Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03261-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03261-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03261-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
26 de julio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03261-00
Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03261-00
Demandante: LUIS FERNANDO ÁLVAREZ YÉPES Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Temas: Contra providencia judicial, contra medio de control de
reparación directa. Requisitos generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por los señores
Luis Fernando Álvarez Yepes y otros 1, contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores Luis Fernando Álvarez Yepes y otros interpusieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la
igualdad. En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«(…)
PRIMERO. Solicito al Honorable Consejo de Estado, se TUTELEN PROTEJAN, CONCEDAN y
AMPAREN los derechos fundamentales del acceso a la administración de justicia, debido
proceso, igualdad y los demás derechos vulnerados a la parte accionante, con la emisión de la
Sentencia N°67 del 11 de marzo de 2019 del Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito
de Medellín y Sentencia N°61 del 8 de septiembre de 2022 del Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad, Magistrado Ponente ÁLVARO CRUZ RIAÑO, con ocasión
del trámite del proceso de Reparación Directa, individualizado con el radicado número No.
05001333301820170040100, en el proceso en que los accionantes demandamos a la NACIÓN
– FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA.
SEGUNDO. Que como consecuencia de ello, deje sin efectos la Sentencia N°67 del 11 de marzo
de 2019 del Juzgado Dieciocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín y Sentencia N°61 del
8 de septiembre de 2022 del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad,
Magistrado Ponente ÁLVARO CRUZ RIAÑO, en el proceso en que los accionantes demandamos
a la y LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,
individualizado con el radicado número 05001333301820170040100, y se ordene emitir una
nueva sentencia que contemple los fundamentos de la decisión de la presente acción de tutela.
TERCERO: Se emitan directrices con respecto a la forma en que debe abordarse el estudio del
proceso de privación injusta de la libertad que permita aclarar el panorama con respecto a la
valoración los elementos que configuran la responsabilidad administrativa, y un procedimiento
para que se pueda aplicar de manera uniforme, con el fin de evitar incongruencias en fallos y
confusiones en Jueces y Magistrados, debido a los aspectos que aún son oscuros en la nueva
tendencia jurisprudencial».
1
Luis Fernando Álvarez Yepes, en nombre propio y en representación del menor Simón Álvarez Londoño, Erika Andrea
Herrera Restrepo, en nombre propio y en representación del menor Emmiliano Álvarez Herrera, María Cleofe Álvarez Yepes
y Bladimir Ignacio Álvarez Yepes.
1
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Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
2. Hechos
De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:
El 1 de agosto de 2014, fue capturado el señor Luis Fernando Álvarez Yepes por
miembros de la Policía Nacional, el mismo día, se le impuso medida de
aseguramiento por considerarlo un peligro para la sociedad y en audiencias
concentradas del 12 de diciembre de 2014, se le imputó el delito desplazamiento
forzado y extorsión con fundamento en una denuncia penal dónde relacionaron la
existencia de una organización criminal denominada “Los Timbas”. El 2 de febrero de
2016 se ordenó su libertad, porque en audiencia de juicio oral se determinó que
respecto de Luis Fernando Álvarez Yepes se generó duda sobre la participación en
los hechos punibles, por lo que, resolvió a su favor.
La parte actora ejerció medio de control de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara
administrativamente responsables por el daño antijurídico causado a los
demandantes a raíz de la privación de la libertad a la que fue sometido el señor
Luis Fernando Álvarez Yepes.
El Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Medellín, en sentencia del 11 de
marzo de 2019, negó las pretensiones porque Encontró configurada la causal
eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo en la víctima, toda
vez que “fue la conducta absolutamente reprochable del indiciado al ser identificado con claridad
por el denunciante y la señora María Lucelly San Martín Vargas, según el acta de reconocimiento
fotográfico y video, junto con los elementos probatorios y evidencia física aportada, la que dio lugar
a los perjuicios reclamados”.
El apoderado de la parte demandante presentó recurso de apelación, en el cual
señaló que no evidenció en la sentencia explicación suficiente que sustentara la
decisión de inaplicar la responsabilidad objetiva del Estado, para en su lugar aplicar
un régimen subjetivo. Cuestionó que no se realizó una valoración probatoria más
detallada, que, a su juicio, demostraría que en el momento de emitir la orden de
captura y la medida de aseguramiento no era suficiente el material probatorio que
obraba para inferir razonablemente la participación de Luis Fernando en los hechos
en que se acusaban. Solicitó aplicar el precedente judicial vigente en la materia
proferido por el Consejo de Estado e insistió en que se debió resolver el caso a
partir del régimen de imputación de responsabilidad objetivo, se opuso a la
declaratoria de la causal eximente de la culpa exclusiva de la víctima y a la condena
en costas.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, en sentencia del
8 de septiembre de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia, por las
mismas razones.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y a la igualdad, por haber incurrido en los defectos fáctico, por
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y por decisión sin motivación,
con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.
De manera previa, sostuvo que existe una “proliferación de sentencias que han confundido
el obrar de la jurisdicción, son contradictoras, y no se compadecen con las providencias que fueron
emitidas con anterioridad, pues se fundaban de las diferentes posturas emitidas por el H. Consejo
2
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Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
de Estado, las cuales comprendía en mayor medida el contenido de la Constitución Política de
Colombia y Convención Americana de Derechos Humanos, que prevé el derecho de libertad como
principio fundante y de principal relevancia para el ser humano”, para lo cual citó diversas
sentencias proferidas por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado,
en las que, en el año 2018, accedió a las pretensiones de reparación directa por
privación injusta de la libertad 2.
Solicitó que tenga en cuenta la irretroactividad como principio general del derecho,
el cual, considera “no está siendo aplicado por la jurisprudencia colombiana, toda vez que los
procesos que iniciaron en vigencia de una teoría del Consejo de Estado enunciada por el ad quem
como de responsabilidad objetiva debe ser fallado con respecto a dicha posición; en caso contrario,
se vulneran los principios de seguridad jurídica e igualdad frente a las decisiones judiciales”.
Invocó el defecto fáctico por considerar que en el proceso no obran medios
probatorios para declarar la causal de exoneración de responsabilidad de la culpa
exclusiva de la víctima, según afirmó, no configuró ante el adecuado actuar en el
proceso de la víctima, pues en ningún caso fue alegado y/o demostrado que sus
actuaciones hayan estado ejecutadas con dolo o culpa grave.
Al respecto, afirmó que en el caso objeto de estudio era improcedente aplicar la
eximente de responsabilidad, “toda vez que como lo reconoció la misma entidad demandada
en su argumentación la causa exclusiva, única y determinante de la producción del daño antijurídico
debe ser atribuible al tercero, pero como se evidencia en los casos de privación injusta, la causación
del daño está reservada a las entidades quienes pueden dictar las medidas que priven o restrinjan
el derecho a la libertad, que en el presente caso se encuentra en cabeza exclusiva de la Nación -
Fiscalía General de la Nación”, para lo cual se refirió a un antecedente en que el Consejo
de Estado se pronunció sobre la causal eximente de responsabilidad de culpa
exclusiva de la víctima3.
Consideró que existió incumplimiento de los deberes del juez de control de
garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento.
En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente judicial adujo
desconocida la sentencia4, en la que se realizó la imposición de medida de
aseguramiento en establecimiento carcelario sin tener los elementos materiales
probatorios idóneos y objetivos para condenar al imputado, sin embargo, en ese
caso sí se aplicó el régimen objetivo, en tanto, la víctima no tenía la obligación
jurídica de soportar dicha privación de la libertad.
Hizo extensas manifestaciones sobre los requisitos para imponer la medida de
aseguramiento, la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima y la ausencia de reglas de unificación en materia de privación injusta de la
libertad.
En relación con el defecto sustantivo insistió en que la autoridad judicial
demandada no realizó una adecuada determinación del régimen jurídico aplicable
al caso concreto. Al efecto, afirmó “su único fundamento para apartarse de la sentencia de
unificación del Consejo de Estado del 15 de agosto de 2018, sin que haya motivado la razón que lo
lleva a determinar que en el caso en concreto es aplicable la responsabilidad subjetiva, y en qué
parte de la sentencia se fundamenta para llegar a dicha conclusión”.
2
Citó, las sentencias del 4 de abril de 2018, proferidas dentro de los siguientes expedientes: 2110491-76001-23-31-000-
2003-04431-01, 2110436-20001-23-31-000-2012-00201-01, 2110424-54001-23-31-000-2003-00973-01, 2110408-44001-
23-31-000-2010-00123-01, 2110665-47001-23-31-000-2011-00258-01, 2110904-25000-23-26-000-2005-02106-01 y
2110527-63001-23-31-000-2010-00090-01 y, del 9 de abrl de 2018, proferida dentro del expediente 2110493-08001-23-31-
000-2011-01406-01.
3
Sentencia proferida dentro del proceso con radicado número 70001-23-31-000-2002-00293-01(37499).
4
Sentencia del 8 de mayo de 2020, expediente número: 20001233100020120017701 (48737).
3
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Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
En punto al defecto por decisión sin motivación afirmó que no existió motivación
del régimen jurídico aplicable, sino que fue una imposición el tribunal demandado.
Agregó que la determinación del régimen jurídico no hizo parte del problema jurídico
en primera o segunda instancia, “por lo que la parte demandante no tuvo la oportunidad de
adecuar su práctica probatoria con el fin de demostrar la conducta subjetiva, esto es, dolo o culpa
con que actuó el operador judicial, generando la imposibilidad de haber demostrado dicha conducta.
La anterior situación si pudo remediar con la calidad de las reglas desde la fijación del litigio que
sería decidido en la sentencia, pero en forma posterior (ni siquiera en el problema jurídico) el
Despacho decidió determinar el régimen aplicable, configurando una clara incongruencia entre el
problema jurídico y las conclusiones”.
Insistió en que existió incongruencia entre la motivación de la sentencia y el
problema jurídico planteado.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 20 de junio de 2023, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a los demandantes y a los Magistrados que conforman la
Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. Adicionalmente,
al titular del Juzgado Dieciocho Administrativo Oral de Medellín, a la Nación –
Fiscalía General de la Nación-, a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial- y al Consejo Superior de la Judicatura, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, publicar en la página web del
Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros
interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad guardó
silencio.
6. Intervención de los terceros interesados
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación sostuvo
que la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) los accionantes
no dan cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para
ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, sin embargo, no
señaló cuál sería el medio de defensa procedente, (ii) no sustentaron las causales
específicas de procedibilidad y (iii) pretenden retrotraer actuaciones procesales.
Solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo.
La Dirección Ejecutiva de la Seccional de Administración Judicial de Medellín
allegó informe en el que solicitó negar las pretensiones de la acción, dado que no
se cumplió el presupuesto de la inmediatez para acudir al amparo constitucional,
porque la sentencia cuestionada fue notificada por correo electrónico el mismo 8 de
septiembre de 2022, con ocasión del trámite del proceso de reparación directa, por
lo tanto, hace más de 8 meses se dictó la sentencia que ahora se cuestiona.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
4
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Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
5
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
6 7
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción los señores Luis Fernando Álvarez
Yepes, en nombre propio y en representación del menor Simón Álvarez Londoño;
Erika Andrea Herrera Restrepo, en nombre propio y en representación del menor
Emiliano Álvarez Herrera, María Cleofe Álvarez Yepes y Bladimir Ignacio Álvarez
Yepes invocan la protección de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y a la igualdad, con fundamento en
que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad incurrió en
los defectos fáctico, por desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y por
decisión sin motivación.
En ese contexto, corresponde a la Sala verificar si solicitud de amparo cumple con
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales y, solo en caso afirmativo, procederá con el estudio de los defectos
invocados.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso
concreto - inmediatez
Revisado el expediente, la Sala advierte que la acción de tutela incumple el requisito
general de procedencia de inmediatez, si se tiene en cuenta que la sentencia de
5
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa
oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
6 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido po sible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
7
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
5
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Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
segunda instancia –del 8 de septiembre de 2022- fue notificada por medio de correo
8
electrónico el mismo día, es decir, el 8 de septiembre de 2022 , más los dos días
de que trata el numeral 2 del artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo 52
de la Ley 2080 de 2021. Así, a la fecha de presentación de esta acción, 16 de junio
9
de 2023 , han transcurrido 9 meses y 3 días.
En efecto, en la página de consulta de proceso de la rama judicial aparece:
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela
judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda10, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a
adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el
8
De acuerdo con el informe que rindió la Dirección Seccional de Adminsitración Judicial y de la consulta del proceso de reparación
directa en la página de la Rama Judicial y de la Consulta de Procesos Nacional Unificada.
9 Consultado el sistema de información Samai y de los reportes de radicación que obran en el expediente magnético, en el índice 1.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
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Demandante: Luis Fernando Álvarez Yépes y otros
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
De acuerdo con lo expuesto, se impone declarar improcedente la acción de tutela
que ejercieron los señores Luis Fernando Álvarez Yepes y otros contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
I. FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejercieron los señores los
señores Luis Fernando Álvarez Yepes y otros contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Oralidad.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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