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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2010-00123-01

Fecha
4 de abril de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2010-00123-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira el 18 de julio de 2012 que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 44001-23-31-000-2010-00123-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

4 de abril de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Niega. Caso medida de detención preventiva a ciudadanos sindicados por la comisión de los delitos de participación en grupo guerrillero al margen de la ley / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO DE DETENCIÓN PREVENTIVA - Captura con fines de indagatoria. Medida proporcional y razonable / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Niega. Medida proporcional y razonable: Se resolvió la situación de los sindicados dentro del término legal y procesal / PRINCIPIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS - Es una carga del ciudadano el deber de asumir proceso judicial en su contra

Analizadas las pruebas, es claro que el ente precursor de la acción penal ordenó la libertad de los señores (…) a través de providencia del 30 de abril de 2007 en la que se abstuvo de ordenar medida de aseguramiento; esto es, exactamente cinco (5) días después de haber realizado la diligencia de indagatoria. Del mismo modo, ocurrió con el señor (…) a quien se le definió su situación jurídica el 1 de abril de 2008, es decir, dos (2) días después de haber sido escuchado en diligencia de indagatoria. Finalmente, frente a las decisiones tomadas con relación al señor (…) quien fue escuchado en diligencia de indagatoria un día después del término máximo señalado en la norma, la Sala encuentra que su situación jurídica fue resuelta el 4 de octubre de 2007, es decir, dos días después de haber dado su declaración sobre los hechos objeto de investigación, lo que evidencia que aun cuando la entidad demandada se sobrepasó en un día para celebrar la diligencia de que trata el artículo 354 del C.P.P., lo cierto es que fue puesto en libertad antes de los términos máximos señalados por las disposiciones procedimentales para mantenerlo privado de su libertad, lo que evidencia que en su caso tampoco se quebrantaron las disposiciones vigentes para ese momento. De esta manera, encuentra la Sala que las decisiones tomadas por la Fiscalía frente a la libertad de los demandantes, estuvieron conformes con la ley procesal penal ya que se dio cumplimiento a los términos establecidos en esta última tanto para ordenar la captura, como para efectuar la diligencia de indagatoria y definir la situación jurídica de los accionantes. En conclusión, es claro para la Subsección que los señores (…) no estuvieron privados injustamente de su libertad, toda vez que fueron capturados para efectos de rendir indagatoria y dentro de los términos legalmente dispuestos. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo (…) que negó las pretensiones de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; sobre el particular, ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 44842 numeral 5, 35796 numerales 2 y 3 y 366146.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 44001-23-31-000-2010-00123-01(45966)

Actor: JOSÉ LUIS JIMENO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Se confirma sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda / Restrictor: Legitimación en la causa – Caducidad de la acción - Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado – El derecho a la libertad individual – Imputación de la responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira el 18 de julio de 2012, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. La demanda.

En demanda presentada el 27 de julio de 2010 contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación las siguientes personas solicitaron que se declarara administrativamente responsable a la entidad demandada de los perjuicios a ellos ocasionados por la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto los señores Moisés Enrique y Ramón Molina Cuadrado, Pedro José Bula Mendoza, Brunilda González Ortiz y Luis Francisco Ospino Ramírez y que, en consecuencia, sea condenada al pago de “los perjuicios de orden material, moral y a la vida de relación (morales 100 salarios mínimos para cada uno de los actores y a la vida de relación, 200 salarios mínimos para cada uno de los actores)”.

Grupo familiar 1.- Ramón Enrique Molina Cuadrado, Mónica Patricia Ramírez Buelvas, Luisa Fernanda Molina Ramírez, Yeiferson David Nieto Ramírez, María Petronila Cuadrado Sánchez, Moisés Enrique, Nimia, Inder José, María Eugenia y Elizabeth Molina Cuadrado, Lidubina y Ailsa López Cuadrado.

Grupo familiar 2.- Pedro José Bula Mendoza, Diego Armando, Deisy Liliana y José Armando Bula Villa, Osneider José Bula Guerra, Anielka Urdiales Medina, Jaider Javier y Aireth Yineth Bula Urdiales, Pedro Fabio Bula Gil, Soraida Mercedes Mendoza González, Kely Yuraine, Luis Alfonso, Héctor Enrique, Alexis, José Eduardo, Claudia Patricia, Sigifredo y Alberto de Jesús Bula Mendoza.

Grupo familiar 3.- Moisés Enrique Molina Cuadrado, Moisés Alberto, Eduardo Luis y Marisol Molina Quintero, Ledis Quintero Quintero, María Petronila Cuadrado Sánchez, Ramón Enrique, Nimia, Inder José, María Eugenia y Elizabeth Molina Cuadrado, Lidubina y Ailsa López Cuadrado.

Grupo familiar 4.- Luis Francisco Ospino Ramírez, Keiner Luis, Kainner Luis Ospino Morales, Kelmis Morales Mejía, Rafaela María Ramírez Buelvas, María Rosa, Aleida Mercedez y Jean Carlos Ospino Ramírez, Rosa Inés Buelvas Gómez, Juan Bautista Ramírez Suárez.

Grupo familiar 5.- Brunilda Gonzáles Ortiz, Dora, Rafael y María Victoria González Ortiz, José Luis Jimeno Massi; Luis Eduardo, Yair y Gustavo Adolfo Jimeno González, Natali Paola Jimeno Galindo, Yair Santiago Jimeno Torres, Manuel Gregorio González Hernández y Ana Lucía de González; Daniel, Asmeth y Jamith Cera González; Yohonata, Deibis, y Monsalvo González; Lisbeth, Diego y Lucia Bornacelli González.

2. Los hechos en que se fundan las pretensiones.

La parte demandante narró los hechos de la siguiente manera:

“Mis poderdantes principales señores: RAMÓN ENRIQUE MOLINA CUADRADO, PEDRO JOSÉ BULA MENDOZA, MOISÉS ENRIQUE MOLINA CUADRADO, LUIS FRANCISCO OSPINO RAMÍREZ Y BRUNILDA GONZÁLEZ ORTIZ, fueron privados de su libertad por un informe de inteligencia y sin ningún tipo de prueba por parte del EJÉRCITO NACIONAL, ya que según la CENTRAL DE INTELIGENCIA MILITAR EJÉRCITO, regional de inteligencia No. 1 de fecha 29 de marzo de 2009, mediante informe No. 0249 CIME-RIME-1NT2-252, estos pertenecían a Grupos al margen de la ley (Guerrilla).

Mediante este informe y basado en el mismo la Fiscalía les ordena la orden de captura, y después de capturado fueron dejado (sic) a su disposición, donde al momento de resolverle la situación jurídica se ABSTIENE DE DICTARLE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO y les decreta su libertad en forma inmediata mediante providencia de calendas (sic) 30 de abril de 2007, haciéndoles firmar diligencias de compromiso.

Prosiguiendo con la investigación la Fiscalía mediante providencia de fecha 18 de junio de 2008, les PRECLUYE la investigación a su favor quedando debidamente ejecutoriada y el archivo definitivo”.

Frente a la privación sufrida por los principales demandantes, se tiene que esta fue padecida de la siguiente manera:

Moisés Enrique Molano Cuadrado, Luis Francisco Ospino Ramírez y Brunilda González Ortiz: del 22 hasta el 30 de abril de 2007 para un total de ocho (8) días de privación.
Ramón Enrique Molano Cuadrado: del 27 de septiembre hasta el 4 de octubre de 2007 para un total de siete (7) días de privación.
Pedro José Bula Mendoza: del 28 de marzo hasta el 1º de abril de 2008 para un total de cuatro (4) días de privación.

Finalmente, la apoderada de los demandantes presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el día 15 de junio de 2010, la cual se llevó a cabo el 26 de junio del mismo año.

3. El trámite procesal.

Admitida la demanda y notificada la entidad demandada de la existencia del proceso, procedió a dar respuesta al escrito demandatorio señalando, con relación a los hechos, que se atiene a lo probado dentro del proceso, sin solicitar elementos probatorios.

Frente a las pretensiones, la Fiscalía General de la Nación propuso como excepciones: i) ausencia de responsabilidad en cabeza de la Fiscalía; ii) ausencia del perjuicio reclamado; iii) falta de legitimación en la causa por activa; y iv) rompimiento del nexo de causalidad.

Decretadas y practicadas las pruebas, se corrió traslado para alegar, oportunidad que fue aprovechada por las partes.

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante Sentencia del 18 de julio de 2012, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se resumen así:

En primer lugar, el Tribunal inició su análisis en atención a las excepciones propuestas por la Fiscalía General de la Nación, y manifestó que frente a la ausencia de responsabilidad en cabeza de la entidad demandada, a la ausencia del perjuicio reclamado y a la falta de legitimación en la causa por activa, se tiene que atacan el fondo del caso bajo estudio, razón por la que se resolverían en los siguientes acápites de la sentencia, es decir, en el momento en el que examinara la responsabilidad de la entidad contra la que se dirigían las pretensiones.

Igualmente, estudió la procedencia de la excepción atinente al hecho de un tercero y determinó que esta no se encontró probada, toda vez que si bien la Fiscalía alegó que la investigación se inició gracias a la declaración de un desmovilizado, no es viable atribuir responsabilidad a dicho tercero por esta circunstancia debido a que se trata de facultades y obligaciones que le corresponden a la Fiscalía de conformidad con la ley.

Por otro lado, afirmó que la privación alegada por los demandantes tuvo como fin la realización de la diligencia de indagatoria y que, una vez esta se llevó a cabo, se resolvió la situación jurídica a favor de los demandantes –absteniéndose de imponer medida de aseguramiento– pues, en consideración de la entidad demandada, no se cumplieron los requisitos exigidos por la ley para imponer medida.

Adicionalmente, el A quo adujo que los actores estaban en la obligación jurídica de soportar la detención, en vista de que existían señalamientos en su contra y que, de conformidad con la Constitución y la ley, la Fiscalía estaba en obligación de hacerlos comparecer, con el fin de esclarecer su responsabilidad dentro de los hechos objeto de investigación.

Es así como, consideró que el daño antijurídico alegado por los demandantes no se encontró probado, dado que la Fiscalía actuó conforme a los postulados establecidos en la ley, y en vista de que su actuar no fue ni arbitrario ni desproporcionado, la privación no resultó injusta.

En consecuencia, declaró no probadas las excepciones propuestas por la Fiscalía y denegó las súplicas de la demanda.

III. EL RECURSO DE APELACION

Contra lo así decidido se alzó la parte demandante con fundamento en las siguientes razones:

La parte accionante consideró inadmisible, que los demandantes hubieran tenido que soportar la privación de su libertad por los señalamientos efectuados por una sola persona y que conllevaron a que la Fiscalía los retuviera y los sometiera injustamente a dicha privación, debido a que fue por la poca investigación y negligencia de la entidad demandada que estuvieron retenidos y sometidos a un proceso judicial, pues se basó únicamente en el testimonio rendido por un desmovilizado, de manera que el ente investigador no justificó de manera suficiente ni adecuada su decisión, infringiendo así el principio de igualdad.

Así mismo, manifestó que no eran de recibo los argumentos esbozados por el Tribunal de primera de instancia, según los cuales los demandantes tenían el deber de soportar la carga de la investigación penal, pues estas afirmaciones implicarían la violación de los principios establecidos en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En consecuencia, solicitó condenar y decretar la responsabilidad administrativa de la Nación – Fiscalía General de la Nación frente a los perjuicios de orden material, moral y a la vida de relación causados a los demandantes.

IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada previas las siguientes,

V. CONSIDERACIONES

1.- Aspectos procesales

1.1. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes, las siguientes personas, quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa:

1. Ramón Enrique Molina Cuadrado en su condición de privado de la libertad y su núcleo familiar conformado por Mónica Patricia Ramírez Buelvas (compañera permanente), Luisa Fernanda Molina Ramírez (hija), Yeiferson David Nieto Ramírez (hijastro), María Petronila Cuadrado Sánchez (mamá); Mosies, Nimia, Inder José, María Eugenia y Elizabeth Molina Cuadrado (hermanos); Lidubina y Ailsa López Cuadrado (hermanas).

2.- Moisés Enrique Molina Cuadrado en su condición de privado de la libertad y su núcleo familiar conformado por Moisés Alberto, Eduardo Luis y Marisol Molina Quintero (hijos), Ledis Quintero Quintero (compañera permanente), María Petronila Cuadrado Sánchez (madre), Ramón Enrique, Nimia, Inder José, María Eugenia, Elizabeth Molina Cuadrado, Lidubina y Ailsa López Cuadrado (hermanos)

3. Pedro José Bula Mendoza en su condición de privado de la libertad y su núcleo familiar conformado por Diego Armando, Deisy Liliana y José Armando Bula Villa (hijos); Osneider José Bula Guerra (hijo), Anielka Urdiales Medina (compañera permanente); Jaider Javier y Aireth Yineth Bula Urdiales (hijos), Pedro Fabio Bula Gil (papá), Soraida Mercedes Mendoza González (mamá); Kely Yuraine, Luis Alfonso, Héctor Enrique, Alexis, José Eduardo, Claudia Patricia, Sigifredo y Alberto de Jesús Bula Mendoza (hermanos).

4. Luis Francisco Ospino Ramírez en su condición de privado de la libertad y su núcleo familiar conformado por Keiner Luis y Kainner Luis Ospino Morales (hijos), Kelmis Morales Mejía (compañera permanente), Rafaela María Ramírez Buelvas (mamá), María Rosa, Aleida Mercedes y Yean Carlos Ospino Ramírez (hermanos), Rosa Inés Buelvas Gómez y Juan Bautista Ramírez Suárez (abuelos maternos).

5. Brunilda González Ortiz en su condición de privada de la libertad y su núcleo familiar conformado por José Luis Jimeno Massi (compañero permanente), Luis Eduardo, Yair y Gustavo Adolfo Jimeno González (hijos), Natali Paola Jimeno Galindo, Manuel Gregoria González Hernández y Ana Lucia de González (padres), Dora, Rafael y María Victoria González Ortiz (hermanos), Daniel, Asmeth y Jamith Cera González (sobrinos); Yohonata, Deibis, y Mosalvo González; Lisbeth, Diego y Lucia Bornacelli González (sobrinos).

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el presente asunto fue de conocimiento de las Fiscalías en la etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.

En el caso concreto, la Sala observa que la providencia que resolvió precluir la investigación penal adelantada en contra de los actores quedo ejecutoriada el 4 de agosto de 2008 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 27 de julio de 2010, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado

Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

3. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”.

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”

5. Caso concreto.

Solicita el apoderado de la parte demandante, que se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que los demandantes no estaban en el deber jurídico de soportar la privación de que fueron objeto, pues la Fiscalía no realizó en debida forma la investigación adelantada en su contra, por lo que finalmente tuvo que ser precluida.

De manera que, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del A quo, y condenar a la entidad demandada.

Así las cosas, analizado el material probatorio obrante en el expediente la Sala encuentra probado que la investigación adelantada en contra de los demandantes, se inició como consecuencia del Informe No. 0249/CIME-RIME-INT2-252 realizado por la Central de Inteligencia Militar del Ejército Regional de Inteligencia No. 1 y dirigido a la Dirección Seccional de Fiscalías de Valledupar - Cesar, en el que se informó que el señor Jorge Luis López Durán “indocumentado y desmovilizado del frente 59 de las FARC y quien actualmente hace parte del Plan de Desmovilización del Gobierno Nacional, a fin de individualizar e identificar los siguientes elementos subversivos que hacen parte del mencionado frente, y de la Compañía Luciano Ariza del E.L.N. que delinquen en los departamentos del Cesar y La Guajira; por lo que se solicita muy respetuosamente se emitan las respectivas ordenes de captura para su respectiva detención y conducirlos ante la autoridad competente”; entre las que se encuentran los aquí demandantes, así:

Ramón Enrique Molina Cuadrado: se afirmó que hacia parte de la red de apoyo del frente 59 ONT FARC.

Luis Francisco Ospino Ramírez: se indicó que era el encargado de las extorsiones en Villanueva, Guajira. Comandante de Guerrilla de la Compañía “Luciano Ariza· del E.L.N., y que en su contra existía una investigación adelantada por la Fiscalía 10 Seccional de Valledupar, por el delito de Rebelión, por hechos ocurridos el día 23 de septiembre de 2003.

Brunilda González Ortiz: se dice que hacía parte de la Red de Apoyo Logístico del Frente 59 de las FARC y que colaboraba como enfermera.

Moisés Molina Cuadrado: se dijo que hacía parte de la Red de Milicias del Frente 59 de las ONT FARC.

Declaración que fue ratificada por parte del desmovilizado, el día 30 de marzo de 2007 ante la Fiscalía Novena Seccional de la URI de Valledupar, en los siguientes términos:

“Todas esas personas trabajan y son colaboradores del Frente 59 de las FARC (…) todo lo que manifiesto es cierto porque me consta directamente, yo fui segundo al mando de las Milicias Bolivarianas. (…) Durante el tiempo que duré en las FARC, vi a estas personas muchas veces (…) por el rango que tenía, conocía a quienes son los auxiliadores, colaboradores y milicias”.

Como consecuencia de lo anterior, se dio apertura a la instrucción penal el 30 de marzo de 2007 por parte de la Fiscalía Novena Seccional de la U.R.I. de Valledupar en contra de Brunilda González Ortiz, Luis Francisco Ospino y Ramón Enrique Molina Cuadrado, emitiendo las respectivas ordenes de captura y dispuso escucharlos en indagatoria.

Posteriormente, el 20 de abril de 2007 la Fiscalía 23 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar ordenó impartir orden de captura en contra de Moisés Molina Cuadrado y escucharlo en indagatoria.

En cumplimiento de las órdenes impartidas por el ente investigador, se llevaron acabo las siguientes diligencias en las que se dio captura a los sindicados, así:

1. Informe No. 137 del 22 de abril de 2007, sobre la diligencia de allanamiento y registro en que se dio captura al señor Moisés Molina Cuadrado, por el delito de rebelión, a quien se le leyó el acta de derechos del capturado.

2. Informe No. 138 del 22 de abril de 2007, sobre la diligencia de allanamiento y registro, en que se dio captura al señor Luis Francisco Ospino Ramírez, por el delito de rebelión y a quien se le leyó el acta de derechos del capturado.

3. Informe No. 055 del 23 de abril de 2007, sobre la diligencia de allanamiento y registro, en que se capturó a Brunilda González Ortiz, por el delito de rebelión y a quien se le leyeron sus derechos al momento de la captura.

Es así como, los señores Luis Francisco Ospino Ramírez, Moisés Enrique Molina Cuadrado y Brunilda González Ortiz, rindieron indagatoria ante la Fiscalía 23 Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito el día 25 de abril de 2007.

Luego de rendida la indagatoria por parte de los capturados la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico y Fe Pública de la Fiscalía Veintitrés (23) Seccional Delegada ante Jueces Penales del Circuito, profirió la Resolución del 30 de abril de 2007 en la que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de Luis Francisco Ospino Ramírez, Moisés Enrique Molina Cuadrado y Brunilda González Ortiz en vista de que no existían los elementos probatorios suficientes para imponer una medida de aseguramiento y dispuso cancelar las ordenes de captura en su contra.

Posteriormente, por medio de providencia del 31 de agosto de 2007 la Fiscalía dispuso el cierre de la investigación en contra de los señores Luis Francisco Ospino Ramírez, Moisés Enrique Molina Cuadrado y Brunilda González Ortiz, decisión contra la que se interpuso recurso de reposición.

El día 27 de septiembre de 2007, se dio captura al señor Ramón Enrique Molina Cuadrado como consta en el informe No. 450 CTI-OL-V, quien rindió indagatoria el día 2 de octubre del mismo año.

Por medio de auto del 2 de octubre de 2007, la Fiscalía 3 Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar y Villanueva declaró la nulidad del cierre de la investigación, ya que para ese momento no se había escuchado en indagatoria a Ramón Enrique Molina Cuadrado.

Así las cosas, por medio de providencia del 4 de octubre de 2004 la Fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al señor Ramón Enrique Molina Cuadrado, quien efectivamente celebró diligencia de compromiso ese mismo día.

Por otro lado, mediante Informe del 2 de marzo de 2008 suscrito por Investigadores II del C.T.I de la Fiscalía General de la Nación, se informó de las investigaciones adelantadas para identificar al señor Pedro José Bula Mendoza, quien fue efectivamente capturado el 27 de marzo de 2008, como consta en el acta de derechos del capturado.

Así las cosas, el señor Pedro José Bula Mendoza rindió indagatoria el 30 de marzo de 2008 ante la Fiscalía 3 Delegada ante los Juzgados Promiscuos del Circuito de San Juan del Cesar.

Una vez escuchado en indagatoria, la Fiscalía definió la situación jurídica del señor Pedro José Bula Mendoza, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento por el delito de rebelión a través de proveído del 1º de abril de 2008 y ordenó cancelar la orden de captura que pesaba en su contra. Es así como, el día 2 de abril del mismo año, el señor Bula Mendoza celebró acta de diligencia de compromiso.

Asimismo, mediante resolución del 19 de mayo de 2008 se ordenó el cierre de investigación

Finalmente, por medio de providencia del 18 de junio de 2008 se ordenó la preclusión de la investigación por el delito de rebelión a favor de Luis Francisco Ospino Ramírez, Moisés Enrique Molina Cuadrado, Brunilda González, Ramón Enrique Cuadrado y Pedro José Bula Mendoza, al considerar:

“(…) que no se reúnen los requisitos sustanciales exigidos por el artículo 397 del C.P.P. ya que no se encuentra demostrada la ocurrencia del hecho y no existe confesión, testimonio que ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad de los sindicados, como responsable del delito de REBELIÓN”

Contra la anterior providencia, el apoderado de uno de los sindicados interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, el cual no fue sustentado en tiempo, como se observa en el informe secretarial del 4 de agosto de 2008.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala determinará si la privación de la libertad de la que fueron objeto los demandantes le es imputable a la entidad demandada, o si por el contrario, la medida restrictiva de la libertad de que fueron objeto se ajusta a la normatividad vigente para la época de los hechos.

En este orden de ideas, y una vez analizadas las pruebas aportadas, procede la Subsección a determinar la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, para lo cual tendrá en cuenta los términos establecidos en la ley para vincular a los sindicados al proceso para rendir indagatoria, para así poder establecer si es responsable o no por la privación injusta de la libertad de que fueron objeto.

Es así como, el análisis se fundamentará en el cumplimiento de los términos establecidos en la Ley 600 del 2000 –normatividad aplicada para la época de los hechos– que debía cumplir la Fiscalía General de la Nación al momento de ordenar la captura con fines de indagatoria de los señores Ramón Enrique Molina Cuadrado, Pedro José Bula Mendoza, Moisés Enrique Molina Cuadrado, Luis Francisco Ospina Ramírez y Brunilda González Ortiz, y su puesta a disposición de la autoridad competente.

Así las cosas, encuentra la Sala que el día 30 de marzo de 2007 la Fiscalía libró orden de captura y dispuso escuchar en diligencia de indagatoria a los señores Ramón Enrique Molina Cuadrado, Luis Francisco Ospina Ramírez y Brunilda González Ortiz, las cuales se hicieron efectivas los días 22 y 23 de abril del mismo año, siendo escuchados en indagatoria el día 25 del mismo mes. Es así como, su detención finalizó el 30 de abril, cuando el ente investigador ordenó cancelar las órdenes de captura que pesaban en su contra y dispuso su libertad.

Ahora bien, con relación al señor Ramón Enrique Molina Cuadrado se observa que fue capturado el 27 de septiembre de 2007, puesto a disposición el 28 de septiembre, escuchado en indagatoria el 2 de octubre y dejado en libertad el día 4 del mismo mes y año, cuando la Fiscalía decidió no imponerle medida de aseguramiento.

Por último, el señor Pedro José Bula Mendoza resultó capturado el 27 de marzo de 2008, rindió indagatoria el 30 de marzo y fue dejado en libertad por orden de la entidad investigadora el 2 de abril, cuando suscribió la respectiva acta de compromiso.

De esta manera, la Sala evidencia que la Fiscalía expidió orden de captura contra los demandantes con fines de indagatoria, lo que le exigía que una vez se materializara su captura, se ciñera al término establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, que disponía:

“Artículo 340. Términos para recibir indagatoria del capturado. La indagatoria deberá recibirse en la mayor brevedad posible o a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a aquel en que el capturado haya sido puesto a disposición del Fiscal General de la Nación o su delegado. Este término se duplicará si hubiere más de dos (2) capturados en la misma actuación procesal y la aprehensión se hubiere realizado en la misma fecha.” (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Por lo tanto, se tiene que los señores Ramón Enrique Molina Cuadrado, Luis Francisco Ospina Ramírez y Brunilda González Ortiz fueron capturados los días 22 y 23 de abril de 2007 y puestos a disposición el mismo día ante la Fiscalía.

En consecuencia, la Fiscalía debía recibir la indagatoria de los capturados a más tardar el 25 y 26 de abril, es decir tres (3) días después de puestos a su disposición –como término máximo–, como efectivamente ocurrió, pues los demandantes fueron oídos en indagatoria el 25 de abril de 2007, como se evidencia del material probatorio. A igual conclusión se llega, frente al señor Pedro José Bula Mendoza quien fue capturado el 27 de marzo de 2008 y fue escuchado en indagatoria el 30 de marzo, es decir, dentro del término establecido por la ley para tal fin.

Por otro lado, y una vez rendida la indagatoria de los capturados, el ente investigador debía definir su situación jurídica a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de dicha diligencia, tal como lo dispone el artículo 354 de la Ley 600 del 2000, a saber:

“Artículo 354. Definición. Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite” (negrillas fuera de texto).

Analizadas las pruebas, es claro que el ente precursor de la acción penal ordenó la libertad de los señores Ramón Enrique Molina Cuadrado, Luis Francisco Ospina Ramírez y Brunilda González Ortiz a través de providencia del 30 de abril de 2007 en la que se abstuvo de ordenar medida de aseguramiento; esto es, exactamente cinco (5) días después de haber realizado la diligencia de indagatoria.

Del mismo modo, ocurrió con el señor Pedro José Bula Mendoza a quien se le definió su situación jurídica el 1 de abril de 2008, es decir, dos (2) días después de haber sido escuchado en diligencia de indagatoria.

Finalmente, frente a las decisiones tomadas con relación al señor Ramón Enrique Molina Cuadrado quien fue escuchado en diligencia de indagatoria un día después del término máximo señalado en la norma, la Sala encuentra que su situación jurídica fue resuelta el 4 de octubre de 2007, es decir, dos días después de haber dado su declaración sobre los hechos objeto de investigación, lo que evidencia que aun cuando la entidad demandada se sobrepasó en un día para celebrar la diligencia de que trata el artículo 354 del C.P.P., lo cierto es que fue puesto en libertad antes de los términos máximos señalados por las disposiciones procedimentales para mantenerlo privado de su libertad, lo que evidencia que en su caso tampoco se quebrantaron las disposiciones vigentes para ese momento.

De esta manera, encuentra la Sala que las decisiones tomadas por la Fiscalía frente a la libertad de los demandantes, estuvieron conformes con la ley procesal penal ya que se dio cumplimiento a los términos establecidos en esta última tanto para ordenar la captura, como para efectuar la diligencia de indagatoria y definir la situación jurídica de los accionantes.

En conclusión, es claro para la Subsección que los señores Ramón Enrique Molina Cuadrado, Pedro José Bula Mendoza, Moisés Enrique Molina Cuadrado, Luis Francisco Ospina Ramírez y Brunilda González Ortiz no estuvieron privados injustamente de su libertad, toda vez que fueron capturados para efectos de rendir indagatoria y dentro de los términos legalmente dispuestos.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira el 18 de julio de 2012 que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira el 18 de julio de 2012 que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de la Sala

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 48842#5/16; Rad. 37100/16;
Rad. 35796#2y3/16; Rad.36146/15.

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado. Fls. 1 a 13. C.1. Fl. 3. C.1. Fl. 104. C.1. Fls. 115 a 128. C.1. Fls. 166 a 169. C.1. Fl. 263. C.1. Fls. 307 a 319. C.Ppal. Fls. 336 a 347. C.Ppal. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Su condición se encuentra acreditada con los testimonios rendidos por Regina Quiroz Peinal, (Fls.229-241 C.1) y Mónica Alvira Hernández Camargo (Fls.245-247 C.1) amigas de la familia y quienes son coincidentes en afirmar que la demandante era la compañera de la víctima directa. Además, corrobora la existencia de la unión marital que fruto de ella nació Luis Fernanda Molina Ramírez, según se infiere del correspondiente registro civil de nacimiento (Fls.55 C.1). Al respecto, para establecer el medio probatorio idóneo en la acreditación de la calidad alegada por esta demandante, es de resaltarse la naturaleza fáctica de la unión marital, pues, esta comporta una situación de hecho que produce efectos jurídicos Entonces en relación con la prueba de la unión marital de hecho, según lo dispuesto por el texto inicial del artículo 4° de la Ley 54 de 1990, antes de la modificación introducida por el artículo 2° de la Ley 979 de 2005, la existencia de la unión marital de hecho se acredita por los medios ordinarios de prueba, consagrados en el Código de Procedimiento Civil, es decir, por los contenidos en el artículo 175 ibídem, a saber: la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. Demandante que se encuentra legitimado en la causa por activa por cuanto el trato, la fama y el tiempo, elementos necesarios para acreditar está condición se encuentran demostrados con los testimonios rendidos por Regina Quiroz Peinado y Mónica Elvira Hernández Camargo, amigas de la familia y quien son coincidentes en manifestar que entre los hijos de la víctima directa, se encontraba Yeiferson. (Fls.239-241 y 245-247 C.1). Aunado a lo anterior, Ramón Enrique en la diligencia de indagatoria reconoció a Yeiferson como su hijo. (Fls.116-120 C.1)
Con relación a los hijos de crianza, la postura reiterada de la Jurisprudencia, constitucional y contenciosa, ha permitido que acreditada por cualquiera de los medios probatorios la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el Juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios, esto es, se infiera la legitimación material para actuar en acción de reparación directa. No obstante, la Sala ha considerado que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la relación de crianza en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el artículo 399 del Código Civil Colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil. De igual forma, respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, la Sala recogió los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 8 de abril de 2014. Exp.:25.279.

Calidad que se encuentra acreditada con el testimonio rendido por Regina Quiroz Peinado (Fls.236-238 C.1), Mónica Elvira Hernández Camargo (Fls.242-244 C.1) amigas de la familia y quienes son coincidentes en afirmar que la demandante era la compañera de la víctima directa. Además, corrobora la existencia de la unión marital que fruto de ella nacieron Moisés Alberto, Eduardo Luis y Marisol Molina Quintero, según se infiere de los correspondientes registros civiles de nacimiento (Fls.59-61 C.1). Calidad que se encuentra acreditada con el testimonio rendido por Nereida Olivares Rodríguez quien reconoce a la demandante como la compañera permanente de la víctima directa. (Fls.253-255 C.1). Además, corrobora la existencia de la unión marital que fruto de ella nacieron Jaider Javier y Aireth Yineth Bula Urdiales, según se infiere de los correspondientes registros civiles de nacimiento (Fls.65-66 C.1). Condición que se encuentra acreditada con los testimonios rendido por Adel Jesús Cortes Luque (Fls.200-201 C.1), Álvaro Enrique Ramírez Montero amigos de la víctima directa quienes son coincidentes en afirmar que la demandante como la compañera permanente del actor. (Fls.205 – 207 C.1) Además, corrobora la existencia de la unión marital que fruto de ella nacieron Kainner Luis y Keiner Ospino Morales, según se infiere de los registros civiles de nacimiento (Fls.36-37 C.1). Calidad que se encuentra acreditada con el testimonio rendido por Nereida Olivares Rodríguez, amiga de la víctima directa y quien reconoció al demandante como el compañero permanente de Brunilda Rodríguez (Fls.249-252 C.1). Además, corrobora la existencia de la unión marital que fruto de ella nacieron Luis Eduardo, Yair y Gustavo Adolfo Jimeno González, según se infiere de los registros civiles de nacimiento (Fls.80, 82 y 84 C.1). ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. Fl.387 anexo 3
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, Expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414.

Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Fls.2 a 8. C.2
fls. 20 y 21. C.2. Fl. 20. C.2. Fl. 23. C.2. Fl.24 C.2
Fls. 50 a 52. C2. Fl. 54. C.2. Fls. 55 y 56. C2
Fl. 57. C.2
Fl. 59. C2. Fl. 60. C.2. Fls. 62 a 66. C.2
Fls. 71 a 74. C.2. Fls. 75 a 79. C.2. En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación. Fls.87 a 92 C.2
Fl.98 C.2
Fls. 112 y 113. C.2
Fls. 116 a 120. C.2
Fls. 199 y 200. C.2. Fls. 137 a 142. C.2. Fl.459 C.1
Fls. 182 a 183. C.2. Fl. 189. C.2. Fls. 196 a 199. C.2. Fls. 252 a 258. C.2
Fl. 277. C.2
Fl. 338. C.2. Fl. 364. C.2. Fl.387 anexo 3

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