Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2011-00488-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-31-000-2011-00488-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-31-000-2011-00488-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria del Cerrojo S.A.S. y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Proceso: Acción de reparación directa
OCUPACIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE DE INMUEBLE POR TRABAJOS PÚBLICOS
– ocupación que da lugar a servidumbre legal petrolera / DAÑO ANTIJURÍDICO – no se
demostró la existencia actual del daño
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia proferida el 6 de julio de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, en la cual se negaron las pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno a la ocupación permanente que se produjo
en los predios El Jordán y El Nuevo Jordán, por parte de Ecopetrol como
consecuencia de las obras de construcción e instalación del poliducto de 14” Pozos
Colorados Galán.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 6 de diciembre de 20111, las sociedades Agropecuaria El Cerrojo S.A.S. y
Ganadería El Triángulo Gutiérrez Escolar & Cía S.C.A. presentaron demanda, en
1 Folios 2 a 6 del cuaderno 1.
Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
ejercicio de la acción de reparación directa, contra Ecopetrol S.A., para que se
hicieran las siguientes declaraciones:
“A).- Declárase que la empresa ECOPETROL es responsable de la totalidad de los
daños y perjuicios patrimoniales y morales, ocasionados por ocupación permanente
de inmueble por trabajo público al afectarse los predios Jordán y Nuevo Jordán los
cuales se encuentra inscrito en la Oficina de Registros Públicos de Santa Marta de
propiedad de mis poderdantes las empresas: AGROPECUARIA EL CERROJO S.A.S.
Y GANADERÍA EL TRIANGULO GUTIERREZ ESCOLAR & CIA S.C.A. al penetrar la
empresa ECOPETROL S.A. en los predios por la vía de hecho al pretender reparar y
(sic) instalar una nueva tubería realizó daños en los potreros de los dos predios,
destruyó de raíz árboles frutales, daño en su totalidad el pasto, realizó daño en los
demás árboles que se encontraban en los predios. Para mayor información las redes
de conducción de gasolina se encuentran localizada en la jurisdicción de fundación.
Por esta ocupación permanente en el inmueble con trabajos públicos realizada por la
empresa ECOPETROL S.A. afectó una extensión 2.670 longitudinales por mas de 30
metros de ancho, quiere decir que a la empresa Ecopetrol se le debe condenar por
los siguientes daños y perjuicios:
B.-) Como consecuencia de la anterior declaración CONDENESE a la empresa
ECOPETROL S.A. a pagar al demandante los siguientes daños y perjuicios morales
y patrimoniales:
1.- Que se ordene el pago por ocupar permanentemente en el inmueble con Trabajos
Públicos a ECOPETROL S.A. por ocupar una extensión contenida en los metros
cuadrados afectados en una longitud de 2.670 x 30 metros de ancho = 80.100 metros
cuadrados afectados X $9.000,oo = suma superior a $720.900.000.oo.
2.- Que se ordene el pago por ocupar permanentemente el inmueble con trabajos
públicos a ECOPETROL S.A. como la afectación y recuperación del pasto tuvo una
duración y recuperación de seis meses, la cifra anterior se divide por el doble a la
suma superior de ($1.441.800.000.oo).
3-. Que se ordene el pago por ocupar permanentemente el inmueble con trabajos
públicos a ECOPETROL S.A. el pago de una suma superior de ($490.000.000.oo)
por concepto de indemnización de los perjuicios, indexación más los intereses
moratorios bancarios permitidos por ley, desde la fecha de la ocupación hasta la
sentencia que resuelva este proceso o hasta que se efectúe el pago total de la misma,
ley 56 de 1981 y decreto 2085 de 1985.
4.-Que se ordene a las empresas ECOPETROL S.A. a cancelar la tala de raíz
realizada en los predios de los forma talo de raíz 22 matarronez, 7 samán grande, 20
medianos, 82 guácimo, 12 arboles de mora, 70 evitos leñosos, 2 pepo, 4 guayabo, 4
diva seca, 1 robles, 4 ceibas, pasto natural, cercas de madera y cercas temporales la
suma que deberá pagar Ecopetrol es por la suma de ($280.000.000,oo) como daño
material.
5-. A las Empresas ECOPETROL S.A. dará cumplimiento a la sentencia que ponga
fin al presente proceso en los términos de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
6-. Todas las sumas de dinero a que llegare a ser condenado a pagar ECOPETROL
S.A. serán indexadas esto es reajustadas teniendo en cuenta la devaluación de pesos
colombianos y el índice de precios al consumidor IPC, con fundamento en el
reconocimiento del daño por sentencia ejecutoriada y desde este momento hasta que
se haga efectivo el pago.
(…).
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
Hechos
Los sucesos relevantes expuestos como base del litigo se concretan a
continuación:
Las sociedades Agropecuaria El Cerrojo S.A.S. y Ganadería El Triángulo Gutiérrez
Escolar & Cía. S.C.A. son propietarias de los predios Jordán y Nuevo Jordán,
destinados a la siembra de arroz, maíz y a la ganadería extensiva.
Según el extremo activo, Ecopetrol S.A. -no indicó fecha- instaló redes de
conducción de gasolina que atraviesan los predios de las demandantes. A la par se
sostuvo que el 4 de enero de 2010 y 14 de diciembre del mismo año, funcionarios
de Ecopetrol S.A. ingresaron a los inmuebles de la parte actora y talaron
indiscriminadamente árboles frutales y dañaron una franja de terreno de 2.670
metros lineales por 30 metros de ancho.
Se indicó que Ecopetrol irrumpió en el predio, incurriendo en una vía de hecho, sin
mediar autorización de sus propietarias, por lo que, al haber ocupado los inmuebles
de forma permanente con trabajos públicos, esa entidad era responsable de los
daños causados en el área afectada.
Contestación de la demanda
Ecopetrol
En escrito allegado oportunamente, sostuvo que, a diferencia de lo afirmado por la
parte actora, en desarrollo del proyecto de optimización del poliducto Pozos
Colorados – Galán se requería ampliar a un ancho de 25 metros la servidumbre
existente desde 1993 en los predios el Jordán y Nuevo Jordán a favor de Ecopetrol,
dado que contaba con 16 metros; sin embargo, luego de sostener varias reuniones
con los propietarios de los citados inmuebles, no se logró llegar a un acuerdo sobre
la indemnización, lo que condujo a que se avalara por el departamento técnico de
esa empresa la construcción e instalación de la nueva tubería en la franja de terreno
de la servidumbre existente, sin que se hubiera interviniera una zona adicional.
A la par formuló las excepciones de: “falta de causa o inexistencia de la obligación”,
“inexistencia del daño”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “inepta
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
demanda”, “existencia del derecho de servidumbre vigente”, “nadie puede ir
válidamente en contra de sus propios actos”.
En escrito separado, denunció el pleito frente a la unión temporal de empresas UT
PPG, integrada por las sociedades Morelco S.A.S., Montecz S.A., Ismocol de
Colombia S.A., Termotecnica Coindustrial S.A. y Conequipos Ing. Ltda., con
fundamento en el contrato 5205997, celebrado entre Ecopetrol y esta para la
construcción del Poliducto Pozos Colorados – Galán, denuncia a la que se accedió
en auto del 12 de abril de 20132.
Las sociedades Morelco S.A.S., Montecz S.A., Ismocol de Colombia S.A.
Como razones de defensa expusieron que las actividades que involucraban la
construcción del poliducto objeto del contrato 5205997, la conformación del derecho
de vía y, con ello, la determinación del área de influencia del proyecto, incluyó la
constitución de servidumbres y el pago de las respectivas compensaciones,
gestiones que estaban a cargo de Ecopetrol. Agregó que las obras se ejecutaron
exclusivamente sobre el área que abarcaba el derecho de vía previamente
conformado.
Propusieron como excepciones: “ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
agotamiento de la conciliación”, “ausencia de requisitos que originan la
responsabilidad extracontractual” y “servidumbre vigente sobre el predio”.
Sentencia de primera instancia
El 6 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Magdalena negó las
pretensiones de la demanda.
Previo a abordar el fondo del asunto, resolvió negativamente la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa, tras constatar que las actoras son las
propietarias de los inmuebles en controversia, según lo mostraba los folios de
matrícula inmobiliaria aportados al plenario.
Anticipó la síntesis de su decisión, argumentando que no se configuró el daño
antijurídico alegado.
2 Folios 230 a 231 del cuaderno 2.
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
Seguidamente, el a quo se refirió al marco jurisprudencial de la responsabilidad del
Estado por ocupación permanente de inmuebles, a la legislación reguladora en
materia de servidumbres, al cabo de lo cual observó que el paso de los oleoductos,
entre otros, constituye una ocupación permanente que, pese a estar autorizada por
la ley, supone la procedencia de una indemnización que se paga por una sola vez.
Luego de revisar el cúmulo probatorio obrante en el proceso, el Tribunal observó
que en junio de 1993, al amparo del Decreto 1886 de 1956, se suscribió la escritura
pública mediante la cual se constituyó una servidumbre legal de oleoducto en favor
de Ecopetrol sobre el área en debate, que recayó sobre una extensión de 16 metros
de ancho por 2.692 metros lineales, es decir, 43.072 M2, a cambio de una
indemnización estimada en $2’153.600 en favor del entonces dueño de los terrenos
y que igualmente se acordó que no habría más indemnización por la imposición de
ese gravamen.
Advirtió que, con todo, en ese mismo documento público se registró que, de ser
necesaria la construcción de más oleoductos o de realizar labores de recuperación
mantenimiento o conservación de las tuberías, los daños y perjuicios que se
causaran serían indemnizados por Ecopetrol al propietario.
Sentado esto último, precisó que el 29 de julio de 2010, Ecopetrol realizó un
ofrecimiento económico a la sociedad Agropecuaria El cerrojo, por las obras de
optimización que se habrían de acometer en el sistema Pozos Colorados – Galán
y que afectaría el predio, por lo que estimaron la indemnización en cuantía de
$40’981.477.
Al tiempo con lo dicho, halló demostrado que el 18 de noviembre de 2010, la alcaldía
del Algarrobo expidió la Resolución 1261 que resolvió una querella policiva
promovida por Ecopetrol y se ordenó la restitución al libre derecho de servidumbre
legal petrolera y de tránsito a favor de esa entidad y, de otro lado, que el inventario
de daños en el inmueble, allegado al expediente fue practicado por la actora el 9 de
enero de 2010. De estos dos elementos de prueba, el fallador de primer grado
concluyó que, con anterioridad a la orden de restitución de la servidumbre, Ecopetrol
no había tenido acceso al inmueble, de manera que mal podía atribuírsele la tala
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
indiscriminada de árboles sobre un área que no había intervenido, hecho sobre el
que además no existía otra prueba indicativa de su ocurrencia.
Se refirió al dictamen practicado a solicitud de parte y sobre su contenido consideró
que no estaba llamado a ser apreciado, por cuanto fue realizado a partir de los datos
expuestos en la demanda sin corroborar la información allí depuesta, como tampoco
se efectuó visita al lugar del predio, pues aun cuando reposaban unas fotografías,
se desconocía cuando fueron tomadas y respecto de qué área. Señaló que la
experticia no determinó la existencia del metraje de la servidumbre, ni de la
intervención efectuado por Ecopetrol en 2010 o si se valió de la servidumbre anterior
para instalar la nueva tubería. Increpó que para hacer la valoración económica se
fundamentó en el inventario realizado por Ecopetrol para el ofrecimiento formulado
por la posible intervención de la tubería sin precisar sí efectivamente se había
producido la tala de árboles que ameritara la indemnización. Con base en ese
razonamiento declaró probada la objeción por error grave al dictamen.
Destacó que, en la imposición de la servidumbre que databa de 1993, el propietario
del predio se obligó a permitir su ejercicio sin perturbaciones, por lo que no podría
sembrar árboles en ese lugar, ni arbustos, ni intervenir ese suelo.
Aludió a un correo electrónico cruzado entre la ingeniera María Alejandra Mendoza
y Juan Pablo Rocha Pedraza y el registro fotográfico adjunto, elementos con base
en los que dedujo que la intervención realizada por Ecopetrol se llevó a cabo dentro
de los 16 metros de la servidumbre. A continuación, valoró el testimonio del
mencionado señor Rocha Pedraza y de la apreciación en conjunto de esos
elementos, el juzgador de primera instancia concluyó que en la servidumbre inicial
de 16 metros fue enterrada la tubería de 14 pulgadas de la nueva línea Pozos
Colorados - Galán, de suerte que el descapote del suelo y cavada de la zanja se
hizo para introducir esa nueva red, servidumbre en la que, reiteró, en todo caso no
era posible la siembra de árboles, ni cultivos so pena de perturbar el uso servido.
En los términos expuestos, no encontró demostrado que Ecopetrol hubiera
intervenido un área distinta de aquella que, por virtud de la servidumbre establecida
en 1993, podía usar, ni halló acreditada la remoción de cercas. De contera afirmó
que no se probó la ocupación permanente sin valido título y con ello el daño
antijurídico.
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
Por último, manifestó que, sin perjuicio de lo anterior, en el transcurso de este litigio
ocurrieron otras circunstancias tales como que el 27 de marzo de 2013 Ecopetrol
S.A. cedió a Cenit S.A. la prenotada servidumbre y que, como consecuencia de ello,
el 24 de octubre de 2017 Cenit S.A. y la parte actora lograron un acuerdo, en virtud
del cual aquella pagó unos sumas cuyo desembolso estaba probado en el plenario,
por haber afectado 18.975 m2 del predio Nuevo Jordán y 4.94 Ha que se tradujo en
recuperación de pastos, cercas y arbustos.
En apoyo de este hallazgo, el operador judicial de primer grado adujo que, si bien
el daño antijurídico relacionado en la demanda, tala de árboles y afectación de
80.100 metros de franja no se había configurado, ciertamente en el curso de este
proceso se negociaron de manera directa los posibles daños producidos con la
optimización del poliducto Galán – Pozos Colorados, lo que excluía cualquier
pronunciamiento en relación con los daos reconocidos en esos acuerdos.
Recurso de apelación
La parte accionante formuló recurso de apelación contra la sentencia, con el fin de
que se revocara y se acceda a las súplicas de la demanda.
Como sustento de la impugnación, sostuvo que Ecopetrol, en vez de presentar
demanda abreviada para la imposición de una nueva servidumbre, lo que hizo fue
ingresar por la vía de hecho y ampararse en la servidumbre prexistente para iniciar
un procedimiento policivo que culminó con una decisión “abusiva e ilegal” del
inspector del Policía del Algarrobo al permitir el ingreso de Ecopetrol a los predios
para realizar nuevas obras, la que además se expidió sin competencia.
Reprochó la decisión del juzgador de primera instancia, según la cual la nueva red
que instaló Ecopetrol se situaba dentro de los 8 metros de cada lado de la
servidumbre prexistente, pues “la magistrada ponente no conocía el predio”, ni su
ubicación, ni existía fundamento para afirmar que las mediciones concordaban con
la escritura pública elevada en 1993 y desconocía los estándares internacionales
que determinaban la exigencia de un mínimo de 15 metros de ancho entre una y
otra línea. En ese sentido indicó que estaba demostrado que Ecopetrol se valió de
un proceso policivo para abstenerse de pagar la indemnización que debía reconocer
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
por la ejecución de un nuevo oleoducto, la cual estaba plenamente demostrada en
el expediente.
Señaló que el tribunal desconocía las normas que regulaban la servidumbre, dado
que ni las mencionó, las equiparó a una vía de hecho sin justo título y dejó de lado
la circunstancia de que Ecopetrol, al ocupar una franja de terreno nueva, taló árboles
y destruyó maderables, tal cual lo reconoció la demandada en el escrito de
contestación.
Discrepó de que el Tribunal hubiera afirmado que no se produjo tala indiscriminada
de árboles cuando tal hecho se hallaba acreditado con la diligencia policial en la que
se obligó a los funcionarios de Ecopetrol a detallar los árboles y frutales que
procedería a talar.
Censuró que se desestimara el dictamen pericial por no brindar veracidad sobre los
aspectos conceptuados, debido a que, ante esa incertidumbre, le correspondía al
fallador proceder al decreto de pruebas de oficio, según lo habilitaba las normas
sustanciales y procesales.
Cuestionó el entendimiento a la luz del cual, ante la preexistencia de una
servidumbre, Ecopetrol podía construir allí más redes sin necesidad de constituir un
nuevo derecho real.
Consideró injustificable que, del correo electrónico cruzado entre la ingeniera María
Mendoza y el señor Juan Roche, el a quo desprendiera que la intervención cumplía
con la restricción de 16 mts, sin siquiera tener conocimiento de donde se hallaban
las tuberías.
En lo sucesivo reiteró sus argumentos de reproche encaminados a apartarse de la
decisión, por haber concluido que no se demostró la afectación del predio de los
demandantes, sin tener pruebas que fundaran esa conclusión.
Trámite de segunda instancia
El 26 de agosto de 2022, el Tribunal de origen concedió el recurso de apelación. El
17 de febrero de 2023, el Despacho admitió la impugnación. El 1 de septiembre de
2023, se corrió traslado a las partes por un término común de 10 días para que
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
presentaran sus alegaciones finales y ordenó que, en caso de que el Ministerio
Público lo solicitara, se surtiera el trámite previsto en el artículo 59 de la Ley 446 de
19983.
La demandada y las sociedades que conforman la UT PPG presentaron sus escritos
de alegaciones, en los que replicaron los argumentos expuestos en oportunidades
procesales precedentes.
El Ministerio Público rindió concepto en el sentido de considerar que la sentencia
impugnada merecía ser confirmada, en atención a que no se demostró que se
hubiera ocupado un área distinta de aquella sobre la que recaía la servidumbre
constituida en favor de Ecopetrol y añadió que en el expediente existía prueba del
pago realizado por la cesionaria de la servidumbre en favor de las sociedades
actoras por los daños ocasionados con la realización de las obras de instalación del
poliducto, lo que desvirtuaba la presencia del daño alegado.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
1.-. Como la demanda se presentó el 6 de diciembre de 2011, el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–, por
cuanto el CPACA entró en vigencia el 2 de julio de 2012. Adicionalmente, en los
aspectos no contemplados, se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
II. Presupuestos procesales
1-. Jurisdicción y competencia
2.- La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya
causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del CCA,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
3 Folio 291 del cuaderno principal.
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
artículo 129 CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así
mismo, le compete el conocimiento del asunto, en razón a la cuantía pues, de
conformidad con el artículo 20.2 CPC, modificado por el artículo 3 de la Ley 1395
de 2010, el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas supera los
500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 CCA, esto es, $267’500.004.
2.- Acción procedente
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del CCA, la reparación directa
es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por trabajos
públicos o por cualquier otra causa, cuestión que determina la procedencia del
cauce impetrado en razón a que el sub lite versa sobre la ocupación permanente de
los inmuebles Jordán y Nuevo Jordán con ocasión de la instalación de un poliducto
por parte de Ecopetrol.
3.- Demanda en tiempo
4.- El término para formular pretensiones en reparación directa, según el artículo
136.8 CCA, es de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del
hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquier otra causa.
No se tiene certeza de la fecha precisa en que Ecopetrol ejecutó las obras en los
predios de los demandantes, por cuenta de las cuales se produjo la ocupación
alegada por el extremo activo. No obstante, sí se tiene conocimiento de que el 18
de noviembre de 2010, la inspección de policía del Algarrobo resolvió 5 una querella
instaurada por Ecopetrol para que se le permitiera el ingreso a los predios de los
demandantes con el fin de ejecutar unas obras de instalación de un poliducto en el
área de la servidumbre preconstituida sobre esos terrenos a favor de esa entidad
desde 1993.
4 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2011, $535.500, por 500.
5 Folios 108 a 112 del cuaderno 1.
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
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De ahí se colige que, desde el momento en que se le permitió el ingreso a los
funcionarios de Ecopetrol a los terrenos de los demandantes- noviembre de 2010-,
hecho por cuenta del cual se produjo la ocupación de los inmuebles, hasta la fecha
de presentación de la demanda -6 de diciembre de 2011- no habían transcurridos
los dos años de caducidad de la acción
4.- Legitimación en la causa
5.- Las sociedades Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y Ganadería El Triángulo
Gutiérrez Escolar & Cía. S.C.A. son las personas sobre las cuales recae el interés
jurídico que se debate en este proceso, ya que son los propietarios6 de los predios
Jordán y Nuevo Jordán en donde se -alega- se desarrollaron las obras de
construcción e instalación del poliducto de 14’’ que generó su ocupación
permanente.
6.- Ecopetrol S.A. está legitimada en la causa por pasiva, toda vez que se le endilga
responsabilidad por haber ocupado los inmuebles de los demandantes como
consecuencia de las obras de construcción e instalación de una tubería de
conducción de hidrocarburos.
5.- Delimitación de los cargos del recurso de apelación
7.- Los argumentos de disenso de la parte demandante se enfocan, en su gran
mayoría, a cuestionar la decisión de la primera instancia por haber concluido que la
intervención de Ecopetrol en los predios de los demandantes se produjo dentro de
la franja de la servidumbre prexistente, cuando, en sentir del libelista, tal aserto no
se encuentra respaldado en elementos de prueba válidos, sino en meras conjeturas
del fallador.
Para el recurrente, la sentencia no tuvo en cuenta las pruebas, como el dictamen
pericial que develaban la intervención de un área superior a la de la servidumbre
prexistente, lo que daba lugar al pago de una nueva indemnización por la
6 Así se desprende de las escrituras públicas de compraventa 3224 del 31 de diciembre de 2009 y
1694 de 16 de septiembre de 2010 (folios 33 a 48 del cuaderno 1), en consonancia con los folios de
matrícula inmobiliaria 225-1371 y 225-17219. (folios 413 a 417 del cuaderno 1).
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
constitución de otra servidumbre de facto y, además, se habían causado perjuicios
adicionales en los predios por causa de las obras.
8.- Será frente a los aspectos señaladas en relación con los cuales se analizará el
fondo del asunto, examen que partirá de referirse, de manera genérica, a la
responsabilidad por ocupación de inmueble, de manera específica a la regulación y
jurisprudencia en materia de ocupación temporal y permanente de inmueble en el
marco de la actividad petrolera, para luego referirse a los hechos probados;
seguidamente se focalizará en el estudio de los cargos de la apelación, al compás
de lo cual se examinará la configuración de los elementos de la responsabilidad
atribuida a Ecopetrol.
5.1. Cuestión previa: Inviabilidad de analizar los otros cargos de la apelación
9-. Uno de los argumentos de la alzada se encaminó a tildar de abusiva e ilegal la
resolución por la cual el municipio del Algarrobo permitió la entrada de Ecopetrol a
los predios para la instalación de la tubería de conducción, dado que, además de
haberse erigido en una vía de hecho, se expidió sin competencia en tanto era a la
jurisdicción ordinaria a la que correspondía imponer la nueva servidumbre.
10.- Lo primero que debe mencionarse en torno a este alegato es que el mismo
constituye un cargo nuevo respecto de aquellos introducidos y ventilados en la
demanda que dio origen a este proceso, escrito en el que ninguna alusión se hizo
respecto a la actuación policiva que ahora refiere el extremo actor y de la cual para
ese entonces ya tenía conocimiento debido a que, como se verá más adelante, fue
en desarrollo de su acatamiento que los funcionarios de Ecopetrol ingresaron a los
predios El Jordán y Nuevo Jordán.
11.- Sentado lo anterior, la Sala no emitirá pronunciamiento de fondo frente a ese
argumento, no solo porque al identificarse como un aspecto no discutido en la
demanda, adicionarlo en el recurso de apelación comporta una trasgresión al
principio de congruencia que no puede ser prohijada por esta instancia, sino además
debido a que la decisión en comento corresponde a un acto jurisdiccional proferido
12
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por una autoridad de policía7 que no es pasible de ser controlado por la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
A ese respecto, evidencia la Sala que la decisión aludida por el impugnante
corresponde a la Resolución 1262 proferida el 18 de noviembre de 20108, por la
cual el alcalde del Algarrobo ordenó cesar la perturbación que afectaba el libre
ejercicio de la servidumbre constituida por Ecopetrol en 1993 sobre los predios de
los demandantes.
12.- Así pues, constatada la naturaleza de esa decisión, al tenor de lo dispuesto en
el inciso tercero del artículo 82 del CCA, esta jurisdicción carece de competencia
para analizar su contenido.
5.2.- La responsabilidad del Estado por ocupación de inmueble por trabajos
públicos o cualquier causa
13.- La ocupación temporal o permanente de inmuebles por trabajos públicos o por
cualquier otra causa es uno de los supuestos de responsabilidad objetiva del Estado
que consagraba el Código Contencioso Administrativo y que actualmente se
mantiene en el CPACA. Su configuración surge cuando la Administración, en
ejercicio de sus cometidos institucionales dirigidos a ejecutar obras o trabajos
públicos, genera unas limitantes de carácter físico al libre ejercicio del derecho a la
propiedad privada.
7
En reciente oportunidad, esta Subsección mediante sentencia del 23 de agosto de 2024, exp,
67132, advirtió: En estos términos ha sido expuesto por la Corte Constitucional: “Está consagrado
en la legislación y así lo ha admitido la doctrina y la jurisprudencia de que cuando se trata de procesos
policivos para amparar la posesión, la tenencia o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen
función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales, excluidos del control
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y no actos administrativos. En razón de lo anterior
y dada la naturaleza material de actos jurisdiccionales (…)”.
“Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1801 de 2016 -actual Código de Policía-las cuestiones
señaladas se desatarían por la autoridad de policía, en función jurisdiccional, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 125 y siguientes del anterior estatuto policivo, recogido en el Decreto Ley
1355 de 1970 -norma vigente al tiempo de los hechos-, cuyo tenor consagraba que: “La policía sólo
puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga
sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la
situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”.
“5.- Así, se observa que la autoridad de policía ejercerá función jurisdiccional cuando quiera que su
actuación se dirija a resolver un conflicto suscitado entre dos o más particulares, atinente a conjurar
temporalmente la perturbación de la posesión, tenencia o servidumbre respecto de bienes inmuebles
de naturaleza privada. Las decisiones que emita en desarrollo de ese debate, tendrán la naturaleza
de actos jurisdiccionales que escapan al control de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
8 Folios 108 a 112 del cuaderno 1.
13
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14.- En esa línea, la ocupación, entendida como una afectación material al derecho
de propiedad, puede ser temporal o permanente, conceptos distinguidos por esta
Sección, así:
“Se entiende que existe una ocupación permanente cuando la administración se
instala en el terreno, ya sea construyendo allí una obra pública, destinándolo como
lugar de asentamiento de algún grupo humano determinado, ubicando una unidad
militar, etc, [sic] es decir cuando toma posesión definitiva del mismo,
asumiéndolo como propio -de facto-, para desarrollar allí cualquiera de los
fines estatales. La ocupación es temporal, cuando esa posesión o instalación en el
terreno es apenas transitoria, ocurre para atender una necesidad específica.”9.
(Negrillas fuera del texto original).
15.- En este sentido, la ocupación es temporal cuando la Administración se instala
en el inmueble de manera limitada en el tiempo, para atender una necesidad
específica, restringiendo el uso del bien por un lapso determinado, sin que comporte
una lesión física o material definitiva.
En contraposición, la ocupación permanente es aquella que:
“(…) tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del derecho de
dominio sobre el bien inmueble, y que además tenga vocación de permanencia
en el tiempo aun cuando no se busque la realización de una obra por parte de
la administración (…).”10.
(Negrillas fuera del texto original).
16.- En este último evento, la ocupación se produce sin la adquisición previa de la
titularidad del bien o de la franja ocupada, materializando de esa manera una
limitación definitiva en el derecho real; de ahí que la reparación del daño causado
en esta hipótesis se traduzca en el pago del valor del bien o área ocupada y
“comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad
condenada”11, postulado que a su turno encuentra su fundamento en lo insertado en
el artículo 220 del CCA, en el que se lee:
“Si se tratara de ocupación permanente de una propiedad inmueble y se
condenare a una entidad pública o a una entidad privada que cumpla
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
septiembre del 2000. Exp: 11417.
10 Ibídem. Haciendo referencia a: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera. Auto del 9 de abril del 2008. Exp: 3756. Esta definición también se consignó en el auto del
9 de febrero del 2011, exp: 38271.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 3 de
abril de 1997. Exp: 9718. Criterio reiterado en sentencias del 10 de mayo del 2001, exp: 11783; y del
10 de agosto de 2005, exp: 15338.
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funciones públicas, al pago de lo que valga la parte ocupada, la sentencia
protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.
17.- En contraposición a lo que acontece si la ocupación es temporal, supuesto en
el cual se abre paso al reconocimiento de los perjuicios causados por la utilización
provisional del inmueble que no definitiva y por la limitación durante un lapso en su
libre disposición por su titular.
18.- Así, para la prosperidad de las pretensiones dirigidas a que se declare la
responsabilidad del Estado por la ocupación temporal o permanente del inmueble,
incumbirá al interesado demostrar: i) el ejercicio de un derecho real sobre el bien; ii)
la ocupación física del inmueble por parte de una entidad pública; iii) el daño
antijurídico padecido por causa de la anterior circunstancia.
5.2.1. La ocupación temporal y permanente de inmueble en el marco de la actividad
petrolera – servidumbre legal derivada de trabajos en el sector de hidrocarburos
19.- En materia petrolera, el legislador se ha encargado de regular las causas y
efectos que puede generar la ocupación de un inmueble como consecuencia de las
actividades que involucra el sector de hidrocarburos.
Entre ellas, como se verá, previó la necesidad de constituir servidumbre, definida
en el artículo 879 del Código Civil como “un gravamen impuesto sobre un predio en
utilidad de otro predio de distinto dueño”, para la instalación de infraestructura
destinada a la conducción y transporte de combustibles. Se trata así de una
servidumbre de carácter legal para el uso público o utilidad de los particulares,
prevista en los artículos 888 y 897 del Código Civil.
20.- Para el caso resulta menester remontarse al Decreto 1886 de 1954, mediante
el cual se dictaron normas de la industria petrolera y en cuyo artículo 5 diferenció
los eventos de ocupación permanente y temporal de inmuebles.
Al efecto dispuso que: “Cuando se trate de obras o labores de impliquen ocupación
de carácter permanente, la indemnización se causará y se pagará por una sola vez
y amparará todo el tiempo que el explorador o explotador de petróleos ocupe los
terrenos y comprenderá todos los perjuicios”. En este grupo incorporó aquellas
obras asociadas a la construcción de carreteras, la de oleoductos, la de
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campamentos y edificios para oficinas, la instalación de equipos de perforación y
demás semejantes.
Mientras que aquellas actividades que derivaran en una ocupación temporal, como
las relativas a exploración superficial con aparatos de geofísica, trazados o de
oleoductos, de carreteras, etc., que impliquen destrucción de cercas, apertura de
trochas o senderos de penetración, excavaciones superficiales y otras análogas,
daría lugar a una indemnización que ampararía períodos de hasta seis meses.
21.- En 2009, se expidió la Ley 1274, por la cual se determinaron aspectos relativos
a las servidumbres petroleras. En esa normativa se consagró que la industria de los
hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de exploración,
producción, transporte, refinación y distribución.
Bajo esa comprensión, en su artículo 1 previno que “los predios deberán soportar
todas las servidumbres legales que sean necesarias para realizar las actividades de
exploración, producción y transporte de los hidrocarburos, salvo las excepciones
establecidas por la ley”.
Igualmente, determinó que la servidumbre de ocupación de terrenos comprenderá
el derecho a construir la infraestructura necesaria en campo e instalar todas las
obras y servicios propios para beneficio del recurso de los hidrocarburos y del
ejercicio de las demás servidumbres que se requieran.
Con todo, para el ejercicio del derecho de servidumbre legal petrolera se determinó
la obligación de adelantar una etapa previa de negociación directa entre la entidad
interesada y el dueño del inmueble que debía versar sobre la duración de las
actividades, el área requerida, su carácter transitorio o definitivo y la indemnización
que ello genera. De no lograrse acuerdo, el paso a seguir radica en acudir al Juez
Civil Municipal para el avalúo de los perjuicios derivados del ejercicio de las
servidumbres.
Este catálogo normativo replicó los parámetros indemnizatorios previstos en el
anterior Decreto 1886, de conformidad con los cuales, en caso de tratarse de
ocupación permanente, la indemnización se pagaría por una sola vez y de
corresponder a una transitoria, sería reconocida por períodos de seis meses.
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Finalmente, en el artículo 7 de la Ley 1274 de 2009 se dispuso que “El acuerdo
entre las partes que se elevará a escritura pública o, en su defecto, la decisión
judicial deberá registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos del lugar de
ubicación de los terrenos objeto de la diligencia de avalúo, calificándola el respectivo
Registrador como el establecimiento de una servidumbre legal de hidrocarburos”.
22.- Al efectuar el análisis contrastado del anterior Decreto 1886 de 1974 y la Ley
1274 de 2009, la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo:
“En el caso de la industria petrolera, el ejercicio del derecho de servidumbre
sobre un predio particular de ninguna forma puede considerarse como una
privación ilegítima del derecho de dominio de su titular, puesto que, por
definición, la servidumbre constituye un gravamen a la propiedad inmueble y en
el caso de las que tienen origen legal o forzoso obligan al titular del dominio a
soportarlas, desde luego que no gratuitamente12.
“La pertenencia al Estado de los recursos naturales no renovables del suelo y
del subsuelo en forma inalienable e imprescriptible justifica la imposición de las
servidumbres de la industria petrolera13, bien que aquel realice las actividades
de exploración y explotación directamente, o a través de terceros.
“El Decreto 1886 de 1954 –derogado por la Ley 1274 de 2009– estableció que,
tratándose de los perjuicios ocasionados con las actividades de exploración o
explotación, cuando las obras o labores asociadas a aquellas implicaran una
ocupación de carácter permanente, la indemnización se causaba y pagaba por
una sola vez, amparaba todo el tiempo que el explorador o explotador de
petróleos ocupara los terrenos y comprendía todos los perjuicios.
“Siguiendo en este punto a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia14,
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 6 de septiembre de 2010 [Exp.
41001-31-03-001-2004-00085-01]. MP. César Julio Valencia Copete. En esta providencia se indicó
“Tan peculiar es este régimen de servidumbre, que aunque es de utilidad pública, el industrial de
hidrocarburos, por tener la calidad de titular de este derecho real sui géneris, resulta obligado,
respecto del dueño o poseedor de la cosa, a pagar la indemnización por el uso que haga de las áreas
correspondientes, puesto que, según se sabe, el ordenamiento constitucional no sólo no autoriza al
legislador para imponer expropiaciones o extinciones al dominio al margen del marco señalado en
los artículos 34, 58 y 59 de la Carta Política, sino que garantiza la propiedad privada, por cuanto,
cual derecho fundamental sobre el que se fundan todas las instituciones sociales, es la piedra
angular de la economía, el alma universal de toda la legislación y fundamento cardinal de la libre
empresa, como se anotó en algunas de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, que
dio origen a la actual Carta Política”.
13 Cabe indicar que el petróleo, que hace parte del género de recursos naturales no renovables, fue
regulado de manera independiente a partir de la Ley 120 de 1919, “Sobre yacimientos o depósitos
de hidrocarburos”. Anteriormente, el tratamiento del petróleo correspondía a la regulación de otros
recursos de la minería.
14 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2014 [Exp.
11001-31-03-007-2007-00268-01]. MP. Margarita Cabello Blanco. En esta providencia de citan dos
pronunciamientos de la misma corporación de 4 de agosto de 1994 [Exp. 1437] y 29 de mayo de
1996 [Exp. 3031], en los que se indica que cuando los afectados por los trabajos de exploración y
explotación de petróleo “despilfarran” la oportunidad de acudir oportunamente al trámite del Decreto
1886/54 –procedimiento excepcional que es previo a la realización de dichos trabajos–, disponen en
todo caso de otras vías judiciales para proponer la correspondiente acción resarcitoria para el pago
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la justificación para que, tratándose de una ocupación de carácter permanente,
el referido pago procediera por una sola vez, se explica en que dicho aspecto
estaba regulado por un procedimiento especial –el del Decreto 1886 de 1954–
previo a la realización de trabajos de exploración y explotación de petróleo, el
cual constituía un mecanismo de inmediatez o urgencia en una industria que es
de interés nacional.
“En ese sentido, interpretar las normas del Decreto 1886 de 1954 aceptando la
posibilidad de que con la terminación y reversión del contrato de concesión para
la exploración y exploración de petróleo no solo surgía para los propietarios de
los predios sobre los cuales ya se encontraban constituidas servidumbres
propias de dicha industria el derecho a reclamar una nueva indemnización, sino
también, en caso de que el Estado no accediera voluntariamente a ella, la
facultad de solicitar la suspensión de dichas actividades, implicaría un atentado
contra el interés nacional, dado que se pondría en riesgo la continuidad de la
industria en cuestión.
“Desde luego que, en vigencia del Decreto 1886 de 1954, lo expuesto no
significa que se hubiera vetado la posibilidad para que el perjudicado por no
recibir indemnización, previo a la realización de las mencionadas actividades, o
por recibir una indemnización insuficiente para compensar los perjuicios
irrogados, pudiera plantear la respectiva controversia ante el juez competente,
pero en ese caso, aquel ya no podía acudir al procedimiento especial del
referido decreto sino a uno jurisdiccional declarativo de responsabilidad.
“No sobra indicar que, para la Sala, la limitación del pago de la indemnización
por la ocupación de carácter permanente, por una sola vez, se predicaba no
solo cuando aquella era el resultado de que el juez municipal a cuya jurisdicción
pertenecieran los terrenos o mejoras practicara el avalúo solicitado por el
explorador o explotador de petróleos, o del dueño u ocupante de dichos terrenos
o mejoras –hipótesis que concierne al trámite que regulaba el artículo 2 del
Decreto 1886 de 195415–, sino también cuando dichas partes convenían en
aquella, en ambos casos, previo a la realización de trabajos de exploración y
explotación de petróleo.
“La consideración precedente tiene como fundamento la interpretación de las
normas del Decreto 1886 de 1954, de manera conjunta con otras que permiten
comprender su alcance y contenido, específicamente alude la Sala a las normas
del derecho de minas entonces vigentes16, las cuales resultan aplicables, según
de los perjuicios que se hubieren podido ocasionar por la ocupación permanente de sus terrenos o
mejoras, si los producidos no hubieren sido resarcidos totalmente o solo parcialmente.
15 “Decreto 1886/54. Artículo 2. Cuando haya de efectuarse el avalúo pericial de los perjuicios
ocasionados con los trabajos de exploración o explotación, a que se refiere el artículo 116 del Decreto
805 de 1947, la respectiva diligencia se ajustará a las siguientes normas:
“El avalúo será practicado por ante (sic) el Juez Municipal a cuya jurisdicción pertenezcan los
terrenos o mejoras, a solicitud del explorador o explotador de petróleos, o del dueño u ocupante de
los terrenos o mejoras, con intervención de dos peritos: uno nombrado por el explorador o explotador
de petróleos y otro por el dueño u ocupante del terreno.
“Si los peritos no se pusieren de acuerdo en su dictamen, deberán proceder de inmediato a la
designación de perito tercero” (subrayado fuera del texto).
16 La Ley 38 de 1887 adoptó como legislación permanente y con carácter nacional, el Código de
Minas del otrora Estado soberano de Antioquia de 1873, el cual estuvo vigente hasta que lo derogó
el Decreto 2655/88. En efecto, de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia “(…) cuando la anterior
disposición [refiriéndose al Decreto 1056/53] aludió a las normas que debían ser aplicadas a la
actividad petrolera y remitió al Código de Minas, por obvias razones, dado el momento de vigencia
de dicho Decreto (año 1953), corresponde entender que el referido envío aludía a la codificación de
la materia vigente para la época, es decir, el Código de Minas que regía, esto es, el antiguo Código
de Minas del Estado de Antioquia (adoptado como Código Nacional por la Ley 38 de 1887). Dicho
cuerpo normativo, en los capítulos XII, XIII y XIV mencionados por el Decreto 1056 de 1953, recogía,
ciertamente, en su orden, reglas consagradas a las «Servidumbres establecidas en favor de las
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lo prevén el Decreto 1886 de 195417 y el Decreto 1056 de 1953 o Código de
Petróleos18, en lo que no contravenga la regulación especial contenida en ellos.
En ese contexto, el artículo 2 del Decreto 1886 de 1954, al contextualizar la
indemnización de los perjuicios que ocasionan las actividades de exploración o
explotación en la industria del petróleo, alude al avalúo de que trata el artículo
116 del Decreto 805 de 1946, cuyo adelantamiento, para el caso de la industria
del petróleo, se debe ajustar a las reglas especiales19 establecidas en dicho
artículo 2 del Decreto 1886 de 1954, aplicables “[c]uando haya de efectuarse”
ese avalúo20, es decir, cuando oportunamente hubiera solicitado su práctica el
explorador o explotador de petróleos, o el dueño u ocupante de los terrenos o
mejoras.
23.- En cuanto a la naturaleza de la servidumbre legal en la esfera de la actividad
petrolera, la Corte Suprema de Justicia ha explicado que:
“… el interesado a efectos de concretar la servidumbre legal de que es titular
debe, en primer lugar, agotar la negociación directa con los implicados, a fin de
obtener un acuerdo sobre las condiciones en la que ejercerá el derecho, el cual
elevarán a escritura pública a fin de registrarla en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos. Y solo si esta fracasa, el reclamante podrá acudir a la
“solicitud de avalúo de perjuicios”, con el propósito de que dicho cometido se
cumpla.
“(…).
“Memórese que si bien la servidumbre de hidrocarburos es una prerrogativa que
dimana de la ley, frente a la cual los propietarios, poseedores u ocupantes del
inmueble gravado no pueden oponerse, en tanto todos los predios
comprendidos en el territorio nacional están obligados a “(…) soportar todas las
servidumbres legales que sean necesarias para realizar las actividades de
exploración, producción y transporte de los hidrocarburos, salvo las
excepciones establecidas por la ley”, para su constitución no es suficiente el
mandato legal, pues requiere de un instrumento que lo concrete, como lo es el
convenio con el afectado o una orden judicial, y por ser un derecho real (art. 655
del Código Civil) necesita, además, su registro en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos21.
minas»; «indemnizaciones a que son obligados los mineros»; y, «aguas para las minas». Corte
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2014 [Exp. 11001-
31-03-007-2007-00268-01]. MP. Margarita Cabello Blanco.
17 El artículo 1 del Decreto 1886/54 establece que los artículos 109 a 188 del Decreto 805/47 se
aplican a la industria del petróleo con las modificaciones establecidas por el primero, es decir, la
aplicación de las normas sobre derecho de minas del segundo decreto procede siempre que no se
desconozcan las reglas especiales del primero.
18 El artículo 9 del Decreto 1056/53 prevé que ciertas disposiciones del Código de Minas –en
particular se destacan las concernientes a las servidumbres y a la indemnización a cargo de los
mineros– resultan aplicables en la industria del petróleo, a falta de disposiciones especiales.
19 La diligencia de avalúo presenta algunas diferencias en la regulación que atañe a las minas
[Decreto 805/47] y en la que concierne al petróleo [Decreto 1886/54], pero en ambos casos dicho
avalúo es consecuencia de una misma causa, cual es que las partes interesadas no estuvieren de
acuerdo en el monto de la indemnización, según se explica enseguida.
20 En caso de que se verificara la solicitud de avalúo, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto
1886/54, el explorador o explotador de petróleo solo podrá iniciar los trabajos una vez cumplidas las
diligencias de dicho avalúo.
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 30 de abril de 2021,
exp.2020-00258-01, MG. Octavio Augusto Tejeiro.
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24.- En atención al contexto normativo y jurisprudencial que se deja plasmado, la
Sala procede a resolver el fondo del asunto con apego a los cargos de la apelación
planteada y a la luz de los fundamentos fácticos que sean relevantes para definir la
controversia:
5.3.- Hechos probados
5.3.1. En relación con la existencia de la servidumbre legal de oleoducto elevada a
escritura pública 1150 de 7 de junio de 1993
25.- Está demostrado en el proceso que, en vigencia del Decreto1886 de 1954,
mediante escritura pública 1.150 de 7 de junio de 199322, otorgada en la Notaría
Sexta del Círculo de Barranquilla, se constituyeron derechos de servidumbre legal
de oleoducto, entre el señor Gonzalo José Gutiérrez Lacouture y a favor de
Ecopetrol, sobre el predio “El Jordán”, de propiedad de aquel, para la ampliación del
oleoducto Pozos Colorados - Ayacucho:
“PRIMERO: Que es propietario inscrito de un predio denominado El Jordán,
ubicado en la vereda Bellavista y/o Loma del bálsamo, jurisdicción del Municipio
de Fundación, Departamento del Magdalena, e inscrito en el Catastro vigente
con cédula catastral número 00-04-001-0003-000-01-01, de una extensión
aproximada de 707 hectáreas 9.236 M2, comprendido dentro de los siguientes
linderos generales tomados del título de adquisición (...).
TERCERO: Sobre el predio antes identificado por su cabida y linderos se han
adelantado las obras necesarias para la ampliación del oleoducto Pozos
Colorados - Ayacucho, con tubería enterrada que afecta un área de terreno de
16 metros de anchos por 2.692 de largo para un total de 43.072 M2
comprendida dentro de los siguientes linderos especiales: Siguiendo la línea del
oleoducto por la parte anterior en 16 metros de ancho con terrenos de la
Sucesión de Domingo Rueda, por la parte posterior también en 16 metros con
terrenos de Salvador Varela y por los lados derechos e izquierdo con terrenos
del mismo propietario en longitud de 2.692 metros.
CUARTO: Que por medio de este instrumento público constituye a
perpetuidad sobre el predio mencionado y especialmente sobre la zona de
terreno determinada en la cláusula anterior SERVIDUMBRE LEGAL DE
OLEODUCTO Y TRÁNSITO CON OCUPACIÓN PERMANENTE PETROLERA
a favor de la EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS - ECOPETROL. En
virtud de la cual la Empresa queda con la facultad de ejercer el derecho de
propiedad sobre las líneas construidas que transporta petróleo v sus
derivados, construir otros oleoductos, poliductos o gasoductos y ejecutar
las obras necesarias para la conservación, reposición, recuperación y
22 Este acto se registró en el certificado de matrícula inmobiliaria 225-001371 el 24 de junio de 1993,
según anotación 8. Folios 119 a 126 del cuaderno 1.
20
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manejo de las tuberías v mantenimiento de las mismas, instalar, usar,
mantener, y reparar líneas eléctricas que se requieran y construir casetas
para protección de válvulas de bloqueo o protección catódica, si fuere el
caso en el mencionado predio v dentro de la zona determinada para la
servidumbre. Del mismo modo ECOPETROL tendrá el tránsito libre para los
trabajadores, equipos v maquinarias que se utilicen en los trabajos aludidos. va
se trata de sus propios trabajadores y equipos, o de contratistas suyos. El
propietario a la fecha, ha hecho entrega de la zona de terreno alinderada
anteriormente y declara que no ha hecho enajenación de la misma y admite el
libre acceso a ella.
QUINTO: EL PROPIETARIO podrá usufructuar la franja de terreno determinada
para la servidumbre, obligándose a no ejecutar acto alguno que impida o
perjudique el goce de la misma o el funcionamiento de los oleoductos, sus
dependencias o accesorios y el tránsito libre para los trabajadores de
ECOPETROL o de sus contratistas, en las labores de vigilancia o
mantenimiento, exceptuándose el área donde se construya una caseta, si fuere
el caso. Sin embargo, ECOPETROL podrá retirar de la mencionada zona de
terreno, todos los objetos que obstaculicen el goce de la servidumbre, sin estar
obligado al pago de indemnización alguna. PARÁGRAFO: En el evento de que
ECOPETROL determine construir otros oleoductos, poliductos.
gasoductos o caseta. o ejecutarlas obras necesarias para conservación,
reposición, recuperación o manejo de las tuberías, los daños o perjuicios
que se ocasionen serán indemnizados por ECOPETROL al PROPIETARIO
del predio.
SEXTO: El precio de los derechos de servidumbre que se establece en este
documento, es de la suma de DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 2.153.600.oo) MONEDA CORRIENTE que el
propietario declara haber recibido a satisfacción de ECOPETROL en su
totalidad. La anterior suma cubre todas las obligaciones de ECOPETROL
para con el propietario por razón de los derechos de servidumbre de que
trata la construcción de las obras mencionadas en la cláusula tercera del
presente instrumento. SÉPTIMO: ECOPETROL podrá ceder a cualquier otra
persona natural o jurídica los derechos adquiridos por este título, sin necesidad
de autorización del propietario o de quien lo suceda en el derecho. La
servidumbre legal del oleoducto y tránsito con ocupación permanente petrolera
que se constituye por esta Escritura Pública queda sometida a las normas que
regulan la materia y al Código de Petróleos”23
26.- Dos conclusiones importantes se extraen del mencionado instrumento, las
cuales, de entrada, se anticipan por su vocación de incidir en la decisión que se
adopte por esta instancia:
• De acuerdo con el contenido obligacional de la escritura pública en
referencia, para la instalación de una nueva tubería, Ecopetrol podía valerse
23 Folios 132 a 140 del cuaderno 1
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Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
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Asunto: Reparación Directa
de la servidumbre allí establecida, en tanto expresamente se habilitó a la
empresa para que en esa área se construyeran otros oleoductos, según
quedó estipulado en su texto.
• En todo caso, si bien la imposición de la servidumbre solo daba lugar al
derecho de indemnización por una sola vez, al margen de que en esa misma
franja pudieran llevarse a cabo más obras atinentes a la infraestructura
petrolera, lo cierto es que los daños que se causaran en ejercicio de las
mismas en los predios gravados, sí debían ser reparados.
5.3.2.- Sobre el traslado del derecho de dominio de los predios Jordán y Nuevo
Jordán
27.- En escritura pública 322424 del 31 de diciembre de 2009, la sociedad
Agropecuaria El Cerrojo S.A.S. en calidad de compradora y Gonzalo José Gutiérrez
Lacouture, como vendedor, suscribieron la compraventa de un inmueble
denominado “El Jordán” con un área de 554 Ha y 2.103 m2 por valor de
$382’672.500, del cual quedó un lote remanente llamado “El Nuevo Jordán”,
identificado con matrícula inmobiliaria 225-1371, con un área de 150 ha y 199 m2.
Este acto se registró el 19 de febrero de 2010 en el folio de matrícula inmobiliaria
225-17219, en la cual se precisó que este predio se segregó de uno de mayor
extensión identificado con el certificado de libertad y tradición 225-137125.
28.- Posteriormente, a través de escritura pública 1694 del 16 de septiembre de
2010 Gonzalo José Gutiérrez Lacouture vendió a la sociedad Ganadería El
Triángulo Gutiérrez Escolar y Cía S.C.A. el lote de terreno “El Nuevo Jordán”, con
cabida de 150 has con 199 m226.
5.3.3. Sobre el proyecto de optimización del poliducto Galán – Pozos Colorados y
las gestiones realizadas al interior de los predios Jordán y Nuevo Jordán
29.- En febrero de 2010, Ecopetrol inició el proyecto optimización del poliducto
Galán - Pozos Colorados que consistió en la construcción de una línea de flujos de
hidrocarburos entre la estación Galán, ubicada en Barrancabermeja y la estación
Pozos situada en Santa Marta, en línea de 14 pulgadas.
24 Folios 33 a 43 del cuaderno 1.
25 folios 131 a 132 del cuaderno 1.
26 Folios 45 a 48 del cuaderno 1.
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30.- En consideración a que la tubería atravesaría los predios Jordán y Nuevo
Jordán, Ecopetrol, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1274 de 2009,
emprendió una negociación directa dirigida a realizar unos ofrecimientos
económicos a los propietarios de esos inmuebles para imponer una nueva
servidumbre en la que se ampliara la existente de 16 a 25 metros de ancho27,
propuestas que estimaban los valores por los posibles daños que tales obras
eventualmente causarían. No obstante, dichas ofertas no fueron aceptadas28.
31.- Ante la frustración de esa negociación previa, tendiente a la imposición de una
nueva servidumbre a la luz de la Ley 1274 de 2009 y al avalúo de los perjuicios que
ello desencadenaría, y en atención a la prexistencia de la servidumbre del poliducto
“Ayacucho – Pozos Colorados” en esos terrenos, Ecopetrol analizó la viabilidad de
prevalerse del área que ésta ya comprendía para construir allí la nueva línea de
conducción “Pozos Colorados – Galán” de 14 pulgadas.
32.- Con todo, el 14 de septiembre de 2010, los propietarios del predio el Jordán
impidieron el ingreso de funcionarios de Ecopetrol para realizar las labores de
27
A folios 49 a 51 del cuaderno 1 obra oficio de 29 de julio de 2010, por el cual Ecopetrol realizó un
ofrecimiento económico a Jaime Alberto Gutiérrez Escolar, representante de la sociedad
Agropecuaria el Cerrojo S.A.S., por la “optimización Poliducto Galán Pozos Colorados tubería 14”,
en realizó a que las obras en cuestión afectarán el predio de su propiedad denominado El Jordán,
ubicado en la vereda Bellavista en jurisdicción del Municipio Algarrobo, identificado con la cédula
catastral 000400010003000 y con el folio de matrícula inmobiliaria N° 225-17219, específicamente
sobre un área de terreno de cuarenta y nueve mil cuatrocientos metros (49.400m2), por lo que ofrecía
$40'981.477 por los posibles daños causados con ocasión de la ejecución de esas obras.
Sin embargo, dado que el documento en cuestión no se encuentra suscrito por quien se rotula como
el signante “Coordinador de Gestión Inmobiliaria” de Ecopetrol, su contenido no puede ser apreciado
por esta instancia.
28
Del testimonio de Juan Pablo Rocha, funcionario de la Unidad de Gestión de Tierras de Ecopetrol
se extracta lo siguiente: “El proyecto consistió en la construcción de una línea de flujo de
hidrocarburos entre la estación galán ubicada en barranca bermeja y la estación de pozos colorados
ubicada en santa marta, en línea de 14 pulgadas al cual fui asignado como profesional inmobiliario
por parte de Ecopetrol en la adquisición de los derechos necesarios para su construcción. (…). sobre
el predio Jordán y nuevo Jordán se adelantó la gestión inmobiliaria correspondiente en cumplimiento
a la ley 1274 de 2009 donde logramos realizar la notificación o el aviso de obra y varias reuniones
con el propietario presentando las propuestas económicas respecto a la indemnización
correspondiente las cuates no fueron aceptadas por el mismo. (…) sobre el predio en mención se
encuentra constituida una servidumbre de una infraestructura existente a nombre de Ecopetrol en
un ancho de 16 mts sobre el cual en su momento se realizaron las consultas técnicas y se validó la
posibilidad de construir esta nueva línea dentro de esta misma servidumbre para lo cual se recurrió
a un amparo policivo el cual fue otorgado por la inspección correspondiente. (…). en el caso particular
de los predios Jordán y nuevo Jordán la gestión iniciada en febrero de 2010, requirió varias reuniones
con el propietario que fueron dilatando en el tiempo el inicio de las actividades de obra, razón por la
cual se validó técnicamente como una opción adicional a la imposición de servidumbre de
hidrocarburos establecida en la ley 1274 de 2009 , la utilización de la franja de servidumbre existente
en los predios sin que se hubiese requerido adelantar ese proceso de imposición.
23
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instalación del nuevo ducto, lo que llevó a que esta entidad promoviera, ante el
municipio de Algarrobo, una querella policiva de “Restitución al Libre Derecho de
Servidumbre Legal Petrolera”, contra Agropecuaria El Cerrojo S.A.S. propietaria de
ese terreno, con sustento en que tal sociedad impedía el libre ejercicio de su
derecho real existente en ese lugar y de intervención de la infraestructura petrolera.
33.- Tras llevar a cabo la respectiva revisión documental de títulos y una inspección
ocular en la que se constató la efectiva perturbación del derecho de servidumbre en
cabeza de Ecopetrol, el 18 de noviembre de 2010 el alcalde del Algarrobo, con
fundamento en el Código Civil, cuyo tenor establece que “el dueño del predio no
podrá menoscabar de modo alguno el uso de la servidumbre constituida”, expidió la
Resolución 1262, en la que resolvió
“ARTÍCULO PRIMERO: Ordenase establecer un Statu-Quo, con el cual dispone
volver la situación objeto de perturbación al estado anterior en que se
encontraban los predios antes de la perturbación.
“ARTÍCULO TERCERO: Con el establecimiento del STATU QUO aquí
decretado y si alguna de las artes considera que su derecho a la propiedad le
es usurpado o perturbado; por no tener las autoridades policivas competencia
para CONTROVERTIR EL DERECHO DE DOMINIO, las partes quedan en
libertad para hacer valer sus derechos recurriendo ante los jueces civiles que
por jurisdicción tengan la competencia” 29
34.- Con fundamento en lo anterior, Ecopetrol procedió a realizar las obras de
instalación de la nueva tubería de 14 pulgadas, en la servidumbre impuesta30 que
atravesaba los predios Jordán y Nuevo Jordán, según se profundizará a
continuación.
5.4.- Análisis de la apelación
35.- Llegados a este punto de la providencia, la Sala recuerda que uno de los
reparos formulados en la alzada recayó precisamente sobre este último aserto, en
cuanto el recurrente censuró que el a quo hubiera concluido que la nueva tubería
se instaló en la franja de 16 metros de ancho de la servidumbre primaria y no en un
área que la excedía, sin tener en cuenta el dictamen pericial practicado por el
29 Folios 108 a 111 de cuaderno 1.
30 El análisis probatorio que sustenta esta conclusión será analizado al estudiar los cargos de la
apelación.
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ingeniero agrónomo Julio Cesar Bolaño Ruiz, pues, en sentir del libelista, sí era
insuficiente esa experticia el a quo ha debido decretar pruebas de oficio.
36.- Para atender el planteamiento del recurso, la Sala parte de precisar que, con
arreglo al inciso final del artículo 169 del CCA, se podrán decretar de oficio las
pruebas indispensables para esclarecer puntos oscuros o dudosos, en la
oportunidad procesal para decidir. Sin embargo, el decreto de pruebas de oficio no
es una facultad que se ejerce por solicitud de parte, sino que corresponde al juez
de conocimiento, por iniciativa propia ponderar y decidir, en cada caso concreto y
de acuerdo con las dudas que puedan surgir al momento de entrar a estudiar el
asunto de fondo, si las decreta para esclarecer los puntos oscuros o dudosos.
Por lo mismo, no puede confundirse la potestad de decretar pruebas de oficio con
un desplazamiento por parte del juez de la carga de la prueba31 que le asiste a la
parte a la que le incumbe demostrar el supuesto de hecho en que edifica sus
pretensiones.
37.- Por lo demás, la Sala considera que le asiste la razón al Tribunal en apartarse
del contenido del dictamen rendido, a petición de la parte actora, por Julio Cesar
31 Al respecto, el artículo 177 del CPC establece que las partes tienen la carga de la prueba; postura
frente a la cual esta Subsección ha sido enfática respecto de los efectos que su inobservancia
acarrea:
“La noción de carga ha sido definida como ´una especie menor del deber consistente en la necesidad
de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los
varios que excitaban al sujeto`. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor
la necesidad de cumplir ¾incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente¾ con la prestación
respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta ¾la aludida
carga¾, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo
despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a
cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables
o nocivas que tal omisión le acarree.“(…).
“En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta
para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso
cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma
jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las
partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el
proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que
las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el
adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su
eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo” Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, expediente
18076, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada por la Subsección A en sentencia de 27 de marzo
de 2014, expediente 29732, con ponencia del mismo consejero.
25
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Bolaño Ruiz, visto que, claramente el dictamen32 concluyó que el área de terreno
afectado abarcó 40 metros de ancho, sin ofrecer el más mínimo sustento técnico
que apoyara sus conclusiones, ni la metodología empleada para su realización, esto
es, si había efectuado una verificación directa en campo o no, limitándose a señalar
lo que sobre el particular había sostenido el extremo activo en el libelo introductorio.
Incluso, al resolver la solicitud de aclaración y complementación elevada frente a
esa experticia por las demandadas, se le pidió al auxiliar que indicara como había
verificado en el terreno que la servidumbre es de 40 metros de ancho, a lo que el
auxiliar contestó:
“Con base en la influencia directa e indirecta del poliducto que incluye la
exclusión de prácticas que pudieran afectar la seguridad de la tubería, se
determinó un área de seguridad de 40 metros (20 metros a cada lado del
poliducto). Distancia a partir de la cual puede sembrarse especies vegetales
maderables, cuyo sistema radicular puede alcanzar hasta 15 metros de longitud
sin que afecte el poliducto33.
De ahí que su práctica no obedeció a un proceso de verificación directa de medición
de la franja existente ni de la tubería instalada, sino a una elucubración basada en
el “alegado” deber de seguridad que debía guardarse entre tuberías, sin indicar la
fuente técnica de sus afirmaciones, sin constatar el área efectiva de intervención, y
peor aún, desconociendo el metraje de la servidumbre ya preconstituida desde 1993
que tenía 16 metros de ancho.
38.- Adicionalmente, estas aseveraciones quedaron desvirtuadas por cuenta del
dictamen34 realizado por Guillermo Alemán Leguizamón, allegado como prueba
dentro de la objeción grave formulada por las integrantes de la UT PPG35 en contra
de aquel, del cual se corrió traslado a las partes mediante auto del 3 de abril de
2019.
En este concepto se indicó que la experticia fue el resultado de visitas técnicas a
los predios Jordán y Nuevo Jordán, lugar donde se hallaba situada la zona de la
servidumbre, llevadas a cabo el 15 de junio, 19 de agosto y 1 de octubre de 2016.
32 Folios 491 a 501 del cuaderno 2. Decretado en auto de pruebas del 10 de septiembre de 2010
por el tribual de origen. Folios 451 y 452 del cuaderno 2.
33 Folios 526 a 528 del cuaderno 2
34 Cuaderno 5.
35 folios 540 a 550 del cuaderno 2.
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Como resultado de esas visitas se verificaron las actividades de instalación del
ducto de 14’’, “dentro de la servidumbre de una longitud de 2703 m y los puntos de
referencia del proyecto, siendo PK000+000 Pozos Colorados y 512+000 estación
Galán, paras los predios en cuestión correspondieron al PK102+407 al PK105+138”.
Al efecto introdujo un gráfico explicativo que reflejaba la medición y seguidamente
concluyó:
“Los primeros 10 metros, se toman desde la cerca viva y el poste kilométrico del
poliducto de 12¨previamente instalado por el cual se constituyó la servidumbre
actual. Seguidamente se evidencia una distancia de 6 metros entre el poste
kilométrico del poliducto de 12’’ anterior y el poste de protección catódica del
tubo de 14’’ instalado en el año 2010. (imagen 1 y 2) finalmente es visible una
distancia de cuatro metros entre el poliducto instalado Pozos Colorados –
Galán. (…).
“… de las revisiones realizadas en la finca, en donde se comprueba que no
hubo una afectación de 40 metros como lo manifestó Julio Cesar Bolaños Ruiz,
por el contrario las huellas en el suelo dejan ver que la intervención se realizó
en un área promedio de 10 metros lo que representaría un área de afectación
de 27.030 m2 establecidos en 10 metros de ancho a lo largo de los 2703m de
longitud en los predios El Jordán y Nuevo Jordán, los cuales se encuentran
dentro de la servidumbre previamente constituida a favor de Ecopetrol”
39.- Las anteriores conclusiones encuentran correspondencia y respaldo en la
declaración testimonial36 de Juan Pablo Rocha Pedraza, funcionario de gestión
predial de Ecopetrol, en la que manifestó que: "Fueron varias las reuniones con el
propietario donde se presentó la opción de ampliarla franja de servidumbre existente
de 16 a 25 metros, con lo cual se generaría la intervención de otras mejoras
presentes y que al no lograrse un acuerdo por dicha ampliación, no fueron
finalmente intervenidas aun cuando en el proceso de gestión fueron presentadas
las propuestas económicas que las relacionaba. Al no haberse intervenido no se dio
la afectación al ecosistema que se mencionó. (…). La franja intervenida de 16
metros presentaba ocupación en pastos sobre los cuales se realizó en su momento
el ofrecimiento económico correspondiente a los propietarios por esta afectación ”.
36
Al respecto conviene señalar que, aun cuando el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil
consagra que son sospechosas para declarar las personas que, en concepto del juez, se encuentren
en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en función de su parentesco,
dependencia, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes
personales u otras causas, la jurisprudencia unánime de esta Corporación ha sostenido que sus
dichos no pueden relegarse de plano. Lo que supone es que su valoración debe pasar por un filtro
más riguroso, en contraste y cotejo con el resto del acervo probatorio que integra la cusa y con
las particulares que la circundan, al tiempo que deberán apreciarse en consonancia con las
reglas de la sana crítica y la experiencia. En atención a los términos descritos, será valoradas.
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40.- Esta declaración concuerda con aquella rendida por el ingeniero civil Cesar
Augusto Omaña Castro, coordinador y director de los tramos UT PPG Consorcio
Morelco, quien se encargaba de la revisión del avance del proyecto del poliducto y
las especificaciones técnicas. Al respecto se lee la siguiente pregunta: ¿cómo
fueron ejercidas especificaciones técnicas del contrato, en un derecho de vía, no
mayor a 16 metros”, Replicó: “Actas37 de reunión que testimonian que el proyecto
se construyó dentro de las especificaciones técnicas en el derecho de vía entre 14
y 16 metros y cuya terminación en conclusiones de la gestoría no daba lugar a
ninguna reclamación e indemnización. PREGUNTADO: ¿Manifieste si las actas a
las cuales se refiere son las que se le ponen en conocimiento a folios 405 a 408 del
proceso? CONTESTO: Acta número 0015 del 06 de noviembre de 2012, predio el
Jordán y Acta 016 del 22 de noviembre de 2012, predio Nuevo Jordán”.
41.- Ante el panorama probatorio valorado, distinto a lo sostenido en el recurso de
apelación, estos hallazgos dan cuenta de que la intervención por parte de Ecopetrol
realizada en 2010 en los predios Jordán y Nuevo Jordán para la instalación del
poliducto de 14’’ del proyecto Pozos Colorados – Ayacucho se produjo dentro de la
franja de terreno de la servidumbre constituida en 1993.
42.- De ahí se concluye que, en los términos de la regulación que informa las
servidumbres petroleras y de conformidad con la escritura pública 1150 de 1993 de
constitución de servidumbre legal de oleoducto y tránsito con ocupación permanente
petrolera, la instalación de la nueva tubería no daba lugar al pago de otra
indemnización, como si se tratara de la constitución de una nueva servidumbre o de
una “servidumbre de facto” como lo sugirió el recurrente, toda vez que para el
cometido en cuestión Ecopetrol se valió del paso establecido desde 1993, cuya
imposición generó en ese entonces el pago indemnizatorio por una sola vez.
43.- En consonancia con lo advertido, teniendo en cuenta que para la instalación
del poliducto de 14’’ no se usó un área distinta a la que ya era objeto de gravamen,
concierne agregar que la ejecución de este nuevo proyecto se produjo dentro del
marco obligacional de la escritura pública precitada por la que se constituyó el
derecho real desde 1993, en tanto en su cláusula cuarta expresamente se habilitó
37 Las referidas actas junto con sus registros fotográficos reposan a folios 417 a 412 del cuaderno 1.
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a la parte servida para que dentro de esa misma franja de terreno pudiera “construir
otros oleoductos, poliductos y gasoductos y ejecutar las obras necesarias”.
44.- Ahora bien, despejado lo anterior, valga aclarar que aun cuando el hecho de
que la instalación de la nueva tubería no generaba un derecho indemnizatorio por
“la constitución de una nueva servidumbre de facto” puesto que el acaecimiento de
este supuesto se encuentra descartado, ello no equivale a afirmar que en el evento
que, en desarrollo y con ocasión de esas obras, se generaran daños en los
inmuebles -lo cual incluía el área de la servidumbre que los propietarios podían
usufructuar sin perturbar su funcionamiento-, Ecopetrol estuviera relevada de
reconocer esos perjuicios en favor de sus propietarios.
Tal premisa se desprende de lo registrado en el parágrafo de la cláusula quinta de
la escritura pública 1150 de 1993, conforme a la cual en el evento de que Ecopetrol
determinara construir otros oleoductos y poliductos, entre otros, o ejecutara obras
necesarias para la conservación, reposición, recuperación o manejo de las tuberías,
los daños o perjuicios que se ocasionaran serían indemnizados por esa
entidad a los propietarios del predio.
45.- Recapitulando el análisis que antecede, la Sala pone de presente que el daño
cuya reparación cuenta con vocación de procedencia con ocasión de la ocupación
que se alega en esta demanda, no se podía extender al pago de una indemnización
por la instalación de una nueva servidumbre de facto, en tanto, se acreditó que ese
evento no tuvo ocurrencia porque las obras se llevaron a cabo en la servidumbre
preexistente que daba lugar por una sola vez al derecho indemnizatorio.
46.- A contrario sensu, el daño cuyo reconocimiento tendría cabida bajo esta cuerda
procesal, de cara a las probanzas que la nutren, está circunscrito de manera
exclusiva a las posibles afectaciones físicas que la ejecución de las mencionadas
obras hubiese acarreado en los predios de los demandantes, tales como a título
ilustrativo lo sería la remoción de especies forestales, descapote de prados o la
avería de alguna edificación aledaña, por mencionar algunos.
47.- Habiendo avanzado hasta este punto, la Sala evidencia que, en relación con el
último aspecto planteado, asociado a la efectiva configuración del daño antijurídico
susceptible de ser reconocido en tanto se halle demostrado, se presentó una
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particularidad de remarcable relevancia que no puede pasar por alto, en razón a la
influencia que ha tener en el sentido de esta decisión, circunstancia que será
abordada a continuación:
5.4.1. La ausencia del daño antijurídico
48.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este
postulado constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del
Estado corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando
debidamente demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos
de imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los
demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un
juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las
voces del artículo 90 C.P.
49.- De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración
o lesión a un interés legítimo y lícito38 39 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente
61.340.
39 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses
lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales
o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros
requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de
l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual
del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de
Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
30
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Asunto: Reparación Directa
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil”40.
50.- El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto41, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 42. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.
51.- En atención al contexto señalado, se reitera que el daño cuyo reconocimiento
podría ser objeto de petitum en esta causa, se limita únicamente a las posibles
afectaciones físicas que la ejecución de las obras de instalación del poliducto Pozos
Colorados – Galán hubiese acarreado en los predios de los demandantes.
52.- Al respecto, se recuerda que el tribunal de origen halló demostrado que durante
el trámite de la primera instancia Ecopetrol S.A. cedió a Cenit S.A. la servidumbre
que ocupa la atención de la Sala y que, como consecuencia de ello, el 24 de octubre
de 2017 Cenit S.A. y la parte actora lograron un acuerdo, en cuya virtud aquella
pagó a esta unas sumas por haber afectado un área de lo predios que se tradujo en
recuperación de pastos, cercas y arbustos. De este hallazgo adujo el a quo que se
negociaron de manera directa los posibles daños producidos con la optimización del
poliducto Galán – Pozos Colorados y que se aportó prueba de su pago.
40 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao,
Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.
13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
42 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio
1998, P. 88 y 104
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
53.- Con el sentido de esta decisión y por las mismas razones coincidió el concepto
del Ministerio Público rendido ante el Consejo de Estado.
54.- Curiosamente, pese a ponerse de relieve la situación narrada en la sentencia,
en el recurso de apelación al recurrente no le mereció reparo alguno al punto que
guardó silencio a ese respecto. Con todo, no por esa actitud pasiva la Sala puede
abstenerse de considerar la circunstancia anotada, habida cuenta de que, como se
anunció, es una circunstancia que está llamada a impactar la orientación de la
presente decisión.
55.- En torno a esta cuestión, está acreditado que el 24 de octubre de 2017,
Ecopetrol S.A. informó al tribunal de origen que, en el proceso de reorganización
empresarial de la línea de negocio y transporte de hidrocarburos, el Gobierno
Nacional, mediante Decreto 1320 de 2011, autorizó a Ecopetrol a constituir una filial
para desarrollar el anterior objeto. Con fundamento en esa autorización, el 15 de
junio de 2012 la demandada constituyó la empresa Cenit Transporte y Logística de
Hidrocarburo S.A.S. a la cual se le cedió toda la infraestructura de transporte
(oleoductos y poliductos), a partir de 1 de abril de 2013, incluida los derechos de
servidumbre43.
En ese mismo escrito advirtió que Cenit y los demandantes habían logrado acuerdos
indemnizatorios, en los que aquella se comprometió a reconocer en favor de estos
una indemnización por concepto de los posibles perjuicios causados en sus predios
por cuenta de la ejecución del proyecto de optimización del poliducto.
56.- Como soporte de la información suministrada, se allegaron los siguientes
documentos:
Texto titulado “Acuerdo indemnización de Mejoras” suscrito el 20 de junio de 2016,
entre Cenit S.A.S. y José Antonio Gutiérrez Escolar representante legal44 de
Ganadería El Triángulo Gutiérrez Escolar y Cía S.C.A., propietario del predio Nuevo
Jordán, en el que dicha sociedad reconoció en favor de esta la suma de
43 Consta en el folio de matrícula inmobiliaria 225-17219, en la anotación 9 que el 23 de mayo de
2013, la cesión de la servidumbre que hizo Ecopetrol en favor de Cenit S.A.S. Igualmente consta en
el certificado de existencia y representación visible a folio 665 del cuaderno 4 y el folio de matrícula
inmobiliaria 225-1371.
44 En el certificado de existencia y representante de esa sociedad que se acompañó como anexo de
los acuerdos, consta la condición de representate gestor suplente. (folios 576 a 578 del cuaderno 2)
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
$28’068.107, por concepto de indemnización concretada en: pasto mejorado, cerca
permanente, cerca temporal encerramiento, arbustos, entre otros,, reconocimiento
que se realizaba en virtud de los daños ocasionados por la ejecución del proyecto
construcción y optimización del poliducto Pozos Colorados- Galán de 14’’.
“Adicionalmente se convino que: con la presente transacción se resuelven todas
las pretensiones que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; por
lo tanto las partes acuerdan una vez firmado el presente documento, suscribir y
radicar de manera conjunta memorial dirigido al mencionado TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DESISTIENDO DE LA DEMANDA y por lo tanto solicitando
la terminación del proceso, sin costas para las partes, de la acción de reparación
directa con radicado No. 20001-33-31-005-2011-00488-00 cuyas partes son:
Demandante: AGROPECUARIA EL CERROJO S.A.S Y GANADERIA EL
TRIANGULO GUTIERREZ ESCOLAR & CIA S.C.A., demandando Ecopetrol45.
El documento en cuestión se encuentra signado por señor José Antonio Gutiérrez
Escolar, representante legal de la demandante, GANADERIA EL TRIANGULO
GUTIERREZ ESCOLAR & CIA S.C.A. con su respectiva huella digital. Enseguida
aparece la constancia de que el mencionado ha entregado la totalidad de los
documentos requeridos para su pago.
57.- Reposa igualmente el “Acuerdo de indemnización de mejoras”46 celebrado el
21 de junio de 2016 por Cenit S.A.S. y Jaime Alberto Gutiérrez Escolar,
representante legal47 de la sociedad El Cerrojo S.A.S. propietaria del predio Jordán,
en el que se convinieron idénticos términos al conceso referido atrás en cuanto a su
motivación, clausulado y compromiso. La única diferencia radicó en que en este
caso el monto de la indemnización ascendió a $66’221.755, por los mismos
conceptos antes anotados. Este acuerdo se encuentra firmado y con huella digital
de Jaime Alberto Gutiérrez Escolar.
58.- Igualmente, en las constancias48 de pago arrojadas por el Banco de Bogotá,
bajo la columna “Consulta de Histórico Pago de Nómina” obra prueba del
desembolso de las sumas allí estipuladas, de las que se desprende la siguiente
información:
45 Folios 582 a 584 de cuaderno 2 y folio 732 del C4.
46 Folios 581 a 584 del cuaderno 2 y 732 del cuaderno 4.
47 Tal calidad se desprende del certificado de existencia y representación de esa sociedad visible a
folios 590 a 592 del cuaderno 2.
48 Folios 734 a 736 del cuaderno 4.
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
Fecha de la Persona que Beneficiario Banco y número de Valor
transacción realiza el pago cuenta
9 de agosto de Cenit Transporte y Agropecuario El Davivienda cuenta $4’283.993
2016 Logística de Cerrojo S.A.S. corriente
Hidrocarburo 116669999892
22 de agosto Cenit Transporte y Agropecuario El Davivienda cuenta $52’916.834
de 2016 Logística de Cerrojo S.A.S. corriente
Hidrocarburo 116669999892
25 de agosto Cenit Transporte y Agropecuario El Davivienda cuenta $11’917.770
2016 Logística de Cerrojo S.A.S. corriente
Hidrocarburo 116669999892
9 de agosto de Cenit Transporte y Ganadería el Davivienda Cuenta $22’957.562
2016 Logística de Triángulo Corriente
Hidrocarburo Gutiérrez 027569991618
9 de agosto de Cenit Transporte y Ganadería el Davivienda Cuenta $4’577.726
2016 Logística de Triángulo Corriente
Hidrocarburo Gutiérrez 027569991618
59.- Como se aprecia, la sociedad Cenit S.A.S, filial de Ecopetrol, y cesionaria del
derecho de servidumbre, llegó a “acuerdos indemnizatorios” con las accionantes,
en virtud de los cuales se obligó a reconocer los daños que se ocasionaron por la
ejecución del proyecto de optimización de poliducto, -daños por la afectación física
derivada de las obras -, al punto que las demandantes contrajeron el compromiso
de desistir de la presente demanda bajo el entendido de que con ese reconocimiento
se saldaban las desavenencias producidas en sus predios por cuenta de la
ejecución del proyecto.
60.- Si bien emerge con nitidez que el extremo activo no desistió de la demanda
según lo concertado en los prenotados acuerdos, eso solo desdice del cabal
acatamiento de las obligaciones adquiridas por esas sociedades a través de esos
instrumentos, sin que por ello esta instancia pueda desconocer el carácter
vinculante de esos pactos, por virtud de los cuales la cesionaria del derecho de
servidumbre sí honró el pago de los valores estipulados por concepto de daños
irrogados en los predios el Jordán y el Nuevo Jordán, originados en la instalación
del poliducto Pozos Colorados – Galán, desencadenando así la actual inexistencia
del daño reclamado.
61.- Se reitera que, en el recurso de apelación, la parte recurrente49 no solo guardó
silencio frente a las consideraciones puestas de presente por el Tribunal, en punto
49
El único alegato que en relación con este asunto se plasmó en el recurso de apelación consistió
en referir que, en auto de 14 de febrero de 2022 (folios 655 a 658 del cuaderno4), esta Corporación
revocó la providencia del 14 de octubre de 2020 (folios 718 a 719 del cuaderno 4) proferida por la
primera instancia en el que se había dispuesto vincular como litisconsorte necesario por pasiva a
Cenit, y, en su lugar, se negó su vinculación a este proceso.
Se observa que la motivación de la providencia de esta Corporación radicó en que no procedía la
vinculación de Cenit S.A. por cuanto el demandado era Ecopetrol, empresa a que se le atribuían los
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
al pago de las obligaciones convenidas por razón de los perjuicios reclamados, al
extremo que no lo desconoció. Tampoco demostró que con ese reconocimiento no
se cubría la totalidad de los daños causados que son materia de pretensión.
62.- Así las cosas, en cuanto está acreditado que el daño reclamado, concretado en
la afectación de los predios Nuevo Jordán y Jordán, generada por la realización de
las obras asociadas al proyecto “optimización del poliducto Pozos Colorados –
Galán” ya fue resarcido se concluye que el daño es inexistente, aserto que torna
inviable proseguir con el estudio de los demás elementos de la responsabilidad.
6.- Conclusión
63.- No se reunieron los supuestos para la prosperidad de las pretensiones
invocadas en cuanto: no se demostró la existencia de un daño antijurídico derivado
de la ocupación de que fueron objeto los inmuebles de las demandantes por causa
de las obras concernientes al proyecto de optimización del poliducto Pozos
Colorados – Galán, por lo que se confirmará la sentencia apelada en el sentido de
negar las pretensiones de la demanda.
7.- Costas
64.- El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición
de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub
lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
daños cometidos antes de la cesión, sin que se hubieran endilgado cargos de responsabilidad a
Cenit. En ese sentido adujo que no era necesaria su vinculación a la causa para dictar sentencia de
mérito, por no ostentar la condición de litisconsorte necesario por pasiva.
Como se observa, el auto en mención resolvió un asunto de índole puramente procesal respecto de
la vocación del cesionario para ser parte de esta causa, lo cual no muta el derecho sustancial que
en este litigo se discute, en tanto nada se resolvió acerca del alcance del acuerdo y pago efectuado
por esta sociedad en relación con los perjuicios que son materia de reclamación y tampoco frente a
su vocación de impactar la configuración de los elementos de la responsabilidad imputada,
precisamente en razón a que esa cuestión constituye un asunto que debía definirse en la sentencia
que ponía fin al proceso como, en efecto, se está advirtiendo en este fallo.
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Radicación: 470012331000201100488 02 (69279)
Demandante: Agropecuaria El Cerrojo S.A.S y otra
Demandado: Ecopetrol S.A.
Asunto: Reparación Directa
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de julio de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, con sustento en las consideraciones que anteceden.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE50
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
50 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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