Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-00027-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2013-00027-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2013-00027-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
11 de abril de 2024
Radicado: 25000-23-37-000-2013-00027-01 [23153]
Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2013-00027-01 [23153]
Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
Demandado: UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
– DIAN
Temas: Reglas de origen. Acuerdo de Complementación Económica 24.
Nulidad de la resolución que determinó la mercancía importada
como no originaria
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 19 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda sin imponer condena en costas.
ANTECEDENTES
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2009, la agencia de aduanas DHL
GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A. NIVEL 1 presentó, a nombre de la
sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED (en
adelante, BAT), veinticuatro (24) declaraciones de importación que amparan
mercancías clasificadas en la subpartida arancelaria 2402.20.20.00, liquidando en
todas ellas un arancel del 0% e IVA del 16%, así:
Autoadhesivo nro. Fecha de presentación
14036010501062 02/03/2009
140360105015531 03/03/2009
14036010503678 10/03/2009
14301020652739 10/03/2009
14301020652746 10/03/2009
14036010503660 10/03/2009
07539260131077 16/03/2009
14036010505904 17/03/2009
14036010508543 31/03/2009
14036010508550 31/03/2009
14036010508568 31/03/2009
07539260132907 31/03/2009
14036010510320 07/04/2009
1
Que corrigió la declaración con autoadhesivo nro. 14011091144289 presentada el 30 de diciembre de 2008.
1
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-00027-01 [23153]
Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
14036010510338 07/04/2009
14036010510345 07/04/2009
14036010511296 14/04/2009
51096050319612 21/04/2009
14036010513450 27/04/2009
14036010514925 04/05/2009
14036010514932 04/05/2009
14036010514941 04/05/2009
14036010514957 04/05/2009
01159020589278 11/05/2009
14036010520593 20/05/2009
El 19 de abril de 2011, la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN
profirió la Resolución nro. 004551, por medio de la cual se determinó que «la
mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a
cigarrillos, amparada en las Declaraciones de Importación relacionadas en este artículo y exportada
desde Chile hacia Colombia por la empresa COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada
por la sociedad BRITISH AMERICAN TOBBACO SOUTH AMERICA LIMITED […] no cumple con las
condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen
del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Colombia ACE N° 24 […]». En el ordinal
cuarto de dicho acto se ordenó remitirlo «a la Subdirección de Gestión de Fiscalización
Aduanera para que proceda al cobro de los tributos aduaneros dejados de cancelar y sanciones
correspondientes […]»2.
Contra la anterior decisión BAT interpuso recursos de reposición y, en subsidio de
apelación, los cuales fueron decididos mediante las Resoluciones nros. 006711 del
14 de junio de 2011 y 012386 del 29 de noviembre de 2011, respectivamente,
confirmándola3.
Previo requerimiento especial aduanero, la División de Gestión de Liquidación de la
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá expidió la Resolución nro. 01-03-241-
201-639-1-0823 del 23 de mayo de 2012, mediante la cual formuló liquidación oficial
de corrección a las referidas declaraciones de importación, determinando un mayor
valor por arancel de $1.109.886.000, por IVA de $177.583.000 y por sanción de
$814.938.000, para un total de $2.102.407.0004.
El anterior acto fue objeto de recursos de reconsideración presentados por la
agencia de aduanas y el importador, decididos por la Dirección de Gestión Jurídica
de la DIAN con la Resolución nro. 1-00-223-10139 del 7 de septiembre de 2012,
que lo confirmó en todas sus partes5.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante,
CPACA), formuló las siguientes pretensiones6:
«A. Que se declare la nulidad de la Resolución Liquidación Oficial No. 01-03-241-201-639-1-
0823 del 23 de mayo de 2012 proferida por la División de Gestión de Liquidación de la
2
Fls. 8 a 14 c.a. 1.
3
Fls. 15 a 29 c.a. 1.
4
Fls. 240 a 256 c.a. 2.
5
Fls. 318 a 325 c.a. 2.
6
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_EXPEDIENTE_EXPEDIENTEDIGITAL2».
2
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Radicado: 25000-23-37-000-2013-00027-01 [23153]
Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá D.C., Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – U.A.E. DIAN.
B. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1-00-223-10139 del 07 de septiembre de
2012, proferida por la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de
Bogotá D.C., que resolvió en forma desfavorable el recurso de reconsideración presentado
por mi poderdante.
C. Que como consecuencia de las pretensiones anteriores y a título de restablecimiento del
derecho, se declare:
1. Que BAT, no debe cancelar a la DIAN la suma de $2.102.407.000 por concepto de
aranceles y mayores tributos aduaneros, en relación con las declaraciones de importación
realizadas en el mes de marzo, abril y mayo de 2009, discutidas por la Administración
Tributaria, ni las sanciones aplicables a este hecho, ni los intereses por mora
correspondientes.
2. Que como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que la Compañía para
evitar una exposición al riesgo, realizó el pago por un valor de $3.797.602.000 por medio
del recibo oficial de pago en bancos No 6908003774665, que se origina en la Resolución
01-03-241-201-639-1-0823 del 23 de mayo de 2012, proferida por la División de Gestión
de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, confirmada por la
Resolución N° 1-00-223-10139 del 07 de septiembre de 2012, proferida por la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN expedidas dentro del
expediente RA 2009 2012 267, se solicita se ordene la devolución del monto pagado
más los intereses correspondientes desde la fecha del pago del mayor valor de impuestos
y aranceles por concepto de origen de los productos importados, así como las sanciones
impuestas a la Compañía en los actos de determinación de impuestos hasta el momento
efectivo de la devolución.
3. Que las declaraciones de importación del mes de marzo, abril y mayo de 2009
discutidas se encuentran en firme.
D. Que se declare que no corresponde a BAT el pago de las costas en que incurra la parte
demandada con relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso».
Invocó como vulnerados los artículos 29, 83 y 95 de la Constitución Política (CP);
42 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); 4.24 y 32 del Acuerdo de Complementación
Económica 24 (ACE 24) y el anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI del 4 de
agosto de 1999.
Como concepto de la violación, expuso:
Presunción de legalidad de los certificados de origen. Violación al debido
proceso. En la comunicación emitida por la Dirección de Asuntos Económicos
Bilaterales de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de
Chile se indicó que los certificados de origen emitidos por la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA) son auténticos, pues los suscribieron funcionarios de esa
asociación habilitados para emitirlos. De esta manera, las mercancías califican
como originarias de Chile y, en consecuencia, procede el tratamiento arancelario
preferencial en las declaraciones de importación.
En la liquidación oficial la Administración señaló que, para considerar los cigarrillos
como originarios, el tabaco utilizado debe provenir de los «países participantes»,
entendidos como los que suscribieron el acuerdo (Colombia y Chile), pero en
realidad debe interpretarse esa expresión en el sentido que son todos los países
miembros de la ALADI, como lo ha señalado el gobierno chileno, pues es claro que
3
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la «acumulación extendida» de origen fue el objetivo del Tratado de Montevideo de 1980
y del ACE 24.
De manera que, antes de adoptar dicha determinación, la DIAN tenía que agotar los
procedimientos de consulta establecidos en el Acuerdo de Libre Comercio (ALC)
entre Chile y Colombia para unificar el criterio de origen de los cigarrillos, y no
trasladarle esa carga al importador, quien obró de buena fe al presentar los
documentos que certificaban la mercancía como originaria.
La Resolución nro. 004551 de 2011 no puede ser ejecutada, al no encontrarse
en firme. El 9 de abril de 2012 se radicó ante el Consejo de Estado7 demanda en
contra de la resolución que desconoció el origen de los productos importados, de
manera que, hasta tanto no se resuelva ese litigio, ese acto no es ejecutable, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 829 del ET.
En ese sentido, la autoridad aduanera no podía expedir la liquidación oficial, pues
no se ha desvirtuado la presunción de legitimidad de los certificados de origen que
soportaron la aplicación del tratamiento preferencial en las declaraciones de
importación.
Falsa motivación. La sociedad no incumplió las obligaciones derivadas del ACE
24, pues solicitó el tratamiento arancelario preferencial con base en los certificados
de origen emitidos por las autoridades chilenas competentes y sobre los cuales se
probó la autenticidad. Así, la entidad vulneró el debido proceso de la actora, en tanto
adoptó la decisión basada en la subjetividad de una interpretación, lo cual implica
que los actos están indebidamente motivados y, por ende, son nulos.
Falta de competencia de la DIAN para expedir una resolución de origen.
Aplicación retroactiva del Protocolo Modificatorio. Todas las operaciones de
importación realizadas por BAT en las que se aportaron los certificados
cuestionados fueron anteriores al «8 de mayo de 2009», por lo que los requisitos para
comprobar el origen de la mercancía son los del artículo decimoquinto de la
Resolución 252 de la ALADI, vigente al momento de los hechos, normativa según
la cual debió «comunicar al país exportador (efectuar las consultas pertinentes) y tomar las
medidas que considerara necesarias para garantizar el interés fiscal a través de cualquier otro
medio».
Sin embargo, la DIAN expidió una resolución de origen al amparo del artículo 4 del
ALC – Protocolo Adicional al ACE 24, aplicando retroactivamente las disposiciones
sustanciales del tratado.
Desconocimiento del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal.
Los actos administrativos vulneraron los derechos de la sociedad al desconocer que
la mercancía cumple las reglas de origen del ACE 24, si se considera que el
gobierno chileno afirmó que los certificados son auténticos al ser expedidos por la
autoridad competente en ese país.
Improcedencia de la sanción por infracción aduanera. No se tipifica la infracción
establecida en el artículo 482 (num. 2.1) del EA pues el hecho de que la DIAN
desconozca los certificados de origen en forma posterior no implica que la sociedad
7
Expediente identificado con el radicado nro. 11001-03-24-000-2012-00137-00.
4
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no los hubiese aportado al momento de la presentación y aceptación de la
declaración de importación con el cumplimiento de los requisitos legales, además
que la presunción de legalidad de dichos documentos no ha sido desvirtuada.
En todo caso, la sanción está indebidamente calculada, porque la Administración la
liquidó sobre el 10% del valor FOB de los bienes importados ($814.938.000),
mientras que la norma indica que se tasa sobre el 10% del valor de los tributos
aduaneros dejados de cancelar, evento en el que la multa correspondería a
$128.600.000.
Infracción al principio de buena fe. Los actos enjuiciados desconocieron los
principios de buena fe y confianza legítima, en los cuales se fundamentó la sociedad
para declarar la mercancía como originaria.
Nulidad por contradicción con el artículo 95 de la CP. Con la expedición de los
actos demandados, la Administración desconoció los límites de la justicia y equidad
para obtener un mayor pago de tributos aduaneros.
Solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad hasta tanto se profiriera la
sentencia sobre la legalidad de la Resolución nro. 004551 de 2011, que determinó
las mercancías como no originarias.
OPOSICIÓN
La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente8:
Si bien en la comunicación de la Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales de Chile se manifestó que los certificados de origen estaban
expedidos en debida forma, posteriormente la Dirección de Integración Económica
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo indicó que «para considerar los cigarrillos
originarios en el marco del ACE-24, es requisito indispensable que el tabaco provenga de los países
participantes del acuerdo que concede las preferencias, es decir de Chile o de Colombia» .
La entidad tenía fundamento para proferir las resoluciones enjuiciadas, siguiendo el
procedimiento establecido en el ACE 24 para dirimir la controversia de origen, pues
es claro que la expresión «países participantes» no incluye a todos los países miembros
del Tratado de Montevideo, sino a los que hacen parte de los acuerdos concertados,
en este caso, Chile y Colombia.
Los actos expedidos por la DIAN gozan de presunción de legalidad y mantienen su
vigencia hasta tanto no exista un pronunciamiento contrario. La entidad está llamada
a generar las controversias de origen para salvaguardar el cumplimiento de los
acuerdos de complementación económica suscritos por Colombia y garantizar el
pago efectivo de los tributos aduaneros, mientras que las condiciones de variación
del producto o su carácter originario son elementos sobre los cuales debe responder
el agente de la operación de comercio exterior.
8
Fls. 122 a 131 c.p. 1.
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Los argumentos planteados en la demanda son propios del debate de legalidad de
las resoluciones proferidas en la controversia de origen, razón por la cual la
presunción de legalidad de las liquidaciones oficiales se mantiene incólume.
No está en discusión la autenticidad de los certificados, cuestión distinta es que la
mercancía ingresada no cumple los criterios de origen señalados por el ACE 24,
toda vez que, para acceder al beneficio, no basta con que el bien haya sido
producido en su totalidad en Chile, sino, además, que el tabaco utilizado para
fabricar los cigarrillos sea originario de ese país o de Colombia, lo que no se cumplió.
La Resolución nro. 004551 de 2011 está ejecutoriada puesto que se ejercieron y
decidieron oportunamente los recursos a que había lugar, de conformidad con el
artículo 87 del CPACA. Respecto de la interposición de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho (art. 829 del ET, num. 4), esa circunstancia se refiere
a la suspensión del proceso de cobro coactivo, de manera que no se ha desvirtuado
la presunción de legalidad de los actos.
En este caso consta la recepción de la Resolución nro. 004551 de 2011 por parte
del Director de Asuntos Económicos Bilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, por medio de la cual se estableció que los cigarrillos exportados
a Colombia no cumplen las condiciones para ser considerada mercancía originaria.
Se configuró la infracción aduanera porque el verbo rector no solo comprende el no
tener al momento de la presentación y aceptación de la declaración de importación
los documentos soporte, sino también cuando estos no reúnen los requisitos
legales. La presunta indebida liquidación de la sanción carece de fundamento, toda
vez que es la misma norma la que dispone que la multa será equivalente al 15% del
valor FOB de la mercancía, y no al 10% de los tributos dejados de cancelar.
La solicitud de suspensión por prejudicialidad es improcedente, porque la demanda
no había sido admitida.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
El 30 de agosto de 2013 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo
180 del CPACA9. En dicha diligencia no se advirtieron irregularidades procesales,
nulidades, excepciones o medidas cautelares que debieran ser resueltas. El litigio
se concretó en determinar la legalidad de los actos administrativos demandados, se
tuvieron como pruebas las aportadas al expediente, se ordenó oficiar a la Secretaría
de la Sección Primera de esta corporación para que certificara el estado del proceso
con radicado nro. 11001-03-24-000-2012-00137-00 y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
Mediante auto del 11 de diciembre de 2013 se decretó la suspensión del proceso
«hasta tanto se profiera sentencia que ponga fin al proceso radicado 11001-03-24-000-2012-00137-
00»10.
9
Fls. 152 a 160 c.p. 1.
10
Fls. 188 a 189 c.p. 1.
6
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En providencia del 12 de enero de 2017 se reanudó el trámite del proceso «[…]
teniendo en cuenta que han transcurrido más de 3 años desde la fecha en que se decretó la
suspensión del mismo […] aunado a lo cual no se advierte prueba en la que conste que se ha
proferido sentencia definitiva»11.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en la
sentencia apelada negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas,
con fundamento en lo siguiente12:
La liquidación oficial de corrección tuvo como sustento la resolución que desconoció
el origen de la mercancía importada, que se encontraba en firme y podía ejecutarse
al haberse decidido los recursos de reposición y apelación interpuestos.
Los argumentos de la demanda están encaminados a cuestionar la resolución que
determinó que la mercancía importada no cumple las condiciones de origen
previstas en el ACE 24; no obstante, ese debate es ajeno al caso concreto toda vez
que los procesos de controversias de origen y de liquidación oficial de corrección
son independientes.
Confrontado el contenido de la demanda del presente proceso con el promovido
contra la Resolución nro. 004551 de 2011, se constata que los argumentos para
cuestionar la legalidad de los actos enjuiciados son los mismos. Sin embargo, si
bien las resoluciones demandadas ante el Consejo de Estado constituyen el
fundamento de la liquidación oficial de corrección, no se puede emitir
pronunciamiento sobre la legalidad de aquellas.
Si la Resolución nro. 004551 de 2011 es declarada nula, desaparecería el
fundamento de los actos demandados en este proceso, por cuanto es clara la
incidencia que tiene sobre la liquidación oficial de corrección enjuiciada. No
obstante, como no se ha emitido pronunciamiento de fondo, la resolución que
determinó la mercancía como no originaria goza de presunción de legalidad, y como
dicha decisión es sustento de lo discutido en el sub examine, lo procedente es negar
las pretensiones de la demanda.
No se condena en costas al no estar demostradas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia con fundamento en
lo siguiente13:
Indebido entendimiento del tribunal sobre la suspensión por prejudicialidad.
La legalidad de los actos demandados en este proceso depende de la decisión del
Consejo de Estado sobre la resolución que negó el carácter originario de los
11
Fls. 239 a 240 c.p. 1.
12
Fls. 245 a 257 c.p. 1.
13
Fls. 267 a 282 c.p. 1.
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productos importados de Chile. Sin embargo, pese a que la suspensión por
prejudicialidad era procedente, el tribunal reanudó el proceso y profirió sentencia
negando las pretensiones, omitiendo así la naturaleza de esa figura procesal,
puesto que debía esperarse al fallo definitivo del expediente nro. 11001-03-24-000-
2012-00137-00.
De los argumentos de fondo desestimados por el tribunal. El a quo admitió que
la decisión de los actos enjuiciados en este proceso está atada a la sentencia que
profiera el Consejo de Estado, no obstante, prescindió del análisis de los
argumentos de fondo expuestos en la demanda.
Al respecto, reiteró los cargos referentes a: (i) la presunción de legalidad de los
certificados de origen y la interpretación de la expresión «países participantes»,
contenida en el anexo 2 de la Resolución 252 de la ALADI, (ii) la falta de ejecutoria
de la Resolución nro. 004551 de 2011, (iii) la falsa motivación de los actos
administrativos, (iv) la aplicación retroactiva del ALC, (v) el desconocimiento del
principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal y (vi) la improcedencia de
la sanción por infracción aduanera.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación del demandante se admitió mediante auto del 14 de julio de
2017. El 8 de septiembre del mismo año se corrió traslado a las partes y al Ministerio
Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente14.
La parte demandada reiteró los argumentos de la contestación15.
La parte demandante replicó lo manifestado en la apelación. Además, solicitó la
suspensión del proceso por prejudicialidad, hasta tanto se profiera sentencia en
única instancia en el expediente nro. 11001-03-24-000-2012-00137-0016. En iguales
términos intervino el Ministerio Público17.
Mediante providencia del 29 de abril de 2022 se decretó la suspensión del proceso
por prejudicialidad18 y, en proveído del 8 de febrero de 2024 se reanudó el trámite
del presente medio de control, en consideración a que en el citado expediente se
profirió sentencia que quedó ejecutoriada19.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de la resolución por medio de la cual la División de Gestión
de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló liquidación
oficial de corrección a las veinticuatro (24) declaraciones de importación
14
Fls. 289 y 292 c.p. 1, respectivamente.
15
Fls. 294 a 297 c.p. 1.
16
Fls. 298 a 308 c.p. 1.
17
Fls. 309 a 311 c.p. 1.
18
Índice 24 de Samai. Por autos del 11 de octubre de 2022 (índice 29 de Samai) y del 24 de abril de 2023 (índice 36 de
Samai), se requirió a la Secretaría de la Sección Primera de esta corporación para que informara el estado del proceso.
19
Índice 47 de Samai.
8
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Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
presentadas a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA
LIMITED, y de la resolución que decidió los recursos de reconsideración contra la
anterior, en el sentido de confirmarla.
En los términos del recurso de apelación del demandante y visto el trámite procesal,
la Sala deberá establecer: (i) si el resultado del proceso en el que se discutió la
legalidad de la resolución que determinó la mercancía importada como no originaria
incide en la liquidación oficial de corrección. En caso negativo, se estudiará: (ii) si la
DIAN aplicó retroactivamente el ALC Chile – Colombia, (iii) si la autoridad aduanera
desvirtuó la autenticidad de los certificados de origen, (iv) si los bienes importados
califican o no como originarios a partir de la interpretación de la expresión «países
participantes», y (v) si procede la sanción por infracción aduanera, de ser así, se
verificará lo referente a la tasación.
Los argumentos encaminados a debatir el entendimiento del a quo frente a la
suspensión por prejudicialidad del proceso y su reanudación no serán estudiados,
al tratarse de una cuestión procedimental que, en todo caso, se entiende superada
en esta instancia, comoquiera que la Sección Primera de esta corporación profirió
la decisión que fundamentó la citada solicitud.
1. Efectos de la nulidad de las resoluciones que determinaron que la
mercancía importada no cumple los criterios de origen del ACE 24
Para resolver, es oportuno tener en cuenta los siguientes hechos probados:
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2009, la agencia de aduanas DHL
GLOBAL FORWARDING COLOMBIA S.A. NIVEL 1 presentó, a nombre de BAT,
veinticuatro (24) declaraciones de importación de cigarrillos clasificados en la
subpartida arancelaria 2402.20.20.00, liquidando un arancel del 0% e IVA del 16%.
La Subdirección de Gestión Técnica Aduanera de la DIAN inició investigación de
verificación de origen en el marco del ACE 24, «con el fin de constatar el carácter originario
de los cigarrillos importados de Chile» y, mediante los oficios nros. 100-210-227-0201 del
4 de junio de 2010 y 100-210-227-0238 del 30 de junio siguiente, solicitó a la
Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
«verificar la autenticidad de los Certificados de Origen expedidos por la Sociedad de Fomento Fabril
-SOFOFA- a la empresa exportadora COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., que amparan la
mercancía correspondiente a cigarrillos clasificados por la subpartida arancelaria 2402.20.00
(NALADISA) […]»20.
El 10 de septiembre de 2010, la mencionada dirección dio respuesta mediante la
carta nro. 3476, en la cual informó21:
«- Respecto al carácter originario de los “cigarrillos”, informo a Ud. que bajo el ACE N° 24,
Anexo 2 (Requisitos Específicos de Origen) de la Resolución 252, exige que los tabacos con
que se fabrica dicho producto sean de los países participantes (Partes Signatarias), lo cual se
cumple, ya que más del 90% de los tabacos utilizados son chilenos y menos del 10% restante
provienen de Brasil, que es parte signataria de la Resolución 252.
20
Según consta en las consideraciones de la Resolución nro. 004551 del 19 de abril de 2011.
21
Fls. 89 a 90 c.p. 1.
9
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Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
[…]
• Los 176 certificados de origen son auténticos y se encuentran en los archivos de SOFOFA.
• Las personas que suscriben los certificados de origen son funcionarios de la SOFOFA y se
encuentran habilitados para emitir certificados de origen de exportación por parte del Gobierno
Chileno […]».
El 24 de septiembre de 2010, la DIAN consultó a la Dirección de Integración
Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre la aplicación del
criterio de origen para los cigarrillos en el marco del ACE 24, y mediante oficios del
26 de octubre y del 10 de noviembre de 2010, la anterior dependencia comunicó
que «para considerar los cigarrillos originarios en el marco del ACE-24, es requisito indispensable
que el tabaco provenga de los países participantes del acuerdo que concede las preferencias, es
decir de Chile o de Colombia»22.
Agotado el procedimiento de verificación de origen, la Subdirectora de Gestión
Técnica Aduanera de la DIAN expidió la Resolución nro. 004551 del 19 de abril de
2011, que resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO: Determínase que la mercancía clasificada en la subpartida
arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos, amparada en las
Declaraciones de Importación relacionadas en este artículo y exportada desde Chile hacia
Colombia por la empresa COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la
sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED […], no cumple con
las condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo dispuesto en el Régimen
de Origen del Acuerdo de Complementación Económica Chile – Colombia ACE N° 24 […]
[Se relacionan 265 declaraciones de importación; las que interesan al presente asunto están
enunciadas en los renglones 212 y del 241 al 264].
[…]
ARTÍCULO CUARTO: Una vez en firme la presente resolución, remítase a la Subdirección de
Gestión de Fiscalización Aduanera para que proceda al cobro de los tributos aduaneros
dejados de cancelar y sanciones correspondientes, por lo expuesto en los considerandos del
presente acto administrativo […]».
La anterior decisión fue objeto de los recursos de reposición y de apelación,
decididos por la DIAN mediante las Resoluciones nros. 006711 del 14 de junio de
2011 y 012386 del 29 de noviembre de 2011, respectivamente, que la confirmaron.
El 23 de febrero de 2012, la entidad profirió el Requerimiento Especial Aduanero
nro. 01-03-238-419-434-4-0000733, en el que propuso corregir veinticuatro (24)
declaraciones de importación presentadas a nombre de BAT.
El 9 de abril de 2012, la actora presentó demanda contra los actos administrativos
expedidos en el procedimiento de verificación de origen, a la que le correspondió el
radicado nro. 11001-03-24-000-2012-00137-0023.
El 23 de mayo de 2012, la DIAN expidió la Resolución nro. 01-03-241-201-639-1-
0823, por la que formuló liquidación oficial de corrección y determinó un mayor valor
por arancel de $1.109.886.000, por IVA de $177.583.000 y por sanción de
22
Fls. 95 a 96 c.p. 1.
23
Según consta en el índice 1 de Samai de ese expediente.
10
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$814.938.000, para un total de $2.102.407.00024. En esa decisión se consideró lo
siguiente:
«Culminado el procedimiento de Verificación de Origen, la Subdirección de Gestión Técnica
Aduanera en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 28 del Decreto 4048 de 2008
expidió la Resolución No. 004551 del 19 de abril de 2011 (f.8) mediante la cual determinó que
la mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 24.02.20.00 (NALADISA),
correspondiente a cigarrillos, exportada de Chile por la sociedad COMPAÑÍA CHILENA DE
TABACOS S.A., e importada a Colombia por la empresa BRITISH AMERICAN TOBACCO
SOUTH AMERICA LIMITED, no cumplía con las condiciones para ser considerada originaria
de Chile en los términos de lo dispuesto en el Régimen de Origen del Acuerdo de
Complementación Económica Chile-Colombia ACE N° 24.
Contra la citada resolución el importador […] interpuso recurso de reposición y en subsidio el
de apelación, los cuales fueron resueltos mediante Resoluciones Nos. 006711 del 14 de junio
de 2011 […] y No. 0012386 del 29 de noviembre de 2011 […], resoluciones que confirman en
todas sus partes la resolución recurrida y en consecuencia se remiten las declaraciones
presentadas por la sociedad investigada, conforme lo dispone el artículo cuarto de la
Resolución 004551 del 19 de abril de 2011, para iniciar el proceso de cobro de los tributos
aduaneros dejados de cancelar.
[…]
En la Resolución No. 004551 del 19 de abril de 2011 se señala que “del análisis y evaluación
de la información suministrada correspondiente al Acuerdo de Complementación Económica
Chile-Colombia ACE N° 24, se evidencia que en la fabricación de cigarrillos exportados por la
empresa COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A. se utilizó “Tabaco importado" de Brasil,
México, Perú, Venezuela y Zimbabwe, entre otros…” […]
Concluyéndose en este acto administrativo de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera
que como resultado del Procedimiento de Verificación, se determina que la mercancía […] no
cumple con las condiciones para ser considerada originaria en los términos de lo
dispuesto en el Régimen de Origen, artículo 8, del ACE-24 entre Colombia y Chile, en
razón a que en la elaboración de los cigarrillos exportados hacia Colombia se utilizó
tabaco no originario de las Partes.
[…]
De acuerdo con el análisis anterior el Director de Gestión de Aduanas esgrime que el ACE-24
es un Acuerdo de Complementación Económica, es decir: un Acuerdo de Alcance Parcial –
celebrado no entre todos los países miembros de la ALADI, sino sólo entre Colombia y Chile,
y por lo tanto los derechos y obligaciones que en él se establecen “rigen exclusivamente para
Colombia y Chile” […]
En este orden de ideas, corresponde a esta División decidir sobre la legalidad del
Requerimiento Especial Aduanero proferido por el GIT Investigaciones Aduaneras I de la
División de Gestión de Fiscalización de esta Dirección Seccional, haciendo la salvedad previa
de que comparte en su integridad la sustentación jurídica contenida en las Resoluciones No.
004551 del 19 de abril de 2011 de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera y la
Resolución No. 012386 del 29 de noviembre de 2011 del Director de Gestión de Aduanas».
Contra el anterior acto la agencia de aduanas y el importador presentaron recursos
de reconsideración, decididos por la Administración mediante la Resolución nro. 1-
00-223-10139 del 7 de septiembre de 2012, que confirmó la liquidación oficial.
Del anterior recuento, para la Sala las resoluciones expedidas en el marco del
procedimiento de verificación de origen de la mercancía inciden en la liquidación
24
Fls. 240 a 256 c.a. 2.
11
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oficial de corrección objeto del presente proceso, pues aquellos actos replican los
argumentos fácticos y jurídicos de la actuación administrativa que culminó con la
decisión conforme con la cual los cigarrillos importados en las declaraciones
presentadas a nombre de la actora no podían considerarse como originarios de
Chile para, en consecuencia, negar la aplicación del tratamiento arancelario
preferencial y determinar un gravamen arancelario del 20% y la reliquidación del
IVA.
Así las cosas, no hay duda de que los actos administrativos mediante los cuales se
determinó que los cigarrillos importados por la sociedad no eran originarios de Chile,
son el fundamento de la liquidación oficial de corrección, acto que se cuestiona en
este asunto.
Precisado lo anterior, y encontrándose suspendido el presente proceso en segunda
instancia, la Sección Primera de esta corporación profirió sentencia el 23 de
noviembre de 2023 en el expediente con radicación nro. 11001-03-24-000-2012-
00137-0025, entre las mismas partes, en la cual se resolvió «DECLARAR la nulidad de
las resoluciones núms. 004551 de 19 de abril de 2011; 006711 de 14 de junio de 2011; y 012386 de
29 de noviembre de 2011 […]». Esa decisión se sustentó en las siguientes
consideraciones:
«85. Ahora bien, el desacuerdo de las partes en el asunto sub examine, consiste en que para
la parte demandante, la mercancía cumple el carácter originario según el Anexo 2 (Requisitos
Específicos de Origen) de la Resolución 252 de 1999, toda vez que los tabacos con que se
fabrica dicho producto son de Estados participantes por cuanto más del 90% son chilenos y
menos del 10% restante provienen de Brasil, “[…] parte signataria de la Resolución 252 […]",
en tanto que para la parte demandada la expresión “países participantes”, se refiere
exclusivamente a los signatarios del ACE 24, estos son las repúblicas de Chile y Colombia.
[…]
90. Para el caso sub examine, en el ACE 24, la voluntad de los Estados parte fue la de aplicar,
en materia de reglas de origen, las previstas en el Régimen General de Origen de la ALADI,
contenidas en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación, y aprobada
mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999, cuyos signatarios son los integrantes
del Comité de Representantes, debe entenderse que cuando el literal e) del artículo Primero
se refiere a mercancías que, además de ser elaboradas en su territorio, cumplan con los
requisitos específicos establecidos en el Anexo 2 de dicha Resolución, se está haciendo
referencia a los signatarios del mismo instrumento internacional, esto es, a la Resolución núm.
252 de 4 de agosto de 1999.
91. La Sala considera que, la Carta núm. 3476 de 10 de septiembre de 2010, expedida por la
Dirección de Asuntos Económicos Bilaterales, de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, según la cual, el carácter originario de las
mercancías exportadas a Colombia cumplen las disposiciones de la Resolución 252 de 1999,
al incluir tabaco brasilero en un porcentaje menor al 10%, país signatario de dicha resolución,
goza de plena presunción de veracidad, y corresponde a lo dispuesto por las partes en los
instrumentos internacionales.
92. Y aunque en la Resolución núm. 004551 de 19 de abril 2011 indique en sus considerandos
que encontró demostrados, conforme a las pruebas recaudadas en sede administrativa, que
el Tabaco del que hizo uso la COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A para la producción de
los cigarrillos exportados hacia Colombia “[…] se utilizó "Tabaco importado" de Brasil, México,
Perú, Venezuela, y Zimbabwe, entre otros […]”, dicha afirmación no riñe con lo expuesto por
la misma exportadora cuando en la respuesta que otorgó frente a la pregunta 34 del
25
Índice 121 de Samai de aquél proceso. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Cuestionario de Verificación formulado por la DIAN, afirmó que “[…] para las exportaciones
realizadas a Colombia hasta mayo 7 de 2009 bajo el marco del Acuerdo de Complementación
Económica No. 24, el criterio de origen fue el establecido en el Anexo 2 "Requisito Específico
de Origen" de la Resolución 252 de la ALADI que exige para los cigarrillos que los tabacos
con que se fabrican "sean de los "países participantes" entendiendo por ello los países
miembros de ALADI, a su vez, Partes Signatarias de la referida resolución. Este criterio lo
cumplimos al utilizar más del 90% de tabacos chilenos, y el restante de países participantes
de ALADI, que igualmente son partes signatarias de la resolución 252 […]”.
[…]
102. De lo expuesto anteriormente, la Sala advierte que conforme al literal c), del artículo
Primero del ACE 24, en concordancia con la Resolución 252 de 1999, la mercancía exportada
desde Chile hacia Colombia fue elaborada en su territorio, haciendo uso de materia prima de
países, que conforme al certificado expedido por la Dirección de Asuntos Bilaterales de la
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, en la comunicación
3476 de 10 de septiembre de 2010, si bien fueron signatarios de la Resolución núm. 252 de
1999 como es el caso de Brasil, no son participantes del acuerdo parcial. No obstante, se
cumple el supuesto fáctico previsto en dicha norma según el cual, se considera de origen
siempre que la mercancía resulte de un proceso de transformación realizado en alguno de los
países participantes que para este caso es Chile, que les confiera una nueva individualidad
caracterizada por el hecho de quedar clasificadas en la NALADISA en partida diferente a la
de dichos materiales, esto es de tabaco a cigarrillo.
103. De esta manera, la mercancía clasificada en la subpartida arancelaria 2402.20.00
(NALADISA) correspondiente a cigarrillos, descrita en los actos acusados y amparada
en la Declaraciones de Importación que allí se relacionan, que fuera exportada desde
Chile hacia Colombia por COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOS S.A., e importada por la
parte demandante, cumplen las condiciones para ser considerada originaria en los
términos previstos en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, toda vez que i) el ACE 24, remite, en materia de
reglas de origen, a las normas previstas en el Régimen General de Origen de la ALADI,
contenidas en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación, aprobada
mediante Resolución núm. 252 de 4 de agosto de 1999; y ii) fue elaborada y transformada en
territorio chileno utilizando materiales de países no participantes del ACE 24, confiriéndoles
una nueva individualidad al quedar clasificadas en NALADISA en partida diferente a la del
material origen.
104. En este sentido, los actos acusados, al determinar que la mercancía clasificada en
la subpartida arancelaria 2402.20.00 (NALADISA) correspondiente a cigarrillos, no
cumple las condiciones para ser considerada originaria, desconocen las normas en los
términos previstos en el Régimen de Origen del Acuerdo de Complementación
Económica Chile Colombia ACE N° 24, y del Régimen General de Origen de la ALADI,
regulado en la Resolución 78 del Comité de Representantes de la Asociación, y
aprobada mediante Resolución núm. 252 de 1999, por lo que debe prosperar la
pretensión de nulidad por este cargo, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este
proveído» [se destaca].
Nótese que en esa decisión se estudiaron, en síntesis, los mismos argumentos
jurídicos planteados por la entidad demandada en los actos cuya legalidad se
debate en este proceso. Así, se consideró que la expresión «países participantes»
contenida en el Anexo 2 de la Resolución 252 de 1999 de la ALADI debía
interpretarse como los signatarios de ese instrumento internacional, y no
exclusivamente los del ACE 24, como lo considera la DIAN. Por ende, la inclusión
de tabaco brasilero26 en un porcentaje menor al 10% en los cigarrillos importados
desde Chile no desconoció el régimen general de origen de la ALADI ni el previsto
en el ACE 24.
26
Estado signatario de la Resolución 252 de 1999, aspecto que no está en discusión.
13
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Adicionalmente, en el citado fallo se explicó que, si bien la mercancía importada fue
elaborada en territorio chileno a partir de materiales de países no participantes del
ACE 24, dicha transformación les otorgó una nueva individualidad, al clasificarse en
partida diferente a la del material de origen. Todo ello para concluir que los bienes
importados cumplen las condiciones para ser considerados originarios de Chile.
A partir de esas precisiones, y comoquiera que se anuló la resolución que determinó
que la mercancía importada por BAT no era originaria de Chile -mediante decisión
ejecutoriada-27, se concluye que desapareció el sustento en el que se fundamentó la
DIAN para proferir los actos administrativos enjuiciados objeto del presente caso,
configurándose así el decaimiento de estos, en los términos del artículo 91 (num. 2)
del CPACA28, circunstancia que apareja su nulidad y es razón suficiente para
revocar la sentencia apelada.
En cuanto a la pretensión de devolución, la actora manifestó que pagó
«$3.797.602.000» por mayores tributos aduaneros determinados en los actos
enjuiciados, hecho aceptado expresamente por la DIAN en la contestación de la
demanda, de manera que se ordenará el reintegro de dicha suma, previas las
verificaciones a que haya lugar y en los siguientes términos29:
a. La suma objeto de devolución, esto es, $3.797.602.000, debe ajustarse de
conformidad con el índice de precios al consumidor en concordancia con el inciso
final del artículo 187 del CPACA. De manera que el ajuste se hará aplicando la
siguiente fórmula:
Índice final
R = Rh -----------------
Índice inicial
En la que el valor ajustado (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el valor pagado por el contribuyente, por el número que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de
ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento
del pago.
b. En virtud de los artículos 192 (inc. 3) y 195 (num. 4) del CPACA, sobre el
monto a devolver, es decir $3.797.602.000, debidamente actualizado, se causarán
intereses de mora a una tasa equivalente al DTF, a partir de la ejecutoria de esta
sentencia hasta la fecha del pago de la misma, que deberá realizarse en un plazo
máximo de 10 meses. Vencido este término o el de los 5 días siguientes a la
recepción de los recursos por la entidad para proceder con la devolución, lo que
27
Ejecutoriada el 15 de diciembre de 2023, según consta en la certificación expedida por la Secretaría de la Sección Primera
de esta corporación, visible en el índice 45 de Samai del presente proceso.
28
«Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos
administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos: […]
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho».
Sobre el decaimiento del acto administrativo, cfr. las sentencias del 5 de mayo de 2022, exp. 25515. C.P. Milton Chaves
García, del 10 de febrero de 2022, exp. 25813, y del 7 de septiembre de 2023, exp. 26458, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
29
En igual sentido, la sentencia del 9 de julio de 2020, exp. 23214, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
14
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ocurra primero, sin que la obligada hubiese realizado el pago, la suma adeudada
causará intereses de mora a la tasa comercial30.
En conclusión, se revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se anularán los actos
administrativos demandados. A título de restablecimiento del derecho: (i) se
declarará la firmeza de las declaraciones de importación discutidas en este proceso
y (ii) se ordenará la devolución de la suma de $3.797.602.000, indexada a la fecha
de ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con lo previsto con el inciso
final del artículo 187 del CPACA. Asimismo, respecto de la suma actualizada
proceden intereses moratorios, en los términos de los artículos 192 y 195 ibidem.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 (num. 8) del
Código General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y
agencias en derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran
probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. REVOCAR la sentencia del 19 de abril de 2017, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar, se
dispone:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. 01-03-241-201-639-1-
0823 del 23 de mayo de 2012, proferida por la DIAN, que practicó liquidación
oficial de corrección a veinticuatro (24) declaraciones de importación
presentadas a nombre de BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA
LIMITED; y de la Resolución nro. 1-00-223-10139 del 7 de septiembre de 2012,
por medio de la cual se decidieron los recursos de reconsideración contra la
anterior.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la firmeza de
las declaraciones de importación identificadas con los siguientes números de
autoadhesivo:
Autoadhesivo nro. Fecha de presentación
14036010501062 02/03/2009
14036010501553 03/03/2009
14036010503678 10/03/2009
14301020652739 10/03/2009
14301020652746 10/03/2009
14036010503660 10/03/2009
07539260131077 16/03/2009
14036010505904 17/03/2009
14036010508543 31/03/2009
30
De conformidad con el artículo 192 (inc. 5) del CPACA, se dejan de causar intereses de mora si pasados tres meses desde
la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena los beneficiarios no han acudido ante la entidad responsable
para hacerla efectiva. La causación de intereses cesa desde que vence el plazo en mención hasta cuando se presente la
solicitud.
15
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Demandante: BRITISH AMERICAN TOBACCO SOUTH AMERICA LIMITED
14036010508550 31/03/2009
14036010508568 31/03/2009
07539260132907 31/03/2009
14036010510320 07/04/2009
14036010510338 07/04/2009
14036010510345 07/04/2009
14036010511296 14/04/2009
51096050319612 21/04/2009
14036010513450 27/04/2009
14036010514925 04/05/2009
14036010514932 04/05/2009
14036010514941 04/05/2009
14036010514957 04/05/2009
01159020589278 11/05/2009
14036010520593 20/05/2009
De igual forma, ORDENAR a la DIAN la devolución de la suma de
$3.797.602.000, ajustada conforme lo dispuesto en la parte motiva de esta
providencia. Dicha suma devengará intereses de mora en los términos fijados
en esta sentencia.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse en la opción «validador de documentos» dispuesta en
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16
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