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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2012-00201-01

Reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad: actualización de sumas. Fórmula actuarial

Fecha
4 de abril de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2012-00201-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar dispone: PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Elizabeth Mendoza Córdoba, Anyelis Liseth Mendoza Córdoba, Luisa Fernanda Vanegas Mendoza, Yaseth Fernando Vanegas Mendoza y Lesly Fernanda Vanegas Mendoza, por los motivos expuestos previamente. SEGUNDO: DECLARAR solidaria y administrativamente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que la que fue víctima el señor José Gabriel Mendoza Romero. TERCERO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales a los demandantes, las siguientes sumas: Nivel Demandante Calidad Indemnización 1º José Gabriel Mendoza Romero Víctima directa 70 SMLMV 1º Yoleida Peña Pertuz Compañera permanente 35 SMLMV 1º María José Mendoza Peña Hija 35 SMLMV 2° Jhon Manuel Mendoza Romero Hermano 18 SMLMV 2° José Manuel Mendoza Neira Hermano 18 SMLMV 2° Gabriel Arístides Mendoza Neira Hermano 18 SMLMV 2° Yeimis Yoleth Mejía Romero Hermana 18 SMLMV CUARTO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de José Gabriel Mendoza Romero a título de lucro cesante la suma de once millones trescientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos con tres centavos $11.531.123,49 QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. SEXTO: Sin condena en costas. SÉPTIMO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso. OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-000-2012-00201-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

4 de abril de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Caso medida de detención preventiva a ciudadanos sindicados por la comisión de los delitos de hurto calificado y agravado / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sentencia absolutoria / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Condenado o procesado no cometió el delito o no lo realizó / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Ley 906 de 2004 / ETAPA DE INVESTIGACIÓN - Actuación de Fiscalía y juez con funciones de control de garantías / ETAPA DE JUZGAMIENTO - Juez de conocimiento / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Determinación del periodo de privación con fines indemnizatorios o de reparación de perjuicios

En el presente caso se configuran los supuestos para declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, toda vez que el demandante no cometió el hecho punible. (…) Lo anterior, toda vez que el ente acusador y el ente juzgador no lograron presentar elementos materiales probatorios que comprometieran la responsabilidad del señor (…) en los hechos materia de investigación. Por lo tanto, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida (…) devino en injusta, y como consecuencia se impone para la Sala confirmar la decisión de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; sobre el particular, ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 35796 numerales 2 y 3, 37100 y 48842 numeral 4.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Actualización de sumas. Fórmula actuarial / PERJUICIOS MORALES - Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES - Reconoce entre 70 smlmv a la víctima, 35 smlmv para la compañera permanente e hija y 18 smlmv para su hermano

Está demostrado que el señor (…) estuvo privado injustamente por el término de 18,43 meses. Lo anterior significa que la víctima directa, su compañera permanente – (…), y su hija – (…). Con relación a sus hermanos (…), al encontrarse en el segundo grado de consanguinidad, les corresponden la suma indemnizatoria de 50 SMLMV. No obstante lo anterior, la Sala observa que la condena reconocida en primera instancia por concepto de perjuicios morales es inferior a la aquí señala, de manera que en consideración a que la Fiscalía es apelante único y en razón del principio de “non reformatio in pejus”, confirmará lo dispuesto por el A quo.

RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reconoce / LUCRO CESANTE EN ACTIVIDAD COMERCIAL - Quantum indemnizatorio o cuantía. Presunción de valor devengado: Salario mínimo legal mensual vigente / LUCRO CESANTE - Comerciante / LUCRO CESANTE - Fórmula actuarial

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el demandante solicitó le fueran canceladas las sumas de dinero que no le fue posible percibir en su actividad informal como comerciante desde el momento en que fue capturado y durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, debidamente actualizadas. (…). Así las cosas, se encuentra acreditado que el demandante ejercía una actividad económica independiente, pero no existe prueba del ingreso percibido, tal como se sostuvo en primera instancia, en donde se reconoció el lucro cesante con fundamento en el salario mínimo legal vigente para la época. En consecuencia y en atención que en el presente caso se tiene a la entidad demandada Nación – Fiscalía General de la Nación como apelante único, en virtud del principio de non reformatio in pejus, la Sala procederá a confirmar la condena impartida en primera instancia, actualizándola con la fórmula acogida por la Corporación.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / DAÑOS OCASIONADOS POR GRAVES VIOLACIONES Y AFECTACIONES A BIENES CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS - Daño a la vida de relación: Niega, no se encuentra demostrado probatoriamente

La parte actora solicitó en las pretensiones de la demanda el reconocimiento del pago de la suma de la cantidad de 200 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes, por concepto de daño a la vida de relación, el cual hizo consistir en lo siguiente (…). Al respecto, se observa que según la jurisprudencia proferida por ésta Corporación, lo solicitado debe estudiarse bajo la óptica del daño por la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos. No obstante, revisadas las pruebas allegadas al proceso, se puede concluir que no se encuentra probado que con el proceso penal llevado a cabo en su contra se haya causado un daño distinto al daño moral previamente concedido, ya que, en dicho acápite le fue reconocido la congoja, el sufrimiento, el deterioro familiar y los cambios, que, per se, evidentemente causa la privación de la libertad de una persona, motivo por el cual procederá a negarlo, confirmando lo decidido en primera instancia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 20001-23-31-000-2012-00201-01(48234)A

Actor: JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Descriptor: Se modifica la sentencia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Restrictor: Aspectos procesales/ Legitimación en la causa/ Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad / Presupuestos de la responsabilidad del Estado/ El derecho a la libertad individual/ Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad/ Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad - Imputación de la condena.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada Nación – Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 18 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Fue presentada el día 10 de mayo de 2012, por los señores José Gabriel Mendoza Romero como víctima directa; Yoleida Peña Pertuz como su compañera permanente, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor María José Mendoza Peña; por los señores Jhon Manuel Mendoza Romero y Yeimis Yoleth Mejía Romero como sus hermanos; así mismo, por la señora Elizabeth Mendoza Córdoba como su madre, actuando en nombre propio y en representación de sus menores hijos y hermanos de la víctima directa, Anyelis Liseth Mendoza Córdoba, Luisa Fernanda Vanegas Mendoza, Yaseth Fernando Vanegas Mendoza y Lesly Fernanda Vanegas Mendoza; igualmente, por los menores José Manuel Mendoza Neira y Gabriel Arístides Mendoza Neira, en calidad de hermanos de la víctima directa, representados legalmente por su madre Yaneth Patricia Neira Quintero; y finalmente, por la señora Zenaida Mendoza Campo, como su tía; quienes por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo solicitaron que se declare que la Nación - Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación son administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad sufrida por el señor José Gabriel Mendoza Romero, y que, en consecuencia, sean condenadas al pago de éstos, discriminándolos así:

Por perjuicios morales, la cantidad de 400 SMLMV a favor de la víctima directa y 200 SMLMV a favor de cada uno los demás demandantes.

Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de la víctima directa, las sumas dejadas de percibir en el desempeño de su trabajo como comerciante, durante el tiempo en el que permaneció privado de su libertad.

Por daño a la vida de relación, la suma de 200 SMLMV para cada uno de los actores.

2. Los hechos en que se fundan las pretensiones

El señor José Gabriel Mendoza Romero se desempeñaba como comerciante en la ciudad de Valledupar - Cesar, cuando fue capturado por miembros de la Policía Judicial el día 31 de octubre del año 2008, sindicado de participar en el hurto perpetrado el día 17 de octubre del mismo año al establecimiento comercial Mar de Plata de esa ciudad, en el cual, cuatro hombres “encañonaron con un revolver a un empleado y lo amarraron con un zurcho de plástico”, mientras se apoderaban de una caja fuerte, un computador portátil y celulares.

El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi de Control de Garantías, el día 1 de noviembre de 2008, en realización de la audiencia concentrada, legalizó la captura de todos los imputados, incluyendo al demandante, imponiéndoles medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro de reclusión por el delito de hurto calificado y agravado. El actor por su parte no aceptó los cargos y fue recluido en el establecimiento carcelario ubicado en la ciudad de Valledupar, quedando a disposición del Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento.

El día 14 de mayo de 2010, se realizó la audiencia de juicio oral mediante la cual el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento profirió sentido del fallo de carácter absolutorio, ordenando la libertad del señor José Gabriel Mendoza Romero. En la misma diligencia se fijó el día 28 de junio de 2010 como fecha de lectura del fallo.

Llegado el día 28 de junio de 2010, la Juez Quinta Penal Municipal con Funciones de Conocimiento procedió a dar lectura al fallo absolutorio proferido a favor del demandante, quedando absuelto respecto del delito de hurto calificado y agravado, dicha decisión fue notificada en estrados.

Adujo el actor que estuvo privado de la libertad desde el día 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de mayo de 2010.

3. El trámite procesal

Admitida la demanda mediante auto del 7 de junio de 2012 y notificadas las entidades demandadas de la existencia del proceso, éstos procedieron a darle respuesta al escrito demandatorio, solicitando las pruebas que consideraron necesarias. Decretadas las pruebas mediante auto de 23 de agosto de 2012 y practicadas éstas, se corrió traslado para alegar, oportunidad que aprovecharon las partes.

II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

En sentencia del 18 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda pues consideró que el señor José Gabriel Mendoza Romero sufrió un daño antijurídico causado por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, sin que el Estado lograra desvirtuar su presunción de inocencia.

Sobre la responsabilidad de las entidades demandadas, sostuvo que la Nación – Fiscalía General de la Nación era responsable en el presente caso, debido a que el largo periodo de detención del actor pudo haberse disminuido si el ente investigador hubiese solicitado la preclusión del caso desde el principio, puesto que no contaba con el material probatorio suficiente para desarrollar su teoría del caso.

Por otro lado, respecto a la Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, consideró que fue dicha entidad quien adelantó todo el proceso penal y solicitó mantener en calidad de detenido al actor, a pesar de que no se contaba con las pruebas necesarias, situación que generó directamente el daño antijurídico, motivo por el cual debía ser declarada responsable.

Así las cosas, declaró administrativa, patrimonial y solidariamente responsables a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial de los perjuicios causados al demandante por la privación injusta de la libertad de que fue objeto, condenándolas a pagar la suma de 70 SMLMV a favor del señor José Gabriel Mendoza Romero; 35 SMLMV a favor de su compañera permanente Yoleida Peña Pertuz y de su hija María José Mendoza Peña; y de 18 SMLMV a favor de sus hermanos Jhon Manuel Mendoza Romero, Yeimis Yoleth Mejía Romero, José Manuel Mendoza Neira y Gabriel Arístides Mendoza Neira. Negó las pretensiones incoadas por los demás actores, al considerar que sus parentescos no se encontraban acreditados.

Con relación a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, otorgó la cantidad de $10.886.100 en razón a los salarios dejados de percibir mientras el actor permaneció privado de la libertad, tomando como base de liquidación el salario mínimo vigente para la época del fallo.

III. EL RECURSO DE APELACIÓN

Contra lo así decidido se alzó la entidad demandada Nación – Fiscalía General de la Nación, solicitando que se revoque el fallo recurrido y que se le exonere de responsabilidad toda vez que la investigación se surtió de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en la ley vigente para la época de los hechos, sin que pudiera predicarse un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, así como tampoco, la generación de un daño antijurídico por privación injusta de la libertad.

Agregó que, la solicitud sobre la imposición de medida de aseguramiento, no presentaba para el juzgador la obligación de acceder a la aplicación de la medida, pues de acuerdo a la nueva función dada a la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, no le asistía responsabilidad alguna en la formulación de la medida, decisión que correspondía exclusivamente al Juez con Función de Control de Garantías.
IV. EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público emitió concepto Nº 296 del 19 de noviembre de 2014, en el cual sostuvo que, la liberación de responsabilidad penal se fundamentó en que no se probó que el señor José Gabriel Mendoza Romero cometió las conductas ilícitas que se le imputaban, lo que significaba que no hubo elementos de juicio para demostrar la tipicidad de la conducta; de manera que opera el título de responsabilidad objetiva para imputar responsabilidad patrimonial, motivo por el cual resultaba irrelevante estudiar si las decisiones que afectaron la libertad estuvieron o no ajustadas a derecho.

Con relación a la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación, adujo que por tratarse de una investigación penal que se desarrolló de conformidad con las reglas del sistema acusatorio, al tener el ente investigador la calidad de sujeto procesal que no decidía sobre la libertad de los investigados, había lugar a liberarla de responsabilidad patrimonial.

V. CONSIDERACIONES

1. Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto comparecen al proceso en calidad de demandantes los señores José Gabriel Mendoza Romero, en su condición de privado de la libertad y su núcleo familiar conformado por María José Mendoza Peña (hija), Jhon Manuel Mendoza Romero (hermano), José Manuel Mendoza Neira (hermano), Yeimis Yoleth Mejía Romero (hermana) y Gabriel Arístides Mendoza Neira (hermano), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.

A su vez, Yoleida Peña Pertuz acude al proceso en calidad de compañera permanente, quien se encuentra legitimada en la causa por activa, de conformidad con la declaración extraprocesal rendida el día 7 de abril de 2011 por el señor Carlos Augusto Bernal Guerra ante la Notaría Segunda de Valledupar, quien manifestó: “(…) conozco de vista, trato y comunicación desde hace muchos años a la señora: YOLEIDA PEÑA PERTUZ, identificada con cédula de ciudadanía N. 49717171 expedida en Valledupar, y por este conocimiento se y me consta que convive en unión marital de hecho desde hace diez (10) años bajo el mismo techo y en forma constante y permanente con el señor JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO, identificado con cédula de ciudadanía N. 1.065.563.850 expedida en Valledupar, y que de cuya unión se ha procreado una hija menor: MARÍA JOSÉ MENDOZA PEÑA (…)”.

El dicho de la declaración extraproceso fue corroborado con el testimonio rendido por Carlos Augusto Bernal Guerra, dentro de esta acción de reparación directa - en primera instancia, el día 23 de agosto de 2011.

Sin embargo, no ocurre los mismo con relación a Elizabeth Mendoza Córdoba quien dice ser madre de José Gabriel Mendoza Romero y demanda en nombre propio y en representación de sus menores hijos y hermanos de la víctima directa, Anyelis Liseth Mendoza Córdoba, Luisa Fernanda Vanegas Mendoza, Yaseth Fernando Vanegas Mendoza y Lesly Fernanda Vanegas Mendoza, pues la Sala observa que en el Registro Civil de Nacimiento del señor José Gabriel Mendoza Romero, en la casilla correspondiente al nombre de la madre consigna: “Elizabeth Romero Mendoza”, es decir, una persona distinta a la aquí demandante.

Ahora bien, no es de recibo el argumento que señala la existencia de un error en el registro civil de nacimiento de la víctima, pues se trata de un documento cobijado por la presunción de legalidad y veracidad cuyo contenido solo puede ser modificado mediante los procedimientos de corrección o aclaración legalmente establecidos en el Decreto 1260 de 1970.

En conclusión, el parentesco aducido entre los señores Elizabeth Mendoza Córdoba, Anyelis Liseth Mendoza Córdoba, Luisa Fernanda Vanegas Mendoza, Yaseth Fernando Vanegas Mendoza y Lesly Fernanda Vanegas Mendoza con el señor José Gabriel García Romero no se encuentra acreditado y, en consecuencia, la Sala procederá a declarar la falta de legitimación en la causa por activa en cabeza de los demandantes aquí mencionados; frente a los cuales tampoco se demostró la existencia de una relación de cercanía afectiva que permitiera demostrar que estos demandantes sufrieron una afectación moral debido a la privación injusta de la libertad padecida por José Gabriel Mendoza Romero, ni siquiera como terceros damnificados.

Igual suerte asiste a Zenaida Mendoza Campo, quien acude al proceso en calidad de tía de la víctima directa, pues no se allegó el registro civil de nacimiento del padre del señor José Gabriel Mendoza Romero que acredite el parentesco alegado, y tampoco se probó la existencia de una relación de cercanía afectiva entre la mencionada señora y la víctima de la privación, de donde pueda inferirse la situación de tercera damnificada. En consecuencia, la Sala declarará la falta de legitimación en la casa por activa en cabeza de Zenaida Mendoza Campo.

Por la otra parte, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.

Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.

Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.

Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.

Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.

1.2. Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que la sentencia absolutoria proferida a favor del actor quedo debidamente ejecutoriada el 28 de junio de 2010, razón por la que inicialmente el término de caducidad de la acción vencería el 29 de junio de 2012.

No obstante, previo al vencimiento del término de caducidad, el 2 de febrero de 2012 la parte demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 22 de marzo de 2012 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio entre las partes, según se observa en la constancia proferida en la fecha en cita.

Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 1 mes, 2 semanas y 6 días (49 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 21 de agosto de 2012 y la demanda fue presentada el 10 de mayo de 2012, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad

En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:

Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.

6. Imputación de la condena

Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.

Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.

En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:

“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.

La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.

7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.

PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”

Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:

“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.

3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.

5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.

A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.

De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.

Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.

De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.

Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.

De otra parte, en lo que se refiere a la actividad Judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.

Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.

Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”

Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.

En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.

Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.

Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.

Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.

Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.

Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:

“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.

La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:

ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.

Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.

La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.

La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.

En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.

Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.

Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.

De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.

De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:

ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.

2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.

3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”

Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.

Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.

Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:

“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.

2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.

3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.

4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.

5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.

6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.

7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”

Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.

Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:

“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.

2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.

3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”

Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.

Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.

Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:

ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.

A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.

En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.

Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.

Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de la reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.

7. Caso concreto

En el presente caso se encuentra acreditado que el 27 de octubre de 2008, el ente investigador solicitó al Juzgado 4to Penal Municipal con Funciones de Control de Garantía que “autorice la orden de captura contra los señores (…) José Gabriel Mendoza Romero” como presunto autor del delito de hurto calificado agravado. Petición que fue atendida por el ente juzgador en la fecha en cita en la que profirió orden de captura N° 0708180 en contra del señor José Gabriel Mendoza Romero y otros por el delito de hurto calificado y agravado, debido a la denuncia formulada por Neyib Mohamed Osman Daza, quien manifestó que el día 17 de octubre de la misma anualidad, ingresaron al local de su propiedad denominado “Casino Mar de Plata”, cuatro personas que amenazaron con arma de fuego a los empleados, sustrajeron un computador portátil, un modem de internet y una caja fuerte que contenía en su interior la suma de $14.600.000, y posteriormente emprendieron la huida en un vehículo modelo Mazda de placas CHC 140 y en una motocicleta AX 100 de placas AVF 44.

Seguidamente, el día 1 de noviembre de 2008 se celebró ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi la audiencia preliminar llevada a cabo en contra del señor José Gabriel Mendoza Romero y otros, en donde se legalizó la captura realizada el día 31 de octubre del mismo año y se formuló la imputación, imponiendo medida de aseguramiento en centro de reclusión, por el delito de hurto calificado y agravado. Ninguno de los imputados se allanó a los cargos.

Asimismo, se probó que la Fiscalía Local Quince de Valledupar profirió escrito de acusación el día 21 de noviembre de 2008 en contra del señor José Gabriel Mendoza Romero y otros con ocasión de los hechos consignados de la siguiente manera:

“El día 17 de octubre de 2008, siendo las 10.20 horas en la carrera 18D N° 21-36 barrio Simón Bolívar de esta ciudad, en el establecimiento Mar del Plata, llegaron cuatro hombres se pusieron a jugar con las maquinas, después llegó un sujeto alto en un carro Mazda de placas CHC-140 de Chía, color champaña, quien en los días anteriores había estado en el lugar y daba a guardar un revolver 38 de cacha ortopédica, este recibe una llamada y dice que está en un banco en la fila y que en 15 minutos va, luego se va diciendo que mañana volvía. Detrás de él salen dos sujetos de los cuatro primeros que llegaron, quienes el día anterior llegaron al sitio en la motocicleta de placas AVF-44ª marca Suzuky color rojo.

Cuando estos salieron, los otros dos que estaban en la maquina solicitaron ayuda para manipular las maquinas al acercarse el empleado lo encañonaron con un revolver amarrándole las manos con un zuncho de plástico en igual forma a su compañera, obligándoles a llevarlos a la oficina donde estaba la caja fuerte, los obligaron a tirarse al piso, amenazándolos de muerte si hacían algo, procediendo apoderarse de la caja fuerte y a meterla en una bolsa plástica negra, así mismo un computador portátil HACER, un modem de internet, los celulares de los empleados, el bolso de la empleada Cindy en donde metieron unas bolsas de monedas y se fueron en el vehículo antes mencionados en total se llevaron en dinero en efectivo la suma de $14.600.000 pesos y el computador valorado en $2.000.000 de pesos.

Con la anterior información la Policía Judicial realizó las diligencias tendientes a identificar e individualizar a los presuntos autores del ilícito lo que condujo a identificar a los señores ALVARO JAVIER PÉREZ PULGAR, JUAN LUIS BRITO GARCÍA, JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO y ROIMAN LEONARDO LINERO procediendo a solicitar orden de captura contra dichos señores siendo esta otorgada por el Juez de Garantías el día 27 de octubre de 2008.

El día 31 de octubre de 2008, fueron capturados los señores, JUAN LUIS BRITO GARCÍA, JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO, ROIMAN LEONARDO LINERO y ALVARO JAVIER PÉREZ PULGAR.

Por lo expuesto se les formula ACUSACIÓN con fundamento en los artículos 336 y 337 del c.p.p a los señores JUAN LUIS BRITO GARCÍA, JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO, ROIMAN LEONARDO LINERO y ALVARO JAVIER PÉREZ PULGAR, por los delitos de HURTO CALIFICADO artículos 239, 240 inciso segundo y quinto por VIOLENCIA SOBRE LAS PERSONAS Y RECAE SOBRE OBJETOS DE COMUNICACIÓN y AGRAVADO por el artículo 241 numeral 10 por haber cometido el hecho en compañía de otro.

Realizaron el acto en calidad de coautores y dispusieron de la cosa mueble ajena (…)”.

Con base lo anterior, el día 15 de diciembre de 2008 se realizó la audiencia de acusación ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, en la que se resolvió aprobar el escrito de acusación y se les dio a los procesados la calidad de acusados. Frente a esta decisión, las partes no interpusieron recurso y se procedió a fijar como fecha de audiencia preparatoria el día 16 de enero de 2009.

El día 22 de abril de 2009 se llevó a cabo ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, la audiencia preparatoria realizada en contra del señor José Gabriel Mendoza Romero, audiencia en la que se decretaron como pruebas documentales la denuncia, retratos hablados, el acta de inspección de los hechos, álbum fotográfico, así como la recepción de distintos testimonios. La diligencia fue suspendida para continuar en horas de la tarde del mismo día, momento en que el apoderado de los acusados interpuso recurso de apelación.

El recurso de apelación contra la admisión del álbum fotográfico, fue desatado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, quien confirmó la decisión de negar su exclusión mediante audiencia celebrada el día 26 de mayo de 2009.

En audiencia del 31 de julio de 2009, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Garantía decidió negar la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por el apoderado del demandante José Gabriel Mendoza Romero. Dicha decisión fue apelada por el defensor del actor, sin embargo, fue declarado desierto en audiencia del 9 de septiembre de 2009 por el Juzgado primero Penal del circuito con Funciones de Garantía, debido a la inasistencia del defensor de la parte actora.

El día 8 de septiembre de 2009, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento celebró la audiencia de juicio oral, público y concentrado y contradictorio, suspendida y aplazada para el día 28 de septiembre de 2009, fecha en la que, nuevamente, se suspendió y aplazó por cuanto la Fiscal manifestó que sus testigos de acreditación y de cargo, pese a haber sido citados, no comparecieron a la audiencia. Los acusados no aceptaron cargos.

Posteriormente, el 14 de mayo de 2010 se dio continuación a la audiencia de juicio oral, público, concentrado y contradictorio ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, en donde se dispuso que el sentido del fallo sería de carácter absolutorio y se agregó lo siguiente:

“(…) La Fiscalía manifiesta que pese a todas las diligencias hechas y como quiera que agotó todos los medios posibles para hacer comparecer los testigos de cargos y de acreditación pero no ha sido posible la comparecencia de los mismos por tanto la Fiscalía renuncia a estos testigos y solicita a esta presidencia se tenga en cuenta lo contenido en el Art. 447 del C.P.P por tanto prescinde de los elementos probatorios

El Despacho resuelve que el fallo será ABSOLUTORIO para todos los acusados y se ordena la Libertad inmediata de todos los acusados pero se aclara que solo obtendrán la libertad material o física los señores ALVARO JAVIER PÉREZ PULGAR y JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO como quiera que no tienen requerimientos con otros Juzgados (…).

(…) Se fija como fecha para llevar a cabo la diligencia de lectura del fallo el día 28 de junio a las 3:00 p.m. Las partes intervinientes quedan notificadas en estrado (…)”.

Finalmente, el 28 de junio de 2010, se celebró la audiencia de lectura del fallo ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, en el que se indicó:

“(…) Decretada las pruebas solicitadas en la audiencia preparatoria, una vez la Fiscalía presentó su teoría del caso donde señaló que demostraría con esos elementos de pruebas que iba a debatir en juicio la materialidad de los hechos y desvirtuaría la presunción de inocencia de los implicados llevando así el convencimiento más allá de la duda razonable y de la existencia de este y la responsabilidad de los acusados (…).

De ante mano se deja sentado que transcurrieron aproximadamente cinco meses desde la instalación del juicio oral y público, para concluir éste sin debate probatorio comoquiera que la Fiscalía, luego de realizar labores tendientes a la concreción de las pruebas que debían introducirse por los diversos medios con los testimonios de las personas testigos de los hechos, los que debían escucharse en el debate probatorio por virtud de los principios del sistema acusatorio, como lo es la oralidad, por contera la inmediación, no pudo la delegada compeler a estos aun haciendo uso de la fuerza coercitiva de que se dispone por la conducción de agentes policiales, ya que las personas que figuraban como testigos, nunca se logró su comparecencia, pues desaparecieron o cambiaron su sitios de residencias sin dejar rastro de ellos.

Siendo estos los pilares sobre los cuales hincaría la teoría del caso en donde se demostraría, no sólo la existencia efectiva y material de la conducta punible, así como la responsabilidad de cada uno de los implicados, pues de acuerdo con los hechos, eran testigos directos y presenciales, ni siquiera a los implicados se les capturó en flagrancia, de lo cual podría deducirse autoría o participación. Éstas razones la llevó que al no poder desarrollarse el debate probatorio por ausencia de pruebas, las cuales (no se entiende) sus argumentaciones y carencia de ellas, a solicitar inexorablemente a que se diera la absolución perentoria, de acuerdo a como lo tiene previsto el artículo 442, pues no posee elementos de juicio para demostrar la tipicidad de la conducta, esto es, la materialidad.

El Juez construye los hechos con las pruebas, por medio de las cuales se determina la libre apreciación para determinar la responsabilidad penal a quien se le imputa el hecho injusto, para lo cual en este caso se deduce la absolución, la que finca en las siguientes premisas:

Por sabido se tiene que la Fiscalía es el órgano persecutor del Estado, a través de sus delegados, quienes tienen la facultad de incriminar a un individuo y rogándole conductas punibles, quien tiene además la obligación, no sólo de demostrar estas sino de desvirtuar la presunción de inocencia, son tres fases entonces que existen o se dan en una investigación; la de indagación, que tiene como propósito establecer la ocurrencia de los hechos llegados al conocimiento de esta y por consiguiente, si considera que no son constitutivos de infracción a la Ley penal, individualizar e identificar los autores o participes de los hechos y asegurar los medios de convicción que permitan ejercer debidamente la acción punitiva del Estado, a efectos de determinar si archiva o continua con las fases, porque se le impone adverar que con los elementos que tiene, puede buscar una imputación y aún más acusar, como el caso que nos incumbe, de tal suerte que a estas instancias se llegó por parte del ente acusador, cuando creyó que había hecho lo suficiente y tenía elementos para sostener los fines de su teoría del caso.

En efecto, se observa que la delegada no omitió deliberadamente los actos de investigación y que se nota son ausentes, por el contrario, es claro que realizó ingentes esfuerzos para lograrlo y que, de la actuación que realizó, puede señalarse que se hizo con juicios de legalidad, aunque se evidencia falta de habilidad en el desarrollo de la investigación, que bien pudo terminar desde los inicios con una preclusión en cualquiera de las etapas del proceso.

Indiscutiblemente, la (ilegible) requisitoria del proceso contemplada en el artículo 372 y 381 de la Ley 906 del año 2004, exigencia legal en tanto que las pruebas tienen por fin llevar el conocimiento del Juez más allá de la duda razonable, de los hechos, de las circunstancias del juicio y la responsabilidad penal de qué se le acusa, como autor, ora como partícipe del hecho delictuoso.

En consecuencia, se debe examinar la ocurrencia demostrada de la existencia del punible, es decir, el apoderamiento de la cosa mueble y el provecho ilícito, circunstancia que en el caso de marras no está demostrada, pues como se dijo, en el inicio de este proveído, nada se debatió, por tanto, nada se discutió por la carencia absoluta de pruebas que pudiese evidenciar la ocurrencia del hecho investigado, y por contera subsumirlo dentro del comportamiento dañoso que se les imputó a los procesados y hoy enjuiciados, de tal suerte que se requiere la demostración de los elementos o presupuestos de la conducta punible, lo cual redunda en la materialidad del injusto jurídico, subsumiéndose por tanto, la conducta desplegada por el agente infractor dentro de la descripción objetiva y abstracta, contenida en el precepto legal.

A la luz entonces de lo establecido en las normas referenciadas, las pruebas tienen como fin llevar el conocimiento más allá de la duda razonable de los hechos y circunstancias materia del juicio y de la responsabilidad penal de los acusados, así como también, para proferir un fallo condenatorio, que al no establecerse tales presupuestos resulta obvio proferir fallo absolutorio y como consecuencia, ordenar cesar todo procedimiento en favor de Juan Luis Brito García, Roiman Leonardo Lineros, José Gabriel Mendoza Romero y Álvaro Javier Pérez Pulgar.

Por todo lo anterior y sin lugar a más consideraciones, el Juzgado Quinto Penal Municipal de Valledupar con Funciones de Conocimiento, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

“PRIMERO: Proferir Sentencia absolutoria en favor de JUAN LUIS BRITO GARCÍA identificado con CC. N° 84.104.243 de San Juan del Cesar Guajira, ROIMAN LEONARDO LINEROS identificado con CC. N° 7.574.115 de Valledupar Cesar, JOSÉ GABRIEL MENDOZA ROMERO, identificado con CC. N° 1.065.128.413 expedida en San Juan del Cesar Guajira y demás condiciones personales y civiles anotadas en la parte considerativa de este fallo. Por el delito de hurto calificado agravado.

SEGUNDO: Como consecuencia no declararlos responsables como coautores materiales del delito de hurto calificado agravado, en consecuencia, cesar todo procedimiento en sus contras y declarar extinguida la acción penal. Cancélense las órdenes de captura si las hubiere por el Centro de Servicios Judiciales para el Sistema Penal Acusatorio de este Circuito.

TERCERO: Notifíquese a las partes en estrados. Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante el Honorable Tribunal Superior de este Distrito en el efecto suspensivo.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE.

LAS PARTES INTERVINIENTES NO PRESENTARON NINGÚN RECURSO QUEDANDO EN FIRME LA DECISIÓN Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS”.

Así las cosas, el día 14 de mayo de 2010 fue emitida la boleta de libertad a favor del demandante, haciéndose efectiva materialmente en la misma fecha.

A su turno, el director del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Valledupar emitió constancia del 23 de febrero de 2011, en la que señaló que el señor José Gabriel Mendoza Romero permaneció privado de su libertad en ese establecimiento carcelario desde el día 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de mayo de 2010, cuando fue dejado en libertad incondicional.

De lo esbozado se colige que, en el presente caso se configuran los supuestos para declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, toda vez que el demandante no cometió el hecho punible.
Lo anterior, toda vez que el ente acusador y el ente juzgador no lograron presentar elementos materiales probatorios que comprometieran la responsabilidad del señor José Gabriel Mendoza Romero en los hechos materia de investigación. Por lo tanto, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida José Gabriel Mendoza Romero devino en injusta, y como consecuencia se impone para la Sala confirmar la decisión de primera instancia.

8. Liquidación de perjuicios

8.1 Perjuicio moral

Como se dejó dicho en el punto 5 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la detención y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.

En el expediente se encuentra acreditado que el señor José Gabriel Mendoza Romero comparece al proceso como la persona que fue privada injustamente de la libertad, así mismo, que María José Mendoza Peña es su hija. Del mismo modo, que los señores Jhon Manuel Mendoza Romero, José Manuel Mendoza Neira, Yeimis Yoleth Mejía Romero y Gabriel Arístides Mendoza Neira son sus hermanos, parentescos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles, en atención al acápite de legitimación en la causa que se realizó previamente.

Ahora bien, por otro lado, está demostrado que el señor José Gabriel Mendoza Romero estuvo privado injustamente por el término de 18,43 meses.

Lo anterior significa que la víctima directa, su compañera permanente - Yoleida Peña Pertuz, y su hija - María José Mendoza Peña, se encuentran en el primer nivel de la tabla y rango indemnizatorio correspondiente al período de privación superior a dieciocho (18) meses, cuya cuantificación se limita a 100 SMLMV.

Con relación a sus hermanos Jhon Manuel Mendoza Romero, José Manuel Mendoza Neira y Gabriel Arístides Mendoza Neira, al encontrarse en el segundo grado de consanguinidad, les corresponden la suma indemnizatoria de 50 SMLMV.

No obstante lo anterior, la Sala observa que la condena reconocida en primera instancia por concepto de perjuicios morales es inferior a la aquí señala, de manera que en consideración a que la Fiscalía es apelante único y en razón del principio de “non reformatio in pejus”, confirmará lo dispuesto por el A quo.

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
José Gabriel Mendoza Romero
Víctima directa
70 SMLMV
1º
Yoleida Peña Pertuz
Compañera permanente
35 SMLMV
1º
María José Mendoza Peña
Hija
35 SMLMV
2°
Jhon Manuel Mendoza Romero
Hermano
18 SMLMV
2°
José Manuel Mendoza Neira
Hermano
18 SMLMV
2°
Gabriel Arístides Mendoza Neira
Hermano
18 SMLMV
2°
Yeimis Yoleth Mejía Romero
Hermana
SMLMV

8.2 Perjuicio material a título de lucro cesante

Con relación a los perjuicios materiales a título de lucro cesante, el demandante solicitó le fueran canceladas las sumas de dinero que no le fue posible percibir en su actividad informal como comerciante desde el momento en que fue capturado y durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, debidamente actualizadas.

Al respecto, observa la Sala que a lo largo del proceso fueron recepcionados los testimonios de los señores José David Altamar Franco y Carlos Augusto Bernal Guerra, rendidos ante el A quo el día 28 de agosto de 2012, quienes manifestaron con relación a la actividad económica ejercida por el demandante, lo siguiente:

José David Altamar Franco: “(…) Él trabajaba con el papá, eran comerciantes, era una persona muy alegre (…)”.

Carlos Augusto Bernal Guerra: “(…) Yo lo conocí cuando estudiaban, pues el papá iba al mercado y trabajaban juntos, (…)”.

Así las cosas, se encuentra acreditado que el demandante ejercía una actividad económica independiente, pero no existe prueba del ingreso percibido, tal como se sostuvo en primera instancia, en donde se reconoció el lucro cesante con fundamento en el salario mínimo legal vigente para la época.

En consecuencia y en atención que en el presente caso se tiene a la entidad demandada Nación – Fiscalía General de la Nación como apelante único, en virtud del principio de non reformatio in pejus, la Sala procederá a confirmar la condena impartida en primera instancia, actualizándola con la fórmula acogida por la Corporación, así:

Ra = Rh IPC final
IPC inicial

Rh: $10.886.100
IPC inicial: abril de 2013 = 133,16
IPC Final: marzo de 2018 = 141,05
Ra = $ 10.886.100 x 141,05
133,16
Ra= $11.531.123,49

En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor del señor José Gabriel Mendoza Romero la suma de $11.531.123,49

8.3 Vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos solicitados como daño a la vida de relación.

La parte actora solicitó en las pretensiones de la demanda el reconocimiento del pago de la suma de la cantidad de 200 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes, por concepto de daño a la vida de relación, el cual hizo consistir en lo siguiente:

“(…) El señor José Gabriel Mendoza Romero y su familia se vieron afectados por el escándalo social y el despliegue publicitario que originó la detención de una persona que a pesar de ser humilde gozaba de un gran aprecio entre sus amigos, vecinos y coterráneos, y verse sindicado por ña ´resunta comisión de un delito tan grave como lo es el hurto agravado (…).”

Al respecto, se observa que según la jurisprudencia proferida por ésta Corporación, lo solicitado debe estudiarse bajo la óptica del daño por la vulneración de bienes constitucional y convencionalmente protegidos. No obstante, revisadas las pruebas allegadas al proceso, se puede concluir que no se encuentra probado que con el proceso penal llevado a cabo en su contra se haya causado un daño distinto al daño moral previamente concedido, ya que, en dicho acápite le fue reconocido la congoja, el sufrimiento, el deterioro familiar y los cambios, que, per se, evidentemente causa la privación de la libertad de una persona, motivo por el cual procederá a negarlo, confirmando lo decidido en primera instancia.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y en su lugar dispone:

PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Elizabeth Mendoza Córdoba, Anyelis Liseth Mendoza Córdoba, Luisa Fernanda Vanegas Mendoza, Yaseth Fernando Vanegas Mendoza y Lesly Fernanda Vanegas Mendoza, por los motivos expuestos previamente.

SEGUNDO: DECLARAR solidaria y administrativamente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que la que fue víctima el señor José Gabriel Mendoza Romero.

TERCERO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales a los demandantes, las siguientes sumas:

Nivel
Demandante
Calidad
Indemnización
1º
José Gabriel Mendoza Romero
Víctima directa
70 SMLMV
1º
Yoleida Peña Pertuz
Compañera permanente
35 SMLMV
1º
María José Mendoza Peña
Hija
35 SMLMV
2°
Jhon Manuel Mendoza Romero
Hermano
18 SMLMV
2°
José Manuel Mendoza Neira
Hermano
18 SMLMV
2°
Gabriel Arístides Mendoza Neira
Hermano
18 SMLMV
2°
Yeimis Yoleth Mejía Romero
Hermana
18 SMLMV

CUARTO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de José Gabriel Mendoza Romero a título de lucro cesante la suma de once millones trescientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y nueve pesos con tres centavos $11.531.123,49

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.

OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de la Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 37100/16; Rad. 35796#2y3/16; Rad. 36146/15; Voto disidente Rad. 48842#4/16
En cumplimiento a lo estipulado en el acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado. Folios 433-442 C.1. Folios 445- 446 C.1
El apoderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación de la demanda el día 16 de julio de 2012 (Fls 470-476 C.1). Así mismo, la apoderada de la Nación- Rama Judicial realizó contestación de la demanda mediante memorial del 26 de junio de 2012 (Fls 454- 462 C.1). Folio 498 C.3. Mediante auto del 13 de diciembre de 2012 (Fl 574 C.3). El apoderado de la Nación-Fiscalía General de la Nación presentó alegatos de conclusión el día 11 de enero de 2013 (Fls 580-583 C.3). Así mismo, el apoderado de la parte actora lo hizo mediante escrito del 18 de diciembre de 2012 (Fls 576-579 C.3). La Nación-Rama Judicial guardó silencio. Folios 594-628 C.Ppal. Notificada mediante edicto fijado entre el 24 y el 26 de abril de 2013 (Fl 629 C.Ppal). Escrito presentado el 11 de diciembre de 2009 (Fls 261-264 C.Ppal). Fue admitido por ésta Corporación en auto del 20 de febrero de 2012 (Fl 270 C.P). Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la víctima directa (fl 8 C. 2). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de María José Mendoza Peña en el que se puede verificar que la víctima directa es su padre (fl 18C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Gabriel Mendoza Romero en el que su padre es el mismo del de la víctima directa (fl 20 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Manuel Mendoza Neira en el que su padre es el mismo del de la víctima directa (fl 24 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Manuel Mendoza Neira en el que su madre es la misma de la víctima directa (fl 22 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Gabriel Arístides Mendoza Neira en el que su padre es el mismo del de la víctima directa (fl 25 C.1). Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Con relación a las declaraciones extra proceso, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 12 de noviembre de 2014. Exp.: 27.578 y de 27 d agosto de 2015.

Exp.:48.995 “El artículo 298 del C.P.C. taxativamente establecía en cabeza del juez el deber de rechazar de plano los testimonios extraproceso que pretendieran usarse para fines judiciales, cuando estos no cumplieran con los requisitos allí establecidos, es decir: (i) cuando no se trataran como prueba anticipada, (ii) cuando no se practicaran por persona gravemente enferma y (iii) cuando se omitiera la citación de la parte contraria, a menos que se declarara bajo la gravedad de juramento que se ignoraba su ubicación. Sin embargo, en ambos casos, esto es cuando el testimonio extraprocesal se rendía con fines extra judiciales o judiciales, para que pudiera ser apreciable por el juez, se requería del cumplimiento de los requisitos de la ratificación, según el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. (…) No obstante lo anterior, la Sala prevé que actualmente los artículos 188 y 222 del nuevo Código General del Proceso permitieron que “las declaraciones extraprocesales que se aporten con la demanda pueden ser valoradas sin necesidad de que sean ratificadas (…) aun cuando no hayan sido practicadas con audiencia de la entidad demandada (…)”. En este sentido, aunque la norma citada no es aplicable al caso concreto, por cuanto es posterior a la práctica de la declaración extra proceso sobre la cuales se discute e, incluso, es posterior a la presentación e iniciación del proceso que aquí se debate, también es claro que ella recoge el giró que en materia probatoria ha dado nuestro derecho procesal e ilumina la interpretación o valoración que el Juez contencioso administrativo, dentro del Estado Social de Derecho debe hacer de la prueba, en atención a los principios de prevalencia del interés sustancial o material de los derechos subjetivos sobre el simplemente formal o procesal”.
folio 19 C.2
Fls. 568-569 C.3
Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 169 y 179 de la Ley 906 de 2004. Teniendo en cuenta que los días 18, 19 y 20 de agosto eran sábado, domingo y lunes festivo. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias  de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales  estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2.

Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”.

Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.

En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003. ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3.

La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
Fls.418-149 C.1
Folio 398 C.1 y 79 Cuaderno de inspección 1.
Acta de audiencia (folio 390 C.1 y 27- CD #1 Cuaderno de inspección 1).
CD #1 Cuaderno de inspección 1.
Folios 352-389 C.1 y 45-48 Cuaderno de inspección 1.
Acta de audiencia (folio 305 C.1 y 103 Cuaderno de inspección 1.).
Acta de audiencia (folios 253-254 C.1 y 170 Cuaderno de inspección 1 )
Acta de audiencia (folio 252 C.1 y 181 Cuaderno de inspección 1).
Acta de audiencia (folio 242- 243 C.1 y CD #3).
Acta de audiencia (folios 180 C.2 y CD #13).
Acta de audiencia (folios 138 C.2 y CD #12.)
Acta de audiencia (folio 155 C.2 y CD #9).
Acta de audiencia (folio 137 C.2).
Acta de audiencia (Folio 48 C.2)
Acta de audiencia (folio 41 C.2 y CD #11).
Acta de audiencia (folio 47 C.2)
Folio 420 C.2
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la víctima directa (fl 8 C. 2).
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de María José Mendoza Peña en el que se puede verificar que la víctima directa es su padre (fl 18C.1).
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Gabriel Mendoza Romero en el que su padre es el mismo del de la víctima directa (fl 20 C.1).
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Manuel Mendoza Neira en el que su padre es el mismo del de la víctima directa (fl 24 C.1).
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor José Manuel Mendoza Neira en el que su madre es la misma de la víctima directa (fl 22 C.1).
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Gabriel Arístides Mendoza Neira en el que su padre es el mismo del de la víctima directa (fl 25 C.1).
Es decir, por 1 años, 6 meses y 13 días contados desde el 1 de noviembre de 2008 hasta el 14 de mayo de 2010, cuando se le otorgó su libertad incondicional.
En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, por regla general, no puede agravarse la situación del apelante único, pues esta garantía constitucional ampara el derecho individual de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso y sustentación de la apelación. Entonces, el principio de la non reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable, evento en el cual las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único.
Folios 565-566 C.3
Fecha de la sentencia de primera instancia.

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