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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00092-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2014-00092-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de mayo de 2019, que accedió a las prete nsiones de la demanda presentada por la señora Carmen Dorila Valencia de Lobón contra la Unidad Administrativa www.consejodeestado.gov.co 31 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 76001233300020140009201 (0465-2020) Demandante: Carmen Dorila Valencia de Lobón Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada . TERCERO. En firme esta decisión devolver el expediente a l Tribunal de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2014-00092-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

22 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 76001233300020140009201 (0465-2020)
Demandante: Carmen Dorila Valencia de Lobón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social 1

Tema: Reconocimiento pensión gracia. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA

ASUNTO

La Sala de la Subsección A, resuelve el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de l Valle del Cauca el 31 de mayo de
2019, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1 Pretensiones

La señora Carmen Dorila Valencia d e Lobón, por intermedio de
apoderad o, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 13 8 de la Ley

1 En adelante UGPP.
2 Folios 30 a 40.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001233300020140009201 (0465-2020)
Demandante: Carmen Dorila Valencia de Lobón

1437 de 2011 3, deprecó declarar la nulidad de las Resoluciones
RDP 018045 del 19 de abril de 2013 , que negó el reconocimiento
y pago de la pensión gracia , y RDP 022738 del 20 de mayo de
2013, que resolvió la apelación y confirmó la decisión re currida .

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia
teniendo en cuenta todos los factores salaria les devengado s en el
año anterior al 4 de julio de 2012 , fecha en que adquirió el estatus
pensional; (ii) reconocer y pagar la s mesadas pensionales y las
adicionales debidamente reajustad as; (iii) realizar los ajustes
conforme al índice de precios al consumidor, según el artículo 187
y 193 del CPACA; (iv) cumplir la sent encia, y en caso d e que ello
no ocurra, cance lar intereses moratorios de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 192 y 195 ejusdem; y (v) pagar costas y
agencias en derecho .

1.2 Hechos que funda mentan la demanda

La señora Carmen Dorila Valencia d e Lobón , por intermedio de
apoderado, refirió que nació el 23 de febrero de 1947 y prestó sus
servicios como docente así :
• Al servicio del departamento del Chocó, del 17 de marzo de 1967
al 31 de diciembre de 1970.
• Al servicio del municipio de Buenaventura, desde el 18 de abril
de 1996 hasta el 31 de agosto de 2012.

El 20 de diciembre de 2012 solicitó a la UGPP el recon ocimiento y
pago de la pensión gracia.

3 Códigode Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En adelante CPACA

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La UGPP negó la anterior solicitud por medio de la s Resoluciones
RDP 018045 del 19 de abril de 2013 y RDP 022738 del 20 de mayo
de 2013, al considerar que el períod o comprendido entre el 17 de
marzo de 1967 y el 30 de diciembre de 1970 laborado en la
Secretaría de Educación Departamental del Choc ó, no podía ser
tenido en cuenta, toda vez que no fueron debidamente certificados ,
esto es, en el formato de prestaciones establecido por el F ondo
Nacional de Prest ac iones Sociales del Magisterio 4, y no se tiene
referencia sobre el tipo de vinculación.

En relación con los tiempos posteriores a l año 1996, expuso que ,
de acuerdo con la certificación allegada , fueron nacionales y, en
ese orden , no cumple con los requisitos previstos para el
reconocimiento pensional que reclama.

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

La actora señaló que la entidad realizó una interpretación restrict iva
de las normas que regulan la prestación y un estudio ilegal de las
pruebas allegadas al expediente administrativo, pues con estas se
demuestra que el nombramiento efectuado en 1996 se encuentra
ajustado a los line amientos establecidos en el artículo 1 .º de la Ley
91 de 1989.

Señaló que del a cto administrativo de nombramiento en mención no
se puede extraerse que se trató de una vinculación nacio nal , ya que
fue emitido por el alcalde del municipio de Buenaventura, en uso de
sus facultades legales , para ocupar una plaza nacionalizada y la
Nación no intervin o de forma alguna en el nombramiento .

Indicó que los tie mpos anteriores al 1 .° de enero de 1 981 , fueron
territoriales, por lo que cumple con todos los requisitos para

4 En adelante FOMAG.

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acceder a la pensión gracia al tener más de 50 años de edad y
haberse desempeñado como docente por más de 20 años con
honestidad y buena conducta .

2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 5

La UGPP se opuso a las p retensiones de la demanda , para lo cual
expuso que de acuerdo con el material probatorio se colige que la
accionante no acreditó la vinculación anterior al 31 de diciembre de
1980, ya que inició labores como docente s ólo hasta el 18 de abril
de 1996 y, adicionalmente, se certificó que esta vinculación fue
nacional.

Propuso la s siguientes excepciones : (i) inexiste ncia de la
obligación demandada y cobro de lo no debido; (ii) ausencia de
vicios en los actos administrativos demandados ; y (iii) prescripción .

3. AUDIENCIA INI CIAL 6

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en acatamiento del
artículo 180 del CPACA, llevó a cabo la audiencia inicial el 12 de
abril de 2016 , oportunidad en la que fijó el litigio en los siguientes
términos:

«[ …] consist e en det er m inar si la s eñor a CARM E N D O RI LA
VALEN CI A DE LO BÓ N t iene der echo al r econocim ient o y pago de la
pensión gr ac ia, en aplic ación del r ég im en especia l est ab le cido en
la Ley 114 de 1913 y dem ás nor m as concor dant es . »

4. LA SENT ENCI A DE PRI M ERA I NSTA NCI A 7

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , mediante sentencia

5 Folios 80 a 83.
6 Folios 122 a 125. CD a folio 126
7 Folios 116 a 126.

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del 31 de mayo de 2019 , accedió a las pretensiones de la demanda
y, en consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer y
pagar la pensión gracia de la actora, a partir del 4 de julio de 2012,
con la inclusión d e todos los factores salaria les devengados por
aquella en el año anterior a la consolidación del estatus pensional ;
condenó en costas a la parte vencida y fijó agencias en derecho en
la suma equivalente a l 0.1% del valor de las pretensiones de la
demanda.

El a quo, previo a resolver el asunto, señaló que, revisado el
material probatorio encontró la Resolución RDP 021997 del 15 de
mayo de 20 13, por medio de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución RDP 018045 del
19 de abril de 2013 y que no fue objeto de demanda, p or lo que
advirtió que el estudio de legalidad se realizaría también sobre es te
acto.

Ahora bien, en relación con los requisitos legales establecidos para
acceder a la pensión gracia, halló acreditado el de la edad y el de
buena conducta.

En cuanto al tiempo de servicios, s ostuvo que, con base en los
lineamientos establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia
de unificación del 21 de junio de 2018, del análisis realizado al
Decreto 057 del 1 7 de marzo de 1967 , este da cuenta de que la
accionante fue nombrada por el departamento del Chocó, en cabeza
de su gobernador y secretario de educación para desempeñar el
cargo de directora de la Escuela Rural de Niñas de Coredo en 4ª.
categoría provisional.

Agregó que d el Decreto 325 del 9 de abril de 199 6 se inf iere que se
trató de un nombramiento realizado por parte del alcalde distrital y
el secretario de educación de la época como docente de la Escuela

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Vasco Núñez de Balboa.

Así, consideró que el carácter de la vinculación de la actora siempre
ha sido territorial y que no hay lugar a concluir que ocupó plazas
nacionales, situación que encuentra respaldad o en la certificación
expedida por la Secretaría de Educación de Buenaventura, que dan
cuenta que el tipo de vinculación fue municipal , y del oficio
emanando del Ministerio de Educación que indicó que la actora no
laboró para dicha cartera ministerial.

Por lo anterior, co ncluyó que la entidad demanda incurrió en un
error al no valorar los actos de nombramiento referidos, ya que
acreditan la vinculac ión docente territorial . En ese orden, señaló
que el actor cumplió con suficiencia lo s requisitos establecidos para
acceder a la pensión gracia .

Explicó que no operó el fenómeno jurídico de la prescripción, dado
que la accionante consolidó su derecho el 4 de julio de 2012 y
presentó reclamación el 20 de diciembre de 2012 .

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 8

La UGPP solicitó revocar la decisió n y , en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda . Para ello, sostuvo que, de acuerdo
con los certificados allegados, l a demandante prestó sus servicios
con una vinculación nacional .

Adicionalmente, indicó que la accionante no había aportado los
documentos idóneos que identificaran plenamente el tipo de
vinculación , fuente de financiación, ni la plaza a ocupar, y esa
circunstancia impide acceder a la pensión gracia solicitada .

8 Folios 199 a 204.

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Requirió considerar una disminución en la condena en costas
atendiendo lo establecido en el artículo 365 del Código General del
Proceso –CGP– y la sentencia del 7 de abril de 2016, pues afirmó
que el proceso se realizó con total celeridad y que, por tratarse de
una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Créd ito Público, la
sanción afectaría el erario y a sus con tribuyentes .

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A

6.1 La parte demandante 9 deprecó confirmar la decisión de primera
instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.

6.2 La parte demandada 10 reiteró los mismos argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio según con sta en el informe secretarial a
folio 225 del expediente .

II. CONSIDERACI ONES

2.1. Competencia

El Consejo de Est ado es competente para resolver e l recurso de
apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 11,
interpuesto.

9 SAMAI, índice 13.
10 S A M A I , índice 11
11« E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»

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Asimismo , conforme a lo dispuesto en el artículo 328 12 del Código
General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante.

2.2. Problema s jurídicos

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada , a la Sala le corresponde determina r:

1. ¿La señora Carmen Dorila Valencia de Lobón cumple con
los requisito s para obtener el reconocimiento de la pensión
gracia, conforme a las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91
de 1989?

2. ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a
la entidad demandada en sede de primera instancia ?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1 La pensión gracia

La pensión gracia f ue consagrada mediante el artículo 1 .º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un t érmino no
menor de 20 años.

12« A R T Í C U L O
328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurs o, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir ot ra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.º
de enero de 1981.

Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1.º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la present e Ley, los siguient e s
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuación de ca da uno
de ellos:
Per sonal naci ona l . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vinculados por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vincula dos a par t ir de est a f echa, de conf or m idad con lo
dispuest o por la Ley 43 de 1975.

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Per sonal t erri t orial . Son los docent es vinculados por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al , a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin e l cum pl im ient o de l r equis it o e st ablecido en e l ar t í culo 10
de la Ley 43 de 197 5. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .

El numeral 2.º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:

«A rt í cul o 15. A par tir de la vigencia de l a pr esent e Ley el per sonal
docent e nacional y nacional izado y el que se vincule con
post er ior id ad al 1. de ener o de 1990 será r egido por las siguient es
dispos icion es:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980 que
por m andat o de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
dem ás nor m as que las hubier an desar r ol lado o m odif icado, t uviesen
o llegar en a t ener de r echo a la pensión d e gr acia, se les r econocer á
siem pr e y cuando cum plan con la t ot al i dad de los r equ isit o s . Est a
pensión segu ir á r econociénd ose por la Caj a Naciona l de pr evisió n
Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 197 6 y ser á com pat ible con la
pensión or d inar ia d e j ubilac ión, aún en el event o de est ar ést a a
car go t ot al o par cial de la nación. [ …] »

De las dife rentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:

«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclusiva m ent e,
los naciona liz ados que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vincula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lle gar en a t ener d er echo a la pe nsión de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r equ isit os” . [ …] . » 13

13 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.

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Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 14 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:

«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf er í a o cedí a la
Nación a l as ent idad es t er r it or iales, en vigencia de la Car t a de 1886
y hast a cuando p er m anecier on e n vig or e n la C onst it ució n de 1991,
no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se incor por aban
a los pr esupuest os local es pasaban a ser de pr opiedad exclusiv a
de los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t err it or iales son los t it ular es dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que l es gir a la Nac ión, pr ovenient es del s i st ema
general de part i ci paci ones , por asigna ción dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.
ii i) La f inanciación de los gast os que gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo depen dí a de los r ecur sos que
gir aba l a Nac ión a las ent idades t er r it or iales por co ncept o
del si t uado f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los ent es
local es dest inar par t e de su pr esupuest o par a at ender al
sost enim ient o de lo s r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t í culos 29 de l
Decr et o 3157 de 1968; y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 198 8) .
iv) Así com o los f ondos edu cat i vos regi onal es at endí an los
gast os que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es
naciona les y nacion aliza dos 1 2 , r esult a f act ible col egir de m aner a
r azonada que lo pr o pio acont ecí a con al gunas de las er ogac iones
salar ia les or ig inada s por el ser vicio que pr est aban los educ ador es
t er r it or iales, ya que los r ecur sos dest ina dos par a t al f in pr ov ení an
t ant o de la Nac ión —si t uado f i scal — com o de las ent i dades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecí a de f or m a exclusiv a a los ent es locales dado
que ingr esaban a sus pr esupuest os en cali dad de
r ent as exógenas y endógenas.
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t err it or ial es y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vin culaci ón int er vie ne, adem ás del r epr ese nt ant e
lega l de la ent idad t er r it or ial, el delegado per m anent e del M inist er io
de Educac ió n Nacion al com o m iem br o de la j unt a
admi ni st radora del r espect ivo f ondo educat i vo regi onal , así,

14Consejo de Estado, Sec ción Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).

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est e últ im o, cer t ifique la vaca ncia del car go j unt o con la
dispon ibi li dad pr esupuest al 1 3 ; y ( ii) por el ar gum ent o de que los
r ecur sos dest inados par a su sost en im ient o t ienen su or igen o
f uent e en la Nación.
vi) Prueba de cal i da d de docent e t erri tori al . Se r equier e copia de
los act os adm inist r at ivos donde const e el ví nculo, en los que
adem ás se pueda est ablecer con suf icient e clar idad que la plaza a
ocupar sea de aquell as que el legi slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect iva cer t if icación de la aut or idad nom inador a que dé cuent a
de m aner a inequí voca que el t ipo d e vinculac ión a l cual s e
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elev ant e, f r ent e al r econocim ient o de la p ensió n
gr acia, es la acr editación de la plaza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t err it or ia l o naciona lizad a, pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sal a en est a pr ovidenc ia, en l o que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o d e la s exógenas —si t u ado f i scal — cuando se
suf r agaban los ga st os a t r avés de los f ondos edu cat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene que ver con los educador es
naciona liz ados, las er ogaciones q ue est os gener aban se en m ar can
en los r ecur sos d el si t uado f i scal , hoy si st ema general de
part i ci paci ones . » (Resalt ado de l t ext o or igina l)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación
del artículo 15, numeral 2.º, literal a , de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:

«Los docent es pued en acceder a la pens ión gr aci a ant es y de spués
del 29 d e dic iem br e de 1989, si em pr e y cuando acr ed it en un a
vincul ación t er r it or i al o naciona liz ada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los dem ás r equisit os legal m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o». 15

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón

15Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).

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por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.

2.4. Caso concreto

2.4.1 Actuación admini strativa

a) El 20 de diciembre de 2012 la demandante solicitó ante la UGPP
el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

b) La UGPP, mediante la Resolución RDP 01 8045 del 1 9 de abri l
de 2013 16, negó la petición al consid erar que , conforme a los
tiempos de servicio aportados , los mismos corresponden a un
nombramiento del orden nacional .

Aunado a lo anterior, los tiempos de servicio del periodo
comprendido entre el 17 de marzo de 1967 y el 30 de diciembre
de 1970, laborados en la Secretaría de Educación
Departamental del Choc ó, tampoco serían tenidos en cuenta ,
toda vez que los mismos no fueron certificados en el formato de

16 F o l i o s 2 a 4.

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prestaciones establecido por el FOMAG y no se tiene referencia
del tipo de vinculación .

c) La accionante interpuso los recursos de reposición y apelación ,
los cuales fueron resueltos a través de la s Resoluci ones RDP
021997 del 15 de mayo de 2013 17 y RDP 022738 del 20 de mayo
de 2013 18, respectivamente, que confirm aron la decisión con los
mismos argumentos de la decisión recurrida .

2.4.2. Hechos probados y análisis del caso concreto

La Sala examinará las pruebas obrantes en el expediente a fin de
verifica r si a la parte demandante le asiste el derecho al
reconocimiento de la pensión gracia por cumplir con los requisitos
legales.

2.4.2.1 La demandante nació el 23 de febrero de 1947 19, por tanto,
el mismo día y mes de 1997, cumplió 50 años de edad.

2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:

A) Del periodo comprendido entre 17 de marzo de 1967 al 31 de
diciembre de 1970, la actora fue nombrada mediante el Decreto
057 del 17 de marzo de 1967 20:

«Dec # 057
(1 7 MA R . 1 967 )

Por el cual se hacen nom br am ient os, tr aslados y
conf ir m aciones de m aest r os en los Plant eles Educat ivos del
Dept o. , ( sic) y se dict a ot r as disposicion es.

17 F o l i o s 5 a 7.
18 E x p e d i e n t e administrativo digital 78
19Según fotocopia de la cedula de ciudadanía obrante a folio 12 y Registro
Civil a folio 11.
20 F o l i o s 18 y Vto., y 17 Vto., y expediente administrativo digital 78.

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EL G O BERNADO R DEL DEP ART AM EN TO DEL CHO CO
en uso de sus at r ibuciones leg ales ,

D E C R E T A :

ARTI CULO PRI M ERO . - Hácense los siguie nt es
nom br am ient os de m aest r os :

PRI M ERA ZO NA
[ …]

CA RM EN DO RI LA VA LENCI A , Dir ect ora ( sic) de la Escuela
Rur al de Ni ñas de C or ed o, en 4 Cat egor í a Pr ovisiona l.

[ …]

ARTI CULO TER CER O . - A los m aest r os nom br ados por est e
Decr et o, se les dar á con r et r oact ividad a la f echa en que se
pr esent ar on a la r espect iva plaza.

[ …]
CO M UNI Q UESE Y C UM PLASE

G O BERNADO R

Secr et ar io de educa ción ( sic) »

• En cuanto a los tie mpos referidos, mediante los Certif icado s
22889 del 6 de noviembre de 2012 21 y 5929 del 15 de marzo
de 2013 22, la Secretaría de Educación Departamental del
Chocó –SEDCHOCO –, dio cuenta de lo siguiente:

21Folio 16 Vto., del cuaderno de antecedentes administ rativos y en el
expediente administrativo digital 78.
22Folio 6 del cuaderno de antecedentes administrativos y en el expediente
administrativo digital 78.

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Del contenido del Decreto 057 del 17 de marzo de 1967, se
desprende que la actora fue nombrad a por disposición de la máxima
autoridad departamental (gobernador de l Chocó ), sin que obrara
referencia a alguna ley que permita inferir que su nombramiento se
realizaba en nombre de la Nación .

Adicionalmente, el acto de designación fue expreso al establecer
que se trataba, en este caso , de un nombramiento en un plantel
educativo del departamento, es decir, que ocuparía una plaza
correspondiente al ente territorial en el municipio de Coredo .

Sumado a ello, para efectos de esclarecer la naturaleza jurídica del
vínculo laboral de la demandante previo a 1980, resulta pertinente
señalar que desde la expedición de la Ley 39 de 1903 , las entidades
territoriales, por regla general, estuvieron únicame nte a cargo y
bajo la dirección de la educación primaria (artículo 3 ), por lo que el
nombramiento que aquí se relaciona , teniendo en cuenta que en las
certificaciones emitidas por la S ecretaría de Educación del Chocó
se indicó que la actora prestó sus servicios en enseñanza primaria ,
sería consecuente con la atribución otorgad a por el legislador .

Para el efecto , resulta igualmente relevante destacar que la Corte
Constitucional, en sentencia C -084 de 1999, al analizar la
constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b) de la Ley 91
de 1989, precisó que antes de la nacionalización de la educación
que se surtió conforme a la L ey 43 de 1975, los docentes se dividían
sólo en dos categorías, así: (i) n acionales; y (ii) t erritoriales.
Específicamente, expuso:

«3. 2. 2. Así m ism o, se obser va por la Cor t e que, ant es de la
" naciona lizac ión" de la educación pr i m ar ia y secundar ia of icial
decr et ada por la Ley 43 de 1975 par a ser cum plida en un p er í odo
de cinco añ os, es de ci r hast a el 31 de di ci embre de 1980, ex i st í an
dos cat egorí as de docent es of i ci al es, a saber: l os naci onal es,
vi ncul ados l aboral ment e de manera di rect a al Mi ni st eri o de
Educaci ón Naci ona l ; y l os t erri t ori al es, vi ncul ados l aboralment e

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a l os depart ament os , en nada se oponí a a la Const it ución en t onces
en v igor , que exist ier a par a ést os últ imos la denom inada " pensión
gr acia" , de que t r at a la Ley 114 de 1913, post er ior m ent e ext endida
a ot r os docent es por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, com o
t am poco se opone la pr olongac ión de su s ef ect os en el t iem po par a
quienes act ualm ent e la disf r ut an, o r eunier on los r equisit os
sust anciales par a t ener der echo a ella ant es del 31 de diciem br e de
1980, pues la diver sidad del em pleado r ( nación o depar t am ent o) ,
per m it í a, conf or m e a la Car t a, est ablecer un t r at o dist int o y una
excepción al pr i n cipio gener al pr oh ibit iv o de deve ng ar dos
asignac iones del Tesor o Públic o, sit uación ést a que r esult a
igua lm ent e acom pasada con la C onst it uc ión Po lí t ica de 1991 , pues
la nor m a acusada ( ar t í culo 4º , num er al 3º Ley 114 de 1913) , en nada
vulner a e l pr inc ipio de la i gual dad cons agr ado por el ar t í cul o 13 de
la Car t a M agna, el cual pr oh ibe ( sic) d ispensar t r at o dif er ent e y
discr im inad o " por r azones de sexo, r aza, or igen nac iona l o f a m iliar ,
lengua, r el ig ión, op i nión po lí t ica o f i losóf ica" , na da de lo cua l ocur r e
en est e caso. [ …] » (Negr il la de la S ala)

Por su parte, e sta Corporación en la sentencia de unifi cación CE -
SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 , concluyó :

«[ …] debe ent enderse por personal t erri t ori al el vinculad o por
ent idades de ese o r den a par t ir del 1. de ener o de 1976, sin el
cum plim ient o del r e quisit o est ablec ido en el ar t í culo 10 de la Ley
43 de 1975; est o es, que la plaza a ocupar haya sido cr eada de
f or m a exclusiva por el ent e local y los gast os que est a gener e se
cubr an con car go a su pr opio pr esupues t o. »

Adviértase que dichas reglas ju rispru denciales deben analizarse en
cada caso particular en conjunto con los todos elementos de juicio
para concluir sin lugar a equívoco el tipo de vinculación del
respectivo docente.

Lo anterior permit e concluir que, para este periodo, la docente
ostentó una vinculación territorial , pues la misma tuvo lugar antes
de que se surtiera el proceso de la nacionalización y que dó probado
que no hubo intervención alguna del Gobierno nacional .

Ahora bien, la razón por la que la entidad demandada negó el
derecho a la actora consistió en q ue dichos tiempos no fueron

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certificad os en el formato de prestaciones determinado por el
FOMAG, sin que hubiese analizado el contenido del acto de
nombramiento , del cual era posible concluir que se trató de una
vinculación territorial .

Así mismo, se tiene que los extremos temporales fueron
debidamente certificados por part e de la entidad territo rial
nominadora que estableció de manera expresa que la señora
Valencia de Lobón fue nombrada inicialmente como directora en
Corado y, posteriormente , en 1968 en el corregimiento de Jurado,
en 1969 volvió al municipio de Coredo , luego fue suspendida
provisionalmente con base en la categoría y, finalmente ,
reintegrada, sin que hubiera existido solución de continuidad.

En ese orden, el certificado relacio nado estableció un tiempo de
servicios de «3 años, 9 meses y 13 días », y fijó como extremos
temporales del 17 de marzo de 1967 al 31 de diciembre de 1970,
por lo que este periodo resulta apto de acreditar la vinculación
antes del 31 de diciembre de 1980 , y de ser contabilizado para
efectos de colmar el requisito de tie mpo de servicios e xigido para
acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia .

B) Del período comprendido entre el 18 de abril de 1996 y el 31
de julio de 2012, la accionante fue nombrada mediante el
Decreto 325 del 9 de agosto de 1996 23:

• «Decret o No. 325
( 09 AG O . 1996)

Por m edio del cual s e hacen unos nom br am ient os de Docent es
de t iem po com pleto par a G r ado Cer o, en el M unicipio de
Buenavent ur a, Depa r t am ent o del Valle d el Cauca.

El Alca lde ( sic) M unicip al de Buenav e nt ur a Valle, en uso de
sus at r ibuciones le g ales y:
CO NSI DER ANDO :

23 F o l i o s 144 y 145.

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1° Q ue de acuer do a la Ley 60 de 1 9 93, cor r esponde a l os
M unicip ios Adm in ist r ar los Ser vici os Ed ucat ivos est at ales d e
Educació n Pr eescol ar , Básica Pr im ar ia, Secundar ia y M edia
Vocacion al.

2° Q ue la Ley 115 o G ener al de Educación de f ebr er o 8 de
1994, en su Ar t í culo 105 or dena que la vi nculac ión del per son al
Docent e, Dir ect ivo Docent e y Adm inist r ativo al ser vicio públ ic o
Educ at ivo Est at al , sólo podr á ef ect uar se m ediante
nom br am ient o pr evia exist encia de la p lant a apr obada por la
ent idad t er r it or ial y m ediant e concur so públ ico.

3º Q ue m ediant e Acuer do N° 15 de agost o 14 de 1995, se
cr ear on 27 plazas d ocent es par a G r ado Cer o y así m ism o se
adopt ó el Decr et o 082 em anado del Depar t am ent o
Adm inist r at ivo de la f unción públi ca que m odif ica la
Rem uner ación de l per sonal en el Esca la f ón Docent e.

4º Q ue conf orm e al Decr et o 2277 de sept iem br e 19 de 1979,
en las zonas r ur ales de dif í cil acceso y poblac iones apar t ad as
a que se r ef ier e el ar t í culo 37, o par a educación básic a
especia l, podr án nom br ar se par a ej er cer la docencia en los
nivel es pr e- escolar , básica pr im ar ia y básica secun dar ia ,
per sonas que acr edit en t í t ulo de bachil ler en cual qui er
m odalida d, siem pr e y cuando no exist a per sonal t it ulad o en
f or m ación que est é en capacidad de ser vicio r equer i do.

DECR ETA:

ARTI CULO PRI M E RO . - Nom br ase a los Docent es qu e a
cont inuaci ón se r elaci onan com o p r of esor es de Tiem po
Com plet o en G r ado Cer o en la zona rur al y ur bana , par a el
M unicip io de Buenav ent ur a acor de con las nor m as est ablecid as
de la Ley 115 de f ebr er o de 8 de 1994 y sus Nor m as
Reglam ent ar ia.

No. NOM BRE Y APELLI DO S C. C ESCUELA - LUG A R

1. CARMEN DORILA VALENCIA 26.255.821 B/tura Vasco Nuñez de
Balboa
[ …]
ARTI CULO SEG U NDO . - O r dénese el pago salar ial y
pr est acional a l os ant er ior es Docent es de acuer do a
docum ent os pr esentados en el m om ent o de la posesión, t ales
com o r esolución de escalaf ón [ …]

ARTI CULO TE RCE RO . - Los car gos de los Docent es
Nom br ados en el pr esent e Decr et o por necesidades d el
ser vicio est án suj et os a m odif icaciones e n lo que r esp ect a a el
( sic) lugar de t r abajo.

ARTI CULO C UAR T O . - El pr esent e decr et o r ige a par t ir de la
f echa de su expedici ón.

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CO M UNI Q UESE Y C ÚM PLASE.

[ …]
Alca lde M unici pal Secr et ar io de Educa ción M unicip al »
( sic)

• Obra carta de comunicación del 10 de abril de 1996 24 emitida
por la Secretaría de Educación del municipio de Buenaventura
dirigida a la accionante en la que le comunica que debe tomar
posesión , pues fue nombrada «DOCENTE DE BA SICA
PRIMARIA del Establecimiento Educativo VASCO NUÑEZ DE
BALBOA.»

• El Formato Único p ara la Expedición d e Certificado de Historia
Laboral del FOMA G, emitido por la Secretaría de Educación
Municipal de Buenaventura el 13 de noviembre de 2012 25,
hace constar que el «REGIMEN DE PENSIONES» es nacional,
y ocupa el cargo de docente primaria nombrado en propiedad.

Relaciona la siguie nte información en cuanto a los tiempos de
servicio :

24 E x p e d i e n t e administrativo digital allegado a folio 78.
25 I d e m .

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• El Formato Único para la Expedición de Certif icado de
Salarios del FOMAG, emitido por la Secretaría de Educación
de Buenaventura el 22 de enero de 2013 26, hace constar que
la vinculación fue «Municipal» y relacionó los siguientes
factores devengados en 2011 y 2012: asignación básica
(sueldo). Se advierte que en 2011 devengó además prima de
vacaciones 1/12 y prima de navidad.

De la lectura del Decreto 325 del 9 de agosto de 1996 , se evidencia
que la autoridad que nominó a la demandante fue el alcalde del
municipio de Buenaventura en ejercicio de sus propias atribuciones
y no relacionó facultades legales que fueran ajenas a su condición
natural de autoridad territoria l, es decir, que no invocó norma
adicional que permita inferir que se trató de un nombramiento
delegado por el Ministerio de Educación Nacional, ni hubo
intervención directa por parte del Gobierno nacional; tampoco se
indica que se va a ocupar un a plaza nacional, y f ue suscrito
únicamente por el alcalde y el secret ario de educación municipal .

Ahora bien, se precisa que en el mencionado acto de nombramiento
se invocó la facu lt ad otorgada por el legislador en el art ículo 2.° de
la Ley 60 de 1993, según el cual corresponde a los municipios
administrar los servicios educativos estatales en educación
preescolar, primaria, secundaria y media vocacional, ello en ra zón
a que los entes territoriales asumieron la administración de la
educación , así:

«A RT Í CULO 1o. CO M PET ENCI A S DE LA S ENT I DA DES
T ERRI T O RIA LES Y LA NA CIÓ N. <Ley der ogada por el
ar t í culo 113 de la Ley 715 de 2001> Par a los ef ect os de los
ar t í culos 356 y 357 de la Const it ución Polí t ica, los ser vic i os y las
com pet encias en m at er ia social, a car go de las ent idades
t er r it or ial es y la Nac ión, son los ind icado s en el pr esent e capí t ulo.
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0060_1993.html

26 F o l i o 15.

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A RT Í CULO 2o. CO M PET ENCI A S DE LO S M UNI CI PI OS. <Ley
der ogada por el ar t ículo 113 de la Ley 715 de 2001> Cor r esponde a
los M unici pios, a t r avés de las depen d encias de su or gan i zación
cent r al o de las ent idades descent r alizadas m unic ipal es
com pet ent es, en su car áct er de ent idades ej ecut or as pr incipales de
las acciones en m at er ia social, dir igir , pr est ar o par t icipa r en la
pr est ación de los ser vicios dir ect am ent e, conf or m e a la l ey, a las
nor m as t écnicas de car áct er nacional, a las or denanzas y a los
r espect ivos acuer do s m unicipal es así :

1. En el sect or educat ivo, conf or m e a la Const it ución Po lí t i ca y a
las dispos ici ones le gales sobr e la m at er ia:

• Adm inist r ar los ser vicios educat ivo s est at ales de educación
pr eescolar , básica p r im ar ia y secundar ia y m edia.

• Financiar las inver siones necesar ias e n inf r aest r uct ur a y dot ación
y asegur ar su m ant enim ient o, y par t ic i par con r ecur sos pr opios y
con las par t icipac i ones m un icipa les en la f inanci ación de los
ser vicios educ at ivos est at ales y en la co f inanciac ión de pr og r am as
y pr oyect os educat ivos.

• Ej er cer la inspecci ón y vigilanc ia, y la super visió n y evalua ción de
los ser vicios ed ucat i vos est at ales.

[ …] »

Aunado a lo anterior, se tiene que de forma expresa se indica que
mediante el Acuerdo 15 del 14 de agosto de 1995, fueron creadas
27 plazas para grado cero y , por lo tanto, el represen tante de la
entidad territorial nombró a la accionante en la Escuela Vasco
Núñez de Balboa, es decir , en una plaza municipal . Adviértase que
las asambleas departamentales y a los concejos municipales
conforme al artículo 150 de la Ley les fue atribuida la f unción de
regular la educación dentro de su jurisdicción en los términos de
las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1 994.

Resulta importante resaltar que la Ley 60 de 1993 (vigente para el
momento del nombra miento que se estudia), se expidió el Decreto

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196 de 1995 en el cual se definió a cada uno de los docentes y su
clase de vinculació n, así:

«A rt í cul o 2º . - Def inicion es. Par a los ef ect os de la apl icaci ón de l
pr esent e Decr et o, los sigu ient es t ér m inos t endr án el alcance
indic ado en cada un o de ellos:

Docent es na ci onal es y naci onal i zad os: Son aquel los q ue han
venido siend o f inanciados con r ecur sos de la Nación y que se
f inancian con r ecur s os del s it uado f isca l , a par t ir de la ent r ada en
vigenc ia de la Le y 6 0 de 1993.

Docent es Depart am ent al es, Di st rit al es y M uni ci pal es:

a) Son los docent es v i nculados por nom br am ient o de l a r espe ct iva
ent idad t er r it or ial con car go a su pr opio pr esupuest o y que
per t enecen a su plant a de per sonal ;

b) Son I gualm ent e los docent es f inanci ados o cof inancia do s por la
Nación - M in ist er io de Educación Nacio nal , m ediant e convenio s y que
se encuent r an vincu lados a plazas de pa r t am ent ales o m unicipal es.

Docent es de Est abl eci mi ent os Públ i cos O fi ci al es: Son aquel los
que per t enecen a la plant a d e per sonal del respect ivo
est ablecim i ent o púb l ico educat ivo nac ion al o t er r it or ial, labor an en
los nive les de pr ee scolar , de educaci ó n básica en los cic los de
pr im ar ia y secundar ia y de educación m edia y son pagados con
r ecur sos est ablecim i ent o. [ …] » ( Dest aca la Sala)

Igualmente , en la referida Ley 115 de 1994, se dispuso:

«A RT I CULO 105 . Vi ncul aci ón al servi ci o educat i vo est at al .
Vincu laci ón a l ser vicio educat ivo es t at al. La vincu laci ón de l
per sonal docent e, dir ect ivo y adm inist r at ivo al ser vicio públ ic o
educat ivo est at al, s ólo podr á ef ect uar s e m ediant e nom br a m ient o
hecho por decr et o y dent r o de la plant a de per sonal apr obada por
la r espect iva ent ida d t er r it or ial.
Únicam ent e podr án ser nom br ados com o educador es o f uncio nar ios
adm inist r at iv os de l a educación est at a l , dent r o de la plan t a de
per sonal, quienes pr evio concur so hayan sido seleccion ados y
acr edit en los r equis i t os legales.
A RT I CULO 106. Novedad es de personal . Los act os
adm inist r at ivos de nom br am ient os, tr aslados, per m ut as y dem ás
novedades de l per s onal doce nt e y adm i nist r at ivo de l a edu cación
est at al se har án por los gober nador es y por l os al cal des de l os

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di st ri t os o muni cipi os que est én admi ni st rando l a educaci ón
conf orme a l o est abl eci do en l a Ley 60 de 1993 .
Todo nom br am ient o deb er á aj ust ar se a los plazos y pr ocedim ient os
lega les y a la dispon ibi lid ad pr esupuest a l.
PA RA G RA FO . Los al cal des muni cipal es pueden nombrar
educadores c on ca rgo a l os recursos propi os del muni ci pi o ,
cum pliend o los r equi sit os exigid os por la ley. » ( Negr ill a de la Sala)

Ahora, no existe constancia de que se hubiere adelantado concurso
público para proveer las 27 plazas, pero conforme a lo establecido
en el Decreto 325 del 9 de agosto de 1996 sí existe cert eza de que
las plazas fueron creadas por la entidad territorial.

Sumado a lo anterior, en el artículo cuarto del d ecreto de
nombramiento , se aludió a lo dispuesto en el Decreto 2277 de 1979
–por medio del cual se estableció el régimen especial para regular
las condiciones de ingreso y demás situaciones administrativas
sobre el ejercicio de la profesión docente–, que en su artículo 5.º
prescrib ió:

«A rt í cul o 5º . Nom bram ient os. ( Der ogado por ar t í culo 116 de la Ley
115 de 1994) A part ir de la vigencia de est e Decr et o sólo podr án
ser nom br ados par a ej er cer la docencia en plant eles of icial es de
educación q uien es posean t í t ulo docent e o acr edit en est ar inscr it os
en el Escalaf ón Nacion al Doce nt e, de conf or m idad con los
sigui ent es r equer im i ent os par a cada uno de los niveles de l S ist em a
Educat ivo Nac iona l:

[ …]

Parágraf o. Est abléc ense las s igu ient es excepciones a lo dis puest o
en el pr esent e ar t í culo: ( Adicio nado por el ar t . 1, Decr et o Naciona l
85 de 1980) . 1°. En las zonas r ur ales de dif í cil acceso y poblaciones
apar t adas a que se ref ier e e l ar t í culo 37, o par a educación es pecia l,
podr á nom br ar se para ej er cer la docencia en los niveles pr eescolar ,
básico pr im ar io y bá sico secundar i o, per sonas que acr edit en t í t ulo
de bachil ler en cualquier m odalida d, siem pr e y cuando no exist a
per sonal t it ula do o en f or m ación que est é en capacidad de pr est ar
el ser vicio r equer ido . »

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Se infiere entonces que la actora fue nombrada bajo el amparo de
esta norma, toda vez que, según se extrae de los certificados
allegados al proceso, se constata que para la fecha de expedición
de los mismo s se encontraba escalafonada en el grado 14, sin que
pueda tenerse certeza del grado en el que se encontraba para la
fecha del nombramiento que se analiza (1996).

Adicionalmente, en el artículo tercero del mencionado acto de
nombramiento, se indica que el nominador ejercerá la facultad de
ubicar y trasladar a los docentes nombrados según las necesidades
del servicio, situación que se acompasa con lo establecido en el
Decreto 1706 de 1989 que reglamentó los artículos 7, 10 y 18 de la
Ley 29 de 1989, con la intención de desarrollar un régimen que se
adecuara a la administración de la prestación del servicio educativo.

De acuerdo con lo anterior, y en aplicación del análisis realizado en
el acápite correspond iente al período anterior, es dable concluir
que, en efecto, la naturaleza jurídica del vínculo es territorial .

Ahora bien, de acuerdo con la certificación relacionada, ésta da
cuenta de que la accionante fue en efecto trasladada –distribución –
a la Institución Educativa La Anunciación , mediante el Decreto 208
del 22 de agosto de 2005, dentro del municipio de Buenaventura y
sin solución de continuidad.

Por ende, es posible afirmar que desde el 18 de abril de 1996 hasta
el 31 de julio de 2012, cuando alcanzó la edad de retiro forzoso,
ostentó el mismo tipo de vinculación, pues no mutó la inicial .

Así mismo, en este documento se constata que los aportes a
seguridad social fueron realizados al FOMAG desde el
«18/04/1996» hasta el «3 1/07/2012», sin interrupciones.

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En esos términos, el certificado de tiempo de salarios que indicó
que se trató de una vinculación municipal, resulta afín con el
análisis efectuado por la Sala.

Por su parte, respecto a la certificació n emitida por el FOMAG, que
señala que el régimen de pensiones (m ás no la vinculación), es
nacional, no puede ser tenid a en cuenta para definir la naturaleza
jurídica de la vinculación de la actora , toda vez que no define el
carácter propio del vínculo , por lo que p ierde relevancia de acuerdo
con el estudio realizado .

Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que la accionante
acreditó los 20 año s de servicio requeridos el 2 de juli o de 2012, a
saber:

CALCULO DE PERÍODO TIPO DE
ACTO ADMINISTRATIVO FECHA INICIO FECHA FINAL PERÍODO CAUSADO VINCULACIÓN
DIA MES AÑO DIA MES AÑO (-)DIA DIA MES AÑO
Decreto 057 del 17-3-1967 17 3 1967 31 12 1970 1365 16 9 3 Territorial
Decreto 325 del 9 de agosto de 1996 18 4 1996 2 7 2012 5835 15 4 16 Nacionalizado
7200 1 0 20

2.4.2.3 En relación con el requisito d e buena conducta, obra en el
proceso certificad o de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación del 29 de noviembre de 2012, en el que se
indicó que la accionante no registra antecedentes . Adicionalmente,
fue arrimada al plenario la declaración extraproceso del 30 de
noviembre de 2012 presentada por la demandante , que da cuenta
del cumplimiento del requisito de honradez, consagración e
idoneidad y buena conducta .

A este respecto, se presume la buena fe de la interesad a en cuanto
al cumplimiento del requisito de ho nradez, consagración y buena

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conducta, pues adicionalmente, dicho tópico no fue objeto de
discusión en sede administrativa o en la primera instancia .

Así las cosas, esta Sala tiene el convencimiento de que la
demandante (i) prestó sus servicios como docente de carácter
territorial con ante rioridad al 31 de diciembre de 1980; (ii) acreditó
20 años de servicios con vinculación territorial el 2 de julio de
2012, fecha en la que alcanzó el estat us pensional; (iii) cumplió 50
años de edad el 23 de febrero de 1997; y (iv) no existen pruebas
de que haya incurrido en causal de mala conducta, lo que indica
que es beneficiari a de la pensión gracia .

En estas condiciones, los argumentos expuestos sobre este aspecto
por la entidad demandada carecen de fundamento fáctico y legal
como quedó demostrado , por lo que esta Sala confirmar á lo resuelto
por el a quo en la sentencia recurrid a .

• ¿Le asistió razón jurídica al a quo al condenar en costas a la
entidad demanda da en sede de primera instancia?

La entidad demandada solicitó reconsiderar la sanción por concepto
de costas con miras a su disminu ción atendiendo lo establecido en
el artículo 365 del Código General del Proceso –CGP– y la
sentencia del 7 de abril de 2016 . Afirmó que el proceso se realizó
con total celeridad y que se aportaron de forma oportuna y
pertinente los documentos solicitados. Adicionalmente indicó que ,
por tratarse de una entidad adscrita al Ministe rio de Hacienda y
Crédito Público, la sanción afectaría el erario y a sus
contribuyentes.

Al respecto, resulta pertinente indicar que esta Sección había
sostenido la tesis de que el concepto de las costas d el proceso
estaba relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro
de una actuación de esa naturaleza y comprendía los denominado s

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gastos o expensas del proceso , llamados en el CPACA gastos
ordinarios del p roceso y otros , co mo son los necesarios para
traslado de testigos y para la p ráct ica de la prueba pericial, los
honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y secuestres,
transporte de expediente al superior en caso de apelación, pólizas,
copias, etc.

A raíz de la expedición del CPACA, la Subsección A, inicialmente
sostuvo que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», frente a aquel que
resultara vencido en el litig io. Ello, e n consideración a que debían
observarse una se rie de factores tales como la temeridad, la mala
fe y la existencia d e pruebas en el proceso sobre los gastos y costas
en el curso de la actuación, en donde el juez debía ponderar dichas
circunstancias y sustentar la decisión, existiendo un margen de
análisis mínimo en el que el juez evaluara las circunsta ncias para
imponerla o no.

Sin embargo, con posterioridad , esta Subsección en providencia de l
7 de abril de 2016, varió aquella posición y acogió el criterio
objetivo-valorativ o al concluir que no se debe evaluar la conducta
de las partes –temeridad o mala fe –, sino los aspectos previstos en
el Código General del Proceso , con el fin de darle plena aplicación
a su artículo 365 , que dispone :

«Ar t í culo 365. Condena en cost as. En los pr ocesos y en las
act uaciones post er i or es a aquellos en que haya cont r over sia la
condena en cost as se suj et ar á a las siguient es r eglas:

1. Se condenar á e n co st as a la par t e venci da en el pr oc eso, o
a quien se le r esue l va desf avor ablem en t e el r ecur so de apelació n,
casación, quej a, sú plica, an ulac ión o r e visión que haya pr opuest o.
Adem ás, en los casos especial es pr evis t os en est e código.

Adem ás, se condenar á en cost as a quien se le r esuelva de m aner a
desf avor able un inc i dent e, la f or m ulació n de excepciones pr evias,
una solic it ud de nuli dad o de am par o de pobr eza, sin per j uici o de lo
dispuest o en r elac ió n con la t em er idad o m ala f e.

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2. La condena se hará en sent encia o aut o que r esuelva la
act uación que di o lu gar a aquella.
3. En la pr ovidenc ia del super ior que conf i r m e en t odas sus
par t es la de pr im era inst ancia se condenar á al r ecur r ent e en las
cost as de la segund a.
4. Cuando la sent en cia de segunda inst ancia r evoque
t ot alm ent e la del inf er ior , la par t e vencida ser á condenada a pagar
las cost as de am bas inst ancias.
5. En caso de que pr o sper e par cialm ent e l a dem anda, el j uez
podr á abst ener se de condenar en cost as o pr onunciar condena
par cial, expr esando los f undam ent os de su decisión.
6. Cuando f uer en dos ( 2) o m ás lit igant es que deban pagar las
cost as, el j uez los co ndenar á en pr o por ción a su int er és en el
pr oceso; si nada se dispone a l r espect o, se ent ender án dist r ibuidas
por par t es iguales e nt r e ellos.
7. Si f uer en var ios los lit igant es f avor ecido s con la condena en
cost as, a cada uno de ellos se les r econocer án los gast os que
hubier e suf r agado y se har án por separ ado las liq uidac iones.
8. Solo habr á lugar a c ost as cuando en el e xpedient e apar ezca
que se causar on y en la m edida de su com pr obación.
9. Las est ipu lacio nes de las par t es en m at er ia de cost as se
t endr án po r no escr it as. Sin em bar go, podr án r enunciar se después
de decr et adas y e n los casos d e de sist im ient o o t r ans acción. »
( Subr ayas de la Sal a)

Sobre este aspecto , fueron expuestos los siguientes fundamentos
que concretaron la posición:

a) «El leg islad or int r oduj o un cam bio sust ancial r espect o de la
condena en cost as, al pasar de un cr i t er io «subj et ivo» – CCA- a uno
«obj et ivo valor at ivo » –CPAC A- .
b) Se concluye que es «obj et ivo» por que en t oda sent encia se
«dispondr á» s obr e c ost as, es decir , se d ecidir á, b ien sea par a condenar
t ot al o par cialm ent e, o bien par a abst ener se, según las pr ecisas r eglas
del CG P.
c) Sin em bar go, se le c alif ic a de «va lor at iv o» por que se r equi er e que
en el expe dient e e l j uez r evise si las m is m as se causar on y en la m edid a
de su com pr obació n . Tal y com o l o or de na el CG P, est o es, con el p ago
de gast os or dinar i os del pr oceso y con la act iv idad d el aboga do
ef ect ivam ent e r eali zada dent r o del pr oceso. Se r ecalca, en esa
valor ació n no se incl uye la m ala f e o t emer idad de las par t es.
d) La cuant í a de la condena en agenc ia s en der echo, en m at er ia
labor al, se f ij ar á at endiendo la posic ión de los suj et os pr ocesales, pues
var í a según sea la par t e vencida el em pleador , el t r abaj ador o el
j ubilado, est os ú lt i m os m ás vulner abl es y gener a lm ent e de escasos
r ecur sos, así com o la com plej idad e int ensida d de la p ar t icipaci ón

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pr ocesal ( Acuer do núm . 1887 de 2003 Sala Adm in ist r at iva del Consej o
Super ior de la Jud ic at ur a) .
e) Las est ipul acion es d e las par t es en m at er ia de cost as se t endr án
por no escr it as, por lo que e l j uez en su liqu idac ión no est ar á at ado a lo
así pact ado por ést as.
f) La liqu idac ión de l a s cost as ( incluidas l as agencias en der e cho) ,
la har á el despacho de pr im er a o única inst ancia, t al y com o lo indica el
CG P, pr evia ela bor ació n de l secr et ar i o y apr obació n del r espect ivo
f uncionar io j udic ia l.
g) Pr ocede condena e n cost as t ant o en pr im er a com o en segunda
inst ancia. »

Con base en lo expuesto , se observa que en el presente caso la
entidad demandada resultó vencida en primera insta ncia, situación
que se enmarca en el numeral primero de la norma transcrita y , por
tanto, supone la imposición de costas.

Adicionalmente, acudiendo al análisis valorativo expuesto, se
observa que la demandante inici ó un proceso judicial para lo cual
tuvo que contratar un abogado que presentó la demanda, acudió a
las audiencias y presentó alegatos de conclusión, h echos que
resultan indicativo s de la efectiva actuación realizada dentro del
proceso.

En ese orden, es necesario recordar que corresponde al juez la
valoración de la causación de las costas, dado que fue éste quien
observó el procedimiento de las partes desplegado en el trámite de
instancia, por lo cual, esta Sala considera que la decisión adoptada
por el tribunal fue razona ble y contiene los fundamentos , que según
se explicó, estos se encuentran enmarcados en las causales
relacionadas en el artículo 365 del CGP . Por consiguiente , no se
advierte que haya lugar a una disminución sobre las mismas y , en
ese sentido , habrá de confirmarse lo dispuesto en la sentencia
recurrida .

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3. Conclusión

Conforme a lo anterior, la demandante logró desvirtuar la
presunción de legalidad de los actos acusados, por lo que , a la
señora Carmen Dorila Valencia de Lobón , le asiste el derecho a la
pensión gracia .

En ese sentido , esta Subsección confirmará la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 31 de mayo de
2019, que accedió a las pretensiones de la demanda .

4. Condena en costas de segunda instancia

En el presente caso se condenará en costas de segunda instancia
a la entidad demandada, en la medida que, conforme a los
numerales 3 y 8 del artículo 365 del Código General d el Proceso,
resultó vencida en el proceso y estas se causaron por la actuación
procesal de su contraparte a través d e apoderado, quien presentó
alegatos de conclusión . Adviértase además que para el momento
en el que se recurrió la decisión de primera instancia, esta
Jurisdicción tenía una posición unificada respecto al derecho aquí
debatido por medio de la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18
del 21 de junio de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley.

F A L L A:

PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 31 de mayo de 2019, que
accedió a las prete nsiones de la demanda presentada por la señora
Carmen Dorila Valencia de Lobón contra la Unidad Administrativa

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Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP–, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva.

SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada .

TERCERO. En firme esta decisión devolver el expediente a l Tribunal
de origen y efectuar las respectivas anotaciones en el programa
SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de l veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023) .

GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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