Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2012-00065-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2012-00065-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-31-000-2012-00065-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
10 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: JOAQUIN TOMÁS OVALLE PUMAREJO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR Y
OTRA
Tema: Requisitos de una providencia para erigirse como un
precedente judicial obligatorio. Afectación de predios rurales por
creciente del río Ariguaní. Desviación de una fuente hídrica con
maquinaria pesada. Falla del servicio por omisión en la
adopción e implementación de medidas necesarias y
adecuadas tendientes a evitar la desviación del cauce. Alcance
la norma que establece la caducidad de la acción de reparación
directa en casos de omisión. Aminoración patrimonial por la
pérdida de plantación y producción de palma africana. Falta de
prueba de un daño indemnizable. No se configuraron costas
procesales.
FALLO DE REEMPLAZO
La Sala, en cumplimiento de la orden de tutela del 19 de noviembre de 2025,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
profiere una nueva providencia para decidir el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción de reparación directa1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
En el mes de noviembre de 2006 ocurrió una creciente del río Ariguaní, la cual
produjo la desviación del cauce de esa fuente hídrica y con ello la inundación de
1 Se profiere fallo de reemplazo en cumplimiento de lo impartido en la sentencia de tutela del 19 de
noviembre de 2024, proferida por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que, dispuso dejar sin efectos la sentencia del 17 de junio de 2024, dictada por esta Subsección y,
además, ordenó que “se profiera una providencia de reemplazo, en la que se valore el término de
caducidad de la acción de reparación directa conforme a lo precisado en esta sentencia”.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
varios predios rurales ubicados en el municipio del mismo nombre, ubicado en el
departamento del Cesar. Posteriormente, en fecha indeterminada, algunos
propietarios de estos terrenos solicitaron un permiso a la Corporación Autónoma
Regional del Magdalena para reencausar y tapar el desvío del río, a través de
trabajos realizados con maquinaria pesada. Sin embargo, a juicio del demandante,
estas actividades produjeron la desviación total del cauce del cuerpo acuífero, lo
que provocó una afectación por desabastecimiento de agua en el predio rural
denominado “El Indio”, con la consecuente pérdida de 200 hectáreas de palma
africana que allí se encontraban sembradas.
Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, arrendatario del predio “El Indio” para la época de
los hechos, considera que la Corporación Autónoma Regional del Cesar y la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena son patrimonialmente
responsables por la merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de la
plantación y producción de palma africana que se encontraba sembrada en este
predio, pues, a su juicio, ello se ocasionó porque las citadas autoridades
administrativas no adoptaron ni implementaron medidas necesarias, adecuadas y
oportunas para evitar la desviación del cauce del río Ariguaní.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 7 de febrero de 20122, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, mediante apoderado
judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en
contra de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (en adelante
“CORPOCESAR”) y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (en adelante
“CORPOMAG”), para que fueran declaradas patrimonialmente responsables por la
merma y/o aminoración patrimonial que sufrió por la pérdida de plantación y
producción de palma africana, la cual se encontraba sembrada en el predio “El
Indio”, ubicado en el municipio de Ariguaní (Cesar).
2 Fl. 45 a 62, C.1.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a las
entidades administrativas a pagarle, por perjuicios materiales, la suma de
$3.354.452.500.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 19 de diciembre
de 2006, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo arrendó a la sociedad Ovalle Pumarejo y
Cía. S. en C. el predio “El Indio”, identificado con el folio de matrícula No.
2260000998 y ubicado en el municipio de Ariguaní (Cesar).
Sostiene que el predio arrendado tenía sembradas 200 hectáreas de palma africana
y, además, que algunos espacios del latifundio se destinaban a la explotación
ganadera.
Advierte que, en el mes de noviembre de 2006, ocurrió una creciente del río
Ariguaní, la cual produjo la desviación del cauce de esa fuente hídrica y con ello la
inundación de varios predios rurales ubicados en el citado municipio.
Indica que, en fecha indeterminada, algunos propietarios de esos predios solicitaron
una autorización a CORPOMAG para reencausar y tapar el desvío del río, a través
de trabajos realizados con maquinaria pesada.
Resalta que, dichas actividades produjeron la desviación total del cauce del río, la
cual provocó una afectación por desabastecimiento de agua en el predio “El Indio”,
conllevando así a la pérdida de 200 hectáreas sembradas de palma africana.
El accionante, arrendatario del predio “El Indio” para la época de los hechos,
considera que CORPOCESAR y CORPOMAG son patrimonialmente responsables
por la merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de la plantación y
producción de palma africana que se encontraba sembrada en este predio, pues, a
su juicio, ello se ocasionó porque las citadas autoridades no adoptaron ni
implementaron medidas necesarias, adecuadas y oportunas para evitar la
desviación del cauce del río Ariguaní.
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
2. Contestación
El 14 de junio de 20123 el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y
ordenó su notificación a las entidades públicas accionadas y al Ministerio Público.
2.1. CORPOMAG4 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que
el hecho lesivo no le era atribuible, toda vez que sus actuaciones se adelantaron en
cumplimiento de las facultades legales que le han sido conferidas. Formuló como
excepciones las que denominó “ausencia de responsabilidad, hecho de un tercero,
fuerza mayor y caducidad de la acción”.
2.2. CORPOCESAR5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando
que el daño alegado no le era imputable por cuanto no tuvo injerencia en su
causación. Formuló como excepciones las de falta de legitimación en la causa por
pasiva, caducidad de la acción y la genérica.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 15 de mayo de 20146 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. CORPOMAG7 y CORPOCESAR8 reiteraron los argumentos expuestos en el
escrito de la contestación a la demanda.
3.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 19 de junio de 20149 el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró probada la excepción de caducidad de la acción de reparación directa, al
3 Fl. 75 a 76, C.1.
4 Fl. 104 a 112, C.1.
5 Fl. 113 a 120, C.1.
6 Fl. 543, C.1.
7 Fl. 546 a 555, C.1.
8 Fl. 556 a 566, C.1.
9 Fl. 571 a 586, C.3.
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
constatar que habían transcurrido más de dos (2) años desde la fecha en que el
demandante tuvo conocimiento del daño y aquella en la que ejerció el derecho de
acción.
Al efecto, el Tribunal indicó: “[…] encuentra la Sala que el término de caducidad
debe contarse a partir de la respuesta al derecho de petición de fecha 20 de abril
de 2009 presentado por el señor Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo (demandante),
pues en esta respuesta por parte de CORPOCESAR (11 de mayo de 2009), se dejó
claro cuáles han sido hasta el momento las gestiones que dicha Corporación había
realizado para paliar los posibles daños presentados en el predio ‘El Indio’, y de tal
conocimiento devenía el interés o no de acudir ante la autoridad judicial competente,
en procura de la defensa de los derechos que consideraban violados por el posible
actuar negligente de las corporaciones demandadas. En este orden de ideas, se
observa que tomando como fecha de inicio para el cómputo de la caducidad de la
presente acción el 11 de mayo de 2009, se encuentra caducada; pues, desde el 11
de mayo de 2009, fecha en que se da respuesta a la petición del demandante, se
contaba con dos años posteriores para iniciar la acción, lo que nos lleva hasta el 11
de mayo de 2011, y observando la constancia dada por la Procuraduría 47 Judicial
II, la solicitud de conciliación extrajudicial sólo se presentó hasta el 8 de octubre de
2011, que excede, de lejos, el término de caducidad establecido en el artículo 136
del C.C.A., por lo que habrá de declarar probada la excepción de caducidad de la
acción”.
5. Recurso de apelación
El 10 de julio de 201410 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 31 de julio de 201411 y admitido el 5 de noviembre siguiente12.
5.1. El recurrente13 reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio.
Manifestó, además, que el a quo erró al declarar probada la excepción de caducidad
de la acción de reparación directa, toda vez que el demandante tuvo conocimiento
10 Fl. 588 a 593, C.3.
11 Fl. 595, C.3.
12 Fl. 601, C.3.
13 Fl. 588 a 593, C.3.
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
del daño “a partir del 16 de febrero de 2010”, pues desde esa fecha “conoció de los
perjuicios causados por los trabajos realizados en el río Ariguaní con maquinaria
pesada, desviando el cauce del río, lo que a la postre conllevó a la falta de agua en
el predio ‘El Indio’ y el daño a la plantación de palma”.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 3 de diciembre de 201414 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente
6.1. CORPOMAG15 y CORPOCESAR16 reiteraron los argumentos expuestos en el
trámite de primera instancia.
6.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda, supera
la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción
de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación17,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del Código
Contencioso Administrativo
2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
14 Fl. 604, C.3.
15 Fl. 610 a 618, C.3.
16 Fl. 618 a 628, C.3.
17 La pretensión mayor de la demanda se estima en $3.354.452.500.
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proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8618 del CCA.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño por hechos imputables a una omisión de CORPOCESAR y
CORPOMAG.
3. Vigencia de la acción
Mediante sentencia del 17 de junio de 2024, la Subsección C de la Sección Tercera
del Consejo de Estado determinó que, en el presente asunto litigioso, había operado
el fenómeno preclusivo de caducidad de la acción de reparación de reparación directa,
toda vez que transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció el
daño antijurídico y aquella en la que se presentó la demanda.
No obstante, lo anterior, mediante fallo de tutela del 19 de noviembre de 2024, la
Subsección “B” de esta misma Sección y Corporación dejo sin efectos la precitada
decisión y ordenó, además, que se “profiera una providencia de reemplazo, en la que
se valore el término de caducidad de la acción de reparación directa conforme a lo
precisado en esta sentencia”.
Ahora bien, aunque en esta providencia se acatará lo dispuesto por el juez de tutela
en el fallo del 19 de noviembre de 2024, en tanto toda autoridad judicial debe cumplir
las órdenes a él impartidas en marco de la acción de amparo constitucional, resulta
determinante y pertinente hacer las siguientes consideraciones con el propósito de
salvaguardar los postulados iusfundamentales de autonomía e independencia
judicial19, y de sometimiento de las autoridades judiciales y sus decisiones al imperio
18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
19 Artículo 228 de la Constitución Política: ““La Administración de Justicia es función pública. Sus
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con excepciones que
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
de la ley20.
En primer lugar, debe señalarse que, aunque la sentencia del 17 de junio de 2024
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció
con fundamento en las piezas procesales que en el asunto litigioso examinado no se
satisfizo el presupuesto procesal de vigencia de la acción de reparación directa, en
tanto transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que acaeció el hecho
dañoso y aquella en que se presentó la demanda, en el trámite de tutela,
específicamente en el fallo de segunda instancia, la Subsección B de la misma
Sección y Corporación, determinó que el extremo inicial para contabilizar la caducidad
de la acción iniciaría a correr desde el momento en que se demostró “el incumplimiento
de la obligación legal”.
Así, aunque la sentencia del 19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado estimó que “el término de caducidad
debe contarse, no desde el momento en que el accionante tuvo conocimiento de la
desviación del río, sino cuando se demostró el incumplimiento de la obligación legal
de las autoridades legales para regular dicho cauce”, debe reiterarse que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de
dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión
u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra
causa.
Entonces, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al dejar sin
efectos la sentencia del 17 de junio de 2024 proferida por esta Subsección, impuso
una pauta según la cual el término para ejercer el derecho de acción en casos de
omisión empezaría a correr a partir del día en que se demostró el incumplimiento
de un contenido obligacional, criterio que resulta contrario al fijado en la norma atrás
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán
con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y
autónomo”.
20 Artículo 230 de la Constitución Política: “Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al
imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judiciales”.
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citada. Precisamente, de lo probado en el caso en concreto pudo constatarse que,
diferente a lo considerado por el juez de tutela, el demandante conoció del daño el
16 de abril de 200921, por lo cual el término preclusivo inició a contabilizarse a partir
del 17 de abril de 2009, que corresponde al día siguiente a aquel en que, con grado
de certeza, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo conoció y/o debió conocer del hecho
lesivo alegado, en tanto puso en conocimiento de CORPOMAG que el cauce del río
Ariguaní había sido desviado por trabajos realizados con maquinaria pesada y sin
contar con la debida autorización.
En segundo lugar, es imperioso subrayar que las decisiones judiciales a las que se
hizo referencia en el fallo de tutela del 19 de noviembre de 2024 proferido por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado22, no tienen la calidad
ni reúnen los requisitos para erigirse como un precedente judicial obligatorio, pues
aunque puedan considerárseles antecedentes judiciales sobre una materia, no son
providencias de unificación, tampoco fueron adoptadas por el pleno de la Sección o
de la Corporación, ni son precedente obligatorio, por lo que no resultan vinculantes
para la Subsección C, ni se constituye en un parámetro obligatorio para el
razonamiento judicial y por tanto no vincula al juez del proceso ordinario que en su
decisión debe apegarse a lo que establece la ley23.
21 Lo probado en el proceso permitió constatar que el 16 de abril de 2009, Joaquín Tomás Ovalle
Pumarejo presentó una petición ante CORPOMAG en la que señaló que en la cuenca del río Ariguaní
“[…] varios usuarios de esta realizaron trabajos sobre el río, sin autorización alguna con maquinaria
pesada, desviando el cauce y talando árboles”. Además, en el citado escrito se indicó expresamente
que “[…] a la altura de nuestra bocatoma (canal Jordi – Ovalle) el río fue desviado, de tal forma que
ni siquiera en la estación lluviosa tenemos acceso a nuestro litraje, causándonos con esto enormes
perjuicios en nuestras actividades agrícolas y pecuarias”. (Fl. 26 y 27, C.2 del expediente).
22En el pie de página No. 12 de la referida providencia expresamente se señaló: “(…) la Sección
Tercera del Consejo de Estado en casos de omisión de las autoridades de policía en cumplimiento
de la obligación legal de realizar el desalojo, consideró que el término de caducidad iniciaba desde
cuando resultara evidente que las autoridades no darían cumplimiento a su obligaciones y el
demandante no podría recuperar por esta vía la posesión del predio (ver: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2014, Exp. 26212, posición
reiterada por la Subsección A en sentencia del 3 de julio de 2020, Exp. 55308; Subsección C, en
sentencia del 31 de mayo de 2021; Subsección B, en sentencia del 8 de abril de 2024, Exp. 64874
y del 10 de octubre de 2024, Exp. 61708. En este caso, se aplicará el precedente jurisprudencial
por analogía, al tratarse de la situación en la que el solicitante evidencia que la autoridad ambiental
no ejercerá su obligación legal de regular el cauce del río, momento a partir del cual empezará a
contar la caducidad de la acción de reparación directa”. (Se resalta)
23 Bajo esta noción, la Corte Constitucional ha indicado los criterios a tener en cuenta para identificar
el precedente, estos son: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente,
presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un
problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o
las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al
que se debe resolver posteriormente.”. Ver sentencias T-1317 de 2001, T-292 de 2006, T-794 de
2011, SU230-15 y SU449 -16.
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Con ello, debe resaltarse que cada asunto litigioso goza de una identidad procesal
y probatoria propia, luego, la valoración de las piezas procesales y la decisión
judicial que se adopte en cada caso no puede suponer el desconocimiento de una
decisión que con antelación se adoptó por hechos disímiles y que no guardan una
exacta homogeneidad, por lo que adoptar un criterio por vía de una acción de tutela,
para hacer la subrogación de la providencia que se busca derogar o modificar y
pretender que las otras autoridades judiciales lo acojan por tratarse de una
providencia que carece de fuerza vinculante como criterio para las decisiones
judiciales, por no tratarse de una sentencia de unificación ni de un precedente
obligatorio, desatiende los postulados de autonomía judicial, seguridad jurídica y de
sometimiento de las autoridades judiciales al imperio de la ley.
Finalmente, en tercer lugar, es importante destacar que, el presente asunto litigioso,
no guarda relación alguna con la regla que el juez de tutela de segunda instancia
estableció para dejarla sin efecto, pues dio alcance de regla obligatoria a un evento
que no tiene vínculo alguno con el caso examinado como erróneamente se pretende
hacer ver en el fallo de tutela. Es más, el “precedente” que trae la precitada
providencia de tutela se refiere a un caso de omisión en las actividades de policía
en un desalojo, cuando aquí lo que se discute es la indemnización de perjuicios por
los daños causados a unos predios por la desviación del cauce de un río. De hecho,
en el escenario de que se llegase a entender que la similitud entre la sentencia
traída como precedente y el supuesto establecido en la providencia revocada se
refiere a la certeza de la falta de actuación de las autoridades, tampoco el
antecedente jurisprudencial resultaría aplicable, en cuanto el contenido obligacional
en uno y en otro caso eran distintos, pues, el antecedente que se pretende aplicar
“analógicamente” trataba sobre una actuación positiva (hacer el desalojo) y el
presente negocio versa sobre una omisión por no haber evitado un resultado
dañoso.
En definitiva, la sentencia de tutela del 28 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se apartó de los
precedentes constitucionales antes invocados y del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo, dado que varió el criterio para computar el término de
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caducidad de la acción de reparación directa, por las razones expuestas en
precedencia.
Ahora bien, pese a que, como se indicó anteriormente, no se comparte la decisión
adoptada por la Subsección B de la Sección del Tercera del Consejo de Estado, es
obligación del juez acatar lo impartido en la orden de tutela, de modo que en el caso
en concreto se examinará el cómputo del citado presupuesto procesal atendiendo
las directrices impartidas en el fallo del 28 de noviembre de 2024.
Según lo expuesto, se evidencia que, a juicio del juez de tutela, “el término de la
acción de reparación directa comenzó a correr entre el 2 y el 11 de mayo de 2012,
luego, si la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 8 de octubre de 2011
y la demanda se interpuso el 7 de febrero de 2012, es evidente que la acción se
ejerció dentro del término legal”. Por lo anterior, de acuerdo con lo determinado en
la sentencia de tutela del 28 de noviembre de 2024, proferido por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, se advierte que el ejercicio del
derecho de acción se ejerció en tiempo, es decir, antes del vencimiento de los dos
(2) años establecidos en la ley procesal vigente para presentarla de forma oportuna.
Ello implica entonces emitir pronunciamiento de fondo sobre la controversia, en
estricta atención a lo ordenado por el juez constitucional.
4. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis24.
4.1. Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo está legitimado en la causa por activa, pues
acreditó ser el arrendatario del predio “El Indio”, identificado con el folio de matrícula
No. 2260000998 y ubicado en el municipio de Ariguaní (Cesar), el cual, según se
afirma, resultó afectado por el desabastecimiento de agua debido a que
24 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
CORPOMAG y CORPOCESAR no adoptaron ni implementaron medidas
necesarias, adecuadas y oportunas para evitar la desviación del cauce del río
Ariguaní. De esta información da cuenta el contrato de arrendamiento del 19 de
febrero de 2006, suscrito entre Joaquín Tomás Ovalle Muñoz y Joaquín Tomás
Ovalle Pumarejo25, así como el certificado de tradición expedido por la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del municipio de Plato (Magdalena)26.
4.2. CORPOMAG y CORPOCESAR están legitimadas en la causa por pasiva, pues
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 31 de la Ley 99 de
199327, son las autoridades administrativas encargadas de “ejecutar obras de
irrigación, avenamiento, defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y
corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean necesarias para la
defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio
de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores del
Sistema Nacional de Adecuación de Tierras, conforme a la disposiciones legales y
a las previsiones técnicas correspondientes”. Asimismo, por ser las entidades a
quienes se les imputa el hecho dañoso padecido por la demandante.
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el sub-lite se causó un daño antijurídico,
consistente en la merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de
plantación y producción de palma africana, debido a una omisión de las accionadas
en la adopción e implementación de medidas necesarias, adecuadas y oportunas
para evitar la deviación del cauce del río Ariguaní.
6. Solución del problema jurídico
Antes de entrar a resolver el problema jurídico que se ha planteado es conveniente
hacer unas consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado.
25 Fl. 2, C.1.
26 Fl. 36 a 37, C.1.
27 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental – SINA, y se dictan otras disposiciones.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199128 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho29, que contraría el orden legal30 o que está desprovista de una
causa que la justifique31, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida32, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado, que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros33.
28 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
30 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
32 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
7. El caso en concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia del 19 de junio de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción
de caducidad de la acción de reparación directa, el extremo activo reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de la demanda. Además, señaló que el a quo
erró al declarar probado el medio exceptivo de caducidad de la acción, toda vez que
el demandante tuvo conocimiento del daño “a partir del 16 de febrero de 2010”, pues
desde esa fecha “conoció de los perjuicios causados por los trabajos realizados en
el río Ariguaní con maquinaria pesada, desviando el cauce del río, lo que a la postre
conllevó a la falta de agua en el predio ‘El Indio’ y el daño a la plantación de palma”.
En este sentido, y comoquiera que sólo el demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 19 de junio de 2014 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del
Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub-lite en aquello que se
reprocha como desfavorable en el recurso34. Por ello, a continuación, se analizará
si CORPOMAG y CORPOCESAR son patrimonialmente responsables por la
merma y/o aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de plantación y
producción de palma africana, que se encontraba sembrada en el predio arrendado
por el demandante.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
34 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
7.1. Hechos probados
De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso se demostraron los siguientes hechos:
7.1.1. Se acreditó que el 19 de febrero de 2006, la sociedad Ovalle Pumarejo y Cía.
S. en C. arrendó a Joaquín Tomás Ovalle Muñoz el predio denominado ‘El Indio”,
identificado con el folio de matrícula No. 2260000998 y ubicado en el municipio de
Ariguaní (Cesar). De esta información da cuenta copia auténtica del referido
documento35.
7.1.2. Se probó que, en el mes de noviembre de 2006, ocurrió una creciente del río
Ariguaní, la cual produjo la desviación del cauce de esa fuente hídrica y con ello la
inundación de varios predios rurales ubicados en el municipio del mismo nombre.
De esta información da cuenta el oficio del 12 de marzo de 2007, suscrito por Félix
Vides Pérez, Coordinador del proyecto de aguas del río Ariguaní36.
7.1.3. Está acreditado que, en fecha indeterminada, algunos propietarios de los
referidos predios solicitaron un permiso a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena para reencausar y tapar el desvío del río a través de trabajos realizados
con maquinaria pesada. De esta información da cuenta el oficio del 12 de marzo de
2007, suscrito por Félix Vides Pérez, Coordinador del proyecto de aguas del río
Ariguaní37.
7.1.4. Está probado que el 10 de marzo de 2007, funcionarios de CORPOCESAR y
CORPOMAG adelantaron una inspección ocular a varios predios ubicados sobre el
caudal del río Ariguaní, con el fin de evaluar el cauce, caudal y bocatomas de esa
fuente hídrica. En curso de esa visita, funcionarios de las referidas autoridades
evidenciaron “una fuerte intervención en el cauce del río por trabajos con maquinaria
pesada”. De esta información da cuenta el oficio del 12 de marzo de 2007, suscrito
por Félix Vides Pérez, Coordinador del proyecto de aguas del río Ariguaní38.
35 Fl. 2, C.2.
36 Fl. 7 a 13, C.2.
37 Fl. 7 a 13, C.2.
38 Fl. 7 a 13, C.2.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
7.1.5. Se demostró que el 16 de abril de 2009, Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
presentó una petición ante CORPOMAG en la que señaló que en la cuenca del río
Ariguaní “[…] varios usuarios de esta realizaron trabajos sobre el río, sin
autorización alguna con maquinaria pesada, desviando el cauce y talando árboles”.
Además, en el citado escrito se indicó expresamente que “[…] a la altura de nuestra
bocatoma (canal Jordi – Ovalle) el río fue desviado, de tal forma que ni siquiera en
la estación lluviosa tenemos acceso a nuestro litraje, causándonos con esto
enormes perjuicios en nuestras actividades agrícolas y pecuarias”. De esta
información da cuenta copia auténtica del referido documento39.
7.1.6. Consta que el 16 de febrero de 2010, el señor Ovalle Pumarejo presentó una
petición ante CORPOCESAR en la que manifestó que en la cuenca del río Ariguaní
“[…] varios usuarios de esta realizaron trabajos sobre el río, sin autorización alguna
con maquinaria pesada, desviando el cauce y talando árboles sin permiso alguna
por parte de autoridad competente”. De esta información da cuenta copia auténtica
del referido documento40.
7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver los cargos invocados en el recurso de apelación, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace
necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y
ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
39 Fl 26, C.2.
40 Fl 27, C.2.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
patrimonial de la Administración41-42.
7.2.1. Falta de prueba de un daño resarcible
En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma y/o
aminoración patrimonial sufrida por la pérdida de la plantación y producción de
palma africana sembrada en el predio rural “El Indio”, en tanto el desabastecimiento
de agua que lo produjo fue ocasionado porque CORPOCESAR y CORPOMAG no
adoptaron ni implementaron medidas necesarias, adecuadas y oportunas para
evitar la desviación del cauce del río Ariguaní.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho43, que contraría el orden legal44 o que está desprovista de una
causa que la justifique45, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida46, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que, aunque ilustra en
41 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
42 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que, dentro del concepto y la configuración de la
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias,
cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado,
y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
44 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
46 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
términos generales el fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
Además, el daño – para que sea resarcible – debe ser cierto47, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual. La certeza del daño
supone, pues, un conocimiento claro y seguro de su existencia, dimensión e
intensidad, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, porque si se
trata de una mera posibilidad de producirse o una hipótesis, no puede erigirse como
un daño indemnizable48. Entonces, un menoscabo con carácter eventual y/o
hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas no es susceptible de ser reparado,
pues, los conceptos de eventualidad y certeza son opuestos y el daño, se insiste,
debe ser cierto para que satisfaga los requisitos para ser indemnizable.
Ahora bien, se observa que además de los medios de prueba obrantes en el
proceso, de los cuales ya se hizo un recuento en el respectivo capítulo de hechos
probados, reposa en el expediente el dictamen pericial rendido por el ingeniero
agrónomo Rodrigo Enrique Álvarez Martínez, el cual tuvo por objeto “establecer el
avalúo del daño emergente, los demás daños y perjuicios ocasionados en el cultivo
de palma establecidos en dicho predio que fueron causados por el desvío del cauce
del río Ariguaní”. El tenor literal del dictamen fue el siguiente49:
“[…] Al llegar al predio ‘El Indio’ en un tractor me traslade al sitio de la bocatoma
del predio ‘El Coraje’ que es donde sale el agua que llega por canales al predio ‘El
Indio’. Allí pude constatar que es cierto que se construyó un terraplén en toda la
cabecera de la bocatoma que desvío el cauce natural del río, esto se realizó con
el fin de proteger unos cultivos de palma contra los posibles embates del río, contra
las riberas de dichos cultivos a causa de las crecientes, pero nunca se tuvo en
cuenta el daño que se le podía causar a la captación de la fuente hídrica de dicho
canal.
Acto seguido me trasladé en el mismo tractor a los cultivos de palma de la finca
‘El Indio’ y allí me encontré con 11 lotes perfectamente delimitados y con sus
canales de riego en condiciones para ser utilizados y los lotes se encuentran en
buenas condiciones, pero muestran el estrés causado por falta de riesgo oportuno.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.
13.186 “…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad”.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.:
70774.
49 Fl. 455 a 467, C.1.
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Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
En esta del país (sic) donde se presenta el litigio es más exigente por encontrarse
en el caribe seco colombiano donde solo cae en estos momentos precipitaciones
anuales que exilan entre 1000 y 1200 mm y como se dijo anteriormente, la palma
para un buen desarrollo y producción necesita mínimos de 2500 mm anuales por
lo que el resto o diferencia tiene que ser aportado al cultivo por riesgo artificial por
gravedad a través de las aguas provenientes del canal o acequia de la bocatoma
del predio ‘El Coraje’.
Debo destacar que el cultivo de aceite es uno de los más exigentes en cuanto el
uso del riego ya que para producir una cantidad aceptable de frutos que lleguen a
las 25 toneladas por hectáreas se requiere mínimo de 2500 mm de precipitación
de agua al año y para poder vivir sin secarse 1300 mm, lo que nos indica la
importancia del riego artificial en esta zona.
AVALÚO COMERCIAL DEL ÁREA AFECTADA
DAÑO EMERGENTE
En el área afectada se pudo observar que la densidad de siembra en los lotes ha
bajado de una forma alarmante por lo que se procedió a efectuar un inventario de
las plantas por lotes dando el siguiente resultado:
LOTES PLANTAS PLANTAS DEFICIT
2013 2009
A1 2043 2259 216
A2 4213 4368 155
A3 932 1001 69
A4 2085 2431 346
A5 1870 1893 23
A6 4032 4321 289
B1 1697 2002 305
B2 1828 2480 652
B3 1682 2206 524
B4 1360 1573 213
B5 1716 3570 1858
TOTALES 21742 28104 4650
HECTÁREAS 152,041958 196,531469 32,5174825
Como podemos observar en el cuadro antes del 2009, ya se ven las pérdidas de
palma por falta de la oportuna y eficiente aplicación de riego pide el pago de 19
hectáreas a 2010 pero hoy a la fecha se han perdido 13,5 hectáreas más para un
total de 32,5.
DAÑO EMERGENTE
Es el valor que tiene el objeto o actividad de la cosa afectada, en nuestro caso son
las 32,517 hectáreas desaparecidas en el cultivo por causa de la sequía causada
por la falta de riego oportuno en el cultivo, a causa del daño causado de la
bocatoma en el rio Ariguaní de la fuente hídrica que abastece al predio ‘El Indio’
para regar adecuadamente el cultivo de palma establecido en el predio ‘El Indio’.
En Colombia el precio promedio para establecer una hectárea de palma es de
$10.000.000.
HECTÁREAS VALOR H/A TOTAL DAÑO EMERGENTE
AFECTADAS ESTABLECIDA
32,5174825 $10.000.000 $325.174.825
Ahora, se procede a sacar los daños y frutos naturales, un cultivo de palma de
aceite es económicamente viable y rentable hasta los 25 años de vida promedio y
cada hectárea está produciendo en promedio 25 toneladas por año. El cultivo
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
encontrado de las palmas es de 11 años, pero la demanda fue presentada el año
pasado por lo que tomo faltante la vida útil del cultivo de 15 años, ya que el año
pasado tenían 10 años de sembrado.
Un cultivo comercial de palma tiene sembradas 147 plantas.
HECTAREAS MUERTAS 32, 5
Pérdida total: 32,5
Vida comercial cultivo años: 25
Producción toneladas año: 25
Precio tonelada año 2010: 283.500
Años vida faltantes: 15
Total perdidas: 3.455.156.250
DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN 167,5 HECTAREAS A LA FECHA
Hectáreas afectadas: 167,5
Producción toneladas año: 25
50% producción: 12,5
Precio tonelada año 2010: 283.500
Años transcurridos: 4
Total pérdidas: 2.374.312.500
VALOR INDEMNIZACIÓN DE LOS PERJUICIOS:
Daño emergente: $325.174.825
Pérdida 32,5 hectáreas: 3.455.156.250
Baja en producción: 2.374.312.500
Intereses pérdida total hectáreas: 891.011.979
Intereses por baja de rendimientos en hectáreas: 612.317.356
Total: $7.657.972.919
SON: SIETE MIL SIESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS.
Con la rata (sic) de muerte de palmas en el cultivo el predio ‘El Indio’ no está
diciendo que si CORPOCESAR y CORPOMAG no toman la decisión de hacer que
el cauce del rio vuelva a su cauce natural, en menos de 7 años no existirá cultivo
de palma en el predio ‘El Indio”.
A estos efectos, se tiene que el artículo 237 del Código de Procedimiento Civil
señala que para otorgar valor probatorio a la prueba pericial, el dictamen debe ser
claro, preciso y detallado. Además, el artículo 241 de la citada disposición establece
que el juez deberá analizar la prueba en relación con el hecho que se pretende
probar; la competencia del perito, esto es, que sea un experto en la materia técnica
analizada; que no haya motivos para dudar de su imparcialidad; que esté
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
fundamentando con conclusiones claras y precisas; que se haya permitido su
contradicción y, que otras pruebas no lo desvirtúen50.
Así las cosas, en atención a lo expuesto, se observa que el dictamen pericial rendido
por el ingeniero Álvarez Martínez carece de eficacia probatoria, toda vez que no
satisfizo las exigencias formales previstas en las disposiciones transcritas, dado que
no ofrece un análisis técnico y objetivo que permita acreditar que, efectivamente, el
demandante sufrió una pérdida en la plantación y producción de plata africana
sembrada en el predio rural “El Indio”, y así, la configuración de un daño antijurídico.
Precisamente, debe señalarse que, si bien la prueba pericial sugirió que el daño
reclamado por el demandante se encontraba acreditado con fundamento en “un
inventario de las plantas por lotes”, lo cierto es que ello no deja de ser una simple
afirmación y/o una mera conjetura del auxiliar de la justicia, en tanto carece de
prueba que así lo corrobore. Al efecto, debe señalarse que, pese a que el ingeniero
Álvarez Martínez sostuvo que el demandante sufrió una merma patrimonial en razón
a la pérdida de la plantación y producción de palma africana, lo cierto es que junto
al dictamen pericial no se aportó ni anexó, otra información que permitiera
establecer y/o cotejar dicha información con grado de certeza y así establecer si, en
efecto, hubo lugar a la causación de un daño susceptible de ser indemnizado.
Adicionalmente, es pertinente resaltar que la pericia rendida en el presente proceso
arribó a unas conclusiones sin precisar cuál fue la metodología que implementó para
llegar a tales resultados, desatendiendo así lo previsto en los artículos 237 y 241
del Código de Procedimiento Civil, lo cual impone concluir que las mismas carecen
de objetividad y certeza, de modo que impiden acreditar el menoscabo económico
alegado por el accionante. En definitiva, se reitera que el dictamen pericial rendido
por el ingeniero agrónomo Álvarez Martínez carece de eficacia probatoria, pues
como se señaló anteriormente, es huérfano de un análisis técnico, cierto, preciso y
objetivo que permita acreditar de manera sólida, clara y exhaustiva y, con grado de
certeza, la merma patrimonial alegada en el escrito de la demanda.
50 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”.
Sentencia del 13 de marzo de 2024, Rad.: 55437.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
Bajo el anterior contexto, se observa, entonces, que no existe prueba alguna que
permita acreditar que Joaquín Tomas Ovalle Pumarejo sufrió un menoscabo
económico por la supuesta pérdida de plantación y producción de palma africana
que se encontraba sembrada en el predio “El Indio” ubicado en el municipio de
Ariguaní (Cesar). Justamente, se echa de menos que la parte accionante hubiese
acreditado a través de los diferentes medios probatorios con lo que se cuenta en un
estadio procesal la certeza del daño alegado en el escrito de la demanda. Al
respecto, es pertinente resaltar que la sola referencia de estos hechos por la parte
demandante no resulta suficiente para tener por probado el menoscabo alegado, en
tanto no puede la propia parte que alega un hecho probarlo con su dicho.
Sí, es que debe resaltarse que las escasas pruebas documentales aportadas al
plenario (hechos probados 7.1.1 a 7.1.6) y, específicamente, el dictamen pericial
decretado y practicado en el proceso no son suficientes para tener por acreditada
la causación del daño alegado en la demanda, pues, conforme lo ha señalado esta
Subsección en anteriores oportunidades51, un menoscabo con carácter eventual y/o
hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas no es susceptible de ser reparado,
pues, los conceptos de eventualidad y certeza son opuestos y el daño, se insiste,
debe ser cierto para que satisfaga los requisitos para ser indemnizable.
En suma, se evidencia que el daño reclamado no tiene el carácter de cierto y en tal
sentido no puede ser indemnizable, pues, como se indicó precedentemente, los
medios suasorios decretados y practicados en el proceso no fueron suficientes para
probar, con grado de certeza, la merma y/o afectación patrimonial por la supuesta
pérdida de plantación y producción de palma africana que se encontraba sembrada
en el predio “El Indio” ubicado en el municipio de Ariguaní (Cesar), lo que ubica
dicho menoscabo en el campo de lo eventual e hipotético.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte
actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento
Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 3 de febrero de 2025, Rad.:
70774.
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Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño que se alega
requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus,
impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la
responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política, no es posible su declaración.
Por otra parte, en su aspecto sustancial, debemos considerar que la causación y
prueba de un daño antijurídico, junto con la acreditación de los demás elementos
de la responsabilidad, genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo
sufre y, como obligación de contenido crediticio de reparación integral derivada del
juicio de responsabilidad, su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y
como se desprende del artículo 1757 del Código Civil52. Por lo tanto, tratándose
de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación, es un deber
insoslayable del acreedor, que solo excepcionalmente puede suplirse por orden
del juez o en virtud de la ley, pues ello rompe el equilibrio de la relación subyacente
a la discusión de la obligación misma.
Por lo anteriormente expuesto, se revocará la sentencia del 19 de junio de 2014,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción
de caducidad de la acción de reparación directa para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, al constatar que no existen pruebas que den cuenta
de la causación cierta y directa del daño antijurídico alegado por el demandante, sin
el cual no es posible estructurar responsabilidad alguna en contra de la
Administración
7. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.
52 “Artículo 1757. Persona con la carga de la prueba. Incumbe probar las obligaciones o su extinción
al que alega aquéllas o ésta.”
24
Radicación: 20001233100020120006501 (52183)
Demandante: Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción de caducidad
de la acción de reparación directa, y en su lugar, se dispone a NEGAR las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS.
TERCERO: Se RECONOCE personería judicial a Victoria Margarita Arteaga
Lacouture, identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.761.127 y portadora de
la tarjeta profesional No. 146.517 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderada sustituta de Joaquín Tomás Ovalle Pumarejo, conforme a la
sustitución a esta otorgada53 y a lo dispuesto en los artículos 75 del CGP y 5º de la
Ley 2213 de 2022.
CUARO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
53 Índice No. 147, SAMAI – Consejo de Estado.
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