Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00111-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2017-00111-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
5 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (20 22)
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00111-01 (2874-2019)
Demandante: DIANA JUDITH MONTES TURIZO
Demandado: E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY
Tema: Relación laboral encubierta o subyacente – Prueba
de la continuada subordinación y dependencia . Ley
1437 de 2011 .
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
I. ASUNTO
1.La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado decide el recurso de apelación impetrado por la parte
demandante, en contra de la providencia del 28 de febrero de 2019 ,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar , por m edio de la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1 Pretensiones 1
2.Diana Judith Montes Turizo , por in termedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la
nulidad del Oficio de 27 de mayo de 2016 por medio del cual la
E.S.E. Hospital San Roque de El Copey dio respuesta negativa a la
petición realizada el 12 de mayo de 2016 , en la que se exigió
reconocer la existencia de una relación laboral entre la demandante
y dicha entidad en el lapso comprendido entre el 2 de enero de 2012
y el 4 de marzo de 2015.
3. Atítulo de restablecimiento del derecho , solicitó que se pagu en
las prestaciones que le habrían correspondido tales como: primas,
1 Folios 1 y 2 cuaderno 1 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: Diana Judith Montes Turizo
cesantías, intereses de cesantías, vacaciones así como los aportes
al sistema de seguridad social integral ; así mismo que se condene
a reconocer la sanción moratoria; que se indexen las sumas ob jeto
de condena y que se cumpla con l o ordenado en la sentencia en los
términos de los artículos 189, 192, 193 y 195 del Código de
Procedimiento A dministrativo y de lo Contencioso Administrativo .
2.2. Hechos relevantes
4 . El señor
apoderado de la parte demandante narró los hechos que
se resumen a continuación 2:
2.2.1. Diana Judith Montes Turizo prestó sus servicios a la E.S.E.
Hospital San Roque de El Copey , Cesar, a través de
contratos de prestación de servicios entre el 2 de enero de
2012 y el 4 de marzo de 2015 , para ejercer labores de
médico general.
2.2.2. La parte demandante afirmó que los servicios fueron
prestados de manera personal, bajo continuada
subordinación y dependencia, sujetos a un horario de
trabajo y que las labores se cumplían en las mismas
condiciones que las de los servidores de planta , y por ellas
recibía los honorarios pactados.
2.2.3. Por medio de derecho de petición de 12 de mayo de 2016
solicitó el reconocimiento de una relación laboral , y el
restablecimiento en las condiciones p reviamente referidas .
2.2.4. A través del Oficio de l 27 de mayo de 2016 la demandada
negó la solicitud de reconocimiento de una relación laboral ,
acto que le fue notificado el 27 de julio de 2016.
2.3. Normas violadas y concepto de violación.
5 . Como disposiciones violadas citó las siguientes:
Constitución Política: artículos 13, 25 y 53.
Ley 80 de 1993: artículo 32, numeral 3.
6. El señor apoderad o de la parte demandante indicó que el acto
administrativo demandado debe ser declarado nulo por cuanto se
desconoció que entre la E.S.E. Hospital San Roque de El Copey y
la señora Montes Turizo se p resentó una relación laboral encubierta
a través de contratos de prestación de servicios.
2 Folios 2 a 4 del cuaderno 1 del expediente.
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Demandante: Diana Judith Montes Turizo
7.Al respecto, sostuvo que la demandante prestó sus servicios en
las mismas condiciones que los médicos de planta, con un horario
definido y bajo condición de subordinación , pues para ausentarse
del lugar de trabajo debía pedir permiso a la coordinadora médi ca.
8 . Por otra parte, p uso de presente que a través de las re soluciones
001 y 004 de 2013 el gerente de la entidad demandada nombró en
provisionalidad a los doctores José I sabel Pérez y Sile na Patricia
Salgado Ospino, lo cual considera discriminatorio.
2.4. Contestación de la demanda
9 . La E.S.E.
Hospital San Roque de El Copey contestó 3 la demanda
y se opuso a las pretensiones , conforme a los siguientes
argumentos:
1 0 . Para
comenzar, sostuvo que entre la señora Montes Turizo y la
E.S.E. no existió un vínculo laboral, y no se acreditaron los tres
elementos a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo , en particular el de la continuada subordinación.
1 1 . Por
otra parte, afirmó que la demandante desarrolló actividades
contractuales precisas de prestación de servicios profesionales de
medicina general para la atención de pacientes en el área de
consulta de El Copey, Cesar, en las fechas precisas contenidas en
los distintos contra tos suscritos entre 2012 y 2015.
1 2 . Además aseveró que en el caso concreto lo que se presentó fue
la coordinación de actividades y no la continuada subordinación
2.5. Decisiones relevantes en el curso de la audiencia inicial
1 3 . Dentro del t rámite de la audiencia inicial, realizada el
17 de abril
de 2018, el Tribunal Administrativo del Cesar puso de presente que
la entidad no propuso excepciones previas, motivo por el cual
procedió a fijar el litigio en los siguie ntes términos:
«De conf or m idad con lo ant er ior , el l it igi o se cent r ar á en
det er m inar , en pr im er lugar , si es nulo o no e l a ct o
adm inist r at ivo cont enido en el of icio sin núm er o not if icado e l
27 de j ulio de 2017 ( sic) , por m edio de la cual, el Hosp it al Sa n
Roque de El Copey - Cesar negó e l r ec onocim ient o y pago de
las pr est aciones s ocial es, apor t es dej ados de ef ect uar al
r égim en de segur id ad socia l en sal ud y pensión, y dem ás
em olum ent os solic it ados por la dem andant e.
3 Folios 97 a 106 del cuaderno 1 del expediente.
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Par a ef ect os de lo ant er ior se deber á est ablecer , si exist i ó o
no una r elac ión l abor al ent r e la se ñor a DI ANA JU DI T H
M O NTES TURI ZO , y el Hosp it al San Roque de E l Copey -
Cesar , dur ant e el per í odo t r anscur r ido ent r e el 2 de ener o de
2012 y el 4 de m ar zo de 2 015, o el que r esult e pr obado dent r o
del pr oceso.
En caso de ser af ir m at ivas las pr em isas ant er ior es, se
anal izar á si r esu lt a pr ocedent e con denar a la ent id ad
dem andada, a r econocer y pagar a f avor de la señor a MO NTES
TURI ZO , a t ít ulo de r est ablecim ie nt o del der echo, el
equiva lent e a las prest aciones socia les, de conf orm idad con el
r égim en pr est aciona l cont em plado par a la pla nt a de per son al
de la ent idad que se encont r aba vigente par a la época de la
r elación l abor al: así com o la sanció n m or at or ia, salar i o
suplem ent ar io, por c ent aj es de cot izació n dej ados de ef ect u ar
al sist em a de seguridad socia l en salud y pensión, y demás
em olum ent os der ivados de la r elació n la bor al.
Fina lm ent e, habr á pr onunciam ient o acer ca de la indexación de
las sum as que se r econozcan, los t ér m inos de l cum plim i en t o
de la sent encia, la p r escr ipción y la con dena en cost as » 4.
2.6. La sentencia apelada
1 4 . El
Tribunal Administrativo del Cesar 5, por medio de la sentencia
proferida el 28 de febrero de 2019 negó las pretensiones de la
demanda con fundamento en los siguientes argumentos:
1 5 . Para
comenzar, se refirió a los ele mentos de la relación laboral
y señaló que en este país las diferentes formas de vinculación con
el Estado son: la legal y reglamentaria, la laboral contractual para
trabajadores oficiales, y el contrato de prestación de servicios.
16. Acontinuación, señaló que en el caso concreto no se demostró
la existencia de los contratos de prestac ión de servicios, porque no
se aportaron al proceso, y tampoco se acreditó la vinculación legal
y reglamentaria porque no fueron allegados los act os de
nombramiento.
17.En concordancia con lo anterior, puso de presente que no es
posible tener como prueba la certificación expedida por el
profesional universitario de la E.S.E. Hospital San Roque , puesto
que en esta no constan las funciones realizadas, y no se pueden
establecer los extremos temporales, ya que s implemente consignó
que ejecutó las labores entre el 10 de enero de 2012 y la fecha de
4 Folio 123 vto. del cuaderno 1 del expediente.
5 Folios 191 a 204 vto. del cuaderno 2 del expediente.
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expedición de la constancia , la cual no coincide con lo afirmado en
la demanda.
18.A lo anterior agregó que la carencia de los contratos de
prestación de servicios contraría el principio de solemnidad.
19. El Tribunal A dministrativo del Cesar sostuvo que no se
acreditaron suficientemente las funciones desempeñadas y la
previsión de recursos en el presupuesto para el pago .
20. Ante la falta de los contratos, consideró que la situación se
podría enmarcar en un enriquecimiento sin justa causa por parte
del Estado, sin embargo, al analiz ar el caso concreto determinó que
no encajaba en una de las circunstancias que dan lugar a la
reparación en los t érminos de la sentencia de unificació n de 19 de
noviembre de 2012 , pues no existió constreñimiento para que la
señora Montes Turizo prestara el servicio , ni que haya obedecido a
una situación de urgencia o de una lesión inminente del derecho a
la salud.
2 1 . Como
consecuencia de lo anterior, negó las pr etensiones de la
demanda.
2.7. El recurso de apelación.
2 2 . El apoderadode la parte demandante apeló la decisión 6, pues a
su juicio la sentencia se fundamentó en el argumento equivocado
de que el único medio probatorio para demostrar el vínculo era a
través de los contratos de prestación de servicios, ya que en el
expediente se encuentra la certificación expedida por el pro fesional
universitario de la E.S.E. San Roque de El Copey, en donde consta
que ejecutó labores entre el 10 de enero de 2012 y la fecha de la
expedición de la misma, 21 de enero de 2014, a lo que se suman
otros elementos que reposan en el acervo como circulares , y
memorandos relacionados con auditor ías, además de los
testimonios practicados, y el mismo acto demandado , en el que se
afirmó que existió un a «vinculación contractual».
2 3 . En ese orden de ideas, señaló que el Tribunal
Administrativo del
Cesar incurrió en una valoración indebida de la prueba . Al respecto,
agregó que en la demanda fueron enunciados como medios de
prueba los contratos de prestación de servicios, y fueron
decretados.
6 Folios 208 a 214 del cuaderno 2 del expediente.
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2 4 . Adicionalmente,
afirmó que en el fallo de primera in stancia se
presentó un defecto fáctico y se desconoció el principio de primacía
de la realidad sobre las formas al supeditar el reconocimiento de
prestaciones sociales a la existe ncia de una resolución de
nombramiento y acta de posesión .
25. Por último, aportó los contratos de prestación de servicio, y
solicitó sean tenidos en cuenta de acuerdo con lo previsto en el
artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
2.8. Alegatos de concl usión en la segunda instancia.
2 5 . Las
partes demandante y demandada y el agente del ministerio
público guardaron silencio en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
2 6 . De conformidad con el artículo
150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 7, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.
27. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso 8, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No
obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia,
el superior resolverá sin limitaciones .
28. Por lo anterior, en el caso concreto el estudio en segunda
instancia se limita rá a analizar los argumentos de la apelación
conforme al problema jurídico que se formula a continuación.
7 ElConsejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios
de revisión o de unificación de jurisprudencia.
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los caso s previstos
por la ley […]».
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3.3. Problema jurídico.
29.A partir de lo e xpuesto en el recurso de apelación, se deberá
determinar si se demostró la existencia de una relación laboral
entre la señora Diana Judith Montes Turizo y la E.S.E. Hospital San
Roque de El Copey, Cesar. En ca so de que la respuesta al
interrogante sea positiva, se deberá determinar la forma de
restablecer el derecho.
30.Para resolver el problema jurídico planteado, se partirá por
recordar algunos aspectos relativos al reconocimiento de la relación
laboral enmascarada a través de contratos de prestación de
servicios.
3.4. Del contrato realidad
31. En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 9 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de un a relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que
surge el derec ho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que
se propende hacia la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.
3 2 . De
acuerdo con lo anterior, para acreditar la existencia de una
relación laboral es necesario probar los tres elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en condiciones de subordinación y dependencia
continua da.
3 3 . Contrario
sensu , se constituye una relación contractual, que se
rige por la Ley 8 0 de 1993, cuando se pacta la pre stación de
servicios relaciona dos con la administración o funcionamiento de la
entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pago de honorarios
por los se rvicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con person al de planta o requiere co nocimientos
especializados.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 25 de agosto de 2016, expediente 0088 -2015, magistrado
ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
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de resaltar que en la sentencia C – 154 de 1997 10, la Corte
3 4 . Es
Constitucional declaró la constitucio nalidad pura y simple y no
condicionada de la expresión «cuando no puedan realizarse con
personal de planta» del artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, motivo
por el cual la diferencia entre una y otra forma de vinculación se
encontrará en la continuada dependencia del servidor público, en
los términos del literal b del artículo 23 del Código Sustantivo del
Trabajo, pero lo anterior no quiere decir que las actividades
«relacionadas con la administración o funcion amiento de la
entidad» no se puedan adelantar a través de contratistas puesto
que precisamente la suprema guardiana de la Constitución Política
declaró ajustada al ordenamiento l a mencionada expresión.
3 5 . En ese orden de ideas, c uando se logra desvirtuar el contrato de
prestación de servicios, inexorablemente se impone el
reconocimiento de las prestaciones sociales generadas, atendiendo
a la causa jurídica que sustenta verdaderamente dicho
restablecimiento, que no es otra que la relación laboral que se
ocultó bajo el ropaje de un contrato administrativo estatal.
36. Ello en aplicación de los principios de igualdad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemnizatoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 11.
37. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su
jurisprudencia y señaló que el pago de las prestaciones que se
reconocen como consecuencia de la nulidad del acto administrativo
que negó la existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como rep aración integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:
« F re n te a l a n te ri o r p a n o ra m a ju ri s p rud e n c i al , re s u l ta i m pe ri o s o
u n i fi c a r e l p re c e d en te c o n e l fi n ú l tim o d e a c o g e r e l c ri te ri o q ue s e a
m á s fa v o ra b l e a lo s c i u d a d a no s q u e a c u d e n a n te l a ju s ti c i a
c o n te n c i o s o - a dm in i s tra ti v a e n b u s c a d e o b te n e r e l re c o n o c i mi e nto d e
l o s d e re c h o s q u e e ra n i n h e re n te s a u n a r e l a c i ón l a b o ra l p e ro q u e l a
A dm i ni s tra c i ó n d i s fra z ó c o n l a s u s c ri p c ió n d e u n c o n tra to e s ta ta l ,
p a ra l o c u a l h a d e a d v e rti rs e q u e e l re s ta b l e c imi e n to d e l d e re ch o e s
– 154 de 19 de marzo de 1997, magistrado
10 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a C
ponente: Hernando Herrera Vergara.
11Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 17 de abril de 2008 , expediente 2776-05, magistrado
ponente: Jaime Moreno García.
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u n a c o n s e c u e n ci a l óg i c a d e l a n u l id a d qu e s e d e c re ta , y a q u e u n a
v e z e j e c u to ri a da la s e n te n c i a q ue a s í l o d e c l a ra , e l a c to
a d mi n i s tra ti v o d e s ap a re c e d e l m u n d o j u ríd i c o , p o r l o q u e l o s
d e re c h o s y s i tu a c i o ne s a fe c ta d o s d e b e n v o l v e r a s u e s ta d o i n i ci a l , e s
d e c i r, q u e e n l a s c o n tro v e rs i a s d e c o n t ra to re a l i d a d h a y l ug a r a
re c o n o c e r l a s p re s ta c i o n e s q u e e l c o n tra ti s ta d e j ó d e d e v e n g ar y e l
ti e m p o d e s e rv i c i o s co n fi n e s p e n s i o n a l e s , p u e s s u s i tu a c i ó n j u r íd i c a
fu e m e d i an te u n c o n tra to e s ta ta l , p e ro q u e e n s u e j e c u c i ón s e d i e ro n
l o s e l e me n to s c o n s ti t u ti v o s d e u n a re l a c i ó n l a b o ra l , q u e e n c a s o d e
h a b e r s i d o v i n cu l a d o c o m o em pl e a d o p úb l ic o h u b i e s e te n i do d ere c h o
a l a s m i s ma s p re s ta c i o n e s q u e d e v e n g an l o s d e m á s s e rv i d ore s d e
p l a n ta d e l a re s p e c ti v a e n ti d a d .
P o r c o n s i g ui e n te , n o re s u lta p ro c e d e nte c o n d e na r a la a g e n c ia
e s ta ta l d e ma n d a d a a l p a g o d e la s p re s ta c io n e s a la s q u e te n ía
d e re c h o e l c o n tra ti s ta -tra b a ja d o r a tí t u lo d e re p a ra c ió n i n te g ra l
d e p e rju ic io s , d a d o q u e e s ta s s e re c o n o c e n c o mo e fe c to d e la
a n u la c ió n d e l a c to q u e la s n e g ó , p e s e a s u d e re c h o a s e r t ra ta d o
e n i g u a l da d d e c o nd i c i o ne s q u e a l o s d e m ás e m pl e a do s p ú b l i c os
v i n c u l ad o s a tra v é s d e u n a re l a c i ó n l e g a l y re g l a m e n ta ri a , e s to e s , a
p e s a r d e te n e r u n a re m u n e ra c i ó n c o n sti tu i d a p o r l o s h o n o ra ri o s
p a c ta d o s , l e fu e c e rc e n a d o s u d e re c h o a re c i b i r l a s p re s ta c i on es q u e
l e h u b i e re c o rre s p o nd i d o s i l a A dm i ni s tra c i ó n n o h u b i e s e u s ad o l a
m o d al i da d d e c o n tra ta c i ó n e s ta ta l p a ra e sc o n d e r e n l a p rá c ti ca u na
re l a c i ó n d e tra b a j o » 12.
3 8 . En
cuanto a lo s derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a
que su exigibilidad es imposible a ntes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral tie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del fallo que nace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 13.
39. Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque
es cierto que es desde la sentencia que se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos que pretende; lo que significa que debe solicita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 14.
12Consejo de Estado , Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 , expediente 0088-
2015, magistrado ponente: Carmelo Perdomo Cuéter.
13 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n S e g u n d a ,
sentencia de 6 de abril de 2008, expediente 2152-06, magistrado ponente:
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, S ección
Segunda, sentencia de 9 de abril de 2014 , expediente 131-13, magistrado
ponente: Luis Rafael Vergara Quintero.
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Radicado: 20001-23-33-000-2017-00111-01 (2874-2019)
Demandante: Diana Judith Montes Turizo
4 0 . De
igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación, en la referida sen tencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:
« P o r l o ta n to , s i q u i e n p re te n d e e l re c o n o c im i e n to d e l a re l a c i ó n
l a b o ra l c o n e l E s ta d o , s e e x c e d e d e l o s tr e s a ñ o s , c o n ta d o s a p a rti r
d e l a te rm i n a c i ó n d e s u v ín c u l o c o n tra c tu a l , p a ra re c l a m ar l o s
d e re c h o s e n a p l i c a ció n d e l p ri n c i p io d e l a “… p ri ma c ía d e l a re a l i d a d
s o b re l a s fo rma l i d a de s e s ta b l e c i d a s p o r l o s s u j e to s d e l a s re l a c i o n es
l a b o ra l e s ” (a rtíc u l o 5 3 c o n s ti tu c i o n a l ), s e e x ti n g u e e l d e re c h o a
s o l i c i ta r l a s p re s ta c io n e s q u e s e d e ri v en d e a q u e l la , p u e s d i c ha
s i tu a c i ó n s e tra d u c i ría e n s u d e s i n te ré s , q u e n o p u e d e so p orta r e l
E s ta d o , e n s u c o n d i c i ó n d e e m pl e a d o r.
P e ro e n a q u e ll o s c o ntra to s d e p re s ta c i ó n d e s e rv i c i o s , p a c ta d os p o r
u n i n te rre g n o d e te rmi n a d o y q u e l a e je c uc i ó n e n tre u n o y o tro ti e n e
u n l a p s o d e i n te rru p c i ó n , fre n te a c a d a u n o d e e l l o s h a brá d e
a n a l i za rs e l a p re s c rip c i ó n a p a rti r d e s u s fe c h a s d e fi n a l i z ac i ó n ,
p u e s to q u e u n o d e l o s fu n d a m e n to s d e l a e x i s te n c i a d e l c o n tra to
re a l i d a d es p re c i s ame n te l a v o c a c ió n d e pe rm a n e nc i a e n e l s e rv i c i o .
P o r c o n s i g ui e n te , l e c o rre s p o n d e rá a l j uez v e ri fi c a r s i e x i s ti ó o n o l a
c i ta d a i n te rru p c i ó n co n tra c tu a l , q u e s e rá e x c l u i da d e re c o n o c im i en to
y e x a m i n ad a e n d e ta l l e e n c a d a c a s o p a r ti c u l a r, e n a ra s d e p ro te g e r
l o s d e re c h o s d e l o s tra b a j a d o re s , q u e h a n s i d o b u rl a d o s po r l a s
a u to ri d a d e s a d mi n i s tra ti v a s a l e n c u b ri r u n a re l a c i ó n l a b o ra l b a j o
c o n tra to s d e p re s ta c i ó n d e s e rv i c i o s » .
4 1 . Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno prescript ivo
no opera respecto de los aportes para pensión, teniendo en cuenta
la condición periódica del derecho pensional que lo hace
imprescriptible.
42.Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia SUJ-025-CE -S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 15 estableció las siguientes pautas de unificación frente a
varios aspectos d el contrato realida d como son: i) el sentido y
alcance de la expresión «término estrictamente indispensable»
(temporalidad) contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley
80 de 1993; ii) la delimitación del término de solución de
continuidad en los contratos estatales de prestación de servicio s
que ocultaron la existencia de una relación laboral que se declara,
a efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii)
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista.
15Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, expediente: 1317-2016,
magistrado ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas.
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4 3 . Al efecto señaló l a Sección Segunda:
«[ …] ( i ) La primera regl a def ine que el concept o de «tér m ino
est r ict am ent e indispensable » , al que alude el num er al 3. º del
ar t í culo 32 de la Le y 80 de 1993, es el señalado e n los es t udios
pr evios y en el objet o del cont r at o, el cual, de acuer do con el
pr incip io de planeaci ón, t iene que est ar just if icado en la necesidad
de la pr est ación de l ser vicio a f avor de la Adm inist r ación, de f or m a
esencia lm ent e t em por al y, de ninguna m aner a, con ánimo de
per m anencia.
( i i ) La segunda regl a est ablece un per iodo de t r eint a ( 30) dí as
hábi les, ent r e la f inaliz ación de un cont r at o y la ej ecución del
sigui ent e, com o t érm ino de la no soluci ón de cont inuidad, el cual,
en los cas os que se exceda, podr á f lex ib il izar se en at enc ión a las
especia les cir c unst a ncias que e l j uez e ncuent r e pr obadas dent r o
del exped ient e.
( i i i) La t ercera regl a det er m ina que f rent e a la no af il iaci ón al
sist em a de la S e gur idad So cia l en salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que
el cont r at ist a hubie se asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudar on
com o r ecur sos de nat ur aleza par af iscal ».
4 4 . En
esta misma providencia expresamente se puso de presente
que «aun cuando se acrediten los mencionados elementos del
contrato de trabajo, lo que emerge entre el contratista y la entidad
es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la
primacía de la re alidad sobre las f ormalidades, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la cat egoría de empleado público a
quien prest ó sus servicios sin que concurran los elementos
previstos en el artículo 122 de la Carta Política».
3.5. De la prueba de la relación laboral
4 5 . En relación con el argumento expuesto por la parte demandante
según el cual en e l proceso se demostró plenamente la existencia
de la relación laboral , pues existió una certificación de la relación,
unos memorandos y se corroboró con la prueba testimonial , es
necesario tener en cuenta que el contrato estatal por regla general
es solemne. Al respecto, la doctrina ha afirmado lo siguiente:
«…Ahor a bien, dada la nat ur aleza del cont r at o del Est ado, este
es esencia lm ent e f or m alist a en at enci ón a m ot ivos de cer t ez a,
clar idad y segur i dad , am én de la aplica ción ir r est r ict a de lo s
pr incip ios de la función adm inist r at i va, ent r e ellos, la
publ icida d y la t r anspar e ncia ( ar t . 23 de la Ley 80 y 13 de la
Ley 1150 de 20 07) , de m odo que acá no oper a el pr inc ip io d e
la l iber t ad de f or m a de m anif est ación de l consent im ie nt o par a
ef ect os de su celebr ación y conf igu r ación. Por ello, su
nacim ient o a l a vid a j ur í dica debe r odea r se del cum pl im ent o
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de r equis it os que, d e no r eunir se a cab alid ad, t r aer í an como
consecuenci a su ine xist encia, dif er encia básica con el r égim e n
pr ivado, en dond e la aut onom í a de la vol unt ad en est e aspect o
t iene t ot al aplicac ió n, salvo que exist a nor m a esp ecial qu e
exij a una f orm a deter m inada, cual es el caso de la hipot eca
pr evist o en el ar t í culo 2434 CC, y m ás especí f icam ent e lo que
consagr a el inciso 1. ° del ar t í culo 39110] de la Ley 80 de 1993,
que exige e l escr it o en los cont r at os que im pliq uen m ut ació n
del dom ini o o im posi ción de gr avám enes y ser vidum br es sobre
bienes i nm uebles y, en gener al, aquel lo s que conf or m e a las
leyes vigent es deb a n cum plir con dicha f or m alidad.
Com o consecuenc ia de lo a nt er ior , en consider ac ión a la s
clasif ic acion es lega les y las e labor a das por la doct r in a
iuspr ivat ist a, se pu ede af ir m ar que el cont r at o est at al es d e
car áct er i) bilat er al, por cuant o las par t es adquier en
obli gacio nes que s e m ir an com o r ecí pr ocas; ii) oner oso, e n
cuant o r epor t a ut il id ad o benef ic io p ar a am bos c ont r at ant es,
gr avándose uno a favor del ot r o; iii) conm ut at ivo, com o r egla
gener al, por que cada una de las par t es se obliga a dar o hacer
una cosa que se e n t iende com o equ ival ent e a lo que la ot r a
par t e debe dar o hacer a su vez, y iv) pri nci pal mente,
sol emne, ya que la m anif est ación de volunt ad, si no se
expr esa baj o la f or ma ad solem nit at em o ad subst ant iam act us
exigi da por la l ey, es inexist ent e, es de cir , se ent iende que el
cont r at o j am ás ha sido cr eado par a el mundo j ur í dico. Así, el
cont r at o est at al es esencia lm ent e f or malist a, a dif er enci a de
lo que acont ece en el der echo pr ivado en donde im per a, por
r egla gener a l, la ple na lib er t ad de f or m a conf or m e al pr incip i o
solus consensus oblig at , en vir t ud del cual, con la m er a
acept ación de la of e r t a, nace e l cont r at o a la vida j ur í dica. Ell o
signif ica que en e l d er echo adm inist r at iv o la solem n idad es l a
r egla gener al y absolut a par a poder hablar de contr at o est at al,
de t al m aner a que acá oper a el br ocár dico r om ano f or m a dat
esse r ei » 16.
46.Esta corporación ha llegado a la misma conclusión en los
siguientes términos:
«Pues bi en, de acue r do con lo d ispuest o en los ar t í culos 39 y
41 de la Ley 8 0 de 1993 l os cont rat os est at al es son
sol emnes puest o que su perf ecci onami ent o exi ge l a
sol emni dad del esc ri t o, excepción hec ha de cier t os event os
de ur gencia m an if ie st a en que el cont r at o se t or na consensu al
ant e la im posibil id ad de cum plir con la exigencia de la
solem nida d del e scr it o ( Ley 80 de 199 3 ar t í culo 41 incis o 4º ) .
En los dem ás ca so s de ur gencia m anif iest a, que no quede n
com pr endidos en és t a hipót esis, la so le m nidad del escr it o se
suj et a a la r egla gener al expuest a.
16Juan Carlos Expósito Vélez, Forma, formalidades y contenido del contrato
estatal. Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2020.
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No se olv ide que las nor m as que e xi gen sol emni dades
const i t ut i vas son de orden públ i co e i mperat i vas y por l o
t ant o i nmodif i cables e i nderogabl es por el querer de sus
dest i nat ari os.
En consecuenc ia, sus dest inat ar ios, es decir t odos los que
pr et endan int er venir en la celebr ación de un contr at o est at al,
t ienen el deber de acat ar la exigencia lega l del escr it o par a
per f eccionar un neg ocio j ur í dico de esa est ir pe sin que sea
adm isib le la ignor a ncia del pr ecept o com o excusa par a su
inobser vanc ia.
Y si se invoca la buena f e par a j ust if icar la pr ocedencia de la
act io de in r em ver so en los casos en que se han ej ecut a do
obr as o pr est ado ser vicios al m ar gen de una r elació n
cont r act ual, com o lo hace la t esis int er media, t al j ust if icación
se der r um ba con sólo per cat ar se de que la buena f e que debe
guiar y que debe ca m pear en t odo el it er cont r act ual, es decir
ant es, dur ant e y después del cont r at o, es la buena f e obj et iva
y no la subj et iva » 17.
47.Es de señalar que en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012 se
estableció la carga de la prueba, por lo que es el demandante quien
debe demostrar la existencia de una verdadera re lación laboral.
48. Por su parte, en el 256 ibidem se determinó que la falta del
documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o
validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba.
49.De conformidad con lo anterior, la prueba del vínculo no se
puede suplir con la declaración de testigos, pues se trata de un
documento que la ley exige como solemnidad.
5 0 . Así las cosas, para declarar la existencia de una relación laboral
la parte debe efectivamente aportar los contratos suscritos.
51.Es de resaltar, que el principio de primacía de la realidad sobre
las formalidades no tiene el alcance de desconocer aquellas que
tienen la naturaleza de sustanciales, puesto que la sanción que
comporta la falta de cumplimiento de estas será e de la inexistencia
del acto o contrato , tal como lo ha determinado también la Corte
Suprema de Justicia en los siguientes términos:
«Se t r at a de una f or m alidad ad subs t ant iam act us y ad
pr obat ionem . El « docum ent o sir ve t ant o par a const it uir
17 C o n s e j o d e
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia de unificación de 19 de noviembre de 2012, expediente 24.897,
magistrado ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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válid am ent e el act o j ur í dico, com o par a pr obar lo». La suer t e
de los hechos suj et os a esas f orm alidade s legales, en caso de
om isión, det er m ina que la r e laci ón no p r oduce ef ect o j ur í dico
alguno, por supu est o, com o «desconoci m ient o o alt er ación »
«de las consec uenci as», «par t iendo de l a pr opia negat iva d e l
ser o inexist encia ( …) f enóm eno (…) de indispensa ble
cont em plación desd e un punt o de vist a lógico y pr agm át ico,
f r ent e a ocur r encias vit ales».
La observ anci a d e l a f orma sol emne, condi ci ón ad
sol emni t at em , apenas para ci ert os act os que así l o
demanden, perent o ri ament e en l os modos previ st os por el
l egi sl ador, es vi ncul ant e o const i t ut i va porque es ad
subst ant i am act us ( f orma dat esse rei ) , en conson anci a co n
el art í cul o 1501 del Códi go Ci vi l , y su omi si ón desemboca
en l a i nexi st enci a; cl aro si n que se trat e de un cult o a l a
f orma o en cont ra de l a l i bert ad de f ormas; pero en el caso,
es aut ént i co requi si t o de exi st enci a, de manera que cuando
su i nobservanci a e s t ot al , genera l a inexi st enci a del act o ,
com o cuando ocur r e ausencia d e vol unt ad o car encia de
obj et o, por f alt a de las aut ént icas b ases ont ológ icas q ue
r eper cut en en el act o m ism o. M uy dif er ent e es la sit uació n
cuando se pr esent an las hip ót es is del a r t í culo 1741 del C. C.
en punt o de las nuli dades m at er iales.
Por supuest o, si un r equisit o es a d pr obat ionem , com o
exigenc ia r espect o de la pr ueba de l negocio j ur í dico, no
com pr om et e la vida m ism a del act o, cont r ar io a cuant o ocur re
con los de nom inado s r equisit os ad subst ant iam act us . Par a la
Cor t e:
«( …) cuando se est á f r ent e a una f or m a pr obat or ia, la ausenc i a
de ést a no lesiona la vali dez del act o o cont r at o, pues ést e
cobr a vida con independenci a de ella y es ef icaz en sí m ismo.
O t r a es la suer t e del cont r at o en el event o de t ener que
pr obar se, pues es al lí donde sur ge la d if i cult ad por la ausenc i a
de las f or m as pr edispuest as con dicha f inali dad, per o sin que
t al cosa signif ique q ue el r espect ivo acto o contr at o no pueda
pr obar se, por que ese t ipo de f or m alidad es puede ser suplid o,
event ualm ent e, por ot r os m edios de pr uebas, com o lo ha
acept ado la pr áct ic a j ur ispr udencia l, al cont r ar io de lo q ue
acont ece con l as f ormal i dades ad sol emni t at em que no
pueden ser supl i das por ni ngún ot ro medi o de p rueba» 18.
52. Por lo tanto, los contratos de prestación de servicios son
documentos que obligatoriamente se debe n aportar cuando se
demanda el reconocimiento de una relación laboral encubierta a
través de la tipología contractual.
18Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de
febrero de 2021, expediente SC397 -2021, magistrado ponente: Luis Armando
Tolosa Villabona.
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3.6. Las oportunidade s probatorias en materia contenc ioso
administrativa .
53.Las oportunidades probatorias que contempla el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
son las siguientes:
«Ar t í culo 212. O por t unidades pr obat or ias. Par a que sean
apr eciadas por el j uez las pr uebas deber án solic it ar se,
pr act icar se e incor por ar se al pr oceso dent r o de los t ér m inos y
opor t unidades seña l ados en est e Código .
En pr im er a inst ancia, son opor t unidades par a apor t ar o
solic it ar la pr áct ica de pr uebas: la dem a nda y su cont est ació n;
la r ef or m a de la m ism a y su r espuest a; la dem anda de
r econvención y su co nt est ación; las exce pciones y la o posic ió n
a las m ism as; y los incid ent es y su r espuest a, en est e últ im o
event o cir cunscr it as a la cuest ión plant e ada.
Las par t es podr án pr esent ar los dict ám enes per i ciale s
necesar ios par a pr obar su der echo, o podr án sol icit ar la
designac ión de per it o, en las opor tunidades pr obat or i as
ant er ior m ent e señaladas.
En segunda inst an cia, cuando se t r at e de apelaci ón d e
sent encia, en el t ér m ino de ej ecut or ia del aut o que ad m it e el
r ecur so, las par t es podr án pedir pr ueba s, que se decr et ar án
únicam ent e en los si guient es casos:
1. Cuando las par t es las pidan de com ún acuer do. En caso de
que exist an t er ceros dif er ent es al sim ple coadyuvant e o
im pugnant e se r equer ir á su anuenc ia.
2. Numeral modi f i cado por l a Ley 2080 de 2021 , artí cul o
53. Cuando f uer e negado su decr et o en pr im er a inst ancia o no
obst ant e haber se de cr et ado se dej ar on de pr act icar sin cu lp a
de la par t e qu e las pidi ó. En est e ú lt im o caso, solo co n el f i n
de pr act icar las o de cum plir r equis it os que les f alt en par a su
per f eccionam ient o.
3. Cuando ver sen sobr e hechos acaecidos después de
t r anscur r ida la opor t unidad par a pedir pr uebas en pr im era
inst ancia, per o sola m ent e par a dem ost rar o desvir t uar est os
hechos.
4. Cuando se t r at e de pr uebas que no pudier on so lic it ar se en
la pr im er a inst anc ia por f uer za m ayor o caso f or t uit o o por ob r a
de la par t e cont r ar ia.
5. Cuando con ellas se t r at e de desvir t uar las pr uebas de que
t r at an los num er ales 3 y 4, las cuales deber án solicit ar se
dent r o del t ér m ino de ej ecut or ia del aut o que las decr et a.
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Par ágr af o. Si las pr u ebas pedid as en seg unda inst anc ia f uer en
pr ocedent es se decret ar á un t ér m ino para pr act icar las que no
podr á exceder de di ez ( 10) dí as hábiles».
54.De lo anterior se colige que las pruebas se deben pedir en la
demanda y su contestación, o durante el término de eje cutoria del
auto que admite el recurso de apelación, para demostrar hechos
acaecidos después de transcurrida la oportuni dad para pedir
pruebas en primera instancia, pero e xclusivamente para demostrar
o desvirtuar estos hechos.
55. En este orden de ideas, será necesario establecer si
efectivamente los contratos de prestación de servicios que fueron
aportados con el recurso de apelación cumplen con los requisitos
establecidos en el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011, para ser
apreciados por esta sala.
3.7. El caso concreto.
5 6 . En el caso concreto el apoderado de Diana Judith Montes Turizo
anunció en el acápite de pruebas documentales las «copias de las
órdenes de prestación de servicios su scritos entre la se ñora Diana
Judith Montes Turizo , desde el 02 de enero de 2012 hasta el mes
de abril de 2015» 19.
57. Sin embargo , el mencionado apoderado no las aportó
efectivamente en dicha oportunidad procesal.
58. En la audiencia inicial, al momento de decretar pruebas, el
Tribunal Administ rativo del Cesar determinó: «téngase como
pruebas en su alcance legal, todos los documentos aportados con
la demanda » 20, y no se refirió de manera precisa a los contratos de
prestación de servicios.
5 9 . La anterior decisión no fue objeto de ningún recurso por ninguna
de las partes, como tampoco lo fue el auto por medio del cual se
corrió traslado para alegar de conclusión 21.
60.Conforme a lo anterior, no es cierto que se haya decretado la
prueba documental referida , como erróneamente lo afirmó el
apoderado de Diana Judith Montes Turizo en el recurso de
apelación.
19 F o l i o 10 del cuaderno 1 del expediente.
20 F o l i o 124 del cuaderno 1 del expediente.
21 F o l i o 159 vto. del cuaderno 1 del expediente.
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61. Tampoco era obligación del Tribu nal Administrativo del Cesar
decretar la incorpo ración de los contratos de oficio, puesto que el
artículo 167 del Código General del Proceso determinó que le s
corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico q ue ellas persiguen, y solo
excepcionalmente puede distribuir la carga de la prueba, cuando
considere que existen circunstancias que hagan muy difícil cumplir
con esta.
62.En el caso concreto , no existía ninguna dificultad que ameritara
el decreto oficioso de esta prueba, tan es así que los documentos
fueron aportados con el recurso de apelación.
63.Ahora bien, esta Sala no puede valorar los contratos como
prueba, en la medida en la que no fueron solicitados de manera
oportuna, es decir con la demanda, y tampoco se presenta alguna
de las situaciones previstas en el artículo 212 de la Ley 1437 de
2011.
64.Así las cosas, conforme al marco jurídico desarro llado en el
presente fallo, no es posible demostrar la existencia de la relación
laboral, sin que sean aportados los contratos de prestación de
servicios.
65.Conforme a lo anterior, debido a que estos documentos, que
constituyen una formalidad sustancial no se allegaron en las
oportunidades procesales pertinentes, la Sala concluye que no se
demostró la existencia de una relación laboral.
66.En consecuencia , esta Sala confirmará la sentencia de 28 de
febrero de 2019, que negó las pretensiones de la demanda .
3.8. Costas.
6 7 . De acuerdo con los numerales 1,3 y 8 del artículo 365 de la Ley
1564 de 2012, aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo 188
de la Ley 1437 de 2011 no hay lugar a condenar en costas de
segunda instancia a la señora Diana Judith Montes Turizo , puesto
que, a pesar de que el recurso de apelación le fue resuelto
desfavorablemente , la entidad no participó en el trá mite de la
segunda instancia.
68.Las mismas se liquidarán de conformidad con lo prescrito en el
artículo 366 del Código General del Pro ceso.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001-23-33-000-2017-00111-01 (2874-2019)
Demandante: Diana Judith Montes Turizo
6 9 . En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFI RMAR la sentencia de 28 de febrero de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar , que negó las
súplicas de la señ ora Diana Judith Montes Turizo en contra de la
E.S.E. Hospital San Roque de El Copey , Cesar.
SEGUNDO: SIN CONDENAR EN cost as de segunda instancia .
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el
programa “SAMAI” y ejecutoriada esta providencia devolver el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
cinco (5) de mayo de dos mil veintidós (2022).
G A BRI EL VA LBUEN A HERNÁ NDEZ
Fir m ado elect r ónicam ent e
A USENT E EN CO M I SIÓ N
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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