Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-00497-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2015-00497-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2015-00497-02
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
24 de agosto de 2026
Radicado: 68001-23-33-000-2015-00497-02 (71333)
Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Medio de control: Reparación directa
Radicación: 68001-23-33-000-2015-00497-02 (71333)
Demandantes: Pablo Alejandro Martínez Reyes y María Isabel Díaz, Pablo
Andrés y Laura Isabel Martínez Díaz
Demandados: Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja
S.A. ESP
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia dictada el 11 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander
que declaró la caducidad del medio de control. La Sala es competente para proferir esta
providencia porque decide la apelación presentada contra la sentencia del tribunal, el cual
conoció del proceso en primera instancia por razón de la naturaleza del asunto y de la
cuantía, en los términos del numeral 6 del artículo 152 de la Ley 1437 del 2011, Código
Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante “CPACA”)1.
SÍNTESIS2
Los demandantes solicitan una indemnización por daños causados por la ocupación
permanente de su predio. Aducen que el Municipio de Barrancabermeja y la Empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A. (en adelante la “Empresa de Aguas”) ocuparon parte del
terreno para construir y operar una planta de tratamiento de un acueducto. El tribunal
declaró la caducidad del medio de control. La Sala confirma la decisión de primera
instancia porque la demanda se presentó dos años después de que finalizó la
construcción de la obra pública.
I. ANTECEDENTES
A. La posición de la parte demandante
1. El 27 de abril de 2015, Pablo Alejandro Martínez (en adelante el “demandante”) y su
grupo familiar interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
1 Antes de la entrada en vigor de las modificaciones incluidas por la Ley 2080 de 2021, la norma establecía que los
“tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación
directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. En el presente caso, los
demandantes estimaron la cuantía en $639.142.724 (índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página
41). Ese monto que superba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, “en adelante SMLMV”, que, para la
fecha de la presentación de la demanda (2015), equivalían a $322.175.000.
2 Tema: recurso de apelación – ocupación permanente por obra pública – caducidad.
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Radicado: 68001-23-33-000-2015-00497-02 (71333)
Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
directa contra el Municipio de Barrancabermeja (en adelante, el “Municipio”) y la Empresa
de Aguas3. En el mencionado escrito se formularon las siguientes pretensiones:
DECLARACIONES: Que las partes demandadas sean administrativa y solidariamente
responsables de la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden ocasionados a los
demandantes y a su familia, a consecuencia de la ocupación permanente de un inmueble
con ocasión de la ejecución de trabajos públicos en la construcción de un acueducto.
CONDENAS:
DAÑO EMERGENTE: Las partes demandadas pagarán a los demandantes la
indemnización por daño emergente que corresponda. Estimamos este perjuicio así:
1. El valor correspondiente a los 2.612 metros cuadrados dentro del predio ocupado en
donde se construyó la planta de tratamiento de agua potable y/o el acueducto de La
Fortuna, por un valor de cincuenta y dos millones doscientos cuarenta mil pesos ($
52.240.000.oo) correspondiente al avalúo corporativo No. CLIB-AB-010-2012 de la Lonja
Inmobiliaria de Barrancabermeja, o el valor del peritazgo correspondiente. (Prueba 51).
2. El valor correspondiente a 8.000 metros cuadrados colindantes a la construcción
pública que según concepto técnico se necesita para la estabilización del terreno en
donde se construyó la planta de tratamiento de agua potable y/o acueducto de la Fortuna,
por un valor de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000.oo) o el valor del
peritazgo correspondiente al mismo valor del metro cuadrado del ítem anterior.
3. El valor correspondiente a las construcciones, estanque piscícola, estabilización de
terrenos y especies vegetales (mejoras) de los 8.000 metros cuadrados del predio
colindante al terreno en donde se construyó el acueducto que por efecto de la remoción
en masa fue destruido y deforestado por un valor de doscientos veintiocho millones
doscientos treinta y seis mil setecientos veinticuatro pesos ($ 228.236.724.oo)
correspondiente al avalúo comercial realizado por la Sociedad Colombiana de
Arquitectos Regional Santander, capítulo Barrancabermeja de fecha 19 de septiembre
de 2014. (Prueba 53).
4. El valor correspondiente por Agencias en derecho en los procesos de perturbación a
la propiedad llevados en el Municipio de San Vicente de Chucurí, por un valor total de
treinta millones de pesos ($ 30.000.000.oo) (Prueba 56).
5. Valor correspondiente de los avalúos comerciales y corporativos de mejoras ubicadas
en el predio rural “aguas Calientes” por parte de la Sociedad Colombiana de Arquitectos
Capitulo Barrancabermeja por un valor de un
millón doscientos setenta y seis mil pesos ($ 1.276.000.OO) (Prueba 56).
6. Valor del estudio de suelos de la finca “Aguas Calientes” realizado por el geotecnista
Neyer Barreño León por valor de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000.oo)
(Prueba 56).
7. Valor correspondiente al servicio de 12 horas diurnas de vigilancia y seguridad privada
prestada durante el periodo del 23 de enero al 20 de febrero de 2015 en la finca “Aguas
Calientes” , por un valor de dos millones ochocientos mil pesos ($ 2.800.000.OO)
(Prueba 56).
8. Valor correspondiente de las consultas de la psicología y/o tratamientos psicológicos
al núcleo familiar por un valor total de SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS
($790.000.oo). (Prueba 56).(…)
LUCRO CESANTE: Las partes demandadas pagarán a los demandantes la
indemnización por Lucro Cesante que corresponda. Estimamos este daño así:
1. El valor correspondiente al producido de leche de 50 litros diarios a razón de $500.oo
litros para un total mensual de un valor de setecientos cincuenta mil pesos ($ 750.000.oo)
durante el termino de 24 meses o el término que usted determine en el proceso para un
total de dieciocho millones de pesos ($18.000.000.oo).
2. El valor correspondiente al producido trimestral de Levante de Ganado por un valor
de quince millones de pesos ($ 15.000.000.oo) durante el término de 24 meses o el
3 El grupo familiar del demandante está conformado por María Isabel Díaz, Pablo Andrés y Laura Isabel Martínez Díaz.
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
término que usted determine en el proceso para un total de ciento veinte millones de
pesos ($ 120.000.000.oo).
3. El valor correspondiente al producido trimestral de levante de pescado cultivado
cachama por un valor de tres millones de pesos ($3.000. 000.00) durante 24 meses, o
el término que usted determine en el proceso para un total de veinticuatro millones de
pesos ($24.000. 000.00) (…)4 TOTAL DEL DAÑO MORAL SUBJETIVO EN LA FAMILIA
DEL DEMANDANTE: SETECIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES (700
SMLV). PERJUICIOS A LA SALUD Y PSICOLÓGICOS: Las entidades de Derecho
Público demandadas pagaran por concepto de perjuicios psicológicos a cada uno de los
miembros de la familia del demandante sufridos a consecuencia de la perturbación
psicológica transitoria o permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter
patológico, producido por el stress en la responsabilidad por asumir el débito de la
obligación de todo tipo de consecuencias penales, civiles, comerciales y en la obligación
asumida como amo, señor y dueño de una obra pública que nunca ha sido legalizada
por la administración pública, así mismo, por un hecho ilícito al interior de la propiedad
como fue el consumo o ingesta permanente de sustancias psicoactivas (…). Estos daños
autónomos, independientes al daño moral lo valoro en cada uno de los miembros de la
familia para máximo en la suma que corresponda a CUATROCIENTOS (400) SALARIOS
MÍNIMOS LEGALES VIGENTES y un mínimo de CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES VIGENTES a cada uno de los miembros de la familia del demandante5
(mayúsculas sostenidas dentro del texto).
2. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones6:
2.1. El 16 de febrero de 2008, el demandante adquirió el terreno denominado “aguas
Calientes” (en adelante el “inmueble” o el “predio”), ubicado en la “Lizama jurisdicción del
Municipio de San Vicente de Chucurí”, Santander, con 4.250 metros cuadrados,
identificado con matrícula inmobiliaria no. 320-0013979 de la Oficina de Instrumentos
Públicos de San Vicente de Chucurí. Este predio estaba destinado a la explotación
ganadera, piscicultura, aguas termales y recreación familiar7.
2.2. En el “mes de febrero del 2008, la trabajadora social del [Municipio], se presentó en
el inmueble (…) para [socializar] la construcción de un Acueducto rural que beneficiaría
a la comunidad del Corregimiento la Fortuna”, y el cual se construiría en el inmueble del
demandante8.
2.3. En marzo de 2008, el demandante, el Municipio, la Empresa de Aguas y “el contratista
mediante un acuerdo verbal pactaron la utilización de un total de 2.612 m2 al interior del
predio finca para la construcción de la planta de tratamiento de agua potable del
Acueducto de la Fortuna” con el compromiso de iniciar el “proceso administrativo de
utilidad pública”9.
4 La página 12 de la demanda se encontraba en blanco, por esa razón únicamente se hizo referencia al total de los
perjuicios morales solicitados.
5 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. páginas 10-13.
6 El 14 de agosto de 2015, el tribunal inadmitió la demanda por falta de claridad en los hechos, razón por la cual, los
demandantes presentaron subsanación de la misma. En ese sentido, el proyecto tendrá en cuenta los hechos previstos
en la subsanación de la demanda.
7 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 1.
8 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 04SubsanacionDemanda.pdf. página 1.
9 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 04SubsanacionDemanda.pdf. página 2.
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
2.4. El 16 de marzo de 2011, los demandantes convocaron a conciliación extrajudicial a
las entidades demandadas para que fueran reparados los daños ocasionados con la
ocupación por obra pública de su inmueble. Se levantó el acta en la que se declaró fallida
la etapa de conciliación extrajudicial.
2.5. El 2 de mayo de 2011, la Empresa de Aguas le solicitó al demandante un permiso
para ejecutar las obras faltantes y, así “finiquitar el proceso de negociación de los
terrenos”10.
2.6. El 2 de agosto de 2011, la Empresa de Aguas interpuso querella en la inspección de
Policía del Municipio de San Vicente de Chucurí en contra del demandante “por
perturbación a la posesión de la porción de terreno (…) donde se construye la planta de
tratamiento de aguas del acueducto de La Fortuna”11.
2.7. El 8 de agosto de 2011, el inspector de Policía de San Vicente de Chucurí admitió la
querella y declaró el statu quo de poseedor en favor de la empresa de Aguas12. Esta
decisión fue confirmada en providencia del 9 de septiembre de 2011.
2.8. El 20 de septiembre de 2011, el Juzgado Quinto Municipal de Barrancabermeja
declaró improcedente la acción de tutela que el demandante presentó con el fin de que
se le protegiera su derecho a la propiedad. Lo anterior por incumplimiento de los
requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Esa sentencia fue confirmada el 20 de octubre
de 2011 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja.
2.9. Mediante Resolución 654-11 del 8 de noviembre de 2011, la Corporación Autónoma
Regional de Santander – (en adelante “CAS”) requirió a la Empresa de Aguas para que
suspendiera los vertimientos de agua cruda que se arrojaban en el talud del demandante,
y que generan inestabilidad sobre su terreno.
2.10.El 4 de octubre de 2012, se suscribió entre la Empresa de Aguas y el contratista “el
acta de terminación y entrega de la obra”, sin que se haya realizado un “acto público de
entrega de la obra”13.
2.11.En enero de 2013, la Empresa de Aguas suscribió con el contratista un nuevo
contrato de obra, con el fin de realizar la operación y mantenimiento de la planta de
tratamiento de aguas del acueducto de La Fortuna.
10 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 04SubsanacionDemanda.pdf. página 3.
11 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 04SubsanacionDemanda.pdf. página 3.
12 El artículo 373 del Código de Policía de Santander señala lo siguiente: “statu - quo provisional. En los procesos
ordinarios de policía, dentro de la querella el demandante podrá solicitar al funcionario de policía el statu – quo
provisional o suspensión del hecho por la perturbación motivo de querella y éste deberá decretarlo en el mismo auto
admisorio de la demanda bajo pena de multa cuyo monto se fijará prudentemente teniendo en cuenta la importancia
del asunto.
13 En el hecho 36 se señaló lo siguiente “el 4 de octubre de 2012, conforme a información suministrada por la empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en oficio radicado 201500813, estando dentro del procedimiento policivo de
amparo a la posesión y en efecto del status quo provisional decretado, se entregó Jurídicamente la obra pública por
parte del contratista suscribiendo entre ellos acta de terminación y entrega”. Índice 140, Samai del tribunal, archivo
04SubsanacionDemanda.pdf. página 4.
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2.12. Mediante Resolución 213-12 del 22 de mayo de 2013, la CAS inició investigación
administrativa contra la Empresa de Aguas por incumplimiento de la Resolución 654-11
del 8 de noviembre de 2011.
2.13.El 25 de mayo de 2013, la Superintendencia de Servicios Públicos exhortó a la
Empresa de Aguas para que adquiriera el inmueble o impusiera la servidumbre
correspondiente para ejercer las labores propias de la planta de tratamiento de aguas del
acueducto de La Fortuna y cumplir con la prestación de servicio de agua potable para
dicho corregimiento.
2.14.El 19 de septiembre de 2013, la Inspección de Policía de San Vicente de Chucurí
negó el amparo policivo solicitado por la Empresa de Aguas al concluir que no estaba
acreditada la calidad de poseedor que había alegado. En consecuencia, levantó el “status
quo provisional” sin ordenar “la entrega del predio” al demandante, propietario. Decisión
que el alcalde de San Vicente de Chucurí confirmó el 12 de diciembre de 2013.
2.15. El 19 de febrero de 2014, la Inspección de Policía de San Vicente de Chucurí negó
la solicitud de entrega del inmueble al demandante y, el 12 de noviembre de 2014, la
alcaldía de San Vicente de Chucurí revocó la decisión anterior ordenando “la entrega
definitiva de la franja de terreno de 2.612.40 m2” al demandante.
2.16. El 23 de enero de 2015, la Inspección de Policía entregó formalmente al propietario
el inmueble “que fuere ocupado en forma irregular para la construcción del acueducto de
la Fortuna”14. Sin embargo, los demandantes también señalaron que “la administración
pública en cabeza del Municipio de Barrancabermeja y de la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. nunca se hicieron presentes en el predio para su entrega
formal, [y] no accedieron a la entrega del predio en forma”15.
3. Según los demandantes, las entidades demandadas son patrimonialmente
responsables de innumerables perjuicios ocasionados por la ocupación permanente
derivada de la construcción de la planta de tratamiento de aguas del acueducto de La
Fortuna, por lo tanto, solicitan que se les reconozcan los perjuicios materiales, morales y
psicológicos que se causaron con dicha obra16.
14 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 04SubsanacionDemanda.pdf. página 5.
15 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 04SubsanacionDemanda.pdf. página 8.
16 En los hechos previstos en la subsanación de la demanda se describen las siguientes actuaciones irregulares que
generaron perjuicios durante la ocupación del inmueble por obra pública: la tala de árboles y posterior utilización de
madera, consumo por parte de los trabajadores de la obra de frutos que se cosechaban en el predio, uso indebido y
abusivo de la piscina de aguas termales, hallazgo de residuos de cocaína y marihuana en las zonas sociales del predio,
ausencia de cerramiento de la obra lo que favoreció robos tanto al contratista como al propietario, daños estructurales
(agrietamiento de muros, daños en gaviones y deterioro de escaleras), hurto de un caballo que pertenecía a la finca,
ruptura de la cerca del corral lo que ocasionó un accidente de tránsito por la salida de un ternero. Además, los
demandantes sostuvieron que se produjeron múltiples afectaciones como la pérdida definitiva de la actividad lechera,
la disminución en el levante de ganado, cierre de estanques piscícolas, deforestación de más de 30 árboles, destrucción
de jardines, potreros y cerramientos, abandono de un pozo de lodos, pérdida de aprovechamiento económico de la
finca y afectaciones psicológicas y morales a los demandantes.
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B. Posición de la parte demandada
4. El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda y, como fundamento de su
contestación, propuso las siguientes excepciones: (i) “caducidad” porque los hechos
constitutivos de la ocupación comenzaron a partir de marzo de 2008, cuando el
demandante permitió el desarrollo de las obras sin perder el acceso al predio durante el
período de ejecución, y (ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque los daños
reclamados habrían sido ocasionados por trabajadores o contratistas al servicio de la
Empresa de Aguas y no por el Municipio17.
5. La Empresa de Aguas también se opuso a las pretensiones con fundamento en los
siguientes argumentos: (i) cuestionó varios hechos y perjuicios alegados por considerar
que eran apreciaciones subjetivas que no se demostraron con prueba alguna; (ii) los
informes de los organismos de control tampoco acreditaban por sí solos la existencia de
daños; (iii) la planta de tratamiento fue terminada y recibida el 4 de octubre de 2012; (iv)
el proceso policivo y la Resolución 692 del 12 de noviembre de 2014 no suspendieron el
término de caducidad, pues la presentación de la demanda de reparación directa no
dependía de esa actuación; y (v) las reclamaciones y actuaciones posteriores a la entrega
de la obra no constituyeron hechos ni daños nuevos, sino la continuación de la
controversia originada por la construcción de la planta, por lo que no podían modificar el
cómputo de la caducidad ni revivir un término ya vencido. Propuso las siguientes
excepciones:
5.1. “Caducidad de la acción de reparación directa”, con base en la cual la Empresa de
Aguas sostuvo que el término de dos años debe contarse, a más tardar, desde el 5 de
octubre de 2012, día siguiente a la terminación y entrega de la obra, aunque la ocupación
y el daño fueron conocidos desde el inicio de las obras en 2008 —lo que conduciría a una
caducidad incluso anterior—. Así, la solicitud de conciliación presentada el 24 de
noviembre de 2014 fue extemporánea y no podía revivir el término ya vencido, como
tampoco podían hacerlo la Resolución 692 del 12 de noviembre de 2014, el trámite
policivo ni las actuaciones posteriores, pues no constituyeron daños nuevos o
autónomos18.
5.2.“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues la Empresa de Aguas se limitó a
supervisar las obras y administrar los recursos aportados por el Municipio, sin que esas
funciones la convirtieran en propietaria de la infraestructura ni en responsable de los
daños reclamados. Además, las solicitudes relacionadas con la entrega del predio fueron
remitidas al Municipio y varias de las actuaciones cuestionadas fueron ejecutadas
directamente por esa entidad y su Secretaría de Infraestructura19.
17 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 14memorial.pdf.
18 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 14memorial.pdf.
19 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 14memorial.pdf.
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C. Trámite relevante de primera instancia
6. El 27 de febrero de 2017 se realizó audiencia inicial en la que se declaró no probada
las excepciones de caducidad y la falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas
por las demandadas. Esta decisión fue confirmada por esta Corporación el 12 de
diciembre de 2017, mediante providencia en la que se dispuso lo siguiente:
(…) a juicio de la Sala es menester confirmar el auto impugnado dado que, de los hechos
y pretensiones incoadas se colige que se deberá resolver sobre el daño causado por la
construcción de una obra pública y al tiempo determinar los efectos de la tolerancia del
afectado durante varios años, dado que mientras el actor asegura la negociación, las
entidades le reprochan no haber iniciado el medio de control de reparación en tiempo.
Asunto que deberá resolverse con la sentencia. Deberá considerarse así mismo lo
atinente a la entrega de la obra, en cuanto se conoce de un acta fechada en el mes de
octubre de 2012, pero también se sostiene que el acueducto no entró en funcionamiento,
aunque si ocupó el terreno del actor20.
D. Sentencia recurrida21
7. El Tribunal declaró la caducidad porque los demandantes conocían la ocupación y sus
consecuencias desde el 16 de febrero 2011, cuando promovieron una conciliación
prejudicial para reclamar los perjuicios que hoy también se alegan, de modo que desde
entonces podían demandar sin que fuera necesario esperar la culminación formal de la
obra. También descartó contar el término de caducidad desde el “2.02.2015”22, pues la
entrega del predio y de la planta de tratamiento del acueducto fue una actuación posterior
derivada de un proceso policivo y no originó un daño nuevo. Además, los perjuicios eran
conocidos desde 2011 y la obra había culminado jurídicamente el 4 de octubre de 2012.
Por tanto, la entrega de 2015 no suspendió, reinició ni modificó el término de caducidad.
E. Recurso de apelación
8. La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, que se concedieran las pretensiones. Adujo que no operó la caducidad y que la
demanda fue presentada oportunamente, con fundamento en los siguientes argumentos:
8.1.El acta de entrega del 4 de octubre de 2012 solo acreditaba la terminación contractual
de la obra entre el contratista y la Empresa de Aguas, pero no podía servir como punto
de partida de la caducidad porque el propietario no la suscribió, no fue notificado de ella
y no se demostró que la conociera.
Durante la vigencia del statu quo decretado en el proceso policivo, el demandante no
8.2.
podía ingresar libremente al área ocupada ni verificar la terminación real de los trabajos,
20 Índice 10, Samai, archivo 5_COPIADORDEPRO_458920_0_20250711102705365.pdf.
21 Índice 125, Samai tribunal.
22 Si bien el tribunal señaló como fecha de entrega del inmueble el 2 de febrero de 2015, ello ocurrió porque en los
alegatos de conclusión los demandantes aseguraron que esa fue la fecha de entrega, no obstante, del material
probatorio se demuestra con el acta de entrega del inmueble que realmente la fecha corresponde al 23 de enero de
2015 (Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 407 y 408).
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mientras las entidades continuaban construyendo, operando y realizando mantenimiento
a la planta de tratamiento de aguas.
8.3.Las reclamaciones efectuadas desde 2011 no demostraban que el daño definitivo ya
estuviera consolidado ni que el propietario pudiera dimensionar plenamente sus
consecuencias.
8.4. El término de caducidad debía comenzar a contarse a partir del 2 de febrero de 2015,
cuando se ejecutó la decisión policiva, se levantó el statu quo y se entregó formalmente
el inmueble al demandante. Allí pudo conocer la situación definitiva del predio, advertir
que las entidades no pagarían la porción ocupada y dimensionar plenamente el daño
derivado de la ocupación permanente.
F. Trámite en segunda instancia
9. El recurso de apelación fue admitido mediante providencia del 27 de junio de 202423.
Las partes guardaron silencio en las oportunidades previstas en los numerales 5 y 6 del
artículo 247 del CPACA24. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó confirmar la
declaración de la caducidad porque el demandante conoció los efectos de la ocupación
desde 200925.
II. CONSIDERACIONES
G. Sentido de la decisión
10. La Sala confirmará la decisión de declarar probada la excepción de caducidad
propuesta por las dos entidades demandadas, porque la demanda se presentó dos años
después de que finalizó la construcción de la obra pública.
H. Caducidad de la acción de reparación directa
11. En el presente asunto, los actores pretenden que se declare la responsabilidad del
Municipio y de la Empresa de Aguas por la ocupación permanente de una franja de
terreno de un inmueble de su propiedad, que ocurrió con ocasión de la ejecución de la
obra pública de la planta de tratamiento de aguas del acueducto de La Fortuna, la cual
inició el 17 de noviembre de 200926.
23 Índice 3, Samai.
24 “De conformidad con la modificación realizada por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Artículo 247. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia
se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…) 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez
practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez
(10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho
para dictar sentencia dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del
auto que admite el recurso. 6. El Ministerio Público podrá emitir concepto desde que se admite el recurso y hasta antes
de que ingrese el proceso al despacho para sentencia”.
25 Índice 10, Samai.
26 En el caso bajo estudio, la Sala considera que la afectación alegada corresponde a una ocupación permanente y no
temporal, por las siguientes razones: (i) respecto de la causa petendi, la demanda se sustentó en la ocupación
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
12. Al respecto, el artículo 164, numeral 2, literal i) del CPACA establece que en los
procesos de reparación directa la demanda deberá presentarse dentro del término de dos
(2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o desde cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento de
este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia.
13. A su vez, la Corporación, en auto de unificación del 9 de febrero de 2011, precisó
que, en casos de ocupación permanente de la propiedad inmueble originada en la
realización de obra pública, el término de caducidad debe contarse desde la finalización
de la obra o desde cuando el actor conoció dicha finalización si demuestra que no pudo
conocerla antes. Así:
En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra
pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para ejercicio de la
acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón
por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el
actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento
anterior. (…) Así las cosas, en tratándose de ocupación temporal o permanente de
inmuebles el inicio del término para intentar la acción de reparación directa coincide
con el de la ejecución del hecho, omisión u operación administrativa, ocupación
temporal o permanente del inmueble, es decir, desde cuando cesó la ocupación
temporal, o desde cuando se terminó la obra en relación con la ocupación
permanente, y sólo en eventos muy especiales, como aquellos en los cuales la
producción o manifestación del daño no coincide con el acaecimiento de la actuación
que les da origen, la Sala ha considerado que el término para accionar no debe
empezar a contarse desde cuando se produjo la actuación causante del daño sino
desde que el afectado tuvo conocimiento del mismo, de acuerdo con las
circunstancias concretas del caso (…) 27.
14. Así, en estos eventos, el término preclusivo inicia, por regla general, al día siguiente
de la terminación de la obra. Solo si se acredita la imposibilidad de conocer la terminación
permanente de una franja del predio con ocasión de la construcción de la planta de tratamiento del acueducto de La
Fortuna; (ii) en cuanto al objeto de las pretensiones, se reclamó el valor del terreno ocupado por la obra pública y no
los frutos o ingresos dejados de percibir durante un período determinado, como sería propio de una ocupación temporal;
y (iii) frente a la vocación de permanencia, conforme al criterio de la Sección Tercera expuesto en sentencia del 9 de
febrero de 2011, expediente 54001-23-31-000-2008-00301-01 (38271), MP. Danilo Rojas Betancourth, según la cual
“cualquier ocupación del predio que tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del derecho de
dominio sobre el bien inmueble, y que además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se busque
la realización de una obra por parte de la administración, debe considerarse como ocupación permanente”. Bajo ese
entendimiento, la diligencia de entrega realizada el 23 de enero de 2015 no desvirtúa por sí sola el carácter permanente
de la ocupación, pues para ese momento la obra pública ya había sido ejecutada y no se acreditó que con dicha
actuación el propietario hubiera recuperado materialmente el uso, goce y disposición de la franja afectada; por el
contrario, la infraestructura construida no fue demolida ni retirada y permaneció implantada sobre el terreno, de manera
que subsistió la limitación material del derecho de dominio que precisamente determina su vocación de permanencia.
En consecuencia, la posterior entrega formal del inmueble no convierte la afectación en temporal, pues lo determinante
no es la existencia de un acto de restitución, sino que haya cesado efectivamente la ocupación y se hayan restablecido
las facultades del propietario sobre el bien, circunstancia que no se demostró en este asunto.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 9 de febrero de 2011. Expediente 54001-23-31-000-2008-
00301-01 (38271), MP Danilo Rojas Betancourt. En vigencia del CCA, pero extensible a hechos ocurridos en rigor del
CPACA, como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia del 29 de agosto de 2023, SU-335 de 2023, MP Diana
Fajardo Rivera.
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
de la obra, el término empezará a correr desde el momento en el cual tuvo lugar dicho
conocimiento28.
15. En el asunto bajo estudio operó la caducidad, pues el término debe correr desde que
terminó la obra:
15.1. Está probado que el 4 de octubre de 2012, el contratista, el interventor y el
supervisor suscribieron el acta de entrega y recibo final del contrato de obra pública 033
de 200929. En ella se dejó constancia de que el objeto contractual había sido entregado
por el contratista y recibido a entera satisfacción, lo que constituye prueba directa de la
fecha en la que finalizó la obra pública cuya ejecución dio lugar a la ocupación alegada
en la demanda.
15.2. En ese sentido, el término máximo para demandar era el 5 de octubre de 2014, pero
por ser día inhábil, se extendía hasta el 6 de octubre de 2014. Así, la solicitud de
conciliación, radicada el 24 de noviembre de 201430 y la demanda, interpuesta el 27 de
abril de 201531, fueron presentadas extemporáneamente.
15.3.Ahora, el demandante sostuvo que el término debía contabilizarse posteriormente
debido a que no fue notificado sobre la finalización de la obra. Sin embargo, cabe reiterar
que el cálculo posterior a la terminación está condicionado a la acreditación de la
imposibilidad de conocer la obra. En el presente caso, las circunstancias permiten afirmar
que los demandantes tenían conocimiento de la existencia de la obra. Para ello, se cuenta
con las siguientes pruebas:
El 3 de abril de 2012, el demandante, a través de apoderado judicial, radicó un
15.3.1.
memorial ante la alcaldía de Barrancabermeja manifestándole lo siguiente:
La Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. por intermedio de su apoderado
para la querella el Dr. Cristian Camilo Ruiz Gamarra, de la Representante legal de la
Empresa de Servicios Públicos Ing. Rosalía Solórzano Angulo, y la Dra. Olinda María de
Cruz Acuña en su calidad de jurídica de la E.S.P., en total inobservancia a los acuerdos
que habíamos llegado antes del 11 de Junio de 2.011 y en comisión a la tipificación penal
del Fraude Procesal, decidieron presentar un proceso Ordinario Civil de Policía por una
presunta perturbación a una posesión inexistente en el predio de propiedad de mi
poderdante llamada “Aguas Calientes”, lugar donde se construyó la “Planta de Agua
Potable del Corregimiento de la Fortuna” , y con el solo y único objetivo de entrar en
forma legal pero antijurídica al inmueble amparados en la figura del Status Quo
Provisional.
2. En varias ocasiones el propietario el predio y el suscrito tuvimos la oportunidad de
hablar con los funcionarios involucrados en este asunto haciendo énfasis en los
perjuicios que se causaban día a día por haberse iniciado dicha Querella, entre ellos; la
puesta en marcha del servicio público a la comunidad sin haberse legalizado el
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de mayo de 2026, expediente: 25000-23-36-
000-2015-02033-02 (66548), MP Diego Enrique Franco Victoria. En igual sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C. sentencia del 9 de abril de 2025. Expediente 25000-23-36-000-2020-00334-01 (70517), MP Adriana
Polidura Castillo.
29 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 147.
30
Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 209
31
Índice 140, Samai del tribunal, archivo 02actareparto.pdf.
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
pago de los daños y perjuicios y la compra de predio; la entrega de la obra pública
en diciembre de 2.011 a la comunidad con la observación de haberse logrado en
contra del querer del propietario donde está construida la obra y con el respaldo de
un Status Quo Provisional; la entrada y salida de personal ajeno a la propiedad que
causa inseguridad, y las talanqueras a los vecinos que gozan de una servidumbre activa
de paso entre otras32 (resalta la Sala).
15.3.2.Mediante Oficio del 18 de marzo de 2015, la Empresa de Aguas dio respuesta al
derecho de petición elevado por el demandante, en el cual solicitó información del
contrato de obra pública, su fecha de terminación, entrega, liquidación y operación del
acueducto; a lo cual le respondieron lo siguiente:
2. Según los datos contenidos en el acta de entrega y recibo final del contrato de obra
pública No 033 de 2009 (…), se evidencia lo siguiente: (…)
-Fecha final del contrato: cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012).
-Fecha acta de entrega: cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012 ).
-Fecha de liquidación: en trámite.
3. Luego de finalizado el contrato de obra pública No 033-2009, (…).
4. Se celebró el contrato de obra pública No 005 de 2013 con el objeto "operación y
mantenimiento del acueducto de los corregimientos La Fortuna y meseta San Rafael del
Municipio de Barrancabermeja- Convenio Interadministrativo No 1266-12". El contratista
que realizó la operación del acueducto del corregimiento La Fortuna fue el señor
FERNANDO DE JESÚS ZÚÑIGA VÁSQUEZ con NIT 91291804-3 y la ejecución del
contrato inicio el día dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013) y finalizó el día
dos (2) de febrero del presente año, esto según las actas de ejecución suministradas por
el supervisor33 (negrillas fuera del texto).
15.4. De lo expuesto se concluye que el demandante conoció la terminación de la obra,
incluso, antes de la suscripción del acta de entrega. En el memorial del 3 de abril de 2012
manifestó al Municipio que la planta de tratamiento del acueducto ya se había puesto “en
marcha del servicio público a la comunidad sin haberse legalizado el pago de los daños
y perjuicios y la compra de predio”34. La anterior afirmación, junto con la solicitud
presentada ante la Empresa de Aguas respecto a la operación del acueducto, permite
deducir que, al menos, desde abril de 2012 se tenía conocimiento de la obra.
15.5. Además, el hecho de que los demandantes no hubieran suscrito el acta de
terminación de la obra no desvirtúa su contenido ni modifica la fecha de terminación de
los trabajos y, por ello, constituye el referente objetivo para determinar cuándo finalizó la
construcción. Más aún, cuando quedó demostrado que el propio demandante le
comunicó de manera expresa al Municipio que el contrato de construcción había
culminado.
16.Cabe agregar que no resulta procedente contar la caducidad desde el “2 de febrero
de 2015”35, fecha en la que, según los demandantes, finalizó la actuación policiva
32 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 223.
33 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 130.
34 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 223.
35
Si bien en el recurso de apelación los demandantes señalaron que el inmueble se les entregó el 2 de febrero de
2015, lo cierto es que el acta de entrega data del 23 de enero de 2015 ( Índice 140, Samai del tribunal, archivo
01Demanda.pdf. página 407 y 408).
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
realizada por la Inspección de Policía de San Vicente de Chucurí y se hizo entrega del
inmueble porque dichos hechos no alteraron el momento en que se consolidó la
ocupación que los demandantes identificaron como fuente del daño. La pretensión
indemnizatoria no se fundó en la decisión adoptada dentro del proceso policivo ni en la
entrega del inmueble, sino en la ocupación permanente causada por la ejecución de la
obra pública.
17. En torno a este asunto, cabe agregar que es improcedente el argumento expuesto
por los demandantes en la apelación, según el cual, durante el trámite del proceso
policivo no podía ingresar libremente al área ocupada ni verificar la terminación efectiva
de los trabajos. De hecho, los medios probatorios permiten concluir que el demandante
conocía el estado de ejecución del proyecto, seguía la evolución de la obra y pudo
verificar su terminación, pues formuló reclamaciones concretas relacionadas con la obra
y con los perjuicios que en su momento consideró que se estaban causando. Incluso,
manifestó que se habían preconstituido pruebas para futuros procesos judiciales y que,
hasta ese momento, se había optado por no demandar para evitar la suspensión de las
obras y la interrupción del servicio, así:
17.1.El 16 de febrero de 2011, los demandantes presentaron una primera solicitud de
conciliación prejudicial ante la Procuraduría 159 Judicial II para asuntos administrativos,
en contra de las aquí demandadas, con fundamento en lo siguiente:
Que las pretensiones versan, que estamos dentro de unos hechos acecidos en la finca
o el predio llamado “Aguas Calientes” ubicado en la región de la Lizama Jurisdicción del
municipio de San Vicente de Chucurí, en atención de un beneficio público el propietario
de dicho predio accedió a la intervención pública de una obra de construcción de un
acueducto o planta de tratamiento de aguas, de propiedad o cuya ejecución le
corresponde al Municipio de Barrancabermeja y a la empresa de la servicios públicos
domiciliarios Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S. P. dicha obra se ha venido ejecutando
sin el lleno de algunos requisitos, tales como la compra del predio o parte del predio en
donde ha venido ejecutando esta obra; produciendo para el propietario y su familia ,
daños y perjuicios en ejecución de la misma , en aras de la consecución de ese principio
social y buscando una posible alternativa de arreglo, mis poderdantes me han facultado
para hacer una propuesta tendiente a la búsqueda del resarcimiento del valor presente ,
del daño emergente y el lucro cesante causado en ejecución de dicha obra , sin valorar
los perjuicios extrapatrimoniales que con la presente conciliación si llegáramos a tener
un acuerdo se renunciarla a ellos (…) Hacemos énfasis, en la condición que tienen los
hoy convocantes de no frenar ese interés público o social, pues dicha obra se tiene claro
beneficiaría a toda una comunidad; sin embargo, es claro para los convocantes que
cediendo a este interés público, igualmente ellos propugnan por los daños y perjuicios
ocasionados en su propiedad en ejecución de la obra pública, de llegar a un acuerdo
como primera medida necesitamos la Intervención en el predio para la mitigación de
perjuicios superiores , teniendo en cuenta que los gaviones y muros construidos están
en peligro estructural, por el sobrepeso del talud en la ejecución de la obra36.
17.2. Además, el 2 de mayo de 2011, mediante Oficio 800-389-11, la Empresa de Aguas
solicitó al propietario permitir nuevamente el acceso al inmueble. La comunicación señaló
expresamente que el ingreso tenía por objeto ejecutar “las obras faltantes para culminar
36 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 72.
12
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
la terminación” de la planta de tratamiento y proceder a su puesta en marcha y
operación37.
17.3.Asimismo, en el expediente obran las sentencias de tutela proferidas el 20 de
septiembre de 2011 y el 20 de octubre de 2011, por el Juzgado Quinto Civil Municipal de
Barrancabermeja y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barrancabermeja,
respectivamente, en las cuales declararon improcedente por la acción impetrada por el
demandante contra las aquí demandadas para que se amparara su derecho a la
propiedad privada. En efecto, solicitó lo siguiente:
(…) solicita se ordene a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja y a la Empresa Aguas
de Barrancabermeja SA ESP cesar los actos violentos perturbadores de la posesión en
forma irregular del inmueble llamado “Aguas Calientes” situado en la región de la “Lizama”
jurisdicción del Municipio de San Vicente de Chucurí. A su vez, que se realice el proceso
administrativo de declaratoria de utilidad pública del inmueble “Aguas Calientes".
Igualmente, ordenar a la Alcaldía Municipal de Barrancabermeja y a la Empresa Aguas de
Barrancabermeja SA ESP, realizar la compra por enajenación voluntaria o en su defecto
mediante el procedimiento de la expropiación administrativa del inmueble llamado “Aguas
Calientes”38.
17.4. El 26 de febrero de 2012, el demandante dirigió una comunicación al contratista y
al gerente de la Empresa de Aguas en la que recordó que, desde el 27 de marzo de 2011,
había autorizado que la obra terminara su ejecución física. En ese documento también
hizo referencia a la estabilidad de la construcción, al funcionamiento del acueducto y a la
ocupación que existía en el predio, así:
(…) El 27 de marzo del 2011, en reunión realizada, con la presencia de la comunidad,
personero Municipal, contratistas de la obra, interventores, Aguas de Barrancabermeja
y personal de la Alcaldía Municipal, llegué a un acuerdo con el Alcalde a esa fecha
Carlos Contreras de dejar que la obra terminara su ejecución física, mientras se
iniciaban los trámites de pago del predio; nunca se habló que entrará a funcionar la
planta, ni menos que comercializaran el agua tratada en la planta según consta en el
acta y en una filmación. Al día de hoy 47 meses de ocupación irregular por la obra no se
han iniciado los trámites para compra de los predios, no se han realizado los actos
administrativos pertinentes y que causan un detrimento patrimonial al estado y un daño
fiscal a las finanzas del estado. Reconozco que la actual Alcaldía Municipal y la gerencia
actual de Aguas de Barrancabermeja, heredaron el problema, pero no pueden
desconocer los riesgos de las actuaciones de sus antecesores como son los problemas
a la propiedad, inestabilidad de la obra, mal manejo ambiental, no llenar los
requisitos de seguridad para el funcionamiento de un acueducto y de calidad del
mismo que son imputables exclusivamente a Ustedes. Dejo sentada mi posición
como plena prueba de las situaciones a que todos los días me veo avocado haciéndolos
a ustedes responsables de cualquier situación en torno a servidumbre, a la falta de
estabilidad de la obra, al detrimento ambiental, a los daños y perjuicios que me causan
37
“(…) De conformidad al oficio recibido en la empresa con radicado interno No. 2011002065, y a la visita y reunión
realizada el pasado 30 de abril de 2011 en la finca Aguas Calientes de su propiedad y en la que asistieron; el señor
Alcalde, la Comunidad del Corregimiento la Fortuna, personal de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P.,
El Personero Municipal, el representante legal de la firma contratista de la obra y usted; solicitamos su autorización
para que permita el acceso a la finca, con el fin de que se ejecuten las obras faltantes para culminar la terminación de
la Planta de tratamiento de agua potable para el acueducto del corregimiento La Fortuna y se realice su puesta en
marcha y operación.” (Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 142).
38 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 230 a 255.
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
día a día, a la inseguridad reinante y a la ineficiencia administrativa que han demostrado
los anteriores agentes públicos (resaltado de la Sala)39.
17.5. El 3 de abril de 2012, el apoderado del demandante dirigió una nueva petición al
alcalde de Barrancabermeja y al gerente de la Empresa de Aguas. En ella sostuvo que
el servicio público se prestaba desde diciembre de 2011 y propuso, como alternativas, la
devolución del inmueble o la celebración de un contrato o convenio que permitiera
continuar la prestación del servicio bajo condiciones económicas favorables para el
propietario. En la solicitud se lee lo siguiente:
(…) Como quiera que el Dr. Pablo Alejandro Martínez Reyes no tiene dentro de sus
intenciones lesionar derecho alguno ni a las entidades estatales, ni a la Comunidad
usufructuaria del servicio público, pero con vehemencia defender los derechos que le
corresponden, los instó a una reunión inmediata antes día 20 de Abril de 2012 con
presencia de todos sus asesores jurídicos para que en la misma se tomen dos (2)
diferentes determinaciones: a. La primera en lo atinente a la entrega del inmueble al
propietario antes de la fecha establecida en el numeral 3 de este memorial que
suspendería la prestación del servicio público suministrado en forma ilegal desde
diciembre de 2011 y en atención a un Status Quo provisional hoy inexistente; o la
suscripción de un contrato o un convenio que garantice la prestación del servicio
público a la comunidad pero bajo unas condiciones económicas que favorezcan
al propietario del predio sirviente. (…) En igual forma, los procedimientos jurídicos o
judiciales que tenemos a nuestro orden han sido los adecuados preconstituyendo las
pruebas necesarias y conducentes para que en el futuro los fallos sean a nuestro
favor, quiero advertir que hemos evitado a hoy iniciar proceso judicial en contra de
las entidades públicas vinculadas, que interrumpan por un término indeterminado
la prestación del servicio público, pues, de iniciar dicho o dichos procesos, sin duda
las obras deberán ser suspendidas y el servicio público prestado debe ser interrumpido
hasta que se produzca un fallo definitivo en torno a este tema en conflicto40 (destaca la
Sala).
17.6. En ese contexto es claro que el demandante tuvo acceso a su inmueble y conocía
la existencia de obra, al punto en que formuló reclamaciones y preconstituyó pruebas,
pero se abstuvo de demandar oportunamente.
18. En conclusión, es claro que operó la caducidad en el presente caso, pues el término
para demandar debió contarse desde el 4 de octubre de 2012, cuando finalizó la obra.
Por lo tanto, los demandantes tenían hasta el 5 de octubre de 2014 para presentar la
demanda. Sin embargo, radicaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 24 de
noviembre de 2014, esto es, 50 días después del vencimiento del término de dos años
dispuesto por el artículo 164 del CPACA. Lo anterior, en particular, porque no se demostró
la imposibilidad de conocer la finalización de la construcción de la planta de tratamiento
de aguas del acueducto de La Fortuna.
I. Costas
39 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 222.
40 Índice 140, Samai del tribunal, archivo 01Demanda.pdf. página 224.
14
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Demandante: Pablo Alejandro Martínez Reyes y otros
19. En los términos del artículo 188 del CPACA41, la parte vencida debe asumir las costas
de esta instancia, las cuales serán liquidadas por el tribunal de primera instancia de
manera concentrada, incluidas las agencias en derecho, según lo dispuesto en los
artículos 36542 y 366 del Código General del Proceso43.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. CONFÍRMASE la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Santander que declaró probada la excepción de caducidad
propuesta por las entidades demandadas.
SEGUNDO. CONDÉNASE en costas esta instancia a la parte actora en favor de la parte
demandada, TÁSENSE de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.
TERCERO. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
41
“Artículo 188. condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.
42 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 3. En la providencia del superior que confirme
en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
43 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior (…)”
15
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