Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2010-00090-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad: actualización de sumas. Fórmula actuarial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 63001-23-31-000-2010-00090-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 63001-23-31-000-2010-00090-01
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
9 de abril de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Caso medida de detención preventiva a ciudadanos sindicados por la comisión de los delitos de rebelión / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sentencia absolutoria / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Condenado o procesado no cometió el delito o no lo realizó / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD EN SISTEMA PENAL ACUSATORIO - Ley 906 de 2004 / ETAPA DE INVESTIGACIÓN - Actuación de Fiscalía y juez con funciones de control de garantías / ETAPA DE JUZGAMIENTO - Juez de conocimiento / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Determinación del periodo de privación con fines indemnizatorios o de reparación de perjuicios
La Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por (…) devino en injusta, en la medida en que fue privado de la libertad en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor por cuanto la conducta investigada resultó atípica, aunque en el fallo absolutorio también se dijo que los medios probatorios obrantes dentro del proceso penal “no nos llev[a]n al conocimiento de toda duda de la autoría y responsabilidad en cabeza del justiciable”. En conclusión, la Sala encuentra imputable el daño antijurídico a las entidades demandadas bajo los criterios de imputación objetiva descritos en la parte conceptual de esta providencia, y en consecuencia modificará la sentencia de primera instancia y declarará la responsabilidad solidaria de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto (…), durante el término de 17,02 meses. Lo anterior en razón a que la privación de la libertad se dio dentro del actuar legítimo y conjunto que desplegaron las entidades demandadas dentro del proceso penal acusatorio. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; sobre el particular, ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 35796 numerales 2 y 3, 37100 y 36146.
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Actualización de sumas. Fórmula actuarial / PERJUICIOS MORALES - Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES - Reconoce 50 smlmv a la víctima, padres e hijos y 25 smlmv a sus hermanas / PERJUICIOS MORALES - Mantiene sumas reconocidas por la primera instancia. Apelante único / PRINCIPIO DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEJUS
Como está demostrado que (…) [el señor] (…) estuvo privado injustamente por el término de 5,02 meses, los demandantes se ubican en el cuarto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a doce (3) e inferior a dieciocho (6) meses, cuya cuantificación se limita a 50 SMLMV a favor de la víctima directa, sus hijos y su padre y 25 SMLMV para sus hermanas. (…) No obstante, la Sala confirmará lo otorgado por el A quo a favor de los demandantes, toda vez que si bien la suma reconocida no se ciñe a los parámetros previstos por esta Corporación, en virtud del principio del principio de la no reformatio in pejus, al juez no le es permitido agravar la situación del apelante único (…).
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / DAÑOS OCASIONADOS POR GRAVES VIOLACIONES Y AFECTACIONES A BIENES CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS - Daño a la vida de relación: Niega, no se encuentra demostrado probatoriamente / DERECHO A LA LIBERTAD - Afectación al proyecto de vida familiar y personal
Si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados” y probarse en el plenario en el que se permita inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad. Ahora bien, los demandantes hacen consistir este perjuicio en que se presentaron alteraciones en las “ocupaciones, en sus hábitos y en sus proyectos”, pero no especifican ni prueban las circunstancias en que este hecho se presentó. (…) La Sala denegará lo solicitado por este concepto, pese a que haya sido reconocido por el A quo, se insiste, por falta de claridad en lo peticionado, así como de elementos probatorios que acrediten algún tipo de afectación distinta del perjuicio moral.
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN FAVOR DE SUCESIÓN / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reconoce / LUCRO CESANTE - Quantum indemnizatorio o cuantía. Presunción de valor devengado: Salario mínimo legal mensual vigente / LUCRO CESANTE - Conductor de vehículo de servicio público / LUCRO CESANTE - Fórmula actuarial
La Sala encuentra probado que la víctima directa ejercía una actividad económica independiente, consistente en la conducción de una camioneta de servicio público adscrita a la alcaldía municipal. Sin embargo, a pesar de que se probó la configuración del perjuicio material, observa que no existe certeza sobre la cuantía del mismo, en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente para la época de éste fallo, esto es $781.242 mensuales que es lo que por lo menos habría de percibir una persona económicamente productiva. (…) En atención a que la víctima estuvo privada de la libertad por el término de 5,02 meses, la Sala liquidará el lucro cesante con aplicación de la fórmula reconocida por la jurisprudencia (…). En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de la sucesión.
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE - Por pago de honorarios del abogado / GASTOS DE HONORARIOS - Prueba: Recibo de pago, contrato de prestación de servicios / DERECHO A LA DEFENSA - Defensa técnica en proceso penal / DAÑO EMERGENTE - Actualización de sumas. Formula actuarial
La Sala considera que se encuentra probada la labor del doctor (…) en el proceso penal adelantado en contra de la víctima directa; además que el mismo es quien asegura que efectivamente su poderdante le canceló la suma de dinero acordada por la prestación de sus servicios como abogado defensor. Al no quedar duda del contrato pactado y cancelado entre las partes, la Sala le reconocerá como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente el monto (…) acordados, el cual se procederá a actualizar de conformidad con la siguiente formula.
FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., nueve (09) de abril del dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 63001-23-31-000-2010-00090-01(45367)
Actor: ANTONIO FERNANDO MORENO LOAIZA
Demandado: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Contenido: Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, porque encontrarse probada la privación injuta de la liberta que soporto el actor. Restrictor: Aspectos procesales legitimación en la causa / caducidad de la acción de reparación directa / Presupuestos de la responsabilidad del Estado / El derecho a la libertad individual / Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad / Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad / Imputación de la condena
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada contra la sentencia del 30 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, mediante la cual se declaró administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, en concurrencia de un 50% con el hecho de la víctima.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1.- Fue presentada el 5 de mayo de 2010 por Antonio Fernando Moreno Loaiza (víctima de la privación), María Liliana Álvarez González (compañera permanente), Vanesa Moreno Quintero (hija), Heiler Fernando Moreno Castaño (hijo), Andrés Felipe Pérez Álvarez (hijo de crianza), Valentina Pérez Álvarez (hija de Crianza), Julieth Fernanda Moreno Quintero (hija), Fabiola Loaiza Herrera (madre), Deiby Fabian Pérez Loaiza (hermano), Gustavo Moreno Loaiza (hermano), María Yolanda Pérez Loaiza (hermano) y Rubiel Pérez Loaiza (hermano); quienes por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de la Administración Judicial de los perjuicios sufridos por la privación injusta de la libertad de que dice haber sido objeto el señor Antonio Fernando Moreno.
1.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, la parte actora solicitó condenar a las demandadas a pagar las siguientes sumas de dinero:
1.2.1.- Por concepto de perjuicios morales, para la víctima de la privación, su compañera permanente, hijos y madre, la suma equivalente a 100 s.m.l.m.v, y para sus hermanos la suma equivalente a 50 s.m.l.m.v.
1.2.2.- Por concepto de perjuicios materiales a favor de Antonio Fernando Moreno Loaiza, en la modalidad de daño emergente la suma de $10.000.000 por concepto de pago de honorarios de su abogado defensor dentro del proceso penal.
1.2.3.- Por concepto de perjuicios materiales a favor de Antonio Fernando Moreno Loaiza, en la modalidad de Lucro Cesante, lo dejado de percibir durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, noviembre y diciembre de 2.008.
1.3.- Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos:
El 27 de junio del 2008, Antonio Fernando Moreno Loaiza fue capturado por miembros de la Policía Nacional del Municipio de Córdoba - Quindío por el presunto delito de Rebelión; el 28 de junio siguiente se llevó a cabo audiencia preliminar de legalización de la captura e imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario; el 22 de octubre de 2008 se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación; el 14 de noviembre de 2008 se realizó la audiencia preparatoria y los días 4 y 5 de diciembre de la misma anualidad se adelantó audiencia de Juicio Oral donde se anunció el sentido del falló, “el cual fue absolutorio a favor del acusado ANTONIO FERNANDO MORENO LOAIZA”, tras haber considerado que el demandante no había cometido la conducta.”.
2. El trámite procesal
2.1.- Admitida la demanda y noticiada a la Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación, el asunto se fijó en lista.
2.2.- En escrito radicado el 8 de febrero de 2011, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones; alegó que el procedimiento surtido dentro de la investigación penal obedeció a las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos y que la decisión de imponer medida de aseguramiento contra el señor Moreno Loaiza fue emitida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Armenia en control de garantías, conforme al caudal probatorio allegado a la investigación, consecuencia de lo cual propuso la excepción de falta de legitimación por pasiva.
Asimismo consideró que la investigación se adelantó por los señalamientos y acusaciones efectuados por un declarante - Hecho de un Tercero y que no se presentó falla en el servicio por la entidad demandada - Ineptitud Formal de la demanda.
2.3.- Por otro lado, el 14 de febrero de 2011 la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones al considerar que sus actuaciones se ajustaban a los parámetros establecidos en los lineamientos legales y constitucionales, pues, aunque el actor fue absuelto, los juzgados intervinientes profirieron las resoluciones de legalización de captura, ordenaron la medida de detención y la formulación de imputación en virtud de la teoría del caso que propuso la correspondiente fiscalía, y en este sentido propuso la excepción de indebida representación e innominada o genérica.
2.4.- Después de decretar y practicar pruebas, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la parte demandante.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En fallo del 30 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala de Decisión accedió a las pretensiones de la demanda, en razón a que: “(…) la parte demandante demostró que la investigación penal en su contra culminó con decisión absolutoria dictada el 04 de diciembre de 2005 (juicio oral) proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia, Q, que ordenó su inmediata libertad, ante la ausencia de ´prueba que permitiera, válidamente, certeza acerca de la comisión por su parte del delito imputado – rebelión. (…)”
III. RECURSOS DE APELACIÓN
1.1.- El 27 de junio de 2012, la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia porque se fundamentó en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y dicha normatividad no debía aplicársele, además, que su actuación se adelantó en virtud de la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, e insistió en el hecho del Tercero denunciante y la noticia criminis por él presentada.
1.2.- Por otro lado, el 3 de julio de 2012 apeló la parte demandante para que se aumentara el quantum de los perjuicios morales y el daño a la vida de relación reconocido en primera instancia.
1.3.- Asimismo, el 3 de julio de 2012 la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Rama Judicial, presentó su recurso de apelación para que fuera revocada la sentencia impuesta en su contra, toda vez que la Fiscalía Delgada fue quien solicitó a los jueces de control de garantías y conocimiento la imposición de la medida de aseguramiento contra el aquí demandante, y las autoridades judiciales presumían que la teoría del caso expuesta por el fiscal correspondiente era sólida y argumentó que la actuación de la Rama Judicial estuvo ajustada a derecho.
IV. ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA
Después de admitir el recurso de apelación, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión, oportunidad que fue aprovechada por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación.
No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado procede la Sala a desatar la alzada previas las siguientes
V. CONSIDERACIONES
Retomando la problemática jurídica propuesta por el sub judice, la Sala precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión así: 1.- Aspectos procesales; 1.1. Legitimación en la causa; 1.2.- Caducidad; 2.- Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado; 3.- El derecho a la libertad individual; 4.- Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad; 5.- Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad; 6.- Imputación de la condena; 7.- Caso concreto; y 8.- Liquidación de perjuicios; 8.1.- Perjuicios morales; 8.2. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.
1.- Aspectos procesales
1.1. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Antonio Fernando Moreno Loaiza, en su condición de privado de la libertad, y su núcleo familiar conformado por Vanesa Moreno Quintero, Heiler Fernando Moreno Castaño, Julieth Fernanda Moreno Quintero (hijos), Fabiola Loaiza Herrera (madre), Deiby Fabián Pérez Loaiza, Gustavo Moreno Loaiza, María Yolanda Pérez Loaiza y Rubiel Pérez Loaiza (hermanos) quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa con los respectivos registros civiles de nacimiento.
Igualmente comparece al proceso María Liliana Álvarez González en calidad de compañera permanente del actor, quien en la condición aducida la Sala encuentra legitimada en la causa por activa de conformidad con los siguientes medios probatorios:
• Obran en el plenario los testimonios de Constanza Cardona Chaparro y Danelly Loaiza Rodríguez, amigas de los demandantes y quienes son coincidentes en afirmar que conocían a la demandante como la compañera permanente de Antonio Fernando Moreno.
• Oficio suscrito el 27 de julio de 2008 suscrito por el funcionario de la Sijin por medio del cual le informó al fiscal de turno respecto de las condiciones socio económicas y familiares de la víctima directa, que según el dicho de María Liliana, ella convive en unión libre con Antonio Fernando.
Asimismo, la Sala encuentra que acuden al proceso, Andrés Felipe Pérez Álvarez, Valentina Pérez Álvarez en calidad de hijos de crianza de la víctima directa, quienes en la condición se encuentran legitimados en la causa por activa pues los testimonios de Constanza Cardona Chaparro y José Wilson Nieto, amigos cercanos de la víctima directa, son coincidentes en sostener que conocían a Andrés Felipe y Valentina Pérez Álvarez como “hijastros” de Antonio y que la relación entre ellos era muy buena, que “ellos [Andrés Felipe y Valentina] lo quieren a él [Antonio] y él les colabora en lo que puede”.
Al respecto, la Sala considera lo dicho por la honorable Corte Constitucional en sentencia T-495 de 1997, en la que después de analizar las declaraciones allegadas al proceso sobre la relación que unía un soldado con sus padres de crianza, concluye que:
“Surgió así de esa relación, una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron. (...)“
Esta Sección también se ha pronunciado en favor del reconocimiento de los derechos que le asisten a los padres de crianza cuando la relación de afecto se encuentra probada, accediendo a reconocer un valor igual al admitido en favor de los padres biológicos;
“de allí que se puedan yuxtaponer las mismas como “tertium comparatio”, en atención a que se trataría de una lógica igual para las dos situaciones.
Así, entonces, la postura reiterada de la Jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el Juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa.
Ahora bien, en atención a los rigores legales establecidos por el ordenamiento civil para la acreditación del parentesco por consanguinidad y civil, cuyos requisitos quedaron ampliamente explicados en el acápite anterior, la Sala considera que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil.
Al efecto, el artículo 399 del Código Civil, previó que la posesión notoria del estado civil se probara con testimonios fidedignos “particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravió del libro o registro en que debiera encontrarse”. Se considera, entonces, que la regla aquí contenida puede aplicarse por analogía en la acreditación de una circunstancia fáctica como la aducida por los demandantes, anotando, que esto no obsta para que se haga uso de los demás medios probatorios.
Respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, se recogen los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo.
El primero de estos elementos, es decir el trato, es entendido como la actitud del padre frente al hijo y de éste frente al padre. La fama, consistente en la exteriorización de la condición que suscite y la conciencia del vínculo paterno-filial en los demás familiares, amigos o vecinos, y el tiempo, que exige que tanto el trato como la fama hayan perdurado durante un periodo considerable, que de conformidad con el artículo 398 del C.C. consiste en el término de 5 años, mínimo.
El criterio anterior, es concordante con lo dispuesto por el artículo 397 C.C y comporta que los medios probatorios deben demostrar que el padre, durante el término mínimo de 5 años, se haya comportado como tal, proveyendo para la subsistencia, educación, manutención o establecimiento del hijo (trato) presentándolo con este carácter ante la familia y la sociedad, que a su vez le reputará y reconocerá el carácter de hijo, y así el hijo le reconozca y se comporte frente al padre.
Hechas las anteriores precisiones, la Sala, previa valoración de los testimonios rendidos dentro del contencioso, encuentra fehacientemente acreditada la condición de “hijo de crianza” de Vanessa Moreno quintero y Heiler Fernando Moreno Castaño, frente a Antonio Fernando Moreno Loaiza, víctima directa.
Ahora bien, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.
Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.
Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.
Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.
1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante fue absuelto mediante providencia que quedó ejecutoriada el 5 de diciembre de 2009 lo que en principio indica que el término de caducidad vencería el 6 de diciembre de 2011.
Sin embargo, antes del vencimiento del término de caducidad, esto es, el 1 de diciembre de 2009 la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, la cual se llevó a cabo el 2 de febrero de 2010 y se declaró fracasada por falta de ánimo conciliatorio de las partes, según se observa en la constancia suscrita ese mismo día.
Así las cosas, el cómputo de la caducidad se suspendió durante 2 meses y 1 día (63 días) de manera que su vencimiento se corrió hasta el 7 de febrero de 2011 y la demanda fue presentada el 5 de mayo de 2010, es decir, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A
2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
3. El derecho a la libertad individual
Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.
Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.
4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad
La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:
En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.
También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.
Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.
Dijo entonces el Consejo de Estado:
“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”
En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.
Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.
En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.
Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.
En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”
5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad
En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:
Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
6.- Imputación de la condena
Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.
En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:
“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.
PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”
Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:
“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.
4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.
A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.
De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.
Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.
Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.
De otra parte, en lo que se refiere a la actividad Judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.
Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.
Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”
Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.
En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.
Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.
Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.
Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.
Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.
Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:
“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.
La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:
ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.
La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.
En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.
Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.
Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.
De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.
Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.
De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:
ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”
Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.
Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.
Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:
“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.
5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.
6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”
Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.
Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:
“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”
Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.
Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.
Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.
En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.
Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.
Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.
7. Caso concreto
Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos la Sala procederá a determinar si en el caso de autos existe responsabilidad administrativa y patrimonial de las entidades demandadas o, por el contrario, si se configura el eximente de responsabilidad - culpa exclusiva y grave de la víctima.
Para el efecto, la Sala valorará la totalidad del material probatorio allegado al plenario, incluso la prueba trasladada y la diligencia de indagatoria rendida por Antonio Fernando Moreno Loaiza, dentro del proceso penal adelantado en su contra.
Así las cosas, con relación a la configuración del daño antijurídico, esto es, de la privación de la libertad, la Sala encuentra que obra en el plenario, la certificación del 14 de junio de 2011 proferida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Armenia en el que señaló que “[E]l señor ANTONIO FERNANDO MORENO LOAIZA, ingreso (sic) al establecimiento el 29 de junio de 2008 Boleta de detención 030 Ordenada por el Juzgado 1 Penal Municipal, Sindicado del delito de REBELIÓN. Proceso 2008-00158 Fecha de Captura 27 de junio del 2008. Salió en Libertad por Sentencia Absolutoria el 05 de diciembre del 2008 Ordena (sic) por el Juzgado 1 Penal Municipal Calarcá Boleta #2204”.
Dado el material probatorio que antecede, la Sala encuentra demostrado que el señor Antonio Fernando Moreno Loaiza, estuvo efectivamente privado de la libertad desde el 29 de junio de 2008, fecha en la que fue capturado hasta el 5 de diciembre de 2008, fecha en la que recobró la libertad en virtud de la sentencia absolutoria proferida a su favor, esto es, por el término de 5,02 meses.
Entonces, se encuentra acreditado el daño antijurídico como primer elemento de la responsabilidad del Estado, en razón a lo cual la Sala pasa a analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo lugar la privación de la libertad de Antonio Fernando Morales, a fin de establecer su imputación fáctica y jurídica a las entidades demandadas o la configuración del hecho de la víctima como excluyente de responsabilidad por culpa grave.
En primer lugar, la Sala encuentra demostrado que el proceso penal adelantado contra del señor Antonio Fernando Moreno Loaiza, como presunto autor del delito de Rebelión, tuvo su génesis en la denuncia presentada el 16 de junio de 2008, vía telefónica ante la Policía de Córdoba – Quindío, según la cual, los comerciantes de dicha región estaban siendo víctimas de extorsiones, al parecer por miembros del Frente 50 de las Farc.
Asimismo, dentro de las averiguaciones previas el testigo Jorge Eliecer Díaz Londoño señaló que el día 11 de enero de 2008 el señor Antonio Fernando Moreno Loaiza - alias “PERICO”, hizo presencia en la tienda de propiedad del señor Aureliano Cardona, donde el testigo laboraba, y junto con dos hombres y una mujer, se presentaron como integrantes del grupo guerrillero de las Farc “para que fueran bien atendidos”.
Sobre el particular, obra el Formato del Investigador de Campo –FPJ9 - SIJIN de fecha 20 de junio de 2008, elaborado con destino a las Fiscala 12 Seccional de Calarcá – Quindío, en él se observa el testimonio del señor Jorge Eliecer Día Londoño, quien habría identificado a varios milicianos, dentro de los cuales señaló:
“(…) un día viernes 11 de enero del presente año cuando ese día en la tienda llega una persona apodado “PERICO”, conociéndolo desde hace mucho tiempo atrás porque la mayoría de la gente del pueblo lo distingue como un auxiliar de la guerrilla pero nadie se atreve a denunciarlo, de nombre FERNANDO MORENO LOAIZA el cual arriba con dos sujetos y una dama, se los presenta al patrón de la tienda como integrantes de un grupo guerrillero, ya que las palabreas que dijo fueron: “señor mire le presento a estos tres muchachos del camarada “ENRIQUE” atiéndamelos bien de ahí entran hasta la habitación donde se guarda los víveres y sacaron de la pretina del pantalón armas de fuego para un total de tres, diciéndole al patrón que se las guardaran hasta que fueran a salir del pueblo, al otro día por la mañana llegan por las armas. JORGE ELIECER manifiesta que de las tres personas que llegaron con alias “perico” solo conoce a uno porque cuatro meses después lo ve en unos volantes que estaba repartiendo el ejército en la región de todo los integrantes de las FARC y lo distinguí, con el alias de “MACHUCA” MILTON CESAR MORENO AREVALO(…).”
Este testimonio fue ampliado en diligencia del 21 de julio de 2008 ante la Defensoría del Pueblo de Armenia, donde el testigo sostuvo que Antonio Fernando Moreno Loaiza “era el encargado de recoger los víveres de las extorsiones que hacían los del frente 50”.
Con la información recolectada en el despliegue investigativo y el dicho del mencionado testigo, se ordenó la captura de Moreno Loaiza, y dos personas más, quien fue capturado el día 27 de junio de 2008.
El 28 de junio siguiente el Juzgado Primero Penal Municipal de Armenia-Quindío llevó a cabo la audiencia preliminar solicitada por la Fiscalía Primera Seccional en la que se legalizó la captura y se efectuó la formulación de imputación y medida de aseguramiento del demandante; en donde se dijo: (i) que el señor Antonio Fernando Moreno Loaiza era indiciado por el punible del delito de Rebelión, porque aparentemente se encargaba de recoger las extorsiones que tenían como destino el Frente 50 de las Farc, dinero que era utilizado para la compra de uniformes, víveres y explosivos”, según lo afirmó el fiscal. El indiciado no aceptó los cargos expuestos.
Asimismo, en audiencia de medida de aseguramiento la fiscalía solicitó la detención preventiva del sindicado toda vez que el mismo constituía un peligro para la seguridad de la sociedad o de las víctimas, petición que refutó la defensa, pero que el juez encontró ajustada, por lo cual dictó detención preventiva en contra del señor Antonio Fernando Moreno Loaiza en centro carcelario.
Posteriormente, el 22 de octubre del 2008 el Juzgado Primero Penal Municipal de Quindío con Funciones de Conocimiento se constituyó en audiencia pública de juzgamiento para escuchar la acusación formulada por la Fiscalía primera Seccional contra el señor Moreno Loaiza por el delito de Rebelión en la que se señaló: (i) el actor fue capturado por participar en actividades concernientes a la recolección de extorsiones que se efectuaban a los comerciantes del municipio de Córdoba – Quindío y que tenía como fin dichos lucros, el frente 50 de las Farc; (ii) el abogado defensor manifestó que no tenía ninguna solicitud que alegar respecto al descubrimiento de alguna prueba.
El 12 de noviembre se celebró la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, donde el Juzgado Penal Municipal de Calarcá con Funciones de Control de Garantías decidió negar lo peticionado, y en contravía, mantener la medida impuesta.
Tal solicitud, fue soportada por el apoderado defensor del aquí demandante, alegando que los elementos materiales probatorios que en un principio habían servido para capturar al indiciado, carecían de soporte para mantenerlo retenido, en razón a las contradicciones del único testigo de cargo con el que contaba la Fiscalía - Jorge Eliecer Díaz Londoño, en las declaraciones dadas ante el ente investigador y la Procuraduría.
Además, el apoderado aportó una certificación del centro oftalmológico donde acreditaba que el día que 11 de enero de 2008, fecha en que el testigo dijo que el indiciado incurrió en el delito de rebelión, Antonio Fernando Moreno acudió al centro oftalmológico y se reunió con una contadora pública, quien también certificó dicha reunión.
Finalmente, el apoderado interpuso recurso de apelación por la negatoria de la revocatoria de medida de aseguramiento impuesta al actor, empero el Juez con funciones de control de garantías, confirmó la decisión.
El 4 y 5 de diciembre de 2008 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia - Quindío con funciones de conocimiento adelantó Juicio Oral, donde la Fiscalía Seccional acusó al señor Antonio Fernando Moreno Loaiza del delito de Rebelión, y en la que el abogado defensor aportó varias pruebas en las que señaló presentarse inexistencia del hecho y de responsabilidad por parte de su poderdante, alegando que la privación de la libertad soportada por Moreno Loaiza tenía la connotación de injusta.
Así, aunque en la audiencia de juicio oral la Fiscalía la Fiscalía solicito darle valor probatorio al testimonio de Jorge Eliecer Díaz Londoño, quien no pudo comparecer el juicio, el juez de conocimiento decidió absolver al señor Antonio Fernando Moreno Loaiza de los cargos lanzados en su contra por la conducta punible de REBELIÓN, por cuanto consideró que:
“(…) no se hayan los elementos subjetivos, los elementos del tipo penal de Rebelión que conduzcan a pensar que los acusados han actuado con el propósito de realizar actos tendientes mediante empleo de armas derrocar el gobierno nacional o suprimir o modificar el régimen constitucional vigente, menos aún existe prueba de la responsabilidad de los acusados, concluyéndose que la conducta por la que se les investigó es atípica por no configurar en su actuar los diferentes elementos e ingredientes del tipo penal de Rebelión”.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que la privación de la libertad padecida por Antonio Fernando Moreno Loaiza devino en injusta, en la medida en que fue privado de la libertad en virtud de un proceso penal que a la postre fue decidido a su favor por cuanto la conducta investigada resultó atípica, aunque en el fallo absolutorio también se dijo que los medios probatorios obrantes dentro del proceso penal “no nos llev[a]n al conocimiento de toda duda de la autoría y responsabilidad en cabeza del justiciable”.
En conclusión, la Sala encuentra imputable el daño antijurídico a las entidades demandadas bajo los criterios de imputación objetiva descritos en la parte conceptual de esta providencia, y en consecuencia modificará la sentencia de primera instancia y declarará la responsabilidad solidaria de la Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto Antonio Fernando Moreno Loaiza, durante el término de 17,02 meses. Lo anterior en razón a que la privación de la libertad se dio dentro del actuar legítimo y conjunto que desplegaron las entidades demandadas dentro del proceso penal acusatorio.
8. Liquidación de perjuicios
Al respecto, el Tribunal de Primera Instancia reconoció por este concepto a los demandantes las siguientes sumas
DEMANDANTE
PERJUICIOS INMATERIALES
PERJUICIOS
MATERIALES
TOTAL
Antonio Fernando Moreno Loaiza
(perjudicado directo)
$11´900.000
(perjuicios morales)
$11´334.000
(daño a al vida en relación)
$3´764.884
(lucro cesante)
$38´151.00,42
Marías Liliana Álvarez González
(compañera permanente)
$5´950.350
(perjuicios morales)
$5´667.000
(daño a la vida en relación)
--------------
.$11´617.350
Fabiola Loaiza Herrera
(madre)
$5´950.350
(perjuicios morales)
$4´533.600
(daño a la vida en relación)
------------------
$10´483.950
Julieth Fernanda Moreno Quintero
(Hija)
$5´950.350
(perjuicios morales)
$5´667.000
(daño a la vida en relación)
------------------
$11´617.350
Andrés Felipe Pérez Álvarez
(hijo de crianza)
Valentina Pérez Álvarez
(hijo de crianza)
$2´833.500
(perjuicios morales)
$4´533.600
(daño a la vida en relación)
• Para cada uno
---------------------
$14´734.200
Vanessa Moreno Quintero
(hija biológica)
Heiler Fernando Moreno Castaño
$5´950.350
(perjuicios morales)
• Para cada uno
--------------
$11´900.000
Deiby Fabián Pérez Loaiza
(hermano)
María Yolanda Pérez Loaiza
(hermana)
Rubiel Pérez Loaiza
(hermano)
Gustavo Moreno Loaiza
(hermano)
$2´833.000
• Perjuicios morales para cada uno
--------------------
$11´334.000
TOTAL
$109´838.551,4
Sin embargo, la Sala pasa a revisar el reconocimiento efectuado en primera instancia, en el siguiente sentido:
8.1.- Perjuicios morales
Con relación a los perjuicios morales, la Sala encuentra acreditado que Antonio Fernando Moreno Loaiza comparece al proceso como víctima directa de la privación injusta de la libertad, de la que fue objeto por el término de 5,02 meses.
Asimismo, María Liliana Álvarez González (compañera permanente), Vanesa Moreno Quintero, Heiler Fernando Moreno Castaño, Julieth Fernanda Moreno Quintero (hijos), Andrés Felipe Pérez Álvarez y Valentina Pérez Álvarez (hijos de crianza), Fabiola Loaiza Herrera (madre), Deiby Fabián Pérez Loaiza, Gustavo Moreno Loaiza, María Yolanda Pérez Loaiza y Rubiel Pérez Loaiza (hermanos) cuyos parentescos la Sala encuentra acreditados con los correspondientes registros civiles de nacimiento tanto de la víctima directa como de los demás demandantes, así como con los testimonios aportados. Situación que ubica a los demandantes dentro de los niveles 1 y 2 la relación de cercanía afectiva reconocidos por la jurisprudencia, donde se presume la configuración de los elementos propios del perjuicio moral.
Asimismo, como está demostrado que Antonio Fernando Moreno Loaiza estuvo privado injustamente por el término de 5,02 meses, los demandantes se ubican en el cuarto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a doce (3) e inferior a dieciocho (6) meses, cuya cuantificación se limita a 50 SMLMV a favor de la víctima directa, sus hijos y su padre y 25 SMLMV para sus hermanas.
No obstante, la Sala confirmará lo otorgado por el A quo a favor de los demandantes, toda vez que si bien la suma reconocida no se ciñe a los parámetros previstos por esta Corporación, en virtud del principio del principio de la no reformatio in pejus, al juez no le es permitido agravar la situación del apelante único, esto es, de la Rama Judicial quien resulta deudor solidario de la obligación aquí declarada.
En consecuencia, la Sala confirmará los perjuicios morales reconocidos en primera instancia:
NIVEL
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
1º
Antonio Fernando Moreno Loaiza
Víctima
50 SMLMV
1°
María Liliana Álvarez González
Compañera
permanente
50 SMLMV
1º
Vanesa Moreno Quintero
Hija
50 SMLMV
1°
Heiler Fernando Moreno Castaño
Hijo
50 SMLMV
1°
Julieth Fernanda Moreno Quintero
Hija
50 SMLMV
1°
Andrés Felipe Pérez Álvarez
Hijo de crianza
50 SMLMV
1º
Valentina Pérez Álvarez
Hija de crianza
50 SMLMV
1°
Fabiola Loaiza Herrera
Madre
50 SMLMV
2º
Deiby Fabián Pérez Loaiza
Hermana
25 SMLMV
2º
Gustavo Moreno Loaiza
Hermano
25 SMLMV
2º
María Yolanda Pérez Loaiza
Hermana
25 SMLMV
2º
Rubiel Pérez Loaiza
Hermano
25 SMLMV
8.1.2 Daño a la vida de relación
Los demandantes hacen consistir el daño a la vida de relación en la “la modificación anormal del curso de la existencia de los demandantes, en sus ocupaciones, en sus hábitos y en sus proyectos, empezaron desde el mismo momento en que ANTONIO FERNANDO MORENO LOAIZA fue detenido enjutamente”.
Al respecto, el concepto del daño a la vida de relación ha sido acogido por la jurisprudencia bajo diferentes nomen iuris, dependiendo del interés jurídico vulnerado, así, por ejemplo, cuando el perjuicio deviene de una lesión psicofísica su reconocimiento se efectúa bajo la denominación de daño a la salud.
Pero si el daño a la vida de relación deviene de la lesión a otros bienes constitucionales deberá verificarse su concreción bajo los criterios de la categoría de “alteración grave a los bienes constitucional y convencionalmente amparados” y probarse en el plenario en el que se permita inferir que como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el actor, éste sufrió una lesión a alguno de sus bienes constitucionales o convencionalmente amparados, distintos del mismo derecho a la libertad.
Ahora bien, los demandantes hacen consistir este perjuicio en que se presentaron alteraciones en las “ocupaciones, en sus hábitos y en sus proyectos”, pero no especifican ni prueban las circunstancias en que este hecho se presentó.
Por otra parte, al analizar el material probatorio en conjunto se observa que la testigo Constanza Cardona, amiga de la compañera permanente de la víctima directa, afirmó “la niña Valentina Álvarez fue la más afectada emocionalmente, hubo que hacer un trabajo de acompañamiento con ella porque no sólo la afectó la ausencia de Fernando sino el hacerse la comidilla de entre su grupo de compañeros del colegio de que su papá estaba detenido”; esta manifestación hace alusión a la afectación emocional que ya ha quedado indemnizada dentro del concepto de perjuicio moral.
Asimismo, frente al testimonio de Danelly Loaiza Rodríguez, prima de la víctima directa, según la cual “a la mamá [de Antonio Fernando Moreno Loaiza] le iban a hacer una cirugía y debido a que él estaba allá hubo que suspender las cirugías que le iban a hacer en las rodillas (...) porque se le subía la presión alta, porque ella mantenía pensando y llorando que el muchacho en la cárcel no sabía cuándo iba a salir”, lo cierto es que la congoja aquí evidencia forma parte del perjuicio moral que ya fue reconocido.
Finalmente, frente al dicho de la misma testimonio Danelly Loaiza Rodríguez, quien afirma que “el hijo de ella [la compañera permanente], el hijastro de él, [Andrés Felipe Pérez Álvarez] tuvo que suspender unos estudios debido a que no tenían de dónde agarrarse para sostenerse” (...) Andrés le tocó retirarse porque Fernando era el que los llevaba al colegio y los traía”; la Sala considera que el solo dicho de esta testigo no es suficiente para tener por acreditado el perjuicio, pues ni siquiera se encuentra acreditado a qué colegio asistía el menor, desde cuando dejó de asistir, ni existe otro medio probatorio que corrobore el dicho de la testigo.
En este sentido, la Sala denegará lo solicitado por este concepto, pese a que haya sido reconocido por el A quo, se insiste, por falta de claridad en lo peticionado, así como de elementos probatorios que acrediten algún tipo de afectación distinta del perjuicio moral.
8.3. Perjuicios materiales a título de lucro cesante.
El actor solicita por concepto de lucro cesante la suma de $ 4´038.124 derivados de los salarios que devengaba en ejercicio de actividad de conductor de un carro que prestaba servicio público.
A la sazón, la Sala encuentra probado que la víctima directa ejercía una actividad económica independiente, consistente en la conducción de una camioneta de servicio público adscrita a la alcaldía municipal. Sin embargo, a pesar de que se probó la configuración del perjuicio material, observa que no existe certeza sobre la cuantía del mismo, en razón a lo cual debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente para la época de éste fallo, esto es $781.242 mensuales que es lo que por lo menos habría de percibir una persona económicamente productiva.
En atención a que la víctima estuvo privada de la libertad por el término de 5,02 meses, la Sala liquidará el lucro cesante con aplicación de la fórmula reconocida por la jurisprudencia:
Ra x (1+0,004867) n-1
0,004867
Donde “n” es el tiempo de privación de la libertad, en este caso 5,02 meses, y “Ra” el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2018, o sea $781.242.
Ra: $781.242 x (1+0,004867)5, 02 -1
0,004867
Ra: 3´960.389.29
En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de lucro cesante a favor de la sucesión de Antonio Fernando Moreno Loaiza la suma de $3´960.389.29
8.4 Perjuicios materiales a título de daño emergente por honorarios de abogado dentro del proceso penal
El actor solicita que sea cancelada la suma de $10´000.000 por concepto de daño emergente, correspondientes a las sumas de dinero que tuvo que pagar al abogado Duberney Pareja Giraldo, quien fungió como apoderado del señor Antonio Fernando Moreno Loaiza dentro del proceso penal.
La Sala encuentra probado que efectivamente el señor Moreno Loaiza le concedió poder amplio y suficiente al doctor Duberney Pareja Giraldo para que fungiera como su abogado defensor en el proceso N° 63-130-60-00081-2008-00158 en el que se le sindicaba de ser colaborador del frente 50 de las Farc en el municipio de Córdoba, Quindío.
De igual forma, se observa en el plenario que el abogado Pareja Giraldo estuvo presente en cada una de las instancias procesales del proceso penal, solicitó el decreto de pruebas, objetó algunas, presenta sus alegatos de conclusión, y solicita absuelvan al señor Antonio Fernando Moreno Loaiza, en aplicación al principio de in dubio pro reo.
Asimismo figura en el expediente, el testimonio rendido el día 2 de mayo de 2011 por el apoderado Dubenery Pareja Giraldo en audiencia pública adelantada por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el que luego de cuestionarle que conocimientos tenía como apoderado de confianza de los perjuicios materiales sufridos por el actor y su familia este respondió:
“En lo que compete a mi actuación dentro del proceso penal, lo que me consta en relación a mis honorarios, es que éstos ascendieron en su momento a la suma de diez millones de pesos, los cuales me fueron cancelados por el Sr. Moreno a través de su señora esposa.
(...)
Como es acostumbrado en materia penal el 50% al inicio de proceso esto es cinco millones de pesos y el 50% restantes conforme al trámite procesal respectivo.”
En este sentido, la Sala considera que se encuentra probada la labor del doctor Dubenery Pareja Giraldo en el proceso penal adelantado en contra de la víctima directa; además que el mismo es quien asegura que efectivamente su poderdante le canceló la suma de dinero acordada por la prestación de sus servicios como abogado defensor.
Al no quedar duda del contrato pactado y cancelado entre las partes, la Sala le reconocerá como perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente el monto de 10´000.000 acordados, el cual se procederá a actualizar de conformidad con la siguiente formula:
Ra = Rh IPC final (enero de 2018)
IPC inicial (mayo de 2012)
Ra = $10.000.000 X 111.25 =
85,11
Ra= 13´071.319,46
En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor de Antonio Fernando Moreno Loaiza la suma de $13´071.319,46
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
R E S U E L V E
Modifica la sentencia proferida el 30 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala de Decisión, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:
Primero: DECLARAR responsable solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima Antonio Fernando Moreno Loaiza.
SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:
NIVEL
DEMANDANTE
CALIDAD
INDEMNIZACIÓN
1º
Antonio Fernando Moreno Loaiza
Víctima
50 SMLMV
1°
María Liliana Álvarez González
Compañera
permanente
50 SMLMV
1º
Vanesa Moreno Quintero
Hija
50 SMLMV
1°
Heiler Fernando Moreno Castaño
Hijo
50 SMLMV
1°
Julieth Fernanda Moreno Quintero
Hija
50 SMLMV
1°
Andrés Felipe Pérez Álvarez
Hijo de crianza
50 SMLMV
1º
Valentina Pérez Álvarez
Hija de crianza
50 SMLMV
1°
Fabiola Loaiza Herrera
Madre
50 SMLMV
2º
Deiby Fabián Pérez Loaiza
Hermana
25 SMLMV
2º
Gustavo Moreno Loaiza
Hermano
25 SMLMV
2º
María Yolanda Pérez Loaiza
Hermana
25 SMLMV
2º
Rubiel Pérez Loaiza
Hermano
25 SMLMV
TERCERO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y A LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de Antonio Fernando Moreno Loaiza a título de daño emergente la siguiente suma de dinero $13´071.319,46
CUARTO: CONDENAR solidariamente a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y LA NACIÓN –RAMA JUDICIAL– DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a pagar a favor de Antonio Fernando Moreno Loaiza a título de lucro cesante la siguiente suma de dinero $$3´960.389.29
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 37100/16;
Rad. 35796#2y3/16; Rad.36146/15
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado
Fl 191 – 201 CP
Fls.181 - 190 C.P
Fls.144 - 168 C.P
Fls. 1 - 14 C.1
El 31 de julio de 2019 ante la Procuraduría 4 Judicial en lo Administrativo de Cundinamarca, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extra judicial (Fls.7 - 22 C.2), la cual se llevó a cabo el 8 de octubre de 2009, la cual fue declarada fallida (Fls.23 C.2). Fls.19C.1
Fls. 55 - 56C.1
Fls. 69-70 C.1
Fl. 60 - 61 C.1
Fl. 62 - 63 C.1
Fl.64 C.1
Fls 65 – 72 C1
Fls. 82 - 92 C.1
Fls.105 - 108 C.1
Fl. 116 C.1
Fls.129 - 135 C.1
Fls.122 - 128 C.1
Fls.117 - 120 C.1
Fls. 144 - 168 C.P
Fls. 171 - 180 C.P
Fls. 191 – 201 CP
Fls. 202 – 205 CP
Fl. 217 C.P
Fl. 219 C.P
Fls. 20 – 221 CP
Fls. 222 - 225C.P
Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Obra registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Antonio Fernando Moreno Loaiza (Fls.31 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Antonio Fernando Moreno Loaiza (Fls.32 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Antonio Fernando Moreno Loaiza (Fls.46 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de la víctima directa en el que consta que su madre es Fabiola Loaiza Herrera (Fls.30 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.36 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.37 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.38 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.39 C.1)
Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Fls.17-19 C.2
Fls.20-22 C.2
Fls.76 C.2
Con relación a los hijos de crianza, la postura reiterada de la Jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el Juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa.
No obstante, la Sala ha considerado que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el artículo 399 del Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil. De igual forma, respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, la Sala recogió los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 8 de abril de 2014. Exp.:25.279. Fls.17-19 C.2
Fls.23-25 C.2
Consejo de Estado, sentencia de 9 de mayo de 2011, Exp. 19388. Al respecto se pueden consultar, la Corte Constitucional, sentencia de 3 de octubre de 1997, Exp. T-495; sentencia de 18 de noviembre de 1997, Exp. T-592. Consejo de Estado. sentencia de 26 de marzo de 2008, Exp. 18846 y sentencia de 28 de enero de 2009, Exp. 18073. Corte Suprema de Justicia, sentencia de mayo 8 de 2001, Exp. 5668. ARTICULO 397. POSESION NOTORIA DEL ESTADO DE HIJO LEGÍTIMO. La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos; y en que estos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales padres. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. Fls 132 – 133A
Fl 40 – 41 C1
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad.
Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5.
Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No. 48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”. Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro.
Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003. ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4.
La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentenca de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917. ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355. En este sentido la Corte Constitucional, en reciente sentencia de unificación- SU 768 DE 16 DE COTUBRE DE 2014, manifestó: “El Juez del Estado Social de Derecho es uno que ha dejado de ser el “frio funcionario que aplica irreflexivamente la ley”, convirtiéndose en el funcionario -sin vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender vigilante, activo y garante de los derechos materiales
Con relación a la prueba trasladada que obra en el plenario, la Sala se sostiene en el precedente según el cual cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla lo exigido en el artículo 185 del C.P.C., pues en el proceso del que se trasladan fueron practicados a petición de la parte contra quien se aduce y/o con su audiencia. De manera que se protege el derecho de contradicción y publicidad de la prueba, el cual solo se dará en la medida en que las partes tengan conocimiento de ellas. En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación. Fl 31 C1
Fl 48 C1
Fls 154 – 162 C1
Fl 252 C1
Fl 77 C1
Fl 33 C.1 CD que contiene la audiencia inicial
CD de título “AUDIENCIAS ASUNTO REBELIÓN”, y al interior del archivo, en el video denominado 28 de junio de 2008, al minuto 05:16 – 05:30. Fl 33 C.1 CD que contiene la audiencia inicial
Obra en los CD 4 y 5 que contiene la audiencia anteriormente mencionada. CD 4 44:05 - 45: 01
CD 5.
Acreditada su calida con los testimonios de Constanza Cardona Chaparro y Danelly Loaiza Rodríguez
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Antonio Fernando Moreno Loaiza (Fls.31 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Antonio Fernando Moreno Loaiza (Fls.32 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Antonio Fernando Moreno Loaiza (Fls.46 C.1)
Acreditado con los testimonios de Constanza Cardona Chaparro y José Wilson Nieto
Obra registro civil de nacimiento de la víctima directa en el que consta que su madre es Fabiola Loaiza Herrera (Fls.30 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.36 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.37 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hija de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.38 C.1)
Obra registro civil de nacimiento en el que consta que es hijo de Fabiola Loaiza Herrera, madre a su vez de la víctima directa (Fls.39 C.1)
Obra registro civil de nacimiento de Jhon Jamer Zambrano Carrillo en el que consta que sus padres son José del Carmen Zambrano y Marta Carrillo (Fls.13 C.1)
En aplicación del principio de la non reformatio in pejus, por regla general, no puede agravarse la situación del apelante único, pues esta garantía constitucional ampara el derecho individual de la parte que resultó parcialmente vencida en el proceso, consistente en que, si apela, no puede ser modificado lo que le fue favorable porque la contraparte, al no recurrir, consintió en lo que se decidió en su contra, luego, quien consiente en lo desfavorable de un fallo, dispone de su interés al someterse inmediatamente a él, no obstante tener la posibilidad legal de alzarse contra la decisión mediante la interposición del recurso y sustentación de la apelación. Entonces, el principio de la non reformatio in pejus muestra en el trasfondo la protección de un interés individual que se ampara precisamente porque la otra parte dispuso del suyo al no recurrir lo que le fue desfavorable, evento en el cual las facultades del juez se restringen para proteger el derecho individual del apelante único.
Fls 17 – 19 C2
Fls 20 – 22 C2
Fls 20 – 22 C2
Término que fue calculado de conformidad al tiempo que certificó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, en el que acreditó que el señor Antonio Fernando Moreno Loaiza estuvo privado de la libertad desde el 29 de junio de 2009 hasta el 5 de diciembre de 2009. (Fl 31 C2)
Fl 114 C2
Fls 15 – 16 C1
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