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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02033-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2015-02033-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: 74 Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de agosto de 2014. Expediente. 28.832, MP Danilo Rojas Betancourt. 75 Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 76 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior (…)”. 36 Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548) Demandante: Orlando Álvarez Dávila PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada el 27 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandante en favor de la entidad demandada, las cuales serán tasadas de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2015-02033-02

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

22 de mayo de 2026

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila
Demandado: Ecopetrol S.A.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia dictada el 24 de junio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda. La Sala es competente para proferir esta
providencia porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia dictada por un tribunal administrativo, el cual conoció el proceso en
primera instancia debido a su naturaleza y a la cuantía estimada en la demanda.1

SÍNTESIS

El demandante solicita la declaratoria de responsabilidad patrimonial de
Ecopetrol S.A. y la indemnización de perjuicios por: i) la presunta ocupación ilegal
del predio de su propiedad denominado El Palmar para la construcción del pozo
Infantas 3665 y sus obras complementarias; ii) la lesión sufrida en su hombro
izquierdo cuando se opuso a la ejecución del oleoducto, y iii) el daño ambiental
causado a la fuente hídrica del predio por la sedimentación generada durante las
obras del pozo Infantas 2484. Se confirma la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, por cuanto la parte actora no logró
acreditar la existencia de los daños alegados.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. El señor Orlando Álvarez Dávila presentó demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa el 26 de agosto de 2015, la cual fue subsanada el 8

1
Según el numeral 6° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 los Tribunales Administrativos conocen en
primera instancia las demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV, lo que al
momento de presentación de la demanda ascendía a TRESCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($322.175.000). En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS ($871.540.333).

1

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

de octubre de 2015, en contra de la Empresa Ecopetrol S.A., en adelante,
“Ecopetrol”, de acuerdo con las siguientes pretensiones:

PRIMERA.- Declarar que La Nación (ECOPETROL S.A). es administrativamente
responsable de los daños causados a ORLANDO ÁLVAREZ DÁVILA, por la ocupación
de hecho y permanente del inmueble denominado EL PALMAR, en la construcción del
pozo infantas 3665, la vía de acceso, las líneas mecánica, eléctricas, de producción y
el oleoducto de doce pulgadas (12").
SEGUNDA.- Declarar que La Nación (ECOPETROL S.A) es administrativamente
responsable de los daños ocasionados a la fuente hídrica del predio EL Palmar, con
ocasión de los trabajos realizados en la construcción del Pozo Infantas 2484.
TERCERA.- Condenar, en consecuencia, a La Nación a restituir al señor ORLANDO
ÁLVAREZ DÁVILA, las áreas de terreno ocupadas de hecho y permanente por
ECOPETROL S.A., donde construyó ilícitamente el pozo infantas 3665 y el oleoducto
de doce pulgadas (12").
CUARTA.- Condenar a La Nación, como reparación de los daños ocasionados por
ECOPETROL S.A., a pagar al señor ORLANDO ÁLVAREZ DÁVILA, todos los perjuicios
ocasionados por las obras realizadas en el inmueble de su propiedad, conforme a la
siguiente liquidación o a las que se demostrasen en el proceso, así:
1.- Seiscientos Treinta Millones De Pesos ($630.000.000.00) M/cte por concepto de la
destrucción de aproximadamente Treinta y Cinco Mil Metros cúbicos (35.000 mts3) de
terreno en la construcción de las mencionadas obras.
2.- Ciento Noventa Millones de Pesos ($190.000.000.00) Mcte por concepto del daño
ocasionado a un kilómetro (1 Km.) aproximado de la fuente hídrica del predio EL
PALMAR, el medio ambiente, los recursos naturales, la flora y la fauna.
3.- Dos Millones Seiscientos Mil Pesos Mensuales ($2.600.000.00) por concepto de
lucro cesante, correspondiente a la suma que el dueño del predio dejó de recibir en
razón de la imposibilidad absoluta de usufructuar el terreno en la explotación económica
a la cual está destinado: cultivos, frutos, cría y venta de ganado, arrendamiento de
pastos, piscícola, etc.
4.- El equivalente a Veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de perjuicios morales, consistentes en el profundo trauma psíquico que
produjo el hecho de ser víctima de un acto arbitrario nacido por la falta de
responsabilidad de ECOPETROL S.A. al autorizar a la Policía Nacional del
corregimiento El Centro ingresar al predio EL PALMAR para que le brindara protección
a trabajadores de la firma contratista y realizaran la obra de construcción del Oleoducto,
lo que conllevó a la lesión del hombro del brazo izquierdo por el ultraje y maltrato al que
fui sometido.
QUINTA.- Las condenas respectivas serán actualizadas aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo.
SEXTA.- La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos del
artículo 195 de la ley 1437 de 2011. 2

2. El demandante expuso como fundamento fáctico, en síntesis, lo siguiente:

2.1 El señor Orlando Álvarez Dávila es propietario del predio denominado El
Palmar, ubicado en la vereda Campo Veinticinco, corregimiento El Centro,
Municipio de Barrancabermeja (Santander), identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 303‑48650.

2.2 El 7 de diciembre de 2005, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –
INCODER, mediante el Acuerdo 038 de 2005, reservó a favor de Ecopetrol los
terrenos baldíos comprendidos en los campos La Cira‑Infantas, situados en el

2
Cuaderno 1 folios 1 - 12. Subsanación, folio 18.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

municipio de Barrancabermeja, con el fin de adelantar actividades de exploración
y explotación petrolera.

2.3 Ecopetrol promovió distintas demandas con el propósito de imponer
servidumbres legales de hidrocarburos sobre el predio El Palmar por un término
de 80 años. Como resultado de dichos procesos, el Juzgado Segundo Civil
Municipal de Barrancabermeja profirió, entre 2010 y 2013, varias sentencias que
autorizaron la ocupación permanente de áreas específicas del inmueble para la
construcción de líneas de inyección, líneas eléctricas y demás obras necesarias
para la operación de los pozos del Campo Infantas.

2.4 En el año 2012, Ecopetrol solicitó el avalúo de perjuicios y la imposición de
servidumbre legal para la construcción de los pozos Infantas 3228 y 3245, la
adecuación de las locaciones de los pozos Infantas 609, 185, 100, 400, 449, 375,
549 y otros, la habilitación de vías de acceso y la instalación de líneas mecánicas
y eléctricas dentro del predio.

2.5 Entre los años 2003 y 2011, Ecopetrol ejecutó trabajos de adecuación y
abandono de varios pozos improductivos, incluido el pozo Infantas 375, antes de
la expedición del Acuerdo INCODER 038 de 2005 y antes de iniciar las demandas
de imposición de servidumbre sobre el predio El Palmar.

2.6 En octubre de 2013, Ecopetrol ordenó la construcción del pozo Infantas 3665,
la vía de acceso y las líneas mecánicas, eléctricas y de producción asociadas.
Posteriormente, en junio de 2014, ordenó la construcción de un oleoducto de
doce pulgadas. Estas obras generaron afectaciones al terreno y a las mejoras del
predio El Palmar y no fueron objeto de solicitud en las demandas de avalúo de
perjuicios ni en las de imposición de servidumbre legal de hidrocarburos.

2.7 Ecopetrol ocupó de hecho aproximadamente 43.850 m² (4,385 hectáreas) del
predio, área destinada a actividades productivas tales como ganadería, cultivos
y piscicultura.

2.8 La empresa no adelantó el procedimiento de servidumbre petrolera previsto
en la Ley 1274 de 2009 ni el trámite de expropiación administrativa; además, las
áreas ocupadas no se encuentran inscritas como servidumbres en el folio de
matrícula inmobiliaria del predio.

2.9 Ecopetrol ordenó a la Policía Nacional ingresar al predio del señor Orlando
Álvarez Dávila para brindar protección a los contratistas que ejecutaban la obra
del oleoducto. El demandante se opuso a dicha intervención y, como
consecuencia, fue maltratado y sufrió una lesión en el hombro izquierdo.

2.10 Durante la construcción del pozo Infantas 2484 se arrojaron sedimentos a la
fuente hídrica ubicada en el predio, lo cual ocasionó su contaminación, la muerte
de peces y afectaciones a la flora, la fauna y los recursos naturales. Por tal razón,

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

la Corporación Autónoma Regional de Santander –CAS, ordenó a Ecopetrol
retirar los sedimentos y adelantar labores de descontaminación.

2.11 El daño se atribuye a Ecopetrol a título de falla del servicio, porque ocupó de
manera ilegal el predio del demandante y realizó obras sin cumplir los trámites
legales. Cuando el demandante Orlando Álvarez Dávila se opuso a esas
intervenciones, fue lesionado en el hombro izquierdo por la actuación de la Policía
Nacional, que ingresó al predio por solicitud de la empresa. Además, Ecopetrol
contaminó la fuente hídrica al arrojar sedimentos durante la construcción del pozo
Infantas 2484, lo que agravó las afectaciones en el predio.

B. Posición de la parte demandada

3. Ecopetrol solicitó negar las pretensiones de la demanda; como argumentos
expuso:

3.1 Afirmó que los perjuicios reclamados ya habían sido tramitados, discutidos y
pagados en diversos procesos judiciales de imposición y tasación de
servidumbres. Sostuvo que en dichos trámites se constituyeron legalmente las
servidumbres, se practicaron los avalúos correspondientes y se fijaron y pagaron
las indemnizaciones a favor del señor Orlando Álvarez Dávila. Por ello, indicó que
no podía pretender una nueva reparación por hechos ya decididos y
ejecutoriados.

3.2 Señaló además que varios de los hechos expuestos en la demanda eran
irrelevantes, inexactos o constituían simples valoraciones subjetivas del actor.

3.3 Precisó que Ecopetrol había adquirido los derechos inmobiliarios mediante
procesos judiciales adelantados conforme a la Ley 1274 de 2009 “por la cual se
establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras”, norma
que establece que la indemnización por ocupación permanente es única y
ampara todo el tiempo durante el cual se ejerce la servidumbre.

3.4 Controvirtió la afirmación del actor relativa a la falta de autorización para
intervenir ciertas áreas, indicando que dichas obras se habían realizado
amparadas en una decisión judicial, luego de la constitución de los depósitos
judiciales correspondientes para el pago de los perjuicios generados y en
cumplimiento de las órdenes emitidas por los jueces competentes.

3.5 Aclaró que la empresa no era autoridad de policía ni tenía competencia para
impartir órdenes y que las actuaciones adelantadas por Ecopetrol correspondían
a la defensa de los derechos inmobiliarios que había obtenido judicialmente.

3.6 Propuso las excepciones de: i) “cosa juzgada,” señalando que existía identidad
de partes, objeto, causa y hechos entre las pretensiones de esta demanda y los
procesos civiles de imposición de servidumbre en los que ya se había discutido
y decidido la indemnización de perjuicios respecto del mismo predio; y ii) “inepta

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

demanda por indebida acumulación de pretensiones”, debido a que el
demandante había reunido en un solo proceso asuntos heterogéneos e
incompatibles entre sí, como la supuesta invalidez de sentencias ejecutoriadas
de imposición de servidumbre, la reclamación de indemnizaciones ya
reconocidas y pagadas, y alegaciones ambientales que no eran procedentes a
través del medio de control ejercido.3

C. Sentencia recurrida

4. El Tribunal Administrativode Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A
en providencia del 24 de junio de 2020, negó las pretensiones de la demanda
con base en las siguientes consideraciones:

4.1 El Tribunal concluyó que no hubo ocupación ilegal del predio El Palmar por
parte de Ecopetrol, porque: i) la empresa sí contaba con servidumbres de
hidrocarburos válidamente impuestas por la autoridad judicial, incluyendo la
sentencia del Juzgado Tercero Civil de Barrancabermeja del 24 de septiembre
de 2015 (Proceso 2015‑00270), cuya servidumbre abarcaba el área donde se
construyó el pozo Infantas 3665 y el oleoducto; y ii) la Ley 1274 de 2009 permitía
al titular de la servidumbre ejecutar todas las obras necesarias dentro del área
autorizada, sin requerir la imposición de una nueva servidumbre ni avisar al
propietario cada vez que interviniera el terreno. Por ello, el tribunal determinó que
el pozo 3665 y su infraestructura asociada no constituyeron una ocupación de
hecho y que el demandante ya había sido indemnizado mediante los depósitos
judiciales ordenados en los procesos civiles de servidumbre.

4.2 En ese orden de ideas, el tribunal valoró el dictamen pericial rendido en el
proceso y concluyó que sus inferencias no eran suficientes para demostrar una
ocupación ilegal del predio, pues partía de la premisa errónea de que la
servidumbre sólo permitía la construcción del pozo 375, y no mostró que la
plataforma del pozo 3665, las vías, las líneas o el oleoducto estuvieran por fuera
de las áreas previamente gravadas. Destacó que la Ley 1274 de 2009 confiere a
la servidumbre petrolera un carácter amplio que habilita todas las obras
necesarias dentro de la franja autorizada, por lo que el dictamen carecía de
soporte técnico para acreditar un daño antijurídico atribuible a Ecopetrol.

4.3 Respecto del daño ambiental alegado por la contaminación de la fuente hídrica
del predio El Palmar con ocasión de la construcción del pozo Infantas 2484, el
tribunal concluyó que el presunto daño no cumplía los requisitos para ser
indemnizable, por las siguientes razones:

4.3.1Dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado por la CAS, se
allegaron estudios técnicos y análisis de laboratorio que demostraron que el agua
no presentaba valores significativos de contaminación. Según dichos análisis, el
recurso hídrico resultaba apto para consumo pecuario, agrícola y recreativo,

3
Cuaderno 1, folio 66 - 74.

5

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

conclusiones que no fueron desvirtuadas por el demandante en el proceso
contencioso.

4.3.2 Se acreditó que Ecopetrol realizó los trabajos de retiro de sedimentos y
limpieza ordenados por la autoridad ambiental, lo cual impedía establecer la
magnitud real del daño o la existencia de un perjuicio residual. En consecuencia,
consideró que no se probó un daño antijurídico cierto, razón por la cual no es
posible reconocer perjuicios derivados de este hecho.

4.4 En cuanto a las lesiones personales que el actor atribuyó a la supuesta orden
impartida por Ecopetrol a la Policía Nacional para ingresar al predio, el tribunal
consideró que no se probó que Ecopetrol hubiera dado instrucción alguna a la
policía que pudiera generar responsabilidad. Aunque el demandante aportó
pruebas de una lesión en el hombro, no se acreditó el nexo causal; y aun si
hubiera existido un exceso de fuerza, dicha entidad no fue demandada, por lo
cual el tribunal consideró que el daño no podía ser imputado a Ecopetrol.

4.5 El Tribunal condenó en costas a la parte demandante, en aplicación del
artículo 361 de la Ley 1564 de 2012 - Código General del Proceso - CGP, por
haber sido la parte vencida en el proceso.

4.5.1 En cuanto a las agencias en derecho, las fijó en tres millones ciento cincuenta
mil pesos ($3.150.000), equivalentes al cero coma ocho por ciento (0,8 %) del
valor de la pretensión mayor4, a favor de la parte demandada, Ecopetrol S. A.

4.5.2 Respecto de los gastos procesales, aunque se había ordenado a la parte
actora consignar $100.000 como gastos al admitir la demanda y dicho pago se
acreditó, el tribunal señaló que no había certeza sobre su causación, por lo que
ordenó a la Secretaría liquidar el monto remanente de los gastos procesales y
cargarlo a la entidad correspondiente según esa verificación.5

D. Recurso de apelación

5. El demandante presentó recurso de apelación, en el cual formuló los siguientes
reparos:

5.1 En cuanto a la construcción del pozo Infantas 3665, afirmó que: i) la
construcción del pozo en el predio El Palmar se había realizado sin servidumbre
legal de hidrocarburos que la autorizara, pues ninguna de las servidumbres
impuestas con anterioridad incluía el área donde se ubicó la plataforma; ii)
sostuvo que Ecopetrol sí había tramitado formalmente servidumbres para otras
plataformas y líneas, pero no para el pozo 3665, lo cual, a su juicio, vulneró el
debido proceso, el derecho de propiedad y el procedimiento previsto en la Ley
1274 de 2009, y iii) señaló que el contrato de promesa de servidumbre No. 3574,
suscrito entre Ecopetrol y la propietaria del predio colindante, evidenciaba que la
4
La cual corresponde a seiscientos treinta millones de pesos ($630.000.000).
5
Índice 2 Samai, 2_ED_FALLO.rar(.RAR) NroActua 2.

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

empresa tenía proyectado desarrollar en ese predio vecino la plataforma y la línea
eléctrica del pozo 3665, y no en El Palmar.

5.2 En cuanto al daño ambiental, i) reiteró que durante las obras del pozo Infantas
2484 se habían arrojado sedimentos al cauce, generando contaminación,
mortandad de peces y afectaciones a la flora y fauna del predio, y ii) afirmó que
las resoluciones de la CAS habían ordenado labores de saneamiento y retiro de
sedimentos, y que Ecopetrol había reconocido la afectación de 7.300 m² de
pastos y su obligación de indemnizar. Por ello, consideró equivocado que el
tribunal hubiera negado la existencia de un daño indemnizable con fundamento
en un estudio técnico que no detectó contaminación; señaló que dicho resultado
obedecía al cumplimiento posterior de las medidas ambientales y no eliminaba el
daño inicial.

5.3 Respecto de la lesión física que le causaron, sostuvo que el tribunal incurrió
en un análisis probatorio equivocado al relacionarla con la construcción del pozo
3665. Explicó que la policía había ingresado al predio para proteger a los
trabajadores que construían el oleoducto sin título habilitante y que, al oponerse
a esa obra, Ecopetrol habría ordenado el ingreso policial sin orden judicial, lo que
produjo la lesión en su hombro izquierdo, acreditada mediante ecografía y
conceptos médicos. Indicó que existía un nexo causal entre la instrucción
impartida por la empresa y el daño sufrido.

5.4 Aportó junto con el recurso dos (2) documentos para incorporar como pruebas
al proceso: i) una comunicación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y ii) el
contrato de promesa de servidumbre No. 3574 respecto del predio Santa Fe
suscrito con la señora Edilia Pinzón Pinzón, el 28 de enero de 2014.6

E. Trámite relevante en segunda instancia

6. Mediante auto de 16 de julio de 20217 se admitió el recurso de apelación. Por
medio de auto de 15 de febrero de 20238 se resolvió la solicitud probatoria
incluida en el recurso de apelación por el demandante, en el sentido de tener
como prueba la comunicación del 29 de enero de 2020 expedida por la Agencia
Nacional de Hidrocarburos y de negar la solicitud de prueba referente a incorporar
al expediente al contrato de promesa de servidumbre. El 13 de abril de 2023 se
corrió traslado para alegar9. El demandante presentó alegatos de conclusión el
18 de abril de 2023,10 la Empresa Ecopetrol S.A. presentó alegatos de conclusión
el 25 de abril de 2023,11 El Ministerio Público rindió concepto.12 El 31 de mayo

6
El contrato de promesa de servidumbre No. 3574, celebrado entre Ecopetrol y la señora Edilia Pinzón
Pinzón, dueña del predio colindante denominado Santa Fe, establecía que en ese terreno la empresa
desarrollaría un tramo de la línea eléctrica y la vía de acceso al pozo Infantas 3665.
7
Índice 4 Samai.
8
Índice 11 Samai.
9
Índice 24 Samai.
10
Índice 28 Samai.
11
Índice 29 Samai.
12
Índice 30 Samai. El Ministerio Público concluyó que no se probó la ocupación permanente del área donde
se ubicó el pozo 3665, pues no existe determinación técnica que permita establecer si está o no dentro de

7

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

de 2023 el demandante allegó nuevamente pruebas al proceso,13 el 4 de octubre
de 2023 se negó la incorporación de las pruebas aportadas por el demandante,
por cuanto la solicitud se presentó de manera extemporánea y no se acreditó
ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA.14

II. CONSIDERACIONES

F. Procedencia y oportunidad del medio de control

7. La Sala precisa que de conformidad con las pretensiones de la demanda, la
parte actora reclama la indemnización de tres (3) daños, a saber: i) el generado
por la que aduce fue una ocupación ilegal de Ecopetrol a su predio para construir
el pozo Infantas 3665 y el oleoducto correspondiente; ii) el daño ambiental
causado a la fuente hídrica del predio de propiedad del accionante por
vertimiento de sedimentos durante las obras de construcción del pozo Infantas
2484 y, iii) la lesión ocasionada en el hombro izquierdo del demandante Orlando
Álvarez Dávila con ocasión del ingreso de la policía para custodiar a los
trabajadores que construían el mencionado oleoducto. En virtud de lo anterior, la
Sala procederá a analizar de manera individual la caducidad respecto de cada
uno de ellos.15

a. Caducidad del medio de control por la alegada ocupación ilegal del
inmueble

8. En cuanto a la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación
directa por ocupación permanente de inmuebles por la realización de obra
pública, el artículo 164 numeral 2 literal i de la Ley 1437 de 2011, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA,
establece que el medio de control de reparación directa debe promoverse:

(…) dentro de los dos (2) años siguientes al día siguiente de la ocurrencia de la acción
u omisión causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si ello ocurrió en fecha posterior, siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en el momento de su producción.

las servidumbres ya constituidas. Así mismo, señaló que no se acreditó daño a la fuente hídrica, dado que
los estudios ambientales reportaron niveles normales y Ecopetrol realizó los trabajos ordenados de retiro de
sedimentos. Finalmente, indicó que no se demostró el nexo causal entre las lesiones del demandante y
alguna actuación de Ecopetrol. Por ello, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia
13
Índice 32 Samai. El demandante allegó una vez cerrado el periodo probatorio en segunda instancia el 31
de mayo de 2023, fotografías de las que afirmó son los oleoductos construidos al interior de su predio.
14
Índice 34 Samai. El Consejo de Estado negó la incorporación de las tres fotografías aportadas por el
demandante el 31 de mayo de 2023, al no cumplirse ninguna de las causales del artículo 212 del CPACA
para admitir pruebas en segunda instancia y encontrarse precluida la etapa probatoria; además, advirtió que
no existía certeza sobre su autenticidad ni sobre la fecha en que fueron tomadas, por lo que carecían de
valor probatorio. En consecuencia, rechazó su incorporación y ordenó notificar la decisión por estado
electrónico, recordando a las partes la obligación de mantener actualizados sus canales de comunicación
15
Ahora bien, reiterada jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado que, cuando
una demanda versa sobre dos o más daños por los que se reclama indemnización de perjuicios, el término
de caducidad debe contarse individualmente frente a cada uno de ellos, dado que su ocurrencia o
conocimiento pudo haber sucedido en momentos diferentes. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia
del 28 de febrero de 2019. Expediente 25000–23–26 –000-2009-00569-01 (42.357), MP María Adriana
Marín.

8

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

8.1 A su vez, la Corporación, en auto de unificación del 9 de febrero de 2011, 16
precisó que en casos de ocupación permanente de la propiedad inmueble
originada en la realización de obra pública, el término de caducidad debe
contarse desde la finalización de la obra o desde cuando el actor conoció dicha
finalización si demuestra que no pudo conocerla antes.

8.2 Así, en estos eventos, el término preclusivo inicia, por regla general, al día
siguiente de la terminación de la obra, dado que desde ese momento surge para
el afectado un interés cierto para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo en procura de la reparación. Solo si se acredita que el
conocimiento de la finalización ocurrió en una fecha posterior, el término
empezará a correr desde el momento en el cual tuvo lugar dicho conocimiento.17

8.3 La Sala precisa que no obra en el expediente prueba que permita establecer
con exactitud la fecha en la cual finalizaron las obras, de manera que las
referencias temporales existentes provienen exclusivamente de las afirmaciones
contenidas en la demanda. En efecto, según el actor, las obras para la
construcción del pozo Infantas 3665 “iniciaron en el mes de octubre de 2013,
terminándose aproximadamente en febrero de 2014” y, en cuanto al oleoducto,
“se inició en el mes de junio de 2014, terminándose aproximadamente en el mes
de agosto de 2014;”18 la demanda, a su turno, se presentó el 26 de agosto de
2015.19 En ese contexto, y ante la ausencia de un elemento probatorio objetivo
que permita fijar una fecha distinta o anterior, para efectos del análisis de la
caducidad se tomará como referencia la última fecha indicada por el propio
demandante, esto es, el mes de agosto de 2014, sin que exista prueba de que
la obra hubiese culminado con anterioridad y sin perjuicio de que Ecopetrol haya
sostenido que la ejecución de las actividades se extendió hasta el año 2017.

8.4 La solicitud de conciliación prejudicial radicada el 10 de diciembre de 2014,20
suspendió el término de caducidad hasta por tres (3) meses, conforme al artículo
21 de la Ley 640 de 2001. La audiencia fue declarada fallida el 23 de abril de
2015.21

8.5 Como la audiencia se declaró fallida después del límite legal de tres meses,
la suspensión sólo operó del 10 de diciembre de 2014 al 10 de marzo de 2015
(tres meses). El término se reanudó el 11 de marzo de 2015. En consecuencia
el vencimiento inicial del 1º de septiembre de 2016 se extendió por tres meses,
hasta el 1º de diciembre de 2016. En todo caso, la demanda del 26 de agosto
de 2015 se presentó de manera oportuna, en lo que respecta a esta pretensión
reparatoria.

16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011. Expediente 54001-23-
31-000-2008-00301-01 (38.271). MP Danilo Rojas Betancourt.
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 9 de abril de 2025. Expediente 70517.
MP Adriana Polidura Castillo.
18
Cuaderno 1 folio 18.
19
Cuaderno 1 folios 1 - 12.
20
Cuaderno 2 de pruebas folios. 13 - 20.
21
Cuaderno 2 de pruebas folios 22-25.

9

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

b. Caducidad del medio de control derivada de la lesión en el hombro
derecho del demandante

9. En relación con la oportunidad para ejercer el medio de control de reparación
directa por la lesión sufrida por el demandante Orlando Álvarez Dávila, el artículo
164, numeral 2, literal i) del CPACA dispone que dicha acción debe interponerse
dentro de los dos (2) años siguientes al día siguiente a la ocurrencia del daño, o
desde el momento en que el afectado tuvo o debió tener conocimiento de este,
cuando dicho conocimiento se produzca en fecha posterior y siempre que
demuestre la imposibilidad de haberlo conocido al momento de su generación.

10. En relación con la lesión alegada, obran en el expediente diversos
documentos médicos.22 La Sala advierte que, aunque el demandante señaló que
la lesión se produjo el 25 de junio de 2014, dicha fecha no puede tenerse en
cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad, puesto que el único
elemento aportado para respaldarla corresponde a una fotografía, medio de
prueba que, por sí solo, no permite establecer de manera objetiva y cierta la
ocurrencia del daño ni sus circunstancias temporales. En consecuencia, el
término de caducidad del medio de control se contabilizará desde la ecografía
practicada el 20 de octubre de 2014 en la Clínica Marly de Bogotá, por ser la
valoración médica más antigua que acredita de forma objetiva la existencia de la
lesión y el conocimiento cierto del daño por parte del demandante.

11. En consecuencia, el término de dos años de caducidad vencía inicialmente el
21 de octubre de 2016, el cual se suspendió por tres (3) meses con ocasión de
la solicitud de conciliación presentada el 10 de diciembre de 2014, conforme al
artículo 21 de la Ley 640 de 2001, suspensión que operó hasta el 10 de marzo
de 2015. Reanudado el conteo el 11 de marzo de 2015, el vencimiento del
término se extendió hasta el 23 de enero de 2017, razón por la cual la demanda
presentada el 26 de agosto de 2015 fue oportuna, también en lo que respecta
a la pretensión encaminada a que se repare este daño.

c. Caducidad del medio de control por el daño ambiental a la fuente hídrica
ubicada en el inmueble del demandante

12. En idéntico sentido a lo expuesto con anterioridad, el artículo 164, numeral 2,
literal i) del CPACA dispone que el medio de control de reparación directa caduca
al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o desde cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si ello ocurrió en fecha

22 En el expediente obran, entre otros, los siguientes documentos médicos: Ecografía practicada el 20 de

octubre de 2014 en la Clínica Marly de Bogotá; solicitud de servicios del 11 de noviembre de 2014, expedida
por la doctora Diana Marcela Jiménez Suanca, profesional adscrita a los Servicios de Salud de Ecopetrol S.
A.; concepto médico emitido el 19 de noviembre de 2014 por el doctor León Felipe Valencia, en el que se
diagnosticó “tendinitis de la porción larga del bíceps izquierdo”; así como los registros de atenciones médicas
y fisioterapias realizadas los días 11 y 19 de noviembre de 2014, 1.º de diciembre de 2014 y 26 de marzo
de 2015. Cuaderno 2 de pruebas, folios 179 -183.

10

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

posterior, siempre que se pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha
de su ocurrencia.

13. Aunque la regla parece sencilla, su aplicación se torna compleja cuando debe
determinarse el momento exacto desde el cual comienza a correr el término. Esta
circunstancia ha llevado a la Sección Tercera del Consejo de Estado a precisar
el concepto de daño instantáneo, categoría bajo la cual se analiza el presente
caso.

13.1 La Sección Tercera ha precisado el alcance de esta categoría. En el auto del
1º de diciembre de 2016, la Corporación puntualizó:

[P]or el primero se entiende entonces, aquél que resulta susceptible de
identificarse en un momento preciso de tiempo, y que si bien, produce perjuicios
que se pueden proyectar hacia el futuro, él como tal, existe únicamente en el
momento en que se produce.23

13.2 Esta definición fue reiterada por la Sección Tercera en el auto interlocutorio
del 17 de septiembre de 2025, en el que se precisó que el daño instantáneo es
aquel susceptible de identificarse en un momento preciso de tiempo y que, si
bien produce perjuicios que se pueden proyectar hacia el futuro, se consolida de
manera única en el instante de su ocurrencia, en la providencia se indicó:

La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha diferenciado
entre daño instantáneo o inmediato y el daño continuado y/o de tracto sucesivo.
Por el primero se entiende aquél que resulta susceptible de identificarse en un
momento preciso de tiempo y que, si bien produce perjuicios que se pueden
proyectar hacia el futuro.24

13.3 En esa misma línea, cuando el perjuicio proviene de un hecho único e
identificable, la mera prolongación de sus efectos no altera su carácter
instantáneo ni modifica las reglas para el cómputo de la caducidad. La Sección
Tercera ha sostenido esta posición de manera constante. De hecho, en el auto
del 1º de diciembre de 2016 reiteró expresamente que la persistencia o
prolongación de los efectos no transforma un daño instantáneo en un daño
continuado:

[D]ebe dejarse claro que no puede identificarse que el daño que se proyecta en
el tiempo —continuado— sea equiparable a los efectos que éste pueda llegar
a ocasionar. [...] [T]anto el daño instantáneo como el continuado pueden llegar
a provocar secuelas o efectos que se extienden en el tiempo, pero que, de
todos modos, pueden llegar a ser concurrentes —tracto sucesivo— y
prolongarse mucho más allá de cuando adquiere notoriedad o se consolida, lo
que no quiere significar que en esos precisos casos la contabilización del
término de caducidad deba variar.25

23 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 1 de diciembre de 2016. Expediente 25000-23-36-000-

2013-02242-01. MP Hernán Andrade Rincón.
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 17 de septiembre de 2025. Expediente
73001-23-33-000-2024-00075-01 MP Nicolás Yepes.
25
Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 1 de diciembre de 2016. Expediente 25000-23-36-000-
2013-02242-01 MP Hernán Andrade Rincón

11

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

13.4 En esa providencia, la Sala aplicó este criterio a los daños derivados de obras
de infraestructura pública y señaló que el término de caducidad no se extiende
hasta la finalización total del proyecto, sino que corre desde el momento en que
concluyen las obras que afectan directamente el bien o el derecho del
demandante, aun cuando el proyecto general continúe.

13.5 A su turno, en el ya citado auto interlocutorio del 17 de septiembre de 2025,
la Sección Tercera aplicó la precitada regla al caso concreto y sostuvo:

[L]a Sala encuentra que el daño tiene el carácter de instantáneo porque se
consolidó en un único momento [...]. Cosa distinta es que como se explicó, en
específicas ocasiones, los perjuicios o efectos patrimoniales del daño se
prolonguen en el tiempo con posterioridad al momento del acaecimiento del
hecho dañoso que sirve de fundamento de la acción.26

13.6 En cuanto al cómputo de la caducidad en este escenario, la regla es que el
término de dos años corre desde el día siguiente al del acaecimiento del hecho
generador o, cuando el daño no es perceptible de inmediato, desde el momento
en que adquiere notoriedad para el afectado. Así lo precisó la Sección Tercera
en la sentencia del 30 de noviembre de 2017, en un caso de daño ambiental por
operación industrial: “El término de caducidad de la acción de reparación directa
debe empezar a contabilizarse (...) a partir del momento en que el daño adquirió
notoriedad o, en otras palabras, que los actores se percataron de su
existencia."27 Igualmente, en el auto del 1 de diciembre de 2016 antes citado, la
Sala precisó que el cómputo opera:

[A] partir del momento en que el daño adquiere notoriedad —cuando esta última
no coincide con la causación de aquel, es decir, cuando a pesar de haberse
producido, la víctima se encuentra en la imposibilidad de conocerlo—, o cuando
aquel se entiende consolidado —en los eventos en que el daño se prolonga en
el tiempo—.

13.7 La consecuencia práctica de esta regla es clara, en los supuestos de daño
instantáneo el afectado no puede esperar a que cesen los efectos del hecho
dañoso para acudir a la jurisdicción. El término corre desde que el daño fue o
debió ser conocido, con independencia de que sus consecuencias patrimoniales
o ambientales persistan.

13.8 En síntesis, cuando la conducta generadora del daño es instantánea, pero
sus efectos se proyectan en el tiempo, el momento que determina la iniciación
del cómputo del término de caducidad es el de la ocurrencia de la acción que
generó el daño y no los posteriores en los cuales puede verificarse la concreción
de los efectos que de ella se derivan.

26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 17 de septiembre de 2025. Expediente
73001-23-33-000-2024-00075-01. MP Nicolás Yepes.
27
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de noviembre de 2017. Expediente 08001-23-31-
000-1997-12087-01 MP Danilo Rojas Betancourth.

12

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

13.9 Sentado lo anterior, corresponde a la Sala determinar en cuál de estos
escenarios se enmarca el caso objeto de análisis, consistente en el vertimiento
de sedimentos en una fuente hídrica como consecuencia de la construcción del
pozo Infantas 2484 por parte de Ecopetrol.

13.10 En el caso concreto, el daño reviste carácter instantáneo, en tanto el hecho
generador se materializó con ocasión de los movimientos de tierra ejecutados
durante la construcción del pozo Infantas 2484, evento en el cual se produjo el
vertimiento de sedimentos que dio lugar a la afectación alegada. La circunstancia
de que sus efectos se hayan prolongado en el tiempo no desvirtúa dicha
naturaleza, pues no se está ante una conducta continuada de Ecopetrol, sino
frente a un hecho único con consecuencias que se proyectan en el tiempo. En
tal virtud, el cómputo del término de caducidad debe efectuarse a partir del
conocimiento del daño y no desde la persistencia de sus efectos.

13.11 La afectación causada por el vertimiento de sedimentos derivado de los
movimientos de tierra se evidenciaba, por lo menos, desde el 2 de diciembre de
2013. Así consta en la comunicación suscrita por los habitantes de la vereda
Campo 25, dirigida a David Bernardo Guzmán Estrada, Coordinador Regional
Mares de la CAS, y radicada ese mismo día ante la Corporación Autónoma
Regional de Santander. En dicho documento se dejó constancia de que los
firmantes conocían al demandante de vista y trato, y que en su finca se habían
realizado movimientos de tierra que generaron una alta carga de sedimentos
debido a la construcción del pozo Infantas 2484; asimismo, se indicó que esta
situación provocó la contaminación del recurso hídrico e hizo imposible su
acceso.28

13.12 Ello se justifica en que la comunicación del 2 de diciembre de 2013 es la
prueba que obra en el expediente y que permite identificar de manera directa la
ocurrencia de los hechos, la afectación del recurso hídrico y su relación con el
predio del demandante, lo que constituye un referente cierto para efectos de
establecer el momento a partir del cual se tiene noticia del daño.

13.13 No obstante, también obra referencia a la Resolución 032 del 9 de abril de
2012, proferida por la CAS dentro del trámite sancionatorio ambiental en el que
se requirió a Ecopetrol para la toma de muestras en la fuente hídrica del predio
del demandante. Sin embargo, dicha actuación no reposa íntegramente en este
expediente, pues solo se conocen apartes tomados del acto que resolvió el
recurso de reposición presentado por Ecopetrol, lo que impide establecer con
certeza su contenido completo y si el demandante tuvo conocimiento de esa
actuación en ese momento.

13.14En consecuencia, ante la incertidumbre sobre la fecha a partir de la cual
debe iniciarse el cómputo del término de caducidad, esto es, si desde las
actuaciones adelantadas por la CAS en 2012 o desde la comunicación de

28 Cuaderno 2 pruebas folio 178.

13

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

diciembre de 2013, no es posible declarar la caducidad del medio de control con
el grado de certeza que tal decisión exige. Por el contrario, dada la falta de
claridad sobre el momento inicial de contabilización del término y con el fin de
garantizar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia,
deben aplicarse los principios pro actione y pro damnato, a partir de la valoración
integral del material probatorio.29

14. En el presente asunto, el medio de control de reparación directa es el idóneo
respecto de los tres daños reclamados, en tanto todos se estructuran como la
alegación de unos daños antijurídicos imputables a hechos u omisiones de una
entidad pública o a la ocupación de la propiedad inmueble por parte de ésta,
supuestos previstos en el artículo 140 del CPACA como determinantes de la
procedencia del medio de control de reparación directa.

G. Sentido de la decisión

15. Se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda porque el demandante, Orlando Álvarez Dávila, no acreditó la
existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad demandada.

H. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del
Estado

a. De la alegada ocupación ilegal de Ecopetrol al predio El Palmar para la
construcción del pozo Infantas 3665 y del oleoducto conectado a dicho
pozo.

16. Corresponde a la Sala determinar si la ocupación del predio El Palmar para la
construcción del pozo Infantas 3665 y del oleoducto de doce pulgadas que se
conecta a él, constituyó una ocupación ilegal generadora de responsabilidad
patrimonial para Ecopetrol.

Los hechos probados

17. A partir del material probatorio recaudado en el expediente, la Sala establece
como acreditados los siguientes hechos:

17.1 En relación con la acreditación de la titularidad del bien inmueble objeto de
controversia, reposa en el expediente copia auténtica de la escritura pública No.
1983 del 27 de junio de 2012, otorgada en la Notaría Segunda de
Barrancabermeja, mediante la cual se adjudicó al demandante Orlando Álvarez
Dávila el cien por ciento (100%) del lote de terreno denominado El Palmar,
ubicado en el corregimiento El Centro del municipio de Barrancabermeja
(Santander), identificado con matrícula inmobiliaria No. 303-48650, en el marco

29
Consejo de Estado, , Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 17 de septiembre de 2025, Radicación
08001-23-31-000-2005-00453-01(55.007) MP.Nicolás Yepes Corrales.

14

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

de la sucesión intestada de Pedro Dávila Jiménez.30 Así mismo, obra certificado
de tradición y libertad correspondiente a la referida matrícula inmobiliaria,
expedido el 29 de julio de 2015, del cual se desprende la situación jurídica del
inmueble para la época de los hechos.31

17.2 Del aviso formal remitido por Ecopetrol S.A. el 27 de septiembre de 2012, se
desprende que la empresa informó al demandante Orlando Álvarez Dávila la
necesidad de ocupar su predio El Palmar por un término aproximado de ochenta
(80) años, con el fin de ejecutar diversas actividades asociadas al proyecto La
Cira‑Infantas. En particular, se indicó que: i) los pozos que se iban a construir
eran los denominados Infantas 3228 y 3245; ii) los pozos que se adecuarían para
abandono correspondían a los denominados Infantas 100, 185, 375, 400, 449,
549 y 609; iii) la construcción de vías de acceso se realizaría para los pozos
mencionados, tanto los destinados a construcción como los destinados a
adecuación, y iv) las líneas mecánicas y eléctricas se instalarían para los pozos
3228, 3245, 609, 185, 100, 400, 449, 549 y 375. Estas actividades requerían la
constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos sobre el predio, razón por
la cual Ecopetrol convocó al propietario a negociar directamente la indemnización
correspondiente.32

17.3 Posteriormente, el 13 de diciembre de 2012, Ecopetrol presentó ante el
Juzgado Civil Municipal de Barrancabermeja (reparto) solicitud de avalúo de
perjuicios y establecimiento de servidumbres legales, en la que expuso que, en
desarrollo de su programa de expansión en el Campo La Cira-Infantas, requería
ocupar de manera permanente, por un término aproximado de ochenta (80) años,
diversas franjas del predio El Palmar, de propiedad del demandante, con el
propósito de: i) construir las plataformas de los pozos Infantas 3228 y 3245, con
sus respectivas vías de acceso; ii) adecuar las plataformas para el abandono de
los pozos Infantas 100, 185, 609, 375, 400, 549 y 449, igualmente con sus vías;
e iii) instalar las líneas mecánicas y eléctricas necesarias para todos los pozos
mencionados.33

17.4 En la misma solicitud indicó que la Lonja Inmobiliaria de Barrancabermeja
había avaluado los perjuicios y el valor de la servidumbre en la suma total de
$369.225.642. Asimismo, como petición especial, Ecopetrol solicitó que, antes de
la rendición del dictamen pericial, se autorizara la ocupación y el ejercicio
provisional de las servidumbres de hidrocarburos dentro de los quince (15) días
siguientes a la radicación de la solicitud, respecto de las áreas requeridas para
la ejecución de los trabajos descritos.

17.5 Mediante auto del 29 de enero de 2013, el Juzgado Primero Civil Municipal
de Barrancabermeja admitió la demanda de solicitud de avalúo de perjuicios y
establecimiento de servidumbre legal de hidrocarburos con ocupación

30 Cuaderno 2 de pruebas folios. 29 -36.
31 Cuaderno 2 de pruebas folios 114 a 116.
32 Cuaderno 2 de pruebas folios 64 - 67.
33 Cuaderno 3 de pruebas folios 170 - 185.

15

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

permanente y, en el numeral cuarto de la parte resolutiva, autorizó previamente
la ocupación y el ejercicio de la servidumbre en favor de Ecopetrol S.A. sobre el
predio El Palmar, conforme a la solicitud de entrega provisional elevada por la
empresa, período desde el cual la Entidad ocupó el predio.34

17.6 A partir de dicha admisión, el proceso en cuestión continuó su trámite ante el
Juzgado Primero Civil Municipal bajo el radicado
68081‑40‑03‑001‑2012‑00664‑00, despacho que adelantó las actuaciones
iniciales, incluida la designación del perito y el trámite correspondiente a su
dictamen. Posteriormente y en virtud de lo decidido en el Acuerdo
PSAA15‑10300 del 10 de abril de 2015 proferido por el Consejo Superior de la
Judicatura, el expediente fue remitido al Juzgado Tercero Civil Municipal de
Barrancabermeja, despacho en el cual pasó a identificarse con el radicado
68081‑40‑03‑003‑2015‑00270‑00; a este último despacho judicial correspondió
emitir la decisión definitiva.

17.7 Por medio de sentencia del 24 de septiembre de 2015, el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Barrancabermeja, dentro del proceso radicado No. 68081-40-
03-003-2015-00270-00, resolvió la solicitud de avalúo de perjuicios y el
establecimiento de servidumbre legal de hidrocarburos promovida por Ecopetrol
S.A. contra Orlando Álvarez Dávila respecto del predio El Palmar, e impuso la
servidumbre por el término de ochenta (80) años sobre tres franjas del inmueble
para permitir: i) la construcción de las plataformas de los pozos Infantas 3228 y
3245; ii) la adecuación de plataformas para el abandono de los pozos Infantas
100, 185, 609, 375, 400, 549 y 449; y iii) la construcción de vías de acceso y la
instalación de líneas mecánicas y eléctricas para todos los pozos indicados.35

17.7 Asimismo, fijó como indemnización total, por una sola vez, la suma de
$360’988.228 M/CTE, discriminada así; $86’416.750, por concepto de la
servidumbre y $274’571.478, en la que se incluye el valor de “las construcciones,
anexidades, árboles, pastos, cultivos y cercas”.

17.8 Consta igualmente que Ecopetrol realizó varios pagos al demandante
Orlando Álvarez Dávila por concepto de servidumbres petroleras, según las
constancias allegadas al expediente. En particular, dentro del proceso No. 2015-
00270, la empresa entregó el 15 de abril de 2016 al señor Orlando Álvarez Dávila
el formato DJ04 para reclamar el depósito judicial por $360’988.226, junto con la
correspondiente autorización de fraccionamiento y pago.36

17.9 En la audiencia inicial del proceso de reparación directa, celebrada el 26 de
julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó de oficio la
práctica de un dictamen pericial, a cargo del demandante, con el fin de establecer:

34 Cuaderno 2 de pruebas folios 104 – 106.
35 Cuaderno 3 de pruebas folios. 187 - 207. La Sala precisa que la sentencia proferida el 24 de septiembre

de 2015 por el Juzgado Tercero Civil de Barrancabermeja, en la cual impuso servidumbre legal de
hidrocarburos de 14 Has. 6.48 mts 2 y 9 Has. 6.131 mts2, no figura inscrita en el certificado de tradición y
libertad, por cuanto fue emitida con posterioridad a la expedición de dicho documento.
36 Cuaderno 5 folio 194 y anverso.

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i) el área o porción ocupada del predio El Palmar con la construcción del pozo I-
3665 y su infraestructura asociada; ii) el tipo de instalaciones u obras que
materializaron la ocupación y la extensión del área afectada; y iii) la evaluación
del área ocupada, con indicación de croquis, así como la determinación de si el
predio colinda con fuente hídrica y su estado actual desde el punto de vista
ambiental. Asimismo, requirió a Ecopetrol para que allegara copia de los
antecedentes administrativos y, en general, toda la documentación relacionada
con el pozo 3665 y con el pozo 2484 construido adyacente al predio del
demandante, así como una actualización sobre la situación actual del inmueble.37

17.11 Según el informe rendido el 15 de agosto de 2018 por el topógrafo Dairo
Cifuentes Guerra, que corresponde al dictamen pericial decretado de oficio por
el tribunal, se efectuó un levantamiento topográfico sobre las franjas de terreno
intervenidas con ocasión de la construcción del pozo Infantas 3665 y del
oleoducto asociado. El perito señaló que la construcción del pozo inició en
octubre de 2013 y que las obras del oleoducto comenzaron en junio de 2014,
intervenciones que, según su apreciación, generaron destrucción del terreno,
incluyendo árboles maderables, frutales y de sombrío, así como afectaciones a
la flora, la fauna y a un nacedero de agua.38

17.12 Indicó igualmente que Ecopetrol no reconoció valor alguno por los daños
causados en las áreas intervenidas, estimadas en 16.313 m² para la zona del
pozo y 8.660 m² para la franja del oleoducto, cuyo valor calculó en cuatrocientos
veinte millones de pesos ($420’000.000) y doscientos diez millones de pesos
($210’000.000), respectivamente. El informe incorporó registros fotográficos,
certificados de calibración, planos y la declaración juramentada del perito acerca
de su idoneidad profesional.

17.13 El 22 de agosto de 2018, Ecopetrol radicó el “Informe técnico de proyectos
de construcción LCI”, en el que explicó que en el predio El Palmar, de propiedad
del demandante, en el año 2014 se construyó la plataforma del pozo INFA 3665,
contigua al pozo INFA 0375. Señaló además que, durante la construcción de la
plataforma INFA 2484, ubicada por fuera del predio, se produjo arrastre de
sedimentos hacia la fuente hídrica, situación que fue atendida mediante labores
de control y retiro de sedimentos en el año 2015.39

17.14 El informe también mencionó que, en el año 2017 se utilizó un corredor
dentro del predio El Palmar para la instalación de la línea de inyección PIA-6 al
Manifold 32, consistente en una tubería aérea de doce pulgadas (12”), en acero
al carbono y soportada en marcos tipo H, cuyo trazado cruza áreas del predio
previamente autorizadas en el proceso judicial de constitución de servidumbre.40

37 Cuaderno 5 folios 137 - 139.
38 Cuaderno 4 folios 1 - 13.
39 Cuaderno 5 folio 142 -146.
40 Cuaderno 5 folio 142 -146.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

17.15 En audiencia de práctica de pruebas celebrada el 30 de julio de 2019, se
controvirtió el dictamen pericial aportado por la parte demandante y rendido por
el topógrafo Dairo Cifuentes Guerra. En dicha diligencia, la apoderada de
Ecopetrol lo objetó por error grave y, en sustento de la objeción, se practicó el
testimonio técnico de la ingeniera Luz Estela Varón Calderón. Agotadas las
pruebas decretadas, el despacho declaró cerrada la etapa probatoria.41

17.16 Finalmente, obran en el expediente registros fotográficos aportados por la
parte demandante junto con la demanda, mediante los cuales se ilustran las
obras adelantadas para la construcción del pozo Infantas 3665 y del oleoducto
asociado. La referencia a este material probatorio se efectúa únicamente con el
propósito de relacionar los elementos obrantes en el proceso, sin que ello
implique, en esta etapa, un juicio autónomo sobre su valor probatorio ni la
afirmación de que, por sí solos, reflejen con certeza la realidad fáctica que se les
atribuye, en tanto no se encuentran en este punto corroborados por otros medios
de prueba que permitan precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de
lo en ellos representado.42

17.17 En todo caso, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ha precisado que:

Las fotografías son pruebas documentales que el juez está en la obligación de
examinar bajo el criterio de la sana crítica, siempre y cuando se hayan verificado
los requisitos formales para la valoración de ese tipo de medios probatorios,
esto es, la autenticidad y la certeza de lo que se quiere representar.

17.18 Cuando no es posible determinar el origen de las fotografías, estas no
pueden ser corroboradas con otros medios de prueba; sin embargo, ello no
implica que carezcan, por sí solas, de todo valor probatorio. En tales eventos, su
apreciación debe realizarse conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo
a su contenido, coherencia interna y concordancia con el contexto probatorio
general.43

16. Marco Jurídico aplicable

18.1 La ocupación temporal o permanente de un inmueble por la ejecución de
obras o trabajos públicos constituye un supuesto de responsabilidad objetiva en
el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, que se configura
cuando la autoridad, en desarrollo de sus funciones y en cumplimiento de fines
públicos, impone restricciones materiales y directas al ejercicio del derecho de
propiedad y que genera una afectación cierta y verificable, sin que resulte
necesario acreditar culpa o irregularidad en la actuación estatal.

41 Cuaderno 5 folio 128 a 230.
42 Cuaderno 2 de pruebas, folios 134 - 151 y del 153 - 155.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de junio de 2013. Expediente 27.353, MP Enrique

Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014. Expediente 28.832,
MP Danilo Rojas Betancourt.

18

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

18.2 En esa dirección, esta Sección ha precisado que la ocupación, concebida
como una interferencia material en el ejercicio del derecho de propiedad, puede
presentarse bajo dos modalidades diferenciadas: temporal y permanente:

Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se
instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo
como lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando
una unidad militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo,
asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los fines
estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el
terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica.44

18.3 En tal sentido, hay ocupación temporal cuando la entidad pública ingresa y
utiliza el inmueble por un periodo determinado, para atender una finalidad
concreta, generando una restricción transitoria en el uso y aprovechamiento del
bien, sin producir una afectación física o material de carácter definitivo. Por su
parte, existe ocupación permanente cuando la injerencia estatal en el inmueble
limita de manera continua y estable las facultades propias del dominio, de modo
que la restricción tiene vocación de perdurar en el tiempo, aun cuando no esté
asociada directamente a la ejecución de una obra específica por parte de la
administración.45

18.5 Así, para la prosperidad de las pretensiones dirigidas a que se declare la
responsabilidad del Estado por la ocupación temporal o permanente del
inmueble, corresponderá al interesado demostrar: i) el ejercicio del derecho real
de dominio sobre el bien; ii) la ocupación física del inmueble por parte de una
entidad pública, y iii) el daño antijurídico padecido por causa de la anterior
circunstancia.

18.6 En el ámbito de la industria petrolera, el legislador ha regulado de manera
específica las causas y los efectos derivados de la ocupación de un inmueble
cuando es consecuencia de las actividades propias del sector de hidrocarburos.

18.7 En el año 2009 se expidió la Ley 1274, “por la cual se establece el
procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras”, mediante la cual se
reguló de manera integral el régimen de servidumbres petroleras. Esta normativa
declaró que la industria de los hidrocarburos constituye una actividad de utilidad
pública en sus fases de exploración, producción, transporte, refinación y
distribución. Bajo esa premisa, el artículo primero dispuso que los predios
deberán soportar todas las servidumbres legales necesarias para el desarrollo de
las actividades de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, salvo
las excepciones previstas por la ley:

Artículo 1°. Servidumbres en la Industria de los Hidrocarburos. La industria de
los hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de

44 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2000. Expediente: 11470 MP

Alier Eduardo Hernández Enríquez.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. Expediente: 03756 MP Ramiro

Saavedra Becerra. Esta definición también se consignó en el auto del 9 de febrero del 2011, expediente.
38271 MP Danilo Rojas Betancourth.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

exploración, producción, transporte, refinación y distribución. Los predios
deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para
realizar las actividades de exploración, producción y transporte de los
hidrocarburos, salvo las excepciones establecidas por la ley.
Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá
el derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar
todas las obras y servicios propios para beneficio del recurso de los
hidrocarburos y del ejercicio de las demás servidumbres que se requieran.
(negrillas de la Sala).

18.8 Estableció que la servidumbre de ocupación de terrenos comprende el
derecho a construir la infraestructura requerida en campo y a realizar las obras y
servicios indispensables para el aprovechamiento del recurso, así como para el
ejercicio de las demás actividades vinculadas a la exploración y explotación
petrolera.

18.9 De igual forma, previó que el ejercicio de la servidumbre legal debe estar
precedido por una etapa de negociación directa entre la empresa interesada y el
propietario del inmueble, en la cual deben acordarse aspectos como la duración
de las actividades, el área a intervenir, su carácter temporal o permanente y la
indemnización correspondiente. Solo en caso de no lograrse un acuerdo, la ley
habilita a la parte interesada para acudir ante el Juez Civil Municipal, con el fin
de obtener el avalúo de los perjuicios derivados del ejercicio de la servidumbre.46

18.10 En tal sentido, en su artículo sexto desarrolló el régimen de ocupación
permanente y ocupación transitoria derivado de las obras propias de la industria
de los hidrocarburos, su alcance y las consecuencias que cada modalidad
genera, así y precisó:

Artículo 6°. Ocupación permanente y ocupación transitoria. Cuando se trate de
obras o labores que impliquen ocupación de carácter permanente, la
indemnización se causará y se pagará por una sola vez y amparará todo
el tiempo que el explorador, explotador o transportador de hidrocarburos
ocupe los terrenos y comprenderá todos los perjuicios.
46
ARTÍCULO 2o. NEGOCIACIÓN DIRECTA. Para el ejercicio de las servidumbres de hidrocarburos el
interesado deberá adelantar el siguiente trámite:
1. El interesado deberá dar aviso formal al propietario, poseedor u ocupante de los terrenos o al dueño de
las mejoras, según el caso.
2. El aviso deberá realizarse mediante escrito y señalar:
a) La necesidad de ocupar permanente o transitoriamente el predio.
b) La extensión requerida está determinada por linderos.
c) El tiempo de ocupación.
d) El documento que lo acredite como explorador, explotador, o transportador de hidrocarburos.
e) Invitación para convenir el monto de la indemnización por los perjuicios que se ocasionarán con los
trabajos.
3. El aviso se entenderá surtido con su entrega material y con la remisión de una copia del mismo a los
Representantes del Ministerio Público con competencia en la circunscripción en donde se ubique el predio.
4. Ejecutado el aviso se indicará la etapa de negociación directa entre las partes, la cual no excederá de
veinte (20) días calendario, contados a partir de la entrega del aviso.
5. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el monto de la indemnización de perjuicios, se levantará un acta
en la que consten las causas de la negociación fallida y el valor máximo ofrecido, firmado por las partes, con
copia a cada una de ellas.
Si el proponente, poseedor o tenedor se abstiene de firmar el acta referida dentro del plazo señalado para
la negociación directa, el interesado acudirá al representante del Ministerio Público o quien haga sus veces
de la circunscripción del inmueble, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, deje constancia
de tal situación.
PARÁGRAFO. Igual tratamiento se dará a las personas que ocupen o posean tierras baldías.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

Se entiende por obras de carácter permanente la construcción de carreteras, la
de oleoductos, la de campamentos, la instalación de equipos de
perforación, las instalaciones necesarias para la operación y fiscalización
de la actividad en el campo, la instalación de líneas de flujo y demás
semejantes.
Cuando se trate de obras o labores que impliquen ocupación de carácter
transitorio, la indemnización amparará períodos hasta de seis (6) meses.
Se entiende por ocupación de carácter transitorio la ejecución de trabajos de
exploración superficial con aparatos de geofísica, trazados de oleoductos, de
carreteras, etc., que impliquen destrucción de cercas, apertura de trochas o
senderos de penetración, excavaciones superficiales y otras análogas.
(negrillas propias de la Sala)

18.11. A partir de este marco normativo, corresponde verificar su aplicación en el
caso en estudio.

Del caso concreto.

19. El demandante Orlando Álvarez Dávila sostiene que Ecopetrol ocupó de hecho
y de manera permanente aproximadamente 43.850 m² de su predio denominado
El Palmar para construir el pozo Infantas 3665, la vía de acceso, las líneas
mecánicas y eléctricas, y el oleoducto de 12 pulgadas, sin haber adelantado
previamente el procedimiento de imposición de servidumbre petrolera previsto en
la Ley 1274 de 2009. Sustenta su alegación en que las autorizaciones judiciales
previas no incluían expresamente el pozo Infantas 3665, por lo que su
construcción constituyó, a su juicio, una ocupación ilegal.

19.1 Para resolver este cargo, la Sala debe determinar si Ecopetrol contaba con
título jurídico habilitante para ejecutar las obras cuestionadas dentro del predio
El Palmar y, en caso afirmativo, si el demandante acreditó la existencia de un
daño antijurídico derivado de una ocupación por fuera del área autorizada.

19.2 La jurisprudencia consolidada de esta Sección ha establecido que la
responsabilidad patrimonial del Estado por ocupación de inmuebles exige la
concurrencia de dos elementos: i) la lesión a un derecho real que el afectado no
tiene el deber jurídico de soportar, y ii) la imputación de esa lesión a la entidad
demandada.47 Cuando la ocupación se produce dentro de un área sobre la cual
existe servidumbre legalmente constituida, el propietario está jurídicamente
obligado a soportar esa carga y, por tanto, no hay daño antijurídico. En ese
escenario, la carga de demostrar que la ocupación se produjo por fuera del área
autorizada recae sobre el demandante, conforme al artículo 167 del Código
General del Proceso.

19.3 Sobre el título jurídico habilitante obtenido por Ecopetrol en el presente caso,
obra en el expediente la sentencia del 24 de septiembre de 2015, proferida por
el Juzgado Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja dentro del proceso

47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2017. Expediente 08001-23-31-

000-1998-12677-01(44657), MP Ramiro Pazos Guerrero, ver también, Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 29 de agosto de 2012 Expediente 54001-23-31- 000-1996-08734-01, MP Carlos Alberto
Zambrano

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

radicado No. 68081-40-03-003-2015-00270-00, mediante la cual se impuso
servidumbre legal de hidrocarburos sobre tres franjas del predio El Palmar por el
término de ochenta (80) años.

19.4 Esa providencia autorizó a Ecopetrol S.A. para: i) construir las plataformas
de los pozos Infantas 3228 y 3245; ii) adecuar las plataformas para el abandono
de los pozos Infantas 100, 185, 609, 375, 400, 549 y 449; y iii) construir las vías
de acceso e instalar las líneas mecánicas y eléctricas correspondientes a todos
los pozos indicados. Lo relevante es que dicha providencia no delimitó la
servidumbre por una lista taxativa de obras, sino por un área geográfica precisa
—tres franjas del inmueble— dentro de la cual Ecopetrol quedó habilitada para
desarrollar su actividad, pues expresamente se indicó que:

Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá el
derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las
obras y servicios propios para beneficio del recurso de hidrocarburos y del
ejercicio de las demás servidumbres que se requieran.48

Como contraprestación, la providencia fijó una indemnización total de
$360’988.228, discriminada en $86’416.750 por concepto de la servidumbre y
$274’571.478 por el valor de las construcciones, anexidades, árboles, pastos,
cultivos y cercas afectados. La suma total, esto es, $360’988.228, fue consignada
mediante depósito judicial y puesta a disposición del demandante Orlando
Álvarez Dávila, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1274
de 2009.

19.5 Establecida la existencia del título habilitante, a la Sala le corresponde
verificar si las obras cuestionadas, es decir el pozo Infantas 3665 y el oleoducto
que a él se conecta, se ejecutaron dentro del área geográfica delimitada por esa
servidumbre o por fuera de ella; del análisis del material probatorio la Sala puede
concluir que efectivamente tanto el pozo en mención, como el citado oleoducto,
se construyeron dentro del área autorizada por la servidumbre.

19.6 El demandante aportó copia del plano georreferenciado de las áreas respecto
de las cuales Ecopetrol solicitó la constitución de servidumbre en sede judicial
(Gráfica No.1). En él se aprecia la delimitación cartográfica sobre la que recae el
gravamen dentro del predio El Palmar, con la ubicación de los pozos Infantas
3228,609,100,3245,185, 375,400,549 y 449. Ese plano es el punto de partida
para verificar la extensión geográfica de la servidumbre judicialmente constituida.

48 Juzgado Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja, sentencia del 24 de septiembre de 2015, rad.

68081‑40‑03‑003‑2015‑00270‑00 (solicitud de avalúo de perjuicios y establecimiento de servidumbre legal
de hidrocarburos).Cuaderno 3 de pruebas folios. 187 - 207.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

49Gráfica No. 1 Plano denominado “Áreas proyectadas I-3228, I-0609, I-0100,

I-3245, I-0185, I-0375, I-0400, I-0549 y I-0449” anexo por Ecopetrol en la solicitud
judicial de constitución de servidumbre dentro del proceso No. 2015 – 00270 y
aportado como prueba documental en el presente proceso por la parte
demandante.

19.7 A ese elemento se suma la imagen aérea aportada por Ecopetrol, en la cual
se superpone a la fotografía satelital del predio, las áreas de intervención
autorizadas de la siguiente manera (Gráfica No.2): i) el área morada (ubicada en
la parte izquierda superior de la foto) correspondiente a la adecuación de los
pozos GTS 3228, 609,100,3245,185; ii) el área azul (ubicada en la parte inferior
derecha de la foto) correspondiente a los pozos Infantas 375, 400, 549, 449; y,
iii) el área amarilla (que atraviesa la zona morada y la azul) que muestra la línea
de producción que conecta el pozo Infanta 3665, trazada íntegramente dentro de
esos mismos corredores. La imagen permite verificar visualmente que las obras
ejecutadas se desarrollan dentro de las áreas previamente gravadas mediante la

49
Cuaderno 2 de pruebas folio 82.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
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servidumbre judicialmente constituida, sin apertura de nuevas franjas ni
intervención de terrenos libres de afectación.

50 Grafica No. 2. Plano gráfico con superposición sobre imagen aérea, aportado

al expediente del presente proceso por Ecopetrol.

19.8 El elemento probatorio que cierra el análisis es el plano aportado por
Ecopetrol (Grafica No. 3), en el cual se aprecia un polígono delimitado en color
rojo que comprende dentro de su área tanto el pozo INFA 0375, como el pozo
INFA 3665. Ese polígono corresponde precisamente al área geográfica sobre la
cual recae la servidumbre constituida judicialmente. El pozo 3665 se ubica dentro
del área gravada, contiguo al pozo Infantas 375. Pozo cuya existencia el
demandante no controvirtió y que el plano corrobora, era una instalación
preexistente dentro del predio El Palmar, lo que evidencia que Ecopetrol ya
contaba con presencia legítima en esa zona del inmueble con anterioridad a las
obras cuestionadas. Lejos de constituir una ocupación ilegal, la construcción del
pozo 3665 se realizó de manera contigua a esa infraestructura preexistente,
dentro del mismo polígono de servidumbre.

50 Cuaderno 3 de pruebas folio 42.

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Demandante: Orlando Álvarez Dávila

51 Gráfica No. 3. Imagen aérea ampliada con delimitación del polígono de
servidumbre, aportada al expediente del presente proceso por Ecopetrol.DR5T

19.9 Del contraste de los tres elementos probatorios, el plano georreferenciado, la
imagen aérea con convenciones y el plano con el polígono de servidumbre, se
constata que tanto el pozo Infantas 3665 como el trazado del oleoducto, se
desarrollan íntegramente dentro del área previamente gravada con la
servidumbre de hidrocarburos judicialmente constituida. No se evidencia la
apertura de nuevas franjas ni la intervención de terrenos por fuera del área
delimitada en la sentencia del proceso 2015-00270.

19.10 Por otro lado, el demandante no aportó prueba técnica, pericial, topográfica
ni de ninguna otra naturaleza que demostrara que las obras cuestionadas se
ejecutaron por fuera del área de servidumbre constituida judicialmente. Su
argumento se reduce a señalar que el pozo 3665 no fue expresamente
mencionado en la sentencia del proceso 2015-00270, pero esa sola circunstancia
no acredita una ocupación ilegal. Como ya se explicó, la servidumbre fue
delimitada por área geográfica y no por lista taxativa de obras, de modo que
dentro de esa área quedaron comprendidas todas las intervenciones necesarias
para el ejercicio de la actividad petrolera autorizada de conformidad con el inciso
1 del artículo 1 de la ley 1274 tal como lo mencionó de manera textual la
sentencia:

Se entenderá que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá el
derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las

51 Cuaderno 5 folio 142.

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Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
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obras y servicios propios para beneficio del recurso de hidrocarburos y del
ejercicio de las demás servidumbres que se requieran.52

19.11 A ello se añade que el demandante tampoco demostró que las obras del
pozo 3665 y del oleoducto le hubieran generado un perjuicio adicional, nuevo y
diferenciable del ya cubierto por la indemnización de $360.988.228 pagada en el
proceso 2015‑00270.Si bien la Ley 1274 de 2009 prevé la posibilidad de reclamar
perjuicios adicionales a los reconocidos con ocasión de la imposición de la
servidumbre, conforme a lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 5, dicha
posibilidad está condicionada a la acreditación efectiva de daños que excedan o
no estén comprendidos en la indemnización inicialmente reconocida. En el caso
concreto, la ausencia de esa prueba impide tener por demostrado el daño
antijurídico alegado por la parte actora en el presente proceso.

19.12 El levantamiento realizado por el topógrafo Dairo Cifuentes Guerra, prueba
pericial decretada de oficio por el a quo, correspondiente al documento
denominado “Informe levantamiento topográfico para unas franjas de terreno en
el municipio de Barrancabermeja”, consigna datos de campo y referencias
generales sobre el área intervenida, tales como puntos de medición,
coordenadas planas y altimétricas y planos básicos de las franjas levantadas, así
como una descripción general de la metodología empleada, del equipo utilizado,
los certificados de calibración y un registro fotográfico, con referencia a las obras
asociadas al pozo Infantas 3665 y al oleoducto. Con base en ese levantamiento,
el perito concluye que las intervenciones corresponderían a un área aproximada
de 16.313 m² en la zona del pozo y de 8.660 m² en la franja del oleoducto, y
estima los presuntos perjuicios en $420’000.000 por la obra del pozo y
$210’000.000 por las actividades del oleoducto, respectivamente, bajo el
supuesto de que Ecopetrol no habría reconocido valor alguno por dichas
afectaciones.

19.13 Sin embargo, el dictamen no desarrolla de manera suficiente un análisis
técnico del estado del predio ni de las afectaciones alegadas, en la medida en
que no expone criterios técnicos de identificación ni de cuantificación de los
daños, ni permite determinar si las intervenciones se ejecutaron por fuera de las
áreas autorizadas en el proceso; así mismo, carece de un inventario detallado de
los daños. En particular, en lo que respecta a la estimación económica de los
perjuicios, se limita a incorporar valores suministrados por el propietario, sin
exponer criterios técnicos de cuantificación, sin identificar fuentes de precios ni
describir metodología alguna, y sin aportar elementos de verificación objetiva que
permitan correlacionar las áreas medidas con las intervenciones realizadas en
los años 2013 y 2014.53

19.14 Estas falencias impiden tener por acreditado un daño cierto, su extensión y
su relación causal con las obras cuestionadas, máxime cuando se trata de una
52 Juzgado Tercero Civil Municipal de Barrancabermeja, sentencia del 24 de septiembre de 2015, expediente

68081‑40‑03‑003‑2015‑00270‑00 (solicitud de avalúo de perjuicios y establecimiento de servidumbre legal
de hidrocarburos).Cuaderno 3 de pruebas folios. 187 - 207.
53 Cuaderno 4 folios 1 - 13.

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medición aislada, elaborada cinco (5) años después de los hechos, sin
correspondencia técnica comprobable con el estado del predio al momento de la
intervención. En consecuencia, el documento no satisface las exigencias del
artículo 226 del CGP en materia de claridad, precisión, fundamentación y
explicación metodológica, ni cumple con los estándares aplicables a la valoración
económica de daños derivados de servidumbres u ocupaciones, que exigen la
intervención de avaluadores inscritos54y la aplicación de metodologías técnicas
formalmente reconocidas,55requisitos que en este caso no se acreditan.

19.15 De igual manera, si bien en el expediente obran diversas fotografías
aportadas por la parte demandante, algunas con registro de fecha y otras con
anotaciones manuscritas, su mención en este apartado responde únicamente a
la relación de los elementos probatorios recaudados, en los términos precisados
en el numeral 15.16 de esta providencia.

19.16 En todo caso, tales imágenes no acreditan por sí mismas la configuración
de una ocupación ilegal. Las imágenes simplemente representan lo que el
demandante afirma que constituye demostración de las obras realizadas en su
predio en un momento determinado, pero no permiten establecer que tales obras
se hubieren ejecutado por fuera del área amparada por la servidumbre
previamente autorizada o sin título jurídico habilitante. Por lo demás, no obran en
el expediente otros elementos probatorios que, de manera concurrente, permitan
confirmar o precisar, en circunstancias de tiempo, modo y lugar, la realidad que
con dichas fotografías se pretende poner de presente.

19.17 Por lo anterior, no prospera el argumento del recurrente según el cual la
construcción del pozo 3665 y el oleoducto se realizó en un área no comprendida
en las servidumbres impuestas, pues tal afirmación carece de sustento técnico y
probatorio. Por el contrario, el acervo demostrativo recaudado en el presente
proceso demuestra la correspondencia entre la ubicación de las obras en
mención y la servidumbre judicialmente constituida, sin que exista prueba idónea
que desvirtúe esa coincidencia o que acredite una ocupación por fuera del
perímetro autorizado.

19.18 Esta conclusión resulta consistente con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, según la cual, cuando la intervención del operador petrolero se realiza
dentro del espacio ya gravado por una servidumbre previamente constituida y no
se acreditan afectaciones adicionales distintas de las indemnizadas con ocasión
de su imposición, la ejecución de nuevas obras, instalaciones adicionales o
tuberías complementarias no exige la constitución de una nueva servidumbre ni
da lugar, por sí sola, al reconocimiento de una indemnización adicional, en tanto
54 Ley 1673 de 2013 – “Por la cual se reglamenta la actividad del avaluador y se dictan otras disposiciones”,

que regula la actividad profesional del avaluador en Colombia, exige idoneidad, métodos técnicos y registro
habilitante para la elaboración de avalúos
55 Resolución 1092 de 2022 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – “Por la cual se fijan normas, métodos,

parámetros, criterios y procedimientos para la elaboración de avalúos de servidumbres legales y
afectaciones transitorias en desarrollo de actividades, obras o proyectos declarados por el legislador como
de utilidad pública e interés social”, que establece la metodología técnica obligatoria para valorar
servidumbres y perjuicios asociados.

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corresponde al ejercicio del uso autorizado sobre la misma franja. Así lo señaló
la Sección Tercera al indicar que:

41.- Ante el panorama probatorio valorado, distinto a lo sostenido en el recurso
de apelación, estos hallazgos dan cuenta de que la intervención por parte de
Ecopetrol realizada en 2010 en los predios Jordán y Nuevo Jordán para la
instalación del poliducto de 14’’ del proyecto Pozos Colorados – Ayacucho se
produjo dentro de la franja de terreno de la servidumbre constituida en 1993.
42.- De ahí se concluye que, en los términos de la regulación que informa las
servidumbres petroleras y de conformidad con la escritura pública 1150 de 1993
de constitución de servidumbre legal de oleoducto y tránsito con ocupación
permanente petrolera, la instalación de la nueva tubería no daba lugar al pago
de otra indemnización, como si se tratara de la constitución de una nueva
servidumbre o de una “servidumbre de facto” como lo sugirió el recurrente, toda
vez que para el cometido en cuestión Ecopetrol se valió del paso establecido
desde 1993, cuya imposición generó en ese entonces el pago indemnizatorio
por una sola vez.56

19.19 En síntesis, la Sala concluye que el material probatorio no acredita la
existencia de una ocupación ilegal del predio El Palmar por parte de Ecopetrol,
ni la configuración de un daño antijurídico imputable a la entidad por este
concepto.

b. De la intervención de la Policía Nacional en el predio El Palmar con
ocasión de las obras del oleoducto de doce (12) pulgadas adelantadas por
Ecopetrol S. A.

20. El demandante, Orlando Álvarez Dávila, alegó que, con ocasión de las obras
de construcción del oleoducto, sufrió una lesión en el hombro izquierdo. Señaló
que dicha lesión se produjo cuando, por instrucción de Ecopetrol, la Policía
Nacional intervino en el predio El Palmar para brindar apoyo y protección a los
trabajos adelantados por los empleados de la empresa.

Los hechos probados

21. Con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente, se tienen por
demostrados los siguientes hechos:

21.1 Obra en el expediente material fotográfico fechado el 25 de junio de 2014, en
el cual se observa la presencia de agentes de la Policía Nacional y del señor
Orlando Álvarez Dávila en el predio de su propiedad.57 No obstante, en este punto
del análisis no obran otros elementos probatorios que permitan corroborar, de
manera autónoma, que la situación reflejada en las imágenes corresponda a una
actuación imputable a la entidad demandada, ni que dichas imágenes den cuenta
con certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar relevantes para
estructurar la imputación, razón por la cual, su alcance demostrativo debe

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de octubre de 2024. Expediente

47001-23-31-000-2011-00488-02 (69279), MP William Barrera Muñoz.
57 Cuaderno 2 de pruebas, folio 152.

28

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

apreciarse de manera conjunta con los demás medios de prueba obrantes en el
expediente, conforme a lo expuesto en el numeral 15.16 de esta providencia.

21.2 Consta una ecografía practicada el 20 de octubre de 2014 en la Clínica Marly
de Bogotá, correspondiente al hombro izquierdo del demandante, donde se
consignó:

Indicación: dolor de tres meses. (…) Engrosamiento del tendón de la porción
larga del bíceps asociado a presencia de líquido alrededor del mismo, en
relación con proceso inflamatorio. (…) Opinión: Hallazgos en relación con
tendinitis de la porción larga del bíceps izquierdo.

21.4 Se allegó igualmente la solicitud de servicios del 11 de noviembre de 2014,
expedida por la doctora Diana Marcela Jiménez Suanca, profesional adscrita a
los Servicios de Salud de Ecopetrol S. A.58

21.5 Reposa copia del concepto emitido por el doctor León Felipe Valencia el 19
de noviembre de 2014, en el que se concluyó: “tendinitis de la porción larga del
bíceps izquierdo”.59

21.6 Las atenciones médicas y fisioterapias relacionadas con esta dolencia se
registran en las siguientes fechas: 11 de noviembre de 2014, 19 de noviembre
de 2014, 1 de diciembre de 2014 y 26 de marzo de 2015.60

21.7 Desde la perspectiva de la imputación jurídica, la responsabilidad alegada se
fundamenta en una supuesta falla del servicio derivada de una orden que, según
el demandante, Ecopetrol habría impartido a la Policía Nacional para intervenir
en el predio.

21.8 No obstante, en el expediente no obra prueba alguna que permita concluir
que la empresa hubiera dado instrucciones operativas a la fuerza pública y una
solicitud de acompañamiento institucional para garantizar el ejercicio de sus
derechos previamente reconocidos no tiene la potencialidad de comprometer la
responsabilidad patrimonial de la entidad pública que la formula.

21.9 Bajo ese marco, tampoco es posible establecer que los hechos ocurridos en
el predio El Palmar el 25 de junio de 2014 guarden relación causal con el
diagnóstico y las atenciones médicas recibidas por el actor en los meses
posteriores, puesto que no se acreditó un hecho lesivo concreto, inmediato ni
atribuible a Ecopetrol, que explique la patología alegada.

21.10 Además, no obra prueba de que la empresa hubiera ordenado el uso de la
fuerza ni de que los uniformados actuaran bajo su dirección o coordinación
operativa; por el contrario, la demandada indicó en la contestación de la demanda

58 Cuaderno 2 de pruebas, folios 179 -180.
59 Cuaderno 2 de pruebas, folio 181.
60 Cuaderno 2 de pruebas, folios 181 a 183.

29

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

que acudió a mecanismos policivos para la protección de derechos inmobiliarios
previamente reconocidos.

21.11 En estas condiciones, aun si se admitiera la existencia del daño (tendinitis),
no se acreditan ni el nexo causal ni la falla del servicio de Ecopetrol, por lo que
las pretensiones indemnizatorias formuladas por este concepto no están
llamadas a prosperar.

c. Del presunto daño ocasionado por Ecopetrol a la fuente hídrica del predio
El Palmar, con ocasión de los trabajos realizados en la construcción del
Pozo Infantas 2484

22. El demandante, Orlando Álvarez Dávila, afirmó que durante la construcción
del pozo Infantas 2484 se arrojaron sedimentos a la fuente hídrica ubicada en su
predio, lo que habría generado la contaminación de aproximadamente un
kilómetro de dicho cuerpo de agua. Señaló que esta situación ocasionó la muerte
de una cantidad considerable de peces y provocó la afectación del recurso
natural, incluyendo la flora y la fauna del lugar.

23. Agregó que, en consecuencia, la Corporación Autónoma Regional de
Santander - CAS ordenó a Ecopetrol realizar trabajos dirigidos al retiro de los
sedimentos, con el fin de descontaminar la fuente hídrica del predio.

Los hechos probados

24. La Sala constató que la CAS adelantó un procedimiento administrativo
sancionatorio ambiental contra Ecopetrol.61 En el marco de dicho trámite se
expidió la Resolución RMS No. 032 del 9 de abril de 2012, cuyo contenido
relevante fue posteriormente recogido en la Resolución SGA N.° 0187‑14 del 3
de junio de 201462. En esta última se transcribió lo siguiente:

Que mediante Resolución RMS N° 032 e(sic) fecha 09 de abril de 2012, la
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS., en su artículo segundo
requerir (sic) a la empresa Ecopetrol para que en un término no mayor de treinta
(30) días, realice contra muestras de la corriente y el terreno, en el punto más
bajo de la corriente innominada donde termina el predio el palmar de propiedad
del Señor ORLANDO ÁLVAREZ DÁVILA (…) para el análisis físico químico.

24.1. De igual forma, en el citado acto administrativo se consignó:

Que así mismo en el Artículo tercero de a (sic) precitada Resolución se
requiriere a la empresa ECOPETROL S.A. para que en un término no mayor de
noventa (90) días, realice trabajos que permitan descontaminar la corriente

61 En cuanto a la Resolución RMS No. 32 del 9 de abril de 2012, esta no fue aportada al proceso, y su

contenido se conoce por las citas contenidas en la Resolución No. 0187 de la misma entidad.
62
Cuaderno 2 de pruebas, folios 166 a 173. Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS—,
Resolución SGA N.° 0187‑14 del 3 de junio de 2014, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición contra
la Resolución RMS N.° 032 del 9 de abril de 2012”, expediente administrativo ambiental (Ecopetrol –
quebrada innominada, vereda Campo 25).

30

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

innominada ubicada en la vereda Campo 25 (…) Predio el palmar de propiedad
del Señor ORLANDO ÁLVAREZ DÁVILA (…).

24.2. De igual manera, la referida resolución impuso a Ecopetrol la obligación de
allegar, dentro de los treinta (30) días siguientes, diversos análisis e informes
técnicos, entre ellos:

análisis de los siguientes resultados:
– Acciones efectuadas por la Empresa para la reconformación y
restablecimiento de las áreas intervenidas.
– Descripción del estado actual de las zonas intervenidas con su respectivo
soporte fotográfico.
– Resultado y análisis del monitoreo físico químico de la corriente y el suelo (…)
antes y después de las labores de saneamiento (…) por un laboratorio
acreditado por el IDEAM.
– Descripción del manejo de residuos sólidos y peligrosos durante las labores
que requiere la contingencia.
– Certificado de recibo, entrega, tratamiento y disposición final de los residuos
(…) generados durante las labores de exploración, descontaminación y limpieza
del área afectada.
– Actas de recibo a satisfacción correspondiente, por parte de los propietarios
de los predios y terrenos.

24.3 Finalmente, en dicha providencia se dispuso:

Que el Artículo Quinto de la precitada Resolución requiere a la empresa
ECOPETROL S.A. para que presente ante esta Corporación (…) un informe de
avance de actividades de biorremediación y una vez finalizados los mismos
allegue el informe final del evento (…).

24.4 Consta igualmente en el expediente que Ecopetrol interpuso recurso de
reposición contra la Resolución RMS No. 032 de 2012, decidido mediante la
Resolución SGA No. 0187‑14 del 3 de junio de 2014, en la cual se determinó: i)
dar por cumplidas las obligaciones de los artículos segundo y cuarto (ítem
tercero); ii) revocar los ítems uno, dos, cuatro, cinco y seis del artículo cuarto; iii)
modificar el artículo tercero para ordenar el retiro, dentro de los treinta (30) días
siguientes, de los sedimentos que permitieran descontaminar la corriente
innominada colindante con el pozo 2484 y el predio El Palmar, trabajos que
debían efectuarse manualmente y protegiendo la fauna y la flora; iv) exigir a
Ecopetrol el reporte oportuno de cualquier evento que generara deterioro
ambiental; v) advertirle su responsabilidad civil y penal frente a terceros.63

25. Lo anterior se sustentó en las consideraciones expuestas por la CAS durante
el trámite del recurso, en las cuales se dejó constancia de las actuaciones
adelantadas y los elementos técnicos que respaldan dicha decisión. En particular,
se indicó que:

63 Cuaderno 2 de pruebas, folios 166 a 173. Corporación Autónoma Regional de Santander —CAS—,
Resolución SGA N.° 0187‑14 del 3 de junio de 2014, “Por la cual se resuelve el recurso de reposición contra
la Resolución RMS N.° 032 del 9 de abril de 2012”, expediente administrativo ambiental (Ecopetrol –
quebrada innominada, vereda Campo 25), que incorpora y transcribe apartes de la RMS N.° 032/2012.

31

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

mediante oficio radicado CAS N° 1940, de fecha 25 de Julio de 2012, la empresa
ECOPETROL S.A. hace entrega del documento, Resultados de laboratorio
análisis de suelos y agua según requerimiento de la CAS”, y que “mediante
oficio radicado CAS N°3107 del 11 de diciembre de 2.012, el Señor Orlando
Alvarez Dávila manifiesta su posición de impedir el ingreso de personas a su
predio.

25.1 Durante la visita de inspección ocular realizada dentro del trámite del
procedimiento administrativo sancionatorio adelantado por la CAS, se verificó la
afectación derivada de la desestabilización de la Zona de Disposición De
Materiales de Excavación sobrantes - ZODME y la negativa del propietario a
permitir el retiro de sedimentos. En cuanto a la quebrada, la autoridad registró,
“el agua de drenaje de aguas lluvias de la ZODME, es cristalina, mientras el agua
de la quebrada se veía turbia, no se evidenció iridiscencia, ni material vegetal
impregnado por Hidrocarburos.”

25.2 En el análisis técnico y de laboratorio se consignó que el “reporte de metales,
es bajo de < 0.007mg/L, indicando que este tipo de agua es para consumo de
agua pecuario, agrícola y recreativo”, y que los valores de “grasas, hidrocarburos
y fenoles, está[n] por debajo de los <0,5 mg/L indicando que estos valores no
representa valores significativos de contaminación.”

25.3 Finalmente, la CAS concluyó que “se hace necesario reiterar la obligación
impuesta a la empresa ECOPETROL S.A, en el artículo tercero (…) en lo
concerniente a la realización de trabajos que permitan retirar los sedimentos que
puedan ocasionar contaminación del medio ambiente”, así como “requerir al
Señor ORLANDO ÁLVAREZ DÁVILA (…) para que permita el retiro de los
sedimentos, ya que al obstruir dicha actividad, puede generar una contaminación
ambiental a la quebrada innominada”.64

26. El 3 de diciembre de 2013, algunos habitantes de la Vereda Campo Veinticinco
informaron a la CAS que en la finca El Palmar se estaban realizando movimientos
de tierra que afectaban el recurso hídrico debido a la cantidad de sedimento
arrojado.65

27. Posteriormente, el 25 de junio de 2014, Ecopetrol solicitó a la CAS ampliar el
plazo inicialmente otorgado para cumplir con las actividades de excavación y
retiro manual de sedimentos en la fuente hídrica ubicada en el predio El Palmar.66

28. Del mismo modo, se encuentra acreditado que el 4 de julio de 2014 Ecopetrol
informó al señor Orlando Álvarez Dávila el plan de retiro de sedimentos, el cual
contemplaba la proyección de cuatro puntos temporales de acopio del material,
cada uno de 15 x 15 mts, así como una franja de 5 metros de ancho a lado y lado
de la corriente, a lo largo de una extensión aproximada de 640 metros, destinada
al desplazamiento del personal y al traslado del material extraído para su retiro

64 Cuaderno 2 de pruebas, folios 166 a 173.
65 Cuaderno 2 de pruebas, folios 178.
66 Cuaderno 2 de pruebas, folios 174‑175.

32

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

definitivo del predio. A partir de esa planificación, la Entidad comunicó al
propietario que la afectación preliminar correspondía a un área de 7.300 m² de
pastos, la cual sería indemnizada previa suscripción del acta respectiva. Además,
precisó que una vez concluido el retiro de sedimentos, se procedería a evaluar
las afectaciones finales y a reconocer la indemnización conforme a la
normatividad aplicable. En relación con esto manifestó:

(…) De acuerdo con lo anterior, de manera preliminar se ha determinado que
se afectará un área total de 7.300 m², que se encuentran cultivados en pastos,
los cuales le serán indemnizados, previa suscripción de un acta de
indemnización de daños; ahora bien, una vez terminados todos los trabajos, se
procederá con la evaluación de las afectaciones y se procederá con la
indemnización a que haya lugar, de conformidad con nuestra legislación
vigente.67

29. El 30 de septiembre de 2014, Ecopetrol entregó a la CAS el plan detallado de
trabajo para el retiro de sedimentos, dando cumplimiento a lo solicitado durante
la visita realizada el 22 de septiembre de 2014 al predio El Palmar, ubicado en la
Vereda Campo Veinticinco, corregimiento El Centro.68

30. También está probado que, en cumplimiento de la Resolución SGA No. 187
de 2014 expedida por la CAS “Por la cual se resuelve el recurso de reposición
contra la Resolución RMS N.° 032 del 9 de abril de 2012”, Ecopetrol elaboró el
documento denominado “Informe Final de Obras Civiles para Limpieza y
Mitigación y el Retiro de Sedimentos en la Corriente Innominada que Colindan
con el Pozo 2484 y el Predio El Palmar”, en el cual se registró que el contratista
JIMAR y Cía. Ltda., entre el 21 de septiembre y el 15 de diciembre de 2014,
desarrolló labores de desmonte, disposición de sedimentos y extracción de
material en el drenaje colindante al ZODME 2484, en el sector Campo La
Cira‑Infantas, corregimiento El Centro, municipio de Barrancabermeja.69

31. Finalmente, el demandante aportó registro fotográfico sin fecha relacionado
con la sedimentación arrojada a la fuente hídrica del predio El Palmar. 70 No
obstante, dicho material gráfico, considerado de manera aislada, no cuenta con
elementos probatorios adicionales que permitan corroborar que las imágenes
reflejen con certeza la realidad fáctica que se les atribuye, ni establecer las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido la afectación
ambiental alegada, razón por la cual, su eventual alcance demostrativo debe
apreciarse de manera conjunta con los demás medios de prueba obrantes en el
expediente, conforme a lo expuesto en el numeral 15.16 de esta providencia.

Del caso concreto

67 Cuaderno 2 de pruebas, folio 176.

68 Cuaderno 2 de pruebas, folios 177.
69 Cuaderno 3 de pruebas, folios 48 a 55.
70 Cuaderno 2 de pruebas, folios 156 a 165.

33

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

32. El demandante afirmó que, durante la construcción del pozo Infantas 2484, se
arrojaron sedimentos a la corriente que atraviesa su predio, lo cual, a su juicio,
generó contaminación, mortandad de peces y afectación de flora y fauna.

32.1 Si bien en el trámite del procedimiento administrativo sancionatorio ambiental
adelantado por la CAS ordenó el retiro de sedimentos, los análisis fisicoquímicos
allegados al expediente reportaron concentraciones de metales inferiores a 0.007
mg/L y niveles de grasas, hidrocarburos y fenoles inferiores a 0.5 mg/L, lo que
permitió concluir dentro del proceso administrativo sancionatorio llevado por la
CAS que tales parámetros no representaban un nivel significativo de
contaminación y que el recurso hídrico era apto para consumo pecuario, agrícola
y recreativo.

32.2 Conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera, el daño
resarcible debe ser cierto, esto es, real, demostrado y no eventual, de manera
que las conjeturas, hipótesis o posibilidades de afectación no son susceptibles
de indemnización. En tal sentido, se ha precisado que la certeza del daño implica
un conocimiento claro de su existencia, dimensión e intensidad, por lo que un
menoscabo hipotético carece de aptitud para generar responsabilidad patrimonial
del Estado. Al respecto, se ha explicado:

Además, el daño – para que sea resarcible – debe ser cierto, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual. La certeza del
daño supone, pues, un conocimiento claro y seguro de su existencia, dimensión
e intensidad, es decir, que aparezca como real y efectivamente causado, porque
si se trata de una mera posibilidad de producirse o una hipótesis, no puede
erigirse como un daño indemnizable. Entonces, un menoscabo con carácter
eventual y/o hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas no es susceptible
de ser reparado.71

32.3 En consecuencia, el menoscabo alegado debe acreditarse con plena certeza,
pues la mera eventualidad no satisface el estándar exigido para comprometer la
responsabilidad patrimonial del Estado.

32.4 Ahora bien, la existencia de algún grado de contaminación no implica, por sí
sola, la configuración de un daño ambiental impuro indemnizable, dado que no
toda alteración ambiental genera un perjuicio individual reparable, el cual solo
surge cuando se acredita con certeza e inmediatez. Sobre el particular, la
jurisprudencia ha señalado:

La contaminación por sí sola no es sinónimo ni puede catalogarse como un
daño ambiental impuro que […] genere circunstancias adversas y produzca
perjuicios a un particular, pues este solo reviste tal entidad cuando el mismo es
contrario a derecho y satisface los requisitos de certeza e inmediatez ya
descritos. […] No siempre que haya contaminación habrá un daño ambiental,

71
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 10 de marzo de 2025. Expediente
20001233100020120006501 (52183), MP Nicolás Yepes Corrales

34

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

pero siempre que este último esté acreditado hay certeza de que existe
contaminación.72

32.5 De lo anterior se concluye que puede existir contaminación sin que ello
comporte un daño ambiental resarcible; solo cuando se acreditan elementos de
afectación real, cierta e inmediata, la contaminación adquiere relevancia
indemnizatoria.

32.6 De otra parte, la Sala considera que el oficio remitido el 4 de julio de 2014,
mediante el cual Ecopetrol informó el plan de trabajo para la remoción de los
sedimentos y realizó una estimación preliminar del área que potencialmente se
vería afectada (7.300 m² de pastos); no acredita, por sí solo, la existencia de un
daño cierto. En efecto, del propio contenido del documento se desprende su
carácter estimativo y sujeto a condición, pues allí se indicó:

(…) De acuerdo con lo anterior, de manera preliminar se ha determinado que
se afectará un área total de 7.300 m², que se encuentran cultivados en pastos,
los cuales le serán indemnizados, previa suscripción de un acta de
indemnización de daños; ahora bien, una vez terminados todos los trabajos,
se procederá con la evaluación de las afectaciones y se procederá con la
indemnización a que haya lugar, de conformidad con nuestra legislación
vigente.73 (negrillas de la Sala).

32.7 La comunicación, valorada en su integridad, no permite tener por acreditado
el daño alegado. El uso del tiempo futuro “se afectará” evidencia que, al momento
de su emisión, la afectación no se presentaba como un hecho consolidado, sino
como una previsión; a ello se suma que la determinación del área afectada se
calificó expresamente como “preliminar”, lo que confirma su carácter provisional.

32.8 Asimismo, la eventual indemnización quedó supeditada a la suscripción de
un acta de indemnización que no obra en el expediente, y a una evaluación
técnica posterior a la finalización de los trabajos, la cual tampoco fue aportada.
Incluso, el propio documento condiciona cualquier reconocimiento a que “haya
lugar”, expresión que deja abierta la posibilidad de que, una vez realizada dicha
evaluación, no se configure una afectación indemnizable. En tales condiciones,
el oficio se limita a prever una eventual actuación futura y no constituye prueba
suficiente de la existencia de un daño cierto, actual y atribuible a la parte
demandada.

32.9En cuanto a las imágenes aportadas para acreditar el supuesto daño
ambiental, se trata de fotografías sin fecha, sin georreferenciación y sin
autenticación, por lo que carecen de idoneidad probatoria. La jurisprudencia ha
señalado que, cuando no es posible establecer su origen, temporalidad o

72
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 2 de agosto de 2023. Expediente
70001233100020050290401 (54878), MP Nicolás Yepes Corrales.
73
Cuaderno 2 de pruebas, folio 176.

35

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

correspondencia con el hecho dañoso alegado, dichas imágenes no tienen valor
suficiente para acreditar la ocurrencia del daño.74

32.10 En estas condiciones, aun si se admitiera la existencia de alteraciones
temporales en el recurso hídrico, no se acreditó un daño cierto, individualizable y
persistente por parte del demandante que resulte indemnizable en sede de
responsabilidad patrimonial.

32.11 En síntesis, no se acreditó la existencia de un daño cierto, personal y directo
derivado de la construcción del pozo Infantas 2484. Los elementos aportados no
permiten demostrar afectación real del recurso hídrico, ni de la fauna o de la flora
del lugar, ni la configuración de un perjuicio imputable a Ecopetrol S.A., por lo
que no hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la demanda
tampoco por este concepto.

I. Costas

33. La Sala advierte que la condena en costas impuesta en primera instancia no
fue objeto de apelación, razón por la cual habrá de confirmarse. En ese sentido,
de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365 del
CGP75, se condenará en costas de esta instancia a la parte demandante, las
cuales deberán incluir las agencias en derecho que se hubieren causado; las
costas procesales deberán ser liquidadas de manera concentrada por la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según dispone el
artículo 366 del Código General del Proceso.76

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

74
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de agosto de 2014. Expediente. 28.832, MP Danilo Rojas
Betancourt.
75
Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
76
“Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en
el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada
la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior
(…)”.

36

Radicado: 25000-23-36-000-2015-02033-02 (66548)
Demandante: Orlando Álvarez Dávila

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia dictada el 27 de febrero de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDÉNASE en costas de segunda instancia a la parte demandante
en favor de la entidad demandada, las cuales serán tasadas de manera
concentrada por el tribunal de primera instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(con firma electrónica)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con aclaración de voto

(con firma electrónica) (con firma electrónica)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con salvamento parcial
de voto

37

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