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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2015-00077-01

Fecha
20 de abril de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2015-00077-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 11 de febrero de 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Carmen María Ojeda Felizzola contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO. No con denar en costas por lo expuesto. TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2015-00077-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

20 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., veinte (20 ) de abril de dos mil veintitrés (2 023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 20001233300020150007701 (1649-2016)
Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1

Tema: Pensión gracia. Tipo de vinculación . Interinidad . Contratos
de trabajo y prestación de servicios. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de
Estado, conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 11 de febrero de 2016 , proferida
por el Tribunal Administrativo de l Cesar, que accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

La señora Carmen María Ojeda Felizzola , por inte rmedio de
apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 13 8 de la Ley
1437 de 2011 3, formuló en síntesis las siguientes:

1 En adelante UGPP.
2 Folios 182 a 196.
3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ,

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Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001233300020150007701 (1649-2016)
Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

1.1. Pretensiones

Declarar la nulida d de las Resoluciones PAP 019794 del 20 de
octubre de 2010 y RDP 026604 del 12 de junio de 2013 , proferidas
por la UGPP, a través de las cuales se negó el reconocimiento y
pago de la pensión gracia a favor de la accionante; y de las
Resoluciones RDP 031461 del 12 de julio de 2013 y RDP 036802
del 12 de agosto de 2013 por medio de las cuales se resolvieron
negativamente los recursos de reposición y en subsidio de
apelación interpuestos contra la Resolución RDP 026604 del 12 de
junio de 2013 .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia , en
cuantía del 75% del IBL con la inclusión de todos los factores
salariales, efectiva a partir del 3 de mayo de 2009 , fecha en la que
alcanzó el estatus pensional ; (ii) hacer los ajustes de valor
conforme al IPC de acuerdo con lo establecido en el artículo 187
del CPACA; (iii ) cumplir la sentencia en los términos del artículo
192 ibidem o, de lo contrario, sufragar intereses moratori os de que
trata el numeral 4 del artículo 187 del mismo ordenamiento ; y (iv)
pagar las costas del proceso.

1.2. Fundamentos fácticos

a). La señora Carmen María Ojeda Felizzola nació el 3 de mayo de
1959.

b). La accionante prestó sus servicios como docente desde el 25 de
julio de 1978 hasta el 1 de agosto de 2013 de manera interrumpida.

en adelante, CPACA

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Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

c) El 12 de mayo de 2009 la demandante presentó una solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad
demandada.

d) La UGPP m ediante la Resolución PAP 019794 del 20 de octubre
de 2010 negó la pensión gracia , toda vez que en su criterio los
tiempos laborados fueron prestados con nombramiento del orden
nacional.

e) El 21 de marzo de 2013 la accionante presentó una nueva
solicitud que fue resuelta de fo rma negativa mediante la
Resolución RDP 0 26604 del 12 de junio de 2013 , RDP 031461 del
12 de julio de 2013 y RDP 036802 del 12 de agosto de 2013 , que
resolvieron los recursos de reposición y apelación ,
respectivamente , con los mismos arg umentos, es decir, que no era
posible acceder a la solicitud en tanto que la vinculación a la
docencia fue de carácter na cional.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Al desarrollar el concepto de violación , indicó que la UG PP incurrió
en una infracción directa de la norma superior por falta de
aplicación ya que tiene derecho a la pensión gracia al haber
acreditado más de 20 años de servicios como docente del orden
territorial y contar con 50 años de edad , vinculad a antes del 31 de
diciembre de 1980 y haberse desempeñado con honradez,
consagración, idoneidad y buena conducta .

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4

La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar
que a la actora no le asiste derecho a percibir la pensión gracia al

4 Folios 257 a 263.

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haber estado vinculada como docente nacional.

Propuso como excepciones (i) fa lta de requisitos pensionales o
inexistencia de obligación ; y (ii) prescripción.

3. AUDIENCIA INI CI AL 5

El 25 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia inicial por
parte del Tribunal Administrativo del Cesar, oportunidad en la que
determinó (i) que no existía ninguna irregularidad que generara la
nulidad del trámite; (ii) las exce pciones formuladas por la
accionada se resolverían en la sentencia , y (iii) fijó el litigio en los
siguientes términos:

« [ …] est e lit igi o s e cont r ae a est able cer si la se ñor a CA RM EN
M ARÍ A O JEDA FELI ZZO LA, t iene der echo a que la UNI DA D
ADM I NI STRATI VA D E G ESTI Ó N PENSI ONAL Y CO NTRI BUCI O NES
PARAFI S CAL ES D E LA PRO TECCI Ó N SO CI AL - UG PP- , le
r econozca y pague l a pensión gr ac ia a p ar t i r del dí a en que cum plió
el st at us, en cuant í a equivale nt e al 7 5% del ingr eso ba se de
liqu idac ión, con la inclus ión de t odo s los f act or es salar iales
devengados e n el año inm ed iat am ent e ant er ior a la f ec ha de
adquis ició n del der e cho, int er eses m or ator ios y los r eaj ust es a que
haya lugar , t eniendo en cuent a el í ndice de pr ecios al consum idor ,
lo que con ll evar í a a la dec lar at or ia de la nu lid ad d e las
Resoluc iones N° PA P 019794 del 20 de O ct ubr e de 2010, N° RDP
026604 de l 12 de Ju nio de 20 13, N° RD P 031461 de l 12 de J ulio d e
2013 y la N° RDP 036802 del 12 de Agost o de 2013 a t r avés de las
cuales se negó su r econocim ient o, con la consecuent e or den de
pago.

En caso de acceder se a las pr et ensiones de la dem anda igual m ent e
debe det er m inar se si es pr ocedent e declar ar la pr osper ida d de la
excepción de pr escr ipción f or m ulada por la par t e dem andada,
r espect o de las m esadas r eclam adas t ar dí am ent e. » ( sic)

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo del Cesar , en sentencia del 11 de febrero

5 Folios 284 a 294. CD a folio 295.
6 Folios 342 a 362.

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de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda , así:

«PRI M ERO : Declár ese no pr obada la excepción de " falt a de
r equisit os pe nsion ales pr opuest a p o r la ent idad dem andada
UNI DA D A DM I NI ST RAT I VA DE GEST I Ó N PENSI O NA L Y
CO NT RI BUCI O NES PA RA FI SCA LES DE LA PRO T ECCI Ó N
SO CI A L , por r azones expuest as en la par t e m ot iva de est a
Pr ovidenc ia

SEG UNDO : Declár ese pr obada la excepción de pr esc r ipción
pr opuest a por la ent idad dem andada UNI DA D A DM I NI ST RAT IVA DE
G EST IÓ N PENSI O NA L Y CO NT RI BUCI O NES PA RA FI SCALES DE
LA PRO T ECCI Ó N SO CI A L , en los t ér m inos expuest os en la par t e
consider at iva de es t e pr oveí do.

T ERCERO : Declar ar la nul idad de las Reso luc iones Nos.
PAP019 794 de 20 de oct ubr e de 2010, RDP 026604 de 12 de j unio
de 2013, RDP 031461 de 12 de j ulio de 2013 y DP 036802 de 12 de
agost o de 2013, pr ofer idos por la CA JA NA CI O NA L DE PREVI SI Ó N
SO CI A L EM PRESA I NDUST RI A L Y COM ERCI A L DEL ESTA DO EN
LI Q UI DA CI Ó N ( hoy UG PP) y por la UNI DA D A DM I NI ST RATI VA DE
G EST IÓ N PENSI O NA L Y CO NT RI BUCI O NES PA RA FI SCALES DE
LA PROT ECCI Ó N SO CI A L , act os a t r avés de los cuales se negó el
r econocim ient o y pa go de la " pensió n m ensual vit al ic ia de j ubilac ión
gr acia a f avor de la señor a CA RM EN MA RÍ A O JEDA FELI ZZO LA ,
en vir t ud de las m ot ivaciones de est a sent encia.

CUA RT O : En consecuencia de la ant er i or declar ación de n ulid ad y
a t í t ulo de r est ablecim ient o del der ech o, O RDENA R a la UNI DA D
A DM I NI ST RAT I VA DE G EST IÓ N PENSI ONA L Y CO NT RI BUCI O NES
PA RA FI SCA LES DE LA PRO T ECCI Ó N SO CI A L , r econocer y pagar
una pensi ón m ensu al vit a lic ia de j ubi l ación gr aci a a la señor a
CA RM EN M A RÍ A OJEDA FELI ZZO LA , con inc lusió n de t o dos los
f act or es salar i ales que acr edit ó dur ant e el año inm ediat a m ent e
ant er ior al de la ca usación de l der echo , est o es, a par t ir del 4 de
m ayo de 2009, apli cando la cor r espondient e pr escr ipción t r ienal;
así m ism o se deber á descont ar el valor de los apor t es no r ealizados,
sobr e los f act or es salar ia les cer t if icado s, si hubier e lugar a ello.

Q UI NTO : O RDENA R la indexac ión de las sum as debidas de
conf or m idad con la sigui ent e f ór m ula:
[ …]
Est a condena t endr á ef ect ividad a par t i r del 21 de m ar zo de 2010,
por ef ect os de la aplicac ión de la pr es cr ipción t r iena l a la que se
hizo m ención en la par t e consider at iva de est e pr oveí do.

SEXT O : CO NDENA R en cost as y agencias en der echo a la UNI DA D
A DM I NI ST RAT I VA DE G EST IÓ N PENSI ONA L Y CO NT RI BUCI O NES

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PA RA FI SCA LES DE LA PEST O NCI ONA SO CI A L. En f irm e la
pr esent e pr ovidenci a, por la secr et ar ia de la Cor por ación, realí cese
la l iqui dació n cor r espondient e en a pl ica ción de l o dispu est o en el
ar t í culo 188 del CP ACA Y 305 de l CG P.

[ …] »

Para el efecto, indicó que, de los actos de posesión, así como de
las certificaciones expedidas por la Unidad de Recursos Humanos
del municipio de Aguachica, no existe duda de los tiempos de
servicios intermite ntes comprendidos entre el 25 de junio de 1978
al 30 de noviembre de 1983 , con los que se acredita la vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 como docente territorial o
nacionalizad o y los cuales deben tenerse en cuenta.

De igual forma, de acuerdo con los contratos de prestación de
servicios docentes suscritos entre la demandante y el municipio de
Aguachica, se encuentra acreditado también el tiempo laborado en
esa modalidad de manera intermitente entre el 15 de mayo de 1986
al 31 de octubre de 1989 lo que deben ser tenidos en cuenta como
de carácter territorial al haber sido suscritos directamente con el
municipio.

En cuanto al periodo comprendido entre el 30 de mayo de 1990 al
1 de enero de 2015, señaló que d el acto de nombramiento y las
normas citadas en el mismo, es dable concluir que se trata de un
cargo como docente nacionalizado a ser desempeñado en
establecimiento educativo del mismo orden, por lo que dichos
tiempos deben ser tenidos en cuenta.

Por lo anterior, ind icó que se acredita ron en tiempos de servicio un
total de 28 años, 11 meses y 27 días.

En cuanto a los restantes requisitos, cumplió 50 años el 3 de mayo
de 2009 y no ha sido objeto de sanciones disciplinarias y no recibe
otra recompensa de orden nacional.

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Por lo anterior, concluyó que es procedente acceder a la
declaratoria de nulidad de los actos demandados y ordenar el pago
de la pensión gracia a partir del 4 de mayo de 2009 , efectiva desde
el 21 de marzo de 2010 por efecto de la prescripción de las mesadas
no reclamadas oportunamente.

Condenó en costas a la UGPP por haber sido vencida según lo
dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisió n y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda .

Para ello, sostuvo que, con base en la certif icación laboral
aportada, registra haber laborado como docente de carácter
nacional en el municipio de Aguachica, Ces ar y que, aunque
hubiese sido nombrada por un ente territo rial, la vinculación fue con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1990, por lo
que dichos tiempos no pueden computarse .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demanda nte 8 solicitó co nfirmar la sentencia recurrida
por encontrarse de acuerdo con los argumentos expuestos por el
tribunal.

6.2 La entidad demanda da 9 reiteró lo expuesto en el escrito de
apelación.

El Ministerio Público guardó silencio según el informe secretarial

7 Folios 367 y 368.
8 Folios 429 y 430.
9 Folios 431 a 434.

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obrante a folio 435 del expediente .

II. CONSIDERACI ONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 1 0 , el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 10 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2.2 Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada , corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿La señora Carmen María Ojeda Felizzola , en su calidad de
docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de
1913 y demás normas que regulan dicha prestación ?

Para resolver el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden

«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
10

instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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metodológico: (i) la pensión gracia ; y (ii) el análisis del caso
concreto.

2.3 Marco normati vo y jurisprudencial

2.3.1 La pensión gracia

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913 , en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un t érmino no
menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
misma, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspi ran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recib ido o recibir otra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 a ños de edad.
Por su parte, la L ey 91 de 1989 precisa que el docent e se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los emplead os y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección con el fin d e completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

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Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«ARTÍ CU LO 1. Para los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuaci ón de cada uno de
ellos:

Per sonal naci onal . Son los docent es vi n culados por nombra mi ent o
del G obi erno Naci onal .

Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vincu lad os por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vinculados a par t ir de est a f echa, de conf orm idad con lo
dispuest o por la Ley 43 de 1975.

Per sonal t erri t orial . Son los docent es vincula dos por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al , a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin e l cum pl im ient o de l r equis it o e st ablecido en e l ar t í culo 10
de la Ley 43 de 197 5. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el reconocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:

«[ …] A. Los docent es vincul ados hast a e l 31 de di ci embre de 1980
que por m andat o de las Leyes 1 14 de 1913, 116 de 19 28, 37 de
1933 y dem ás nor mas que las hub ier an desar r ollad o o m odif icado ,
t uviesen o lleg ar en a t ener der echo a la pensión d e gr acia, se les
r econocer á siem pr e y cuando cum plan con la t ot alidad de los
r equisit os . Est a pensión seguir á r econociéndos e por la Caj a
Nacion al de pr evis i ón Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 1976 y
ser á com pat ible con la pensi ón or din ar i a de j ubilac ión, aún en el
event o de est ar ést a a car go t ot al o par cial de la nac ión. [ …] »

De las diferentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta
Corporación ha ad vertido que la pen sión gracia no es un derecho
para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado , es decir, excluyendo a los
docentes nacionales de su reconocimiento. Sobre el particular, la

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Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de
agosto de 1997 11 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclusiva m ent e,
los naciona liz ados que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vincula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lle gar en a t ener d er ech o a la pe nsión de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que
sin la ley 91 de 198 9, en especial la no r m a cont enida en el lit er al
A, num er al 2, de su ar t í culo 15, dichos ser vidor es no p odr í an
benef iciar se del r ec o nocim ient o de t al pensión, pues habié ndose
naciona liz ado la ed ucación pr im ar ia y secundar ia of ici ales , dicha
pr est ación, en r eali dad, no t endr í a el car áct er de gr aciosa que
inic ialm ent e le as ign ó la ley. [ …] . »

Ahora bien, con el fin de determinar el carác ter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territo rial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE -S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 12 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o cedí a la
Nación a las ent id ad es t er r it or iales, en vigenc ia de la Car t a de 1886
y hast a cuando per m anecier on en v igor en la Const it ució n de 1991,
no obst ant e , su or igen o f uent e nacional , una vez se incor por aban a
los pr esupuest os lo cales pasaban a se r de pr opiedad excl usiva de
los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .

ii) Los ent es t err it oriales son los t it ular e s dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que les gir a la Nació n, pr ovenient es del si st ema
general de part i ci paci ones , por asigna ción dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.

ii i) La f inanc iac ión de los g ast os q ue gener aban los f ondos
educat i vos regi on a l es no solo dependí a de los r ecur sos qu e gir aba
la Nac ión a l as en t idades t er r it or iales por concept o del si t uado
f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los ent es locales dest inar
par t e de su pr esupuest o par a at end er al sost enim ient o de los

11C o n s e j o
de Estado, Sal a Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 P r o c e s o
identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01 (3805-
2014), de Gladys Amanda Hernández Triana contra la UGPP.

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Radicación: 20001233300020150007701 (1649-2016)
Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

r ef er idos f ond os educat ivos ( ar t í culos 29 del Decr et o 3157 de 1968;
y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 1988) .

iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los gast os
que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es naciona les
y naciona lizad os, r esult a f act ible co legir de m aner a r azonada que lo
pr opio acont ecí a con algunas de l as er ogaciones s alar ia les
or igina das por el ser vicio que pr est aban l os educador es t er r it or iales,
ya que los r ecur sos dest inados par a t al f in pr ovení an t ant o de la
Nación —si t uado fi scal — com o de las ent idades t er r it oriales, y
adem ás, en uno y ot r o caso, el uni ver so de esos r ec ur sos le
per t enecí a de f or m a exclusiva a lo s ent es loca les d ado que
ingr esaban a sus pr esupuest os en cali dad de
r ent as exógenas y endógenas.

v) Por t ant o, no es dable inf er ir que lo s docent es t er r it or iales y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en ed uca dor es nacion ales ( i) cuando
en el act o de su vinculac ión int er vien e , adem ás del r epr esent ant e
lega l de la ent idad ter r it or ial, el delegad o per m anent e del M inist er i o
de Educación Nacion al com o m iem br o de la j unt a
admi ni st radora del r espect ivo f ondo educat i vo regi onal , así , est e
últ im o, cer t if ique la vacancia del car go j unt o con la disponibi li dad
pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ent o de que los r ecur sos dest inados
par a su sost enim ien t o t ienen su or igen o f uent e en la Nación .

vi) Prueba de cal i dad de docent e t erri t ori al . Se r equier e copia de
los act os adm inist r at ivos donde const e el ví nculo, en los que adem ás
se pueda est ablece r con suf icient e clar idad que l a plaza a ocupar
sea de aquel las que el leg isla dor ha pr evist o com o t er r it or iales, o en
su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la r espect iva cer t i f icación
de la aut or idad nom inador a que dé cuenta de m aner a inequí voca que
el t ipo de vincu lació n al cual se encuent r a som et ido el docent e of icial
es de car áct er t er r itor ial.

vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al r econocim ient o de la pensión
gr acia, es la acr edit ación de la p laza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t er r it or ial o naciona liz ada, pues conf or m e a los lineam ient os
f ij ados por la Sa la en est a pr ovidenc ia , en lo que r espect a a los
educador es t er r it or iales, e l pago de sus acr eencias pr ovení a
dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r espect iva loc alid ad, o
de las exógenas —si t uado f i scal — cuando se suf r agaban los gast os
a t r avés de los f ondos educat i vos regional es ; y en lo que tiene que
ver con los e ducad or es naciona l izados , las er ogaci ones q ue est os
gener aban se enm a r can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . » (Resaltado del texto
original)

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Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda , incorporó
adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación
que debe darse al artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de
1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que
« Los docent es pueden acceder a la pensión gr ac ia ant es y después del
29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando acr edit en una vincul ación
t er r it or ial o nacional izada con ant elac ió n al 31 de diciem br e de 1980 y
cum plan con los d em ás r equisit os le galm ent e est ablec id os par a su
r econocim ient o».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro
que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar que él o la docente laboró 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembr e de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Caso concreto

En atención a las anteriores precisiones, la Sala p rocederá a
examinar las prueb as obrantes en el e xpediente a fin de verifica r si

13 P r o c e s o
identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la UGPP.

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a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, por cumplir con los requisito s legales,
concreta mente frente a los tiempos de servicios acredit ados.

2.4.1 Actuación administrativa

i) El 12 de mayo de 2009 la demandante presentó una solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad
demandada, la cual fue resuelta mediante la Resolución PAP
019794 del 20 de octubre de 2010 14, que negó la pensión gracia,
toda vez que, conforme a los tiempos aportados, coligió que fueron
prestados con nombramiento del orden nacional.

ii) Posteriormente, la accionante presentó una nueva solicitud el 21
de marzo de 2013, que fue resuelta de forma negativa mediante la
Resolución RDP 026604 del 12 de junio de 2013 15 por la
demandada , al considerar que, conforme a los tiempos de servicio
aportados, estos fueron prestados con nombramientos del orden
nacional.

iii) La accionante recurrió la anterior decisión . La UGPP por medio
de la Resoluci ón RDP 031461 del 12 de julio de 2013 16 resolvió de
forma negativa el recurso de reposición y argumentó que, si bien
«la solicitante fue nombrada y posesionada con tiempos laborados
antes del 80, los cuales so lamente suman 1.450 días
correspondientes a 4 años y 10 meses válidos para el
reconocimiento pensional del docente. Los demás tiempos
certificados como lab orados, es decir, los certif icados a partir del
año 1990 no resultan válidos para obtener el reconocimiento
pretendido, en razón a que contaba con vinculación NACIONAL.»

14 F o l i o s 6 a 8.
15 F o l i o s 9 a 11 Vto.
16 F o l i o s 12 a 13.

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iv) La UGPP, por medio de la Resolución RDP 036802 del 12 de
agosto de 2013 17, resolvió el recurso de apelación negándolo con
los mismos argumentos , al no haber allegado la recurrente
documentos que permitan variar la d ecisión.

2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto

2.4.2.1 La accionante nació el 3 de mayo de 1959 18, por lo que el
mismo día y mes del 2009, cumplió los 50 años de edad.

2.4.2.2 Respecto de los tiempos de servicio, se encuentra
acreditado lo siguiente:

a) Periodos comprendidos entre el 25 de junio de 1978 al 30 de
noviembre de 1983:

i) La jefe de la Unidad de Recursos Humanos y Físicos de la
Alcaldía Municipal de Aguachica 19, en certificado 192 R-H,
expedido el 5 de mayo de 2009, indicó:

«Q ue r evisados los ar chivos de act as de posesión y cont r at os
exist ent es en est a dependencia se const at ó que la Señor a
CARM EN M AR lA O JEDA FELI ZZO LA, I d ent if icada con la cé dula
de ciudadaní a No. 49. 650. 914 expedid a en Aguachica, labor o
( sic) com o maest ra muni ci pal los siguie nt es per iodos:

M ediant e Act a de Posesión
• Desde el 25 de Jul io hast a el 30 de Novi em br e de 1978.
• Desde el 05 de f ebr er o hast a el 30 de Noviem br e de 1979.
• Desde el 13 de Febr er o hast a el 30 Novi em br e de 1980.
• Desde el 11 de Jun i o hast a el 30 de Noviem br e de 1981.
• Desde el 01 de M ar zo hast a el 30 de Noviem br e de 1982.
• Desde el 01 de Febr er o hast a el 30 de Noviem br e de 1983.

17 F o l i o s 15 a 17 Vto.
18 A s í
consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía y registro civil de
nacimiento allegados en el expediente administrativo digital obrante a folio
254.
19 A l l e g a d a en el expediente administrativo digital obrante a folio 254.

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M ediant e cont r at o
• Desde el 15 de M ayo hast a el 30 de Noviem br e de 1. 986
• Desde el 01 de M ar zo hast a el 31 de Agost o de 1989.
• Desde el 01 de Sept i em br e hast a el 31 de O ct ubr e de 1989. »
( sic)

ii) Por solicitud elevada por parte de esta Sala , fue allegado
certificado expedido por la Alcaldía Municipal de Aguachica,
emitido el 11 de mayo de 2018 20 en el que se señala:

«Q ue r evisados m inuciosam ent e las act as de posesión y act os
adm inist r at ivos exi st ent es en est a Dependenc ia se pudo
const at ar q ue la se ñor a CARM EN M A R I A O JEDA FELI ZZO LA,
I dent if icada con la cedula de ciudadaní a No. 49. 650.914,
expedida en Agu ac hica - Cesar labor o ( sic) par a est e M unicipio
( sic) desem peñand o el car go de D o cent e M uni ci pal y sus
nom br am ient o s f uer on M EDI ANTE V I NCULA CI O N Lega l y
Reglam ent ar ia ( s ic) r ealizad os por los A l caldes M unic ipa les ( sic)
de esa época en su condición de r epr esent ant e legal del ent e
t er r it or ial del M unic ipio ( sic) de A guac hica, en los s igui e nt es
per iodos:

• Desde el 25 de Jul io hast a el 30 de Novi em br e de 1978.
• Desde el 05 de f ebr er o hast a el 30 de Noviem br e de 1979.
• Desde el 04 de f ebr er o hast a el 30 de Noviem br e de 1980.
• Desde el 11 de Jun i o hast a el 30 de Noviem br e de 1981.
• Desde el 01 de M ar zo hast a el 30 de Noviem br e de 1982.
Desde e l 01 de f ebr er o hast a el 30 de N oviem br e de 1983 . »
( sic)

iii) La Secretaría de Educación del departamento del Cesar,
mediante Oficio CSD-ex313 del 15 de mayo de 2018 informó:

«[ …] est e despacho se per m it e adicio nar inf or m ación al legad a por
el M unic ipi o ( sic) de Aguach ica en v ir t ud del pr oceso de la s eñor a
CARM EN M ARI A O JEDA FELI ZZO LA - C. C. 49. 650. 914,
docum ent ación que conf ir m a los t iem pos de ser vicios pr est ados
por la m enciona da, así m ism o se esclar ece el t ipo d e vinc u l ación
com o DO CENT E M UNI CI PA L , par a los t iem pos ant er ior es a los
labor ados d ir ect am ent e con est e ent e t er r it or ial, los cual es se
habí an cer t if icado en of icio ant er ior r emit ido por est a ent idad; los

20 F o l i o s 466 y ss.

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docum ent os que se enví an se r elaciona n de la sigui ent e m a ner a:
• Cer t if icado de Tiem pos de ser vic ios em i t ido por la ALCA LDI A
M UNI CI PAL DE AG U ACHI CA, ( 01 f olio)
• Copia aut ent ica del Act a de Posesión del 25 de Julio de 1978,
( 01 f olio)
• Copia aut ent ica de l Act a de Poses ión del 14 d e M ar zo de
1979, ( 01 f olio)
• Copia aut ent ic a del Act a de Posesión del 13 de Febr er o de
1980, ( 01 f olio)
• Copia aut ent ica de l Act a de Posesión del 11 de Junio de 1981,
( 01 f olio)
• Copia aut ent ica de l Act a de Poses ión del 01 d e m ar zo de
1982, ( 01 f olio)
• Copia aut ent ic a del Act a de Posesión del 21 de f ebr er o de
1983, ( 01 f olio) »

Las actas de posesión relacionadas fueron aportadas y obran
en el expediente a folios 309 a 317 .

Si bien en el presente asunto no se allegaron los actos de
nombramiento, lo cierto es que sí se aportaron copias de las actas
de las cuales se extrae de manera clara que la docente Carmen
María Ojeda Felizzola fue posesionad a por el alcalde municipal de
Aguachica, como maestr a en la Escuelas El Libertador, Escuela
Municipal Las Américas, Escuela E l Faro y en la Escuela El
Cesarito , en el periodo comprendido entre el 25 de junio de 1978 y
el 30 de noviembre de 1983 .

En ese sentido dichos documentos públicos logran esclarecer los
términos en que se desempeñó , máxime cuando el respectivo
municipio certif icó que los mismos da ban cuenta de su vinculación
como docente municipal y que sus nombramientos fueron
«mediante vinculación legal y regla mentaria realizados por los
alcaldes municipales de esa época en su condición de
representante legal del ente territorial del Municip io (sic) de
Aguachica .»

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Vale advertir que sobre este periodo no existió discusión en sede
administrativa ni en sede judicial y los documentos no fueron
tachados, por lo que a esta Sala no le queda duda de que la señora
Ojeda Felizzola p restó sus servicio s c omo docente de carácter
territoria l municipa l, por lo que dicho s tiempos deben ser tenidos
en cuenta y con los mismos queda acreditada la vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1980.

b) De los periodos comprendidos entre el 15 de mayo y el 30 de
noviembre de 1986 y del 1 de marzo al 30 de noviembre de
1989.

Según la certificación emitida por la jefe de la Unidad de
Recursos Humanos y Físicos de la Alcaldía Municipal de
Aguachica 21, en certificado 192 R-H, expedido el 5 de mayo de
2009, relacionado en el literal anterio r, consta que la accionante
prestó sus servicios también mediante contratos de pre stación
de servicios , así:
« [ …]
M ediant e cont r at o
• Desde el 15 de M ayo hast a el 30 de Noviem br e de 1. 986
• Desde el 01 de M ar zo hast a el 31 de Agost o de 1989.
• Desde el 01 de Sept i em br e hast a el 31 de O ct ubr e de 1989. »
( sic)

Fueron allegados al proceso los siguientes contratos:

a) Contrato de trabajo a término definido (hasta el 30 de
noviembre de 1986) del 15 de mayo de 1986 22 entre la
demandante y el municipio de Aguachica (suscrito p or el
alcalde municipal ), en el que se establece que la accionante
«[…] se obliga a poner al servicio del Municipio (sic) de
Aguachica en la Escuela LA CAMPANA toda su capacidad

21 A l l e g a d a en el expediente administrativo digital obrante a folio 254.
22 F o l i o s 40.

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normal como educador y en forma exclusiva para el
desempeño de sus funciones propias del oficio y labores
anexas o complementarias, además de ser coordi nador de la
CAMPAÑA CAMINA, de conformidad con las o rdenes (sic) o
instrucciones que se le impartan por conducto del
contratante, para el caso, el A LCALDE, quien será
considerado como su jefe inmediato.[…] »

b) Contrato de prestación de servicios del 22 de febrero de
1989 23 suscrito p or el alcalde de Aguachica como
representante legal del municipio y la accionante para prestar
servicios educativos con un término de duración de seis (6)
meses (31 de agosto de 1989 ) iniciando el 1 de marzo de
1989, el cual fue prorrogado posteriormente hasta el 30 de
noviembre de 1989 24.

La Sala precisa que a efectos de la pensión gracia, lo que se debe
acreditar a través de los contratos es el objeto de los mismos, es
decir, que efectivamente se haya vinculado a la accionante para
prestar el servicio docente , por cuanto la Ley 114 de 1913 lo que
está permitiendo es la retribución a quien haya ejercido la labor de
maestro, por lo tanto, los servicios prestados por los educadores
vinculados a través de contratos u órdenes de prestación de
servicios, para efectos de la p ensión que se reclama, deben ser
tenidos en cuenta para el cómputo del reconocimiento de dicha
prestación, toda vez que durante el lapso laborado mediante d icha
modalidad, se entienden configurados los elementos de la relación
laboral que son inherentes a la activid ad realizada por lo s maestros.

23 F o l i o s 41 y 42.
24 F o l i o 43.

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Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 25 ha sido clara
en señalar que el tiempo de servicio prestado p or los docentes
mediante órdenes o contratos de prestación de servicio s, sí resulta
computable para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la
docencia en el nivel territo rial o nacionalizado requeridos para ser
beneficiario del derecho pensional reclamado. Así, por ejemplo, en
reciente providencia se sostuvo:

«[ …] En est os casos, dada la nat ur alez a de la f unción doc ent e, el
pr incip io de la pr im a cí a de la r eal idad so br e las f or m alidad es cobr a
especia l r elevanc ia, habida cuent a de q ue la la bor dese m peñada a
t r avés de cont r at os u ór denes de pr est ac ión de ser v icios d es ent r aña
una ver dader a r elación de t r abaj o sobr e la apar iencia que haya
quer ido ocu lt ar la, com oquier a que los m a est r os vinculados ba j o esa
m odalida d de cont r at ación, se insist e, cum plen s im ilar es f uncione s
a los de plant a que est án suj et os a un especí f ico r égim en legal y
r eglam ent ar io y, ad em ás, deben acr edi t ar iguales co ndic io nes de
f or m ación y exper iencia.

De igua l f or m a, en lo que r espect a a est e t ipo de vincu laci ón, en
par t icular cua ndo se t r at a de m aest r os, la Cor t e Const it ucio nal es
del cr it er io que l a «[ …] pr im ací a de la r ealida d sobr e las
f or m alidades est ablecid as por los suj et os de las r elacione s
labor al es, es un pr i ncipi o const it ucio na l [ …] » 26, y si el int ér pr et e
j udicia l, «[ …] en un caso concr et o, decide, por que lo encuent r a
pr obado, ot or gar le a un docent e cont r at is t a el car áct er de t r abaj ador
al ser vicio d el Est ad o, puede hacer lo co n base en el ar t í culo 53 de
la CP [ …] » 27.

En est os casos, dada la nat ur alez a de la f unción d oce nt e, el
pr incip io de la pr im a cí a de la r eal idad so br e las f or m alidad es cobr a
especia l r elevanc ia, puest o que la labor desem peñada a t r avés de
ór denes de pr est ación de ser vicios desent r aña una ver dader a
r elación de t r abaj o sobr e la apar ienc ia que haya quer ido oc ult ar la,
com oquier a que los m aest r os vinculad os baj o esa m odali dad de
cont r at ación, se insi st e, cum plen sim ilar es f unciones a los d e plant a
que est án suj et os a un especí f ico r égim en lega l y r eglam en t ar io y,

25 V e r
entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000
2007 91356 01 (1465 -09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-
2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300 –2017); 11 de marzo de 2001, radicado
52001-23-33-000-2016- 00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado
17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
26 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
27 I b i d e m .

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adem ás, deben acr edit ar iguales co n dicio nes de f or m ación y
exper ienc ia. Por t ant o, la Sala valid a el t iem po labor ado por el
accionant e com o d ocent e m ediant e c ont r at os de pr est ación de
ser vicios, par a que sea cont abil izado co n el ej er cido en pr opie dad,
cir cunst ancia que l e per m it e, pr evio estudio de su caso par t icular ,
acceder al r econoci m ient o de la pensió n gr acia. . [ …] » 28

En conclusión, para efectos de la pensión gracia y en aras de
acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la
Ley 114 de 1913, deben tenerse en cuenta los servicio s prestados
por los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios, en razón a que ejercen la s mismas
funciones que los vinculados en propiedad mediante un acto legal
y reglamentario. En este punto, lo relevante es que el docente, al
reclamar el dere cho, haya prestado esos servicios en un
establecimiento del nivel territorial o nacionalizado , situación que
fue acreditada mediante los contratos allegados y la certificaci ón
relacionada, por lo que dichos tiempos deben incluirse en el cálcu lo
para acceder a la pensión gracia.

En esos términos, no cabe duda para esta Sala que dichas
vinculaciones , mediante contra to de trabajo a término
indefinido, que dicho sea de paso, de acuerdo con el artículo 32
del Decreto 2277 de 1979 se señala que el cargo de coordinador es
un cargo directivo de la educación oficial que tiene carácter
docente, así como el de prestación de servicio s, resultan
computables para acceder a la pensión gracia , pues dan cuenta
de que la demandante fue vinculada al servicio del municipio de
Aguachica, como docente en los perio dos referidos , labo r que como
se dijo, resulta ser efectiva para acceder al beneficio de la pensión
gracia, pues las leyes que regulan la materia la concibieron como
una compensación o retribución a favor de los maestros que

28 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de septiembre de
2021, radicación: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18).

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Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

laboraran en el nivel territo rial sin exigir una calidad de vinculación
específica 29.

c) Del periodo comprendido entre el 30 de mayo de 1990 hasta
la 1 de enero de 2015 , nombrada mediante el Decreto 201
del 18 de mayo de 1990 30.

« Decr et o No. 201 de 1990
( 18 M AYO 1990)

PO R M EDI O DEL C UAL SE NO M BRA EN PRO PI ED AD A UN
DO CENTE DE PRI M ARI A EN LA ESCU ELA Y/ O
CO NCENT RA CI O N ESCO LAR NACI O NALI ZADA:
CO NCENT RA CI O N JO RG E ELI ECER G AI TAN

EL ALCA LDE M UNI CI PAL DE AG UA CH I CA EN EJE RCI CI O DE
LAS AT RI BUCI O NE S CO NFERI D AS PO R EL AR TÍ CULO 9° DE
LA LEY 29 D E 1989, Y DE CO N FO RM I DAD CO N LO S
DECR ETO S NACI O NALES 22 77 DE 197 9 Y 1706 DE 1989

C O N S I D E R A N D O

A) Q ue ha solicit ud d e est a Alcaldí a, el Jef e de la O f icina
Secciona l de Escala f ón, cert if icó en Of icio No . ___ del 11 de
M AYO de 199_, el Señor ( a) CARM EN O JEDA FELI ZZO LA ,
r eúne los r equisit os par a desem peñar el car go, que cont ra
él ( ell a) no cu r sa pr oceso dis cip li na r io y que no est á
pendient e de sanc ió n discip lin ar ia alg un a.

B. ) Q ue el Deleg ado ( sic) per m anent e del M inist er io de
Educació n Nacion al ant e el F. E. R., del Dpt o del Cesar , con
O f icio No. 012 de l 1 0 de Abr i l de 1990 c er t if icó: a. ) Q ue exist e
dispon ibi li dad pr esupuest al, par a la Naci onal i zaci ón de la
Educació n at r avez (sic) del F. E. R. en est e car go. b.) I gualm ent e
cer t if icó que el docent e CARM EN O JEDA FELI ZZO LA est á
dent r o de las pr ior i dades est ablec idas en es t e m unicipi o y dá
( sic) cum plim ient o al Decr et o 1706 del 1 de Agost o de 19 89,
Ar t í culo 10 y 17 .

C. ) Q ue el docent e CARM EN O JED A FE LI ZZO LA har á par t e de
las 110 p lazas Doc e nt es asum idas por la Nación e n el m unic i pio

29 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015,
y más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
30 F o l i o s 45 y 46.

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Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

de Aguach ica de co nf or m idad con la Le y 12 de 1989 par a que
labor e com o Docent e de pr im ar ia en la Escuela y/o
Concent r ación Es colar Naci onal iza do CO NCEN TRA C I Ó N
JO RG E ELI ÉCER G AI TÁ N que f unciona en est e M unicipio y se
encuent r a vacant e.

D) Q ue par a est e car go ( ) ( sic) exist e list ado de ele gib le s.

E. ) Q ue se encuent r an r eunidos los r equis it os lega les p ar a
ef ect uar el nom br amient o del m encion ad o Educador .

D E C R E T A

ARTÍ CULO P RI M ERO : Nóm br ese en pr opiedad a CAR M EN
O JEDA FELI ZZO LA con cédula de ciud adaní a No. 49. 650.914
expedida e n AG UAC HI CA Espec ial idad NO RM ALI STA G r ado 1.
En el Escalaf ón par a [ que] desem peñar a el car go de DO CENTE
DE PRI M ARI A, en la Escue la y/ o Concent r ación Esc olar
Nacion al izada: CO NCEN TRA CI Ó N JORG E ELI ECER G AI TÁN
que f unciona en est e M unicipi o.

ARTÍ CULO SEG UN DO : la per son a nombr ada, t om ar á posesión
del em pleo en este Despacho acr edi t ando pr eviam ent e los
r equisit os l egal es, af ili ándose a l I SS del Dep ar t am ent o del
CESA R y adj unt ó c er t if icaciones exped idas por e l D e lega do
per m anent e del M ini st er io de Educa c ión Nacion al ant e e l F. E . R.
del Ces ar , en que const e que no t ie ne vincu laci ón con los
pr ogr am as que c ancela el Fond o Educ at ivo Regi onal ; por el
Tesor er o del Dpt o , donde se ind iqu e que t am poco t iene
vincul ación c on esa Ent idad ; y por e l Tes or er o de est e M unici pio
( sic) en el m ism o sent ido; y adj unt a dos ( 2) dec lar ac iones de
ext r aj uicio dond e c er t if ica su n ó ( sic) vincul ación labor a l con
Ent idad est at al y su r eal conocim ie nt o.

PARAG RA FO : Novedad f iscal con f echa de posesión e inic ia ción
de labor es.

ANI CULO TER CERO : Par a los f ines le g al es per t ine nt es enví ese
dos copias del pr esent e al D elegado ( sic) per m anent e del
M inist er io de Educación ant e el F. E. R, junt o con dos ( 2) copias
aut ent icadas de la c édula de c iudad aní a y C onst ancia de
Escalaf ón.

ARTI CULO CUAR TO : O r dénese l a aper tur a de una car pet a que
cont en ga los docum ent os y Hoj a d e vida del Educador , con lo
Tar j et a de Ser vicios.
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE

El Alca lde M unic ipa l La Secr et ar ia» ( sic)

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Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

• Según el Acta 088 del 30 de mayo de 1990 31, la demandante
tomó posesión del cargo de «Docente primaria en la
Concentración Jorge Eliecer Gait án», ante el alcalde
municipal de Aguachica, el secretario y el jefe de educación
municipal.

• De acuerdo con la Certificación emanada de la Secretaría de
Educación de la Gobernación del Departamento del Cesar,
emitida el 15 de enero de 2013, la accionante presta sus
servicios en el ramo de la educación, nombrada por
Resolución 201 del 18 de mayo de 1990, posesionada el 30
de mayo de 1990.

«Que el tiempo laborado fue en educación primaria y su
nombramiento de carácter nacional.»

Que el tiempo de servicios prestado al departamento del
Cesar es de 22 años, 7 meses y 16 días.

• Según el Formato Único para la Expe dición de Certificado de
Historia Laboral del FOMAG emitido por la Secretaría de
Educación Departamental del 1 de agosto de 2013 32, se
señala:

SITUACIÓN LABORAL
TIPO DE VINCULACIÓN
Nacional X Nacionalizado Departamental Municipal Distrital
TOTAL
Tipo y Nro. de FECHA
NOVEDADES FECHA A.A. DESDE HASTA DÍAS (360 X
A.A. POSESIÓN
AÑO)

Situación Administrativa NOMBRAMIENTO dd mm aa dd mm aa dd mm aa dd mm aa

1 Plantel Educativo 201 8342
Municipio AGUACHICA
Calidad docente 18 5 90 30 5 90 30 5 90 1 8 13

Lo anterior permite evidenciar que la accionante fue nombrada
mediante el Decreto 201 del 18 de mayo de 1990. La autoridad que

31 F o l i o 47.
32 F o l i o 52.

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Demandante: Carmen María Ojeda Felizzola

nominó a la demandante como docente fue el alcalde municipal de
Aguachica en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo
9 de la Ley 29 de 1989 y de conformidad con los Decret os 2277 de
1979 y 1706 de 1989.

En cuanto a l artículo 9 de la Ley 29 de 1989 se tiene:

«A rt í cul o 9º . - El art í culo 54 quedar á así : Se asi gna al Alca lde
M ayor del Dist r it o Especia l de Bo got á, y a l os alcal des
muni ci pal es, l as funci ones de nombrar , tr asladar , r em over,
cont r olar y, en gener al adm in ist r ar el personal docent e y
adm inist r at ivo de los est abl eci mi ent os educat i vos naci onal es o
naci onal i zados , plazas of ic ial es d e coleg ios coope r at ivos,
pr ivados, j or nadas adicio nales, t eniend o en cuent a las nor mas del
Est at ut o Docent e y la Car r er a Adm inist r at iva vigent es y que expida n
en adelant e el Cong r eso y el G obier no Nacion al, aj ust ándose a los
car gos vacant es de las plant as de per sonal que apr uebe el G o bier no
Nacion al y las dis po nibi li dades pr esupu est a les cor r espondi ent es.
[ …]

Parágraf o 1º . - Los sal ari os y prest aci ones soci al es de est e
personal , cont i nuarán a cargo de l a Naci ón y de l as ent i dades
t erri t ori al es que l as crearon .

Parágraf o 2º . - La Nación no asum e r esponsabi li dad alguna por los
nom br am ient os que excedan las pla nt as de per sonal apr obad as por
el G obier no Nacion al par a la r espect iva j ur isdicción m uni cipal y
par a la j ur isdicci ón de la I sla de San A ndr és, ni naciona liz ar á el
per sonal así design ado. Ver art í cul o 6 Ley 60 de 1993 Ley 91 de
1989 y art í cul o 176 Ley 115 de 1994 .

Los nom br am ient os y dem ás novedades de per sonal que se ll egasen
a pr oducir por f uera de las r espect ivas plant as de per sonal o
cont r aviniend o las nor m as del Est at ut o Docent e y de la Car r er a
Adm inist r at iva y las dispon ib il idades pr esup u est ales
cor r espondient es, ser án de exclusiva r e sponsabi li dad del m unici pio
o ent idad t er r it or ial que los hic ier e, y suyas las car gas civi les,
adm inist r at ivas y lab or ales que de t ales a ct uaciones se despr endan.
El f uncio nar io que pr oduj er e el nom br am ient o o la noved ad de
per sonal, inc ur r ir á en causal de m ala conduct a, y r esponder á
solid ar iam ent e con la ent idad que dicho funcionar io r epr esent e. Ver
art í cul o 106 Ley 115 de 1994 .

[ …] »

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Sobre el particular, se precisa que el nombramiento en uso de las
facultades otorgadas en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989, no
significa per se que la vinculación sea nacional, puesto que en
virtud de esa disposición normativa se asignaron a los alcaldes
municipales las funciones de nombra r, trasladar, remover, controlar
y, en general, administrar el personal docente y administrativo de
los establecimientos educativos nacional o nacionalizados.

Por su parte, el De creto 1706 de 1989, reglamentó los artículos 7,
10 y 18 de la Ley 29 de 1989, con la intención de desarrolla r un
régimen que se adecuara a la administración de la prestación del
servicio educativo, mientras que el Decreto 2277 de 1979,
estableció el régimen especial para regular las condiciones de
ingreso y demás situaciones administrativas sobre el ejercicio de la
profesión docente.

Debe resaltarse que en el acto de nombramiento se indicó que el
delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
F.E.R. del departamento del Cesar, certificó que existe
disponibilidad pre supuestal , situación que, de acuerdo con la
sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 se señaló que «no
es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacion alizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su
vinculación intervie ne, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación
Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, as í ́ , este último, certifique la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal [...]» .

En el caso concret o, resulta indispen sable resaltar que el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el F.E.R. del
departamento del Cesar, quien, de acuerdo con lo disp uesto en el
artículo 6o. de la Ley 29 de 1989 era el encargado de administrar
los recursos, cert if icó que exist ía disponibilidad presupuestal para

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la nacionalización de la educación en ese cargo . Es decir que de
manera exp lícita se determinó que se trataba de una plaza
nacionalizada .

Ahora bien, en el mencionado acto de nombramiento se señaló que
la docente haría parte de las 110 plazas docentes asumidas por la
Nación en el municipio de Aguachica, de conformidad con la Ley 12
de 1989 «Por la cual se nacionaliza la educación básica primaria,
básica secundaria y media vocacional, que o ficialmente viene
prestando el Departamento del Cesar y sus Municipios .»

Lo anterior significa que esas 110 plazas fueron asumidas
económicamente por la Nación , es decir, que ésta se encargó del
pago de los salarios de dichas plazas en la Concentración Escolar
Jorge Eliecer Gaitán , lo cual resulta concordante con lo dispuesto
en el artículo 3 que estableció que a partir del 1 o. de enero de 1988
y hasta el 31 de diciembre del mismo año, la Nación asumir ía los
gastos de funcionamiento de la educación básica primaria,
secundaria y la media vocacional que presta ba el departamento del
Cesar y sus municipios de manera progresiva así: en un 60%; luego
en 1989 en un 80% y para el 1o. de enero de 1990 el 100% se
encontrarían a cargo de la Nación .

En dicha ley se estableció también (art. 2o.), que las prestaciones
sociales del personal adscrito a los establecimientos que se
nacionalizan y que se hayan causado hasta el momento de la
nacionalización, serán de cargo de las entidades a la s que han
venido perteneciendo , en tanto que , las que se caus aran a partir
del momento de la nacionalización ser ían atendidas por la Nación.
Igualmente, se dejó establecido que el Departamento del Cesar y
los municipios pagarán a la Nación, d entro del término de diez (10)
años y por cuotas partes, las sumas que adeudaría n hasta entonces
a los servicios d e los planteles por concepto de prestaciones
sociales no causadas o no exigibles al tiempo de la nacionalización ,

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pasivos estos que se determinarán de común acuerdo entre la
Nación, el Departamento del Cesar y los municipios.

De otro lado, resulta pertinente señalar que esta Sala 33 ha
precisado que en casos como este «El carácter nacionalizado de la
designación también encuentra respaldo en el artículo 1 de la Ley
91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados aquellos
«docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de est a fecha, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». Criterio que
igualmente sostuvo la Corte Constitucional en Sentencia C -085 de
2002, al señalar que los «docentes nacionalizados» son «los
vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, por las entidades
territoriales». No obstante, se precisa que dichas reglas
jurisprudenciales deben analizarse en cada caso particu lar en
conjunto con los demás elementos de juicio para concluir sin lugar
a equívoco la naturaleza jurídica del vínculo docente .

De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis
la docente fue nombrada por una entidad territorial con
posterioridad al 1.º de enero de 1976 con ocasión de la
nacionalización , la referida regla jurisprudencial co bra mayor
importancia porq ue permite , junto con la valoración d el acto de
nombramiento, concluir que la naturaleza jurídica de la vinculación
de la demandante fue nacionalizad a.

Adicionalmente, en el mencionado acto se indica que la institución
educativa en la cual fue nombrada (Concentración Escolar Jorge
Eliecer Gaitán), t ambién es nacionalizada y, adicionalmen te la
demandante ocupaba un cargo de docente en primaria.

33 V e r
entre otras, la sentencia de 16 de febrero de 2023. Radicado: 81001-23-
33-000-2013-00128-01 (1518-2015) y del 27 de febrero de 2023 radicado
20001 23 33 000 2015 00099 01 (1487–2017).

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En esos términos, se encuentra acreditado que la docente Carmen
María Ojeda Felizzola , a partir del 30 de mayo de 1990 ostenta la
vinculación de carácter nacionalizado, pues así se desprende de la
interpretación inte gral que se efectúa de lo determinado en el acto
de nombramiento al señalar que la plaza a ocupar es de las
adjudicadas por efecto de la Ley 12 de 1989.

Ahora, si bien el certificado de tiempo de servicios emanad o de la
Secretaría de Educación de la Gobernación del Departamento del
Cesar, así como el Formato Único para la Expedición de Certificado
de Historia Laboral del FOMAG emitido por la Se cretaría de
Educación Departamental , señala n que se trató de una vinculación
nacional, ello resulta desvirtuado a la luz del análisis realizado al
acto de nombramiento que, como ya se dijo, vinculó a la docente
en una plaza nacionalizada en una institución educativa
nacionalizada.

Así las cosas, la Sala encuentra que el ejercicio de la profesión
docente por más de 20 años está lo suficientemente demostrada,
pues las pruebas aportadas permiten concluir sin lugar a equ ívoco
que se desempeñó como educadora de manera interrumpida con
carácter de territorial y nacionalizada , tiempo que resulta apto
para cumplir con el requisito establecido para acceder a la pensión
gracia.

2.4.2.3 En cuanto al requisito de buena conducta, obra en el
proceso certificad o de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación en el que se afirmó por la autoridad
competente que la demandante, a la fecha de su expedición el 11
de mayo de 2009 34 no registraba sanciones o inhabilidades . Lo
anterior, en concordancia con la de claración de buena conducta
rendida por la accionante el 12 de mayo de 2009 35.

34
Folio 90.
35
Folio 89.

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Además, se advierte que aspecto no fue objeto de discusión en sede
administrativa o en la primera instan cia, por lo que se presume la
buena fe de la interesad a en cuanto al cumplimiento del requisito
de honradez, consagración y buena conducta.

Así, a esta Sala no le queda duda de que la accionante (i) se vinculó
al servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 ; (ii)
prestó sus servicios como docente con un vínculo de naturaleza
territorial y nacionalizad a, y cumplió 20 años de servicio el 3 de
febrero de 2005 ; (iii) alcanzó 50 años de edad el 3 de mayo de
2009, fecha en la que obtuvo el estatus pensional ; y (iv) no existen
pruebas de que haya incurrido en causal de mala conducta, lo que
indica que es beneficiari a de la pensión gracia.

En cuanto a la prescripción , la acto ra cumplió con los requisitos
para acceder al reconocimiento pensional el 3 de mayo de 2009 ;
radicó una primera solicitud de reconocimiento y pago de la
prestación el 12 de mayo de 2009 , sin emba rgo, dado que la
demanda la interpuso el 9 de febrero de 2015, aquella petición no
tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción al deja r transcurrir
más de tres (3) años desde que la radicó y present ó la respectiva
demanda.

Posteriormente, el 21 de marzo de 2013 la interesada presentó una
nueva solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia
interrumpiendo la prescripción hasta el 21 de marzo de 2016, y la
demanda fue presentada el 9 de febrero de 2015 , es decir, dent ro
del término a que hace referencia el Decreto 1848 d e 1969, de
manera que , en el presente caso, se observa que operó el fenómeno
de la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 21
de marzo de 2010 , tal y como lo indicó el a quo.

En estas condiciones , le asiste razón al Tribunal Administrativo del
Cesar al declara r la nulidad de los actos administrativo s
demandado s y ordenar el reconocimiento de la pensión gracia a

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favor de la demandante en los términos indicados, por lo que habrá
de confirmarse la decisión contenida en la sentencia del 11 de
febrero de 2016 .

3. Conclusión

Conforme a lo expuesto, la señora Carmen María Ojeda Felizzola
logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos acusados,
por lo que le asiste el derecho a la pensión gracia . En ese sentido ,
esta Subsección considera que debe confirmarse la se ntencia del
11 de febrero de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, por medio de la cual , accedió a las pretensiones de la
demanda.

4. Condena en costas de segunda instancia

Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8.º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que « solo habr á lugar a cost as cu ando en e l
expedient e apar ezc an que se ca usar on y en la m edi da de su
com pr obación », presupuesto que fue desarrollado en providencia del
7 de abril de 2016 .

No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta
es fruto de lo dispu esto en las reglas jurisprudenciales t razadas en
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguardar
los principios de b uena fe y confianza legítima.

En mérito de lo expuest o, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.

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F A L L A:

PRIMERO. CO NFI RMAR la sentencia del 11 de febrero de 2016 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Carmen
María Ojeda Felizzola contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas
en la parte motiva de la presente sentencia.

SEGUNDO. No con denar en costas por lo expuesto.

TERCERO. En firme esta decisión, devolver el expediente al
Tribunal de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el
programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de l veinte (20 ) de abril de dos mil veintitrés (202 3).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

RAFAE L FRANCIS CO SUÁREZ V ARGAS
Consejero de Estado

www.consejodeestado.gov.co 32
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

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