Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2003-00973-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad: actualización de sumas. Fórmula actuarial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-31-000-2003-00973-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-31-000-2003-00973-01
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
4 de abril de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena. Caso medida de detención preventiva a ciudadanos sindicados por la comisión de los delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y rebelión / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Preclusión de la investigación / OPERATIVO MILITAR - En la vereda California del Municipio de Los Patios – Norte de Santander / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presunción de inocencia se mantuvo incólume. Montaje acerca de armas incautadas / CONCURRENCIA DE CULPAS - Entre las entidades demandadas: Concurso de conductas eficientes en la producción del daño
Las (…) contradicciones, sumadas al hecho de que la investigación se realizó precisamente por el hallazgo de los artefactos explosivos, sin que se lograra acreditar siquiera una relación de los demandantes como guerrilleros activos de las FARC, y mucho menos que los mismos hubiesen portado los elementos “incautados”, tanto así que el operativo fue considerado por el ente investigador en la providencia que precluyó la investigación a favor de los demandantes de la siguiente forma: “Sin dubitación alguna podemos afirmar que aquí hubo maniobras sinuosas, y el comúnmente llamado “montaje”, conllevan a la Sala a considerar que, el daño antijurídico cuya indemnización se persigue en el caso de autos, le es imputable a la entidad demandada Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a título de falla en el servicio puesto que generó la situación de privación injusta de la libertad, cuando procedió a capturar a los actores y a dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación sin que tuviera en su poder elementos contundentes y de peso para hacerlo. (…) En síntesis la Sala encuentra que el daño antijurídico, privación injusta de la libertad es imputable tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda vez que dicho daño tuvo lugar como consecuencia de las actuaciones desplegadas por ambas entidades, de donde se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, (…). A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; sobre el particular, ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 35796 numerales 2 y 3, 37100 y 366146.
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Actualización de sumas. Fórmula actuarial / PERJUICIOS MORALES - Aplicación de criterio de unificación jurisprudencial / PERJUICIOS MORALES - Reconoce entre 15 smlmv y 7,5 smlmv para las víctimas y sus familiares
Así las cosas, y en consideración a que los señores (…) estuvieron privados injustamente por el término de 0,36 meses, la Sala concluye que los demandantes se encuentran dentro del primer y segundo nivel de cercanía afectiva dispuesto por las tablas jurisprudenciales y se hallan ubicados en el rango indemnizatorio correspondiente al período de privación igual e inferior a un mes, cuya cuantificación se limita a 15 y 7.5 SMLMV (respectivamente), de modo que corresponde a cada uno de ellos, las siguientes sumas indemnizatorias:
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE - Por pago de honorarios del abogado / GASTOS DE HONORARIOS - Prueba: Recibo de pago, contrato de prestación de servicios / DERECHO A LA DEFENSA - Defensa técnica en proceso penal
Observa la Sala que al plenario se allegaron los contratos de prestación de servicios suscritos (…) entre el señor (…) y el defensor (…) y el celebrado entre (…) y la abogada (…), en los cuales se señalaban que los mandatarios se comprometían a cancelar por concepto de honorarios profesionales, “a. La suma de (…)” a la terminación del proceso penal (…)”. (…) La Sala procede a reconocer a favor de (…) la suma de (…) cancelada por concepto de honorarios profesionales.
RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reconoce / LUCRO CESANTE EN ACTIVIDAD COMERCIAL - Quantum indemnizatorio o cuantía. Presunción de valor devengado: Salario mínimo legal mensual vigente / LUCRO CESANTE - Comerciante de abastos. / LUCRO CESANTE - Niega respecto de salario devengado por explotación económica de buses de transporte público urbano / LUCRO CESANTE - Fórmula actuarial
En el plenario se acreditó que el señor (…) al momento de ser privado de su libertad ejercía labores de comerciante acompañadas con la administración de las ganancias que percibía respecto de dos busetas de servicio público que eran de su propiedad, lo anterior según los testimonios recibidos (…). Sobre la acreditación de tales actividades, manifestó el apoderado del demandante en el escrito de apelación que las sumas dejadas de percibir debían ser liquidadas teniendo en cuenta las ganancias líquidas registradas en las declaraciones de renta aportadas al plenario, pero, observa la Sala que en ellas no se hace una diferenciación que permita determinar, independientemente, los ingresos percibidos tanto por su actividad de comerciante, como por la propiedad de los dos vehículos de transporte público, sobre todo porque no fue demostrado que él mismo fuera quien ejerciera la conducción de las busetas, lo que permite inferir que las mismas no dejaron de prestar el servicio durante el tiempo en que el actor se encontró privado de su libertad. (…) En consecuencia, la Sala considera que la única actividad interrumpida por la privación de la libertad y ejercida por el actor fue la de comerciante de la central de abastos de Cúcuta, empero, debido a que no existe certeza sobre la cuantía del salario que percibía por su ejercicio, ni tampoco la dependencia laboral de la misma, debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente para la época de éste fallo, (…) que es lo que por lo menos habría de percibir una persona económicamente productiva, sin reconocer las prestaciones sociales y demás emolumentos establecidos por la jurisprudencia proferida por ésta Corporación, toda vez que en la calidad de independiente el actor no devengaba prestaciones sociales ni tuvo que esperar el tiempo de una persona dependiente tarda en conseguir un empleo. (…) En atención a que el señor (…) estuvo privado de la libertad por el término de 0,36 meses, corresponde un reconocimiento de (…) según el resultado de la operación realizada con aplicación de la fórmula acogida por la Corporación.
ARANCEL JUDICIAL - Reconoce su devolución / ARANCEL JUDICIAL - Declaración de inconstitucionalidad: Efectos
Finalmente, sobre la solicitud del apoderado de los actores manifestada en el recurso de apelación respecto del pago del arancel judicial al que fue condenado en primera instancia, recuerda la Sala que las normas que lo regulaban fueron declaradas inconstitucionales en Sentencia C-169 de 2014, razón por la cual se procederá a revocar la orden proferida por el A quo en este sentido. NOTA DE RELATORÍA: En este sentido ver la decisión C-169 de 2014 de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., cuatro (04) de abril del dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 54001-23-31-000-2003-00973-01(46564)
Actor: ALFONSO DELGADO Y OTROS
Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Descriptor: Se modifica la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Restrictor: Aspectos procesales – legitimación en la causa – caducidad de la acción - Presupuestos de la responsabilidad del Estado - El derecho a la libertad individual - Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las entidades demandadas Nación- Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la parte demandante contra la sentencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Fue presentada el día 6 de agosto de 2003 por quienes abajo se especifican, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo para que se declare que la Nación - Fiscalía General de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional son administrativamente responsables de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad sufrida por los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado.
1.1 Son demandantes:
Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos menores Viviana Katherina Delgado Espitia, Jhon Alber Alfonso Delgado Espitia y Paola Johana Delgado Espitia; así como Erika Judith Delgado Espitia como su hija; los señores German Orlando Delgado, Joel Emiro Delgado y José Roberto Delgado, como hermanos de Alfonso Delgado.
Asimismo, Gregorio Emilio Espitia Pabón, Zully Esperanza Espitia Pabón, Martha Elena Espitia Pabón, Yorman Freddy Espitia Pabón, José Edgar Espitia Pabón y Carmen Beatriz Pabón de Espitia, como hermanos y madre de Carmen Beatriz Espitia Pabón.
Finalmente, Gerson Alberto Delgado, en calidad de víctima directa y Rosa Isabel Delgado como hermana de este último.
1.2 Pretensiones de la demanda
Por perjuicios morales, la cantidad de 200 SMLMV a favor de las tres víctimas directas y de sus hijos menores, 100 SMLMV a favor del resto de los demandantes.
Por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, a favor de los señores Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón la suma total de $30.000.000, por concepto de honorarios cancelados a sus defensores; y en la modalidad de lucro cesante, se ordene pagar al señor Alfonso Delgado la cantidad de $100.000.000 en razón a las sumas que dejó de percibir por concepto de sus actividades como comerciante.
1.3 Los hechos en que se fundan las pretensiones
El señor Alfonso Delgado se desempeñaba como comerciante de productos agrícolas y como transportador de pasajeros, a su vez, su compañera Carmen Beatriz Espitia Pabón y su sobrino Gerson Alberto Delgado lo ayudaban con sus actividades comerciales.
El día 9 de julio del año 2002, los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado se desplazaban desde la ciudad de Cúcuta hasta el sector conocido como vereda California del Municipio de Los Patios – Norte de Santander a visitar unas parcelas con fines comerciales, cuando fueron interceptados en forma violenta por unos vehículos conducidos por miembros del Ejército Nacional, quienes los detuvieron al sindicarlos como miembros de la “guerrilla”.
Manifestaron los actores que una vez detenida la camioneta en la que se transportaban fueron sacados violentamente de su interior y alejados del automotor aproximadamente 10 metros, informándose que requisarían el vehículo y “que no voltearan a mirar hacía el”.
Luego de varios minutos se acercó un soldado y le informó al Comandante del Grupo del Ejército que había encontrado dentro de la camioneta una granada de mano, ocho estopines eléctricos y dos tacos de un explosivo denominado Indugel.
Posteriormente, sobre las horas de la noche fueron transportados hacía el Batallón del Grupo mecanizado Maza N° 5 donde fueron recluidos.
Mediante oficio N° 01916 del 10 de julio del 2002, suscrito por el Teniente Coronel Diego Yesid Sánchez Ruiz, Comandante del Grupo mecanizado No. 5 Maza, dirigido a la señora Fiscal Delegada ante el CTI y FF.MM, fueron dejados a disposición los demandantes. En el mismo escrito se les señaló de ser miembros importantes del grupo guerrillero FARC.
El día 12 de julio de 2002, los actores rindieron diligencia de indagatoria. Luego, la Fiscalía Delegada Especializada, el día 19 de julio de 2002, resolvió la situación jurídica de los actores, absteniéndose de proferir medida de aseguramiento en su contra y ordenando su libertad inmediata.
Finalmente, en providencia de 24 de diciembre de 2002, la Fiscalía Especializada resolvió precluir la investigación adelantada por los delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y rebelión, a favor de los demandantes.
Afirmaron los actores que estuvieron privados de la libertad desde el 9 y hasta el 19 de julio del año 2002.
2. El trámite procesal
Admitida la demanda mediante auto del 10 de septiembre de 2003 y notificadas las entidades demandadas de la existencia del proceso, éstas procedieron a darle respuesta al escrito demandatorio, solicitando las pruebas que consideraron necesarias.
Decretadas las pruebas mediante auto del 7 de octubre de 2005 y practicadas éstas, se corrió traslado para alegar, oportunidad que aprovecharon las partes.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
En sentencia del 10 de mayo de 2012 el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decidió declarar administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional de la privación injusta sufrida por los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado, aduciendo que el presente caso debía estudiarse dentro del marco del régimen de imputación subjetivo de falla en el servicio, puesto que, si bien la Fiscalía General de la Nación no impuso medida de aseguramiento a los demandantes, si los mantuvo privados de su libertad desde el 11 de julio de 2002.
Por lo tanto, señaló que era desproporcionado pretender que se le pudiese exigir a los demandantes que asumieran “en forma inerme y como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, una privación de su derecho a la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado (…)”, a pesar de que la Administración de Justicia concluyó que no existían pruebas suficientes en su contra para imponerles medida de aseguramiento.
Agregó que, no se podía exonerar al Estado de responsabilidad cuando, a pesar de haberse detenido a los accionantes con el lleno de los requisitos que exigían los artículos 333, 340 y 354 de la Ley 600 del 2000, estos se encontraran privados de la libertad hasta el 19 de julio de 2002 y vinculados al proceso hasta el 24 de diciembre del mismo año, “(…) al considerarse por una parte que no existió prueba que lograra desvirtuar la presunción de inocencia de los actores en relación con el delito de rebelión y por otra parte, que no cometieron el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o munición (…)”.
En este sentido, concluyó que los demandantes padecieron un daño antijurídico causado por la actuación de la Administración, sin embargo, consideró que no sólo debía ser imputado a la Nación – Fiscalía General de la Nación, sino que debía declarase también la responsabilidad administrativa y patrimonial del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los perjuicios causados a los demandantes, teniendo en cuenta que fueron miembros adscritos a esta entidad quienes capturaron a los actores y realizaron informe de captura en el que se les atribuía responsabilidad penal, lo que había constituido la base y prueba “(…) que erróneamente la Fiscalía consideró suficiente para abrir el instructivo de la investigación penal (…)”. Declaró la responsabilidad compartida entre las dos entidades por un monto de 50% para cada una.
Respecto a los perjuicios solicitados en la demanda, el A quo liquidó el perjuicio moral teniendo en cuenta la afirmación según la cual “el dolor no se suma”, por ende, otorgó a cada una de los demandantes una suma distinta relacionada con el nivel de parentesco que tenían con las víctimas directas.
Así, concedió el total de 20 SMLMV a para cada una de las víctimas directas, 10 SMLMV para cada uno de los hijos de los señores Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón, de forma independiente, es decir, 10 SMLMV para cada uno en razón de la privación de la libertad de sus padres, sumando un total de 20 SMLMV individualmente.
5 SMLMV para cada uno de los hermanos del señor Alfonso Delgado, 5 SMLMV para cada uno de los hermanos de la señora Carmen Beatriz Espitia Pabón y 10 SMLMV para su madre; y 5 SMLMV para la hermana del señor Gerson Alberto Delgado.
Con relación a los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, otorgó la suma de $233.763,75 para los señores Alfonso Delgado y Gerson Alberto Delgado, individualmente, pues consideró que se acreditó a lo largo del proceso la calidad de comerciantes. Negó lo solicitado por parte de Carmen Beatriz Espitia Pabón, teniendo en cuenta que se desempeñaba como ama de casa, actividad que concluyó, no era objeto de indemnización.
Por último, ordenó el pago del arancel judicial a cargo de la parte demandante y a favor del Consejo Superior de la Judicatura en una cuantía del 2% del valor de la condena.
II. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
Contra lo así decidido se alzaron la parte actora y las entidades demandadas Nación – Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
El apoderado de los demandantes centró su inconformismo en la liquidación realizada por el Tribunal respecto de los perjuicios morales y materiales, aduciendo que los primeros debían aumentarse a 100 SMLMV a favor de las víctimas directas, atendiendo al dolor y sufrimiento que padecieron durante el tiempo en el que permanecieron privados de la libertad; sobre los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, manifestó que el A quo, a efectos de la liquidación de los perjuicios solicitadoS por el señor Alfonso Delgado, desconoció los documentos aportados al proceso como sus declaraciones de renta y los balances y estados de resultado, en los cuales se podía apreciar que el mencionado no devengaba un salario mínimo mensual, sino una suma totalmente superior, a la que luego de actualizarla debía agregársele un 25% por concepto de prestaciones sociales y al tiempo de privación, sumarle el periodo de 8,75 meses, correspondiente al lapso que demoraba una persona en encontrar nuevamente empleo luego de permanecer privado de su libertad.
Con relación al señor Gerson Alberto Delgado, solicitó que se le sumara al periodo de privación acreditado, el tiempo de 8,75 meses ya señalado; lo mismo predicó de la señora Carmen Beatriz Espitia Pabón, a quien reclamó que se le reconociera su actividad como ama de casa y como comerciante, puesto que trabajaba al lado de su esposo Alfonso Delgado, liquidándose el perjuicio material teniendo en cuenta los parámetros anteriormente descritos.
En cuanto al perjuicio material en la modalidad de daño emergente, sostuvo que el Tribunal no se refirió al respecto, pero que sin embargo se encontraba acreditado puesto que fueron aportados los contratos de prestación de servicios suscritos por los demandantes con sus defensores y los respectivos recibos de pagos, razón por lo cual este rubro debía ser reconocido en esta instancia.
Finalmente, solicitó que se revocara el pago ordenado por el A quo del arancel judicial, por cuanto consideró que era constitucionalmente inadmisible su cobro en el presente proceso.
Por su parte, la apoderada de la Fiscalía General de la Nación señaló que, en el presente caso, la entidad no había incurrido en una falla en el servicio puesto que se había abstenido de decretar medida de aseguramiento en contra de los demandantes, por lo que no podía condenarse al ente investigador por la detención injusta de las víctimas directas, por cuanto no había constado tal medida de aseguramiento, produciéndose solamente, una captura.
Agregó que, la decisión de abstenerse de decretar medida de aseguramiento en contra de los actores, no constituía por sí sola una falla en el servicio o un error judicial, “ya que la absolución de la detención preventiva no conllevaba por obligación a la preclusión, sino que se debe entender que en el momento procesal no existían las pruebas suficientes para decretarla, los indicios graves de responsabilidad y por ende era procedente abstenerse pero debía continuar la investigación en aras de buscar la verdad de los hechos y la identificación de los responsables (…)”.
Por último, solicitó que se revocara el fallo recurrido y se negaran las pretensiones de la demanda, ya que la preclusión no fue una decisión que conllevara a la indemnización por detención injusta, pues no existían los fundamentos legales para reclamar tal indemnización, si se tiene en cuenta que nunca estuvo privado de la libertad (sic) los señores como producto de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y en cambio lo que se demuestra es que se aplicó el “el favor rei”, y se investigó tanto lo favorable como lo desfavorable a los sujetos procesales vinculados (…)”.
Finalmente, la apoderada de La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional adujo que el Ejército Nacional presentó informe sobre los hechos sucedidos, dando cumplimiento a su deber legal y constitucional, siendo evaluados y analizados por la Fiscalía General de la Nación, quien decidió privar de la libertad a los actores.
Sostuvo que, las pruebas aportadas al proceso demostraban que el daño causado a los actores no le era imputable a la persona jurídica Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, teniendo en cuenta que la autoridad militar no participó en ninguna de las instancias de la investigación, por lo cual la prolongación del proceso en ningún momento se le podía atribuir.
Sobre los perjuicios concedidos a los demandantes en primera instancia, consideró que no se encontraban debidamente acreditados en el plenario, por ende, solicitó se revocara el fallo apelado y se negaran las pretensiones, exonerando a la entidad de cualquier responsabilidad.
IV. CONSIDERACIONES
1. Aspectos procesales
1.1. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia en su condición de privados de la libertad, y su núcleo familiar conformado por Viviana Katherina Delgado Espitia (hija), Jhon Alber Alfonso Delgado Espitia (hijo), Erika Judith Delgado Espitia (hija), y Paola Johana Espitia (hija de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa.
Igualmente, acudieron los señores German Orlando Delgado, Joel Emiro Delgado y José Roberto Delgado, como hermanos de la víctima directa Alfonso Delgado, quienes se encuentran debidamente legitimados en la causa por activa.
Asimismo, acudieron al proceso como demandantes, los señores Gregorio Emilio Espitia Pabón, Zully Esperanza Espitia Pabón, Martha Elena Espitia Pabón, Yorman Freddy Espitia Pabón y José Edgar Espitia Pabón, en calidad de hermanos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia y como su madre, la señora Carmen Beatriz Pabón de Espitia, los cuales se encuentran legitimados en la causa por activa.
Finalmente, funge como actor el señor Gerson Alberto Delgado, en condición de privado de la libertad y Rosa Isabel Delgado como su hermana, personas que se encuentran legitimados en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento de las Fiscalías Seccionales en las etapa de instrucción a la luz de la Ley 600 de 2000, en razón a lo cual la Sala considera que la Nación – Fiscalía Nacional, entidad demandada, se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
Por su parte, respecto a la entidad demandada Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, observa la Sala que la misma se encuentra legitimada en la causa por pasiva, en razón a que la misma tuvo injerencia directa en causación del daño que aquí se reclama, pero su responsabilidad será establecida en sede de imputación.
1.2. Caducidad de la acción de reparación directa
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.
En el caso concreto, la Sala observa que la resolución de preclusión de la investigación objeto del presente debate, que quedó debidamente ejecutoriada el día 30 de diciembre de 2002 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el día 6 de agosto de 2003, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
3. El derecho a la libertad individual
Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.
Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.
4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad
La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:
En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.
También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.
Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.
Dijo entonces el Consejo de Estado:
“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”
En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.
Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.
En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.
Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”
5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad
En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:
Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
6. Caso concreto
Conforme a los lineamientos teóricos antes expuestos, la Sala procede a determinar si en el caso de autos la privación de la libertad padecida por los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado, se configuró en injusta y si hay lugar a declarar la responsabilidad de las entidades demandadas por resultar imputable, frente a lo cual encuentra los siguientes hechos probados:
Se encuentra demostrado que la investigación llevada a cabo en contra de los actores inició el día 9 de julio de 2002, cuando fueron capturados por miembros de las tropas pertenecientes al Escuadrón “D” adscrito al Grupo de Caballería Mecanizado N° 5 Maza del Ejército Nacional, en circunstancias descritas a continuación en el informe N° 01916 del 10 de julio de 2002 suscrito por el Teniente Coronel Diego Yesid Sánchez Ruiz y dirigido a la Fiscal Delegada ante el CTI y FF.MM, citado a continuación:
“(…) Respetuosamente me permito colocar a disposición de ese Despacho a los particulares ALFONSO DELGADO CC. N° 5.484884 DE Herrán (NS), la señora CARMEN BEATRIZ ESPITIA PABÓN CC. N° 27.732.090 DE Herrán (NS) y el señor GERSON ALBERTO DELGADO CC. 88240804 de Herrán (NS), los cuales fueron detenidos el día 0912:30-JUL-2002 en proximidades a la vereda California, jurisdicción del Municipio de Cúcuta (NS), por tropas pertenecientes al Escuadrón “D” adscrito al Grupo de Caballería Mecanizado N° 5 Maza En momentos en que realizaban un retén de control militar, en la vía que conduce del Municipio de Los Patios, al Municipio de Pamplona a la altura del Peaje Los Acacios, los particulares antes mencionados se desplazaban en una camioneta Chevrolet Blazer color beige, placa SAC-92M del Táchira Venezuela y en momentos que entró el automotor al sector donde estaba instalado el retén, estos sujetos detectaron la presencia de la tropa y procedieron a huir por una carretera destapada del sector. Iniciándose una persecución motorizada por parte del personal militar, lo cual permitió darle alcance a los sujetos antes mencionados y al ser requisados se halló oculto debajo de las sillas delanteras del automotor en el que se desplazaban, el material que a continuación se relaciona:
GRANADA DE MANO…………………...01
Estopines Eléctricos……………………..08
Tacos de INDUGEL (EXPLOSIVO)……02
En el mismo informe se describió que las Fuerzas Militares tenían conocimiento que los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado eran miembros activos y cabecillas de la cuadrilla 45 de las FARC, desempeñándose como jefes y ayudantes en el manejo de las finanzas de este grupo guerrillero, y quienes pretendían realizar atentados terroristas en la ciudad de Cúcuta en contra de instalaciones Gubernamentales y militares.
Asimismo, se demostró que el día 9 de julio de 2002, los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado suscribieron acta de derechos del capturado y constancia de buen trato ante el Grupo Mecanizado N° 5 Maza del Ejército Nacional.
Que el día 10 de julio de 2002, el Comandante Jefferson Javier Corredor Valbuena del Escuadrón “D” del Grupo Maza del Ejército Nacional, suscribió informe dirigido a su superior, en el que manifiesta que siendo las 14:30 fue informado por la Sección de Inteligencia del Grupo Maza, de que se aproximaba un sujeto perteneciente a las ONT-FARC, conduciendo un carro marca Blazer de color beige y quien se dirigía en la vía que de Cúcuta conduce a la ciudad de Pamplona, agregando que.
”(…) Al tener el dispositivo se aproximaba (sic) una caravana de carros hacía el peaje, este vehículo al ver la caravana hizo alto, se desvió huyendo por una carretera destapada que conduce hacia la vereda California, al ver esta situación se tomó una persecución, los cuales los detuvimos en la vereda, los sujetos se hicieron bajar del vehículo se les hizo una requiza (sic) y se revisa el carro minuciosamente en presencia del señor Gerson Alberto, encontrando artefactos explosivos como una granada de mano, 8 estopines eléctricos, 2 tacos de Indugel, los cuales fueron encontrados en las sillas delanteras del vehículo, este vehículo era abordado por el señor Alfonso Delgado (…), la señora Carmen Beatriz Espitia Pabón (…) y Gerson Alberto (…), quedando como testigos los soldados Nelson Enrique León Contreras (…), el señor agente Alfredo Calderón B (…) Policía de carreteras del Escuadrón Vial y el señor patrullero Motta Paz José Abel (…) del Escuadrón Vial (…)”.
Que el día 20 de julio de 2002, el Grupo de Caballería Mecanizado N° 5 “Maza” del Ejército Nacional suscribió la Orden de Batalla Cuadrilla 45 ONT FARC Atanasio Girardot-Jurisdicción Fronteriza Grupo Maza, en el que señalaron a los demandantes de manejar las finanzas de la cuadrilla 45 de la Ont Farc.
Por otra parte, se acreditó que el día 11 de julio de 2002, la Fiscalía Especializada Delegada ante el CTI – FFMM – DAS – SIJIN decretó la apertura de la instrucción en contra de los demandantes, por los delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y rebelión.
En el mismo sentido, está probado que los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado, el día 12 de julio de 2002 rindieron diligencia de indagatoria ante la Fiscalía Especializada Delegada ante el CTI – FFMM – DAS – SIJIN.
Sobre las circunstancias en las que fueron capturados, manifestaron lo siguiente:
Gerson Alberto Delgado: PREGUNTADO: Que tiene que decir al respecto de los elementos encontrados y manifieste si son suyos: CONTESTO: No señora, los elementos no son míos. Los hechos sucedidos es que vamos Alfonso Delgado mi tío, CARMEN BEATRIZ ESPITIA PABÓN mi tía política y mi persona, en la camioneta hacía la finca de mi prima Socorrito Delgado que queda en la vía California del Municipio de Los Patios, cuando nos detiene una camioneta particular como vinotinto o rojita que viene detrás de nosotros, nos dice “deténganse guerrilleros”, aparecieron dos (2) camiones del Ejército, venían ahí mismo, nos hicieron bajar del vehículo con las manos en alto y apuntándonos, nos llevaron a una distancia como de una (1) cuadra, con las manos en alto, nos pusieron de espaldas a la Blazer de mi tío y apuntándonos con fusil y pistola, que no fuéramos a voltear a mirar hacía la camioneta, y mi tío le dijo al Policía que sí iban a requisar la camioneta lo hicieran delante de mí, y no, (…) y que nos estuviéramos ahí quietos y no volteáramos a mirar para ningún lado que si no, no respondían. Se fue el policía a revisar el carro, a los diez (10) minutos volvió a donde estábamos nosotros y nos llevó hacía donde está el carro más o menos como a cinco (5) metros antes de llegar al carro y dijo mire lo que les encontré. Nos trajeron hacía el peaje, nos esparcieron a los tres (3), nos abrieron a cada uno por su lado (…)”.
Alfonso Delgado: “(…) El día 9 de julio (…) salimos para arriba con mi señora y mi sobrino, en la camioneta llevábamos pan y una pacada de mamones para las primas, entonces llegamos al peaje, había una cola de carros como de media cuadrita, entonces ahí estaba parado el policía de carreteras, él nos revisó el carro, nos mandó a parar, nos revisó el carro, y nos preguntó que para donde nos dirigíamos y le dije que nos dirigíamos para ese lado, a unas parcelas de unas primas, entonces seguimos el camino común y corriente (…).
Nos dirigimos a donde la otra prima Socorro Delgado que es más adelantico, bueno en ese momento escuchamos que nos gritaban “párense guerrilleros hijueputas, desalojen el carro, abran las puertas que le vamos a hechar (sic) una requiza (sic) al carro”, dos carros del Ejército y un carro rojito, PICKUP particular que iban tres civiles, entonces dos de los civiles se dirigió hacía el carro donde estábamos nosotros con varios soldados, entonces yo le pedí que si me iban a revisar la camioneta la requizaran (sic) delante de mí, delante de mi señora y delante de mi sobrino, entonces dijeron “delante de esos hijueputas no vamos a revisar la camioneta”, entonces nos dieron media vuelta a todos los tres con las manos hacía arriba, y nos hecharon (sic) para adelante obligadamente con las bichas apuntadas a la cabeza, una cuadra hacía adelante, a juro, obligados y nos decían “no muevan la cabeza ni miren hacía la camioneta, no hagan ningún movimiento, o les disparamos” estaba esperando era que nos mataran, entonces a lo que nos tuvieron como a la cuadra, encañonados de espalda a la camioneta, no podíamos voltear a mirar la camioneta o nos disparaban, bueno entonces como a los diez minutos de tenernos encañonados y con los brazos arriba, nos dieron la media vuelta hacía donde estaba la camioneta, y nos hicieron caminar a donde estaba la camioneta, al llegar a la camioneta, nos dijeron, mire lo que ustedes traían ahí en la camioneta, yo lo que vi fue como una especie de tubito blanco y una granada, que eso era lo que llevábamos nosotros, y por eso fue que ellos no dejaron revisar la camioneta delante de nosotros para decir que nosotros llevábamos esa vaina ahí, que donde ellos dejen revisar la camioneta en presencia de nosotros, no hubiera pasado nada, porque nosotros no llevábamos nada, porque nosotros somos inocentes (…)”.
Carmen Beatriz Espitia Pabón: Llegando al peaje, hicimos la cola y el señor Policía de carreteras nos paró y miró y dijo que siguiéramos, como esa trocha es mala, íbamos despacio (…) cuando íbamos para donde Socorro fue que escuchamos el tropel detrás de nosotros que nos decía que pararamos, entonces Gerson de ver tanto alboroto y como nos estaban apuntando con las armas, paró y nos hicieron desalojar la camioneta, nos sacaron apuntándonos todo el tiempo con las pistolas (…) y nos hicieron caminar bastante, hasta donde estaba un camión del ejército y una camioneta roja de vidrios ahumados donde estaban los otros señores de civil que nos apuntaban todo el tiempo con el arma (...), nos dijeron que nos volteáramos otra vez de espalda y nos apuntaban con el arma y que no fuéramos a voltear para donde estaba el señor donde se quedaron las carteras, de ahí nos tuvieron como diez minutos parados al lado del camión y el soldado nos apuntaba con el arma, cuando ya nos hicieron llegar otra vez donde estaba la camioneta de nosotros, y de ahí fue cuando uno de los soldados todo rebotado nos dijo que mirara lo que llevábamos que una granada, que yo no vi, unos cables y el bicho ese largo de pólvora, no lo vi porque todo el tiempo nos tuvieron de espalda y apuntándonos, cuando ya nos volvieron la camioneta nada, nos subió uno de esos de los que estaba de civil y le dijo a Alfonso que se subiera en un camión del Ejército (…)”.
Que el día 17 de julio de 2002 se profirió Boleta de Encarcelación N° 0006 en contra de la señora Carmen Beatriz Espitia Pabón, siendo recluida en la Cárcel de Mujeres “El Buen Pastor”, por los delitos de terrorismo, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. En la misma fecha, los señores Alfonso Delgado y Gerson Alberto Delgado fueron recluidos en la Cárcel Modelo de Cúcuta, mediante Boletas de Detención N° 0002 y 0001, respectivamente.
Posteriormente, en diligencia realizada el día 17 de julio de 2002 por la Unidad de Delitos Especializados SIJIN DENOR de la Policía Nacional, fue destruido el material explosivo hallado.
El día 17 de julio de 2002, el señor Hernando Mayorga García rindió declaración ante la Unidad Investigativa de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cúcuta, identificándose como vecino y habitante de la parcela N° 8 en la vereda California de Los Patios, agricultor y testigo ocular de lo sucedido el día 9 de julio de 2002, señalando que:
“(…) Bueno, yo lo que me di cuenta yo cuando vi que pasó la camioneta una cuatro por cuatro una camioneta como gris o marroncita y los encañonaron y los sacaron de la camioneta y los llevaron al carro del ejército de esas camionetas que uno sabe que son del batallón Maza, los llevaron allá al lado de la camioneta y los pararon ahí y luego revisaron la camioneta de ellos, revisaron la casa mía y luego se los llevaron. PREGUNTADO: La revisión que usted dice hicieron a la camioneta particular fue efectuada en presencia de alguno de ellos. CONTESTO: A ellos los sacaron de la camioneta y los llevaron como a una cuadra que era donde estaba el camión del ejército, y el ejército abrió el carro después de que ellos los habían sacado fue que le revisaron desde mi casa se veía todo, eso fue todo lo que vi (…). Ahí por el frente de mi casa la camioneta pasó despacito, iba despacito, iba como mirando la parcela de ahí del frente, la parcela de un doctor Mogollón (…)”.
También, se pudo corroborar que el día 18 de julio de 2002, el oficial del Ejército Nacional Jefferson Javier Corredor Valbuena, quien dirigió el operativo realizado en contra de los actores y mediante el cual resultaron capturados, rindió declaración ante la Unidad Investigativa de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cúcuta, manifestando que:
“(…) Yo siendo comandante del segundo pelotón del escuadrón D, tome información de que se aproximaban unos señores en una camioneta que venía a atacar el peaje o con el fin de hacer atentado contra el puente de la honda, entonces tomé el dispositivo de reten en la parte de abajo del peaje, eso fue a las 14:30, al tomar el dispositivo los carros que iban en la caravana al pasar el peaje la camioneta blazer se desvió huyendo por una carretera destapada que ahí (sic) antes del peaje, entonces unos señores que venían en una camioneta roja atrás que ellos habían cojido (sic) por esa carretera que iba rumbo a la vereda California, tomé la persecución con cuatro vehículos ABIR que tenía en ese momento tomé la persecución y ya en la vereda California los tratamos de pararlos a ellos, ya ellos se dieron cuenta que el ejército los seguía, de ahí hicimos bajar a los dos señores y a la señora, los requisamos, les dijimos que nos abrieran las puertas del vehículo para requisar el vehículo (…) yo mandé a un soldado a que requisara la parte de debajo de la silla del vehículo del conductor y encontró un paquete que contenía siete estopines eléctricos en la parte de atrás se encontró una granada y se encontró dos tacos de un líquido gris, luego se separó a cada uno de los capturados a cada uno de los señores, se le realizó una entrevista los llevamos nuevamente al peaje (…)
Agregó que, la inspección al vehículo había sido realizada por él mismo y por los soldados León y Pérez, además que los demandantes emprendieron la huida en su camioneta Blazer a una velocidad de “como de setenta, ochenta yo creo y huyeron por la carretera destapada”, y que todos los capturados habían presenciado la diligencia de inspección al vehículo. Luego adujo que sólo los miembros del su pelotón habían participado en el operativo.
Por su parte, el soldado Nelson Enrique León Contreras en diligencia de declaración realizada en la misma fecha, sostuvo que cuando se encontraban en inmediaciones de un peaje, “la camioneta beige salió soplada, o sea esquivó el retén y se metió por una vía hacia la vereda California (…)”, por lo que procedieron a perseguirla hasta que se detuvo, “mi teniente Corredor ordenó revisar el carro, yo revisé debajo de las sillas los cojines, los de adelante donde va el corredor en la izquierda y encontré los estopines, y habían unos tacos estaban más atrasito pero debajo también del mismo cojín, y el teniente encontró una grabada de mano al otro lado pero no me di cuenta en que parte fue (…)”.
Añadió que, la diligencia de inspección al vehículo sólo había sido llevada a cabo por el Teniente Corredor y él, y sobre el Soldado Pérez, sostuvo “Yo no me acuerdo bien, de pronto el como que también ayudó a requisar el carro (…)”.
El mismo 18 de julio de 2002 se recibió la declaración del agente de la Policía de carreteras José Abel Mota Paz, quien señaló que el día 9 de julio de 2002, se encontraba en el peaje en un puesto de control colaborándole a un grupo de personas que estaban realizando un censo de vehículos de carga, cuando fue informado por parte del Teniente Corredor “que estuviéramos pendiente de un vehículo rojo (…) y según él venía un man duro de la guerrilla, un comandante de la guerrilla, un duro de las FARC (…), que luego observó que venía una camioneta Blazer beige, la detuvo, hizo un pequeño análisis de los ocupantes del vehículo, no vio nada extraño en el interior y le solicitó al conductor que usara el cinturón de seguridad, que posteriormente, el automotor giró de forma “suave (…) a la mínima velocidad, la normal al girar (…), más o menos a unos treinta kilómetros por hora”, sin intentar escapar, que luego de ocho o diez minutos de haber circulado la camioneta Blazer de color beige, salió a toda velocidad hacia la vereda California una de color “rojo o vinotinto, de platón, tenía vidrios polarizados, al parecer eran miembros del Ejército que venían (…)”; añadió que “no vi nada de eso”, refiriéndose al registro que realizaron los militares a vehículo de propiedad de los demandantes, y que después de una hora y media, aproximadamente, vio regresar al automóvil Blazer de color beige con sus ocupantes, escuchando que les habían encontrado en su poder una granada y unos estopines, “pero no sé nada más”.
En Acta de Inspección realizada el día 18 de julio de 2002 por la investigadora judicial II al vehículo Blazer de color beige, placas SAC92M de Venezuela, concluyó que el vehículo no poseía caletas o compartimientos secretos y que sólo “posee los habitáculos normales de la carrocería de este tipo marca y línea de vehículo, así mismo en este momento se presenta el teniente JEFFERSON JAVIER CORREDOR VALBUENA, y el soldado NELSON ENRIQUE LEÓN CONTRERAS, los cuales señalan la parte inferior de los dos cojines delanteros como los sitios en donde se hallaron los elementos incursos en la presente investigación, se procede por lo tanto a tomar fotografías de esos sitios no obstante no corresponden a ninguna caleta sino al espacio normal (…)”.
Se probó que el día 19 de julio de 2002, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cúcuta procedió a resolver la situación jurídica de los demandantes, absteniéndose de proferir medida de aseguramiento en su contra, y disponiendo su libertad inmediata. Al respecto, consideró:
“(…) Así entonces, en este orden de ideas y entrando en materia de análisis probatorio a esta altura procesal, hemos de decir que la prueba a estudiar y sobre la cual se fundamentará la decisión ha (sic) tomar es, que estamos frente a una prueba frágil y débil, que nada nos aporta con la presunta responsabilidad que se pretende endilgar a ALFONSO DELGADO, CARMEN BEATRIZ y GERSON ALBERTO DELGADO, por las conductas que fueron indagados (…)”.
Seguidamente, el día 19 de julio de 2002, se profirieron las respectivas Boletas de Libertad N° 049503, 049504, 049505 a favor de los demandantes, suscribiendo Diligencias de Compromiso ante la Fiscalía Delegada Especializada ante los Jueces Penales del Circuito en la misma fecha.
Que el día 2 de agosto de 2002, Técnicos pertenecientes al CTI, realizaron un registro dactiloscópico a los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado.
Se encuentra probado además que el 28 de agosto de 2002, el agente de carreteras de la Policía Nacional Alfredo Calderón Benavides, quien se encontraba acompañando una encuesta realizada en un peaje cerca del lugar de los hechos, rindió declaración ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cúcuta, al respecto manifestó lo siguiente:
“(…) PREGUNTADO: Así las cosas, por qué será que el Comandante del Escuadrón del Grupo Mecanizado Maza N°, ST. CORREDOR VALBUENA JEFERSON, en su informe de fecha 10 de julio del año en curso, dice que usted en compañía del Soldado ENRIQUE LEON CONTRERAS entre otros, son testigos de la forma como se produjo la captura, así como de los elementos incautados a los señores ALFONSO DELGADO, CARMEN BEATRIZ ESPITIA PABÓN Y GERSÓN ALBERTO DELGADO. Qué puede decir al respecto. CONTESTO: La verdad es que yo en ningún momento me retiré del lugar de servicios que era en donde estábamos realizando la encuesta y si ellos cuando retuvieron a estas personas, eso fue bien arriba, porque demoraron como más o menos cuarenta y cinco minutos por allá y yo en ningún momento hice un desplazamiento con ellos y nada, es de aclarar que este procedimiento lo realizaron exclusivamente ellos, los policiales que nos encontrábamos en el peaje en ningún momento nos retiramos ni nos movimos de ahí, yo en ningún momento vi el vehículo porque usted como sabe, en ningún momento un jefe guerrillero ni va solo ni va desarmado. Lo que si es cierto es que cuando ellos realizaron el procedimiento, el Teniente mandó a un soldado para que nos dijera si nosotros podíamos colaborar en una declaración de lo que había sucedido (…)”.
De otro lado, mediante auto del 22 de noviembre de 2002, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cúcuta declaró el cierre de la investigación seguida en contra de los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado.
Por último, el día 24 de diciembre de 2002, la Fiscalía Especializada – Unidad de Terrorismo 51-4, profirió resolución de preclusión de la investigación a favor de los demandantes Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado, considerando que en el operativo realizado el día 9 de julio de 2002 por miembros del Ejército Nacional, se habían presentado distintas inconsistencias y que las declaraciones rendidas por los militares participes, resultaban contradictorias, concluyendo lo siguiente:
“(…) Por ello, a estas alturas no sabemos qué manipulación se concibió y ejecutó, con qué fin, asistidos los autores de personajes oscuros como YOBANI CUADROS PEÑUELA, el que no fue posible ubicar para que diera razón exacta y pormenorizada de su dicho. Sin dubitación alguna podemos afirmar que aquí hubo maniobras sinuosas, y el comúnmente llamado “montaje”. Más del análisis del universo probatorio los inculpados salen airosos, justamente, iteramos, porque su personalidad no arroja los perfiles de sujetos enemigos de la sociedad, desadaptados, sino de dos hombres y una mujer que a partir de un nacimiento muy modesto lograron escalar en los negocios y acumular fortuna, o hacerse un trabajo honesto y seguro (…)”.
Pues bien, todas estas probanzas demuestran que los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado fueron privados injustamente de su libertad puesto que estuvieron detenidos por un término de 11 días, en virtud de un proceso penal que se precluyó a su favor, situación que hace imputable el daño antijurídico a la Fiscalía General de la Nación.
Ahora bien, con relación a la actuación desplegada por los miembros del Ejército Nacional y la atribución del daño a la Nación Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional, la Sala encuentra evidenciadas graves irregularidades cometidas en el operativo en que resultaron capturados los aquí demandantes y del cual se elaboró el informe con fundamento en el cual la Fiscalía aperturó la correspondiente investigación.
Para ilustrar el asunto tenemos que el Oficial Jefferson Javier Corredor Valbuena, justificó la aprehensión de los demandantes, por cuanto, supuestamente, halló en su poder artefactos explosivos consistentes en una granada, dos tacos de un líquido gris y un paquete con “siete u ocho” estopines eléctricos, aseguró inicialmente, en el informe realizado por él mismo el día 10 de julio de 2002, que los mismos fueron “encontrados en las sillas delanteras del vehículo”, sin embargo, en su declaración rendida el día 18 de julio del mismo año, manifestó al ente investigador que “los ocho estopines eléctricos estaban ubicados debajo de la silla del conductor, la granada estaba ubicada en la silla delantera parte derecha del conductor, y los rollos de líquido gris, fueron encontrados en la silla trasera en el lado izquierdo por debajo de la silla, yo encontré la granada en la silla del pasajero parte delantera debajo de la misma, el soldado León, encontró los estopines debajo de la silla del conductor, y los tubos de líquido gris los encontró el dragoneante Pérez en la silla trasera lado izquierdo (…)”.
Frente a la misma situación, fue llamado a declarar el soldado Nelson Enrique León Contreras el día 18 de julio de 2002, quien al cuestionársele sobre las personas que habían participado en la requisa realizada al vehículo Blazer y de los elementos encontrados, señaló, contrario a lo dicho por el Oficial Corredor Valbuena que el automotor había sido requisado solamente por él y por el Oficial, por cuanto éste le había dado la orden, revelando que: “(…) yo revisé debajo de las sillas los cojines, los de adelante donde va el corredor en la izquierda y encontré los estopines, y habían unos tacos estaban más atrasito pero debajo también del mismo cojín, y el teniente encontró una granada de mano al otro lado pero no me di cuenta en que parte fue (…)”.
Es decir, la declaración rendida por el soldado León Contreras acerca del procedimiento realizado el día de los hechos es totalmente contraria a la manifestada por el oficial Corredor Valbuena, por cuanto éste último alude que participaron tres personas en la labor, incluyendo a los soldados Pérez y León, situación que desmiente el militar Nelson Enrique León Contreras, y respecto de la localización de los artefactos explosivos descubiertos, ninguno de los dos coincide en la ubicación exacta de los mismos dentro del vehículo.
No obstante, en lo que sí coinciden los declarantes Nelson Enrique León Contreras y Jefferson Javier Corredor Valbuena, es en afirmar que los demandantes emprendieron la huida del retén realizado a la altura del peaje ubicado en la carretera que de Cúcuta conduce a Pamplona, a una velocidad “como de setenta, ochenta yo creo y huyeron por la carretera destapada”, según el Oficial y, según el soldado León, la camioneta beige salió soplada, o sea esquivó el retén y se metió por una vía hacia la vereda California”.
Sin embargo, estas afirmaciones fueron desmentidas por el agente de tránsito de la Policía Nacional José Abel Mota Paz, el día 18 de julio de 2002, quien se encontraba presente en el peaje mencionado, ya que estaba regulando el tráfico, y quien, como ya se transcribió previamente, observó que venía una camioneta Blazer beige, la detuvo, hizo un pequeño análisis de los ocupantes del vehículo, no vio nada extraño en el interior y le solicitó al conductor que usara el cinturón de seguridad, posteriormente, el automotor giró de forma “suave (…) a la mínima velocidad, la normal al girar (…), más o menos a unos treinta kilómetros por hora”, sin intentar escapar.
Esta circunstancia fue confirmada por el testigo ocular Hernando Mayorga García, vecino y habitante de la parcela N° 8 en la vereda California de Los Patios, lugar exacto en donde se dieron los hechos, en declaraciones realizadas ante la Unidad Investigativa de la Fiscalía General de la Nación – Seccional Cúcuta el día 17 de julio de 2002, el cual sostuvo que antes de que los miembros del Ejército Nacional interceptaran el vehículo de los actores, “(…) por el frente de mi casa la camioneta pasó despacito, iba despacito, iba como mirando la parcela de ahí del frente, la parcela de un doctor Mogollón (…)”.
Aunado a lo anterior, señaló el Oficial Jefferson Javier Corredor Valbuena en informe del 10 de julio de 2002, que del operativo realizado quedaban como testigos “(…) el señor agente Alfredo Calderón B (…) Policía de carreteras del Escuadrón Vial y el señor patrullero Motta Paz José Abel (…) del Escuadrón Vial (…)”.
No obstante, nuevamente fueron los agentes de tránsito de la Policía Nacional José Abel Mota Paz y Alfredo Calderón Benavides, quienes señalaron al respecto:
José Abel Mota Paz:
PREGUNTO: (…) Estuvo usted presente en el momento que el ejército nacional encontró unos artefactos explosivos en la camioneta Blazer. CONTESTO: No, ni lo vi, ni nada. Yo no vi nada de eso (…)
Alfredo Calderón Benavides:
(…) La verdad es que yo en ningún momento me retiré del lugar de servicios que era en donde estábamos realizando la encuesta y si ellos cuando retuvieron a estas personas, eso fue bien arriba, porque demoraron como más o menos cuarenta y cinco minutos por allá y yo en ningún momento hice un desplazamiento con ellos y nada, es de aclarar que este procedimiento lo realizaron exclusivamente ellos, los policiales que nos encontrábamos en el peaje en ningún momento nos retiramos ni nos movimos de ahí, yo en ningún momento vi el vehículo porque usted como sabe, en ningún momento un jefe guerrillero ni va solo si va desarmado. Lo que si es cierto es que cuando ellos realizaron el procedimiento, el Teniente mandó a un soldado para que nos dijera si nosotros podíamos colaborar en una declaración de lo que había sucedido (…)”.
Las descritas contradicciones, sumadas al hecho de que la investigación se realizó precisamente por el hallazgo de los artefactos explosivos, sin que se lograra acreditar siquiera una relación de los demandantes como guerrilleros activos de las FARC, y mucho menos que los mismos hubiesen portado los elementos “incautados”, tanto así que el operativo fue considerado por el ente investigador en la providencia que precluyó la investigación a favor de los demandantes de la siguiente forma: “Sin dubitación alguna podemos afirmar que aquí hubo maniobras sinuosas, y el comúnmente llamado “montaje”, conllevan a la Sala a considerar que, el daño antijurídico cuya indemnización se persigue en el caso de autos, le es imputable a la entidad demandada Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a título de falla en el servicio puesto que generó la situación de privación injusta de la libertad, cuando procedió a capturar a los actores y a dejarlos a disposición de la Fiscalía General de la Nación sin que tuviera en su poder elementos contundentes y de peso para hacerlo.
En síntesis la Sala encuentra que el daño antijurídico, privación injusta de la libertad es imputable tanto a la Fiscalía General de la Nación, como a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, toda vez que dicho daño tuvo lugar como consecuencia de las actuaciones desplegadas por ambas entidades, de donde se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.
7. Liquidación de perjuicios
Con relación a los perjuicios, la Sala considera aclarar que ellos serán reconocidos en atención a las pretensiones expuestas en el libelo demandatorio, toda vez que tanto el fallo de primera instancia como el recurso de apelación hacen referencia a conceptos que no fueron contemplados en la demanda.
7.1 Perjuicio moral
Por concepto de perjuicio moral, los demandantes solicitaron 200 SMLMV para cada uno de quienes demandan en calidad de privados injustamente de la libertad y sus hijos; y 100 SMLMV para cada uno de los demás demandantes.
A la sazón, como se dejó dicho en el punto 5 de estas consideraciones, la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la detención y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados. En consecuencia la Sala procederá a hacer el respectivo reconocimiento con estricta aplicación de los parámetros jurisprudenciales y, como se dijo, en congruencia con el petitum demandatorio, en donde no se adujo la acumulación homogénea de perjuicios morales, como erradamente lo interpretó el A quo, sino que simplemente se aduce la indemnización del perjuicio en el mismo monto sufrido por quienes sólo padecieron la privación de uno de sus familiares.
En el expediente los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia y Gerson Alberto Delgado comparecieron al proceso como las personas que fueron privadas injustamente de la libertad; que Viviana Katherina Delgado Espitia, Jhon Alber Alfonso Delgado Espitia, y Erika Judith Delgado Espitia, son hijos de las víctimas directas Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón; y que la menor Paola Johana Espitia, es hija de Carmen Beatriz Espitia, parentescos estos que se encuentran comprobados con los correspondientes registros civiles.
A su vez, está probado que los señores German Orlando Delgado, Joel Emiro Delgado y José Roberto Delgado, son hermanos de la víctima directa Alfonso Delgado, parentescos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.
Que los señores Gregorio Emilio Espitia Pabón, Zully Esperanza Espitia Pabón, Martha Elena Espitia Pabón, Yorman Freddy Espitia Pabón y José Edgar Espitia Pabón, son hermanos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia y que su madre es la señora Carmen Beatriz Pabón de Espitia, parentescos demostrados con los correspondientes registros civiles de nacimiento.
Que la señora Rosa Isabel Delgado comparece al proceso como hermana de la víctima directa Gerson Alberto Delgado, parentesco que se encuentra demostrado con el correspondiente registro civil.
Así las cosas, y en consideración a que los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado estuvieron privados injustamente por el término de 0,36 meses, la Sala concluye que los demandantes se encuentran dentro del primer y segundo nivel de cercanía afectiva dispuesto por las tablas jurisprudenciales y se hallan ubicados en el rango indemnizatorio correspondiente al período de privación igual e inferior a un mes, cuya cuantificación se limita a 15 y 7.5 SMLMV (respectivamente), de modo que corresponde a cada uno de ellos, las siguientes sumas indemnizatorias:
Nivel
Demandante
Indemnización
1º
Alfonso Delgado
15 SMLMV
1°
Carmen Beatriz Espitia Pabón
15 SMLMV
1º
Gerson Alberto Delgado
15 SMLMV
1º
Viviana Katherina Delgado Espitia
15 SMLMV
1°
Jhon Alber Alfonso Delgado Espitia
15 SMLMV
1°
Erika Judith Delgado Espitia
15 SMLMV
1°
Paola Johana Espitia
15 SMLMV
1°
Carmen Beatriz Pabón de Espitia
15 SMLMV
2º
German Orlando Delgado
7,5 SMLMV
2º
Joel Emiro Delgado
7,5 SMLMV
2º
José Roberto Delgado
7,5 SMLMV
2º
Gregorio Emilio Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2º
Zully Esperanza Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2º
Martha Elena Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2°
Yorman Freddy Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2°
José Edgar Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2º
Rosa Isabel Delgado
7,5 SMLMV
TOTAL
187,5
7.2 Perjuicio Material a título de daño emergente y lucro cesante
A) Con relación a los perjuicios materiales a título de daño emergente, se solicitó la suma de $30.000.000 por concepto de los honorarios pagados por los señores Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón víctima directa a sus defensores en el proceso penal llevado a cabo en su contra.
Al respecto, observa la Sala que al plenario se allegaron los contratos de prestación de servicios suscritos el día 11 de julio de 2002 entre el señor Alfonso Delgado y el defensor Heriberto Monroy Castañeda; y el celebrado entre Carmen Beatriz Espitia Pabón y la abogada Silvia Rosa Jaime Quintero, en los cuales se señalaban que los mandatarios se comprometían a cancelar por concepto de honorarios profesionales, “a. La suma de 5.000.000, una vez terminada la diligencia de indagatoria. b) La suma de 5.000.000 a la terminación del proceso penal (…)”.
Pues bien, a lo largo del proceso, el día 13 de marzo de 2007 fue recepcionado por parte del fallador de primera instancia, el testimonio del defensor Heriberto Monroy Castañeda, quien manifestó: “(…) Quiero manifestar que en cuanto a mi trabajo profesional se refiere, mis honorarios ascendieron a la suma de diez millones de pesos, los cuales fueron cancelados por mi mandante, esta cantidad se vio evidenciada en el contrato de prestación de servicios que para la fecha suscribí con el señor ALFONSO DELGADO (…)”.
Esta afirmación fue acreditada con las distintas actuaciones llevadas a cabo por el abogado Monroy Castañeda dentro del proceso penal, pues participó como defensor del señor Alfonso Delgado en la diligencia de indagatoria rendida por éste el día 12 de julio de 2002, y en la notificación de la resolución de preclusión proferida a su favor el día 24 de diciembre de 2002.
En consecuencia, la Sala procede a reconocer a favor de Alfonso Delgado la suma de $10.000.000.oo cancelada por concepto de honorarios profesionales. Valor que se actualizará de acuerdo a la siguiente formula.
Ra = Rh x IPC F
IPC I
Ra = $10.000.000,oo X 141.05 (Marzo de 2018)
71,40 (Diciembre de 2002)
Ra = $19.754.901,96
En conclusión, la Sala concederá a título de daño emergente, la suma de $19.754.901,96 a favor de Alfonso Delgado.
Con relación a las sumas solicitadas por la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón, aunque la Sala encuentra que la víctima fue asistida por la apoderada Silvia Rosa Jaime Quintero, no encontró acreditado el pago efectivo de los valores acordados como honorarios profesionales, pues no se allegó constancia de paz y salvo ni otro medio probatorio que acredite dicho pago, motivo por el cual procederá a negar el reconocimiento del daño emergente peticionado por este concepto.
B) Luego, en cuanto al lucro cesante, en el líbelo de la demanda se solicitó en el acápite de “Declaraciones y condenas”, lo que a continuación de transcribe:
“(…) A ALFONSO DELGADO el valor de los perjuicios materiales, en la modalidad de LUCRO CESANTE que sufrió con motivo de la retención ilegal y arbitraria por parte de las autoridades, equivalente a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo) por concepto de la pérdida de su actividad como comerciante de productos agrícolas a partir del mes de julio del año 2002. Dicho valor deberá actualizarse en la respectiva sentencia (…)”.
Posteriormente, en el capítulo de “Competencia y Cuantía”, el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, se solicitó lo siguiente:
“(…) Perjuicios materiales para:
ALFONSO DELGADO el valor de los perjuicios materiales, en la modalidad de LUCRO CESANTE que sufrió con motivo de la retención ilegal y arbitraria por parte de las autoridades, equivalente a la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo), por concepto de la pérdida de su actividad como comerciante de productos agrícolas a partir del mes de julio del año 2002.
Los valores anteriores deberán actualizarse en la respectiva sentencia (…)”.
Así las cosas, como puede apreciarse, en el presente caso sólo fue solicitado el pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la víctima directa Alfonso Delgado; de modo que frente a Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado, no se solicitó indemnización alguna por este concepto, en razón a lo cual la Sala no puede proceder mediante un fallo extra petita que resulte vulneratorio al debido proceso que cobija a la parte demandada.
Ahora bien, en el plenario se acreditó que el señor Alfonso Delgado al momento de ser privado de su libertad ejercía labores de comerciante acompañadas con la administración de las ganancias que percibía respecto de dos busetas de servicio público que eran de su propiedad, lo anterior según los testimonios recibidos por el A quo el día 7 de octubre de 2005 rendidos por los señores Jorge Enrique Ochoa Suarez, Ángel María Maldonado Rodríguez, Fabio Villamizar, y Diego Efraín Solís.
Sobre la acreditación de tales actividades, manifestó el apoderado del demandante en el escrito de apelación que las sumas dejadas de percibir debían ser liquidadas teniendo en cuenta las ganancias líquidas registradas en las declaraciones de renta aportadas al plenario, pero, observa la Sala que en ellas no se hace una diferenciación que permita determinar, independientemente, los ingresos percibidos tanto por su actividad de comerciante, como por la propiedad de los dos vehículos de transporte público, sobre todo porque no fue demostrado que él mismo fuera quien ejerciera la conducción de las busetas, lo que permite inferir que las mismas no dejaron de prestar el servicio durante el tiempo en que el actor se encontró privado de su libertad.
En consecuencia, la Sala considera que la única actividad interrumpida por la privación de la libertad y ejercida por el actor fue la de comerciante de la central de abastos de Cúcuta, empero, debido a que no existe certeza sobre la cuantía del salario que percibía por su ejercicio, ni tampoco la dependencia laboral de la misma, debe acudir equitativamente al salario mínimo legal mensual vigente para la época de éste fallo, esto es $781.242 mensuales que es lo que por lo menos habría de percibir una persona económicamente productiva, sin reconocer las prestaciones sociales y demás emolumentos establecidos por la jurisprudencia proferida por ésta Corporación, toda vez que en la calidad de independiente el actor no devengaba prestaciones sociales ni tuvo que esperar el tiempo de una persona dependiente tarda en conseguir un empleo.
En este sentido, en atención a que el señor Alfonso Delgado estuvo privado de la libertad por el término de 0,36 meses, corresponde un reconocimiento de $280.810,25 según el resultado de la operación realizada con aplicación de la fórmula acogida por la Corporación.
Finalmente, sobre la solicitud del apoderado de los actores manifestada en el recurso de apelación respecto del pago del arancel judicial al que fue condenado en primera instancia, recuerda la Sala que las normas que lo regulaban fueron declaradas inconstitucionales en Sentencia C-169 de 2014, razón por la cual se procederá a revocar la orden proferida por el A quo en este sentido.
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y en su lugar se dispone:
PRIMERO: DECLARAR administrativa, patrimonial y solidariamente responsables a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que la que fueron víctimas los señores Alfonso Delgado, Carmen Beatriz Espitia Pabón y Gerson Alberto Delgado.
SEGUNDO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar a título de perjuicios morales a los demandantes, las siguientes sumas:
Nivel
Demandante
Indemnización
1º
Alfonso Delgado
15 SMLMV
1°
Carmen Beatriz Espitia Pabón
15 SMLMV
1º
Gerson Alberto Delgado
15 SMLMV
1º
Viviana Katherina Delgado Espitia
15 SMLMV
1°
Jhon Alber Alfonso Delgado Espitia
15 SMLMV
1°
Erika Judith Delgado Espitia
15 SMLMV
1°
Paola Johana Espitia
15 SMLMV
1°
Carmen Beatriz Pabón de Espitia
15 SMLMV
2º
German Orlando Delgado
7,5 SMLMV
2º
Joel Emiro Delgado
7,5 SMLMV
2º
José Roberto Delgado
7,5 SMLMV
2º
Gregorio Emilio Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2º
Zully Esperanza Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2º
Martha Elena Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2°
Yorman Freddy Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2°
José Edgar Espitia Pabón
7,5 SMLMV
2º
Rosa Isabel Delgado
7,5 SMLMV
TOTAL
187,5
TERCERO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL a pagar a favor Alfonso Delgado de a título de daño emergente la suma de $19.754.901,96; y a título de lucro cesante, la suma de doscientos ochenta y ocho mil ochocientos diez pesos con veinte cinco centavos ($280.810,25).
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas.
SEXTO: DÉSE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de segunda instancia, conforme al artículo 114 del Código General del Proceso.
SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. 37100/16; Rad. 35796#2y3/16; Rad. 36146/15.
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de la Sala
En cumplimiento a lo estipulado en el acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado. Folios 243 - 251 C.1. Folios 99 – 100 C.1
El apoderado de la Nación - Fiscalía General de la Nación presentó escrito de contestación de la demanda el día 12 de agosto de 2005 (Fls 135-144 C.1). Por su parte, la apoderada del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, allegó escrito de contestación el día 5 de agosto de 2005 (Fls 128-131 C.1). Folios 152- 153 C.1. Mediante auto del 30 de junio de 2003 (Fl 209 C.1). El apoderado de la Nación-Fiscalía General de la Nación presentó alegatos de conclusión el día 14 de julio de 2009 (Fls 241-247C.1). Así mismo, el apoderado de la parte demandante radicó escrito de alegatos el día 10 de julio de 2009 (Fls 210-240 C.1). Del mismo modo, lo hizo la apoderada del Ministerio de Defensa- Ejército Nacional en escrito del 17 de julio de 2009 (Fls 257-262 C.1). Folios 282-293 C.Ppal. Notificada mediante edicto fijado entre el 9 y el 11 de julio de 2012 (Fl 295 C.Ppal). Escrito presentado el día 17 de julio de 2012 (Fl 296 C.Ppal) y sustentado el día 23 de julio de 2012 (Fls 301- 314 C.Ppal). Recurso radicado el día 18 de julio de 2012 (Fls 297-300 C.Ppal). Escrito presentado el 26 de julio de 2012 (Fls 315-325 C.Ppal). Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento (Fl 50 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento (Fl 60 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Viviana Katherina Delgado Espitia en el que se puede verificar que los señores Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón son sus padres (Fl 46 C.1). Copia auténtica del Certificado del Registro Civil de Nacimiento de Jhon Alber Alfonso Delgado Espitia en el que se puede verificar que los señores Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón son sus padres (Fl 47 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Erika Judith Delgado Espitia en el que se puede verificar que los señores Alfonso Delgado y Carmen Beatriz Espitia Pabón son sus padres (Fl 52 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Paola Johana Espitia en el que se puede verificar que Carmen Beatriz Espitia Pabón, es su madre (Fl 48 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de German Orlando Delgado en el que se puede verificar que su madre, es la misma de la víctima directa Alfonso Delgado (Fl 53 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Joel Emiro Delgado en el que se puede verificar que su madre, es la misma de la víctima directa Alfonso Delgado (Fl 54 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de José Roberto Delgado en el que se puede verificar que su madre, es la misma de la víctima directa Alfonso Delgado (Fl 55 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Gregorio Emilio Espitia Pabón en el que se puede verificar que sus padres, son los mismos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón (Fl 57 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Zully Esperanza Espitia Pabón en el que se puede verificar que sus padres, son los mismos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón (Fl 58 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Martha Elena Espitia Pabón en el que se puede verificar que sus padres, son los mismos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón (Fl 59 C.1).
Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Yorman Freddy Espitia Pabón en el que se puede verificar que sus padres, son los mismos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón (Fl 61 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de José Edgar Espitia Pabón en el que se puede verificar que sus padres, son los mismos de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón (Fl 62 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de la víctima directa Carmen Beatriz Espitia Pabón, en el que se verifica que la señora Carmen Beatriz Pabón de Espitia, es su madre (Fl 60 C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento (Fl 51C.1). Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento de Rosa Isabel Delgado en el que se puede verificar que su madre, es la misma de la víctima directa Gerson Alberto Delgado (Fl 56 C.1). ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Consejo de Estado, auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. La fecha de ejecutoria fue determinada atendiendo los lineamientos establecidos en la ley 600 de 2000, en sus artículos 177, 178 y 187. Folios 243 - 251 C.1
Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de enero de 2013. Exp: 22.423. Folios 309-310 C. 2. Folios 311-312 C. 2
Folios 314-315 C. 2
Respaldo del folio 312-313 C.
2
Respaldo del folio 310 C. 2
Folios 7-14 C. 2
Folios 316-317 C. 2
Folios 322-326 C. 2
Folios 327-330 C. 2
Folios 319-321 C. 2
En cuanto a la valoración de la diligencia de indagatoria rendida por el actor, esta Corporación ha sostenido: “la indagatoria puede ser concebida como medio de defensa y a la vez medio de prueba de la cual pueden sustraerse no solo lo que al investigado le beneficia, sino eventualmente lo que le compromete jurídicamente, lo cual no contraría la protección del derecho a no auto incriminarse como lo ampara el artículo 33 constitucional, en la medida que no se obtenga una confesión forzada, por medios intimidatorios. (…). En estos casos, la valoración integral de las pruebas obrantes en el proceso administrativo, han permitido que las indagatorias no solo sean tomadas como medio de defensa judicial cuando estas satisfacen los principios de contradicción, necesidad, pertinencia y conducencia, sino también como medios de convicción válidos para el fallador judicial, de tal suerte que sí pueden ser incorporadas a los procesos de responsabilidad estatal. En el presente caso, se hace necesaria la valoración de la indagatoria para el análisis integral del caso, ya que la etapa instructiva de 1999 padece serios vicios de legalidad; adicionalmente, se cuenta con la sentencia penal y la resolución sancionatoria de la DIAN, los cuales son medios de convicción que apuntan en un mismo sentido, esto es, el conocimiento válido al momento de imponer la medida de aseguramiento (…)” - Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de noviembre de 2015, exp.36.170, reiterada en sentencias del 13 de abril de 2016, exp. 40.111 y del 8 de noviembre de 2016. Exp.44697, proferida de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
Folio 350 C. 2.
Respaldo del folio 350 C. 2.
Folio 351 C. 2
Folio 385 C. 2
Folios 203-205 C.2
Respaldo del folio 176-183 C.2
Folios 184- 186 C.2
Folios 188- 192 C.2
Folios 232-233 C.2
Folios 374-378 C. 2
Respaldo del folio 378 C. 2
Folio 379 C. 2
Respaldo del folio 379 C. 2
Respaldo del folio 381-384 C. 2
Folios 116- 125 C. 2.
Folios 140-143 C. 2.
Folio 243 C. 2
Folio 65-75 C.2
Respaldo del folio 310 C. 2
Respaldo del folio 176-183 C.2
Folios 184- 186 C.2
Folio 182 C.2
Folios 188- 192 C.2
Folios 203-205 C.2
Folio 205 C.2
Respaldo del folio 310 C. 2
Declaración rendida el día 18 de julio de 2002 (Fls 188- 192 C.2).
Declaración rendida el día 28 de agosto de 2002 ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cúcuta (Fls 140-143 C. 2)
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.
Es decir, por 11 días.
Folios 81-82 C.1
Folios 79-80 C.1
Folios 188- 189 C.1
Folios Respaldo del folio 321-326 C.2
Folio 296 C.2
En declaración rendida ante el A quo el día 7 de febrero de 2005 (Fls 178-179 C.1).
Folios 170-171 C.1
Folios 172-173 C.1
Folios 174-175 C.1
Folios 176-177 C.1
Folios 86 y 94 C.1
Es decir, por el término de 11 días contados desde el 9 y hasta el 19 de julio de 2002.
Lucro cesante consolidado acogida por esta Corporación, así:
Lucro cesante Consolidado= Ra x (1+0,004867)n-1
___________________________
0,004867
Donde “n” es el tiempo de privación de la libertad, en este caso 0,36 meses, y “Ra” el valor del salario mínimo legal vigente para el año 2018, o sea $781.242.
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