República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00617-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Demandada:
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: reliquidación de la pensión de invalidez - docente. Subtema: vinculación
anterior a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 31 de octubre de 2019, que negó
las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz demandó la nulidad parcial de la Resolución
0694 del 17 de noviembre de 2010, mediante la cual se le reconoció una pensión de
invalidez. Solicitó la reliquidación de la prestación con inclusión de todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios, en particular, la prima de
antigüedad.
El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones, al concluir que solo podían
incluirse los factores expresamente previstos en la ley sobre los cuales se hubieran
efectuado aportes. Consideró que la demandante únicamente acreditó la asignación
básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad, factores que ya habían sido
computados por la administración.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocará la sentencia
de primera instancia, al determinar que la pensión de invalidez de la demandante se
rige por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y que los factores que integran su
base de liquidación deben establecerse conforme al artículo 45 del Decreto Ley 1045
de 1978. En consecuencia, ordenará incluir la prima de antigüedad y declarará
prescritas las diferencias causadas con anterioridad al 26 de octubre de 2014.
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Ibeth Patricia Pedroza Muñoz, mediante apoderado, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 26 de
octubre de 2017 contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, con las siguientes pretensiones1:
2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución 0694 del 17 de noviembre
de 2010, mediante la cual la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar le
reconoció una pensión de invalidez a partir del 19 de julio de 2010, por cuanto la
liquidación de la prestación no incluyó todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara a la entidad
demandada reliquidar y pagar la pensión de invalidez, a partir del 19 de julio de 2010,
en cuantía equivalente al 100% del promedio de los salarios, sobresueldos, primas y
demás factores salariales percibidos durante los doce meses anteriores a la
adquisición del estatus pensional.
4. Asimismo, pidió que de la suma resultante se descontaran los valores
reconocidos y pagados en virtud de la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010
y que se aplicaran los reajustes legales anuales sobre el nuevo monto de la prestación.
5. Finalmente, solicitó el pago de las diferencias pensionales causadas desde la
consolidación del derecho y hasta su inclusión en nómina, debidamente indexadas; el
reconocimiento de intereses moratorios desde la ejecutoria de la sentencia; el
cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; y la condena en
costas.
2.1.1. Hechos
6. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
7. La señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz prestó sus servicios durante más de
veinte años en la docencia oficial y, según afirmó, cumplió los requisitos exigidos para
obtener el reconocimiento de una pensión de invalidez.
8. Mediante la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010, la Secretaría de
Educación Municipal de Valledupar le reconoció la prestación a partir del 19 de julio
de 2010.
9. Según afirmó, la pensión fue liquidada únicamente con fundamento en la
1 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “2_ED_01 ExpedienteDigitalCuaderno1”, pp. 8 a 22.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
asignación básica, sin incluir la totalidad de los factores salariales percibidos durante
el último año de servicios.
10. En particular, señaló que se omitió tener en cuenta «la prima de navidad, prima
de vacaciones, prima de antigüedad, prima de servicios, horas extras y demás factores
salariales percibidos por la actividad docente durante el último año de servicios
anterior al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado».
11. En consecuencia, consideró que la mesada reconocida era inferior a la que
legalmente le correspondía y que procedía la reliquidación de la prestación con
inclusión de dichos factores.
2.1.2. Normas violadas y concepto de violación
12. En la demanda se invocaron como normas vulneradas el artículo 15 de la Ley
91 de 1989, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1045
de 1978.
13. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante sostuvo que, debido
a su vinculación al servicio docente oficial, su situación pensional se encontraba regida
por la Ley 91 de 1989 y las disposiciones aplicables a los empleados públicos con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.
14. Afirmó que la Ley 33 de 1985 dispuso que la pensión debía liquidarse con
fundamento en el salario promedio que sirvió de base para efectuar los aportes
durante el último año de servicios. Sin embargo, sostuvo que la enumeración de
factores prevista en esa normativa no era taxativa y que, por tanto, debían incluirse
todos los conceptos salariales efectivamente devengados.
15. Para sustentar esta interpretación, invocó la sentencia de unificación del 4 de
agosto de 2010, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, conforme
con la cual los factores señalados en la Ley 33 de 1985 no constituían una lista cerrada
que impidiera incluir otros emolumentos salariales percibidos por el trabajador durante
el último año de servicios.
16. Agregó que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 remitía, para los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, al régimen prestacional
que venían disfrutando en las respectivas entidades territoriales. A su juicio, dicha
remisión permitía tener en cuenta los factores salariales establecidos para los
empleados públicos en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.
17. Adujo que la entidad demandada vulneró las disposiciones invocadas al liquidar
la pensión únicamente con la asignación básica y excluir las primas de navidad,
vacaciones, antigüedad y servicios, las horas extras y los demás factores salariales
devengados durante el último año de actividad docente.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
18. Finalmente, manifestó que la ausencia de aportes sobre alguno de esos
conceptos no impedía su inclusión en la base de liquidación, pues, en tal evento,
procedía ordenar el descuento de los aportes correspondientes. Con fundamento en
ello, solicitó la nulidad parcial del acto acusado y la consecuente reliquidación de la
pensión.
2.2. Contestación de la demanda
19. La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones y solicitó que fueran negadas2:
20. Refirió que la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010 se encontraba
amparada por la presunción de legalidad y que la demandante no acreditó la
configuración de alguna causal de nulidad.
21. Explicó que la pensión fue liquidada conforme con las Leyes 33 y 62 de 1985,
según las cuales solo podían incluirse los factores salariales que hubieran servido de
base para efectuar aportes.
22. Agregó que, por haberse causado la prestación después de la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, resultaba aplicable el Decreto 3752 de 2003, que impide
liquidar las prestaciones a cargo del Fondo sobre una base diferente de aquella
respecto de la cual el docente realizó cotizaciones.
23. Por tanto, consideró improcedente incluir las primas de vacaciones, navidad,
antigüedad y servicios, así como los demás factores reclamados, pues no se acreditó
que sobre ellos se hubieran efectuado aportes.
24. No obstante, pidió que, en caso de accederse a la reliquidación, se ordenara
descontar, mediante cálculo actuarial, los aportes correspondientes a los factores no
cotizados.
25. En esa línea, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro
de lo no debido, prescripción, falta de legitimación en la causa por pasiva,
compensación y genérica. En particular, solicitó declarar prescritas las diferencias
causadas con anterioridad a los tres años previos a la reclamación y sostuvo que la
Secretaría de Educación Municipal de Valledupar debía responder por el acto
acusado.
26. Finalmente, solicitó vincular a Fiduciaria La Previsora S. A., en calidad de
vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2.3. Sentencia de primera instancia
27. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 31 de octubre de
2 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “2_ED_01 ExpedienteDigitalCuaderno1”, pp. 69 a 81.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2019, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas3, en
los siguientes términos:
PRIMERO: NEGAR las súplicas de la demanda presentada por la señora Ibeth Patricia
Pedroza Muñoz contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente.
28. Para el Tribunal, el problema jurídico consistía en determinar si la Resolución
0694 del 17 de noviembre de 2010 se encontraba viciada de nulidad por haber
liquidado la pensión de invalidez sin incluir todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicios y, en consecuencia, si procedía ordenar la
reliquidación reclamada.
29. Como fundamento de su decisión, encontró acreditado que la demandante
prestó sus servicios como docente entre el 18 de mayo de 1990 y el 30 de diciembre
de 2010 y que, mediante el acto acusado, se le reconoció una pensión de invalidez
con fundamento en una pérdida de capacidad laboral del 84,86%.
30. Explicó que, conforme con los artículos 23 del Decreto 3135 de 1968 y 63 del
Decreto 1848 de 1969, una pérdida de capacidad laboral superior al 75% e inferior al
95% daba lugar a una pensión equivalente al 75% del último salario devengado. Por
ello, consideró que la tasa aplicada por la entidad se ajustaba a la normativa
correspondiente.
31. En cuanto a los factores salariales, señaló que la Resolución 0694 de 2010
incluyó la asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad, conceptos
que, según las certificaciones aportadas, fueron los devengados por la demandante
durante el último año de servicios.
32. El Tribunal indicó que no resultaba aplicable el criterio contenido en la sentencia
de unificación del 4 de agosto de 2010, que permitía incluir todos los factores salariales
percibidos durante el último año. Al respecto, acogió el criterio fijado por la Sala Plena
del Consejo de Estado en la sentencia del 28 de agosto de 2018, según el cual
únicamente pueden integrar la base de liquidación los factores previstos legalmente y
sobre los cuales se hubieran efectuado aportes.
33. Agregó que dicha interpretación fue reiterada, respecto de los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, conforme con la cual la pensión debe liquidarse
con los factores establecidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, siempre que sobre
3 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “3_ED_02ExpedienteDigitalCuaderno2.pdf”, pp. 206 a 218.
5
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
ellos se hubieran realizado cotizaciones.
34. A partir de lo anterior, concluyó que la demandante no acreditó haber
devengado durante el último año factores adicionales a los incluidos en el acto
acusado ni que sobre estos se hubieran efectuado aportes. Por tanto, consideró
improcedente la reliquidación solicitada.
35. Finalmente, precisó que, aunque las primas de vacaciones y navidad no se
encontraban previstas en la Ley 62 de 1985, no era posible excluirlas de la liquidación,
pues habían sido reconocidas en el acto acusado y la demanda únicamente pretendía
la inclusión de factores adicionales.
2.4. Recurso de apelación
36. La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se revocara
la sentencia de primera instancia y se accediera a las pretensiones4.
37. Argumentó que el Tribunal aplicó indebidamente la sentencia de unificación del
25 de abril de 2019, pese a que la demanda fue presentada con fundamento en el
criterio fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la providencia del 4
de agosto de 2010, conforme con el cual debían incluirse todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios.
38. Afirmó que la aplicación del nuevo precedente a los procesos iniciados con
anterioridad vulneraba los principios de confianza legítima, seguridad jurídica,
igualdad, favorabilidad y progresividad, pues la demandante acudió a la jurisdicción
bajo la expectativa de que su caso sería resuelto conforme con la jurisprudencia
vigente para ese momento.
39. Agregó que la sentencia de unificación de 2019 modificó el criterio anterior sin
una justificación objetiva y suficiente y no dejó expresamente sin efectos la decisión
de 2010. Por ello, consideró que debía aplicarse el precedente vigente al momento en
que se causó el derecho y se presentó la demanda.
40. De otra parte, invocó el artículo 8 de la Ley 91 de 1989, según el cual los aportes
de la Nación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se liquidaban
sobre los factores salariales que integraban la nómina de los docentes. A partir de
esta disposición, destacó que quienes se vincularon antes del 27 de junio de 2003
efectuaban aportes sobre todos los factores salariales pagados.
41. En consecuencia, insistió en que la pensión de invalidez debía reliquidarse con
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año
de servicios.
4 Samai, índice 2. Expediente digital, archivo “3_ED_02ExpedienteDigitalCuaderno2.pdf”, pp. 223 a 231.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
42. Mediante auto del 27 de noviembre de 20205, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conforme a lo previsto en
el numeral 3 del artículo 247 del CPACA.
43. A su vez, a través de auto del 11 de mayo de 20236, corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto, de conformidad
con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA.
44. La parte demandante reiteró que la pensión debía reliquidarse con inclusión de
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios y que la
enumeración contenida en las Leyes 33 y 62 de 1985 no era taxativa y que debía
aplicarse el criterio jurisprudencial vigente al momento de presentar la demanda, en
garantía de los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, favorabilidad y
primacía de la realidad. En esas condiciones, solicitó incluir la prima de antigüedad,
pues afirmó que la demandante la devengó durante el año anterior a la adquisición del
estatus pensional y que sobre dicho factor se efectuaron aportes, circunstancia que
se encontraba acreditada mediante certificación de la Secretaría de Educación
Municipal de Valledupar y que no fue analizada en la sentencia apelada7.
45. A su vez, la parte demandada se opuso al recurso de apelación e insistió en
que las pretensiones debían negarse. Explicó que el régimen pensional de la
demandante se encontraba regulado por las Leyes 91 de 1989, 33 y 62 de 1985 y
que, conforme con la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, en la base de
liquidación solo podían incluirse los factores expresamente previstos en la ley y sobre
los cuales se hubieran efectuado aportes. En consecuencia, consideró improcedente
reconocer factores adicionales que no cumplieran esas condiciones8.
46. El Ministerio Público guardó silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
47. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
5 Samai, índice 4.
6 Samai, índice 15.
7
Samai, índice 20.
8 Samai, índice 23.
7
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
3.2. Problema jurídico
48. De acuerdo con los argumentos expuestos por la parte demandante en el
recurso de apelación y los fundamentos que sustentaron la decisión de primera
instancia, corresponde a la Sala definir si:
49. ¿La demandante tiene derecho a que su pensión de invalidez sea reliquidada
con inclusión de la prima de antigüedad, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978?
50. En caso afirmativo, ¿operó la prescripción respecto de las diferencias
pensionales derivadas de dicha reliquidación?
51. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala abordará los siguientes
aspectos: (i) del régimen aplicable a los docentes oficiales en pensión de invalidez; (ii)
hechos probados; y (iii) en el análisis del caso concreto se resolverán los problemas
jurídicos formulados.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. Del régimen pensional aplicable a los docentes oficiales en pensión de
invalidez
52. El artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo 2003-2006, reguló el régimen prestacional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales. Para tal efecto, estableció una distinción según la fecha
de vinculación al servicio educativo oficial, esto es, antes o después de su entrada en
vigor, ocurrida el 27 de junio de 2003.
53. Así, dispuso que los docentes vinculados con anterioridad a esa fecha
conservarían el régimen prestacional previsto en las normas que se encontraban
vigentes. Por su parte, quienes ingresaran al servicio docente a partir del 27 de junio
de 2003 quedarían sometidos al régimen de prima media con prestación definida
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
54. Sobre el particular, la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 25 de abril de 20199, unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la
pensión de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad en la cual
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:
«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus liquidaciones
pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos aportes de acuerdo
con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014-CE-2019, expediente: 68001-23-33-
000-2015-00567-01 (0935-2017).
8
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
diferente a los señalados en el citado artículo.
b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de
la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Para la liquidación pensional
los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en
el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.»
55. En lo que respecta a la pensión de invalidez, la jurisprudencia de esta
Corporación ha precisado que la remisión efectuada por la Ley 812 de 2003 conduce
a la Ley 91 de 1989 y, por conducto de esta, al régimen previsto en el Decreto Ley
3135 de 1968 y en el Decreto 1848 de 1969, disposiciones que regulaban dicha
prestación antes de la expedición de la Ley 100 de 1993. Sobre el particular, esta
Sección señaló10:
«[…] la norma que regulaba la pensión de invalidez tanto en el sector público como
privado, con antelación a la expedición de la Ley 100 de 1993, era el Decreto Ley 3135
de 1968 en su artículo 23, el cual en su momento fue reglamentado por los artículos
60 a 64 del Decreto 1848 de 1969.
Pese a lo anterior, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se profirió el Decreto 1295
de 1994 en cuyo artículo 98 derogó expresamente el referido artículo 23 del Decreto
3135 de 1968, esto a fin de reemplazar tal disposición normativa con lo regulado en
sus artículos 46 y 48. Tal derogatoria implicó necesariamente la misma suerte para su
reglamentación particular a través del Decreto 1848 de 1969, lo que en principio
permitiría considerar que la normativa aplicable en materia de invalidez sería la del
Decreto 1295 de 1994, sino fuera porque la Corte Constitucional mediante sentencia
C-452 de 2002 declaró inexequibles precisamente los dos artículos mencionados
anteriormente.
Esto conllevó que recobraran su vigencia o se reincorporaran al ordenamiento los
artículos 23 del Decreto 3135 de 1968 y 60 a 64 del Decreto 1848 de 1969, a fin de
evitar la configuración de un vacío legal respecto de una prestación con contenido
fundamental derivado del derecho constitucional a la seguridad social. […]».
56. Conforme a lo expuesto, la fecha de vinculación al servicio docente oficial
determina el régimen pensional aplicable. Así, quienes ingresaron antes del 27 de
junio de 2003 se encuentran sometidos a la Ley 91 de 1989 y, por remisión de esta, a
las disposiciones que regulaban las prestaciones de los empleados públicos del orden
nacional. En cambio, los docentes vinculados con posterioridad a esa fecha se rigen
por el sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993.
57. Para el presente asunto, el artículo 23 del Decreto Ley 3135 de 1968 reconoció
el derecho a la pensión de invalidez a los servidores públicos cuya pérdida de
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de septiembre de 2025, expediente:
68001-23-33-000-2020-00781-01 (3437-2023).
9
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
capacidad laboral fuera igual o superior al 75%. Asimismo, estableció el monto de la
prestación en función del porcentaje de pérdida acreditado.
58. La norma dispuso:
«[…] PENSIÓN DE INVALIDEZ. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75 %, da derecho a una pensión, pagadera por la
respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista.
a) El 50 % cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75 %;
b) Del 75 %, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75 % y no alcance
el 95 %;
c) El 100 % cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95 %.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización […]».
59. En esa línea, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto Ley 3135 de
1968, en sus artículos 60, 61 y 63 dispuso en relación con el reconocimiento de una
prestación por invalidez, lo siguiente:
«Art. 60. DERECHO A LA PENSIÓN. Todo empleado oficial que se halle en situación
de invalidez, transitoria o permanente, tiene derecho a gozar de la pensión de invalidez
a que se refiere este capítulo.
Art. 61. DEFINICIÓN.
1.- Para los efectos de la pensión de invalidez, se considera inválido al empleado oficial
que por cualquier causa, no provocada intencionalmente, ni por culpa grave, o
violación injustificada y grave de los reglamentos de previsión, ha perdido en un
porcentaje no inferior al 75% su capacidad para continuar ocupándose en la labor que
constituye su actividad habitual o la profesión a que se ha dedicado ordinariamente.
2.- En Consecuencia no se considera inválido al empleado que solamente pierde su
capacidad de trabajo en un porcentaje inferior al 75%.” (…)
“Art. 63. CUANTÍA DE LA PENSIÓN. El valor de la pensión de invalidez se liquidará
con base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al
grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a
continuación, así:
a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el valor de
la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado oficial, o al
último promedio mensual, si fuere variable.
b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar del
noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del último
promedio mensual […]».
60. En cuanto a la cuantía de la prestación, el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969
estableció que la pensión de invalidez debía liquidarse con fundamento en el último
salario mensual devengado por el beneficiario.
10
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
61. No obstante, la Sección Segunda ha precisado que, para identificar los
conceptos que integran la base de liquidación, dicha disposición debe interpretarse en
armonía con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, que determina los factores
salariales computables para la liquidación de las pensiones de los empleados
públicos11.
62. En ese sentido, esta Corporación ha señalado que el ingreso base de
liquidación corresponde al promedio de los factores salariales devengados durante el
último año de servicios, al cual debe aplicarse el porcentaje que corresponda de
acuerdo con la pérdida de capacidad laboral. Para tales efectos, solo podrán
computarse los conceptos previstos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, así
como aquellos creados posteriormente a los que el legislador haya atribuido
expresamente carácter salarial para efectos pensionales12.
3.4. Hechos probados relevantes
63. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:
64. De acuerdo con la copia de la cédula de ciudadanía, la señora Ibeth Patricia
Pedroza Muñoz nació el 14 de noviembre de 1970 en Valledupar, Cesar, y se identifica
con la cédula de ciudadanía 49.762.51213.
65. Según la certificación de historia laboral expedida por la Secretaría de
Educación Municipal de Valledupar, la señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz estuvo
vinculada al servicio docente oficial desde el 18 de mayo de 1990 hasta el 30 de
diciembre de 2010, mediante nombramiento en propiedad, y se desempeñó como
docente de primaria de tiempo completo. Su último lugar de trabajo fue la Institución
Educativa Leonidas Acuña de Valledupar y alcanzó el grado 14 del escalafón nacional
docente14.
66. Los formatos únicos para la expedición de certificados de salarios, emitidos por
la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar el 24 de noviembre de 2017,
registraron que, durante 2009 y 2010, la demandante percibió asignación básica,
sueldo de vacaciones, prima de vacaciones y prima de Navidad. Para 2010 se
certificaron una asignación básica de $2.351.063, una prima de vacaciones de
$1.175.532 y una prima de Navidad de $2.449.024. En dichos formatos no se consignó
valor alguno por prima de antigüedad15.
11Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
expediente: 13001-23-33-000-2014-00086-01 (0949-2019).
12 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
expediente: 13001-23-33-000-2014-00086-01 (0949-2019); sentencia del 16 de octubre de 2025, expediente:
20001-23-33-000-2018-00052-01 (0280-2021); Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de septiembre
de 2024, expediente: 44001-23-40-000-2022-00103-01 (0965-2024); sentencia del 14 de agosto de 2025,
expediente: 68001-23-33-000-2020-00941-01 (1285-2025).
13 Samai, índice 2. Expediente, archivo “digital 2_ED_01 ExpedienteDigitalCuaderno1.pdf”, pp. 7.
14 Samai, índice 2. Expediente, archivo “3_ED_02ExpedienteDigitalCuaderno2.pdf”, pp. 30.
15 Samai, índice 2. Expediente, archivo “digital 2_ED_01 ExpedienteDigitalCuaderno1.pdf”, pp. 34 a 41.
11
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
67. No obstante, en un documento denominado «Prima de Antigüedad Docentes»,
expedido por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar a nombre de la
señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz, se registró una prima de antigüedad anual de
$7.008.465. En la misma liquidación se incluyeron aportes al sistema de previsión
social y un descuento de $311.613 por concepto de pensión16.
68. Mediante la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010, la Secretaría de
Educación Municipal de Valledupar, en representación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
reconoció a la señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz una pensión de invalidez, efectiva
a partir del 30 de diciembre de 2010. La prestación se otorgó con fundamento en una
pérdida de capacidad laboral del 84,86%, determinada a partir del 29 de julio de 2010,
y se liquidó en el 75% del promedio salarial del último año. Para tal efecto, se tuvieron
en cuenta la asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad, por una
base de liquidación de $2.611.072 y una mesada inicial de $1.958.30417.
69. Posteriormente, a través de la Resolución 0344 del 16 de septiembre de 2011,
la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar revisó la prestación, debido a que
la pérdida de capacidad laboral de la demandante aumentó al 96,59%. En
consecuencia, elevó al 100% el porcentaje aplicado sobre el promedio salarial del
último año, con efectos a partir del 18 de julio de 2011, y fijó la mesada en $2.693.843.
El formato de liquidación que acompañó la decisión mantuvo como factores la
asignación básica, la prima de vacaciones y la prima de navidad18.
3.5. Caso concreto
70. En el asunto bajo análisis, la demandante pretende la nulidad parcial de la
Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010 y, como consecuencia, la reliquidación
de su pensión de invalidez con inclusión de la totalidad de los factores salariales
percibidos durante el último año de servicios.
71. En sustento de sus pretensiones, señaló que, por haber ingresado al servicio
docente oficial antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, su prestación se
encuentra sometida al régimen anterior y debe liquidarse con fundamento en los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978. Por ello, consideró que la
entidad no podía limitar la base de liquidación a la asignación básica, la prima de
vacaciones y la prima de navidad.
72. Por su parte, el Tribunal negó las pretensiones con fundamento en la sentencia
de unificación del 25 de abril de 2019, según la cual la liquidación de las pensiones
docentes únicamente puede comprender los factores expresamente previstos en la
ley sobre los cuales se hubieran efectuado aportes, en contraste con el criterio
16 Samai, índice 2. Expediente, archivo “2_ED_01 ExpedienteDigitalCuaderno1.pdf”, pp. 121.
17 Samai, índice 2. Expediente, archivo “digital 2_ED_01 ExpedienteDigitalCuaderno1.pdf”, pp. 5 a 6.
18 Samai, índice 2. Expediente, archivo “3_ED_02ExpedienteDigitalCuaderno2.pdf”, pp. 155 a 160.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
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jurisprudencial de 2010, que permitía incluir todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicios. Al aplicar aquella regla, concluyó que la
demandante solo acreditó el pago de la asignación básica, la prima de vacaciones y
la prima de Navidad, conceptos que ya habían sido incorporados por la administración,
y no tuvo por demostrado un factor adicional susceptible de inclusión.
73. En el recurso de apelación, la parte demandante cuestionó la aplicación
retrospectiva del referido precedente, pues sostuvo que la demanda se promovió bajo
el criterio jurisprudencial vigente desde 2010, según el cual debían incluirse todos los
factores salariales devengados durante el último año de servicios, aun cuando no se
hubieran efectuado aportes sobre ellos. Por tal razón, invocó los principios de
confianza legítima y seguridad jurídica. Posteriormente, en los alegatos de conclusión,
precisó que la prima de antigüedad fue devengada durante el periodo relevante y que
sobre ella se realizaron aportes con destino a pensión.
74. Con base en esas consideraciones, corresponde a la Sala determinar si la
demandante tiene derecho a que su pensión de invalidez sea reliquidada con inclusión
de la prima de antigüedad, de conformidad con el régimen jurídico aplicable.
75. Para resolver la controversia, la Sala advierte, en primer lugar, que la señora
Ibeth Patricia Pedroza Muñoz nació el 14 de noviembre de 1970 e ingresó al servicio
docente oficial el 18 de mayo de 1990. Su vinculación se extendió hasta el 30 de
diciembre de 2010, por un tiempo equivalente a 20 años, 7 meses y 12 días.
76. Mediante la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010, la entidad
demandada le reconoció una pensión de invalidez, con fundamento en una pérdida
de capacidad laboral del 84,86%, estructurada el 29 de julio de 2010. En
consecuencia, fijó la prestación en el 75% del promedio salarial del último año,
equivalente a una mesada inicial de $1.958.304. Posteriormente, a través de la
Resolución 0344 del 16 de septiembre de 2011, revisó la prestación debido a que la
pérdida de capacidad laboral aumentó al 96,59% y, por ello, elevó su cuantía al 100%
del referido promedio, con efectos a partir del 18 de julio de 2011, y fijó la mesada en
$2.693.843.
77. En cuanto a los factores salariales devengados, los certificados expedidos por
la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar registraron que, durante el último
año de servicios, la demandante percibió la asignación básica, el sueldo de
vacaciones, la prima de vacaciones y la prima de navidad. Aunque en dichos
documentos no se consignó valor alguno por prima de antigüedad, obra una
certificación específica de la misma Secretaría en la que se registró a su favor una
prima de antigüedad anual de $7.008.465, junto con un descuento de $311.613 por
concepto de pensión.
78. La Sala tendrá por acreditado que la demandante devengó la prima de
antigüedad, pues la referida certificación fue incorporada regularmente al proceso y
comprendida dentro del material probatorio documental decretado como prueba en la
audiencia inicial. Además, su autenticidad y contenido no fueron controvertidos por las
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
partes, quienes tampoco recurrieron la decisión mediante la cual se decretaron las
pruebas documentales.
79. En esas condiciones, la Sala advierte que, como la demandante se vinculó al
servicio docente oficial antes del 27 de junio de 2003, se encuentra sometida al
régimen anterior a la Ley 812 de 2003. En materia de invalidez, dicho régimen
corresponde al previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Aunque la
Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010 hizo referencia al artículo 14 de la Ley
100 de 1993, dicha remisión estuvo limitada al reajuste anual de la mesada, pues el
reconocimiento y el porcentaje de la prestación se determinaron conforme a las
disposiciones anteriores.
80. Ahora bien, frente al argumento de la apelante relacionado con la aplicación de
los precedentes invocados por la primera instancia, se precisa que las reglas fijadas
en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2018 y del 25 de abril de 2019
tienen efectos retroactivos y, por tanto, resultan vinculantes para los asuntos que se
encontraban pendientes de decisión, salvo aquellos respecto de los cuales hubiera
operado la cosa juzgada. En consecuencia, la circunstancia de que la demanda se
hubiera presentado cuando se encontraba vigente el criterio jurisprudencial de 2010
no impedía, por sí sola, aplicar los precedentes posteriores.
81. Sin embargo, aunque la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 permite
determinar el régimen pensional aplicable a los docentes según la fecha de su
vinculación, la regla que fijó sobre los factores computables se refiere a la pensión
ordinaria de jubilación regulada por las Leyes 33 y 62 de 1985. Por tanto, dicha regla
no gobierna la liquidación de la pensión de invalidez debatida, cuyos factores deben
determinarse con fundamento en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, que
dispone:
«Artículo 45. De los factores de salario para la liquidación de cesantía y pensiones.
Para efectos del reconocimiento y pago del auxilio de cesantía y de las pensiones a
que tuvieren derecho los empleados públicos y trabajadores oficiales, en la liquidación
se tendrán en cuenta los siguientes factores de salario:
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de Navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se
hayan percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de
servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con
anterioridad a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del Decreto 3130 de
1968».
82. De conformidad con lo anterior, entre los conceptos devengados por la
demandante se encuentran previstos en el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978
la asignación básica, la prima de navidad, la prima de vacaciones y la prima de
antigüedad, esta última como incremento salarial por antigüedad.
83. Bajo estas premisas, la Sala advierte que la entidad demandada aplicó los
porcentajes previstos en el artículo 63 del Decreto 1848 de 1969, pues inicialmente
fijó la pensión en el 75% del promedio salarial, debido a que la pérdida de capacidad
laboral de la demandante ascendía al 84,86%, y posteriormente la elevó al 100%,
cuando aquella aumentó al 96,59%. Sin embargo, al determinar la base de liquidación
únicamente tuvo en cuenta la asignación básica, la prima de navidad y la prima de
vacaciones, pese a que también se acreditó el devengo de la prima de antigüedad,
factor previsto en el literal j) del artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978.
84. En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se declarará la nulidad parcial de la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010,
en cuanto omitió incluir la prima de antigüedad en la base de liquidación de la pensión
de invalidez. A título de restablecimiento del derecho, se ordenará reliquidar la
prestación con inclusión de dicho factor, por doceavas, además de la asignación
básica, la prima de navidad y la prima de vacaciones, con aplicación del 75% hasta el
17 de julio de 2011 y del 100% a partir del 18 de julio del mismo año.
85. Las sumas que se reconozcan a favor de la parte demandante por concepto de
diferencias en las mesadas pensionales serán ajustadas en los términos del artículo
187 del CPACA, mediante la aplicación a la siguiente fórmula:
R = RH Índice final
Índice inicial
86. En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(RH), correspondiente a la diferencia entre la mesa pensional efectivamente pagada
y la que debió pagarse como consecuencia de la reliquidación ordenada, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por
el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial
vigente en la fecha en la que debió pagarse cada diferencia.
87. Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará separadamente,
mes por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial será el vigente en la fecha en
que se causó cada diferencia pensional. La entidad demandada pagará la diferencia
que resulte entre lo que pagó y lo que debió pagar.
15
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
3.6. De la prescripción
88. En consideración a que se ordenará la reliquidación de la pensión de invalidez
con inclusión de la prima de antigüedad en la base de liquidación, procede verificar si
en el presente asunto operó el fenómeno jurídico de la prescripción.
89. Al respecto, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 establece que las
acciones derivadas de los derechos consagrados en esa normativa prescriben en tres
años, contados desde que la respectiva obligación se hace exigible. Asimismo,
dispone que el reclamo escrito formulado ante la entidad obligada interrumpe la
prescripción por un lapso igual.
«Artículo 102. Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968
y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la
respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa
obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual».
90. En el presente asunto, la pensión de invalidez se hizo efectiva a partir del 30
de diciembre de 2010. Sin embargo, la demandante no formuló reclamación
administrativa encaminada a obtener su reliquidación y solo presentó la demanda el
26 de octubre de 2017, cuando ya había transcurrido el término de tres años previsto
en la norma citada.
91. En consecuencia, se encuentran prescritas las diferencias de las mesadas
causadas con anterioridad al 26 de octubre de 2014. Por tanto, se ordenará reliquidar
la pensión de invalidez desde su fecha de efectividad, con inclusión de la prima de
antigüedad, pero sus efectos fiscales se reconocerán únicamente a partir del 26 de
octubre de 2014.
3.7. Conclusión
92. Con fundamento en lo expuesto, la Sala determinó que la pensión de invalidez
de la demandante se rige por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y que los
factores que integran su base de liquidación deben establecerse conforme al artículo
45 del Decreto Ley 1045 de 1978. En consecuencia, como se acreditó el devengo de
la prima de antigüedad, procede su inclusión en la liquidación de la prestación.
93. Lo anterior, sin perjuicio de la prescripción de las diferencias causadas con
anterioridad al 26 de octubre de 2014.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
3.8. Costas
94. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 19 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena,
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso –
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 31 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
promovida por la señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz contra la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo: Declarar la nulidad parcial de la Resolución 0694 del 17 de noviembre de
2010, expedida por la Secretaría de Educación Municipal de Valledupar, en cuanto
omitió incluir la prima de antigüedad en la base de liquidación de la pensión de
invalidez reconocida a la señora Ibeth Patricia Pedroza Muñoz.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
ordenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reliquidar la pensión de invalidez de la señora
Ibeth Patricia Pedroza Muñoz, con inclusión, por doceavas, de la prima de antigüedad
devengada durante el último año de servicios, además de los factores computados en
la Resolución 0694 del 17 de noviembre de 2010.
Para efectuar la reliquidación, la entidad aplicará el porcentaje del 75% hasta el 17 de
julio de 2011 y, de conformidad con la revisión efectuada mediante la Resolución 0344
del 16 de septiembre de 2011, el 100% a partir del 18 de julio del mismo año.
Cuarto: Declarar prescritas las diferencias pensionales causadas con anterioridad al
19 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo
por varias razones a saber: (1) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para
el proceso de lo contencioso - administrativo. (2) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo
365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (3) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (4) El inciso
segundo del artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (5) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en
cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, exp. 13001-
23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
17
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00617-01 (3454-2020)
Demandante: Ibeth Patricia Pedroza Muñoz
Demandada: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
26 de octubre de 2014. En consecuencia, CONDENAR a la entidad demandada a
pagar las diferencias derivadas de la reliquidación ordenada a partir de dicha fecha y
hasta que se produzca el cumplimiento efectivo de esta providencia.
Las sumas reconocidas deberán actualizarse de conformidad con el inciso cuarto del
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, mediante la siguiente fórmula:
R = RH Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
correspondiente a la diferencia dejada de percibir por la demandante, por el guarismo
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE,
vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, entre el índice vigente en la fecha
en que debió pagarse cada diferencia. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo,
la actualización deberá efectuarse separadamente, mes por mes.
Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos y
condiciones previstos en los artículos 189 y 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Séptimo: Una vez ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial
Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
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