RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2018-00052-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00052-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00052-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Ayanith Julio Velásquez contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 0300 del 15 de abril de 2015, expedida por el secretario de Educación Municipal de Valledupar, en cuanto reconoció la pensión de invalidez y calculó la mesada pensional sin incluir la prima de servicios percibida por la señora Ayanith Julio Velásquez, en el último año de servicio anterior al momento de adquirir el estatus de pensionada, el 5 de febrero de 2015. 835 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021) Demandante: Ayanith Julio Velásquez TERCERO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión de invalidez que tenía concedida a la señora Ayanith Julio Velásquez, incluyendo además de los factores ya reconocidos ( asignación básica y las primas de antigüedad, de navidad, y de vacaciones), la prima de servicios devengada por la accionante en el año anterior a la configuración de la pérdida de capacidad laboral (5 de febrero de 2015) esto es por doceavas, con su efectividad fiscal desde el retiro definitivo del servicio. Se condena además a la entidad demandada a indexar el valor que arroje la pensión, de conformidad con la formula expuesta en la parte motiva de esta providencia. […]». CUARTO: Las sumas que se paguen en favor de la demandante se actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la sentencia y se aplicarán sobre las mismas los reajustes de ley. QUINTO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, podrá descontar de los valores adeudados […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00052-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reliquidación de pensión de invalidez docente.
Decisión: Revoca la decisión que niega las pretensiones de la
demanda. Condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
accionante en contra de la sentencia de 31 de octubre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar1, que negó las súplicas de la demanda
instaurada por la señora Ayanith Julio Velásquez en contra de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Ayanith Julio Velásquez, por intermedio de apoderada judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 formuló las siguientes
pretensiones:

(i) Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0300 del 15 de abril de 2015,
expedida por el secretario de Educación Municipal de Valledupar, acto administrativo en
el que se suspendió la pensión de jubilación otorgada a la demandante y se le reconoció
la pensión de invalidez, sin incluir todos los factores salariales percibidos por la

1 Con ponencia del magistrado José Antonio Aponte Olivella.

2 Índice 2 del expediente digitalizado, segunda instancia . Archivo «6_ED_06 ExpedienteDigitalCuaderno1
1 .pdf.PDF». Folios 16 y s.s. del archivo PDF.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

demandante en el último año de servicio al momento de adquirir el estatus de
pensionada.

(ii) A título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la declaración
anterior, solicitó que se condene a la entidad demandada a reliquidarle la pensión de
invalidez, a partir del 14 de marzo de 2015, en monto equivalente al 100% del promedio
de los salarios, sobresueldos, primas y demás factores salariales devengados durante
los 12 meses anteriores a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, como base
de liquidación pensional.

(iii) Así mismo solicitó que se condene a la entidad accionada a descontarle del valor
ya reconocido y pagado en virtud de la Resolución 0300 de 2015; así como que se le
apliquen los reajustes legales anuales sobre el monto inicial de la pensión reconocida,
conforme a la Constitución Política y la ley; que se le paguen las mesadas atrasadas
desde la consolidación del derecho hasta la inclusión en nómina y que el incremento
decretado se siga aplicando en las mesadas futuras como parte de la “reparación
integral del daño” y que se dé cumplimiento a la sentencia de conformidad con lo
señalado en los artículos 192 y s.s. del CPACA.

(iv) Finalmente pretendió que se efectúe la actualización de las unas generadas con
base en el IPC, así como el pago de intereses moratorios desde la ejecutoria de la
sentencia hasta el cumplimiento total de la condena y que se condene en costas a la
entidad de conformidad con lo señalado en el artículo 188 del CPACA

2.1.2. Hechos.

3. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

4. La demandante laboró por más de 20 años al servicio de la docencia oficial y
cumplió con los requisitos establecidos por la ley para le fuera reconocida la
pensión de invalidez por esa entidad.
5. Según lo indicó, la base de liquidación pensional en su reconocimiento incluyó
solo la asignación básica, pero omitió tener en cuenta las primas de navidad, de
vacaciones, de antigüedad, de servicios, las horas extras y demás factores
salariales percibidos por la actividad docente durante el último año de servicios
anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionada.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

6. Como normas vulneradas citó el articulo 15 de la Ley 91 de 1989, el artículo
1.° de la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978.

7. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado incurrió
en violación directa de la ley toda vez que desconoció por completo lo establecido
en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que remite al Decreto 1045 de 1978, el
cual se debe tener en cuenta al momento de liquidar, tanto las cesantías como
las pensiones de los empleados públicos, toda vez, que los factores salariales
enunciados por ese decreto para efectos de determinar la cuantía de la pensión
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

de jubilación son superiores a los que se tomaron en cuenta para establecer el
monto de la mesada pensional de la demandante, excluyendo por completo los
factores devengados por la accionante en el último año de servicios, lo que trae
como resultado la regresividad en los derechos sociales del mismo.

8. Señaló que no puede ser excusa para la no inclusión de factores en la
liquidación pensional que no se hayan realizado aportes sobre los mismos pues
puede ordenarse a las entidades responsables del reconocimiento prestacional
realizar los descuentos correspondientes.

9. Finamente precisó que el tiempo de servicio de la demandante siempre lo fue
en la educación estatal, lo que hace que sus prestaciones, como lo indica el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, se mantengan de conformidad con el régimen
prestacional establecido en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978 siendo pertinente que se disponga remontar el análisis a la fecha de
expedición de la Ley 91 de 1989, donde se encontraban aún vigentes para las
entidades nacionales los decretos relacionados.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio no dio contestación a la demanda.

2.3. La sentencia apelada3.

10. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 31 de octubre
de 2019 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la accionante.

11. Para ello, se refirió a la regulación de la pensión de invalidez y con ello a los
Decretos Ley 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969 que se refirieron
específicamente a la pensión de invalidez, que se consagró específicamente para
aquellos que experimentaran una pérdida de su capacidad laboral superior al
75%. De ellos concluyó que el reconocimiento de la pensión de invalidez
conforme al Decreto 1848 de 1969 está condicionado exclusivamente al
porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el cual determina el monto de la
prestación, sin que sea relevante el tiempo de vinculación del funcionario público.
12. En cuanto al caso concreto estimó que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio reconoció a la señora Ayanith Julio Velásquez una
pensión de invalidez, con base en un 95.45% de pérdida de capacidad laboral,
porcentaje certificado por «UT Oriente Región 5», porcentaje que no estaba en
discusión en el proceso judicial, comoquiera que lo pretendido era la reliquidación

3 Índice 2 Archivo «7_ED_07 0101ExpedienteDigitalCuaderno2 2 .pdf.PDF». Folios 192 y s.s. del archivo
PDF.
835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

de la pensión, solicitando la inclusión de todos los factores salariales devengados
por la actora, por todo concepto.
13. Estimó que al analizar las normas relativas a la pensión que se reclama, en
virtud del porcentaje de discapacidad, la entidad aplicó el articulo 63 del Decreto
1848 de 1969, literal A, cuando la incapacidad sea superior al 95%, el valor de la
pensión mensual será igual al último salario devengado, por el empleado oficial
al último promedio mensual si fuere variable.
14. Por tanto, Fonpremag liquidó la pensión con base en el 100% del último
salario devengado, en atención al 95,45% de pérdida de capacidad laboral. Se
incluyeron como factores salariales: sueldo básico y las primas de antigüedad,
de vacaciones y de navidad.
15. Sin embargo, como la pretensión de la demandante consistía en la
reliquidación pensional con el fin de que le fuesen incluidos todos los factores
salariales devengados mientras prestó sus servicios en atención al anterior
precedente del Consejo de Estado (sentencia de 4 de agosto de 2010), no
obstante, esa línea de decisión no podía ser aplicada en virtud de lo señalado
por la providencia de unificación de 28 de agosto de 20184 con ponencia del
consejero César Palomino Cortés.
16. Además, en sentencia de 25 de abril de 2019, el Consejo de Estado dejó
establecido cuales son los factores salariales que deben ser reconocidos en las
pensiones a los docentes, señalando claramente que solo aquellos que hubieren
sido devengados en último año, siempre y cuando estén enlistados en la ley y se
hubieren efectuado aportes.
17. Por tanto, señaló que acogía el criterio expuesto por el Consejo de Estado,
motivo por el cual, a la liquidación de la pensión de invalidez de la demandante
no se le pueden incluir factores adicionales a los señalados por la ley; así hayan
sido devengados por el servidor durante el tiempo en que prestó sus servicios.
18. Advirtió que en el acto administrativo demandado que le reconoció la pensión
a la actora, la entidad incluyó como factores salariales en la base de liquidación,
además del sueldo básico, la prima de vacaciones y prima de navidad, factores
que no están incluidos en la Ley 62 de 1985, sin embargo el aludido acto
administrativo conserva su validez en la medida que no se puede afectar el
derecho reconocido a la demandante cuya pretensión iba dirigida a que se
incluyeran factores adicionales a los reconocidos por la entidad, por lo tanto, no
es posible modificar el acto acusado en aquello que no fue objeto de demanda a
través del medio de control.
19. Finalmente negó las pretensiones con base en que, atendiendo el precedente
jurisprudencial de unificación del Consejo de Estado, estableció que a la
demandante no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión de invalidez
incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

4 Radicado 52001233300020120014301.
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

20. Se abstuvo de imponer condena en costas.

2.4. Recurso de apelación

21. La apoderada de la demandante5 presentó recurso de apelación, en el que,
solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones de
la demanda.

22. Para el efecto señaló que el a quo dictó sentencia denegatoria de las
pretensiones con base en la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019, sin embargo se debe
tener en cuenta que la accionante elevó su solicitud de reliquidación ante la
entidad cuando se había proferido la sentencia de «26 de Agosto de 2010» del
Consejo de Estado, proceso radicado 150012331000200502159-01, actuando
amparada por la confianza legítima en las autoridades judiciales y el precedente
judicial existente para salvaguardar la seguridad jurídica.

23. Además, dicha sentencia SUJ – 014- CE – S2- 2019 de 25 de abril de 2019
contradice lo que se había señalado en la sentencia de 4 de agosto de 2010
afectando el principio de la seguridad jurídica y con ello a las personas que
interpusieron sus demandadas a la luz del precedente anterior.

24. Luego de referirse al artículo 8.° de la Ley 91 de 1989 señaló que es evidente
que los docentes vinculados al FNPSM que ingresaron al servicio público con
anterioridad al 27 de junio de 2003, aportan sobre todos los factores salariales
pagados por nómina estatal, en aplicación de lo dispuesto por la ley. Además, se
deben aplicar los criterios vigentes para la ocurrencia de los hechos, pues debe
de respetar los precedentes y leyes existentes en el tiempo y al momento de
causar el derecho correspondiente.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad la apoderada de la accionante6 se refirió a la Ley 4ª
de 1945, el Decreto 1743 de 1966, la Ley 5ª de 1969, los Decretos 3135 y 1848
de 1969, las Leyes 33 y 62 de 1985, así como la Ley 91 de 1989 y señaló que a
partir del precedente del Consejo de Estado y tribunales administrativos se deben
liquidar las pensiones con inclusión de todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio como son las primas de vacaciones, navidad y
servicios, sobresueldos por funciones específicas (rectores, zonas rurales, difícil
acceso).

5 Ibidem, páginas 208 y s.s. del archivo PDF.
6 Índice 14.
835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

25. Señaló que la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 contradijo la
de 2010 sin justificación objetiva, generando, inseguridad jurídica, vulneración del
principio de confianza legítima, desigualdad en el trato judicial y regresividad en
derechos laborales por lo que solicita aplicar el precedente del año 2010 y
ordenar incluir todos los factores salariales devengados en la liquidación de la
pensión.

2.5.2. Tanto la parte demandante como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

26. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

27. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1507 de la Ley 1437 de 2011.

28. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

29. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si la señora
Ayanith Julio Velásquez tiene derecho a que la pensión de invalidez le sea
reliquidada «100% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y demás
factores salariales devengados durante los 12 meses anteriores a la adquisición
del estatus jurídico de pensionada» a la luz de lo establecido en los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978?

30. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales en materia de pensión de invalidez y se
verificará el acervo probatorio.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

3.3. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales en pensión de
invalidez

31. La Ley 812 de 2003, a través de la cual se aprueba el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, en su artículo 81 reguló algunos aspectos relacionados
con el régimen prestacional de los docentes oficiales, en sus niveles nacional,
territorial y nacionalizado. En efecto, la referida norma distinguió entre el personal
docente vinculado con anterioridad y posterioridad a su entrada en vigencia, 27
de junio de 2003, para efectos de determinar el régimen prestacional aplicable a
cada grupo de docentes.

32. En relación con los primeros, esto es, los docentes que venían vinculados
antes del 27 de junio de 2003 señaló la referida disposición que le serían
aplicables las normas vigentes con anterioridad a la citada fecha y, en lo que se
refiere al segundo grupo, es decir, los que se vinculan al servicio docente con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, dispuso la norma
en cita que se sujetarían al régimen pensional de prima media con prestación
definida, previsto en la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

33. Al respecto de se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia de unificación del 25 de abril de 20198 donde unificó su criterio en torno
a la forma de liquidar la pensión de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989,
oportunidad en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

34. En cuanto a la pensión de invalidez, la jurisprudencia de esta Corporación9
ha establecido que esa remisión normativa a las disposiciones de la Ley 91 de
1989 la cual, remite a su turno, al régimen previsto en los Decretos Ley 3135 de

8Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
9 Ver Sentencia de 18 de septiembre de 2025. Rad. 68001-23-33-000-2020-00781-01 (3437-2023) M.P.

Jorge Iván Duque Gutiérrez.
835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

1968 y los Decretos 1848 de 1969 norma aplicable tanto en el sector público
como privado, con antelación a la expedición de la Ley 100 de 1993. Así se
señaló, por esta misma Subsección:

«[…] la norma que regulaba la pensión de invalidez tanto en el sector público como
privado, con antelación a la expedición de la Ley 100 de 1993, era el Decreto Ley
3135 de 1968 en su artículo 2310,13 el cual en su momento fue reglamentado por
los artículos 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969.11
Pese a lo anterior, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se profirió el Decreto
1295 de 1994 en cuyo artículo 98 derogó expresamente el referido artículo 23 del
Decreto 3135 de 1968, esto a fin de reemplazar tal disposición normativa con lo
regulado en sus artículos 46 y 4812.

10 Artículo 23. Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no

inferior a un 75 por ciento, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con
base en el último sueldo mensual devengado mientras la invalidez subsista, así:
a) El cincuenta por ciento cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%;
b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance al 95%;
c) El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo.- La pensión de invalidez excluye la indemnización.
11 «[…] Artículo 60. Derecho a la pensión. Todo empleado oficial que se halle en situación de invalidez,

transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez a que se refiere este capítulo.
Artículo 61. Definición.
1. Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido el empleado oficial que por cualquier
causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o violación injustificada y grave de los
reglamentos de previsión, ha perdido en un porcentaje no inferior al setenta y cinco por ciento (75%) su
capacidad para continuar ocupándose en la labor que constituye su actividad habitual o la profesional a que
se ha dedicado ordinariamente.
2. En consecuencia, no se considera inválido el empleado oficial que solamente pierde su capacidad de
trabajo en un porcentaje inferior al setenta y cinco por ciento (75%).
Artículo 62. Calificación de la incapacidad laboral.
1. La calificación del grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad de previsión social
a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.
2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio médico de la entidad o empresa
empleadora.
3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico, deberán contratar dicho servicio con
la Caja Nacional de Previsión Social, para la calificación a que se refiere este artículo.
Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el segundo
salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a
los porcentajes que se establecen a continuación, así:
a) Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión mensual
será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.
b) Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar de noventa y cinco por ciento
(95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado
por el empleado oficial, o del último promedio mensual.
c) Si la incapacidad laboral es del setenta y cinco por ciento (75%), dicha pensión será igual al cincuenta
por ciento (50%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último promedio mensual, si
fuere variable.
Artículo 64. Efectividad de la pensión.
1. La pensión de invalidez se reconocerá y pagará por la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el
empleado.
2. Si el empleado no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social, el reconocimiento y pago se
hará directamente por la entidad o empresa empleadora.
3. La pensión de invalidez se debe desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su
pago se comenzará a hacer inmediatamente después del señalamiento de la incapacidad. […]».
12 «ARTÍCULO 46. INEXEQUIBLE. Estado de Invalidez. Para los efectos del presente Decreto, se considera

inválida la persona que por causa de origen profesional, no provocada intencionalmente, hubiese perdido el
50% o más de su capacidad laboral. Corte Constitucional Sentencia C-452 de 2002.
ARTÍCULO 48. INEXEQUIBLE. Monto de la Pensión de Invalidez. Todo afiliado al que se le defina una
invalidez tendrá derecho, desde ese mismo día, a las siguientes prestaciones económicas, según sea el
caso:
a) Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez
equivalente al 60% del ingreso base de liquidación.
b) Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75%
del ingreso base de liquidación.
835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

Tal derogatoria implicó necesariamente la misma suerte para su reglamentación
particular a través del Decreto 1848 de 1969,13 lo que en principio permitiría
considerar que la normativa aplicable en materia de invalidez sería la del Decreto
1295 de 1994, sino fuera porque la Corte Constitucional mediante sentencia C-452
de 200214 declaró inexequibles precisamente los dos artículos mencionados
anteriormente.
Esto conllevó que recobraran su vigencia o se reincorporaran al ordenamiento los
artículos 23 del Decreto 3135 de 1968 y 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969, a fin
de evitar la configuración de un vacío legal respecto de una prestación con
contenido fundamental derivado del derecho constitucional a la seguridad social.15

[…]».

35. De acuerdo con lo anterior es evidente que el aspecto crucial para establecer
la norma aplicable al docente, es determinar la fecha de la vinculación en la
docencia oficial; por tanto, si el docente acreditó su vinculación con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, debe acudirse a la Ley 91 de
1989 que a su vez remite al del régimen del sector público nacional. Si por el

c) Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otras personas para realizar las
funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el numeral anterior se incrementa en
un 15%.
PARÁGRAFO 1 INEXEQUIBLE. Los pensionados por invalidez de origen profesional, deberán continuar
cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con sujeción a las disposiciones legales
pertinentes.
PARÁGRAFO 2 INEXEQUIBLE. No hay lugar al cobro simultáneo de las prestaciones por incapacidad
temporal y pensión de invalidez. El trabajador que infrinja lo aquí previsto perderá totalmente los derechos
derivados de ambas prestaciones, sin perjuicio de las restituciones a que haya lugar por lo cobrado
indebidamente.
PARÁGRAFO 3 INEXEQUIBLE. Cuando un pensionado por invalidez por riesgos profesionales decida
vincularse laboralmente, y dicha vinculación suponga que el trabajador se ha rehabilitado, o este hecho se
determine en forma independiente, perderá el derecho a la pensión por desaparecer la causa por la cual fue
otorgada. Corte Constitucional Sentencia C-452 de 2002».
13 Esto se afirma en la medida en que, en virtud del principio de la jerarquía normativa, un decreto

reglamentario no puede subsistir ni ser preferente sobre una Ley, o en este caso un decreto ley con la misma
fuerza que la primera, pues al desaparecer la disposición principal, también debe seguir la misma suerte la
accesoria en tanto no tendría ningún fundamento a regular. Al respecto ver el concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emanado el 18 de junio de 2014 (11001-03-06-000-2013-
000193-00) en el que se precisó: «[…] un decreto reglamentario, que es por definición jerárquicamente
inferior a la ley, mal podría prevalecer sobre ella como tampoco derogarla. […]»
14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-452 del 12 de junio de 2002. Expediente: D-3819.
15 Este fenómeno es conocido jurisprudencialmente como “reviviscencia de las normas”, respecto del cual

la Corte Constitucional en sentencia C-286 de 2014 explicó lo siguiente: «[…] (i) La reincorporación o
reviviscencia de normas derogadas por mandatos que fueron declarados inexequibles hace parte del
ordenamiento jurídico nacional, desde mucho antes de la Constitución de 1991, como parte de la discusión
por los efectos jurídicos de las sentencias hacia el pasado -ex tunc- o hacia el futuro -ex nunc- y la
salvaguarda de la seguridad jurídica. (ii) La reviviscencia de normas se ha presentado igualmente como
solución a los problemas que plantea el vacío jurídico creado por la derogación de normas que regulan,
sobre todo de manera integral, una determinada materia, conllevando igualmente problemas de seguridad
jurídica. (iii) En los primeros pronunciamientos se asumió la postura de una reviviscencia automática de las
normas derogadas por las declaratorias de inexequibilidad de aquellas que las reemplazaron, pero con
posterioridad, se fijaron algunas condiciones para que se aplicara esta figura jurídica, como que se
presentaran los argumentos para la necesidad de reincorporación, por razones de (a) creación de vacíos
normativos; (b) vulneraciones a los derechos fundamentales; (c) necesidad para garantizar la supremacía
de la Constitución Política, y (d) siempre y cuando las normas reincorporadas sean constitucionalmente
admisibles. (iv) La jurisprudencia ha dejado sentado que la reincorporación o reviviscencia de normas no
tienen un carácter declarativo en la parte resolutiva de la sentencia, sino que la Corte se debe limitar a
comprobar si para el caso en estudio se cumplen los requisitos para que pueda configurarse la reviviscencia
de preceptos derogados. (v) Finalmente, la Sala reitera que la procedencia de la reincorporación debe ser
analizada en cada caso concreto, a partir de los criterios de vacíos normativos o afectación de derechos
fundamentales. […]».
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

contrario, la vinculación se registró con posterioridad, no hay duda de que el
régimen aplicable será el general en pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.

36. Ahora bien, en cuanto interesa al caso, de la lectura del artículo 23 del
Decreto Ley 3135 de 1968 se desprende el derecho al reconocimiento y pago de
una prestación pensional por invalidez a favor de los servidores públicos que
experimentaran una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 75%.

37. Así se observa en la citada norma:

«[…]PENSION DE INVALIDEZ. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por
la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual
devengado, mientras la invalidez subsista.
a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%;
b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance
el 95%;
c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización […]».

38. En este mismo sentido, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto
Ley 3135 de 1968, en sus artículos 60, 61 y 63 dispuso en relación con el
reconocimiento de una prestación pensional por invalidez, lo siguiente:

«Art. 60. DERECHO A LA PENSIÓN. Todo empleado oficial que se halle en
situación de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la
pensión de invalidez a que se refiere este capítulo.

Art. 61. DEFINICIÓN.
1.- Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado
oficial que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave,
o violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un
porcentaje no inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor
que constituye su actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado
ordinariamente.
2.- En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente pierde
su capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al 75%.” (…)

“Art. 63. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión de invalidez se
liquidará con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será
equivalente al grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se
establecen a continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%),
el valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el
empleado oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar
del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado
oficial, o del último promedio mensual […]».

39. En cuanto al monto de la referida prestación, estima la Sala, en primer lugar,
que el Decreto 1848 de 1969 en su artículo 63 dispuso que el monto de la pensión
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

de invalidez se liquidaría teniendo en cuenta el último salario devengado por el
empleado beneficiario de la citada prestación.

40. Sin embargo, esta Subsección ha señalado que a efectos de determinar los
haberes que deben incluirse en la liquidación pensional, debe acudirse a las
disposiciones del Decreto 1045 de 1978 tal como quedó señalado en la misma
providencia a la que se ha hecho referencia de 18 de septiembre de 202516,
donde se precisó que «[…]el ingreso base de liquidación en casos como el
presente equivale al porcentaje que corresponda según la pérdida de la
capacidad laboral sobre el promedio de los factores salariales devengados
durante el último año anterior al retiro por la estructuración del accidente o
enfermedad de trabajo incapacitante, siempre que se encuentren en el listado del
artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, el cual consagra los emolumentos que
sirven de base para la liquidación del auxilio de cesantía y de las pensiones, entre
estas, la de invalidez prevista en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, esto
al igual que con inclusión de los conceptos creados con normas posteriores que
les haya otorgado el carácter salarial para efectos pensionales1721 como ya lo ha
sostenido esta corporación en casos similares».

3.3.3. Caso concreto.

41. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo del Cesar, negó las pretensiones
de la demanda, para lo cual consideró que, dado que a la luz de las pautas dadas
por la sentencia de unificación de 28 de agosto de 201818 por lo que consideró
que le eran aplicables las Leyes 33 de 62 de 1985. Por su parte la demandante
discute esa tesis, que señala no tiene en cuenta la fecha en que se presentó la
demanda.
42. Por su parte, la demandante discute esa tesis considera que no le son
aplicables tales pautas de unificación de 28 de abril de 2018 comoquiera que se
trata de una pensión de invalidez y por cuanto no se atiende a la tesis que estaba
vigente a la fecha de interposición de la demanda.

43. Para dar respuesta a la controversia jurídica se examinará el acervo
probatorio allegado a continuación.

3.3.3.1. Hechos demostrados

➢ Edad de la demandante: De acuerdo con copia de la cédula de
ciudadanía allegada la señora Ayanith Julio Velásquez nació el 19 de
agosto de 195319.

16 Rad. 68001-23-33-000-2020-00781-01 (3437-2023) M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
17 Por ejemplo, en los Decretos 633 y 634 de 2007, 1566 de 2014 y 2354 de 2018.
18 Radicado 52001233300020120014301.
19Índice 2 Archivo «7_ED_07 0101ExpedienteDigitalCuaderno2 2 .pdf.PDF». Folio 9 del archivo PDF.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

➢ Tiempos de servicios. Al efecto se acreditaron los siguientes:

Según la Resolución 900 de 10 de marzo de 2015 expedida por la
Secretaría de Talento Humano del municipio de Valledupar, por la cual se
retiró del servicio a la demandante precisó que ésta fue nombrada en
propiedad desde el 30 de marzo de 198420. Esto señaló el mencionado
acto administrativo que dispuso su retiro por invalidez ( sic para toda la
cita):

«Que mediante Resolución No. 000326 del 14/03/1984, se efectúo Nombramiento en
Propiedad a partir del 30/03/1984 a el(la) Señor(a) JULIO VELASQUEZ A Y ANITH,
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 27704208, desempeña el cargo de
Docente de aula, Código 9001 Grado 14, asignado a el (la) I.E. ENRIQUE PUPO
MARTINEZ • SEDE PRINCIPAL ENRIQUE PUPO MARTINEZ -PRIMARIA, del
Municipio de Valledupar (Ces).
Que mediante dictamen de Medicina Laboral de fecha 05/02/2015, expedido por el
Doctor(a) lndira Manotas Albor, Médico Laboral, Especialista en Salud Ocupacional,
conceptúa que el(la) Señor(a) JULIO VELASQUEZ A Y ANITH, presenta Disfonía
crónica sulcus vocales, reflujo gastro esofágico, valorada con el 95.45%.
Que los numerales 1º y 2º del Artículo 62 del Decreto 1848 de 1969, determina que
la calificación del grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad
de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en defecto de dicha afiliación está
se hará por el servicio médico de la entidad o empresa empleadora.
Que el Articulo 38 de la ley 100 de 1993 establece que se considera inválida la
persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada
intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
Que el Articulo 8º del Decreto 2463 de 2001 prevé que los educadores afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y los servidores públicos de
la Empresa Colombiana de Petróleos, que requieran la calificación de pérdida de la
capacidad laboral, podrán _solicitarla ante la respectiva entidad que asume los
riesgos comunes y profesionales.
Que una vez otorgada la pensión de invalidez a el(la) Señor(a) JULIO VELASQUEZ
A YANITH, de tener derecho a ella, deberá someterse a los controles médicos
periódicos que ordene la entidad Medico Asistencial con el fin de que ésta proceda a
disminuir su cuantía o aumentar o declarar extinguida la pensión, si de dicho control
resultare que la incapacidad se ha modificado favorablemente o se ha agudizado
o desaparecido.
Que por lo expuesto. anteriormente, se debe proceder al retiro del servicio activo de
el(la) Señor(a) JULIO VELASQUEZ A Y ANITH.»

44. Sin embargo según certificación que obra a folio 46 del archivo PDF21 se
tiene que la señora Ayanith Julio Velásquez había sido vinculada con anterioridad
a la docencia oficial desde el 29 de septiembre de 1978 hasta el 27 de junio de
1983 en propiedad, como docente de la Escuela Rural Mixta del municipio de
Valledupar. En ese mismo certificado se reseña su reingreso desde el 14 de
marzo de 1984, lo que coincide con el acto administrativo recién mencionado.

20 Ibidem. Folios 15 y s.s.s del archivo PDF.
21 Ibidem
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

➢ Incapacidad de la demandante: La UT Oriente Región 5, calificó a la
demandante el 5 de febrero de 2015, como consta en el denominado
“FORMULARIO DE DICTAMEN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD
LABORAL Y DETERMINACIÓN DE INVALIDEZ” y determinó una pérdida de capacidad
laboral del 95.45%, fijando como fecha de estructuración de la invalidez (estatus)
el 5 de febrero de 2015, tal y como obra a folios 2 y 3 del archivo pdf 22.

➢ Factores salariales percibidos en el último año de servicios
En cuanto a los factores salariales percibidos en el último año anterior a la
adquisición del estatus (5 de febrero de 2015) se tiene que, de conformidad con
certificación expedida por el la Secretaría de Educación del municipio de
Valledupar, recibió en el último año de servicios hasta el 13 de marzo de 2015:

➢ Reconocimiento de la pensión de invalidez

45. A la demandante le fue reconocida esta prestación mediante la Resolución
300 de 15 de abril de 2015 suscrita por la Secretaría de Educación del municipio
de Valledupar. Allí se indicó que la demandante gozaba de un reconocimiento de
pensión de jubilación a través de la Resolución 0114 de 19 de junio de 2009
efectiva desde el 20 de agosto de 2008; sin embargo, desistió de ella para
acogerse a la pensión de invalidez. Allí se indicó que la fecha de adquisición del
estatus pensional fue el 5 de febrero de 2015 pero la efectividad fue desde el 10

22 Indice 2. Archivo « 6_ED_06 ExpedienteDigitalCuaderno1 1 .pdf.PDF».
835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

de marzo de 2015. Allí se indicó que las disposiciones aplicables fueron el
Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, la Ley 191 de 1989. Esta fue la
liquidación presentada por la entidad, pero sin indicar cual fue el periodo base de
liquidación.

3.3.4. Análisis sustancial

46. Para resolver el primer problema jurídico, la Sala de Subsección precisa que
en efecto como la señora Ayanith Julio Velásquez le fueron aplicables las
disposiciones de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, como en efecto lo
determinó la entidad en el acto demandado, pero atendiendo a los factores
enlistados en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, que son:

«ARTÍCULO 45. DE LOS FACTORES DE SALARIO POR LA LIQUIDACION DE
CESANTIA Y PENSIONES. Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio
de cesantía y de las pensiones a que tuvieren derecho los empleados públicos y
trabajadores oficiales, en la liquidación se tendrán en cuenta los siguientes
factores de salario:
a. La asignación básica mensual;
b. Los gastos de representación y la prima técnica;
c. Los dominicales y feriados;
d. Las horas extras;
e. Los auxilios de alimentación y transporte;
f. La prima de Navidad;
g. La bonificación por servicios prestados;
h. La prima de servicios;
i. Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año
de servicio;
j. Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al decreto-ley 710 de 1978;
k. La prima de vacaciones;
l. El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días
de descanso obligatorio;
ll. Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130
de 1968.»

47. De acuerdo con ello, se tiene que dentro del período comprendido entre el 5
de febrero de 2014 al 5 de febrero de 2015 (año anterior al estatus configurado
por la estructuración de la enfermedad), la docente devengó, los siguientes
conceptos: asignación básica, “pago incapac. Acc trabajo y/o Enf. Profesional”,
pago sueldo vacaciones, prima antigüedad empleados municipales, prima de
clima, prima de escalafón, prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones docentes y prima de grado.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

48. De ellos, los haberes salariales computables y percibidos en su caso que se
encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, son la
asignación básica, la prima de antigüedad, la prima de navidad, la prima de
servicios y la prima de vacaciones.

49. Es de precisar que las primas de escalafón, de grado o de clima no se
encuentran enlistadas en el Decreto 1045 de 1978 por lo que no había lugar a
que fueran incluidas en la misma liquidación pensional. Además, frente a la prima
de clima devengada por la demandante durante su último año de prestación de
servicios, esta Corporación señalado23 que ese factor debe ser excluido de la
liquidación de la pensión del personal docente, dado que es una prestación social
que ampara los riesgos que se puedan originar en el desempeño de sus
funciones en lugares donde el clima resulta ser insalubre.

50. En cuanto a las primas de escalafón y grado establecidas en el Decreto 524
de 197524, proferido por el presidente de la Republica en «uso de sus facultades
extraordinarias que le confiere el artículo 3 de la Ley 24 de 1974», se estableció
que las mismas serían reconocidas a los docentes nacionales, no siendo este el
caso de la demandante, quien tiene la calidad de docente nacionalizada como lo
señala la Resolución 300 de 15 de abril de 2015 ( f. 6 ibidem) y además, se
repite, no se encuentran enlistadas en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de
1978.

51. Finalmente es de señalar que del certificado aportado se tiene que la suma
por “pago incapac. Acc trabajo y/o Enf. Profesional”, corresponde a un pago
totalizado, sin que se haya indicado que la suma de asignación básica haya
disminuido, como para que se ordene la inclusión de la incapacidad por
enfermedad profesional.

52. Bajo estos supuestos, resulta evidente que la parte demandada, al expedir la
Resolución demandada, atendió al porcentaje establecido en el literal a)25 del

23 Sentencia de la Subsección A, de 9 de abril de 2014 con ponencia del consejero Luis Rafel Vergara

Quintero 15001233100020090038401 (3058-2013).
24 «Artículo 9. Los maestros nacionales de enseñanza primaria dependientes del Ministerio de Educación

Nacional, y los nombrados de acuerdo con el convenio de misiones tendrán derecho a las siguientes primas
mensuales, siempre y cuando ejerzan el magisterio en lugares diferentes a capital de departamento o del
Distrito Especial de Bogotá, durante el año, así:
a) Prima de grado: los maestros que posean título de normalistas tendrán derecho a $150 mensuales.
b) Prima de escalafón: los maestros inscritos en el escalafón docente nacional de enseñanza primaria,
tendrán derecho a $75 mensuales.
c)Prima de clima: los maestros escalafonados o no, inscritos en el escalafón nacional de enseñanza
primaria, tendrán derecho a $135 mensuales.»
25 «Art. 63. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con base en el

último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al grado de incapacidad laboral,
conforme a los porcentajes que se establecen a continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de la pensión
mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al último promedio
mensual, si fuere variable.
[…]».
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

artículo 63 del Decreto 1848 de 1969 (100% del monto dado que el grado de
discapacidad superó el 95%) sin embargo, debió incluirle la prima de
servicios, pues solo tuvo en cuenta la asignación básica, la prima de antigüedad,
la prima de navidad, y la prima de vacaciones.

53. De acuerdo con lo anterior se impone revocar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar ordenar la
nulidad parcial del acto demandado y ordenar la reliquidación pensional
incluyendo además, de la asignación básica, la prima de antigüedad, la prima de
navidad, y la prima de vacaciones, la prima de servicios devengada por la
accionante ( en el año anterior a la adquisición del estatus (5 de febrero de 2015)
esto es por doceavas.

54. Las sumas que se reconozcan a favor de la parte demandante serán
ajustadas en los términos del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, dando
aplicación a la siguiente fórmula:

R = R.H Índice final
Índice inicial

55. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(R.H.), que corresponde a la mesada pensional decretada, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE,
vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial vigente
en la fecha en la que se causó la primera mesada pensional a pagar.

56. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes, empezando por la primera mesada pensional que
se dejó de devengar, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de la acusación de cada una de ellas. La entidad demandada pagará
la diferencia que resulte entre lo que pagó y lo que debió pagar.

57. En este caso se advierte que no operó el fenómeno de la prescripción de las
mesadas comoquiera que la demanda se presentó el 18 de febrero de 2018 y el
acto de reconocimiento de la pensión de invalidez se profirió el 15 de abril de
2015, contra el cual sólo procedía el recurso de reposición.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

58. En el caso concreto, advierte la Sala que hay lugar a condenar en costas:

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, dado que sólo se ordenará la inclusión de la prima de servicios
en la pensión de invalidez y no todos los emolumentos devengados en el último
año de servicios, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.

63. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 31 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Ayanith Julio
Velásquez contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 0300 del 15 de abril
de 2015, expedida por el secretario de Educación Municipal de Valledupar, en
cuanto reconoció la pensión de invalidez y calculó la mesada pensional sin incluir
la prima de servicios percibida por la señora Ayanith Julio Velásquez, en el último
año de servicio anterior al momento de adquirir el estatus de pensionada, el 5 de
febrero de 2015.

835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021)
Demandante: Ayanith Julio Velásquez

TERCERO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a título de restablecimiento del derecho,
reconocer y pagar la pensión de invalidez que tenía concedida a la señora
Ayanith Julio Velásquez, incluyendo además de los factores ya reconocidos (
asignación básica y las primas de antigüedad, de navidad, y de vacaciones), la
prima de servicios devengada por la accionante en el año anterior a la
configuración de la pérdida de capacidad laboral (5 de febrero de 2015) esto es
por doceavas, con su efectividad fiscal desde el retiro definitivo del servicio. Se
condena además a la entidad demandada a indexar el valor que arroje la pensión,
de conformidad con la formula expuesta en la parte motiva de esta providencia.
[…]».

CUARTO: Las sumas que se paguen en favor de la demandante se actualizarán
en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación
de la sentencia y se aplicarán sobre las mismas los reajustes de ley.

QUINTO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, podrá descontar de los valores adeudados
a la libelista en virtud de la condena, los saldos en su contra por concepto de
aportes a pensión sobre la prima de servicios, en la proporción que como
trabajadora le correspondía efectuar durante su relación laboral, esto, en caso de
que no se hubieren realizado. Lo anterior, debidamente actualizado.

SEXTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

SÉPTIMO: Sin condena en costas de segunda instancia.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

835
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.