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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00997-01

Fecha
18 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00997-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. MODI FICAR el ordina l segundo de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de diciembre de 2020, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por l a señora Alba Nory Sánchez Clavijo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia , el cual quedará así: « SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se conden a a la UGPP a reconocer y pagar a Alba Nory Sánchez Clavijo, identificada con la cédula de ciudadanía 38.445.228, la pensión gracia a que tiene derecho, a partir del www.consejodeestado.gov.co 33 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 76001233300020140099701 (4473-2021) Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo 20 de julio de 2 007 , fecha en que consolidó su estatus pensional, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados entre el 20 de julio de 2006 y el 19 de julio de 2007, según certificación que deberá expedir la entidad territorial según se explicó , con efectos fiscales a partir del 17 de septiembre de 2011 , por prescripción trienal. » SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de diciembre de 2020. TERCERO. No condenar en costas por lo expuesto. CUARTO. Reconocer personería a la abogada Judy Rosana Mahecha Páez , portadora de la tarjeta profesional 101.770 del Consejo Superior de la Judicatura p ara representar a la entidad accionada . QUINTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00997-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

18 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001233300020140099701 (4473-2021)
Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1

Temas: Pensión gracia . Tiempo de servicio docente. Ley 1437 de
2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección resuelve el re curso de apelación interpuesto
por la entidad demandada contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de diciembre de
2020, que accedió a las pretensiones de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

La señora Alba Nory Sánchez Clavijo , por intermedio de apoderad o,
en ejercicio del me dio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3, ,
requirió declarar la nulidad de l as Resoluciones PAP 19898 del 20
de octubre de 201 0 y PAP 40667 del 25 de febrero de 2011 , por

1 En adelante UGPP.
2 Folios 37 a 42 Vto.
3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 76001233300020140099701 (4473-2021)
Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo

medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia,
liquidada con el 7 5% del promedio devengado el año anterior a la
adquisición del estatus pensional ; (ii) cumplir la sentencia, y
cancelar intereses corrientes durant e los seis (6) primeros meses
contados a partir de la ejecutoria de l fallo , e intereses moratorios
al finalizar ese término en caso de no dar cumplimiento a la
sentencia en los términos de los art ículos 1 92 y 195 del CPACA ;
(iii) ajustar las sumas tomando como base el índice de precios al
consumidor –IPC–, desde el momento del reconocimiento hasta que
se realice el pago ; y (iv) pagar costas y agencias en derecho
conforme lo dispone el artículo188 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Hechos que funda mentan la demanda

La señora Alba Nory Sánchez Clavijo indicó que nació el 27 de abril
de 1957 y laboró como docente de manera interrumpida desde el 8
de septiembre de 1975 hasta el 7 de enero de 2013.

El 26 de mayo de 2009, la demandante solicitó el recon ocimiento y
pago de la pensión gracia que le fue negada mediante los actos
censurados en el presente asunto.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

En su escrito la actora señaló que con los actos administrativos
demandados la UGPP incurrió en violación directa de normas
superiores que regulan la materia, y falsa motivación, pues
desconoció el contenido de los documentos allegados , aun cuando
cumplía con los requisitos de edad, tiempo de servicio como
docente nacionalizado o territorial y vinculación anterior al 31 de
diciembre de 1980, exigidos para acceder a la pensión gracia .

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Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por considerar que carecen de asidero jurídico , en tanto
que los actos administrativos fueron expedidos en debida forma y
de acuerdo con lo ordenado por la ley .

Señaló que, de acuerdo con los documentos aportados por la
actora, a 31 de diciembre de 1980 no se encontraba vinculada a la
docencia con vinculación territorial o nacionalizada y los tiempos
correspondientes al periodo comprendido entre el 8 de septiembre
de 1975 y el 19 de septiembre de 1976 no se acreditaron a través
de prueba idónea y pertinente, razón por la cual , no fueron tenidos
en cuenta.

Adicionalmente, indicó que los tiempos de servicio pre stados con
posterioridad tampoco se acreditaron en debida forma, de manera
que no cumple con el requisito de los 20 años de servicio.

Propuso las excepciones de (i) inexistencia de la obligación
demandada y cobro de lo no debido; (ii) ausencia de vicios en el
acto administrativo demandado; y (iii) prescripción.

3. AUDIENCI A INI CIAL 5

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en acatamiento al
artículo 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 24 de
junio de 2015 , oportunidad en la que fijó el problema jurídico en los
siguientes términos:

«Hay acuer do en l a f echa de nacim ie nt o , act os adm inist r at ivos
expedidos y hay dif icult ad en punt o a est ablecer los t iem pos de
ser vicio y t ipo de nom br am ient o y la ent idad que pr of ir ió el
nom br am ient o [ …]. »

4 Folios 87 a 89.
5 Folios 94 a 98. CD allegado a folio 9 3.

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Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo

4. SENTENCIA DE PRIMERA I NSTANCIA 6

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de diciembre de
2020, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y, en consecuencia , accedió a las pretensiones de la demanda .
Condenó en costas y agencias en derecho a la entidad demandada
así:

«[ …]
SEG UNDO : Com o consecuenci a de l a ant er ior declar ación, se
condena a la UG PP a r econocer la pensión gr acia a que t iene
der echo la señor a Alba Nor y Sánchez Clavij o y a pagar el
r et r oact ivo a que ha ya lugar , desde e l 1 7 de sept iem br e de 2011,
por pr escr ipción t r ienal, de conf or m idad con lo señalad o en la par t e
m ot iva de est a pr ovidencia.

[ …] »

La autoridad judicial , indicó que no habían sido aportadas actas de
posesión de la actora y solo se cuenta con las certificaciones
aportadas por las Alcaldías de los municipios de Ca rtago , de Argelia
y del FO MAG, no obstante, estas señalan que las instituciones en
las que la demandante trabajó eran de carácter municipal.

Afirmó que la actora se vinculó antes del 31 de diciembre de 1980
de acuerdo con la constancia expedida por el municipio de Argelia
en la que se indica que inició sus la bores docentes desde el 8 de
septiembre de 1975.

En ese orden encontró acreditado los 20 años de servicio docente
el 19 de septiembre de 2009, así como el cumplimiento de la edad,
por lo que le asiste el derecho a la pensión gracia y de acuerdo con
la fecha de presentación de la demanda, se encuentran prescritas
las mesadas causadas con anterioridad al 17 de septiembre de
2011.

6 Folios 146 a 161.

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Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo

Condenó en costas a la deman dada de acuerdo con lo establecido
en el artículo 188 del CPACA en armonía con el numeral 1.º del
artículo 365 del CGP .

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7

La UGPP solicitó revocar la decisión , por considerar que con la
decisión proferida se desconoció la normatividad y jurisprudencia
aplicables al tema.

Alegó que el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 1975
y el 19 de septiembre de 1976 no pueden computarse, toda vez que
« en sede ad m inist rat iva solo se allega r on declar aciones ext r aj uicio, a
f in de que f uesen ev aluadas com o pr ueb as suplet or ias y se a cr edit ar a la
exigenc ia de 20 año s de ser vicio pr evist a [ …] . Fr ent e a lo cual r esult a
indis pensab le r esalt ar que no es viable suplir a t r a vés de t est im onios ,
los hechos que deb en const ar por escr it o [ …] », y debió acudir a las
entidades donde deba reposar la información y en caso de que ello
no sea posible, estas deberán expedir certificación en la que conste
que ello es así y solo en ese cas o tendrán el valor de prueba
supletoria.

Adujo también que la calidad de docente territorial no se acreditó
con el documento idóneo proveniente del jefe de recursos humanos
o quien haga sus veces en el que se establezca la calidad de
docente, fuente de f inanciación e indicando los elementos o
soportes de la calificación de la plaza.

De lo anterior, se desprende que la actora laboró como docente
oficial desde el 3 de febrero de 1989 hasta el 20 de abril de 2009,
y en ese orden, no cumplió con el requisito de vinculación anterior
al 31 de diciembre de 1980.

7 Folios 145 a 147.

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Respecto de la condena en costas, señaló que corresponde
estudiarlas desde el punto de vista objetivo valorativo, por lo que
en el presente proceso debe tenerse en cuenta que se adelantó con
total celeridad y d e manera responsable y adicionalmente, adujo
que la UGPP es u na entidad adscrita al Min isterio de Hacienda y
Crédito Público, por lo que la condena afecta directamente al erario
y los contribuyentes.

En ese orden solicitó reconsiderar la sanción con miras a su
disminución y con el objeto de proteger el patrimonio económico de
la entidad.

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demandant e no se pronunció.

6.2 La entidad de mandada 8 reiteró los argumentos del recurso de
apelación .

El Ministerio Públ ico y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado guard aron silencio .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Est ado es competente para resolver el recurso de
apelación interpuesto , de acuerdo con el artículo 150 de l Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9 y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código

8 Memorial allegado vía correo electrónico, obrante en SAMAI, visible a
índice 20.
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales ad ministrativos […]».

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General del Proceso 10.

2.2. Cuestión previa

Previo a resolve r e l asunto de fondo, la Sala advierte que la UGPP
solicitó 11 unifica r jurisprudencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 271 del CPACA, al considera r que es necesario
determinar «qué es lo que debe ent ender se com o “ plaza docent e” su
def inic ión, r equis it os y lineam ient os qu e per m it an diluc idar cuáles son
las cond ic iones que debe r eunir “ la plaza ” a la que se r ef ier e la sent encia
de unif icaci ón SUJ - 11- S2 DE 21 - 06- 2018, par a ser consider ada com o
naciona l, naciona liz ada o t er r it or ial».

Sobre el particular , se precisa que, esta Sección 12, al resolver
varias solicitud es análogas a la presente, decidió no avocar
conocimiento del asunto, puesto que las alegaciones de la UGPP
no resultan determinantes para emitir una sentencia de unificación,
además del hecho de que el Consejo de Estado ya definió criterios
específicos sobre la «plaza docente», entre otras, en sentencias
como la del 29 de agosto de 1997 13; 22 de enero de 2015 14; 21 de
junio de 2018 15 y del 11 de agosto de 2022 16.

10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
11 S o l i c i t u d presentada el 3 de mayo de 2022, visible en SAMAI a índice 13.
12Consejo de Estado, Sección Segunda, auto del 20 de octubre de 2022,
radicación: 54001-23-33-000-2013-00344-01 (4053-2015).
13 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 29 de agosto de 1997, radicación S -699.
14Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de enero de 2015,
radicación: 25000-23-42-000-2012-02017-01(0775-2014).
15Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 21 de junio de 2018,
radicación: 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-2014) SUJ-011CE-S2-
2018.
16 C o n s e j o de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022,
radicación: 15001-23-33-000-2016-00278-01(3018-2017) SUJ-030CE-S2-
2022.

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En esos términos, la entidad a ccionada deberá estarse a lo resuelto
en las providencias referida s, resalt ándose que la decisión aquí
adoptada se acompasa con el objeto de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo que es ga rantizar la efectividad de los
derechos reconocidos en la Constitu ción y la ley, pue sto que, al
tratarse de una controversi a re lacion ada con asuntos pensionales,
debe impedirse cualquier trámite dilatorio al estar involucradas
personas de la tercera edad.

Por ello, resulta imperativo atender el hecho de que, a través de la
Ley 2055 del 10 de septiembre de 2020, se aprobó la «Convención
Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de
las Personas Mayores», que en su artículo 4, literal c), esta bleció
el compromiso de adoptar y fort alecer «todas la s medidas
legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de
cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a
fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y
preferencial en todos los ámbitos ».

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala , de acuerdo con el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada , determinar lo siguiente:

1. Si la señora Alba Nory Sánchez Cla vijo , en su calidad de
docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha
prestación .

2. Si le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas y
agencias en derecho a la UGPP en sede de primera
instancia y si es p osible su disminución .

2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

2.4.1. La pensión gracia .

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La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.

Respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia,
la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su
reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i)
haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración
y buena conducta; ii) no haber recib ido o recibir ot ra pensión o
recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años de edad.
Por su parte, la L ey 91 de 1989 exige que el docente se haya
vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1 de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucció n pública y
autorizó la suma de servicios prest ados en diversas épocas al
computar los años en la enseñanza primaria, la norm alista y la
inspección, con el f in de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.

Con la Ley 37 de 1933, el beneficio se hizo extensivo a los maestros
de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios
señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º , distinguió
entre los conceptos de docente «nacional», «nacionalizado» y
«territoria l».

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocim iento de la pensión gracia para los docentes al establecer
que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen

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o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos.

En ese orden, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está
prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir,
con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la
Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de
agosto de 1997 señaló con claridad dicha exclusión.

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 17 previó las
pautas jurisprudenciales a seguir en relación con el presupuesto
proveniente del situado fiscal y la titularidad de los recursos
provenientes del sistema general de participaciones.

Dicha decisión hizo también referencia a los fondos educativos
regionales, los cuales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados y
en ese sentido se aclaró que el universo de esos recursos con los
que se financiaban, le pertenecía de forma exclusiva a los entes
locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas, por lo que no es dable inferir que los
docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en
educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial,
el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo
regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con

17Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente
en la Nación.

La sentencia en mención, se refirió a la prueba de calidad de
docente territorial para lo cual, determinó que se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha pre visto como
territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva cert ifica ción de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.

En cuanto al origen de los recursos de la entidad nominadora, se
señaló que lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de
la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es,
que sea de carácter territo rial o nacio nalizada.

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 18 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que Los docentes
pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacion alizada con antelación al 31 de diciem bre de 1980
y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para
su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos

18Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

En conclusión, queda claro que, para acceder al reconocimiento de
la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales,
en primaria o en secundaria o como normalista o in spector de
instrucción pública , o en calidad de docente nacionalizado, con
alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo,
siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir
con los demás requisitos exigidos, es decir, haber alcanzado la
edad de 50 años y haber observado buena conducta.

2.5. Actuación administrativa

a) El 26 de mayo de 2009 , la accionante presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad
demandada .

b) La UGPP mediante la Resolución PAP 19898 del 20 de
octubre de 2010 , negó la petición por considerar que no acreditó
mediante prueba documental y preex istente el periodo comprendido
entre el 8 de septiembre de 1975 y el 19 de septiembre de 1976 y
solo aportó declaraciones extrajuicio con el fin de que, mediante
prueba supletoria se valorado el perio do lo cual resulta inadmisible
conforme lo dispuesto en los artículos 7.º, 8.º y 9.º de la Ley 50 de
1886, y en ese orden no hay lugar al reconocimiento de la
prestación que reclama ya que no se encontraba vinculada como
docente antes del 31 de diciembre de 1980.

c) La accionante interpuso recurso de reposición que fue
resuelto por la entidad mediante la Resolución PAP 40667 del 25
de febrero de 2011, que confirmó la decisión con los mismos
argumentos y agregó que la recurrente no dio cumplimiento a lo
exigido en las normas relacionadas, por lo que no se encuentra

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agotada la prueba principal y por ende no es posible entrar a
analizar las suple torias par a establecer si ellas tien en o no el
correspondiente mérito.

2.6 Caso concreto

En atención a las anteriores p recisiones, la Sala p rocederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
a la parte demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, por cumplir con los requisito s legales,
concretamente frente a los tiempos de servicios acredit ados.

2.6.1 La señora Alba Nory Sánchez Clavijo nació el 27 de abril de
1957 19, por tanto, el mismo día y mes de 2007 cumplió 50 años de
edad.

2.6.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:

a) Periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 1975 y el
19 de septiembre de 1976.

• La demandante aportó copia de la Resolución 08 del 31 de
marzo de 2009 « P or m edio de la cual se r esuelve una sol i cit ud
de cer t if icación de t iem po de ser vicios labor ado , con base en
pr ueba r econst r uida » 20, emitida por la Alcaldía Municipal del
Municipio de Argelia, Valle, se indica que, de acuerdo con la
solicitud elevada p or la señora A lba Nory Sánchez Clavijo, en
el sentido de que le fuera emitida constancia laboral o
certificado de tiempo de servicios la borado como docente en
la Escuela PIO XVI I de la Vereda La P az, y teniendo en cuenta
que no existían soportes al respecto, con base en lo
establecido en la Ley 50 de 1989, proced ía a la reconstrucción
de la prueba mediante testimonios.

19 S e g ú n consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía allegad a a folio 36.
20 F o l i o 28 a 30.

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En ese orden, de acu erdo con la certificación juramentada,
los interrogatorios de parte y las declaraciones extrapro ceso,
resolvió certif icar que, durante el periodo referido, la
accionante prestó sus servicios como docente municipal ,
durante el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de
1975 y el 19 de septiembre de 1976 , así:

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Del análisis de l acto referido, lo que constituye relevancia para
determinar si la do cente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980,
y si se trató de una vinculación de carácter territorial o
nacionalizada.

Al respecto, es necesario indicar q ue, el alcalde municipal de
Argelia, Valle, invocó lo dispuesto en literal d, del artículo 9.º de la
Ley 50 de 1886 , aplicable «en caso de no existir archivo f ísico para
los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la
mencionada norma », así como de l artículo 133 del Código de
Procedimiento Civil relativo a la reco nstrucción de expedientes .

En consecuencia, señaló que con base en las pruebas
preconstituidas por la actora y luego de valorar su d eclaración
juramentada, los interrogatorios y declaraciones extrajuicio
rendidos por los señores José Clareth Forero G rajales, Luis
Gonzaga Valencia Cifuentes e Irma Soledad Torres de Arias,
certificó el tiempo de servicio prestado por la maestra como
«docente municipal en la Escuela Pio XII de la Vereda la Paz de
Argelia Valle, durante el periodo comprendido entre el 8 de
septiembre de 1975 hasta el 19 de septiembre de 1976.»

Ahora bien, la UGPP en su escrito de apelación indicó que
«solamente fueron allegadas declaraciones extrajuicio a fin de que
fueran valoradas como pruebas supletorias» y, que por ello, le negó
el reconocimiento de la prestación a la actora.

Sin embargo, la Sala observa que, de acuerdo con el escrito
contentivo del recurso de reposición de fecha 2 de noviembre de
2010 21 en contra de la Resolución PAP 019898 del 20 de octubre de
2010, se constata que la accionante, inicialmente, en el acápite
referido a los hechos, explicó que «[ d]ebido a la hum eda d e inund ación

21 F o l i o s 12 y 13.

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ocur r idas, dest r uyó t ot alm ent e el ar chivo de la Alc aldí a de Ar geli a y sus
dependenc ias m unic ipal es guardadas en una pi eza, per dién d ose toda la
inf or m ación exist ent e hast a el año 1982 » (sic).

Que dado lo anterior , el alcalde «basado en inf or m ación r ecibi da
per sonalm ent e y acom pañado del señor Per soner o M unicipa l e
igua lm ent e de sus f uncionar i os de gobier no, expidió la Res ol ución 08 del
31 M ar zo 2009 donde se r econst r uye ese ar chivo [ …] . » (sic)

Por lo anterior, solicitó modificar o revocar la decisión e indicó de
manera expresa que:

«b) Est oy apor t ando la Resoluc i ón 08 del 31 de M ar zo de 2009,
cer t if icando el t iem po labor ado com o Docent e M unicip al, y no la
declar aci ón de los t est igos, com o Ust ed la t om ó en su concept o. » (sic)

Lo anterior evidencia que la señora Sánchez Clavijo sí aportó a la
UGPP el acto administ rativo de reconstrucción, es decir la
Resolución 08 del 31 de marzo de 2009, la cual no fue tenida en
cuenta por la entidad y, por lo tanto, no la valoró y solamente prestó
atención a las declaraciones jura mentadas que luego fueron
ratificadas mediante int errogatorios de parte.

En ese orden, lo que se verifica es que, adicionalmente, la actora
aportó ante la entidad demandada las mencionadas declaraciones
e interrogatorios tenidos en cuenta y valorados por el alcalde de
Argelia para profe rir el mencionado acto administrativo y, en esa
medida, lo que pretendió, fue complementar la información ante la
UGPP, sin que hubiera omitido presentar la prueba fundamental
contenida en el acto de reconstrucción ( Resolución 08 del 31 de
marzo de 2009) , que dicho sea de paso, no fue objetado o tachado
de falsedad por parte de la UGPP ante esta jurisdicción.

Cabe resaltar que, el artículo 165 del Código General del Proceso ,
al que se acude por la remisión normativa que determina el artículo
306 del CPACA, señala que son medios de prueba la declaración

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de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el
dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los inform es y cualquier otro medio que sea útil para la
formación del convencimiento del juez.

Por su parte, el a rtículo 176 del mismo código dispone que las
pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las
reglas de la sana crítica, y sin pe rjuicio de las solemnidades
prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos
actos.

Quiere decir lo anterior que el ordenamiento jurídico colombiano
excluye el sistema de tarifa legal y adopta los principios de libertad
probatoria y apreciación de la prueba , según las reglas de la sana
crítica, principios e stos que «[ …] asegur an la pr evalen cia del der echo
sust ancial sobr e el f or m al, por que per m iten que se r ealice un a valor ación
cr í t ica en la que se dé pr evalencia a la ver dad sobr e las apar iencias, y
asegur an que las pa r t es dispongan de una am plia l iber t ad par a que , en
las decis iones , im pe r e la j ust icia m at er ial . » 22

Descendiendo al caso en estudio, r esulta pertinente anotar que la
propia entidad territorial realizó lo q ue consideró necesario para
probar que la actora fue docente municipal, por lo que la
información suministrada en el acto administrativo result a válida sin
que sea posible insistir en la búsqueda de piezas adicionales.

De este modo y con base en la pluricitada prueba se logra constatar
que la demandante prestó sus servicios como docente en un plantel
educativo del mencionado ente territorial, es decir que ocupó una
plaza correspondiente al municipio de Argelia.

22 C o r t e
Constitucional, sentencia T-373 del 23 de junio de 2015, M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.

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Adicionalmente, es factible colegir que dicha vinculación laboral
tuvo lugar con anterioridad a la nacionalización adelantada por la
Ley 43 de l 11 de diciembre 1975, lo que, por regla general
correspondería a un nombramiento territo rial o nacional.

Ahora bien, para efectos de esclarecer la naturaleza jurídica del
vínculo laboral de la demandante previo a 1980, resulta pertinente
señalar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903, las entidades
territoriales, por regla general, estuvieron únicamente a ca rgo y
bajo la dirección de la educación primaria (artículo 3), sin embargo,
por disposición expresa , conforme al artículo 4 ibidem también
quedaron habilitadas para administrar establecimientos de
enseñanza secundaria, por lo que el nombramiento que aquí se
analiza, sería consecuente con la atribución que con antelación
había otorgado el legislador .

De acuerdo con lo anterior, es dab le colegir que, si la entidad
territorial certificó dicho periodo sin hacer mención a alguna
intervención por parte del Ministerio de Educación Nacional, dicho
periodo indiscutiblemente fue territorial .

En ese orden, queda verificado que la vinculación como docente
territorial ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 y, por tanto, se
debe incluir este periodo en el cálculo a efectos de acreditar los 20
años requeridos para la pensión gracia.

b) Periodo comprendido entre el 1 de enero de 1985 al 30 de
junio de 1985 , nombrada mediante contrato de trabajo a término
fijo 23.

23 F o l i o 33.

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De acuerdo con el documento relacionado, l a Sala precisa que a
efectos de la pensión gracia, lo que se debe acreditar a través de
los contratos es el objeto de los mismos, es decir, que
efectivamente se haya vinculado a la accionante para prestar el

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servicio docente por cuanto , la Ley 114 de 1913 lo que está
permitiendo es la retribución a quien haya ejercido la labor docente .

Por lo tanto, los servicios prestados por los doc entes vinculados a
través de contratos u órdenes de prestación de servicios, para
efectos de la prestación que se reclama , deben ser tenidos en
cuenta para el cómputo del reconocimiento de dicha prestación,
toda vez que , durante el lapso laborado mediante dicha modalidad,
se entienden configurados los elementos de la relación laboral que
son inherentes a la actividad realizad a por los maestros .

Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación 24 ha sido clara
en señalar que el tiempo de servicio prestado por los docentes
mediante órdenes o contratos de prestación de servicio s, sí resulta
computable para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la
docencia en el nivel territo rial o naciona lizado requeridos para ser
beneficiario del de recho pensional re clamado. Así, por ejemplo, en
reciente providencia se sostuvo:

«[…] En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida
cuenta de que la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación
de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que
haya querido ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa
modalidad de contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta
que están sujetos a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia.

De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando
se trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[…] primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional […]»25, y si el intérprete judicial, «[…] en
un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente
contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base
en el artículo 53 de la CP […]»26.

24 V e r
entre otras sentencias del: 15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000
2007 91356 01 (1465 -09); 10 de marzo de 2016, radicado 52001 -23-33-000-
2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300 –2017); 11 de marzo de 2001, radicado
52001-23-33-000-2016- 00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado
17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
25 S e n t e n c i a C-555 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
26 I b i d e m .

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En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un
específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia. Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado
por el accionante como docente mediante contratos de prestación de servicios,
para que sea contabilizado con el ejercido en propiedad, circunstancia que le
permite, previo estudio de su caso particular, acceder al reconocimiento de la
pensión gracia. .[…]»27

En conclusión, para efectos de la pensión gracia y en aras de
acreditar los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos por la
Ley 114 de 1913, deben tenerse en cuenta los servicio s prestados
por los docentes vinculados a través de contratos u órdenes de
prestación de servicios, en razón a que ejercen las mismas
funciones que los vinculados en propied ad mediante un acto legal
y reglamentario.

En este punto, lo relevante es que el docente, al reclamar el
derecho, haya prestado esos servicios en un establecimiento del
nivel territorial o nacionalizado , situación que fue acreditada
mediante el contrato allegado .

En esos términos, no cabe duda para esta Sala que dicha
vinculación mediante contrato de trabajo resulta computable para
acceder a la pensión gracia pues da cuenta de que la demandante
fue vinculada al servicio del municipio de Argelia, Valle, como
«Educadores (sic) en la Es cuela PIO XII del Corregimiento de la
Paz y PANAMERICANA Nro . 5 de la Vereda Villarosa» (sic), a partir
del 1.º de enero de 1985 y por seis (6) meses segú n se estipuló en
la cláusula tercera y el nominador fue el representante del ente
territorial en cabeza del alcalde de Argelia .

27 C o n s e j o
de Estado, Sección Segunda, 30 de septiembre de 2021, radicación
número: 70001-23-33-000-2016-00191-01(0728-18), y en el mismo sentido,
citada en sentencia de 20 de abril de 2023, radicación
20001233300020150007701 (1649-2016).

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Se observa además que el mencionado contrato contó con el visto
bueno de la Junta de Hacienda Mu nicipal y del dele gado de la
Contraloría Depart amental, y se determinó que este se encontraba
contemplado en el Presupuesto de Rentas y Gastos del municipio
de Argelia de ese mismo año , para lo cual, fue expedido un acto
administrativo por parte de la Gobernación del Valle del Cauca
(Resolución 0278 del 22 de marzo de 1985).

En ese orden , resulta evidente que no hubo intervención alguna por
parte del Ministerio de Educación Nacional ni fueron dispuestos
dineros por parte de la Nación para pagar la asignación mensual y
todo lo relacionado con dicho acuerdo de voluntad estuvo regulado
por parte de los entes territoriales (m unicipal y departamental) .

De manera que la labor, como se d ijo, resu lta ser ef ectiva para
acceder al beneficio de la pensión gracia, pues las leyes que
regulan la materia la concibieron como una compensaci ón o
retribución a favor de los maestros que laboraran en el nivel
territorial sin exig ir una calidad de vinculación específica 28.

Por lo anterior , este periodo deberá ser tenido en cuenta a efectos
de acreditar el tiempo requerido para pensión gracia y debe
computarse.

c) Del periodo comprendido entre el 3 de febrero de 198 9 y el 7
de enero de 2013 , nombrada mediante la Resolución 023 del
19 de febr ero de 1989.

• Según Acta 056 del 3 de febrero de 1 989 29, la accionante tomó
posesión del cargo de « PROFESORA MUNICIPAL para el que

28 E n
igual sentido pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección
Segunda Subsección A del 27 de junio de 2018, radicado interno 3597-2015,
y más recientemente en sentencia del 5 de diciembre de 2022, radicado interno
4868-2015. C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
29 F o l i o 34.

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ha sido nombrado por Resolución No. 023 del 19 de febrero de
1989 Emanado de la Alcaldía Municipal ». La posesión se
adelantó ante el secretario del alcalde municipal de Cartago,
Valle.

Se indicó en dicho documento que el cargo sería en propiedad
y que « El posesion ado r eem plaza en el m ism o car go a: Cr eado »
(sic)

• Se allegó Certif ica do de Tiempos de Servicios emanada de la
Alcaldía de Cartago el 20 de abril de 2009 30, que refiere la
siguiente información:

• De acuerdo con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emanado de la Secretaría de
Educación de Cundinamarca 31, emitid a el 29 de abril d e 2013
relativo a ese periodo en particular , no se hace referencia al tipo
de vinculación. S e indica que el «REGIMEN DE PENS IONES »

30 F o l i o 18.
31 F o l i o 16 y 17.

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es «Vigencia 812/2003».

La certificación resulta coincidente en cuanto al extremo
temporal inicial, p ues, se señala que fue nombrad a mediante
Resolución «023 Mun Ctago» del «01/02/89» con efectos
fiscales desde el 3 de febrero de 1989 , y permaneció vinculada
hasta el 7 de enero de 2013, fecha en la que se retiró del
servicio .

De la lectura de los documentos relacionados , es posible colegir
que, según el acta de nombramiento, la accionante fue nombrada
mediante la Resolución 023 del 19 de febrero de 1989, l a cual fue
emanada del alcalde del munic ipio de Cartago, en calidad de
representante del ente local .

En el acta de posesión no se señala que hubiese existido
intervención por parte del Gobierno nacional, y en ningún momento
se especifica que va a ocupar una plaza nacional, contrario a ello ,
se estableció específicamente que se trata de una «PROFESORA
MUNICIPAL»

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Al respecto, est a Corporación en la citada sentencia de
unificación CE -S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 , concluyó :

«Por su parte, se entiende por personal nacionalizado (i) aquel que siendo
territorial antes del 1 de enero de 1976 fue objeto del proceso de nacionalización
iniciado con la expedición de la Ley 43 de 1975; y (ii) los que a partir de esa fecha
se hayan vinculado a una plaza de aquellas que fueron nacionalizadas en virtud,
también, del aludido proceso adelantado por la norma en cuestión (Ley 43 de
1975).

Entre tanto, debe entenderse por personal territorial el vinculado por entidades
de ese orden a partir del 1. de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975; esto es, que la plaza a ocupar
haya sido creada de forma exclusiva por el ente local y los gastos que esta genere
se cubran con cargo a su propio presupuesto.»

Adviértase que esas reglas ju risprud enciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir , sin lugar a equívoco , el tipo de vinculación del
respectivo docente.

De acuerdo con el análisis efectuado a los diferentes elementos
probatorios allegados , se deduce que la naturaleza jurídica del
vínculo correspondería al territoria l , toda vez que del acto de
nombramiento se deduce que se trata de una docente municipal y
el cargo fue creado por este ente terri toria l.

Según el formato del FOMAG, la accionante fue incorporada a la
planta del municipio de Cartago mediante el Decreto 113 del 17 de
diciembre de 2003 , siendo esta la única anotación , la cual, no
afecta sus prestaciones salariales o régimen de pensio nes y
cesantías, pues, la vinculación de la educadora se mantuvo
incólume al no existir ruptura del ví nculo laboral , por lo que es
posible señalar que no mutó el tipo de vinculación inicial, y por lo
tanto, este periodo debe ser tenido en cuenta para efectos de la
pensión gracia.

Cabe advertir que la certificación e mitida por el FOMAG no hizo
referencia al tipo de vinculación.

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Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le qu eda duda que la accionante
acreditó los 20 años de servicio reque ridos, el 20 de j uli o de 2007 .
CALCULO DE PERÍODO
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA INICIO FECHA FINAL
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA
Resolución 08 del 31 de marzo de 2009 8 9 1975 19 9 1976 372
Contrato de trabajo a término fijo con premura de opsion (sic) de
1 1 1985 30 6 1985 180
renovación
Resolución No. 023 del 19 de febrero de 1989 3 2 1989 20 7 2007 6648
7200

2.6.3 En relación con el requisito de buena conducta, obra en el
expediente administrativo digital 32 declaración juramentada por
parte de la accionante del año 2009 , que da cuenta de que la señora
Sánchez Clavijo se desempeñó como docente con honradez,
consagración e idoneidad y buena conducta.

Obra también en el expediente administrativo digital, Ce rtificado de
Antecedentes emitido por la Procuraduría General de la Nación el
19 de abril de 2 009 , en el que se in dica que la a ctora «NO
REGISTRA SANCI ONES NI INHABILI DADES VIGENTES» .

A este respecto, esta Sala debe indicar que se presume la buena fe
del interesado en cuanto a este requisito , pues, adicionalmente, no
fue aportada prueba o indicio que indique lo contrario y dicho tópico
no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera
instancia .

Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que el
accionante (i) prestó sus servicios como docente de carácter
territorial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; (ii) acreditó
20 años de servicios con vinculación territorial 20 de jul io de 2007
fecha en la que alcanzó el estatus pensional; (iii) cumplió 50 años
de edad el 27 de abril de 2007, y (iv) no existen pruebas de que

32 A l l e g a d o a folio 63.

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Demandante: Alba Nory Sánchez Clavijo

haya incurrido en causal de mala conducta, lo que indica que es
beneficiario de la pensión gracia .

En ese orden, al tratarse de un asunto indispensable de reformar
conforme al inciso cuarto del artículo 328 del CGP, habrá de
modificarse la fecha a partir de la cual la accionante tuvo derecho
a la pensión gracia, toda vez que ello ocurrió el 20 de jul io de 2007
y no el 19 de septiembre de 2009 como lo determinó el tribunal 33,
por lo que deberán tenerse en cuenta los factores salariales
devengados el año anterior comprendido entre el 20 de julio de 2006
y el 19 de julio de 2007 , según certificación que deberá expedir la
entidad territorial.

En cuanto a la prescripción, teniendo en cuenta que el derecho lo
adquirió el 20 de julio de 2007 , la reclamación administrativa fue
presentada ante la UGPP el 26 de mayo de 2009 y la demanda
objeto de análisis f ue interpuesta el 17 de septiembre de 2014 , tal
como consta en el acta de reparto que obra a folio 49 del
expediente , las mesadas causadas antes del 17 de septiembre de
2011 se encuentran prescritas , tal y como lo estipuló el a quo.

• Le asi st i ó razón jurí di ca al a quo al condenar en cost as y
agenci as en derec h o a l a part e demandada en sed e de pr i mera
i nst anci a y si es posi bl e su di smi nuci ón.

La UGPP solicit ó reconsiderar la condena en costas con miras a si
disminución y con el objeto de proteger el patrimonio económico de
la entidad atendiendo lo establecido en el artículo 365 del Código
General del Proceso –CGP– y la sentencia del 7 de abril de 2016,
pues, afirmó que el proceso se realizó con total celeridad y que por

33Sobre este punto, se atiende lo normado en el artículo 328 del CGP que
dispone que «[E]l juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones
que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […] El juez no
podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único , salvo que en
razón de la modificación fuera in dispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella ». (Resalta la Sala)

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tratarse de una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, la sanción afectaría el erario y a sus contribuyentes.

Al respecto, resulta pertinente indicar que esta Sección había
sostenido la tesis de que el con cepto de las costas d el proceso
estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro
de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominados
gastos o expensas del proceso, llamados en el CPACA gastos
ordinarios del pro ceso y otros, co mo son los necesarios para
traslado de testig os y para la práct ica de la p rueba pericial, los
honorarios de auxiliares de la just icia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que
resultara vencido en el lit igio. Ello, en consideración a que debían
observarse una serie de factores tales como la temeridad, la mala
fe y la existencia d e pruebas en el proceso sobre los gast os y costas
en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un ma rgen de
análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunsta ncias para
imponerla o no.

Sin embargo, con posterioridad, esta Subsección en providencia del
7 de abril de 201 6, varió aquella posición y acogió el criterio
objetivo-valorativ o al concluir que no se debe evaluar la conducta
de las partes –temeridad o mala fe –, sino los aspectos pre vistos en
el Código General del Proceso , con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365 ., que dispone:

«Ar t í culo 365. Con dena en cost as. En los pr ocesos y en las
act uaciones post er i or es a aquellos en que haya contr over sia la
condena en cost as se suj et ar á a las siguient es r eglas:

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1. Se condenar á en co st as a la par t e venc i da en el pr oceso, o
a quien se le r esue l va desf avor ablem en t e el r ecur so de apelació n,
casación, quej a, sú plica, an ulac ión o r evisión que hay a pr o puest o.
Adem ás, en los c asos especial es pr evis t os en est e código.

Adem ás, se condenar á en cost as a quien se le r esuelva de m aner a
desf avor able un inci dent e, la f or m ulació n de excepcio nes pr evias,
una solic it ud de nul i dad o de am par o de pobr eza, sin per j uici o de lo
dispuest o en r elac ió n con la t em er idad o m ala f e.
2. La condena se hará en sent encia o aut o que r esuelva la
act uación que di o lu gar a aquella.
3. En la pr ovidenc ia d el super ior que con f ir m e en t odas sus
par t es la de pr im era inst ancia se cond enar á al r ecur r ent e en las
cost as de la segund a.
4. Cuando la sent en cia de segunda inst ancia r evoque
t ot alm ent e la del inf er ior , la par t e vencida ser á condenada a pagar
las cost as de am bas inst ancias.
5. En caso de que pr o sper e par cialm ent e l a dem anda, el j uez
podr á abst ener se de cond enar en cost as o pr onunciar co ndena
par cial, expr esando los f undam ent os de su decisión.
6. Cuando f uer en dos ( 2) o m ás lit igant es q ue deban pagar las
cost as, el j uez los condenar á en pr o por ción a su int er é s en el
pr oceso; si nada se dispone a l r espect o, se ent ender án dist r ibuidas
por par t es iguales e nt r e ellos.
7. Si f uer en var ios los lit igant es f avor ecido s con la condena en
cost as, a cada uno de ellos se les r e conocer án los gast os que
hubier e suf r agado y se har án por separ ado las liq uidac iones.
8. Solo ha b r á lugar a c ost as cuando en e l e xpedient e ap ar ezca
que se causar on y en la m edida de su com pr obación.
9. Las est ipulacio nes de las par t es en mat er ia de cost as se
t endr án por no escr it as. Sin em bar go, podr án r enunciar se después
de decr et adas y e n los casos de de sist im ient o o t r ans acción. »
( Subr ayas de la Sal a)

Sobre este aspecto, fueron expuestos los siguientes fundamentos
que concretaron la posición:

a) «El leg isla dor int r oduj o un cam bio sust ancial r espect o de la
condena en cost as, al pasar de u n cr i t er io «subj et ivo» – CCA- a uno
«obj et ivo valor at ivo » –CPAC A- .
b) Se concluye que es «obj et ivo» por que en t oda sent encia se
«dispondr á» sobr e c ost as, es decir , se decidir á, b ien sea p ar a condenar
t ot al o par cialm ent e, o bien par a abst ener se, según las pr ecisas r e glas
del CG P.
c) Sin em bar go, se l e c alif ic a de «va lor at iv o» por que se r equ ier e que
en el exp edie nt e el j uez r evise si las m is m as se causar on y e n la m edid a
de su com pr obación . Tal y com o lo or dena el CG P, est o es, con el pago
de gast os or dinar i os del pr o ceso y con la act iv idad d el aboga do

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ef ect ivam ent e r eali zada dent r o del pr oceso. Se r ecal ca, en esa
valor ació n no se incl uye la m ala f e o t emer idad de las par t es.
d) La cuant í a de la condena en agenc ia s en der echo, en m at er ia
labor al, se f ij ar á at endiendo l a pos ición de los suj et os pr ocesales, pues
var í a según sea la p ar t e vencida el em pl eador , el t r abaj ador o el j ubi lado,
est os últ im os m ás vulner ab les y gener al m ent e de escasos recur sos, así
com o la com plej idad e int ensidad de la par t icipac ión pr ocesal ( Acue r do
núm . 1887 de 200 3 Sala A dm inist r at i va del Cons ej o Su per ior de la
Judicat ur a) .
e) Las est ipul acion es d e las par t es en m at er ia de cost as se t e ndr án
por no escr it as, por lo que el j uez en su liqu idac ión no est ar á at ado a l o
así pact ado por ést as.
f) La liq uidac ión de la s cost as ( incluid as l as agencias en d er echo) ,
la har á el despacho de pr im er a o única inst ancia, t al y com o lo indica el
CG P, pr evia elabor ación del secr et ar io y apr obación del r espect ivo
f uncionar io j udic ia l.
g) Pr ocede condena e n cost as t ant o en pr im er a com o en segund a
inst ancia. »

Con base en lo expuesto, se observa que en el presente caso la
entidad demandada resultó vencida en primera instancia, situación
que se enmarca en el numeral primero de la norma tran scrita y, por
tanto, supone la imposición de costas.

Adicionalmente, acudiendo al análisis valorativo expuesto, se
observa que la demandante inició un proceso judicia l p ara lo cual
tuvo que contratar un abogado que presentó la demanda, acudió a
las audiencias y presentó aleg atos de conclusión, hechos que
resultan indicativo s de la efectiva a ctuación realizada dentro del
proceso.

Resulta necesario recordar que en lo que respecta a este punto de
impugnación, la Sala en el caso particular acudirá a la tesis que se
había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera instancia
fue proferida previamente a la referida circunstancia –3 de
diciembre de 2020 –.

En ese orden, es necesario recordar que corre sponde al juez la
valoración de la causación de las costas, dado que fue éste quien
observó el procedimiento de las partes desplegado en el trámite de

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instancia, razón por la cual, esta Sala considera que la decisión
adoptada parte de la independencia judi cial del tribunal quien tiene
la posibilidad de abstenerse o no, de condenar en costas, y la
cuantía, expresando los fundamentos, como en efecto ocurrió en el
presente caso. 34

Además, según se explicó, estos se encuentran enmarcados en las
causales relac ion adas en el artí culo 365 del CGP, y, en
consecuencia, procedía la referida condena contra la parte
demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse
demostrado la causación de las agencias en derecho, razón por la
cual no se adviert e que haya lug ar a una disminución sobre las
mismas y en ese sentido habrá de confirmarse lo dispuesto en la
sentencia recurrid a sobre ese tópico . 35

3. Conclusión.

Conforme a lo expuesto, se logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos acusados, por lo que, a la señora le asiste el
derecho a la pensión gracia. Sin embargo , la fecha en la que
consolidó el estatus pensional fue el 20 de julio de 2007 y no el 19
de septiembre de 2009 . De manera que, tal como se anticipó , en
ese sentido se modificará la decisión objeto de apelación.

4. Condena en costas de segunda instancia

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en
costas a la UGPP, comoquiera que si bien en anteriores
oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de

34

35En el mismo sentido, sentencia del 22 de junio de 2023, radicado
76001233300020140009201 (0465-2020), C.P Gabriel Valbuena Hernández.

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fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer
extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión del
recurso de apelación, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, en el recurso se sustentaron las razones en
defensa jurídica de sus intereses y, por ende, no se condenará en
costas.

5. Otras determinaciones

Según consta en el aplicativo SAMAI, mediante memorial visible a
índice 3 , la abogada Judy Rosana Mahecha Páez , identificad a con
la cédula de ciudadanía 39.770.632 y tarjeta profesional 101.770
del Consejo Superior de la Judicatura , solicitó el reconocimiento de
personería para actuar como apoderad a judicial de la entidad
demandada, para lo cual, adjuntó el poder correspondiente , por lo
que, le será reconocida personería para actuar.

En mérito de lo expues to, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO. MODI FICAR el ordina l segundo de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de
diciembre de 2020, que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por l a señora Alba Nory Sánchez Clavijo contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia , el cual quedará así:

« SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración,
se conden a a la UGPP a reconocer y pagar a Alba Nory
Sánchez Clavijo, identificada con la cédula de ciudadanía
38.445.228, la pensión gracia a que tiene derecho, a partir del

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20 de julio de 2 007 , fecha en que consolidó su estatus
pensional, en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados entre el 20 de julio de 2006 y
el 19 de julio de 2007, según certificación que deberá expedir
la entidad territorial según se explicó , con efectos fiscales a
partir del 17 de septiembre de 2011 , por prescripción
trienal. »

SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 3 de diciembre de
2020.

TERCERO. No condenar en costas por lo expuesto.

CUARTO. Reconocer personería a la abogada Judy Rosana
Mahecha Páez , portadora de la tarjeta profesional 101.770 del
Consejo Superior de la Judicatura p ara representar a la entidad
accionada .

QUINTO. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal
de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del dieciocho (18) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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