplicables son las pertenecientes al Régimen General de Origen
aprobado mediante Resolución 78 del Comité de Representantes de la
ALADI, posteriormente consolidado en la Resolución 252 de agosto 4 de
1999.

La Resolución 252 en su artículo primero establece:

"PRIMERO.- Son originarias de los países participantes de un acuerdo
concertado de conformidad con el Tratado de Montevideo 1980:

a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando en su
elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera de los países
participantes del acuerdo."
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(...)

e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan
con los requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de esta Resolución"

El anexo 2 de la Resolución 252 señala:

ANEXO 2
REQUSITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN

NALADISA 96 DESCRIPCION REQUISITO
ESPECIFICO
2402.20.00 Cigarrillos que Tabaco de los países
contengan tabaco participantes

Que por lo tanto, la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria
2402.20.00 (NALADISA)correspondiente a cigarrillos para ser considerada
originaria de un País Parte, debe cumplir con el requisito específico de origen
establecido en el Anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI, esto es, que el
tabaco de los cigarrillos elaborados sea de los países participantes.

Que en este contexto la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, decidió iniciar el
Procedimiento de Verificación de Origen.

Que el procedimiento de Verificación de Origen en el cual se basa la
investigación realizada, es el establecido e el Capitulo 4 (Régimen de Origen)
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República
de Chile Protocolo Adicional al ACE-24.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.21 párrafo 1 del Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile Protocolo
Adicional al ACE-24, la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera, mediante
oficios Nos. 100-210-227-0201 del 4 de junio de 2010 y 100-210-227-0238 del
30 de junio del 2010, dirigidos a la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, solicitó
verificar la autenticidad de los Certificados de Origen expedidos por la
Sociedad de Fomento Fabril - SOFOFA - a la empresa exportadora
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., que amparan la mercancía
correspondiente a cigarrillos clasificados por la subpartida arancelaria
2402.20.00 (NALADISA)y el cumplimiento del criterio de origen consignado
en los siguientes Certificados de Origen emitidos bajo el marco del Acuerdo
de Complementación Económica entre Colombia - Chile ACE N° 24: (folios
1846-1850)

[…]

Que en respuesta a la solicitud, el 10 de septiembre de 2010, la Dirección de
Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales de Chile en Carta N° 3476 radicado DIAN N°
2010ER77830 del 13 de 04/05/2009 septiembre de 2010, informó que
realizado un análisis detallado de los Certificados de Origen emitidos por la
Sociedad de Fomento Fabril - SOFOFA se concluyó lo siguiente:

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• Respecto al carácter originario de los "cigarrillos" informo a Ud. que bajo
el ACE N° 24, Anexo 2 (Requisitos Específicos de Origen) de la
Resolución 252, exige que los tabacos con que se fabrica dicho producto
sean de los países participantes (Partes Signatarias), lo cual se cumple,
ya que más del 90% de los tabacos utilizados son chilenos y menos del
10% restante provienen de Brasil, que es parte signataria de la Resolución
252.

(...)

• Los 176 certificados son auténticos y se encuentran en los archivos de
SOFOFA.

• Las personas que suscriben los certificados de origen son funcionarios de
la SOFOFA y se encuentran habilitados para emitir certificados de origen
de exportación por parte del Gobierno Chileno." (folios 2038-2039).

Que con fundamento en la respuesta emitida por la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la
Coordinación Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera, con oficio N 100-210-227-340-155 del 24 de septiembre de 2010,
consultó a la Dirección Integración Económica del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo sobre aplicación del Criterio de Origen para los cigarrillos
en el marco del Acuerdo Complementación Económica Colombia Chile ACE
N° 24 y del Procedimiento Verificación de Origen establecido en el marco del
IX Protocolo del mismo Acuerdo (folio 2040).

Que mediante oficio No. DIE-470 del 26 de octubre de 2010 suscrito por el
Director Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, señala: "... Ias normas aplicables para adelantar un proceso de
verificación de origen con posterioridad a la entrada en vigor del TLC, son las
normas establecidas en dicho TLC". Así mismo indica, que para poder emitir
una Resolución de Origen indispensable cumplir con el procedimiento de
verificación de origen establecido en Artículo 21.4 3 (sic) del TLC (folio 2042)

Que Posteriormente, el Director de Integración Económica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con oficio No. DIE-493 del 10 de noviembre de
2010, dando alcance al oficio No. DIE-470, manifiesta que revisado el artículo
1 de la Resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de Integración
ALADI y su Anexo 2, se encuentra que:

"...para considerar una mercancía originaria bajo el ACE-24 entre Chile y
Colombia, es necesario que las mercancías a exportar, para el caso los
cigarrillos, sean elaborados íntegramente en Chile y Colombia. Lo anterior
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1:

"Son originarias de los países participantes de un acuerdo concertado de
conformidad con el Tratado de Montevideo 1980:

a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando en su
elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera de los países
participantes del acuerdo.

(…)

e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan
con los requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de esta Resolución.
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

El Anexo 2 de la mencionada Resolución exige que el tabaco de los cigarrillos
elaborados sea "de los países participantes"

Al consagrar la norma el término "países participantes" hace referencia a los
países participantes de un acuerdo concertado de conformidad con el Tratado
de Montevideo, es decir de un Acuerdo de Alcance Parcial o Regional,
celebrado en el marco de la ALADI (en este caso el ACE 24) y no a los países
signatarios del Tratado de Montevideo y de la Resolución 252...

En este orden de ideas, para considerar los cigarrillos originarios en el marco
del ACE-24, es requisito indispensable que el tabaco provenga de los países
participantes del acuerdo que concede las preferencias, es decir de Chile o
de Colombia" - subrayado fuera de texto - (folios 2046-2047).

Que en cumplimiento de lo establecido en el Capitulo 4, articulo 4.21 párrafo
3 (a) del Acuerdo de Libre Comercio entre las Repúblicas de Colombia y Chile
• Protocolo Adicional al ACE No. 24, a través de oficio No. 100-210-227-0379
del 3 de noviembre de 2010, la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
remitió a la empresa exportadora COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A.,
con copia a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
el Cuestionario de Verificación de Origen (folios 2048 - 2058).

Que mediante Carta N° 5029 del 17 de diciembre de 2010, radicado DIAN N°
2010ER110323 del 21 de diciembre del mismo año, la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile, solicitó prórroga hasta el 10 de febrero de 2011 para
responder el Cuestionario de Verificación, la cual fue concedida a la empresa
exportadora COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., por la Subdirección
de Gestión Técnica Aduanera mediante oficio No. 100210-227-0433 del 24 de
diciembre de 2010 (folio 2075).

Que con oficio N° 100210-227-0021 del 19 de enero de 2011, la Subdirección
de Gestión Técnica Aduanera informó al Representante Legal de la empresa
importadora BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED,
Doctor Marcelo José Teixeira Izzo, sobre la realización del proceso de
Verificación de Origen para las mercancías descritas como cigarrillos
clasificados por la subpartida 2402.20.00 exportadas por la empresa
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., durante los años 2008, 2009 y
2010 (folio 2092).

Que a través de Carta N° 0506 del 7 de febrero de 2011, radicado DIAN N
2011ER13519 del 15 de febrero del mismo año, la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile, remitió el Cuestionario de Verificación de Origen
debidamente contestado firmado por el Representante Legal de la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A con los anexos respectivos y los
documentos e información solicitados (folios 2116- 2139).

Que en el escrito que acompaña la remisión del Cuestionario de Verificación
de Origen, el Representante Legal de la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS
SA efectúa algunas precisiones tendientes a respaldar el cumplimiento de las
normas de origen aplicables en el Acuerdo de Complementación Económica
N° 24 entre Chile - Colombia ACE-24, manifestando al respecto y en relación
con la Resolución 252 del Comité de Representantes que:

“… al señalar esta normativa como requisito que el tabaco fuera de los “países
participantes" se entiende como que el tabaco fuera de los países
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

participantes de la ALADI, tal como lo han aplicado las autoridades Chilenas
al momento de la expedición de los certificados de origen y lo han entendido
las mismas Partes cuando mediante una disposición posterior (Decisión 06)
precisa de manera explícita la acumulación extendida.

La circunstancia de que en los requisitos específicos de origen se consagra
la acumulación entre todos los países participantes de la ALADI, explica que
esta figura de la acumulación no se regulara de manera expresa en el
articulado del Acuerdo (...)"

Concluyendo que "...nuestra compañía cumple a con las reglas de origen del
ACE 24suscrito entre Colombia y Chile, en las operaciones de cigarrillos
nuestra vinculada BAT COLOMBIA, tal como se puede verificar en forma
detallada en cada uno de los anexos de la información solicitada..." (folios
2133-2136)

Que en el Anexo a la respuesta de la pregunta 8 del Cuestionario de
Verificación, la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. relacionó que
importó para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 "Tabaco" de Brasil, México,
Perú, Venezuela y Zimbabwe, entre otros (folios 2154-2216)

Que en el Anexo a la respuesta de la pregunta 12 del Cuestionario de
Verificación, la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A relacionó que para
la producción de los cigarrillos exportados hacia Colombia bajo el marco del
Acuerdo de Complementación Económica ACE No24 y amparados en las
declaraciones de importación presentadas en los años 2008 y 2009 utilizó
tabaco importado en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
(folios 2246-3933)

Que en respuesta a la pregunta 13 del Cuestionario de Verificación, la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. confirmó que no ha utilizado
tabaco colombiano en la fabricación de los cigarrillos exportados hacia
Colombia para los años 2008 y 2009. (folio 2126)

Que en respuesta a la pregunta 34 del Cuestionario de Verificación, la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A declara que para las exportaciones
realizadas a Colombia hasta mayo 7 de 2009 bajo el marco del Acuerdo de
Complementación Económica No. 24, el criterio de origen fue el establecido
en el Anexo 2 "Requisito Específico de Origen" de la Resolución 252 de la
ALADI que exige para los cigarrillos que los tabacos con que se fabrican "sean
de los "países participantes" entendiendo por ello los países miembros de
ALADI, a su vez, Partes Signatarias de la referida resolución. Este criterio lo
cumplimos al utilizar más del 90% de tabacos chilenos, y el restante de países
participantes de ALADI, que igualmente son partes signatarias de la
resolución 252". (Folio 2129)

Que en los Certificados de Origen expedidos bajo el marco del Acuerdo de
Complementación Económica ACE-24, se relaciona el criterio de origen
"RESOLUCIÓN 252, ARTÍCULO 1, LITERAL E".

Que del análisis y evaluación de la información suministrada correspondiente
al Acuerdo de Complementación Económica Chile-Colombia ACE No. 24, se
evidencia que en la fabricación de cigarrillos exportados por la empresa
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A se utilizó "Tabaco importado" de
Brasil, México, Perú, Venezuela, y Zimbabwe, (sic) entre otros (folios 2246-

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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

3324, 3374-3383, 3446-3621, 3630-3633, 3866- 3873, 3892-3895, 3900-
3903).

Que como se señaló, el Director de Integración Económica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo se pronunció al respecto con oficio No. DIE-
493 del 10 de noviembre de 2010, manifestando que la expresión "Tabaco de
los países participantes" se refiere a un Acuerdo "concertado de conformidad
con el Tratado de Montevideo, es decir de un Acuerdo de Alcance Parcial o
Regional, celebrado en el marco de la ALADI (en este caso el ACE 24) y no a
los países signatarios del Tratado de Montevideo y de la Resolución 252..."
concluyendo que "para considerar los cigarrillos originarios en el marco del
ACE-24 es requisito indispensable que el tabaco provenga de los países
participantes del Acuerdo que concede las preferencias, es decir, de Chile o
de Colombia (folios 2046 y 2047)

Que conforme a la consideración anterior, el criterio de origen "RESOLUCIÓN
252, ARTÍCULO 1, LITERAL E" invocado en los 129 Certificados de Origen
expedidos bajo el marco del Acuerdo de Complementación Económica Chile
• Colombia ACE N° 24, no acredita el origen para la aplicación del mencionado
Acuerdo, consistente no sólo en que la elaboración de los cigarrillos se realice
en el territorio de los Estados Parte sino que además que el tabaco utilizado
sea de los Países Participantes.

Que como resultado del Procedimiento de Verificación desarrollado, se
determina que la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria
2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos exportados a Colombia
por la empresa COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la
sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no
cumple con las condiciones para ser considerada originaria en los términos
de lo dispuesto en el Régimen de Origen, artículo 8 del Acuerdo de
Complementación Económica N° 24 entre Colombia y Chile, en razón a que
en la elaboración de los cigarrillos exportados hacia Colombia se utilizó tabaco
no originario de las Partes.

Que por otra parte, el Capítulo 4 - Régimen de Origen, Sección B -
Procedimientos de Origen, artículo 4.17: Obligaciones Relativas a las
Importaciones, del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile - Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un espacio
Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) dispone:

Artículo 4.17: Obligaciones Relativas a las Importaciones

1. La autoridad aduanera de cada Parte exigirá que el importador que solicite
tratamiento arancelario preferencial para una mercancía:

(a) declare por escrito en el documento de importación requerido por su
legislación, en base a un certificado de origen, que una mercancía califica
como mercancía originaria;

(...)

2. Si un importador en su territorio no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en este Capítulo, la autoridad aduanera negará el tratamiento
arancelario preferencial

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32

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

Que se advierte el incumplimiento por parte del importador BRITISH
AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED de la norma transcrita,
en lo pertinente, toda vez que en las Declaraciones de Importación
presentadas (Folios 73-418, 441-624, 661-678, 890-919, 1031-1041, 1547-
1838) consta que con fundamento en los Certificados de Origen expedidos
por la SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL- SOFOFA los cigarrillos se
declararon como originarios de Chile.

En consecuencia este Despacho,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Determinase que la mercancía clasificada en la
subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos,
amparada en la Declaraciones de Importación relacionadas en este artículo y
exportada desde Chile hacia Colombia por la empresa COMPAÑÍA CHILENA
DE TABACOS S.A., e importada por la sociedad BRITISH AMERICAN
TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED., con NIT 800.245.520-2, no cumple
con las condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo
dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, de conformidad con lo señalado en la
parte motivada de la presente Resolución:

[…]

ARTICULO SEGUNDO: Notificar, el contenido de la presente resolución al
importador BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED,
con NIT 800.245.520- 2, de conformidad con lo establecido en los artículos 44
y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: Notificar, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.21
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República
de Chile - Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia
y Chile (ACE 24) al Subdepartamento de Certificados de Origen del
Departamento de Acceso a Mercados de la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en la siguiente
dirección: San Martín 88, piso 2 Santiago - Chile, mediante el envío de una
copia de esta Resolución a través de correo certificado internacional.

ARTICULO CUARTO: Una vez en firme la presente resolución, remítase a la
Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera para que proceda al
cobro de los tributos aduaneros dejados de cancelar y sanciones
correspondientes, por lo expuesto en los considerandos del presente acto
administrativo a las importaciones de la mercancía clasificada en la subpartida
arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos amparada
en las Declaraciones de Importación relacionadas en el artículo primero de
esta resolución, exportada desde Chile hacia Colombia por la empresa
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la sociedad
BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED.

ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el Recurso de
Reposición (Revisión en términos del TLC) ante la Subdirección de Gestión
Técnica Aduanera y el Recurso de Apelación ante la Dirección de Gestión de
Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los que
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
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33

Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

notificación de esta providencia y presentarse en la Coordinación de
Documentación de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la siguiente dirección:
Carrera 7 No 6-54 piso 1, Bogotá Colombia.

ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copia del presente acto administrativo a la
Dirección de Gestión de Aduanas y a la Dirección de Integración Económica
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Calle 28 No. 13 A 15, Piso 6°
de Bogotá), para su conocimiento. […]”

15.2 Resolución núm. 008926 de 17 de agosto de 201162 de la cual se resolvió lo
siguiente:
“[…] DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución N° 004551 del 19 de abril
de 2011, por medio de la cual se determinó que la mercancía clasificada bajo
la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a
cigarrillos, exportada desde Chile hacia Colombia por la empresa COMPAÑÍA
CHILENA DE TABACOS S.A., ahora denominada BRITISH AMERICAN
TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. e importada por la sociedad
BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no cumple con
las condiciones para ser considerada originaria de Chile en los términos de lo
dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica ACE N° 24 entre Chile y Colombia.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto
administrativo al doctor JOSÉ TOMÁS BARRETO RAMIREZ […] en su
calidad de Apoderado General de la sociedad BRITISH AMERICAN
TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A., de conformidad con lo establecido
en el artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copia del presente acto administrativo
a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, para lo de su competencia, teniendo en cuenta que contra la
Resolución N° 004551 del 19 de abril de 2011, se interpuso recurso de
apelación el 28 de junio de 2011, bajo el radicado DIAN N° 2011ER57589.

ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copia del presente acto administrativo
a la Dirección de Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo (Calle 28 No.13 A-15, Piso 6ºde Bogotá), y a la Autoridad
Competente del País Exportador, la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales Ministerio RR.EE. […]”

15.3 Resolución núm. 013334 de 26 de diciembre de 201163 de la cual se destaca, lo
siguiente:

“[…] RESUELVE

62 Folios 303 del cuaderno núm. 1 del expediente.
63 Folios 286 a 326 del cuaderno de antecedentes administrativos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No.
004551 del 19 de abril de 2011 de la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera "Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en
la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), correspondiente a
cigarrillos, exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE
TABACOS S.A. e importada a Colombia por la empresa BRITISH AMERICAN
TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no cumple con las condiciones para
ser considerada originaria de Chile en los términos de los dispuesto por el
Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile -
Colombia ACE No 24”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al
Apoderado Especial de la sociedad exportadora, de conformidad con lo
previsto en los artículos 44 y siguientes del Código Contencioso
Administrativo […], advirtiendo al interesado que contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno por haber quedado agotada la vía
gubernativa.

ARTICULO TERCERO: COMPULSAR copia de la presente Resolución a la
Dirección de Integración Económica del Ministerio Comercio, Industria y
Turismo a la Calle 28 No. 13 A – 15 de Piso 6º de Bogotá D.C.; por correo
certificado internacional a, la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile en Teatinos No. 180 - Piso 11 de Santiago
de Chile y a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: DEVOLVER el expediente del Recurso de Apelación
del Importador (sic) a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera para que
repose en sus archivos. […]”

Problema jurídico

17. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la
demanda, la contestación a la demanda, los alegatos y las pruebas decretadas e
incorporadas legalmente al expediente del proceso de la referencia, y atendiendo a que
de manera general la parte demandante funda los cargos afirmando que los actos
acusados desconocen las normas que regulan el Régimen de Origen del Acuerdo de
Complementación Económica Chile Colombia ACE N° 24, y del Régimen General de
Origen de la ALADI, regulado en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la
Asociación, aprobada mediante Resolución núm. 252 de 1999, determinará:

17.1. Si está probada la excepción de cosa juzgada, en relación con la sentencia
proferida por esta Sección, el 23 de noviembre de 2023, dentro del expediente con
número único de radicación 1100103240002012001370064.

64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera Tercera, sentencia de 23 de

noviembre de 2023; actor: British American Tobacco South America Limited; C.P. Hernando Sánchez Sánchez;
número único de radicación 25000-23-24-000-2012-00137-00.
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

17.2. En caso de no estar probada la excepción de cosa juzgada, si las resoluciones
núm. 004551 de 19 de abril de 2011, 008926 de 17 de agosto de 2011 y 013334 de 26
de diciembre de 2011 infringen: i) el artículo 4.24 del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la
Resolución 252 de 1999; ii) el artículo 83 de la Constitución Política; iii) el artículo 28 de
la Convención de Viena; iv) el artículo 228 de la Constitución Política; y v) si existe o no
ánimo defraudatorio por la parte demandante.

17.3. En tal virtud, la Sala definirá si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos
acusados expedidos por la parte demandada.

Marco jurídico y desarrollos jurisprudenciales de la cosa juzgada

18. Visto el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, sobre la cosa juzgada,
dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 175. Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de
un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo
en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa
y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el
mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del
derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta
declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o
de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte,
quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios. […]”.

19. Visto el artículo 303 del Código General del Proceso sobre cosa juzgada,
dispone:

“[…] ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo
proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el
anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo
proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero
o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al

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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro
en los demás casos.

[…]”.

20. Esta Sala65 se ha pronunciado acerca de la declaratoria de cosa juzgada
señalando que: i) la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo
produce efectos de cosa juzgada erga omnes para todo el mundo, sin importar la
causa invocada que sustenta la nulidad pretendida, lo cual impide que se pueda
producir un nuevo pronunciamiento en relación con dicho acto anulado; ii) cuando
se trate de una sentencia que deniegue las pretensiones de nulidad, los efectos de
la cosa juzgada erga omnes solo se generan frente a la causa petendi, entendida
como “[…] la razón o los motivos por los cuales se demanda, está contenida en los
cargos esgrimidos o en el concepto de la violación que se invoca como sustento de
la solicitud de nulidad; […]”66, por lo que respecto de este acto es posible cursar
nuevas actuaciones judiciales, que deben tener como fundamento una causa
distinta a la decidida en la sentencia que negó la pretensión de nulidad.

21. De acuerdo con el artículo 303 citado supra, aplicable en virtud del artículo 267
del CCA, en consonancia con la sentencia C-774 de 2001, señala que la cosa
juzgada surge con el cumplimiento de ciertos requisitos como: (i) identidad del
objeto, es decir, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o
inmaterial, respecto de la cual pudo reconocerse un derecho, o haberse declarado,
o modificado un aspecto de la relación jurídica debatida; (ii) identidad sobre los
elementos consecuenciales de un derecho que no fue declarado expresamente; (iii)
identidad de causa petendi, como sucede cuando la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada recaen sobre los mismos fundamentos de hecho y derecho
y, finalmente, (iv) identidad de partes e intervinientes los cuales están en función a
las decisiones que se tornaron en cosa juzgada, haciendo la advertencia que no
necesariamente se exigirá la identidad de partes en los juicios promovidos en acción
de simple nulidad.

65 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de noviembre

de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-00302-00. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 7 de diciembre de 2017; C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés; número de radicación 05001-23-33-000-2015-02253-01. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 21 de octubre de 2010; C.P. Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación 110010325 0002006 00388 00.
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 20 de noviembre

de 2020; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 11001-03-24-000-2011-00302-00.

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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades oficiosas
del juez respecto de la excepción de cosa juzgada

22. Visto el artículo 164 del CCA, dispone en su inciso segundo que en la sentencia
definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada, entre las que se encuentra la de cosa juzgada.

23. Esta Sala sobre la facultad oficiosa del juez para declarar la ocurrencia de esta
excepción, expuso lo siguiente:

“[…] la Sala considera que, de oficio, el juez debe declarar probada la
excepción de cosa juzgada, en primera y segunda instancia, teniendo en
cuenta que este medio exceptivo es un instrumento que no beneficia
exclusivamente a una parte procesal sino que garantiza los principios que
rigen el procedimiento, como la igualdad, la confianza legítima, la seguridad
jurídica y el non bis in ídem y, con ello, la vigencia del orden justo. […]”67.

Solución del caso concreto en relación con la cosa juzgada

24. Atendiendo a que esta Sección mediante sentencia proferida, en única instancia,
el 23 de noviembre de 2023, dentro del expediente del proceso núm.
110010324000201200137 00, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 004551 de
19 de abril de 2011; 006711 de 14 de junio de 2011; y 012386 de 29 de
noviembre de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. […]”

25. En las consideraciones expuestas en la sentencia indicada supra, se indicó ente
otros:
“[…] 103. De esta manera, la mercancía clasificada en la subpartida
arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos, descrita en
los actos acusados y amparada en la Declaraciones de Importación que allí
se relacionan, que fuera exportada desde Chile hacia Colombia por
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la parte
demandante, cumplen las condiciones para ser considerada originaria en los
términos previstos en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, toda vez que. i) el ACE 24, remite, en
materia de reglas de origen, a las normas previstas en el Régimen General de
Origen de la ALADI, contenidas en la Resolución 78 del Comité de
Representantes de la Asociación, aprobada mediante Resolución núm. 252 de
4 de agosto de 1999; y ii) fue elaborada y transformada en territorio chileno
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 10 de octubre de

2022; C.P. Hernando Sánchez Sánchez; número de radicación 20001233100020100048701.
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

utilizando materiales de países no participantes del ACE 24, confiriéndoles
una nueva individualidad al quedar clasificadas en NALADISA en partida
diferente a la del material origen.

104. En este sentido, los actos acusados, al determinar que la mercancía
clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA)
correspondiente a cigarrillos, no cumple las condiciones para ser considerada
originaria, desconocen las normas en los términos previstos en el Régimen de
Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile Colombia ACE N°
24, y del Régimen General de Origen de la ALADI, regulado en la Resolución
78 del Comité de Representantes de la Asociación, y aprobada mediante
Resolución núm. 252 de 1999, por lo que debe prosperar la pretensión de
nulidad por este cargo, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveído. […]”

26. Y, respecto del restablecimiento del derecho se afirmó:

“[…] 107. La Sala advierte que la parte demandante no formula una pretensión
expresa relacionada con el restablecimiento del derecho que se genera por la
declaratoria de nulidad del acto administrativo, y solo se limita a solicitar que
se le exima del pago de costas que se generen en el procedimiento
administrativo o judicial, lo que impide un pronunciamiento sobre el particular.

108. Empero, la Sala no desconoce los efectos que se derivan de la
declaratoria de nulidad de los actos acusados habida consideración que los
mismos indicaron las consecuencias que se generan al determinar que la
mercancía importada desde Chile hacia Colombia no cumplía con las
condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo dispuesto en
el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile
Colombia ACE N° 24.

109. En efecto, el acto acusado dispuso en su artículo CUARTO, remitir “[…]
a la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera para que proceda al
cobro de los tributos aduaneros dejados de cancelar y sanciones
correspondientes […]”, hecho que suscitó el inicio de una nueva actuación
administrativa a cargo de la parte demandada, y respecto de la cual se
ejercieron los medios de control correspondientes que a la fecha se encuentra
en trámite, razón por la que escapa del conocimiento de esta Sala y resulta
ajeno a la presente litis, siendo objeto de otro proceso judicial. […]”.

27. La Sala considera que, en relación con la sentencia proferida el 23 de noviembre
de 2023, por esta misma Sección, en la cual se resolvió el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado por British American Tobacco South America
Limited, en contra de la Resolución núm. 004551 de abril 19 de 2011, igualmente
demandada en este proceso, lo resuelto en dicha providencia judicial hizo tránsito
a cosa juzgada erga omnes, en tanto que el acto acusado fue retirado del
ordenamiento jurídico, por lo que la Sala declarará, de oficio, la excepción de cosa
juzgada y en consecuencia, ordenará estarse a lo resuelto en las referidas
providencias judiciales como, en efecto, así quedará consignado en la parte
resolutiva de esta sentencia.
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

28. Lo anterior atendiendo a que British American Tobacco South America Limited,
parte demandante en el expediente del proceso identificado con el número
11001032400020120013700, y conforme al certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá68, se
constituyó como una sucursal “[…] DE LA SOCIEDAD. INTERNATIONAL TABACO
(OVERSEAS) LIMITED. DOMICILIADA EN STAINES, MIDDLESEX, INGLATERRA DE
SUS ESTATUTOS Y DE LA RSOLUCION (sic) QUE ACORDO EL ESTABLECIMIENTO
EN COLOMBIA DE UNA SUCURSAL. […]”69. Y mediante escritura pública núm. 3513 de
23 de septiembre de 1997, cambio su nombre de: “International Tobacco (Overseas)
limited” a “British American South America Limited”.

29. Del mismo modo, y atendiendo que la parte demandante en el expediente del
proceso de la referencia, indicó en el “[…] Acta de la 1245 SESION DE
DIRECTORIO […]70” y con el propósito de designar un “gerente de finanzas” por
cuanto el que hasta ese momento fungía como tal, “[…] había presentado su
renuncia al cargo a partir del primero de enero de dos mil once. Lo anterior obedece
a la aceptación de otro cargo de BAT en la región. En razón de la renuncia del Sr.
Valle, el Directorio acordó nombrar a partir del primero de enero de dos mil once
como gerente de finanzas al sr. Leonardo Morales Somarriba y acordó otorgar los
siguientes nuevos poderes: […]”

30. En este sentido, el artículo 263 del Código de Comercio, sobre sucursales, las
define como establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera
de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos,
administrados por mandatarios con facultades para representar a la sociedad, por
lo que las sucursales, como establecimientos de comercio abiertos para desarrollar
los negocios sociales y administrados por mandatarios con facultades de
representación de la sociedad tienen las mismas atribuciones de los
administradores de la principal.

31. De lo anterior se advierte que las partes demandantes en ambos procesos
corresponden a sucursales de una matriz en la región, por lo que se dan las

68 Cfr. Folio 5 del cuaderno principal en el expediente 110010324000201200137 00.
69 Escritura Pública 2752, Notaría 11 de Santafé de Bogotá, del 10 de octubre de 1994
70 Cfr. Folio 004, soportes del poder

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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

circunstancias fácticas previstas en el artículo 260 del Código de Comercio de una
sociedad subordinada por cuanto su poder de decisión se encuentra sometido a la
voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea
directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por
intermedio de las subordinadas de la matriz, por lo que las decisiones de las
autoridades judiciales o administrativas que sobre ellas recaiga, las afectará o
beneficiará en igualdad de condiciones, como ocurre en el asunto sub examine con
la Resolución núm. 004551 de abril 19 de 2011.

De las resoluciones núms. 008926 de 17 de agosto de 2011 y 013334 de 26 de
diciembre de 2011, por medio de las cuales se resuelven los recursos de
reposición y de apelación respectivamente

28. Mediante las resoluciones núms. 008926 de 17 de agosto de 2011 y 013334 de
26 de diciembre de 2011, se resolvieron los recursos de reposición y de apelación
respectivamente, interpuestos por la parte demandante contra la Resolución
004551 del 19 de abril de 2011, en el sentido de confirmar el acto inicial.

29. Atendiendo a que esta Sección, mediante sentencia proferida, en única
instancia, el 23 de noviembre de 2023, dentro del expediente del proceso núm.
110010324000201200137 00, resolvió entre otros: “[…] DECLARAR la nulidad de
las resoluciones núms. 004551 de 19 de abril de 2011 […]”, lo cual, como se ya se
indicó, hizo tránsito a cosa juzgada erga omnes respecto de dicho acto, en tanto
que fue retirado del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc: esta Sala considera
que, los actos que resuelven los recursos en sede administrativa (entonces
denominada vía gubernativa), perdieron su fuerza ejecutoria por desaparición de
sus fundamentos de derecho, de conformidad con lo previsto en el numeral 2
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo 71, sobre pérdida de fuerza
ejecutoria.

Del restablecimiento del derecho

71
Artículo subrogado por el artículo 9 del Decreto 2304 de 1989, posteriormente declarado inexequible mediante
sentencia núm. 080 proferida por la Corte Suprema de Justicia el 20 de junio de 1990.
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

30. Respecto del restablecimiento del derecho consistente en declarar que los
cigarrillos exportados desde Chile cumplen con las condiciones para ser
considerada originaria de Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen de
Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Colombia ACE N° 24,
esta Sala reitera que si bien la declaratoria de nulidad del acto acusado genera unos
efectos, los mismos actos indicaron las consecuencias que se generan al determinar
que la mercancía importada desde Chile hacia Colombia no cumplía con las
condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo dispuesto en el
Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile Colombia
ACE N° 24., cuando en su artículo CUARTO, remite “[…] a la Subdirección de Gestión
de Fiscalización Aduanera para que proceda al cobro de los tributos aduaneros dejados de
cancelar y sanciones correspondientes […]”, hecho que puede ser objeto de una nueva
actuación administrativa a cargo de la parte demandada, y respecto de la cual serán
susceptibles de control, razón por la que escapa del conocimiento de esta Sala y
resulta ajeno a la presente litis, por lo que no habrá pronunciamiento sobre dichos
efectos.

Condena en costas

28. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada, de oficio, la excepción de cosa juzgada, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ESTARSE a lo resuelto en la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, el 23 de noviembre
de 2023 en el expediente con número único de radicación
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Núm. único de radicación: 110010324000201200160 00

11001032400020120013700, que declaró la nulidad de la Resolución núm. 004551
de 19 de abril de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO. Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

CUARTO: En firme esta providencia, archivar el expediente del proceso de la
referencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salvamento de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Salvamento de voto

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO
Conjuez

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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