Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00137-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2012-00137-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-24-000-2012-00137-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 110010324000201200137 00
Demandante: British American Tobacco South America Limited
Demandado: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales
Asunto: Se resuelve sobre una demanda respecto de la legalidad de unos actos que
determinan si una mercancía cumple con el régimen de origen de la ALADI. Tratado de
Montevideo de 1980 constitutivo de la Asociación Latinoamericana de Integración,
ALADI. Acuerdos simplificados. Acuerdos de alcance parcial y de complementación
económica en el marco de la ALADI. Acuerdo de Complementación Económica núm.
24 o ACE 24 entre la República de Colombia y la República de Chile y reglas de origen.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda presentada por British American
Tobacco South America Limited contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales sobre la legalidad de los actos acusados mediante
los cuales se determina si una mercancía cumple con las reglas de origen.
La presente sentencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
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2
Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
1. La sociedad British American Tobacco South America Limited, en adelante la
parte demandante1, presentó demanda2 contra la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante la parte demandada, en
ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo
85 del Decreto 01 de 2 de enero de 19843, en adelante, Código Contencioso
Administrativo, para que se declare la nulidad de: i) la Resolución núm. 004551 de 19
de abril de 2011 “[…] Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada
en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), correspondiente a cigarrillos,
exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. e
importada a Colombia por la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH
AMERICA LIMITED, no cumple con las condiciones para ser considerada originaria de
Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de
Complementación Económica Chile - Colombia ACE N° 24 […]”, expedida por la
Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera; ii) la Resolución núm. 006711 de 14 de
junio de 2011 “[…] POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN
[…]”, expedida por la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera; y iii) la Resolución
núm. 012386 de 29 de noviembre de 2011 “[…] Por la cual se resuelve el Recurso de
Apelación interpuesto por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH
AMERICA LIMITED contra la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011 por la que la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales determinó que una mercancía no cumple con las condiciones para ser
considerada originaria de Chile de conformidad con el Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE – 24. […]”, expedida por el Director de Gestión de
Aduanas.
Las pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones4:
“[…] PRETENSIONES
A. Que se declare la nulidad total de la Resolución N° 012386 del
29 de noviembre de 2011, proferida por la Dirección de Gestión de
Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por
1
Por intermedio de apoderado.
2
Cfr. folios 75 a 106 del cuaderno principal.
3
“Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo”.
4
Cfr. folios 75 a 76.
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3
Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
medio de la cual se resuelve el Recurso de Apelación interpuesto por
la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA,
contra la Resolución 004551 del 19 de abril de 2011
B. Que se declare la nulidad total de la Resolución N° 006711 del
14 de junio de 2011, proferida por la Dirección de Gestión de Aduanas
de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual se resuelve el
Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad BRITISH
AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA, contra la Resolución
004551 del 19 de abril de 2011.
C. Que se declare la nulidad total de Resolución No. 004551 del
19 de abril de 2011, expedida por la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera de la DIAN, por medio de la cual se determina que la
mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00
importada a Colombia por BRITISH AMERICAN TOBBACO SOUTH
AMERICA no cumple con las condiciones para ser considerada
originaria de Chile.
D. Que se declare que no corresponde a BAT South América el
pago de las costas en que incurra la DIAN con relación a la actuación
administrativa, ni las de este proceso. […]”
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:
3.1. La Subdirección de Gestión Técnica de la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas, en adelante DIAN, inició investigación de verificación de
origen de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Colombia y la República de Chile – Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica ACE-24, contra los certificados de origen de los
certificados de importación, sin mediar justificación legal que le permitiera acudir a este
mecanismo y no al vigente para el momento en que se expidieron los certificados de
origen y declaraciones de importación.
3.2. Por medio de los oficios núms. 100-210.227-0201 de 4 de junio de 2010 y 100-210-
227-0238 de 30 de junio de 2010, se solicitó a la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del
5
Cfr. Folios 75 a 106 del cuaderno principal.
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4
Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, revisar la autenticidad de los Certificados
de Origen listados en las hojas 3 y 4 de la Resolución impugnada y expedidos por la
Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA, a la empresa exportadora Compañía Chilena
de Tabacos S.A., que “[…] amparan […]” la mercancía de cigarrillos clasificados por la
subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA6).
3.3. La Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile, dio respuesta mediante la Carta núm. 3476 de 10 de septiembre de 2010, en la
que “[…] se concluyó que de conformidad con el ACE No. 24 Anexo 2 (Requisitos
Específicos de Origen) de la Resolución 252, en el que se exige que los tabacos
con que se fabrica dicho producto sean de los países participantes (Partes
Signatarias), lo cual se cumple, ya que más del 90 % de los tabacos utilizados son
chilenos y menos del 10% restante provienen de Brasil, que es parte signataria
de la Resolución 252. […]”. Emitida la respuesta, la DIAN consultó a la Dirección de
Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la
aplicación del criterio de origen para los cigarrillos, en el marco de Acuerdo de
Complementación Económica Colombia – Chile ACE núm. 24.
3.4 En la respuesta proporcionada por el ministerio se menciona que la normatividad y
el procedimiento adecuado eran las reguladas en el TLC, y para la expedición de la
Resolución de Origen se debe cumplir el procedimiento del artículo 21.4 ibidem, aunque
“[…] no se indica, o por lo menos no se trascribe en la Resolución impugnada, el
fundamento legal de tal concepto […]”; ni “[…] se explicó si el objeto de la verificación
reglada por el TLC corresponde a certificados de origen expedidos con posterioridad a
su entrada en vigencia o si la nueva norma debe hacerse retroactiva amparando
situaciones consolidadas bajo el imperio de normas anteriores. […]”7
3.5. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con posterioridad al concepto
indicado supra, adujo que según el artículo 1.° de la Resolución 252 de la ALADI y su
Anexo 2, para considerar cigarrillos originarios conforme al ACE-24, es indispensable
que el tabaco provenga de los países participantes en el Acuerdo, para este caso Chile
o Colombia.
6 Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) basada en el Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías
7
Ibidem
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5
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3.6. La parte demandada “[…] remitió a la compañía exportadora, Compañía Chilena
de Tabacos S.A., con copia a la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales, el cuestionario de verificación de origen, el cual fue resuelto y se radicó
mediante la Carta No. 0506 del 7 d febrero de 2011, radicado No. 2011ER13519 del 15
de febrero del mismo año “… con los anexos respectivos y los documentos e
información solicitados”. […]”8
3.7. La Subdirección Técnica Aduanera, mediante Oficio núm. 100-210-227-0027 de 19
de enero de 2011, informó al representante legal de la parte demandante, sobre la
realización del proceso de Verificación de Origen para mercancías descritas como
cigarrillos que se contienen en la subpartida 2402.20.00, exportados por la Compañía
Chilena 2008, 2009 y 2010, sin “[…] señalar el marco normativo que ampara el
procedimiento que se inicia y la participación que dentro de él pudiese tener mi
representada. […]”9
3.8 La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera, mediante Resolución núm.
004551de 19 de abril de 2011, “[…] advierte el incumplimiento por parte del importador
[…]”, del artículo 4.17 del ACE 24 la cual obliga a la autoridad aduanera que exija del
importador que solicite tratamiento arancelario preferencial, que declare en el
documento de importación que la mercancía califica como originaria.
3.9 La Dirección de Gestión de Aduanas de la Subdirección Técnica Aduanera de la
DIAN, mediante Resolución núm. 006711 de 14 de junio de 2011, y la Dirección de
Gestión de Aduanas de la DIAN, mediante la Resolución núm. 012386 de 29 de
noviembre de 2011, resolvieron, respectivamente los recursos de reposición y
apelación, respectivamente.
Normas violadas
4. La parte demandante, en el escrito de la demanda, señaló como vulneradas las
siguientes normas:
8
Ibidem
9
Ibidem
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● Artículos 29, 83 y 228 de la Constitución Política de Colombia.
● Artículos 2 y 35 del Código Contencioso Administrativo.
● Artículos 4.24 y 32 del Acuerdo de Complementación Económica Núm. 24
celebrado entre las repúblicas de Colombia y Chile.
● Anexo 2 de la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999.
Concepto de Violación
5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la
violación, así:
Primer cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación al artículo 4.24
del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999 al gozar de presunción
de legalidad los certificados de origen expedidos por las autoridades chilenas y
consolidar la actuación administrativa una evidente violación del debido proceso
– concepto de países participantes
5.1. Señaló que, conforme lo indica la Dirección de Asuntos Bilaterales de la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, en la comunicación 3476
de 10 de septiembre de 2010, los 176 certificados emitidos por la Sociedad de Fomento
Fabril – SOFOFA, y que amparan la mercancía exportada por la Compañía Chilena de
Tabacos S.A. son auténticos y las personas que suscribieron estos certificados de
origen, son funcionarios de la misma y se encuentran con la plena facultad de emitir
certificados de origen, “[…] De esta manera, es claro que para el gobierno chileno
no hay duda alguna respecto a, primero, la autenticidad y veracidad de los
documentos de origen expedidos por parte de Chile, así como de la información
allí contenida, y segundo, del criterio de origen aplicado, donde se indica
claramente que el origen de las mercancías exportadas es Chile, dando
cumplimiento a la normatividad regente en el tema. […]”.10 (Negrilla incluida en texto
original).
5.2. Indicó además que la Resolución núm. 012386 de 29 de noviembre de 2011, en lo
que respecta a la expresión “países participantes”, en el cual Chile es “país parte”,
contraría lo indicado por la autoridad chilena que concluye que los productos
10
CFr. Folios 75 a 106 del cuaderno principal.
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exportados a Colombia son originarios de Chile, y hace una interpretación contraria al
Acuerdo de Complementación Económica ACE 24, “[…] donde se establece que
"países participantes" son todos los signatarios de ALADI […]”11
5.3. Luego de explicar el propósito del ACE 24 entre Colombia y Chile, indica que el
artículo 8 prevé que los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al
amparo del Programa de Liberación allí previsto, el Régimen General de Origen de la
ALADI, establecido por la Resolución núm. 78 del Comité de Representantes de la
Asociación norma sustituida más adelante por la Resolución 252 de 4 de agosto de
1999, cuyo anexo 2 dispone como requisitos específicos de origen para la subpartida
2402.20.00, cigarrillos que contengan tabaco, que el tabaco sea de los "países
participantes".
5.4. Sostuvo que “[…] La interpretación de la frase “países participantes”, que constituye
el punto de partida del cuestionamiento de los certificados de origen en la Resolución
4551 que se acusa, no ha sido analizada en forma oficial y conjunta por los gobiernos
de Chile y Colombia, pues la primera noticia de la discrepancia en su interpretación se
vino a conocer por mi poderdante en la Resolución acusada. […]”, y, respecto de la
interpretación por parte de las autoridades chilenas, afirma que “[…] en desarrollo del
principio de interpretación de los tratados conocido como el de la “práctica
ulteriormente seguida” consideramos que el criterio de origen aplicado por el
gobierno de Chile resulta el más acorde en el contexto del Acuerdo. […]”12 (Negrilla
incluida en texto original).
5.5. Respecto de la interpretación del textos del ACE 24, la parte demandante aduce
que era obligación de la DIAN haber realizado las consulta necesarias “[…] para
solucionar las diferencias que se presenten en su aplicación, y no se puede limitar
únicamente a "últimas instancias" como lo establece la Administración por la
interpretación que hace el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda vez que no
se puede asumir posición alguna que determine una situación concreta a un particular,
sin tener antes en cuenta el sentido del Acuerdo y la intención de los países
participantes. […]”.13
11
Ibidem
12
Ibidem
13
Ibidem
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5.6. De manera que, “[…] si el gobierno Colombiano en algún momento consideró que
el criterio de origen para los cigarrillos aplicado por el gobierno chileno estaba
equivocado, debió, previamente a tomar cualquier determinación, efectuar las consultas
y, de ser el caso, presentar las propuestas de modificaciones respectivas, por lo tanto,
no era viable que Colombia desconociera de manera inconsulta y unilateral los criterios
adoptados por el gobierno chileno, e ignorara el mandato contenido en la norma que se
comenta, castigando al usuario aduanero que simplemente obró de conformidad con la
normativa aplicable. […]”14
5.7. Informó que la parte demandada, al desconocer de manera arbitraria los criterios
del gobierno chileno, generó una afectación al usuario aduanero que obró cumpliendo
los requisitos necesarios: Es así como se evidencia que la DIAN se extralimitó en sus
funciones “[…] lo que implica su incumplimiento, que conlleva a tomar una decisión
unilateral por parte de Colombia al desconocer unos certificados de origen legalmente
expedidos por el gobierno de Chile, los cuáles gozan de plena presunción de legalidad
[…]”.15
5.8. La parte demandante afirma que al endilgarle una responsabilidad que no tiene en
la expedición de los certificados de origen para desconocer la procedencia de los bienes
que importa a Colombia y, al omitir el procedimiento establecido en el ACE 24 para la
solución de conflictos y la administración del tratado, se viola el derecho fundamental
al debido proceso, por lo que los actos administrativos ahora acusados deben ser
declarados nulos.
5.9. Sostiene que “[…] no nos encontramos frente a certificados de origen fraudulento
o alterado que le permitan a la DIAN desconocer el origen de los bienes y en
consecuencia el tratamiento preferencial otorgado […]”, y más bien “[…] la discusión
gira en torno a una diferencia de interpretación de una de las disposiciones del ACE 24
la cual conforme a lo anteriormente mencionado debe ser resuelta en forma
consensuada por las partes o impuesta por un tribunal de arbitramento, pero no como
sucedió para el presente caso de forma unilateral por una de las partes como lo
pretende la DIAN, a través de las Resoluciones demandadas. […]”16
14
Ibidem
15
Ibidem
16
Ibidem
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5.10. Concluye que “[…] se debe declarar necesariamente la nulidad de los actos
administrativos, pues no es claro su criterio respecto a la aplicabilidad de las consultas,
cerrando de esta manera la posibilidad al importador que su asunto sea discutido al
nivel del tratado, dejándolo únicamente al arbitrio del Administrador local de Aduanas
[…] Por lo señalado, en virtud de los principios de confianza legítima, seguridad
jurídica, moralidad, buena fe y en cumplimiento de los fines del Estado, la DIAN
estaba obligada a llevar a cabo tal consulta para no vulnerar los derechos de la
Compañía quien de buena fe depositó toda la confianza en los documentos que
certificaban el origen de los productos al momento de aplicar un beneficio a su
favor, y que es afectado por actos de carácter particular bajo interpretaciones
subjetivas contrarias. […]”17 (Negrilla incluida en texto original)
Segundo cargo: Nulidad de los actos demandados por violación al artículo 83 de
la Constitución Política, el cual consagra el principio de Buena fe y la Confianza
Legitima
5.11. Indicó que no se encuentra en controversia, si la actuación de la compañía fue de
mala fe, en la manera que se avizora la violación al principio de buena fe y confianza
legítima, es por la interpretación errónea de los certificados de origen, al considerarlos
inválidos, y para así concluir que no se están cumpliendo con los requisitos, suponiendo
un actuar de manera fraudulenta por parte de la compañía. Es por esto que los actos
administrativos demandados vulneran los principios supra establecidos en el artículo
83 de la Constitución Política.
5.12. En esa medida, sostuvo que bajo el entendido constitucional del principio de la
buena fé “[…] no puede la Administración de Aduanas exigir lo inexigible a un particular,
pues como reza el principio de derecho este "no está obligado a lo imposible", lo que
implica que no podía prever la Compañía que, al momento de la importación existían
diferencias de criterio en relación con el tema de origen que debían ser resueltas a nivel
de Estados, y no castigando al particular por una interpretación unilateral y arbitraria
por parte de la DIAN. […]”.18
17
Ibidem
18
Ibidem
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5.13. Además, teniendo en cuenta los recursos interpuestos y su argumento fundado
en el principio “Pacta sunt servanda” de la Convención de Viena, “[…] De esta
manera, si las autoridades aduaneras y de comercio exterior colombianas consideraban
que el criterio de origen aplicado por Chile no era el adecuado, debieron hacer uso de
los medios que el mismo ACE con Chile consagran para solucionar este tipo de
diferencias, y no de una forma arbitraria y unilateral determinar que los cigarrillos
importados por BAT South América no cumplen con la norma de origen, violando de
esta forma el principio de la buena fe y confianza legítima con que BAT South América
aplicó el tratamiento preferencial respectivo; no obstante, aún a pesar de que el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la DIAN conocían la interpretación del
gobierno de Chile antes de la expedición de la Resolución No. 004551, no hicieron
ninguna consulta para unificar criterios con dicho gobierno respecto a esta divergencia,
tal como el mismo ACE 24 lo exige […]” (Negrilla incluido en texto original).
5.14. Adujo que “[…] no es claro como pretenden el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo de Colombia y la DIAN, hacer una interpretación del ACE-24 sin consultar ni
tener en cuenta la posición del gobierno de Chile y efectuar las consultas respectivas
para dirimir la controversia, en lo que consideramos un desconocimiento al principio de
buena fe que debe presidir la aplicación e interpretación de este importante acuerdo
comercial. […] De manera que si a los importadores el gobierno Colombiano no ha dado
a conocer que existe una diferencia en la interpretación de la norma de origen dentro
del ACE-24, acudimos a aplicar las preferencias arancelarias con base en documentos
legalmente expedidos y bajo la confianza legítima de que se van a respetar dichas
prerrogativas, derecho que no puede ser desconocido intempestivamente y de forma
unilateral por el gobierno colombiano. […]”19
5.15. Sostuvo que “[…] BAT no participa en la elaboración, autorización ni expedición
de los certificados de origen, y en la medida en que se encuentra acreditado que los
mismos son auténticos y fueron expedidos legalmente, no se le puede endilgar un
castigo, consecuencia de un acto unilateral del gobierno colombiano, pues la compañía
actuó de buena fe y con la confianza legítima en que tenía derecho al tratamiento
preferencial. […]”;20 de igual forma se encuentra irremediablemente inconforme con
algunos argumentos de los actos administrativo, debido que “[…] es absolutamente
19
Ibidem
20
Ibidem
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incorrecta y temeraria, toda vez que está poniendo en riesgo todo el sistema
constitucional de normas que garantiza el cumplimiento de los fines de un estado social
de derecho. Esto implica que el importador no puede siquiera confiar en documentos
expedidos por una autoridad competente con base en un tratado comercial, pues debe
suponer que existen inconsistencias y por lo tanto riesgos latentes relativos a los
beneficios que se deriven del Acuerdo, lo que conlleva necesariamente a una
inseguridad jurídica, que de ninguna manera puede avalarse a través de la firmeza de
actos administrativos de esta naturaleza. […]”21
Tercer cargo: Nulidad de los actos demandados por violación del artículo 29 de
la Constitución Política el cual consagra derecho de defensa.
5.16 Sostuvo que se presenta una clara violación al derecho fundamental del debido
proceso por el actuar de la administración, puesto que ya avanzada la investigación y
hechas las verificaciones con la compañía exportadora chilena, se “[…] “informa” a
BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, la existencia del
procedimiento de verificación del origen de los cigarrillos importados, pero inclusive lo
hace a quien no ostentaba para esa época la calidad de representante legal de la
compañía. […]”22 (Negrilla incluida en texto original) y, en consecuencia, la DIAN
notifica al señor Marcelo José Texeira quien ya no ostentaba la calidad de
representante legal, por lo cual se presenta un vicio de nulidad de lo actuado, debido
que no se es posible ejercer el derecho de defensa.
5.17 Indicó que “[…] al no haber participado en la investigación privó a la empresa
importadora del derecho constitucional de ser oído en el proceso y por ende, de la
posibilidad de impugnar el procedimiento elegido para adelantar la investigación o de
solicitar que las dudas sobre la interpretación de los criterios de origen […]”23,
igualmente “[…] como otra falta grave que afecta la nulidad de los actos administrativos,
aunque la DIAN decretó pruebas necesarias para efectos de constituir elementos de
juicio necesarios para la discusión, nunca dio a conocer, para controvertir, objetar o
simplemente leer, los resultados practicados en dichas pruebas, vulnerado las más
básicas garantías que deben otorgarse en un proceso administrativo. […]”.24
21
Ibidem
22
Ibidem
23
Ibidem
24
Ibidem
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Cuarto cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación del artículo 35
del Código Contencioso Administrativo por falsa motivación de la resolución
acusada – BAT South América no ha incumplido el ACE 24.
5.17. Señaló que es “[…] totalmente falsa […]” la afirmación, según la cual, la parte
demandante incumplió con los requisitos y obligaciones previstos en el artículo 4.17 del
ACE 24, realizada por la DIAN, puesto que cumplieron con cada una de los requisitos
que se encuentran en el capítulo de origen del ACE 24, así “[…] BAT South America
declaró en todas las declaraciones de importación que la mercancía era originaria, con
base en un certificado de origen legalmente expedido en Chile. […] En cada una de las
importaciones BAT South America tenía a disposición de la autoridad aduanera el
certificado de origen correspondiente. […] La información la solicitó la DIAN a través de
nuestras agencias de aduana, quienes la remitieron oportunamente […]”25. Bajo los
anteriores supuestos de cumplimiento, se tienen por cumplidos los requisitos del
capítulo de origen del ACE 24.
5.18. Expresó que la parte demandada pretende establecer un incumplimiento por
hecho de un tercero, esto no solo se configura como falsa motivación, sino que también
vulnera el derecho del debido proceso y defensa; aunado a esto, se presentó
cumplimiento a las normas para la expedición el certificado de origen y fue emitido por
la entidad competente para la suscripción del certificado por parte del país exportado,
pero “[…] Si el gobierno colombiano consideraba que el gobierno chileno está
interpretando mal el criterio de origen, debía proceder a iniciar los
procedimientos consagrados en el ACE 24 para resolver el asunto, pero no
endilgar una responsabilidad a quien ha cumplido con lo que legalmente le
corresponde. […]”.26 (Negrilla y resaltado incluida en texto original)
5.19. Conforme a lo anterior sostiene que la parte demandada vulneró su derecho al
debido proceso, al tomar una decisión sin tener todo el material probatorio necesario,
para tomar una decisión objetiva, sin motivación fáctica y realizando una interpretación
errónea, violando el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo.
25
Ibidem
26
Ibidem
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5.20. Concluyó que “[…] los actos administrativos no sólo deben fundarse y motivarse
en las razones que crea tener la autoridad que los emite sino "en las pruebas e informes
disponibles". Claramente esto no ocurre en el caso de mi representada, donde la DIAN
decide rechazar los certificados de origen presentados en las declaraciones de
importación al no tener en cuenta la legitimidad del certificado y las condiciones propias
del producto importado, lo que se traduce claramente en una vulneración de la
disposición contenida en el artículo 35 del CCA, especialmente cuando se observa, en
el primer acto administrativo expedido por la demanda, una referencia en la que se
señalaba en forma abierta que se importa tabaco de Zimbawe, queriendo dejarse la
sensación que aún bajo la interpretación del gobierno chileno la mercancía no cumple
con el requisito de origen, pero lo cierto es que si la DIAN analizó toda la documentación
e información aportada esta afirmación es totalmente infundada y debe ser objeto de
aclaración, en el sentido de que para los cigarrillos exportados hacia Colombia se
utilizaron tabacos originarios de países participantes de la ALADI, en los términos del
Anexo de la Resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI […]”27.
Quinto cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación de artículo 28 de
la Convención de Viena toda vez que no es posible la aplicación retroactiva del
Protocolo Modificatorio – Falta de competencia de la DIAN para expedir una
resolución de origen.
5.21. Señaló que atendiendo a la entrada de vigencia el 31 de diciembre de 1993 del
Acuerdo de Complementación Económica Chile - Colombia ACE N° 24, esta era la
normativa aplicable y no los protocolos modificatorios contenidos en las Decisiones
núms. 06 y 09 de la Comisión de Libre Comercio “[…] que empezaron a regir el 8 y 24
de noviembre de 2009 […]”28
5.22. Por lo anterior afirma que “[…] todas las operaciones de importación realizadas
por BAT en las que se aportaron los certificados de origen cuestionados en la
Resolución que se acusa, fueron anteriores al 8 de mayo de 2009, por lo que lo único
que se podía exigir para comprobar origen de la mercancía era lo establecido en el
artículo decimoquinto de la Resolución 252 de ALADI […]”29, que ente otros asuntos,
27
Ibidem
28
Ibidem
29
Ibidem
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no regulaba la expedición de una resolución de origen que determinara si la mercancía
con los requisitos de origen.
5.23. Insistió que no se podía haber adelantado el proceso de verificación de origen de
que trata el artículo 4-14 y subsiguientes del TLC, sino que por el contrario debió,
realizarlo de acuerdo a la Resolución 252, que consiste en comunicarse, realizar las
consultas pertinentes y gestionar las medidas necesarias para garantizar el interés
fiscal; además, empezó la investigación sin siquiera haber realizado las consultas
pertinentes, además de no ser el competente para expedir una resolución que contenga
una calificación de origen de la mercancía, y es por esto que se encuentra viciado de
nulidad “[…] No se trata entonces de una simple norma de procedimiento, sino que
afecta claramente los derechos sustanciales de BAT, en cuanto la consulta previa
entre los países habría aclarado la diferencia de criterios y hubiera evitado el
desconocimiento del origen que ahora, unilateralmente, la DIAN pretende aplicar
con claros perjuicios económicos para mi representada. […]”30 (Negrilla incluido en texto
original).
Sexto cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación de artículo 228
de la Constitución Política por desconocimiento del principio de prevalencia de
lo sustancial sobre lo formal y desconocimiento de los actos propios.
5.24. Manifestó que “[…] el desconocimiento del certificado de origen que hace la DIAN
atenta contra la buena fe, ya que se desconoce algo que ya se acreditó anteriormente.
Este hecho se configura como un exceso en requisitos formales que no revisten una
importancia real en el proceso, en el entendido en que no hay una repercusión para un
requisito formal […]”, para el caso en concreto, el certificado de origen goza de legalidad
ya que fue expedido por la entidad competente en Chile, es por esto que “[…] Como
conclusión de lo anterior se puede decir que los actos demandados vulneraron los
derechos de BAT South America al desconocer que cumple con las reglas de origen
del ACE 24 suscrito entre Colombia y Chile; considerando que la Dirección General de
Relaciones Exteriores Económicas Internacionales de Chile, afirmó que los Certificados
de Origen son auténticos al ser expedidos por SOFOFA como autoridad competente en
Chile, motivo por lo cual las mercancías amparadas en ellos cumplían plenamente con
las reglas de origen del ACE-24 suscrito entre los dos países. Por lo tanto momento en
30
Ibidem
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que ni la DIAN o el Ministerio de Comercio de Colombia comunican al gobierno chileno
su discrepancia respecto de los requisitos exigidos para la expedición del certificado,
viola de manera directa el principio constitucional de la buena fe ya explicado con
anterioridad. […]” 31
Séptimo cargo: Inexistencia de ánimo defraudatorio.
5.25. Adujo que, “[…] Por otra parte, y como consecuencia directa con lo anterior, se
desconoció, como ya se observó en este documento, el principio constitucional de
presunción de buena fe en las actuaciones adelantadas contra los particulares, al no
haberse probado el interés fraudulento de mi poderdante al haber, supuestamente,
solicitado un tratamiento preferencial al que no tenía derecho. […]”32, además de ser un
postulado constitucional, el cual presume la buena fe en todas las gestiones realizadas,
y corresponde a la otra parte demostrar de manera idónea, certera y contundente que
actúa sin buena fe; para el caso consiste en demostrar que se defraudo al interés
económico y patrimonial.
5.26. Sostuvo que “[…] Estos postulados normativos, que son desarrollos directos de lo
contenido en el artículo 20 de la Constitución y el artículo 20 del Código Contencioso
Administrativo, obligan al funcionario a no trabar o dificultar el desarrollo de las
operaciones de comercio exterior, en el marco de los principios de eficiencia y agilidad
a los que la Constitución hace referencia en el artículo 209, precepto constitucional que
contiene adicionalmente el imperativo de hacer prevalecer el derecho sustancial a
rígidos formalismos. […]”33
Contestación de la demanda
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
6. La parte demandada contestó la demanda oponiéndose a los cargos presentados
por la parte demandante, en los siguientes términos34:
31
Ibidem
32
Ibidem
33
Ibidem
34
Cfr. Folios 273 a 285.
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Respecto del primer cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por
violación al artículo 4.24 del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999
al gozar de presunción de legalidad los certificados de origen expedidos por las
autoridades chilenas y consolidar la actuación administrativa una evidente
violación del debido proceso – concepto de países participantes […]”35 (Negrilla
incluido en texto original)
6.1 Indicó que el ACE 24 corresponde a un acuerdo parcial, y por lo tanto diferente al
acuerdo de alcance regional, que para el caso en concreto son los que conforman la
ALADI “[…] Con lo anterior, se establece que un acuerdo de complementación – como
el ACE 24 – es un acuerdo de alcance parcial en el que no participa la totalidad de los
miembros de la ALADI, cuyos derechos y obligaciones rigen “exclusivamente” para los
países miembros que ellos suscriban o se adhieran, por lo que fuerza concluir que el
ACE-24 es un Acuerdo de Complementación Económica, de alcance parcial –
celebrado no entre todos los países miembros de la ALADI – sino sólo entre Colombia
y Chile, y por lo tanto los derechos y obligaciones que en él se establecen rigen
exclusivamente para Colombia y Chile. […]”.36
6.2. Manifestó que por esta razón, la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA)
“[…] para ser considerada originaria de un País parte, debe cumplir con el requisito
específico de origen establecido en el Anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI, esto
es, que el tabaco de los cigarrillos elaborados sea de los países participantes del
acuerdo parcial […] es decir; de Chile o Colombia, pues como ya se indicó en líneas
anteriores, los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de alcance
parcial, regirán exclusivamente para los países miembros que los suscriban […]”. 37
6.3. Aduce que contrario a lo manifestado por la parte demandante, la interpretación
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia es la interpretación oficial
del Gobierno Colombiano y que, frente al asunto sub examine, fue acogida por la parte
demandada a efectos de sustentar el procedimiento de verificación de origen que
terminó con los actos acusados.
35
Ibidem
36
Ibidem
37
Ibidem
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6.4.Respecto del procedimiento de consultas que la parte demandante afirma haberse
omitido, expresó que no es procedente en tanto “[…] que los países están obligados a
adelantar un procedimiento específico consistente en realizar consultas para
administrar las normas origen de manera efectiva y uniforme y a presentar propuestas
de modificaciones lo crean conveniente, pues es claro que legislación, el de la Consulta
o la Solución de Controversias de este procedimiento cuando así no está consagrado
[…].38
6.5. Después de citar los antecedentes en los que el gobierno de Chile, se pronunció
sobre los mecanismos de consulta, para lo cual manifestó que “[…] no puede sostener
la demandante que los países están obligados a adelantar un procedimiento específico
consistente en realizar consultas para administrar las normas de origen de manera
efectiva y uniforme y a presentar propuestas de modificaciones cuando así lo crean
conveniente, pues es claro que este procedimiento no está consagrado en la
legislación, el de la Consulta o la Solución de Controversias entre los Estados como
paso previo y necesario para la definición particular de cada caso de verificación de
origen de operaciones de los particulares, pues de accederse a tal interpretación, haría
inoperante e inocuo todo el procedimiento de verificación de origen previsto en el
Tratado Bilateral. […]”39
6.6. Concluyó sobre este punto que “[…]no es lógico pensar que el mismo tratado le de
herramientas jurídicas a cada Estado para realizar las verificaciones de origen, y se
tenga que acudir a procedimientos que no están contemplados en el marco normativo
del acuerdo, o lo que es lo mismo, que el importador pueda tener derecho al trato
preferencial que le da el contar con un certificado el origen de una mercancía, pero que
el Estado no tenga derecho a verificar la realidad sustancial del origen de la misma
[…]”40.
Respecto del segundo cargo “[…] Nulidad de los actos demandados por violación
al artículo 83 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de Buena
fe y la Confianza Legitima. […]”
38
Ibidem
39
Ibidem
40
Ibidem
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6.7. Adujo que respecto a la buena fe “[…] no pueden resguardarse los ciudadanos en
el principio de la buena fe para omitir el cumplimiento de los cometidos legales, y en
ese mismo orden de ideas, no puede la administración dejar de actuar conforme las
funciones legalmente asignadas, pues en este caso estaría infringiendo la Constitución
Política, por omisión en el ejercicio de sus funciones. […]”, por esto “[…] al haber
quedado demostrado que las mercancías importadas por la sociedad actora no
cumplen los requisitos de origen previstos en el ACE 24, no está beneficiada
arancelariamente y en consecuencia se deben pagar los tributos aduaneros a que había
lugar por parte del usuario aduanero beneficiado de la transacción y con domicilio en
Colombia, es decir BRITISH AMERCIAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED; sin
perjuicio de que pueda adelantar las acciones propias en contra del proveedor en el
exterior por haberse modificado sustancialmente los términos de la transacción de
comercio exterior. […]”.41
6.8. Como quiera que de acuerdo al principio de confianza legítima “[…] la confianza
legítima se traduce entonces en la protección de las expectativas de estabilidad
generadas con las actuaciones previas ante la fundada creencia de su proyección en
condiciones relativas de permanencia, coherencia y plenitud, partiendo de la premisa
según la cual, todo ciudadano tiene derecho a prever, disciplinar u ordenar su conducta
con sujeción a las directrices normativas vigentes […] para el caso sub judice, al no
encontrarnos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados similares de parte de
la entidad demandada, sino ante la aplicación juiciosa y estricta de la normatividad
aduanera y las consagraciones del acuerdo ACE 24 y el TLC suscritos entre Chile y
Colombia, en ejercicio de sus deberes, resulta claro que aquí no puede considerarse
que ocurrió vulneración alguna al citado principio. […]”42
Respecto del tercer cargo “[…] Nulidad de los actos demandados por violación
del artículo 29 de la Constitución Política el cual consagra derecho de defensa
[…]”
6.9 Luego de exponer el alcance del derecho al debido proceso, señaló que en el sub
examine se dieron las garantías de defensa “[…] como en efecto ocurrió en el presente
caso, toda vez que no es cierto que la circunstancia de haberse comunicado a BAT
41
Ibidem
42
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South América con posterioridad a la existencia del procedimiento de verificación, le
haya impedido a la empresa importadora demostrar que había satisfecho plenamente
la obligación a su cargo de declarar la mercancía con base en el certificado de origen,
pues el fin del procedimiento que adelantó mi defendida en virtud de las normas
consagradas tanto en el ACE-24, como en TLC, no estuvo orientado a establecer si la
sociedad importadora declaró o no la mercancía, con base en el certificado de origen,
pues dicha circunstancia está plenamente establecida desde el momento mismo en que
la sociedad se acoge a un tratamiento preferencial con base en un certificado de origen
y lo plasma en la declaración de importación. […]”.43
6.10. Por el contrario, “[…] el tramite a seguir, según el artículo 4.21 del TLC, que
consagra el procedimiento para la Verificación de Origen, fue seguido a cabalidad por
la autoridad aduanera Colombiana que en principio estableció la veracidad y exactitud
de los certificados de origen emitidos en Chile, y luego determinó - dentro de la
investigación de fondo - si la mercancía calificaba como originaria o no, lo cual deja
entrever que no le corresponde a la sociedad demandante, ni sustentar la autenticidad
del certificado, ni la competencia de la autoridad que los expidió, pues el procedimiento
legalmente establecido entre Colombia y Chile para estos efectos, radica en cabeza de
los entes estatales y no en cabeza de una de las personas naturales o jurídicas que
actúa como importador. […]”.44
6.11. La parte demandada destacó que “[…] debe afirmarse que si bien la notificación
al importador de la actuación administrativa en la etapa de acopio de información o de
envió de los cuestionarios, no era obligatoria según los mandatos del artículo 4.21 de
TLC, la entidad que represento SI comunicó la realización del proceso de verificación
de origen de las mercancías importadas a Colombia por parte de BAT, lo cual se hizo
al Representante Legal Principal de la sociedad demandante, el señor Marcelo José
Teixeira Izzo, mediante oficio No. 100210-227-0021 del 19 de enero de 2011 […] se
consultó internamente el Registro Único Tributario (RUT), encontrándose que para el
19 de enero de 2011, fecha de la aludida comunicación, figuraba como Representante
Legal Principal el señor Marcelo José Teixeira Izzo, motivo por el cual se envió a su
nombre […]”, y concluyo “[…] teniendo en cuenta que cuando se trata de verificación
de origen, existe en el Acuerdo norma procedimental de obligatorio cumplimiento,
43
Ibidem
44
Ibidem
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20
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procedimiento que se adelantó a cabalidad por parte de la DIAN, no hay lugar a
mayores discusiones sobre el tema quedando desvirtuada una posible violación al
debido proceso argumentada injustamente por la demandante. […]”45
Respecto del cuarto cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por
violación del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo por falsa
motivación de la resolución acusada – BAT South América no ha incumplido el
ACE 24. […]”
6.12. Indicó que en lo que respecta a la falsa motivación de los actos administrativos y
la supuesta omisión para valorar pruebas, carecen de sustento por cuanto “[…]el
apoderado de la sociedad demandante pretende hacer ver que la DIAN está
desconociendo los certificados de origen y que le está endilgando cargas que no le
corresponden; cuando la realidad que se extrae de la motivación misma de los actos y
de las investigaciones adelantadas por la DIAN es qué, los certificados de origen se
expidieron por autoridad competente pero se trata de productos que no cumplen los
criterios de origen fijados por el acuerdo de complementación económica ACE- 24
suscrito entre Chile y Colombia. […] precisamente los actos demandados fueron
motivados de tal manera, que no queda ninguna duda acerca de que la mercancía no
cumplía las normas de origen, y para arribar a tal conclusión se siguió el procedimiento
que para tal efecto consagra el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile.
[…]”46
6.13. Señaló que es una función de su defendida, el verificar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la obtención del tratamiento arancelario preferencial por ser
una importación de otro país, por lo cual debe cumplir con lo establecido en el tratado
que los regula; esta verificación de origen de la mercancía, no solo basta con que lo
haya expedido una entidad competente, sino que si realmente cumple con la totalidad
de los requisitos para ser considerada como mercancía originaria.
6.14. Sostuvo que conforme a los actos administrativos acusados, y teniendo en cuenta
los documentos obtenidos durante la actuación tales como “[…] copia de los certificados
de origen, documentos de transporte y facturas comerciales que sirvieron como soporte
45
Ibidem
46
Ibidem
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de las operaciones de importación relacionadas en los oficios citados y realizadas por
la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, y es aquí
donde precisamente se da inicio la actuación administrativa, pues es lógico que sin la
identificación de los certificados de origen que soportan una operación de importación,
no pueda realizarse ni siquiera una verificación formal de los mismos. […]”,se comprobó
“[…] la autenticidad de los certificados de origen expedidos por la Sociedad de Fomento
Fabril -SOFOFA- a la empresa exportadora Compañía Chilena de Tabacos S.A. y el
cumplimiento del criterio de origen consignado en los mismos y en la respuesta según
Carta No. 4231 del 13 de octubre de 2011 de la parte exportadora y luego de realizar
un análisis detallado de los certificados emitidos por SOFOFA, se concluye respecto al
carácter de originario de los "Cigarrillos" que "más del 90% de los tabacos utilizados
son chilenos y menos del 10% restantes provienen de Brasil" […] ”47
6.15. Concluye, respecto de este cargo, que los hechos que la Administración tuvo en
cuenta como motivos determinantes de la decisión estuvieron debidamente probados
dentro de la actuación administrativa, teniendo en cuenta que el ACE 24 es un acuerdo
de complementación económica, que no obstante se encuentra dentro del marco de la
ALADI, se encuentra suscrito únicamente entre Chile y Colombia y, en consecuencia
los únicos beneficiarios de los privilegios pactados son estos dos países; pues
pretender cosa distinta desdibuja en sí mismo el carácter de acuerdo parcial
Respecto del quinto cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por
violación de artículo 28 de la Convención de Viena toda vez que no es posible la
aplicación retroactiva del Protocolo Modificatorio – Falta de competencia de la
DIAN para expedir una resolución de origen. […]”
6.16. Informó que las normas que regulan los criterios de origen de las mercancías son
de carácter sustancial que confieren un tratamiento preferencial, y por tanto “[…] las
normas de origen del Acuerdo de Complementación Económica ACE-24, deben ser
aplicadas a las operaciones de importación que se realizaron al amparo de los
certificados de origen expedidos en vigencia del ACE-24 y las normas de origen
establecidas en el Protocolo Modificatorio (TLC Colombia - Chile) se aplicarán a las
47
Ibidem
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operaciones de importación que se realicen al amparo de los certificados de origen
expedidos en vigencia del TLC. […]”48
6.17. Manifiesta con base en lo anterior que, no se debe aplicar el Protocolo
Modificatorio y tampoco las Decisiones núms. 6 y 9 del TLC, sino el criterio del ACE-
24, ya que bajo vigencia de este fue que se expidieron los actos, y no bajo el criterio
de origen contenido en el TLC.
6.18. No obstante, respecto del procedimiento de verificación de origen “[…]
parte de lo establecido en el Capítulo 4 del Acuerdo de Libre Comercio entre los dos
Gobiernos, suscrito el 27 de noviembre de 2006, que constituye el Protocolo Adicional
al Acuerdo de Complementación Económica ACE No. 24 y se rige por el artículo 4.21
"Procedimientos para Verificación de Origen", luego las normas de procedimiento que
se han aplicado en la verificación del origen, si son las establecidas en el TLC, pues
tratándose de regulación de esta naturaleza, procedimental y no sustancial, no puede
ser de otra forma, toda vez que si se aplicaran las normas de procedimiento del ACE
24 (hoy derogadas) nos encontraríamos ante una aplicación ultractiva de la ley
procedimental, lo cual es violatorio del derecho al debido proceso y defensa […]”49
6.19. Señaló que “[…] la interpretación que hace la Oficina de Asuntos Legales
Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no deja ninguna duda
frente a la correcta aplicación de las normas tanto sustanciales como procedimentales
a efectos de establecer el origen de las mercancías (cigarrillos) importados a Colombia
por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED y que
involucran tanto el Acuerdo de Complementación Económica No. 24, como el
Protocolo al ACE 24 (TLC Colombia Chile), luego no es acertada la tesis expuesta por
la demandante, según la cual en el procedimiento de verificación adelantado lo único
que se podía exigir para comprobar el origen era lo establecido en el artículo
decimoquinto de la Resolución 252 de ALADI, pues se insiste en que lo que procedía
en este evento era dar aplicación al Capítulo 4 del TLC Colombia - Chile, sobre
"Procedimientos para Verificación de Origen", consagrado en el artículo 4.21., que fue
precisamente la disposición que aplicó la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, tal como lo señala el numeral 1 de esta disposición. […]”50
48
Ibidem
49
Ibidem
50
Ibidem
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Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
Respecto del sexto cargo “[…] Nulidad de los actos administrativos por violación
de artículo 228 de la Constitución Política por desconocimiento del principio de
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y desconocimiento de los actos
propios. […]”
6.20. Insistió que no se podía haber adelantado el proceso de verificación de
origen de que trata el artículo 4-14 y subsiguientes del TLC, sino que por el contrario
debió, realizarlo de acuerdo a la Resolución 252, que consiste en comunicarse,
realizar las consultas pertinentes y gestionar las medidas necesarias para garantizar
el interés fiscal; además, empezó la investigación sin siquiera haber realizado las
consultas pertinentes, además de no ser el competente para expedir una resolución
que contenga una calificación de origen de la mercancía, y es por esto que se
encuentra viciado de nulidad “[…] No se trata entonces de una simple norma de
procedimiento, sino que afecta claramente los derechos sustanciales de BAT, en
cuanto la consulta previa entre los países habría aclarado la diferencia de
criterios y hubiera evitado el desconocimiento del origen que ahora,
unilateralmente, la DIAN pretende aplicar con claros perjuicios económicos para mi
representada. […]”51 (Negrilla incluido en texto original)
6.21. Adujo respecto al cargo que “[…] no se trata de un exceso de requisitos
formales, como es la simple validez de los certificados de origen, pues se insiste en
que los mismos nunca fueron desconocidos por la autoridad aduanera, tampoco se
negó su originalidad o la falta de competencia de quien los expidió, en tanto el asunto
de fondo consistió en realizar el estudio de verificación del origen de las mercancías
(cigarrillos) importados a Colombia por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO
SOUTH AMERICA LIMITED, y al constatarse que los mismos no cumplían los
requisitos de origen establecidos en el acuerdo ACE-24 suscrito entre Colombia y
Chile, no estaba llamada a acceder al beneficio arancelario aplicado en las
declaraciones de importación […]”52 en caso de validar estos argumentos, supondría
el desconocimiento de las funciones de la DIAN, en especial la de la verificación de
los requisitos del Acuerdo de complementación ACE 24.
51
Ibidem
52
Ibidem
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24
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6.22. Señalo que “[…]NO ES CIERTO que no se haya notificado a la autoridad
de la parte exportadora como erradamente lo asevera el apoderado de la sociedad
actora, toda vez que como ya se mencionó, el Director de Asuntos Económicos
Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile con carta N° 4231 de
octubre 13 de 2011, (Folio 190 a 191 de los antecedentes - acápite de pruebas)
precisó que el 23 de mayo de 2011 recibió la Resolución No. 4551 de abril 19 de 2011,
a través de la cual se estableció que los cigarrillos exportados a Colombia no cumplen
origen de conformidad con las normas contenidas en el ACE 24 suscrito entre Chile y
Colombia, razón por la cual el cargo no tiene vocación de prosperidad. […]”53
Respecto de séptimo cargo “[…] Inexistencia de ánimo defraudatorio. […]”
6.23. Manifestó que los actos acusados no se suscribieron por percatarse de un
interés fraudulento o irregular, sino porque “[…] en aplicación tanto del Acuerdo de
Complementación Económica No. 24, como el Protocolo al ACE 24 (TLC Colombia
Chile), de realizar el procedimiento para verificación de origen consagrado en el
artículo 4.21. ídem, sobre las mercancías importadas por la demandante al territorio
aduanero nacional, y consecuencialmente se exima a esta, del deber de pagar unos
tributos aduaneros y se abrogue un beneficio arancelario que no resulta procedente
por no cumplir con los criterios de origen pactados entre los países que suscriben el
respectivo acuerdo. […] No puede entonces invertirse la interpretación del principio de
buena fe, y admitir que los ciudadanos se escuden en este principio, para omitir
deliberadamente el cumplimiento de los cometidos legales, y en ese mismo orden, no
puede la administración dejar de actuar conforme las funciones legalmente asignadas,
pues en este caso estaría infringiendo la Constitución y la ley, por omisión en el
ejercicio de sus funciones […]”54
6.24. Sostuvo que no se realizó por un actuar con la intención de defraudar
económicamente o patrimonial, sino que “[…] el haber quedado demostrado que las
mercancías importadas por la sociedad actora no cumplían los requisitos de origen
previstos en el ACE 24, pues sencillamente la demandante no estaría beneficiada
arancelariamente y llegado el caso, debe pagar los tributos aduaneros a que esta
obligada; sin perjuicio de que pueda adelantar las acciones propias en contra del
53
Ibidem
54
Ibidem
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proveedor en el exterior por haberse modificado sustancialmente los términos de la
transacción de comercio exterior. […]”55
Actuaciones procesales
7. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de enero de 201456, admitió la
demanda y ordenó notificar al Director de la DIAN y al Procurador Delegado ante esta
Corporación; y, mediante auto de 6 de noviembre de 201457, tuvo por contestada la
demanda por la parte demandada.
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de junio de 201858, ordenó correr
traslado a las partes y al Procurador Delegado ante esta Corporación, por el término de
diez (10) días, para que presenten sus alegatos de conclusión.
Alegatos de conclusión
9. El Despacho sustanciador, vencido el término probatorio, mediante auto de 5
de junio de 201859, corrió traslado común a las partes por el término de diez (10) días
para que alegaran de conclusión e hizo saber al Agente del Ministerio Público que,
antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, podía solicitar el traslado
especial previsto en el mencionado artículo, el cual se surtió en los siguientes términos:
10. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, en el momento
procesal oportuno, en los siguientes términos60:
10.1 Señalo que cumplió el Acuerdo de Complementación Económica, de acuerdo con
la comunicación 3476 de 10 de septiembre de 2010, en la cual se expresa que la
mercancía exportada era 90% de Chile y 10 % de Brasil, y que los 176 certificados
fueron verificados por la entidad competente SOFOFA, afirmando que son auténticos;
por esto se establece que la posición de la DIAN es totalmente errada y que cumplido
con todos los requisitos necesarios en la ley “[…] 1. BAT solicitó el tratamiento
55
Ibidem
56
Folio 197 del cuaderno núm. 1 del expediente.
57
Folio 295 ibidem.
58 Folio 346 ibidem.
59
Cfr. folio 346.
60
Cfr. 352 a 359 del cuaderno principal
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arancelario preferencial basado en un certificado de origen escrito o electrónico emitido
por la autoridad competente de la parte exportadora a solicitud del mismo, que para el
caso concreto corresponde a los certificados emitidos por el SOFOFA; 2. BAT declaró
en todas las declaraciones de importación que la mercancía era originaria de Chile, con
base en un certificado de origen legalmente expedido en Chile y todas las importaciones
BAT las tenía a disposición de la autoridad aduanera el certificado de origen
correspondiente. […]”61, por estas razones infundadas y las falsas afirmaciones
realizadas por la DIAN, ya que la entidad competente del país exportador, verificó y
autentico los certificados de origen.
10.2. Manifestó que la violación al debido proceso se evidenció por no haber tenido
en cuenta la totalidad del acervo probatorio, por lo que se tiene una decisión subjetiva,
puesto que las resoluciones no están fundadas en un asidero factico y esto repercute
ocasionando la falta de motivación, y que con lleva a la nulidad de los actos
administrativos; por esto “[…] no es factible que la Administración de Aduanas pretenda
desvirtuar el origen chileno de los tabacos sólo porque aproximadamente el 10%
corresponde a Brasil, apartándose en su integridad del concepto emitido por la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, que con
claridad le otorga el origen chileno a la mercancía objeto del presente litigio […] teniendo
en cuenta el requisito específico de origen, la DIAN se apresura y se acoge a las
interpretaciones dadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuando esta
entidad restringe el entendimiento de "países participantes" al que se refiere el acuerdo,
esto es Colombia y Chile, y no a todos los países miembro de ALADI; y cuando
hablamos de todos los países miembro de ALADI, los beneficios arancelarios deben
ser extendidos a la compañía en razón de los cigarrillos de tabaco que se pretendía
exportar a Colombia. […]”62.
10.3. Adujo que teniendo en cuenta el principio de buena fe “[…] es un principio
vinculante a las actuaciones de las autoridades públicas frente a las actuaciones de los
particulares, y es cuando no es claro como pretende el Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo de Colombia y la DIAN, hacer una interpretación del ACE-24 sin consultar ni
tener en cuenta la posición del Gobierno de Chile y efectuar las consultas respectivas
para dirimir las controversias y no pasar por alto ni prescindir de la aplicación e
61
Ibidem
62
Ibidem
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interpretación de este acuerdo. […] como se ha manifestado de manera reiterada es
clara la omisión de carácter arbitrario por parte de la Administración, toda vez que como
se ha probado durante el trámite del presente proceso, desde un principio BAT South
America presentó certificados de origen legalmente expedidos por la autoridad
competente chilena y con base en ellos aplicó los beneficios arancelarios a los que tiene
derecho y consultando los criterios de origen acordados entre las partes. […]”63
10.4. Indicó que por la violación del derecho de defensa, establecido en la
Constitución, se resalta la vulneración cuando “[…] mi representada nunca fue
vinculada al proceso de verificación, tan solo fue informada del mismo y además en
forma indebida, y contrario a lo que aduce la DIAN, la Compañía nunca pudo demostrar
en el transcurso de control que había satisfecho plenamente la obligación a su cargo
de declarar, con base en un certificado de origen, que la mercancía calificaba como
originaria (artículo 4-17 del TLC); tampoco pudo sustentar la autenticidad del certificado,
su expedición por la autoridad competente del país exportador; la consistencia de su
contenido con la interpretación del gobierno del país exportador sobre los criterios de
origen de los cigarrillos. […]”64
10.5. Manifestó que, cumplido con todos los requisitos, así “[…] 1. BAT solicitó el
tratamiento arancelario preferencial con base en los certificados de origen emitidos por
la Sociedad de Fomento Fabril (SOFAFA) a solicitud de su proveedor, la compañía
chilena de tabacos (Chiletabacos), los cuales como se ha demostrado con automáticos.
2. BAT declaró en todas las declaraciones de importación que la mercancía era
originaria con base en un certificado de origen legalmente expedido en Chile. 3. En
cada una de las importaciones, BAT tenía a disposición de la Autoridad Aduanera el
certificado de origen correspondiente. 4. La información la solicitó la DIAN a través de
la Agencia de Aduanas, quien la remitió oportunamente. […]”65; finalmente establece
que los certificados de origen cumplen con todos los requisitos, cumplen con la
normatividad y que fue expedido por la entidad competente para esto del país
exportado.
10.6. Señaló que presenta una violación, debido que la DIAN no ostentaba la
competencia necesaria para emitir una resolución de origen, “[…] la Administración no
podía adelantar un procedimiento de verificación de origen reglado en el artículo 4-14
63
Ibidem
64
Ibidem
65
Ibidem
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y siguientes del TLC, solicitar informaciones o formular cuestionarios a los
exportadores y expediré una “Resolución de Origen” al amparo de Artículo 4° del
Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Chile – Protocolo Adicional ACE 24, sino
que debió, de acuerdo a al Resolución 252 comunicar al país exportador (efectuar las
consultas pertinentes) y tomar las medidas que considerara necearías para garantizar
el interés fiscal a través de cualquier otro medio. […] no se trata simplemente de una
norma de procedimiento, sino que afecta claramente los derechos sustanciales de BAT,
en cuando la consulta previa entre los países habría aclarado la diferencia de criterios
y hubiera evitado el desconocimiento del origen de la DIAN aplicó en contravía de los
intereses de la Compañía […]”66 no se debe asumir por parte de BAT la omisión de la
DIAN de aplicar las normas establecidas en la Resolución núm. 252, y por el contrario
aplicar normas posteriores a los hechos investigados, violando así las normas del
derecho público internacional.
10.7. Sostuvo que es evidente la violación al artículo 228 de la Constitución Política,
en el entendido que se debe resaltar lo sustancial sobre las formas “[…] toda vez que
se ha comprobado a lo largo del desarrollo de la actuación administrativa que se ha
presentado un exceso de requisitos formales. […] se esta incurriendo en una falta grave
a la buena fe al pretender exceder la exigencia en los requisitos formales para ello. […]
nos encontramos frente a un defecto procedimental por exceso de ritual en manifiesto,
debido a la omisión por parte de la DIAN en la aplicación de lo dispuesto por la entidad
competente en las certificaciones expedidas en relación con el tabaco importado a
Colombia desde Chile y que claramente cumplían con los requisitos del ACE 24 […]”67
11. La parte demandada presentó sus alegatos de conclusión, en el momento procesal
oportuno, en los siguientes términos:68
11.1 Manifestó que sobre el cargo de la nulidad de los actos administrativos por
violación al artículo 4.24 del ACE No. 24 Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999, que
enuncia la parte demandante como vulneración al debido proceso y por la presunción
de legalidad de los certificados de origen expedidos por las autoridades chilenas, cabe
resaltar que “[…] participa la totalidad de los miembros de la ALADI, cuyos derechos y
obligaciones rigen "exclusivamente' para los países miembros que ellos suscriban o
66
Ibidem
67
Ibixdem
68
Cfr. Folios 360 a 364
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que a ellos se adhieran, por lo que el ACE-24 es un Acuerdo de Complementación
Económica, de Alcance Parcial - celebrado no entre todos los países miembros de la
ALADI - sino sólo entre Colombia y Chile, y por lo tanto los derechos y obligaciones que
en él se establecen rigen exclusivamente para Colombia y Chile. […]”69, para ello se
debe tener en cuenta el pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano, al ser
expedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el cual emitió
oficio DIE- 493 de 10 de noviembre de 2010, por ser un “país participante” en el ACE
24, para poder dirimir la confrontación existente entre el Gobierno Colombiano y el
Gobierno Chileno.
11.2 Expresó que al cargo referente a la afectación del principio de la Buena fe y la
Confianza legítima consagrado en el artículo 83 de la Constitución, es incongruente ya
que “[…] debe tener en cuenta el despacho la comunicación DIE-493 de noviembre 10
de 2010², suscrita por el Ministerio de Industria y Turismo de Colombia, (Folio 56 a 57
de los antecedentes - acápite de pruebas) donde claramente se determinó que para
considerar los cigarrillos originarios en el marco del ACE -24, es requisito indispensable
que el tabaco provenga de los países participantes del acuerdo que concede las
preferencias, es decir de Chile o de Colombia, requisito que no se cumplió en el
presente caso y por ello se negó el origen de tales mercancías […]”, por otra parte “[…]
está demostrado que no nos encontrarnos frente a actos arbitrarios, repentinos o
improvisados de parte de mi mandante, sino ante la aplicación juiciosa y estricta de la
normatividad aduanera y las disposiciones del acuerdo ACE 24 y el TLC suscritos entre
Chile y Colombia. […] ”70
11.3 Indicó que los motivos por los cuales no es aceptable el argumento de la parte
demandante, en el que establecen la violación del derecho de la defensa, puesto que
“[…] se informó de la existencia del procedimiento de verificación del origen de los
cigarrillos importados a quien no ostentaba para esa época la calidad de representante
legal de la compañía, razón por la cual nunca pudo demostrar que había satisfecho
certificado de origen, que la mercancía calificaba como originaria (artículo 4-17 del
TLC); y que tampoco pudo sustentar la autenticidad del certificado, su expedición por
la autoridad competente del país exportador […] Aunado lo anterior, no establece el
Acuerdo para la validez del procedimiento administrativo, que la autoridad aduanera
69
Ibidem
70
Ibidem
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deba en la etapa de acopio de información o de envió de los cuestionarios, notificar al
importador de la actuación administrativa, pues es claro el numeral 17 del Artículo 4.21:
"Procedimientos para Verificación de Origen" en consagrar que la notificación al
importador se debe surtir cuando se emita la Resolución de origen que incluya los
hechos y el fundamento legal de dicha resolución, así como también debiendo notificar
a la autoridad competente de la parte exportadora, lo cual fue cumplido a cabalidad por
mi representada, pues no obstante, no ser obligatoria dicha etapa, la entidad que
represento SI comunicó la realización del proceso de verificación de origen de las
mercancías importadas a Colombia por parte de BAT[…]”71; finalmente los demás
tramites previstos en los artículos 4.21 y 2.25 se desarrollaron correctamente, es así,
como la parte demandante interpuso el recurso de reposición y en subsidio de
apelación, por lo cual se garantizó el debido proceso y se agotó las etapas de la vía
gubernativa.
11.4 Adujo que no es procedente la nulidad de los actos administrativos por vulneración
al artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, por falsa motivación de la
Resolución acusada, debido a la omisión del material probatorio, “[…] porque se verificó
el cumplimiento de los requisitos exigidos para que la mercancía obtuviera el
tratamiento arancelario preferencial y si calificaba como originaria o no, por tratarse de
mercancía importada desde la República de Chile, verificación que no se limita
únicamente a constatar la autenticidad del certificado, o si éste fue expedido por quien
está habilitado para ello, o si figura en los archivos de la Parte Exportadora, o en los
soportes de la operación de importación; sino que buscaba determinar si la mercancía
importada calificaba como originaria. […]”72
11.5 Conforme a la expedición de los actos administrativos acusados, se “[…]
procedió a verificar la autenticidad de los certificados de origen expedidos
por la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA- a la empresa exportadora
Compañía Chilena de Tabacos S.A. y el cumplimiento del criterio de origen
consignado en los mismos y en la respuesta según Carta No. 4231 del 13
de octubre de 2011 de la parte exportadora y luego de realizar un análisis
detallado de los certificados, se concluye respecto al carácter de originario
de los "Cigarrillos" que "más del 90% de los tabacos utilizados son chilenos
71
Ibidem
72
Ibidem
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y menos del 10% restantes provienen de Brasil" […]”, 73 finalmente insistió
que el Anexo 2 trae consigo la obligación de que el tabaco debe ser de los
países participantes del Acuerdo.
11.6 Señaló que de acuerdo a la nulidad de los actos administrativos por violación
directa del artículo 28 de la Convención de Viena, por la falta de competencia de la
DIAN para expedir una resolución de origen “[…] No es cierto que la autoridad aduanera
careciera de competencia para adelantar un procedimiento de verificación de origen de
acuerdo al artículo 4-14 y siguientes del TLC, o para solicitar informaciones o formular
cuestionarios a los exportadores y expedir una "Resolución de Origen" al amparo del
Artículo 4° del Acuerdo de Libre Comercio, pues claro que las normas de origen del
Acuerdo de Complementación Económica ACE-24, deben ser aplicadas a las
operaciones de importación que se realizaron al amparo de los certificados de origen
expedidos en vigencia del ACE-24, por lo que no resulta válidamente aplicar el criterio
de origen establecido en el Protocolo Modificatorio, (TLC Colombia - Chile) así como el
contenido de las Decisiones 6 y 9 de la Comisión de Libre Comercio, pues bajo el criterio
de origen del ACE-24 se expidieron los certificados de origen a favor de la hoy
demandante y se realizaron las importaciones que se analizan, valga decir, en los años
2007, 2008 y 2009, por lo que no ha incurrido la DIAN en aplicación retroactiva del TLC.
[…]” 74
11.7 Sostuvo que la nulidad de los actos administrativos por el desconocimiento del
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, y desconocimiento de los actos
propios. “[…] No es cierto que el desconocimiento del certificado de origen que hace la
DIAN atenta contra la buena fe, y que los actos demandados vulneraron los derechos
de BAT South América al desconocer que cumple con las reglas de origen del ACE 24
suscrito entre Colombia y Chile; pues del material probatorio arrimado al expediente se
tiene claridad que los certificados de origen nunca fueron desconocidos por la autoridad
aduanera, tampoco se negó su originalidad o la falta de competencia de quien los
expidió, en tanto el asunto de fondo consistió en realizar el estudio de verificación del
origen de las mercancías (cigarrillos) importados a Colombia por la sociedad BRITISH
AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, y al constatarse que los mismos
no cumplían los requisitos de origen establecidos en el acuerdo ACE-24 suscrito entre
73
Ibidem
74
Ibidem
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Colombia y Chile, no estaba llamada a acceder al beneficio arancelario aplicado en las
declaraciones de importación, conclusión a la que llego la DIAN en los actos
demandados, toda vez que en cabeza de ella radica la verificación del cumplimiento d
ellos requisitos precios en el acuerdo de complementación ACE 24 respecto del origen
de las mercancías […]”75
Concepto del Ministerio Público
12. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
13. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes: i) la
competencia de la Sala; ii) los actos administrativos acusados; iii) el problema jurídico;
iv) el marco normativo internacional en materia de Derecho de los tratados; v) el marco
constitucional y legal en materia de Derecho de los tratados; vi) el marco normativo y
desarrollos jurisprudenciales sobre acuerdos simplificados; vii) el marco constitucional
de la integración Latinoamericana y del Caribe; viii) el Tratado de Montevideo que
instituye la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI; ix) los acuerdos de
alcance parcial y acuerdos de complementación económica en el marco de la ALADI;
x) el Acuerdo de Complementación Económica núm. 24 o ACE 24 entre la República
de Colombia y la Republica de Chile; xi) el Protocolo modificatorio al Acuerdo de
Complementación Económica núm. 24; xii) el Régimen de normas de origen de las
mercancías; y xii) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
14. Vistos: i) el numeral 1.° del artículo 128 del Decreto 01 de 198476, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en única instancia, aplicable en los términos del
75
Ibidem
76 “[…] Artículo 128. Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
[…]
2. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía, en los cuales se controviertan
actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional, con excepción de los de carácter laboral.
No obstante, las controversias sobre los actos de declaratoria de unidad de empresa y calificación de huelga
son de competencia del Consejo de Estado en única instancia. […]”.
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artículo 30877 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201178, sobre el régimen de transición
y vigencia; y ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, sobre la
distribución de los procesos entre las secciones de esta Corporación, la Sala considera
que es competente para conocer del presente asunto.
15. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho de que trata este asunto, y sin que se observe vicio o causal de nulidad
que puedan invalidar lo actuado, se procede a decidir el caso sub examine, como se
desarrollará a continuación.
Actos administrativos acusados
16. Los actos administrativos acusados son los siguientes79:
16.1 Resolución núm. 004551 de 19 de abril de 201180, que dispone:
“[…] 9
Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en la
subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), correspondiente a
cigarrillos, exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE
TABACOS S.A. e importada a Colombia por la empresa BRITISH
AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no cumple con las
condiciones para ser considerada originaria de Chile en los términos de lo
dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile – Colombia ACE N° 24
LA SUBDIRECTORA DE GESTION TECNICA ADUANERA
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 del Decreto 4048
de 2008 y de conformidad con lo señalado en el Capítulo 4 del Acuerdo de
Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile -
Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica para el
Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia y Chile
(ACE 24) adoptado mediante la Ley 1189 de abril 28 de 2008 y
77
“[…] Artículo 308. Régimen de Transición y Vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio
del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a
las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
78
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
79
Se procede a trascribir los apartes más relevantes.
80
Folios 13 a 19 del cuaderno número 1 del expediente.
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34
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CONSIDERANDO
Que con el fin de constatar el carácter originario de los cigarrillos importados
de Chile por la subpartida arancelaria 2402.20.00 bajo el marco del Acuerdo
de Complementación Económica No. 24 entre Colombia y Chile, la
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera con oficios números 100-210-
227-340-015, 100-210-227- 340-016 del 17 de marzo de 2010, y 100-210-
227-340-017 del 23 de marzo de 2010 solicitó a la AGENCIA DE ADUANAS
DHL FORWARDING COLOMBIA S.A., ALMACENES GENERALES DE
DEPOSITO ALMAVIVA S.A. en calidad de Declarantes, copia de los
Certificados de Origen, Documentos de Transporte Facturas Comerciales que
sirvieron como soporte de las operaciones de importación relacionadas en los
oficios citados y realizadas por la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO
SOUTH AMERICA LIMITED. (folios 54-64).
Que la Agencia de Aduanas DHL presentó respuesta a los requerimientos
Nos 100 210-227-340-015 y 100-210-227-340-017, con escritos dirigidos a la
Coordinación de Servicio de Origen radicados bajo los números
2010ER27503 y 2010ER32792 del 5 20 de abril de 2010, respectivamente.
(folios 73-79 y 419).
Que la Agencia de Aduanas ALMAVIVA mediante radicado 2010ER33938 del
22 d abril de 2010, presentó respuesta dirigida a la Coordinación del Servicio
de Origen a requerimiento No. 100-210-227-340-016 (folio 1043).
Que de la información remitida por las Agencias de Aduanas se observa que
en lo Certificados de Origen se relaciona la subpartida arancelaria 2402.20.00
(NALADISA y en las declaraciones de importación la correlativa
2402.20.20.00 (folios 73-2026)
Que según lo dispone el artículo 8 del Acuerdo de Complementación
Económica Chile-Colombia ACE N° 24 en materia de Régimen de Origen, las
normas aplicables son las pertenecientes al Régimen General de Origen
aprobado mediante Resolución 78 del Comité de Representantes de la
ALADI, posteriormente consolidado en la Resolución 252 de agosto 4 de
1999.
La Resolución 252 en su artículo primero establece:
"PRIMERO.- Son originarias de los países participantes de un acuerdo
concertado de conformidad con el Tratado de Montevideo 1980:
a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando en su
elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera de los países
participantes del acuerdo."
(...)
e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan
con los requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de esta Resolución"
El anexo 2 de la Resolución 252 señala:
ANEXO 2
REQUSITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN
NALADISA 96 DESCRIPCION REQUISITO
ESPECIFICO
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35
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2402.20.00 Cigarrillos que Tabaco de los países
contengan tabaco participantes
Que por lo tanto, la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria
2402.20.00 (NALADISA)correspondiente a cigarrillos para ser considerada
originaria de un País Parte, debe cumplir con el requisito específico de origen
establecido en el Anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI, esto es, que el
tabaco de los cigarrillos elaborados sea de los países participantes.
Que en este contexto la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, decidió iniciar el
Procedimiento de Verificación de Origen.
Que el procedimiento de Verificación de Origen en el cual se basa la
investigación realizada, es el establecido e el Capitulo 4 (Régimen de Origen)
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República
de Chile Protocolo Adicional al ACE-24.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.21 párrafo 1 del Acuerdo de Libre
Comercio entre la República de Colombia y la República de Chile Protocolo
Adicional al ACE-24, la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera, mediante
oficios Nos. 100-210-227-0201 del 4 de junio de 2010 y 100-210-227-0238 del
30 de junio del 2010, dirigidos a la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, solicitó
verificar la autenticidad de los Certificados de Origen expedidos por la
Sociedad de Fomento Fabril - SOFOFA - a la empresa exportadora
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., que amparan la mercancía
correspondiente a cigarrillos clasificados por la subpartida arancelaria
2402.20.00 (NALADISA)y el cumplimiento del criterio de origen consignado
en los siguientes Certificados de Origen emitidos bajo el marco del Acuerdo
de Complementación Económica entre Colombia - Chile ACE N° 24: (folios
1846-1850)
[…]
Que en respuesta a la solicitud, el 10 de septiembre de 2010, la Dirección de
Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales de Chile en Carta N° 3476 radicado DIAN N°
2010ER77830 del 13 de 04/05/2009 septiembre de 2010, informó que
realizado un análisis detallado de los Certificados de Origen emitidos por la
Sociedad de Fomento Fabril - SOFOFA se concluyó lo siguiente:
• Respecto al carácter originario de los "cigarrillos" informo a Ud. que bajo
el ACE N° 24, Anexo 2 (Requisitos Específicos de Origen) de la
Resolución 252, exige que los tabacos con que se fabrica dicho producto
sean de los países participantes (Partes Signatarias), lo cual se cumple,
ya que más del 90% de los tabacos utilizados son chilenos y menos del
10% restante provienen de Brasil, que es parte signataria de la Resolución
252.
(...)
• Los 176 certificados son auténticos y se encuentran en los archivos de
SOFOFA.
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• Las personas que suscriben los certificados de origen son funcionarios de
la SOFOFA y se encuentran habilitados para emitir certificados de origen
de exportación por parte del Gobierno Chileno." (folios 2038-2039).
Que con fundamento en la respuesta emitida por la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la
Coordinación Servicio de Origen de la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera, con oficio N 100-210-227-340-155 del 24 de septiembre de 2010,
consultó a la Dirección Integración Económica del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo sobre aplicación del Criterio de Origen para los cigarrillos
en el marco del Acuerdo Complementación Económica Colombia Chile ACE
N° 24 y del Procedimiento Verificación de Origen establecido en el marco del
IX Protocolo del mismo Acuerdo (folio 2040).
Que mediante oficio No. DIE-470 del 26 de octubre de 2010 suscrito por el
Director Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, señala: "... I normas aplicables para adelantar un proceso de
verificación de origen c posterioridad a la entrada en vigor del TLC, son las
normas establecidas en dic TLC". Así mismo indica, que para poder emitir una
Resolución de Origen indispensable cumplir con el procedimiento de
verificación de origen establecido en Artículo 21.4 3 (sic) del TLC (folio 2042)
Que Posteriormente, el Director de Integración Económica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con oficio No. DIE-493 del 10 de noviembre de
2010, dando alcance al oficio No. DIE-470, manifiesta que revisado el artículo
1 de la Resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de Integración
ALADI y su Anexo 2, se encuentra que:
"...para considerar una mercancía originaria bajo el ACE-24 entre Chile y
Colombia, es necesario que las mercancías a exportar, para el caso los
cigarrillos, sean elaborados íntegramente en Chile y Colombia. Lo anterior
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1:
"Son originarias de los países participantes de un acuerdo concertado de
conformidad con el Tratado de Montevideo 1980:
a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando en su
elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera de los países
participantes del acuerdo.
(…)
e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan
con los requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de esta Resolución.
El Anexo 2 de la mencionada Resolución exige que el tabaco de los cigarrillos
elaborados sea "de los países participantes"
Al consagrar la norma el término "países participantes" hace referencia a los
países participantes de un acuerdo concertado de conformidad con el Tratado
de Montevideo, es decir de un Acuerdo de Alcance Parcial o Regional,
celebrado en el marco de la ALADI (en este caso el ACE 24) y no a los países
signatarios del Tratado de Montevideo y de la Resolución 252...
En este orden de ideas, para considerar los cigarrillos originarios en el marco
del ACE-24, es requisito indispensable que el tabaco provenga de los países
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participantes del acuerdo que concede las preferencias, es decir de Chile o
de Colombia" - subrayado fuera de texto - (folios 2046-2047).
Que en cumplimiento de lo establecido en el Capitulo 4, articulo 4.21 párrafo
3 (a) del Acuerdo de Libre Comercio entre las Repúblicas de Colombia y Chile
• Protocolo Adicional al ACE No. 24, a través de oficio No. 100-210-227-0379
del 3 de noviembre de 2010, la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
remitió a la empresa exportadora COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A.,
con copia a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales,
el Cuestionario de Verificación de Origen (folios 2048 - 2058).
Que mediante Carta N° 5029 del 17 de diciembre de 2010, radicado DIAN N°
2010ER110323 del 21 de diciembre del mismo año, la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile, solicitó prórroga hasta el 10 de febrero de 2011 para
responder el Cuestionario de Verificación, la cual fue concedida a la empresa
exportadora COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., por la Subdirección
de Gestión Técnica Aduanera mediante oficio No. 100210-227-0433 del 24 de
diciembre de 2010 (folio 2075).
Que con oficio N° 100210-227-0021 del 19 de enero de 2011, la Subdirección
de Gestión Técnica Aduanera informó al Representante Legal de la empresa
importadora BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED,
Doctor Marcelo José Teixeira Izzo, sobre la realización del proceso de
Verificación de Origen para las mercancías descritas como cigarrillos
clasificados por la subpartida 2402.20.00 exportadas por la empresa
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., durante los años 2008, 2009 y
2010 (folio 2092).
Que a través de Carta N° 0506 del 7 de febrero de 2011, radicado DIAN N
2011ER13519 del 15 de febrero del mismo año, la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile, remitió el Cuestionario de Verificación de Origen
debidamente contestado firmado por el Representante Legal de la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A con los anexos respectivos y los
documentos e información solicitados (folios 2116- 2139).
Que en el escrito que acompaña la remisión del Cuestionario de Verificación
de Origen, el Representante Legal de la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS
SA efectúa algunas precisiones tendientes a respaldar el cumplimiento de las
normas de origen aplicables en el Acuerdo de Complementación Económica
N° 24 entre Chile - Colombia ACE-24, manifestando al respecto y en relación
con la Resolución 252 del Comité de Representantes que:
“… al señalar esta normativa como requisito que el tabaco fuera de los “países
participantes" se entiende como que el tabaco fuera de los países
participantes de la ALADI, tal como lo han aplicado las autoridades Chilenas
al momento de la expedición de los certificados de origen y lo han entendido
las mismas Partes cuando mediante una disposición posterior (Decisión 06)
precisa de manera explícita la acumulación extendida.
La circunstancia de que en los requisitos específicos de origen se consagra
la acumulación entre todos los países participantes de la ALADI, explica que
esta figura de la acumulación no se regulara de manera expresa en el
articulado del Acuerdo (...)"
Concluyendo que "...nuestra compañía cumple a con las reglas de origen del
ACE 24suscrito entre Colombia y Chile, en las operaciones de cigarrillos
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nuestra vinculada BAT COLOMBIA, tal como se puede verificar en forma
detallada en cada uno de los anexos de la información solicitada..." (folios
2133-2136)
Que en el Anexo a la respuesta de la pregunta 8 del Cuestionario de
Verificación, la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. relacionó que
importó para los años 2006, 2007, 2008 y 2009 "Tabaco" de Brasil, México,
Perú, Venezuela y Zimbabwe, entre otros (folios 2154-2216)
Que en el Anexo a la respuesta de la pregunta 12 del Cuestionario de
Verificación, la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A relacionó que para
la producción de los cigarrillos exportados hacia Colombia bajo el marco del
Acuerdo de Complementación Económica ACE No24 y amparados en las
declaraciones de importación presentadas en los años 2008 y 2009 utilizó
tabaco importado en los años 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009
(folios 2246-3933)
Que en respuesta a la pregunta 13 del Cuestionario de Verificación, la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. confirmó que no ha utilizado
tabaco colombiano en la fabricación de los cigarrillos exportados hacia
Colombia para los años 2008 y 2009. (folio 2126)
Que en respuesta a la pregunta 34 del Cuestionario de Verificación, la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A declara que para las exportaciones
realizadas a Colombia hasta mayo 7 de 2009 bajo el marco del Acuerdo de
Complementación Económica No. 24, el criterio de origen fue el establecido
en el Anexo 2 "Requisito Específico de Origen" de la Resolución 252 de la
ALADI que exige para los cigarrillos que los tabacos con que se fabrican "sean
de los "países participantes" entendiendo por ello los países miembros de
ALADI, a su vez, Partes Signatarias de la referida resolución. Este criterio lo
cumplimos al utilizar más del 90% de tabacos chilenos, y el restante de países
participantes de ALADI, que igualmente son partes signatarias de la
resolución 252". (Folio 2129)
Que en los Certificados de Origen expedidos bajo el marco del Acuerdo de
Complementación Económica ACE-24, se relaciona el criterio de origen
"RESOLUCIÓN 252, ARTÍCULO 1, LITERAL E".
Que del análisis y evaluación de la información suministrada correspondiente
al Acuerdo de Complementación Económica Chile-Colombia ACE No. 24, se
evidencia que en la fabricación de cigarrillos exportados por la empresa
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A se utilizó "Tabaco importado" de
Brasil, México, Perú, Venezuela, y Zimbabwe, entre otros (folios 2246-3324,
3374-3383, 3446-3621, 3630-3633, 3866- 3873, 3892-3895, 3900-3903).
Que como se señaló, el Director de Integración Económica del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo se pronunció al respecto con oficio No. DIE-
493 del 10 de noviembre de 2010, manifestando que la expresión "Tabaco de
los países participantes" se refiere a un Acuerdo "concertado de conformidad
con el Tratado de Montevideo, es decir de un Acuerdo de Alcance Parcial o
Regional, celebrado en el marco de la ALADI (en este caso el ACE 24) y no a
los países signatarios del Tratado de Montevideo y de la Resolución 252..."
concluyendo que "para considerar los cigarrillos originarios en el marco del
ACE-24 es requisito indispensable que el tabaco provenga de los países
participantes del Acuerdo que concede las preferencias, es decir, de Chile o
de Colombia (folios 2046 y 2047)
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Que conforme a la consideración anterior, el criterio de origen "RESOLUCIÓN
252, ARTÍCULO 1, LITERAL E" invocado en los 129 Certificados de Origen
expedidos bajo el marco del Acuerdo de Complementación Económica Chile
• Colombia ACE N° 24, no acredita el origen para la aplicación del mencionado
Acuerdo, consistente no sólo) Lu en que la elaboración de los cigarrillos se
realice en el territorio de los Estados Parte sino que además que el tabaco
utilizado sea de los Países Participantes.
Que como resultado del Procedimiento de Verificación desarrollado, se
determina que la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria
2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos exportados a Colombia
por la empresa COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la
sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no
cumple con las condiciones para ser considerada originaria en los términos
de lo dispuesto en el Régimen de Origen, artículo 8del Acuerdo de
Complementación Económica N° 24 entre Colombia y Chile, en razón a que
en la elaboración de los cigarrillos exportados hacia Colombia se utilizó tabaco
no originario de las Partes.
Que por otra parte, el Capítulo 4 - Régimen de Origen, Sección B -
Procedimientos de Origen, artículo 4.17: Obligaciones Relativas a las
Importaciones, del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de
Colombia y la República de Chile - Protocolo Adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un espacio
Económico Ampliado entre Colombia y Chile (ACE 24) dispone:
Artículo 4.17: Obligaciones Relativas a las Importaciones
1. La autoridad aduanera de cada Parte exigirá que el importador que solicite
tratamiento arancelario preferencial para una mercancía:
(a) declare por escrito en el documento de importación requerido por su
legislación, en base a un certificado de origen, que una mercancía califica
como mercancía originaria;
(...)
2. Si un importador en su territorio no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en este Capítulo, la autoridad aduanera negará el tratamiento
arancelario preferencial
Que se advierte el incumplimiento por parte del importador BRITISH
AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED de la norma transcrita,
en lo pertinente, toda vez que en las Declaraciones de Importación
presentadas (Folios 73-418, 441-624, 661-678, 890-919, 1031-1041, 1547-
1838) consta que con fundamento en los Certificados de Origen expedidos
por la SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL- SOFOFA los cigarrillos se
declararon como originarios de Chile.
En consecuencia este Despacho,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Determinase que la mercancía clasificada en la
subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos,
amparada en la Declaraciones de Importación relacionadas en este artículo y
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exportada desde Chile hacia Colombia por la empresa COMPAÑÍA CHILENA
DE TABACOS S.A., e importada por la sociedad BRITISH AMERICAN
TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED., con NIT 800.245.520-2, no cumple
con las condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo
dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, de conformidad con lo señalado en la
parte motivada de la presente Resolución:
ARTICULO SEGUNDO: Notificar, el contenido de la presente resolución al
importador BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED,
con NIT 800.245.520- 2, de conformidad con lo establecido en los artículos 44
y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO TERCERO: Notificar, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.21
del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República
de Chile - Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado entre Colombia
y Chile (ACE 24) al Subdepartamento de Certificados de Origen del
Departamento de Acceso a Mercados de la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores en la siguiente
dirección: San Martín 88, piso 2 Santiago - Chile, mediante el envío de una
copia de esta Resolución a través de correo certificado internacional.
ARTICULO CUARTO: Una vez en firme la presente resolución, remítase a la
Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera para que proceda al
cobro de los tributos aduaneros dejados de cancelar y sanciones
correspondientes, por lo expuesto en los considerandos del presente acto
administrativo a las importaciones de la mercancía clasificada en la subpartida
arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos amparada
en las Declaraciones de Importación relacionadas en el artículo primero de
esta resolución, exportada desde Chile hacia Colombia por la empresa
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la sociedad
BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED.
ARTICULO QUINTO: Contra la presente resolución procede el Recurso de
Reposición (Revisión en términos del TLC) ante la Subdirección de Gestión
Técnica Aduanera y el Recurso de Apelación ante la Dirección de Gestión de
Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los que
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia y presentarse en la Coordinación de
Documentación de la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en la siguiente dirección:
Carrera 7 No 6-54 piso 1, Bogotá Colombia.
ARTÍCULO SEXTO: Compulsar copia del presente acto administrativo a la
Dirección de Gestión de Aduanas y a la Dirección de Integración Económica
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Calle 28 No. 13 A 15, Piso 6°
de Bogotá), para su conocimiento. […]”
15.2 Resolución núm. 006711 de 14 de junio de 201181 de la cual se destaca, lo
siguiente:
“[…] DISPONE
81
Folios 21 a 31 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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41
Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la Resolución N° 004551 del 19 de abril
de 2011, por medio de la cual se determinó que la mercancía clasificada bajo
la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a
cigarrillos, importada por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO
SOUTH AMERICA LIMITED y exportada desde Chile hacia Colombia por la
COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., no cumple con las condiciones
para ser considerada originaria de Chile en los términos de lo dispuesto en el
Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica ACE N° 24
entre Chile y Colombia.
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido del presente acto
administrativo a la doctora MÓNICA MARIANA ACOSTA SÁNCHEZ con
cédula de ciudadanía N° 52.114.388 de Bogotá, en su calidad de Apoderada
General de la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA
LIMITED con NIT 800.245.520-2, de conformidad con lo establecido en el
artículo 44 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: COMPULSAR copia del presente acto administrativo
a la Dirección de Gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, para lo de su competencia, teniendo en cuenta que contra la
Resolución N° 004551 del 19 de abril de 2011, se interpuso recurso de
apelación el 10 de mayo de 2011, bajo el radicado DIAN N° 2011ER41521
ARTÍCULO CUARTO: COMPULSAR copia del presente acto administrativo
a la Dirección de Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo (Calle 28 No.13 A-15, Piso 6ºde Bogotá), y a la Autoridad
Competente del País Exportador, el Subdepartamento de Certificados de
Origen del Departamento de Acceso a Mercados de la Dirección de Asuntos
Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales Ministerio RR.EE., (San Martín 88, piso 2 Santiago - Chile),
mediante el envío de una copia de esta Resolución a través de correo
certificado internacional para su conocimiento. […]”
15.3 Resolución núm. 012386 de 29 de noviembre de 2011 82 de la cual se destaca, lo
siguiente:
“[…] RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No.
004551 del 19 de abril de 2011 de la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera "Por medio de la cual se determina que la mercancía clasificada en
la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA), correspondiente a
cigarrillos, exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE
TABACOS S.A. e importada a Colombia por la empresa BRITISH AMERICAN
TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED, no cumple con las condiciones para
ser considerada originaria de Chile en los términos de los dispuesto por el
Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile -
Colombia ACE No 24”, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
82
Folios 33 a 47 del cuaderno núm. 1 del expediente.
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42
Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de esta providencia al
Representante Legal de la sociedad, o a quien haga sus veces, de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y siguientes del Código
Contencioso Administrativo en la Calle 97 A No. 9 A-34, Edificio Santa Clara,
Piso 4º de Bogotá D.C., advirtiendo al interesado que contra el presente acto
administrativo no procede recurso alguno por haber quedado agotada la vía
gubernativa.
ARTICULO TERCERO: COMPULSAR copia de la presente Resolución a la
Dirección de Integración Económica del Ministerio Comercio, Industria y
Turismo a la Calle 28 No. 13 A – 15 de Piso 6º de Bogotá D.C.; por correo
certificado internacional a, la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de
la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Chile en Teatinos No. 180 - Piso 11 de Santiago
de Chile y a la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la Entidad.
ARTICULO CUARTO: En firme la presente Resolución, DEVOLVER el
expediente del Recurso de Apelación del Importador a la Subdirección de
Gestión Técnica Aduanera para que repose en sus archivos. […]”
Problema jurídico
17. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la
demanda, la contestación a la demanda, los alegatos y las pruebas decretadas e
incorporadas legalmente al expediente del proceso de la referencia, y atendiendo a que
de manera general la parte demandante funda los cargos afirmando que los actos
acusados desconocen las normas que regulan el Régimen de Origen del Acuerdo de
Complementación Económica Chile Colombia ACE N° 24, y del Régimen General de
Origen de la ALADI, regulado en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la
Asociación, aprobada mediante Resolución núm. 252 de 1999, determinará:
17.1 Si las resoluciones núm. 004551 de 19 de abril de 2011, 006711 de 14 de junio de
2011 y 012386 de 29 de noviembre de 2011 infringen: i) el artículo 4.24 del ACE núm.
24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999; ii) el artículo 83 de la Constitución Política;
iii) el artículo 29 de la Constitución Política; iv) el artículo 28 de la Convención de Viena;
el artículo 228 de la Constitución Política; y v) si existe o no ánimo defraudatorio por la
parte demandante.
17.2. En tal virtud, la Sala definirá si hay lugar a declarar o no la nulidad de los actos
acusados expedidos por la parte demandada.
Marco normativo internacional en materia de Derecho de los tratados
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18. Vista la Convención de Viena de 23 de mayo de 196983, sobre el derecho de los
tratados, que tiene por objeto regular los tratados entre Estados, en el literal a) del
artículo 2º define un tratado como:
[…] a) un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y
regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular“[…]”.
19. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados codifica la costumbre
internacional en materia de celebración, entrada en vigor, observancia, aplicación,
interpretación, modificación, nulidad, terminación, suspensión de los tratados,
formación, ejecución, interpretación y terminación de los tratados, entre otros temas.
20. Vistos los artículos 26 y siguientes de la Convención de Viena de 1969, sobre los
principios: i) pacta sunt servanda; ii) la observancia del derecho internacional; iii)
interpretación de buena fe; iv) irretroactividad; v) ámbito de aplicación territorial; vi) las
normas concernientes a terceros estados o efecto relativo; entre otros.
Marco constitucional y legal en materia de Derecho de los tratados
21. Visto el artículo 9 de la Constitución Política, las relaciones exteriores del Estado se
fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados
por Colombia.
22. Visto el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con
el artículo 11 de la Convención de Viena de 1969, sobre formas de manifestación del
consentimiento para obligarse por un tratado, le corresponde al Presidente de la
República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar
tratados o convenios con otros Estados o entidades internacionales.
23. Visto el artículo 150 de la Constitución Política, en especial el numeral 16, es
función del Congreso aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros
83
Aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 32 de 29 de enero de 1985, promulgada mediante el
Decreto num. 1564 de 6 de junio de 1985, y en vigor para Colombia a partir del 10 de mayo de 1985.
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Estados o con entidades de derecho internacional.
24. Visto el artículo 241 de la Constitución Política, sobre funciones de la Corte
Constitucional, en especial el numeral 10, le corresponde decidir definitivamente sobre
la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben.
25. La Corte Constitucional ha considerado que los tratados son actos complejos, no
sólo porque están sometidos a disposiciones internacionales y constitucionales, sino
porque en su desarrollo, que se cumple en diversas etapas, como la negociación,
adopción, aprobación y ratificación o adhesión, intervienen diferentes órganos del
Estado.84 En este sentido dispuso:
“[…] La doctrina ha entendido la celebración o perfeccionamiento definitivo de un
tratado como el acto o los actos mediante los cuales un sujeto internacional
consiente en obligarse por un tratado. Celebración que por la naturaleza propia de
ese tipo de acuerdos o contratos, que implican una puesta en juego de la soberanía
nacional, (art. 9 C.N.), tiene un carácter solemne; de suerte que, de manera general
se trata de actos complejos, que según el orden jurídico interno de cada Estado
comprenden varios pasos como la negociación, firma, aprobación y ratificación o
adhesión. En los sujetos internacionales no estatales, estos pasos suelen ser más
flexibles aunque no menos solemnes. Esa complejidad en el perfeccionamiento de
los tratados permite distinguir de manera general, dos etapas en su
perfeccionamiento: La primera que comprende la iniciativa, los acuerdos y
negociaciones y la firma o suscripción del tratado según las circunstancias, como
hecho previo a su entrada en vigencia en un determinado Estado; paso este último
(firma o signatura) que no ocurre cuando el Convenio ya negociado por otros sujetos
internacionales, ha sido definido en su texto y un nuevo Estado simplemente se
adhiere a él. Y la segunda etapa, que comprende actos como la aprobación,
ratificación, canje o adhesión, que concluyen el trámite del acto y su consecuente
obligatoriedad para las partes […]”.
26. Visto el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, dentro del
procedimiento previsto en la Constitución Política, la ratificación del tratado está
precedida de la declaratoria de exequibilidad del tratado y de la ley aprobatoria del
mismo, siendo requisito sine qua non para que el Presidente pueda manifestar el
consentimiento para obligarse por el tratado , al punto que la declaratoria de
inconstitucionalidad impide que pueda realizar el canje de notas. Al respecto dispone:
“[…] Si la Corte los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el
canje de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias
normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte
84 Corte Constitucional, sentencia C-563/92.
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Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el
consentimiento formulando la correspondiente reserva […]”.
27. De esta manera, el trámite de los tratados por parte del Estado colombiano
comprende como etapas: i) la celebración por parte del Presidente de la Republica; ii)
la aprobación que corresponde al Congreso; iii) el control de constitucionalidad por
parte de la Corte Constitucional; y iv) la manifestación del consentimiento para obligarse
por virtud de un tratado que hace el Presidente de la República.
28. Vista la Ley 7 de 30 de noviembre de 1944 exige, para la promulgación del tratado,
la expedición de un decreto, una vez ha quedado perfeccionado:
“[…] Tan pronto como sea perfeccionado el vínculo internacional que ligue a Colombia
por medio de un Tratado, Convenio, Convención, etc., el Órgano Ejecutivo dictará un
decreto de promulgación, en el cual quedará insertado el texto del Tratado o Convenio
en referencia, y en su caso, el texto de las reservas que el Gobierno quiera formular
o mantener en el momento del depósito de ratificaciones […]”.
29. Respecto de su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano, la ley indicada
supra, regula que los tratados se consideran vigentes como leyes internas, una vez son
perfeccionados por el gobierno, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los
instrumentos de ratificación.
“[…] ARTÍCULO 1.° Los Tratados, Convenios, Convenciones, Acuerdos, Arreglos u
otros actos internacionales aprobados por el Congreso, de conformidad con los
artículos 69 y 116 de la Constitución, -hoy 189.2 y 150.16- no se considerarán
vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccionados por el Gobierno
en su carácter de tales, mediante el canje de ratificaciones o el depósito de los
instrumentos de ratificación, u otra formalidad equivalente […]”
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales sobre Acuerdos simplificados
30. Vistos los artículos 11, 12 y 13 de la Convención de Viena sobre el consentimiento
en obligarse por un tratado que se manifiesta mediante la firma y el canje de
instrumentos que constituyen un tratado.
31. La Corte Constitucional, respecto de los acuerdos simplificados, consideró que: i)
“[…] el consentimiento se manifiesta por la mera firma de quienes son titulares de plenos
derechos para ellos […]”85; y ii) “[…] hallan su origen en la Convención de Viena, de
85
Corte Constitucional; Sentencia C-170/95, declaró exequible la expresión “los acuerdos entre gobiernos y los
usos internacionalmente consagrados”, contenida en el artículo 538 del Código de Procedimiento Penal, sobre
la normatividad aplicable en asuntos probatorios.
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modo que tienen la misma validez que los tratados internacionales […]“ 86
32. En lo que al control constitucional de los acuerdos simplificados se refiere, la Corte
Constitucional87 consideró que para su aprobación se debía surtir el trámite propio de
un tratado internacional, por ser ésta la única forma prevista en la Constitución para
que el Estado colombiano asuma obligaciones internacionales. Al respecto sostuvo:
“[…] Ahora bien, en esta oportunidad es preciso señalar que aun cuando en el texto de la
Constitución Política (artículos 150-16 y 241-10) no se mencione sino a los tratados para efectos
de su aprobación o improbación, y del control constitucional, ello no significa que los demás
acuerdos internacionales, como los simplificados, no requieran aprobación del Congreso
mediante ley, sanción ejecutiva y revisión constitucional, formal y material por la Corte
Constitucional, pues, como ya se anotó, se trata de verdaderos tratados internacionales.
En tal virtud, deben cumplir los requisitos exigidos constitucionalmente (artículos 150, 189 y
241): negociación, adopción y autenticación; aprobación interna por parte de los Estados, lo cual
incluye, la intervención del Congreso, del Ejecutivo y de la Corte Constitucional; y la
manifestación internacional de los sujetos del consentimiento de obligarse por medio del tratado.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).
33. En cuanto a las obligaciones contenidas en los acuerdos simplificados, la Corte
Constitucional88 consideró que, dichos acuerdos no pueden generar nuevas
obligaciones sino limitarse a desarrollar las adquiridas previamente a través de un
tratado solemne, caso en el cual no requieren aprobación parlamentaria ni control
previo de constitucionalidad. Al respecto indicó:
“[…] En relación con la posibilidad que tienen los Estados Partes de celebrar acuerdos
complementarios, no estima la Corporación que se vulnere el ordenamiento superior,
por cuanto los mismos constituyen instrumentos esenciales y necesarios para darle
desarrollo y adecuada ejecución al Tratado internacional propiamente dicho
sometido a todas las formalidades propias, conforme al derecho internacional y al
derecho interno y que es objeto del control por la Corte.
Esos acuerdos complementarios o de desarrollo de tratados ya incorporados a la
legislación colombiana corresponden a una de las clases de los llamados procedimientos
simplificados que como se ha dicho y surge del texto de Convenio sujeto a análisis son
instrumentos que buscan dar cumplimiento a las cláusulas sustantivas de un tratado
vigente y que no dan origen a obligaciones nuevas ni puede exceder las ya
contraídas por el Estado colombiano; la otra clase de procedimientos simplificados se
integra por aquellos acuerdos relativos a materias que son de la órbita exclusiva del
Presidente de la República, directamente o por delegación, como director de las relaciones
internacionales.
86 Corte Constitucional; Sentencia C-710/98, mediante la cual se declaró exequible el Convenio suscrito entre
el Gobierno de la República de Colombia y la Universidad para la Paz “para la Creación de un Centro Mundial
de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos”, suscrito en Bogotá el 30 de julio de 1986, así
como la Ley 438 de 1998, por medio de la cual se aprobó dicho Convenio.
87
Corte Constitucional; sentencia C-400/98
88 Corte Constitucional; sentencia C-363 /00, mediante la cual La Corte declaró exequible el “Convenio de
Cooperación Turística entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba”,
hecho en la ciudad de la Habana a los veintiún (21) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y
cinco (1995), así como la Ley 513 de 1999, por medio de la cual se aprobó dicho Convenio.
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A juicio de la Corporación, si se trata de un instrumento internacional que no genera
nuevas obligaciones para Colombia, por ser desarrollo directo de un tratado
negociado, suscrito, aprobado y revisado en la forma prevista en la Constitución
Política (artículos 189, numeral 2., 150, numeral 16., 241, numeral 10) puede
prescindirse del trámite de aprobación parlamentaria y ponerse en vigor por el
Presidente de la República, en ejercicio de la competencia que posee para la
dirección de las relaciones internacionales. Al igual que cuando se trata de
declaraciones de enunciados políticos, de actos unilaterales del Estado colombiano o de
acuerdos verbales, instrumentos que no están sometidos a la formalidad de la aprobación
legislativa, la cual se aplica únicamente a los tratados propiamente dichos. Ni menos aún
a control constitucional por parte de esta Corporación. (Negrilla fuera de texto).
34. La Corte Constitucional89 precisó que, los acuerdos simplificados que se limitan a la
ejecución de un tratado solemne no requieren aprobación del Congreso, pero sí deben
cumplir dicho trámite cuando generan nuevas obligaciones en el escenario
internacional:
“[…] En este caso, dichos acuerdos forman parte de un tratado que cumplió con los
pasos previstos en la Constitución (arts. 189-2 y 150-16) y ahora sometido a la revisión
constitucional ordenada en el artículo 241-10 del ordenamiento superior. Así las cosas,
resulta claro que las obligaciones genéricas de cada parte se fijan en el tratado marco,
de suerte que el país no adquirirá nuevos compromisos y que por lo mismo, el
numeral (2) del artículo I no contradice ningún precepto constitucional.
Sin embargo, en este punto hay que precisar, de acuerdo con la jurisprudencia de esta
Corporación90, que existen una serie de instrumentos que se agrupan en la categoría
de los denominados procedimientos simplificados que no entran en esa
modalidad, pues a pesar de que son desarrollo de otro tratado, no se restringen
a su mera ejecución sino que implican para los Estados partes la asunción de
compromisos adicionales a los estipulados en el tratado principal, razón por la
cual de conformidad con la Constitución, deben ser sometidos a la aprobación
del Congreso y al control automático de constitucionalidad y demás reglas del
derecho internacional en materia de tratados […]”. (Negrilla fuera de texto).
35. Y, respecto de la diferencia entre tratados solemnes y acuerdos
simplificados, la Corte Constitucional91 considera que:
“[…] radica esencialmente en la forma como se perfecciona el convenio y expresa el
consentimiento, pues mientras en los tratados solemnes su “perfeccionamiento exige
un acto de ratificación autorizada por el Parlamento, la intervención en su proceso
formativo del Jefe de Estado como órgano supremo de las relaciones internacionales,
y el intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación”, los acuerdos de forma
simplificada “obligan en virtud de un acto distinto a la ratificación, manifestándose
mediante la autenticación del texto del acuerdo o por un acto posterior a la
autenticación, distinto de la ratificación, como la aprobación, la notificación, la
89 Corte Constitucional, Sentencia C-1258/00 mediante la cual declaró exequible el “Convenio entre el Gobierno
de la República de Colombia y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Técnica”,
hecho en Santa Fe de Bogotá, el 26 de mayo de 1998, así como la Ley 560 de 2000, por medio de la cual se
aprobó dicho Convenio
90 Auto 018/94, Sentencias C-400/98, C-710/98 y C-187/99
91
Corte Constitucional, Auto 288 de 17 de agosto de 2010
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aceptación o la adhesión”. En el foro internacional la diferencia tiene que ver con la
forma como un Estado manifiesta el consentimiento, aún cuando ello ofrece escasa
relevancia o es cuando menos discutible: “salvo que es diferente el procedimiento para
su celebración, los tratados en forma simplificada se encuentran sujetos a las mismas
reglas que los demás tratados, y tienen idéntico carácter jurídico; se usan muy a
menudo para completar o incluso para modificar los tratados en forma solemne. […]”
Marco Constitucional de la Integración Latinoamericana y del Caribe
36. Vista la Constitución Política de Colombia, en especial: i) el preámbulo sobre el
compromiso de impulsar la integración de la comunidad latinoamericana; ii) el artículo
9, sobe las relaciones exteriores del Estado fundadas en la soberanía nacional, en el
respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios
del derecho internacional aceptados por Colombia; iii) el artículo 150, numeral 16, sobre
la función del Congreso de aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre
con otros Estados o con entidades de derecho internacional, y transferir parcialmente
determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto
promover o consolidar la integración económica con otros Estados; y iv) el artículo 224,
sobre tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de
organismos internacionales y la habilitación al Jefe de Estado a darles aplicación
provisional, una vez lo cual, deben enviarse al Congreso de la República para su
aprobación; v) el artículo 226, sobre la internacionalización de las relaciones políticas,
económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y
conveniencia nacional; y vi) el artículo 227, sobre la integración económica, social y
política con las demás naciones y especialmente, con los países de América Latina y
del Caribe.
Tratado de Montevideo que instituye la Asociación Latinoamericana de
Integración, ALADI
La ALADI, encuentra sus antecedentes en la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio, ALALC, creada por el Tratado de Montevideo de 196092, que tenía por objeto
de crear una zona de libre comercio, con miras a proyectarla en el largo plazo en un
mercado común regional, el cual instituyó a la Conferencia de las Partes Contratantes
y al Comité Ejecutivo Permanente como sus órganos principales.
92 Aprobada por el Congreso mediante la Ley 88 de de 1961.
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37. El Tratado de Montevideo de 1960 establecía una zona de libre comercio, que
comprendía los territorios de los Estados contratantes, cuyo perfeccionamiento habría
de alcanzarse en un período que no superara los 12 años mediante el principio de
“gradualidad”.
38. El Tratado de Montevideo de 198093, creó la Asociación Latinoamericana de
Integración, ALADI, como una organización internacional conformada por Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.
39. Como principios “[…] inspirados en el derecho internacional en materia de
desarrollo […]”, dispuso el tratado: i) pluralismo en materia política y económica; ii)
convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un mercado
común latinoamericano; iii) flexibilidad; iv) tratamientos diferenciales con base en el
nivel de desarrollo de los países miembros; y v) multiplicidad en las formas de
concertación de instrumentos comerciales.
40. Ahora bien, los Estados miembros de la ALADI, con el propósito de consolidar un
mercado común latinoamericano, pueden aprobar acuerdos de integración económica
de diversa naturaleza, como son: i) Acuerdos contentivos de preferencias arancelarias
regionales, las cuales se aplican a productos originarios de los países miembros frente
a los aranceles vigentes para terceros países; ii) Acuerdos de alcance regional, es decir,
comunes a la totalidad de los países miembros; y iii) Acuerdos de alcance parcial, con
la participación de dos o más países del área.
Acuerdos de alcance parcial y acuerdos de complementación económica en el
marco del Tratado de Montevideo
41. Visto el artículo 7 del Tratado de Montevideo de 1980, sobre acuerdos de alcance
parcial, dispone:
“[…] Artículo 7 Los acuerdos de alcance parcial son aquéllos en cuya
celebración no participa la totalidad de los países miembros, y propenderán a
93 Aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 45 de 6 de mayo de 1981; decreto de promulgación 2033
de 13 de julio de 1982; y en vigor para Colombia a partir del 20 de agosto de 1981.
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crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de integración
regional mediante su progresiva multilateralización. Los derechos y
obligaciones que se establezcan en los acuerdos de alcance parcial regirán
exclusivamente para los países miembros que los suscriban o que a ellos
adhieran. […]”
42. Visto el artículo 11 de Tratado de Montevideo de 1980, prevé las características y
objetivos de los Acuerdos de Complementación Económica, en los siguientes términos:
“[…] Los acuerdos de complementación económica tienen como objetivos,
entre otros, promover el máximo aprovechamiento de los factores de la
producción, estimular la complementación económica, asegurar condiciones
equitativas de competencia, facilitar la concurrencia de los productos al
mercado internacional e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los
países miembros.
Estos acuerdos se sujetarán a las normas específicas que se establezcan al
efecto. […]”
El Acuerdo de Complementación Económica núm. 24 o ACE 24 entre Colombia y
Chile en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI.
43. En el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, los gobiernos
de las repúblicas de Chile y Colombia suscribieron un Acuerdo de Complementación
Económica de 6 de diciembre de 1993, cuyo objeto y fin fue establecer un espacio
económico ampliado en el marco del Tratado de Montevideo de 1980.
44. El Acuerdo de Complementación Económica núm. 24 o ACE 24 fue incorporado
al ordenamiento jurídico interno colombiano, mediante decreto núm. 2717 de 1993,
modificado posteriormente por el Decreto núm. 1741 de 1994 y ampliado por medio de
los decretos 2172 de 1995; 2181 de 1996; 2178 de 1997 y 617 de 2002.
45. El ACE 24 de 1993, dispuso como fin, entre otros, regular: i) los objetivos
programáticos a alcanzar en virtud del Acuerdo; ii) la puesta en marcha de un programa
de desgravación arancelaria; iii) las garantías generales a los inversionistas de ambos
países; y iv) los mecanismos de solución de controversias.
Protocolo modificatorio al Acuerdo de Complementación Económica núm. 24
46. Los gobiernos de las repúblicas de Chile y Colombia suscriben el 27 de noviembre
de 2006 el “[…] Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la
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República de Chile - Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica
para el Establecimiento de un Espacio Económico Ampliado Entre Colombia y Chile
(ACE 24) del 6 de diciembre de 1993 […]94, tiene por objeto y fin, entre otros: i)
promover, en condiciones de equidad, el desarrollo equilibrado y armónico de las
Partes; ii) estimular la expansión y la diversificación del comercio entre las Partes; y iii)
crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Acuerdo, para su
administración conjunta, y para prevenir y resolver controversias.
47. Y, para el cumplimiento de sus fines, regula: i) definiciones generales; ii) comercio
de mercancías; iii) régimen de origen; iv) medidas sanitarias y fitosanitarias; v)
obstáculos técnicos al comercio; vi) inversión; vii) comercio transfronterizo de servicios;
viii) entrada temporal de personas de negocios; ix) Contratación pública; x)
administración; xi) solución de controversias; y xii) excepciones.
48. Visto el artículo 22.3, sobre vigencia, dispone que la entrada en vigor del Acuerdo:
i) está sujeta a la conclusión de los procedimientos jurídicos internos necesarios de
cada Parte; ii) entra en vigor sesenta (60) días después de la fecha en la cual las Partes
intercambien notificaciones por escrito indicando que se han completado los
procedimientos antes señalados o en cualquier otro plazo que las Partes acuerden; y
iii) se regirán por el presente Acuerdo de Libre Comercio el cual constituye un protocolo
adicional al ACE 24, manteniendo vigentes del mismo solamente algunos artículos,
protocolos y anexos.
Régimen de normas origen de las mercancías
49. El Acuerdo95 sobre normas de origen de la OMC, dispone que, por normas de
origen se entiende las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación
general aplicados por un Miembro para determinar el país de origen de los productos
siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con regímenes de comercio
contractuales o autónomos conducentes al otorgamiento de preferencias arancelarias
que sobrepasen la aplicación del párrafo 1 del artículo I del GATT de 1994.
94 Aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 1189 de 28 de abril de 2008, declarados exequibles
mediante la sentencia C-031 de 2009, Magistrado Ponente: Humberto Antonio Sierra Porto; promulgado
mediante el Decreto núm. 2142 de 8 de junio de 2009; y en vigor para Colombia a partir del 8 de mayo de 2009.
95
El Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales incorpora los resultados de
las negociaciones desde que se inició la Ronda en Punta del Este, Uruguay, en septiembre de 1986. Uno de
los Acuerdos corresponde al Acuerdo sobre normas de origen
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50. En este sentido, las normas de origen constituyen los criterios necesarios para
determinar la procedencia de un producto que inciden en los derechos y las
restricciones aplicados a la importación de mercancías, los cuales pueden variar según
el origen de los productos importados. Su objetivo y fin es lograr la armonización de las
normas de origen no preferenciales y garantizar que esas normas no creen por sí
mismas obstáculos innecesarios al comercio.
Normas de origen previstas en el Tratado de Montevideo
51. Vistos los artículos 9 y 49 del Tratado de Montevideo sobre las reglas que rigen
los acuerdos de alcance parcial, dispone sobre el origen de las mercancías que las
partes pueden acordar, entre otras, normas específicas en materia de origen.
Normas de origen previstas en la ALADI. Resolución 78 del Comité de
Representantes, aprobada mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999
52. Vista la Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 199996, suscrita por el Comité de
Representantes, por medio de la cual se aprueba el texto consolidado y ordenado de la
Resolución 78 del Comité de Representantes que establece el Régimen General de
Origen de la Asociación, dispone, para efectos de calificar si una mercancía es
originaria de los países participantes de un acuerdo concertado de conformidad con el
Tratado de Montevideo 1980, los siguientes criterios de calificación:
“[…]
a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando en su
elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera de los países
participantes del acuerdo.
b) Las mercancías comprendidas en los ítem de la NALADISA que se indican en
el Anexo 1 de la presente Resolución, por el solo hecho de ser producidas en sus
96 Pormedio de la cual se aprueba el texto consolidado y ordenado de la Resolución 78 del Comité de
Representantes que establece el Régimen General de Origen de la Asociación.
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territorios.
Dicho Anexo podrá ser modificado por Resolución del Comité de Representantes. A
tales efectos se considerarán como producidas:
• Las mercancías de los reinos mineral, vegetal y animal (incluyendo las de la
caza y la pesca), extraídas, cosechadas o recolectadas, nacidas en su
territorio o en sus aguas territoriales, patrimoniales y zonas económicas
exclusivas;
• Las mercancías del mar extraídas fuera de sus aguas territoriales,
patrimoniales y zonas económicas exclusivas, por barcos de su bandera o
arrendados por empresas legalmente establecidas en su territorio; y
• Las mercancías que resulten de operaciones o procesos efectuados en su
territorio por los que adquieran la forma final en que serán comercializadas,
excepto cuando se trate de las operaciones o procesos previstos en el
segundo párrafo del literal c).
c) Las mercancías elaboradas en sus territorios utilizando materiales de países
no participantes en el acuerdo, siempre que resulten de un proceso de
transformación realizado en alguno de los países participantes que les confiera
una nueva individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificadas en
la NALADISA en partida diferente a la de dichos materiales.
No serán originarias de los países participantes las mercancías obtenidas por
procesos u operaciones por los cuales adquieran la forma final en que serán
comercializadas, cuando en dichos procesos se utilicen materiales de países no
participantes y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje,
fraccionamiento en lotes, piezas o volúmenes, selección y clasificación, marcación,
composición de surtidos de mercancías u otras operaciones que no impliquen un
proceso de transformación sustancial en los términos del párrafo primero de este
literal.
d) Las mercancías que resulten de operaciones de ensamble o montaje, realizadas
en el territorio de un país participante utilizando materiales originarios de los países
participantes del acuerdo y de terceros países, cuando el valor CIF puerto de destino
o CIF puerto marítimo de los materiales originarios de terceros países no exceda del
50 (cincuenta) por ciento del valor FOB de exportación de tales mercancías.
e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan con los
requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de esta Resolución.
El Comité de Representantes podrá establecer, mediante resolución, requisitos
específicos de origen para los productos negociados, así como modificar los que se
hubieren establecido. Asimismo, a petición de parte, el Comité podrá establecer
requisitos específicos de origen para la calificación de mercancías elaboradas o
procesadas en países no participantes utilizando materiales originarios de los países
participantes en un porcentaje igual o mayor al 50 (cincuenta) por ciento del valor FOB
de exportación del producto terminado.
Los requisitos específicos prevalecerán sobre los criterios generales de la
presente Resolución. […]” (Negrilla fuera de texto)
53. Por su parte, en el anexo 2 de la Resolución núm. 252 de 1999, como requisito
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específico dispuso:
ANEXO 2
NALADISA 96 DESCRIPCION REQUISITO ESPECIFICO
2402.20.00 Cigarrillos que contengan Tabaco de los países participantes
tabaco
54. Y, en cuanto al alcance y ámbito de aplicación de la Resolución núm. 252 de 1999,
el artículo Sexto indica:
“[…] SEXTO - Los países participantes en acuerdos de alcance parcial podrán establecer
requisitos específicos para los productos negociados en los referidos acuerdos. Dichos
requisitos no podrán ser menos exigentes que los que se hubieren establecido por
aplicación de la presente Resolución, salvo que se trate de la calificación de productos
originarios de los países de menor desarrollo económico relativo. […]”
Normas de origen previstas en el Acuerdo de Complementación Económica núm.
24
55. Respecto del régimen de origen previsto en el ACE 24 de 1993, dispone en su
artículo 1.° como objetivos:
“[…] Artículo 1. El presente acuerdo tiene como objetivos:
a. Establecer, en el más breve plazo posible, un espacio económico ampliado
entre los dos países, que permita la libre circulación de bienes, servicios y
factores productivos;
b. Intensificar las relaciones económicas y comerciales entre los países
signatarios, por medio de una liberación total de gravámenes y restricciones a
las importaciones originarias de los mismos; […]” (Subrayado fuera de
texto)
56. En el Capítulo IV sobre el régimen de origen, prevé:
“[…] Artículo 8. Los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al
amparo del Programa de Liberación del presente Acuerdo, el Régimen General
de Origen de la ALADI, establecido por la Resolución 78 del Comité de
Representantes de la Asociación97. Las mercancías transportadas en tránsito
por un tercer país, desde un país signatario con destino al territorio del otro país
signatario, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de
la autoridad aduanera competente en tales países, se considerarán como
97
Aprobada mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999, suscrita por el Comité de Representantes
de ALADI
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expedición directa siempre que: a. No estén destinadas al comercio, uso o empleo
en el país de tránsito; y, b. No sufran, durante su transporte y depósito, ninguna
operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas
condiciones o asegurar su conservación. Además de la documentación exigida en
el Artículo 7 de la Resolución 78, los certificados de origen emitidos, para los
efectos de gozar de la desgravación arancelaria del presente Acuerdo, deberán
contener una declaración jurada del productor final o del exportador de la
mercancía en que manifiesta su total cumplimiento de las disposiciones sobre
origen del Acuerdo.
Artículo 9. No obstante lo anterior, la Comisión Administradora establecida en el
Artículo 33 de este Acuerdo estará facultada para fijar y modificar las normas de
origen para productos o sectores específicos distintos al Régimen General
establecido en este capítulo. […]”
Normas de origen previstas en el Protocolo adicional al Acuerdo de
Complementación Económica de noviembre de 2006.
57. Por su parte, en el Capítulo 4, del Protocolo adicional al ACE 24 está compuesto
por: i) reglas de origen y ii) procedimientos de origen, este a su turno integrado por los
Anexos 4.14 y 4.1.
58. En el Capítulo IV sobre el régimen de origen, prevé:
“[…]
Capítulo 4 Régimen de Origen
Sección A – Reglas de Origen
Artículo 4.1: Mercancías Originarias Salvo que se disponga algo distinto en este
Capítulo, una mercancía será considerada originaria cuando:
(a) la mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en el
territorio de una u otra Parte, según la definición del Artículo 4.26;
(b) la mercancía sea producida en el territorio de una u otra Parte, a partir
exclusivamente de materiales que califican como originarios conforme a las
disposiciones de este Capítulo; o
(c) la mercancía sea producida en el territorio de una u otra Parte, a partir de
materiales no originarios que cumplan con un cambio de clasificación arancelaria,
un valor de contenido regional u otros requisitos según se especifica en el Anexo
4.1 y la mercancía cumpla con las demás disposiciones aplicables de este
Capítulo.
[…]”
59. De conformidad con la norma citada supra, el ACE 24 en su Protocolo adicional
de 2006, fija unos criterios de calificación para determinar mercancías de origen, y los
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correspondientes procedimientos de certificación y verificación del origen de las
mercancías de ambos países.
60. Sobre el particular la Corte Constitucional98, respecto de la mercancía originaria
consideró:
“[…]
Así pues, estas disposiciones y procedimientos administrativos apuntan a que
sólo las mercancías originarias de Colombia y Chile, es decir, los
productos creados, transformados o procesados en estos Estados reciban
los beneficios del tratado internacional, esto es, el tratamiento arancelario
preferencial.
En relación con los procedimientos, el TLC preserva el mecanismo de la
certificación, bajo responsabilidad de entidades certificadoras, públicas o
privadas, de cada uno de los Estados. Se prevé igualmente que los
importadores podrán solicitar la devolución de los aranceles pagados hasta
un año después de la importación de la mercancía, en caso de no haber
solicitado tratamiento arancelario preferencial al momento de la importación.
[…]
La Corte considera que las normas técnicas referentes a las normas de
origen y procedimientos se ajustan a la Constitución, por cuanto se trata de
mecanismos encaminados a evitar que de las preferencias arancelarias
acordadas entre las Partes se beneficien mercancías originarias de otros
países. De tal suerte que se pretende alcanzar una mayor transparencia en
el intercambio de productos entre Colombia y Chile, lo cual se ajusta a los
postulados de los artículos 9, 226 y 227 Superiores. […]” (Subrayado fuera
de texto)
61. En el Capítulo IV se hace igualmente referencia a unas normas calificadas por el
propio acuerdo como “De mínimis”, en las que se prevén reglas sobre el origen de
mercancías en estos términos:
“[…] Artículo 4.5: De Mínimis
1. Una mercancía será considerada originaria si el valor de todos los materiales no
originarios utilizados en la producción de esta mercancía que no cumplen con el
requisito de cambio de clasificación arancelaria establecido en el Anexo 4.199 (Reglas
98
6 Corte Constitucional. Sentencia C-031 de 2009; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
99
“ANEXO 4.1 REGLAS DE ORIGEN ESPECÍFICAS Sección A – Notas generales interpretativas Para los
efectos de interpretar las reglas de origen establecidas en este Anexo: (a) la regla específica, o el conjunto
específico de reglas, que se aplica a una partida o a una subpartida se establece al lado de la partida o
subpartida; (b) una regla aplicable a una subpartida tendrá prioridad sobre la regla aplicable a la partida que
comprende a esa fracción arancelaria; (c) un requisito de cambio en la clasificación arancelaria se aplica
solamente a los materiales no originarios; (d) cuando una regla de origen específica esté definida con el criterio
de cambio de clasificación arancelaria y la regla está escrita de manera que se exceptúen posiciones
arancelarias a nivel de capítulo, partida o subpartida, cada Parte interpretará que la regla de origen requiere
que los materiales clasificados en las posiciones arancelarias excluidas sean originarios para que la mercancía
sea originaria; (e) cuando una partida o subpartida esté sujeta a reglas de origen específicas alternativas, cada
Parte considerará que la regla se cumple si la mercancía satisface una de las alternativas; (f) cuando una regla
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Específicas de Origen) no excede el diez por ciento (10%) del valor de transacción de la
mercancía determinado conforme al Artículo 4.2. y la mercancía cumple con las demás
disposiciones aplicables de este Capítulo.
2. Cuando se trate de mercancías que se clasifican en los Capítulos 50 al 63 del Sistema
Armonizado, el porcentaje señalado en el párrafo 1 se referirá al peso de las fibras o hilados
respecto al peso de la mercancía producida.
3. El párrafo 1 no se aplicará a un material no originario que se utilice en la producción de
mercancías comprendidas en los Capítulos 1 al 24 del Sistema Armonizado, a menos que
el material no originario esté comprendido en una subpartida distinta a la de la mercancía
para la cual se está determinando el origen de conformidad con este artículo.
4. El párrafo 1 no se aplicará a un material no originario clasificado en el Capítulo 15 del
Sistema Armonizado que se utilice en la producción de una mercancía clasificada en las
partidas 15.01 a 15.15. […]”
62. Y, en lo que a la entrada en vigor del Protocolo adicional al Acuerdo de
Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico
Ampliado Entre Colombia y Chile (ACE 24) de noviembre de 2006, se dispuso:
“[…] Artículo 22.3: Vigencia
1. La entrada en vigor de este Acuerdo está sujeta a la conclusión de los
procedimientos jurídicos internos necesarios de cada Parte.
2. Este Acuerdo entrará en vigor sesenta (60) días después de la fecha en la cual las
Partes intercambien notificaciones por escrito indicando que se han completado los
procedimientos antes señalados o en cualquier otro plazo que las Partes acuerden.
3. Las Partes se regirán por el presente Acuerdo de Libre Comercio el cual constituye
un protocolo adicional al ACE 24, manteniendo vigentes del mismo solamente los
siguientes artículos, protocolos y anexos1 :
(a) los Artículos 3 a 6 del Capítulo II (Programa de Liberación) y el Artículo 10;
(b) los Anexos 1 a 5;
(c) los protocolos: Primer Protocolo Adicional; Segundo Protocolo Adicional; Tercer
Protocolo Adicional; Cuarto Protocolo Adicional, excepto el Artículo tercero
(formulario de certificación de origen);
(d)Quinto Protocolo Adicional; Sexto Protocolo Adicional y Séptimo Protocolo
Adicional; y
(e) la Resolución 06/2006, que consta como Anexo I al Acta de IV Reunión
Extraordinaria de la Comisión Administradora del ACE 24. […]”
63. El Protocolo adicional indicado supra regula la aplicación sobre las reglas de
origen en los siguientes términos:
de origen sea aplicable a un grupo de partidas o subpartidas y esa regla de origen especifique un cambio de
partida o subpartida, cada Parte deberá interpretar la regla de manera que el cambio en la partida o subpartida
puede ocurrir dentro de una única partida o subpartida o entre partidas o subpartidas del mismo grupo. No
obstante, cuando una regla se refiere a un cambio de partida o subpartida “fuera del grupo”, cada Parte deberá
interpretar que la regla requiere que el cambio de partida o subpartida debe ocurrir desde una partida o
subpartida que está fuera del grupo de partidas o subpartidas establecidas en la regla”
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“[…] 4. Respecto del Capítulo 4 (Régimen de Origen), los importadores podrán
solicitar la aplicación del ACE 24, por un plazo de treinta (30) días, contado a partir
de la entrada en vigor de este Acuerdo. Para estos efectos, los certificados de origen
expedidos conforme al ACE 24, deberán haber sido llenados con anterioridad a la
entrada en vigor de este Acuerdo. Para estos efectos, los certificados de origen
expedidos conforme al ACE 24, deberán haber sido llenados con anterioridad a la
entrada en vigor de este Acuerdo, encontrarse vigentes y hacerse valer hasta por el
plazo señalado. […]”
Análisis del caso concreto
64. De conformidad con el marco normativo internacional y nacional indicado
supra, la Sala procederá a apreciar las pruebas solicitadas, decretadas y
recaudadas, en esta instancia100, de conformidad con las reglas de la sana crítica
y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012101, aplicando
para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se
requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los
problemas jurídicos planteados por las partes demandante y demandada.
65. La Sala precisa que el análisis de las normas violadas se llevará a cabo en el
marco de los problemas jurídicos indicados en el numeral 17 de esta sentencia, y
teniendo en cuenta los cargos expuestos por la parte demandante, los cuales se
circunscriben a establecer si la parte demandante cumple o no con las reglas de
origen del ACE 24 suscrito entre Colombia y Chile, considerando que la Dirección
General de Relaciones Exteriores Económicas Internacionales de Chile afirmó que
los Certificados de Origen son auténticos y que las mercancías amparadas en ellas
cumplían plenamente con las reglas de origen del ACE-24 suscrito entre los dos
países.
Primer cargo: Nulidad de los actos administrativos por violación al artículo
4.24 del ACE núm. 24 – Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999 al gozar de
presunción de legalidad los certificados de origen expedidos por las
autoridades chilenas y consolidar la actuación administrativa una evidente
violación del debido proceso – concepto de países participantes
100 Cfr. Folio 322 cuaderno principal
101
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Sobre el certificado de origen
66. La parte demandante fundó su cargo indicando que la Dirección de Asuntos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de
Chile, en la comunicación 3476 de 10 de septiembre de 2010, manifestó que los
176 certificados expedidos por la Sociedad de Fomento Fabril – SOFOFA, y que
amparan la mercancía exportada por la Compañía Chilena de Tabacos S.A. son
auténticos y las personas que suscribieron estos certificados de origen, son
funcionarios de la misma y se encuentran habilitados para emitir certificados de
origen, “[…] De esta manera, es claro que para el gobierno chileno no hay duda
alguna respecto a, primero, la autenticidad y veracidad de los documentos de
origen expedidos por parte de Chile, así como de la información allí contenida,
y segundo, del criterio de origen aplicado, donde se indica claramente que el
origen de las mercancías exportadas es Chile, dando cumplimiento a la
normatividad regente en el tema. […]”.102
Sobre el alcance de las normas de origen
67. Indicó igualmente que, pese al concepto expedido por la autoridad chilena, los
actos acusados, en lo que respecta a la expresión “países participantes”, en el cual
Chile es “país parte”, contraría lo indicado por la Dirección de Asuntos Bilaterales
de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, que
concluye que los productos exportados a Colombia son originarios de Chile, y hace
una interpretación contraria al Acuerdo de Complementación Económica ACE 24,
“[…] donde se establece que "países participantes" son todos los signatarios de
ALADI […]”103
68. Sostuvo que el artículo 8 del ACE 24 entre Colombia y Chile, prevé que los
países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del Programa
de Liberación allí previsto, el Régimen General de Origen de la ALADI, establecido
por la Resolución núm. 78 del Comité de Representantes de la Asociación norma
sustituida más adelante por la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999, cuyo anexo
2 dispone como requisitos específicos de origen para la subpartida 2402.20.00,
cigarrillos que contengan tabaco, que el tabaco sea de los "países participantes".
102
Cfr. Fl. 81 cuaderno principal
103
Cfr. Fl. 82 cuaderno principal
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69. La parte demandada, indica que, el ACE 24 como acuerdo de
complementación es un acuerdo de alcance parcial en el que no participa la
totalidad de los miembros de la ALADI, cuyos derechos y obligaciones rigen
exclusivamente para los países miembros que ellos suscriban o se adhieran, y por
lo tanto los derechos y obligaciones que en él se establecen rigen exclusivamente
para Colombia y Chile.
70. Por esta razón sostiene que la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA)
“[…] para ser considerada originaria de un País parte, debe cumplir con el requisito
específico de origen establecido en el Anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI,
esto es, que el tabaco de los cigarrillos elaborados sea de los países participantes
del acuerdo parcial […] es decir; de Chile o Colombia, pues como ya se indicó en
líneas anteriores, los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos
de alcance parcial, regirán exclusivamente para los países miembros que los
suscriban […]”.104
71. Para resolver este cargo, la Sala advierte que, conforme a los actos acusados,
la importación de las mercancías al territorio aduanero nacional, cuyos certificados
de origen fueron calificados por la parte demandada de “[…] no cumple con las
condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo dispuesto en el
Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile Colombia
ACE N° 24 […]”,105 fueron expedidos en los años 2007, 2008 y 2009, siendo el
último el 4 de mayo de 2009106, hecho que no es discutido por las partes, y por el
contrario corresponde a las fechas indicadas en las diferentes comunicaciones
entre la DIAN y las autoridades chilenas.
72. Lo anterior cobra relevancia respecto del régimen aplicable sobre normas de
origen, habida cuenta que la importación de las mercancías se llevó a cabo cuando
se encontraba en vigor el Acuerdo de Complementación Económica núm. 24 de
1993, toda vez que el Protocolo adicional al Acuerdo de Complementación
Económica de noviembre de 2006, aprobado por el Congreso Nacional mediante la
Ley 1189; y decreto de promulgación núm. 2142 de 8 de junio de 2009; entró en
vigor para Colombia a partir del 8 de mayo de 2009.
104
Cfr. Fls. 273 a 285 del cuaderno principal
105
Ibidem
106 Cfr. 16 a 19 del cuaderno principal.
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73. En este contexto, la Sala, conforme al marco citado en los numerales 35 y
siguientes de esta providencia, el Tratado de Montevideo dispone en su artículo 4
que, para el cumplimiento de las funciones básicas de la Asociación, los países
miembros establecen un área de preferencias económicas, compuesta por una
preferencia arancelaria regional, por acuerdos de alcance regional y por acuerdos
de alcance parcial.
74. Y, respecto de los acuerdos de alcance parcial, el artículo 7 los define como
aquéllos en cuya celebración no participa la totalidad de los países miembros, y
propenderán a crear las condiciones necesarias para profundizar el proceso de
integración regional mediante su progresiva multilateralización. El inciso segundo
dispone:
“[…] Los derechos y obligaciones que se establezcan en los acuerdos de
alcance parcial regirán exclusivamente para los países miembros que los
suscriban o que a ellos adhieran. […]”
75. Por su parte, los acuerdos de alcance parcial podrán ser comerciales, de
complementación económica, agropecuarios, de promoción del comercio o
cualquier otra modalidad de conformidad con el artículo 14 del Tratado de
Montevideo.
76. En ese sentido, el Acuerdo de Complementación Económica núm. 24,
incorporado al ordenamiento jurídico interno colombiano mediante Decreto núm.
2717 de 1993, corresponde a un acuerdo parcial de los previstos en los artículos 7
y 8 del Tratado de Montevideo, que regula, para los países signatarios del mismo,
entre otros aspectos: i) objetivos programáticos a alcanzar en virtud del Acuerdo; ii)
la puesta en marcha de un programa de desgravación arancelaria; iii) las garantías
generales a los inversionistas de ambos países; y iv) los mecanismos de solución
de controversias.
Aplicación del Régimen de origen en el asunto sub examine. ACE 24 y
Resolución núm. 78 de 24 de noviembre de 1987
77. En lo que a las reglas de origen se refiere, el ACE 24 prevé como reglas a
aplicar a las importaciones realizadas al amparo del Programa de Liberación de
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dicho Acuerdo, el Régimen General de Origen de la ALADI, regulado por la
Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación.
78. La Resolución núm. 78 de 24 de noviembre de 1987 del Comité de
Representantes de la Asociación al que la ACE 24 remite para su aplicación, prevé
el Régimen General de Origen mediante el cual se rigen en esta materia los diversos
acuerdos de alcance regional y parcial, cuyo texto consolidado y ordenado fue
aprobado mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999.
79. Así las cosas, para la Sala, en atención a la fecha de expedición de los
certificados de origen, el régimen general de origen que aplica para cada uno de los
acuerdos regionales o parciales es el previsto en la Resolución núm. 252 de 4 de
agosto de 1999 que corresponde al Régimen General de Origen de la ALADI,
contenido en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación.
80. En el artículo PRIMERO de la Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999 se
indican algunas reglas para identificar cuando una mercancía es originaria de los países
participantes “de un acuerdo concertado” de conformidad con el Tratado de Montevideo
1980.
81. Por corresponder a los supuestos fácticos planteados por las partes en el asunto
sub examine, las reglas contenidas en el artículo PRIMERO de la Resolución núm. 252
de 1999 que determinan si una mercancía es originaria de los Estados parte, se regulan
en los literales a), c) y e) de la siguiente manera:
“[…] a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando en su
elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera de los países
participantes del acuerdo.
[…]
c) Las mercancías elaboradas en sus territorios utilizando materiales de países no
participantes en el acuerdo, siempre que resulten de un proceso de transformación
realizado en alguno de los países participantes que les confiera una nueva
individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificadas en la NALADISA en
partida diferente a la de dichos materiales.
No serán originarias de los países participantes las mercancías obtenidas por
procesos u operaciones por los cuales adquieran la forma final en que serán
comercializadas, cuando en dichos procesos se utilicen materiales de países no
participantes y consistan solamente en simples montajes o ensambles, embalaje,
fraccionamiento en lotes, piezas o volúmenes, selección y clasificación, marcación,
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composición de surtidos de mercancías u otras operaciones que no impliquen un
proceso de transformación sustancial en los términos del párrafo primero de este
literal.
e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan con los
requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de esta Resolución.
82. El requisito específico al que se refiere el anexo 2 del literal e) transcrito supra,
corresponde a “Tabaco de los países participantes”
NALADISA 96 DESCRIPCION REQUISITO ESPECIFICO
2402.20.00 Cigarrillos que contengan tabaco Tabaco de los países participantes
83. De lo anterior se tiene que la voluntad de los Estados parte signatarios del ACE
24, fue la de aplicar, en materia de reglas de origen, las previstas en el Régimen
General de Origen de la ALADI, contenidas en la Resolución 78 del Comité de
Representantes de la Asociación, y aprobada en la Resolución núm. 252 de 4 de agosto
de 1999, cuyos signatarios son los integrantes del Comité de Representantes107.
84. De esta manera, como primera conclusión, entiende la Sala, que las reglas de
origen a las que se refiere el ACE 24 de diciembre 6 de 1993, son las contenidas en la
en la Resolución núm. 78 de 1987, aprobadas mediante Resolución 252 de 1999.
85. Ahora bien, el desacuerdo de las partes en el asunto sub examine, consiste en
que para la parte demandante, la mercancía cumple el carácter originario según el
Anexo 2 (Requisitos Específicos de Origen) de la Resolución 252 de 1999, toda vez
que los tabacos con que se fabrica dicho producto son de Estados participantes por
cuanto más del 90% son chilenos y menos del 10% restante provienen de Brasil, “[…]
parte signataria de la Resolución 252 […]", en tanto que para la parte demandada la
expresión “países participantes”, se refiere exclusivamente a los signatarios del ACE
24, estos son las repúblicas de Chile y Colombia.
107
El Comité de Representantes es el órgano permanente de la Asociación y dentro de sus funciones, el
artículo 35 del Tratado de Montevideo le atribuyó, entre otras, las siguientes atribuciones y obligaciones: “[…]
a) Promover la concertación de acuerdos de alcance regional, […] b) Adoptar las medidas necesarias para la
ejecución del presente Tratado y de todas sus normas complementarias; c) Reglamentar el presente Tratado.
[…]”
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86. De la lectura integral de la Resolución 252 de 1999, la Sala advierte que en ella
se dispuso consolidar y ordenar “El Régimen General de Origen” que ya había sido
reglamentado en la Resolución núm. 78 de 1987, complementado, modificado y
actualizado a través de las resoluciones 227, 232 y los Acuerdos 25, 91 y 215 del
Comité de Representantes de la ALADI.
87. Este Régimen General de Origen previsto en la Resolución 78 del Comité de
Representantes, es el fundamento y la norma base sobre la cual se rigen en esta
materia diversos acuerdos de alcance regional y parcial, lo que significa que en tanto
los Acuerdos parciales suscritos entre los Estados no dispongan normas particulares
sobre el origen de las mercancías, su régimen general será el previsto en la resolución
que se indica.
88. Así lo prevé el artículo Sexto de la Resolución núm. 252 de 1999, cuando sobre
el particular dispone:
“[…] SEXTO - Los países participantes en acuerdos de alcance parcial podrán establecer
requisitos específicos para los productos negociados en los referidos acuerdos. Dichos
requisitos no podrán ser menos exigentes que los que se hubieren establecido por
aplicación de la presente Resolución, salvo que se trate de la calificación de productos
originarios de los países de menor desarrollo económico relativo. […]”
89. En otros términos, fruto de la voluntad soberana de los estados, si estos deciden
apartarse de las reglas generales que regulan el origen de las mercancías, podrán
obligarse por vía de Acuerdos parciales, siempre que no dispongan reglas con menor
exigencia a la acordada en el régimen general contenido en la Resolución 78 del Comité
de Representantes, aprobada mediante la Resolución núm. 252 de 1999.
90. Para el caso sub examine, en el ACE 24, la voluntad de los Estados parte fue la
de aplicar, en materia de reglas de origen, las previstas en el Régimen General de
Origen de la ALADI, contenidas en la Resolución 78 del Comité de Representantes de
la Asociación, y aprobada mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999,
cuyos signatarios son los integrantes del Comité de Representantes, debe entenderse
que cuando el literal e) del artículo Primero se refiere a mercancías que, además de ser
elaboradas en su territorio, cumplan con los requisitos específicos establecidos en
el Anexo 2 de dicha Resolución, se está haciendo referencia a los signatarios del mismo
instrumento internacional, esto es, a la Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999.
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91. La Sala considera que, la Carta núm. 3476 de 10 de septiembre de 2010108,
expedida por la Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales, de la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, según la cual, el
carácter originario de las mercancías exportadas a Colombia cumplen las disposiciones
de la Resolución 252 de 1999, al incluir tabaco brasilero en un porcentaje menor al
10%, país signatario de dicha resolución, goza de plena presunción de veracidad, y
corresponde a lo dispuesto por las partes en los instrumentos internacionales.
92. Y aunque en la Resolución núm. 004551 de 19 de abril 2011 indique en sus
considerandos que encontró demostrados, conforme a las pruebas recaudadas en sede
administrativa, que el Tabaco del que hizo uso la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS
S.A para la producción de los cigarrillos exportados hacia Colombia “[…] se utilizó
"Tabaco importado" de Brasil, México, Perú, Venezuela, y Zimbabwe, entre otros […]”,
dicha afirmación no riñe con lo expuesto por la misma exportadora cuando en la
respuesta que otorgó frente a la pregunta 34 del Cuestionario de Verificación formulado
por la DIAN, afirmó que “[…] para las exportaciones realizadas a Colombia hasta mayo
7 de 2009 bajo el marco del Acuerdo de Complementación Económica No. 24, el criterio
de origen fue el establecido en el Anexo 2 "Requisito Específico de Origen" de la
Resolución 252 de la ALADI que exige para los cigarrillos que los tabacos con que se
fabrican "sean de los "países participantes" entendiendo por ello los países miembros
de ALADI, a su vez, Partes Signatarias de la referida resolución. Este criterio lo
cumplimos al utilizar más del 90% de tabacos chilenos, y el restante de países
participantes de ALADI, que igualmente son partes signatarias de la resolución 252[…]”.
93. En síntesis, la materia prima origen que da origen a la exportación
corresponde a tabaco en rama o sin elaborar109, y que luego de un proceso de
transformación es exportada desde Chile hacia Colombia en forma de cigarros
(puros), cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco,
cumple con lo previsto en el literal c), del artículo Primero del ACE 24, en
concordancia con la Resolución 252 de 1999, en tanto que así fue certificado por
la Dirección de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales de Chile en la comunicación 3476 de 10 de
septiembre de 2010, al indicar que: “[…] más del 90 % de los tabacos utilizados
108
Cfr. 61 del cuaderno principal
109
Materia prima que, conforma al acto acusado y según la respuesta de la pregunta 8 del Cuestionario de
Verificación, fue importado en los años 2006, 2007, 2008 y 2009 desde Estados, tales como Brasil, México, Perú,
Venezuela y Zimbabwe, entre otros.
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son chilenos y menos del 10% restante provienen de Brasil, que es parte
signataria de la Resolución 252. […]”. (Negrilla fuera de texto)
94. La Sala no pasa por alto que, en el orden interno, mediante Oficio núm. DIE-470
de 26 de octubre de 2010110, expedido por el Director Integración Económica del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, indica que: “[…] Ias normas aplicables
para adelantar un proceso de verificación de origen con posterioridad a la entrada en
vigor del TLC, son las normas establecidas en dicho TLC […]”, oficio que fue objeto de
alcance mediante el Oficio núm. DIE-493 de 10 de noviembre de 2010111, que sostuvo
que conforme el artículo 1.° de la Resolución 252 de la Asociación Latinoamericana de
Integración ALADI y su Anexo 2, se encuentra que:
“[…] para considerar una mercancía originaria bajo el ACE-24 entre
Chile y Colombia, es necesario que las mercancías a exportar, para el
caso los cigarrillos, sean elaborados íntegramente en Chile y Colombia.
Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 1:
"Son originarias de los países participantes de un acuerdo concertado
de conformidad con el Tratado de Montevideo 1980:
a) Las mercancías elaboradas íntegramente en sus territorios, cuando
en su elaboración se utilicen exclusivamente materiales de cualquiera
de los países participantes del acuerdo.
[…]
e) Las mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio,
cumplan con los requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de
esta Resolución.
El Anexo 2 de la mencionada Resolución exige que el tabaco de los
cigarrillos elaborados sea "de los países participantes"
Al consagrar la norma el término "países participantes" hace referencia
a los países participantes de un acuerdo concertado de conformidad
con el Tratado de Montevideo, es decir de un Acuerdo de Alcance
Parcial o Regional, celebrado en el marco de la ALADI (en este caso el
ACE 24) y no a los países signatarios del Tratado de Montevideo y de
la Resolución 252...
En este orden de ideas, para considerar los cigarrillos originarios en el
marco del ACE-24, es requisito indispensable que el tabaco provenga
de los países participantes del acuerdo que concede las preferencias,
es decir de Chile o de Colombia […]” (Subrayado original en el texto)
110
Cfr. 64 del cuaderno principal
111
Cfr. 67 del cuaderno principal
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95. La Sala considera que, conforme los instrumentos internacionales analizados:
a. El régimen general de origen que aplica para cada uno de los acuerdos
regionales o parciales es el previsto en la Resolución núm. 252 de 4 de agosto de
1999 que corresponde al Régimen General de Origen de la ALADI, establecido por
la Resolución 78 de 1987 del Comité de Representantes de la Asociación.
b. Por expresa disposición del ACE 24, las reglas de origen que rigen dicho
acuerdo, corresponden a las del Régimen General de Origen de la ALADI,
establecido por la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación.
c. En el ACE 24 no se regulan requisitos específicos para los productos
negociados que permita la aplicación específica de una norma sobre origen
diferente a la de la Resolución núm 252 de 1999.
d. La Resolución núm 252 de 1999 se refiere al origen de mercancías de países
participantes, esto es, signatarias del régimen general contenido en la Resolución
78 de 1987 dentro de las cuales se encuentra Brasil.
Otras reglas de origen contenidas en la Resolución núm. 252 de 1999
96. Como ya se ha indicado, el artículo 8 del ACE 24 entre Colombia y Chile,
prevé que los Estados signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al
amparo del Programa de liberación allí previsto, el Régimen General de Origen de
la ALADI, establecido por la Resolución núm. 78 del Comité de Representantes de
la Asociación norma aprobada por la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999.
97. Ahora bien, el Régimen de origen previsto en la Resolución 252 de 1999 indica un
criterio adicional para determinar el origen de una mercancía, el cual consiste que las
mismas sean: i) elaboradas en sus territorios; y ii) utilizando materiales de países no
participantes en el acuerdo siempre que resulten de un proceso de transformación
realizado en alguno de los países participantes que les confiera una nueva
individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificadas en la NALADISA en
partida diferente a la de dichos materiales.
La transformación de la mercancía y el cambio de clasificación arancelaria como
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criterio para identificar el origen de la mercancía.
98. Atendiendo a que el Acuerdo sobre normas de origen de las mercancías dispone
como “criterio suficiente” para identificar si una mercancía es originaria del Estado
exportador, el cambio de la clasificación arancelaria y la transformación sustancial; la
Sala considera en el caso sub examine, conforme a los actos acusados, que la
mercancía que fue objeto de estudio para ser considerada originaria de Chile en los
términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile - Colombia ACE No 24, es la que corresponde a cigarrillos que
contengan tabaco, clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA).
99. La materia prima fue importada desde otros Estados por la COMPAÑÍA CHILENA
DE TABACOS S.A. y que corresponde a "países participantes" miembros de ALADI, y
Signatarias de la Resolución núm. 78 del Comité de Representantes de la Asociación
norma aprobada por la Resolución 252 de 4 de agosto de 1999, lo cual coincide con la
certificación expedida por la Dirección de Asuntos Bilaterales de la Dirección General
de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, en la comunicación 3476 de 10 de
septiembre de 2010, al manifestar que los 176 certificados expedidos por la Sociedad
de Fomento Fabril – SOFOFA, y que amparan la mercancía exportada por la Compañía
Chilena de Tabacos S.A. son auténticos y las personas que suscribieron estos
certificados de origen, son funcionarios de la misma y se encuentran habilitados para
emitir certificados de origen, y una vez transformada fue exportada hacia Colombia.
100. Conforme a la Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías, NALADISA, de 1.° de enero de 2022, la materia prima que da origen a la
mercancía corresponde a tabaco en rama clasificada con el código numérico:
“[…]
24.01 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
[…]”
101. La mercancía exportada desde Chile hacia Colombia está clasificada con el
código numérico:
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24.02 Cigarros (puros) (incluso despuntados), cigarritos (puritos) y
cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco.
[…]”112
102. De lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que conforme al literal c), del
artículo Primero del ACE 24, en concordancia con la Resolución 252 de 1999, la
mercancía exportada desde Chile hacia Colombia fue elaborada en su territorio,
haciendo uso de materia prima de países, que conforme al certificado expedido por la
Dirección de Asuntos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile, en la comunicación 3476 de 10 de septiembre de 2010, si bien
fueron signatarios de la Resolución núm. 252 de 1999 como es el caso de Brasil, no
son participantes del acuerdo parcial. No obstante, se cumple el supuesto fáctico
previsto en dicha norma según el cual, se considera de origen siempre que la mercancía
resulte de un proceso de transformación realizado en alguno de los países participantes
que para este caso es Chile, que les confiera una nueva individualidad caracterizada
por el hecho de quedar clasificadas en la NALADISA en partida diferente a la de dichos
materiales, esto es de tabaco a cigarrillo.
103. De esta manera, la mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00
(NALADISA) correspondiente a cigarrillos, descrita en los actos acusados y amparada
en la Declaraciones de Importación que allí se relacionan, que fuera exportada desde
Chile hacia Colombia por COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por
la parte demandante, cumplen las condiciones para ser considerada originaria en los
términos previstos en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, toda vez que. i) el ACE 24, remite, en materia
de reglas de origen, a las normas previstas en el Régimen General de Origen de la
ALADI, contenidas en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación,
aprobada mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999; y ii) fue elaborada y
transformada en territorio chileno utilizando materiales de países no participantes del
ACE 24, confiriéndoles una nueva individualidad al quedar clasificadas en NALADISA
en partida diferente a la del material origen.
104. En este sentido, los actos acusados, al determinar que la mercancía clasificada
112https://www2.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Nomeclatura_ALADI/NALADISA/ES/2002/NALADISA
-pdf/NALADISA.pdf
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Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos, no
cumple las condiciones para ser considerada originaria, desconocen las normas en los
términos previstos en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, y del Régimen General de Origen de la ALADI,
regulado en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación, y
aprobada mediante Resolución núm. 252 de 1999, por lo que debe prosperar la
pretensión de nulidad por este cargo, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de
este proveído.
105. La Sala considera, ante la prosperidad del cargo de nulidad examinado
anteriormente, y en consideración a que los demás cargos son consecuencia del que
se acaba de analizar, que no es necesario hacer análisis de los demás cargos
invocados por la parte demandante, criterio adoptado en otras ocasiones por esta
Sección, prohijando el criterio jurisprudencial de la sentencia de 11 de febrero de
2016113.
Del restablecimiento del derecho
106. La parte demandante en el título de “[…] Pretensiones […]” planteado en el escrito
de demanda, y luego de solicitar la declaratoria de nulidad de los actos acusados,
formula como pretensión:
“[…] D. Que se declare que no corresponde a BAT South América el pago de las
costas en que incurra la DIAN con relación a la actuación administrativa, ni las de
este proceso. […]”
107. La Sala advierte que la parte demandante no formula una pretensión expresa
relacionada con el restablecimiento del derecho que se genera por la declaratoria de
nulidad del acto administrativo, y solo se limita a solicitar que se le exima del pago de
costas que se generen en el procedimiento administrativo o judicial, lo que impide un
pronunciamiento sobre el particular.
108. Empero, la Sala no desconoce los efectos que se derivan de la declaratoria de
nulidad de los actos acusados habida consideración que los mismos indicaron las
consecuencias que se generan al determinar que la mercancía importada desde Chile
113
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 11 de febrero de
2016. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Número único de radicación 11001-03-24-000-2009-00457-00,
criterio reiterado en la Sentencia de 17 de marzo de 2022. M.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Número único de
radicación 11001-03-24-000-2009-00630-00.
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Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
hacia Colombia no cumplía con las condiciones para ser considerada originaria en los
términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24.
109. En efecto, el acto acusado dispuso en su artículo CUARTO, remitir “[…] a la
Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera para que proceda al cobro de los
tributos aduaneros dejados de cancelar y sanciones correspondientes […]”, hecho que
suscitó el inicio de una nueva actuación administrativa a cargo de la parte demandada,
y respecto de la cual se ejercieron los medios de control correspondientes que a la
fecha se encuentra en trámite, razón por la que escapa del conocimiento de esta Sala
y resulta ajeno a la presente litis, siendo objeto de otro proceso judicial.
Conclusiones de la Sala
110. La Sala procederá a declarar la nulidad de los actos acusados, en la medida que
desconoce las normas en los términos previstos en el Régimen de Origen del Acuerdo
de Complementación Económica Chile Colombia ACE N° 24, y del Régimen General
de Origen de la ALADI, regulado en la Resolución 78 del Comité de Representantes de
la Asociación, y aprobada mediante Resolución núm. 252 de 1999.
Condena en costas
111. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena en
costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que no
se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que se abstendrá de
condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley
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Núm. único de radicación: 110010324000201200137 00
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones núms. 004551 de 19 de abril
de 2011; 006711 de 14 de junio de 2011; y 012386 de 29 de noviembre de 2011,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: En firme esta providencia, archivar el expediente del proceso de la
referencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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