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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00569-01

Acción de reparación directa

Fecha
28 de febrero de 2019
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00569-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: MODIFICAR la sentencia de 29 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción respecto de la pretensión indicada en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00569-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

28 de febrero de 2019

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JUDICIAL / BIEN INCAUTADO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

[S]e hace necesario precisar que en los casos en los cuales se pretende la reparación de los perjuicios que hubieran podido causarse por cuenta de la incautación de bienes muebles o inmuebles, ordenada en el marco de una investigación penal, la Sección Tercera ha distinguido dos situaciones: i) aquélla en la cual se solicita la reparación de los perjuicios causados por una orden de incautación que podría ser constitutiva de un error judicial […] ii) La segunda situación es aquélla en la cual se pretende la indemnización por el deterioro o la destrucción de los bienes incautados, eventos en los cuales la Corporación ha sostenido que “el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la entrega material de los bienes, ya que sólo hasta ese momento los propietarios pudieron percatarse de los daños que presentaban”. […] [D]ado que las fuentes jurídicas de los daños invocados en la demanda son diferentes, el término de caducidad debe contabilizarse de manera separada, esto es, i) en los eventos en que la acción de reparación directa se funda en el error judicial, se ha establecido que en tales casos, el plazo legal para interponer la demanda debe contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que contiene el error; ii) en lo que atañe al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el deterioro del bien, el término deberá contabilizarse desde el día siguiente a la entrega del mismo.

EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

Esta Corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA

[L]a Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 9 de febrero de 2012 , unificó la jurisprudencia en torno a la competencia del juez ad quem con ocasión del recurso de apelación, oportunidad en la cual la Sala acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada, en principio, a los aspectos que señale el recurrente. Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admite excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia, cita la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.

DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

La jurisprudencia de la Sala, elaborada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, distinguió entre la actividad propiamente judicial y las actuaciones administrativas de la jurisdicción. En esa oportunidad se admitió, bajo el régimen de falla del servicio , la responsabilidad por los daños que se causaran en ejercicio de actuaciones administrativas y, en relación con la actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de manera que, la responsabilidad en tales eventos era de índole personal en relación con el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que este hubiera actuado con error inexcusable. […] Después de la entrada en vigencia del artículo 90 constitucional, se mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo, y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho . Así, se declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas , o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados por el depositario, o que no eran de propiedad del demandado. También la Sala aclaró que el error que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reducía a la “vía de hecho”, ni se identificaba con las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, sino que correspondía a un defecto sustantivo o a un defecto fáctico, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial, que de manera normal o anormal, ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 40

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DILACIÓN INJUSTIFICADA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

En efecto, el indebido funcionamiento de la Administración de Justicia, concretamente con las dilaciones injustificadas, el artículo 29 de la Constitución de 1991 estableció como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y el 228 ibídem consagró los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”. El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la garantía de ser juzgado sin dilaciones como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales y aunque en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole. En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual debían ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyan error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial. En vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes o a terceros.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 228 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS – ARTÍCULO 8

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00569-01(42357)

Actor: EVELIO DÍAZ CASTRO

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ERROR JUDICIAL – contentivo en providencia proferida por la Fiscalía General de la Nación - DAÑO ANTIJURÍDICO - Vulneración al derecho de propiedad privada por limitación al uso y goce del bien – ERROR JURISDICCIONAL – caducidad de del acción.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de junio de 2011, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de mayo de 2004, la Unidad de Hidrocarburos de la DIJIN allanó el inmueble ubicado en la calle 12 No. 20ª- 340 de Honda, Tolima, por la presunta comisión del delito de hurto de hidrocarburos. En el referido inmueble se encontraba el vehículo automotor de placas SFE 967 y el remolque de placas R 01644, en cuyo interior se halló crudo, supuestamente hurtado, motivo por el cual esos bienes fueron decomisados. El señor Evelio Díaz Castro acreditó la calidad de propietario del vehículo de placas SFE 967 e inició trámite incidental ante la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, a fin de que este le fuera devuelto; sin embargo, la misma entidad, en proveído de 19 de abril de 2005 negó su entrega, porque consideró que el trámite adecuado era el proceso de extinción de dominio. Finalmente, el procedimiento culminó con decisión favorable a los intereses del hoy demandante y, la entrega del vehículo se hizo efectiva el 14 de mayo de 2007.
II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

En escrito presentado el 18 de agosto de 2009 (fl. 17, c. 1), el señor Evelio Díaz Castro, por conducto de apoderado judicial (fl. 1, c. 1), interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios que sufrió como consecuencia del decomiso y retención del vehículo de carga de placas SFE 967 y su tardía devolución dentro del proceso penal iniciado por la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá.

En concreto, el demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

PRETENSIONES PRINCIPALES:

PRIMERA: Declarar a la Nación – Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable por los daños y perjuicios causados al demandante, con ocasión del comiso y retención del vehículo de servicio público de carga distinguido con las placas SFE-967, dentro del proceso penal instruido por la Fiscalía Diecisiete Especializada y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá.

SEGUNDA: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, al pago de los perjuicios privados tanto materiales emergentes como materiales cesantes, a favor del demandante, causados desde del decomiso del vehículo de servicio público de carga distinguido con las placas SFE-967 y hasta que se produjo su entrega material.

(…)

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

PRIMERA: Declarar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, al pago de los perjuicios probados tanto materiales emergentes como materiales cesantes, a favor del demandante, con ocasión de la entrega inoportuna del vehículo de servicio público de carga distinguido con las placas SFE-967, dentro del proceso penal instruido por la Fiscalía Diecisiete Especializada y el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá.

SEGUNDA: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación, al pago de los perjuicios probados tanto materiales emergentes como materiales cesantes, a favor del demandante, causados desde el momento en que debió entregarse el vehículo de servicio público de carga distinguido con las placas SFE-967, vale decir, a la calificación del sumario instruido por la Fiscalía Diecisiete Especializada bajo el radicado 62.390 hasta que se produjo su entrega material.

(…) (fl. 8, c. 1).

Como fundamento fáctico de la demanda se narró lo siguiente:

El 18 de mayo de 2004, la Unidad de Hidrocarburos de la DIJIN practicó diligencia de allanamiento al inmueble de la calle 12 No. 20ª-340 en el municipio de Honda, Tolima, en el cual, según la investigación adelantada por Fiscalía General de la Nación, se estaba almacenando petróleo perteneciente a Ecopetrol S.A. En la diligencia se produjo el decomiso del tracto camión de placas SFE-967, junto con el remolque R-01644, en cuyo interior se hallaba una cantidad de crudo.

Como consecuencia de la diligencia de allanamiento y registro en comento, fue capturado el señor José William Hernández Quintero.

El 2 de julio de 2004, el apoderado del señor Evelio Díaz Castro solicitó la entrega de los bienes decomisados. La solicitud fue negada por la Fiscalía Diecisiete Delgada Especializada de la Unidad de Antiterrorismo de Bogotá, mediante Resolución de 14 de julio de 2004, pero dispuso la apertura de un incidente, a fin de resolver de fondo la solicitud.

En el transcurso del trámite incidental, el hoy demandante aportó los documentos con los cuales pretendió probar la propiedad del tractocamión y que el combustible que contenía el tráiler de placas R-01644 fue obtenido de manera lícita; asimismo, solicitó la entrega provisional de los vehículos.

Mediante Resolución de 11 de octubre de 2004, la Fiscalía instructora negó la entrega provisional del vehículo porque, a su juicio, este era necesario para adelantar la investigación penal; además, porque el artículo 45 de la Ley 782 de 2002 establecía que los bienes utilizados para el delito de hurto de hidrocarburos debían ser entregados a Ecopetrol.

El 21 de octubre de 2004, el apoderado del señor Díaz Castro formuló recurso de apelación contra la decisión negatoria de la entrega provisional del automotor.

El 9 de febrero de 2005, la referida Fiscalía Diecisiete revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor William Hernández Quintero, por considerar que existía duda sobre los hechos que motivaron su captura y el decomiso del tractocamión de placas SFE 967.

El 7 de marzo de 2005, el superior funcional de la Fiscalía Diecisiete decidió el recurso de apelación contra el proveído de 11 de octubre de 2004, confirmó la denegatoria de entrega provisional del vehículo y conminó a la fiscalía instructora para que actuara con celeridad, lealtad y economía procesal.

El 19 de abril de 2005, la Fiscalía Diecisiete, al calificar el sumario, resolvió precluir la investigación penal en contra del señor José William Hernández Quintero. Asimismo, señaló que no era viable la entrega de los vehículos por vía incidental y que se debía acudir a un proceso de extinción de dominio de conformidad con la Ley 793 de 2002.

El 23 de mayo de 2005, el apoderado del hoy demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto en providencia de 9 de septiembre de 2005, en el que se ordenó dar trámite al incidente y no al proceso de extinción de dominio.

El 31 de octubre de 2005, la Fiscalía Diecisiete dio apertura al referido incidente. El señor Díaz Castro descorrió el traslado y ratificó las pruebas solicitadas con anterioridad. El 13 de diciembre de 2006, se abrió el incidente a pruebas.

El 5 de mayo de 2006, se negó la devolución de los vehículos y se dispuso la iniciación de un proceso de extinción de dominio, decisión que fue apelada por el señor Díaz Castro.

Paralelamente, el 23 de febrero de 2007, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá dispuso la restitución del vehículo de placas SFE 967 y su remolque de placas R 01644 al señor Evelio Díaz Castro. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído de 9 de septiembre de 2008.

En pronunciamiento de 16 de abril de 2007, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior revocó el proveído de 5 de mayo de 2006 y, en su lugar, ordenó la entrega del tractocamión de placas SFE 967 al señor Evelio Díaz Castro, y el remolque de placas R 01644 al señor Luis Fernando Fernández Arias.

En auto de 10 de mayo de 2007, la Fiscalía Diecisiete dispuso dar cumplimiento a la decisión proferida el 16 de abril de 2007 en relación con la entrega de los vehículos. Finalmente, el tractocamión de placas SFE 967 fue entregado al señor Evelio Díaz Castro el 19 de mayo de 2007.

Manifiesta el demandante que, en razón a que el vehículo no se puso en funcionamiento durante tres años, sufrió fallas en el motor, además del deterioro de los neumáticos y otras partes del rodante. Aseveró que el automotor antes de su incautación prestaba el servicio de carga de manera permanente y se encontraba afiliado a la empresa Lanitrans S.C.A y HACE GRAS.

De otra parte, señaló que la retención injustificada del vehículo fue puesta de manifiesto por la misma la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, al decidir el recurso de apelación en la que expuso:

Dado lo anterior, esta Delegada observa que la decisión adoptada en la investigación penal a la cual se acaba de hacer referencia, necesariamente tiene repercusión en el trámite y decisión del incidente objeto de apelación, ya que al quedar descartada la ilicitud del líquido transportado en el vehículo reclamado, no hay razón para mantenerlo afectado con la restricción de entrega definitiva y aún más grave, con el trámite del proceso de extinción de dominio.

Adujo que las expresiones “Es en esta afirmación en la que radica la confusión del a quo… Al parecer primera instancia desconoció….Al parecer este documento no fue objeto de análisis y valoración por el a quo, de lo contrario hubiera dejado las dudas que lo inquietaban” denotan el error judicial en que incurrió la Fiscalía Diecisiete Especializada.

2. El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 23 de septiembre de 2009, la cual se notificó en legal forma a la Fiscalía General de la Nación (fl. 22, c. 1) y al Ministerio Público (fl. 21 vto., c. 1).
La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones. Aseveró que el procedimiento del comiso del automotor se ajustó a derecho y se encontró debidamente justificado en razón a que el día del allanamiento se halló gran cantidad de hidrocarburo dentro del remolque, circunstancia que, en su momento, constituía indicio grave de que el combustible había sido hurtado. Señaló que no se configuraban los supuestos para declarar la responsabilidad extracontractual y aseveró, sin explicación precisa respecto del presente caso, que se configuraba una “culpa exclusiva de un tercero”.

Finalmente, manifestó que actuó de conformidad con lo dispuesto en la ley penal, sin que pudiera advertirse irregularidad alguna que ameritara la condena a una indemnización patrimonial en favor del demandante y, por ello, debían denegarse las pretensiones.

Mediante providencia del 21 de abril de 2010, el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas (fls. 50 a 51, c. 1), y en auto del 16 de marzo de 2011 corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente (fl. 97, c. 1).

En sus alegatos, las partes reiteraron los argumentos expuestos, respectivamente, en la demanda (fls. 116 a 125, c. 1), y en su contestación a la misma (fls. 99 a 105, c. 1).

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 29 de junio de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda (fls. 129 a 140, c. ppal.).

Consideró que, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, era posible concluir que el señor Evelio Díaz Castro era propietario solamente del cabezote del tractocamión y que la actividad de transporte de carga sobre las cuales cimentó el daño no estaba acreditada, toda vez que para realizar dicha actividad se requería de un remolque, que, como se demostró, no le pertenecía y tampoco lo estaba usufructuando, por lo que con el solo decomiso del cabezote no se configuraba un daño indemnizable a título de lucro cesante.

De esa manera, denegó las pretensiones de la demanda sin que se hiciera un estudio de fondo acerca de las circunstancias que rodearon el caso.

4. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte demandante formuló recurso de apelación. Adujo que el Tribunal no justificó jurídicamente la sentencia, lo cual debía cumplir de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que se limitó a esgrimir algunas apreciaciones sobre las pruebas obrantes en el expediente, pero no hizo un estudio serio del daño.

Aseveró que, de haberse motivado la sentencia, se hubieran identificado los presupuestos del daño, el cual se encuentra debidamente acreditado, dado que este se concretó en la afectación al uso y goce de la propiedad del vehículo de transporte de carga con placas SFE 967, durante aproximadamente tres años, al ser retenido por cuenta de una investigación penal en la que fue ajeno.

Así, señaló que la retención fue probada con el acta de allanamiento y el detrimento patrimonial se acreditó con los documentos que daban cuenta de la vinculación al servicio de transporte que este prestaba.

De otra parte, señaló que era injustificado aducir que no se encontraba probado el daño emergente, porque el demandante al momento de recibir el vehículo no hizo ninguna observación en el acta de entrega. Aseguró que la prueba para demostrar el perjuicio material no era solemne, por ende, los documentos obrantes en el expediente, relacionados con los gastos en los que incurrió el señor Díaz Castro para reparar el vehículo constituían prueba del perjuicio sufrido.

En cuanto al lucro cesante, manifestó que la prueba del perjuicio estaba integrada por: i) el documento de vinculación a la empresa de transporte, al momento de ser decomisado, ii) la certificación de ingresos y de prestación de transporte, 18 días antes de su decomiso, iii) la guía de transporte, remisión y manifiesto de carga fechados el día del decomiso del bien y iv) contratos de vinculación que dan cuenta del servicio de transporte.

Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia y, en consecuencia, se accediera a las pretensiones de la demanda (fls. 142 a 149, c. ppal.).

5. El trámite de segunda instancia

El recurso formulado por la parte actora fue concedido en proveído de 24 de agosto de 2011 (fl. 151, c. ppal.), y admitido por auto del 21 de noviembre del mismo año (fl. 155, c. ppal.). En proveído de 20 de enero de 2012, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 157, c. ppal.).

En esta oportunidad procesal, la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y la contestación, respectivamente (fls. 159 a 163; 164 a 165, c. ppal.).

El Ministerio Público presentó concepto y señaló que se debía confirmar la sentencia denegatoria de las pretensiones, porque, en su criterio, las pruebas obrantes en el expediente no acreditaban la existencia del daño antijurídico.

Aseveró que el demandante no cumplió con la carga de probar los supuestos de hecho y de derecho que fundamentaban su reclamación (fls. 166 a 173, c. ppal.).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

La Sala estima necesario precisar que al presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 1984-, toda vez que la demanda se interpuso el 18 de agosto de 2009, vale decir, en vigencia de dicha norma y antes de que entrara en vigor la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, conforme a la regla establecida en el artículo 308 de ese estatuto.

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia en razón del recurso de apelación interpuesto, en contra de la sentencia proferida el 29 de junio de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado, en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción

Esta Corporación, en forma reiterada, ha sostenido que la caducidad se encuentra instituida para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, frente a aquellos eventos en los que determinadas acciones judiciales no se ejercen dentro de un término específico. Así entonces, a los interesados les corresponde asumir la carga procesal de promover el litigio dentro de ese plazo, el cual es fijado por la ley y, por ello, si no se hace en tiempo, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

Para casos como el sub lite, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A., que establece que la acción de reparación directa: “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

En efecto, la responsabilidad administrativa que se demanda se hace consistir, en una pretensión principal y una subsidiaria. La primera hace referencia a la declaratoria de responsabilidad por la “retención y comiso” del vehículo de placas SFE 967 y por ende la indemnización de perjuicios causados desde la fecha del decomiso del bien hasta su entrega material. La segunda, hace alusión a la declaratoria de responsabilidad por la entrega inoportuna de bien, en atención que, a juicio del demandante, esto debió hacerse desde la resolución que calificó el sumario, esto es, desde la providencia del 19 de abril de 2005.

Ahora bien, se hace necesario precisar que en los casos en los cuales se pretende la reparación de los perjuicios que hubieran podido causarse por cuenta de la incautación de bienes muebles o inmuebles, ordenada en el marco de una investigación penal, la Sección Tercera ha distinguido dos situaciones: i) aquélla en la cual se solicita la reparación de los perjuicios causados por una orden de incautación que podría ser constitutiva de un error judicial y, por lo tanto, se aplica una solución similar en los casos de vinculación injusta a una investigación penal, al respecto la Sala ha considerado:

[S]ólo cuando queda ejecutoriada la providencia que determina la desvinculación del propietario de los bienes afectados a la etapa preliminar, se torna en irregular la tenencia del bien y surge la obligación a cargo de la autoridad correspondiente de devolverlo a su propietario. O lo que es lo mismo, cuando se profiere la decisión que ordena la devolución del bien se tiene por estructurado el daño causado.

ii) La segunda situación es aquélla en la cual se pretende la indemnización por el deterioro o la destrucción de los bienes incautados, eventos en los cuales la Corporación ha sostenido que “el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la entrega material de los bienes, ya que sólo hasta ese momento los propietarios pudieron percatarse de los daños que presentaban”.

Al respecto, encuentra la Sala que de la lectura integral de la demanda, las pretensiones del accionante se encuadran, principalmente, en la configuración del error judicial en la providencia de 19 de abril de 2007, mediante la cual precluyó la investigación penal en contra del señor José William Hernández y resolvió que no era viable la devolución del tractocamión a través del incidente procesal porque, a su juicio, las circunstancias que rodearon el caso, implicaban que la determinación de devolución del bien se debería efectuar en un proceso de extinción de dominio, en razón a que se configuraba la causal referida en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 793 de 2002, esto es, “Cuando los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas o correspondan al objeto del delito”.

Así las cosas, la pretensión dirigida a que se resarzan los perjuicios ocasionados por la “entrega inoportuna”, esto es, porque considera el actor que desde la resolución que calificó el sumario debía devolverse el bien, trae como consecuencia el análisis del daño consistente en la pérdida del poder dispositivo del vehículo de transporte de carga con placas SFE 967 desde la óptica de la imputación por error judicial.

Como consecuencia y dado que las fuentes jurídicas de los daños invocados en la demanda son diferentes, el término de caducidad debe contabilizarse de manera separada, esto es, i) en los eventos en que la acción de reparación directa se funda en el error judicial, se ha establecido que en tales casos, el plazo legal para interponer la demanda debe contabilizarse desde el día siguiente a la ejecutoria de la providencia que contiene el error; ii) en lo que atañe al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el deterioro del bien, el término deberá contabilizarse desde el día siguiente a la entrega del mismo. Procede la Sala a realizar el cómputo de la oportunidad para demandar, de la siguiente manera:

2.1. El error jurisdiccional

Se tiene probado que en proveído de 19 de abril de 2005, la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá calificó el sumario y resolvió precluir la investigación penal en contra del señor José William Hernández Quintero y señaló que no era viable la entrega del tractocamión de placas SFE 967 de propiedad del señor Evelio Díaz Castro porque se debía acudir a un proceso de extinción de dominio de conformidad con la Ley 793 de 2002 (fls. 26 a 71, c. 4).

Aquella decisión fue apelada por el señor Díaz Castro y fue resuelta en Resolución de 9 de septiembre de 2005, por la Fiscalía Trece Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá mediante la cual revocó la decisión de iniciar un proceso de extinción de dominio y ordenó que se siguiera el trámite incidental para definir la entrega del bien (fls. 253 a 258, c. 2; 9 a 15, c. 4).

Luego, el 5 de mayo de 2006, la Fiscalía Diecisiete resolvió, nuevamente, negar la entrega definitiva del vehículo en cuestión porque, a su juicio, el trámite que se debía seguir para resolver la entrega del bien, era el correspondiente a un proceso de extinción de dominio (fls. 121 a 124, c. 2).

No obstante lo anterior, la Fiscalía Trece Delegada ante el Tribunal Superior, en proveído de 16 de abril de 2007, revocó la anterior decisión y, en consecuencia, ordenó la entrega definitiva de la tractomula SFE 967 al señor Evelio Díaz Castro (fls. 182 a 191, c. 2; 16 a 25, c. 4).

Se tiene entonces que, a través de esta última providencia, 16 de abril de 2007, se definió la entrega del vehículo, en consideración a que la decisión adoptada en la investigación penal, necesariamente, tenía injerencia directa con el resultado del trámite incidental, en razón a que se había descartado la ilicitud del hidrocarburo transportado en el tracto camión de placas SFE 967, no existía razón para hacer la situación más gravosa, imponiéndole la carga al incidentante de sobrellevar un proceso de extinción de dominio del vehículo de su propiedad. Por ello, es esta la providencia a partir de la cual se debe contabilizar el término de caducidad.

De conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000, ordenamiento jurídico vigente en la época de ocurrencia de los hechos, la ejecutoria de las providencias que deciden los recursos de apelación quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente, por lo que la referida providencia quedó en firme el 16 de abril de 2007.

Como consecuencia, el término para formular la demanda en relación con la reparación de perjuicios por el supuesto error judicial, transcurrió entre el 17 de abril de 2007 y el 17 de abril de 2009 y, comoquiera que la acción se presentó el 18 de agosto de 2009, fuerza concluir que se ejerció de manera inoportuna. Cabe advertir que en el presente caso se agotó el requisito de procedibilidad de la audiencia de conciliación extrajudicial, que entre sus efectos jurídicos está el de suspender el término de caducidad; sin embargo, la solicitud de conciliación se formuló el 14 de mayo de 2009 (fl. 1, c. 2), esto es, fuera de término para hacer efectiva la suspensión.

Por consiguiente, le corresponde a la Sala declarar la caducidad de la acción en relación con la pretensión dirigida a la declaratoria de responsabilidad por error judicial.

Respecto a este fenómeno jurídico de la caducidad ha dicho la Sala, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, debe examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda, por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inciso 3° del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido, o bien podrá ser planteada por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda o, en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondo -artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del Código Contencioso Administrativo, que consagra:

En todos los procesos podrán proponerse las excepciones de fondo en la contestación de la demanda, cuando sea procedente, o dentro del término de fijación en lista, en los demás casos.

En la sentencia definitiva se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada.

Son excepciones de fondo las que se oponen a la prosperidad de la pretensión…

Por otra parte debe señalarse que, la facultad potestativa de accionar, comienza con el término prefijado por la ley, y nada obsta para que se ejercite desde el primer día, pero fenece definitivamente al terminar el plazo, momento en el que se torna improrrogable y, por ende, preclusivo.

En este sentido, vale señalar que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 9 de febrero de 2012, unificó la jurisprudencia en torno a la competencia del juez ad quem con ocasión del recurso de apelación, oportunidad en la cual la Sala acogió la tesis conforme a la cual la competencia del juez ad quem está limitada, en principio, a los aspectos que señale el recurrente.

Para la Sala, sin embargo, la regla general relacionada con los límites de la competencia del juez ad quem, admite excepciones derivadas de mandatos constitucionales y legales. A título de ejemplo se señalaron en el fallo algunos asuntos procesales, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales, entre otros, deben ser declarados por el juez de segunda instancia, de manera oficiosa, aunque no hubieran sido propuestos como fundamentos de inconformidad con la providencia censurada, porque tales aspectos constituyen presupuestos para dictar sentencia de mérito. Al respecto la Corporación se pronunció en sentencia de unificación de la siguiente manera:

Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada.

A la luz de todo lo anterior, se reafirma que el análisis aquí efectuado parte de lo que aparece probado en el expediente, realidad procesal que impone declarar la ocurrencia de la caducidad de la acción y, en consecuencia, denegar las pretensiones incoadas en la demanda respecto de la pretensión que se hace consistir en el error judicial.

2.2. El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

De otra parte, en lo que respecta a la pretensión por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el deterioro del vehículo al permanecer alrededor de 3 años retenido, el término se contabiliza a partir de su entrega material.

Obra la certificación de fecha de salida del automotor de placas SFE 967, correspondiente al 19 de mayo de 2007, expedida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación (fl. 73, c. 1). Considera la Sala que el término para presentar la demanda empezó a correr desde esa última fecha hasta el 20 de mayo de 2009; sin embargo, este término fue suspendido con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial radicada el 14 de mayo de 2009.

Luego, se tiene que el 12 de agosto de 2009 se expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad en razón a que se declaró fracasada la conciliación (fl. 1, c. 2). Reanudándose el término de la oportunidad para presentar la demanda faltando 6 días para su caducidad, así, los accionantes contaban hasta el 18 de agosto de 2009 para formular la acción de reparación directa y, comoquiera que se interpuso en esa última fecha, se concluye que se ejerció dentro del término previsto por la ley.

Por lo anterior, corresponde a la Sala adelantar el juicio de responsabilidad respecto de la demanda de indemnización por el deterioro y detrimento sufrido por el vehículo de propiedad del actor durante el tiempo que permaneció incautado por orden de la Fiscalía General de la Nación.

3. La legitimación en la causa

El señor Evelio Díaz Castro está legitimado en la causa, toda vez que alegó haber sido afectado con las actuaciones y omisiones atribuidas a la entidad demandada, dada su calidad de propietario del vehículo de placas SFE 967, cabezote de un tractocamión, objeto de la incautación, la cual acreditó con la tarjeta de propiedad y la certificación expedida por la Dirección Departamental de Transportes y Tránsito de Antioquia (fls. 2 a 4, c. 2).

La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber sido la entidad que ordenó la incautación del vehículo de propiedad del demandante, asimismo, fue la entidad que resolvió lo concerniente al incidente procesal en el que estuvo involucrado el referido vehículo, actuaciones por las que ahora se está solicitando la indemnización de los perjuicios que se le habrían ocasionado.

4. Problema jurídico

Se debe determinar si en el presente caso se encuentra acreditado el daño aducido en la demanda por el señor Evelio Díaz Castro, derivado del deterioro del tractocamión de placas SFE 967. De ser así, se verificará si el mismo es o no imputable a la Fiscalía General de la Nación, en tal caso, se deberá establecer el monto de la reparación a la que tenga derecho.

5. Régimen de responsabilidad

Tanto en la demanda como en el recurso de apelación el actor alega, en síntesis, que la Fiscalía Diecisiete Delegada ante los Juzgado Penales del Circuito de Bogotá incurrió en un error jurisdiccional y en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al negar la entrega del bien, lo que provocó un daño por la privación del uso y goce de bien decomisado; no obstante como se advirtió en el acápite precedente, la imputación por error judicial realizada a la entidad demandada por la retención de tractocamión no será objeto de análisis en cuanto operó la caducidad.

Así pues, en relación con el defectuoso funcionamiento alude a la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la administración de justicia, regulada hoy en día en la Ley 270 de 1996, disposición que se encontraba vigente al momento en que se adoptó la providencia del 4 de febrero de 2005, con la cual el demandante considera que se materializó el daño, de manera que orienta los criterios generales a tener en cuenta para resolver el caso concreto, de conformidad con los pronunciamientos jurisprudenciales que en torno a ella se han proferido.

La jurisprudencia de la Sala, elaborada antes de la vigencia de la Constitución de 1991, distinguió entre la actividad propiamente judicial y las actuaciones administrativas de la jurisdicción. En esa oportunidad se admitió, bajo el régimen de falla del servicio, la responsabilidad por los daños que se causaran en ejercicio de actuaciones administrativas y, en relación con la actividad jurisdiccional, se consideró que no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de manera que, la responsabilidad en tales eventos era de índole personal en relación con el juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil, bajo el presupuesto de que este hubiera actuado con error inexcusable.

La Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la Administración de Justicia.

Después de la entrada en vigencia del artículo 90 constitucional, se mantuvo la diferencia entre la actividad propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las cuales se declarara o hiciera efectivo el derecho subjetivo, y la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de ella las de interpretar y aplicar el derecho. Así, se declaró la responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas, o pérdida o deterioro de bienes decomisados, que no fueron entregados por el depositario, o que no eran de propiedad del demandado.

También la Sala aclaró que el error que podía dar lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado no se reducía a la “vía de hecho”, ni se identificaba con las llamadas por la Corte Constitucional “causales de procedibilidad”, sino que correspondía a un defecto sustantivo o a un defecto fáctico, porque el error judicial que da lugar a la reparación es toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar. Además, el error judicial debe estar contenido en una providencia judicial, que de manera normal o anormal, ponga fin al proceso, pero dicha providencia no debe ser analizada en forma aislada, sino en relación con los demás actos procesales.

El artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, reguló la responsabilidad del Estado: “El Estado deberá responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”.

La norma que viene de transcribirse desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, concepto que desde luego comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia, bien porque la ejecuten los funcionarios judiciales o bien por los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, pero también por los empleados, los agentes y los auxiliares de la justicia.

En efecto, el indebido funcionamiento de la Administración de Justicia, concretamente con las dilaciones injustificadas, el artículo 29 de la Constitución de 1991 estableció como garantía del debido proceso, el trámite sin dilaciones injustificadas y el 228 ibídem consagró los principios de celeridad y eficacia en la actuación judicial, al disponer que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado”.

El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce la garantía de ser juzgado sin dilaciones como elemento básico del debido proceso legal, aplicable a todos los procesos judiciales y aunque en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue reconocido concretamente el derecho del acusado de delito “a ser juzgado sin dilaciones indebidas”, la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos considera que dicha garantía es aplicable a procesos de otra índole.

En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual debían ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos como consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyan error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial.

En vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por el retardo injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes o a terceros.

Finalmente, el artículo 70 de la Ley 270 de 1997, dispone que “El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

6. El Daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez, que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para determinar la responsabilidad extracontractual del Estado; una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la entidad demanda.

A continuación se relacionan las pruebas que guardan correspondencia directa con el daño correspondiente al deterioro del tractocamión y a la eventual configuración de un irregular funcionamiento por la dilación injustificada de la entrega del mismo:

• El 18 de mayo de 2004, miembros de la DIJIN levantaron acta de la diligencia de inspección judicial llevada a cabo en la empresa Districomcalderas ubicada en Honda, Tolima, en la cual consta que se encontró el tracto camión de placas SFE 967 junto con el tráiler R 01644, en cuyo interior se hallaron dos compartimientos llenos de crudo, uno con 3.800 galones y el otro con 2.500. El hidrocarburo se sometió a medición de los grados de API y arrojó como resultado un API de 14.4, motivo por el cual se procedió a la incautación del combustible y de los vehículos, supuestamente, involucrados. En la referida acta de allanamiento, se señaló:

Se trata de un inmueble de forma irregular con un área aproximada de (…); se compone de tres 03 casas separadas, una a la entrada donde funciona una cocina, una sala comedor y un cuarto que sirve de depósito, la segunda de dos cuartos donde habitan Sergio Romero, su esposa Nancy Amaya Palacios y un menor Sergio Andrés, quienes dicen ser arrendatarios de quien atiende la diligencia.

La casa tres, en mejores condiciones, tiene dos cuartos, uno como depósito y el otro con una cama y un camarote: Al ingresar nos encontramos con un tracto camión brigadier, con tanque para combustibles de placas SFE 967 y R 01644 para el tráiler, el tanque tiene dos compartimientos de 2.500 galones y uno 01 de 3.800 galones, que se encontraban llenos y con unos sellos de seguridad plásticos, una válvula inferior con sello de seguridad plástico y metálico observándose que no tiene orden de embarque se procede a romper los sellos encontrando que donde se encuentran colocados presentan aberturas disimuladas; se toman muestras del combustible del compartimiento No. 2 y de la válvula inferior arrojando como resultado luego de someterse a prueba con termo hidrómetro por la señora perito químico de la Dijin, un API de 14,4; se encuentra un pozo que se denominó con el No. 1 donde halló crudo por 10.000 galones aproximadamente; las dimensiones de este pozo son: 8,42 mts. De largo; 4,20 mts. De ancho y 1,60 de profundidad estando con combustible hasta 1.10 mts., hay un tanque cilíndrico de aproximadamente 8.500 galones. De estos dos sitios se toman muestras que arrojan API de 14.4; con relación al segundo tanque hay una serie de mangueras y una motobomba marca Sullair, al fondo del lote detrás de unas canecas arrumadas y cubiertas con tela de zinc se encuentran dos pozos más y en medio otro descubierto, a uno de los cubiertos se le levanta la tela y se encuentran aproximadamente 50.000 galones de crudo del que se toman muestras y se rotulan con piscina 2 con API de 14.3.

A la apertura del camión se encuentran unas guías para transporte, un manifiesto de carga y remisión No. 0159, documentos que se incautan al igual que las siguientes facturas de venta de CAT Combustibles 0034 y 0036, orden de despacho 10.979 de TETHYS Petroleum y remesa terrestre de carga para esto orden de despacho y una fotocopia 1118 de Oricom Ltda. con facturas 1070 de origen y Formato de movimiento de crudo por carro tanque 4886 en fotocopia, estos últimos documentos y guía de transporte y remisión No. 101.

Se procede a la incautación del crudo con API superior a 13, de la maquinaria y del tracto camión y se dispone que el Mayor Esteban Arias Melo de la Dijin que acompaña la diligencia realice los trámites pertinentes para entregar en custodia a Ecopetrol, para lo que levantará el acta correspondiente; se dispone la captura por la Policía Judicial de quien atiende la diligencia por cuanto el crudo no corresponde con el que se comercializa en Rubiales (fl. 3 a 5, c. 4).

• El mismo día, se levantó el acta de incautación por parte de la Dirección Central de Policía Judicial – Grupo de Hidrocarburos, del tracto camión de placas SFE 967 y el remolque R 01644. Suscriben el documento un funcionario de la Policía Judicial y el señor José William Hernández Quintero, en calidad de tenedor de los bienes (fl. 7, c. 4).

El acta se acompañó de un inventario del vehículo y en las observaciones se consignó “el vehículo [SFE 967] antes descrito corresponde a una tracto mula con tanque capacidad 8.500 gls aprox., R-01644, color blanco, líneas, se desconoce el estado mecánico del vehículo, regular estado debido a su uso”( fl. 8, c. 4).

• El 16 de abril de 2007, la Fiscalía Trece Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la resolución de 5 de mayo de 2006, mediante la cual se había denegado la entrega del vehículo y, en consecuencia, ordenó su entrega definitiva al señor Evelio Díaz Castro (fls. 182 a 191, c. 2; 16 a 25, c. 4).

• En proveído de 10 de mayo de 2007, la Fiscalía Diecisiete, expidió auto de obedézcase y cúmplase, así:

Vista la decisión de segunda instancia fechada en abril 16/2007 en la que Fiscalía 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá ordena la entrega definitiva de la Tractomula de placas SFE 967 al señor Evelio Díaz Castro y del Tráiler R01644 al señor secuestre se dará cumplimiento a lo ordenado por esa instancia superior y de conformidad como lo solicita en su memorial de mayo 8/07 el apoderado Miguel Ángel León Cote que se extiende a que se le expidan copias auténticas del cuaderno incidental, incluidas las decisiones de segunda instancia; así como el desglose de todos los documentos originales que obran dentro del incidente con relación al automotor objeto de entrega superior e igualmente se libren los oficios correspondientes para efectos de esa entrega al jefe de bienes de la seccional administrativa para efectos de esta entrega al jefe de bienes de la seccional administrativa de Manizales de la Fiscalía General de la Nación, ya que dichos bienes se encuentran en custodia en la bodega de la Dorada – Caldas (fls. 326, c. 2).

• El 11 de mayo de 2007, la Fiscalía Diecisiete comisionó al Jefe de Bienes de la Fiscalía Seccional Administrativa para que hiciera la entrega real y material del tractocamión y del tráiler (fl. 327, c. 2).

• Obra la certificación de fecha de salida del automotor de placas SFE 967, correspondiente al día 19 de mayo de 2007, expedida por la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de la Fiscalía General de la Nación (fl. 73, c. 1).

En el acta de entrega de vehículo incautado, de fecha 14 de mayo de 2007 (fl. 328, c. 2), se lee:

El suscrito Jefe de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Manizales, Mario Alberto Cardona Castillo, procede a hacer entrega del CABEZOTE de TRACTOMULA que se relaciona a continuación al señor EVELIO DÍAZ CASTRO, identificado con la C.C. Nro. 10.162.279 de la Dorada, propietario del mismo, esto de conformidad con lo ordenado por la FISCALÍA 17 DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS DE BOGOTÁ – UNIDAD DE TERRORISMO. En auto del 10 de mayo de 2007. De igual forma se da cumplimiento a la decisión de segunda instancia de fecha 16 de abril de 2007 proferida por la Fiscalía 13 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.

CLASE CABEZOTE
MARCA CHEVROLET
LÍNEA SUPER BRIGADIER
COLOR BLANCO
CHASIS CM80001
MOTOR 10801502
MODELO 1988
PLACAS SFE 967

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE
Mario Alberto Cardona Evelio Díaz Castro
c.c. Nro. 10.162.279

Respecto del presunto deterioro del automotor durante el período en el que estuvo bajo la administración de la Fiscalía General de la Nación, a partir de las pruebas allegadas al proceso, específicamente, con la respectiva acta de entrega definitiva, puede concluirse que para el momento en que el mueble quedó a disposición de entidad demandada -mayo de 2004-, se desconocía el estado mecánico del vehículo y que, en todo caso, se encontraba en regular estado de conservación debido al uso, por lo que, al momento de la devolución definitiva -mayo 2007- fue entregado en similar estado al que fue recibido, salvo -claro está-, el desgaste normal por el transcurso del tiempo, hechos estos que, como resulta apenas natural, no le pueden ser imputables a la entidad demandada.

Ahora bien, es preciso señalar que desde la fecha que se ordenó la entrega del tractocamión por orden de la Fiscalía Trece Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá hasta la fecha de la entrega material del vehículo, transcurrió 1 mes y 3 días, y que en ese término se realizaron todas las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a esa decisión, como se observa: en proveído de 10 de mayo de 2007, la Fiscalía Diecisiete expidió auto de obedézcase y cúmplase frente a lo decidido por la Fiscalía Trece y que el 11 de mayo de 2007, la Fiscalía Diecisiete comisionó al Jefe de Bienes de la Fiscalía Seccional Administrativa para que hiciera la entrega real y material del tractocamión. Por lo que no se advierten actuaciones irregulares relacionadas con la dilación en la entrega efectiva del bien incautado.

Así las cosas, corresponde a esta Sala negar las pretensiones de la demanda en cuanto no se encuentra probado.
7. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

MODIFICAR la sentencia de 29 de junio de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción respecto de la pretensión indicada en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros. Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. 6 de agosto de 2009. Expediente: 36.834 (auto). Reiterado en: i) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación: 250002326000199902635 – 01 (27588). 26 de febrero de 2014 y ii) Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Radicación: 50001-23-31-000-2005-00274-01(39435). 30 de agosto de 2017, entre muchas otras. Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 13.392, C.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada en Subsección B, sentencia de 28 de septiembre de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de enero de 2012, exp. 22205. Consúltese la sentencia dictada por esta Subsección el 12 de febrero de 2015, exp. 29085. En similar sentido se profirió el auto de fecha 2 de septiembre de 2013, exp. 46642. Consultar las sentencias proferidas por esta Subsección en los expedientes Nos. 38439, 41425, 39588,
Consultar la sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 21.093. Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior.”
Expediente: 500012331000199706093 01 (21.060), Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia de 16 de abril de 2018, Exp. 46.005. En el mismo sentido, esta Subsección se pronunció respecto de la contabilización del término de caducidad en un proceso de embargo y secuestro de un bien inmueble. Se puede consultar en la Sentencia de 11 de octubre de 2018 en el expediente No. 43248. En el mismo sentido, esta Subsección se pronunció respecto de la contabilización del término de caducidad en un proceso de embargo y secuestro de un bien inmueble. Se puede consultar en la Sentencia de 11 de octubre de 2018 en el expediente No. 43248. Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996. Este criterio fue expuesto recientemente por la Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2011, expediente 18913. En este supuesto se encuentra  los actos de los secuestres que ocasionaran grave deterioro a los bienes o la sustracción de títulos o bienes que se encontraran bajo la custodia de las autoridades judiciales. Sentencias del 10 de noviembre de 1967, expediente 868; 31 de julio de 1976, expediente 1808 y del 24 de mayo de 1990, expediente 5451. Ver sentencia de 13 de diciembre de 2001, expediente 12.915 y del 5 de agosto de 2004, expediente 14.358. Sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente No. 13.164. Sentencia de 25 de noviembre de 2004, expediente 13.539. Sentencias de 3 de junio de 1993, expediente 7859 y 4 de diciembre de 2002, expediente 12.791. Sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15.128. Sentencia de 22 de noviembre de 2001, expediente No. 13.164. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque. Esa norma dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. CIDH, Detención arbitraria, Diez años de actividad, 1982, pág. 320. Citado por Daniel O’Donnell en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2004, págs. 306-307 y 442. Sentencias del 3 de junio de 1993, expediente 7859 y del 4 de diciembre de 2002, expediente 12.791, entre muchas otras. En el mismo sentido se puede consultar la sentencia proferida por esta Subsección el 3 de agosto de 2017 en el expediente 33.043.

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