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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2018-00305-01

Fecha
24 de abril de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2018-00305-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la caducidad del medio de control de reparación directa. SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora en costas de la segunda instancia. La Sala fija 1 smmlv por agencias en derecho, suma que pagará la parte actora a favor de la entidad accionada. La liquidación de las costas la efectuará de manera concentrada el tribunal de primera instancia, según el artículo 366 del CGP. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER las diligencias al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-33-000-2018-00305-01

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

24 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)

Actor: ROBIN JHONNY CÁCERES MONTERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD – Exigencia frente a conductas de
lesa humanidad / CRITERIO DE UNIFICACIÓN DE LA SALA PLENA DE LA
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO – CRITERIO DE UNIFICACIÓN
DE LA CORTE CONSTITUCIONAL – La caducidad se computa desde la ocurrencia
del hecho causante del daño, salvo que el interesado no hubiese advertido la
participación del Estado ni la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, o
porque se presentaron situaciones que obstaculizaron el ejercicio del derecho de
acción.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 23 de junio de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró probada la excepción de caducidad.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En hechos ocurridos el 19 de septiembre de 1995, el señor Urbino José Cáceres
Arias fue asesinado por desconocidos, quienes detuvieron el carro en el que se
movilizaba con 15 personas, aproximadamente; luego, él y otros dos pasajeros
fueron separados del resto del grupo y, finalmente, les dispararon. La demanda de
reparación directa fue radicada luego de 22 años, 9 meses y 27 días.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 17 septiembre de 20181, los señores Petronila María Mindiola Cáceres, Robin
Jhonny Cáceres Montero, Yadis Cecilia Cáceres Mindiola, Radys Enrique Cáceres
Mindiola, Leodan Cáceres Mindiola y Urbino Cáceres Mindiola, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentaron demanda contra la Nación-

1 Folio 69 del cuaderno 1. Los poderes obran de folios 75 a 79 del cuaderno digital 1.

Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

Ministerio de Defensa- Ejército Nacional por los perjuicios causados con la muerte
del señor Urbino José Cáceres Arias, ocurrida el 19 de septiembre de 19952.

1.1. Hechos

En la demanda, en síntesis, se narraron como hechos relevantes los siguientes:

El señor Urbino José Cáceres Arias fue asesinado el 19 de septiembre de 1995,
en el resguardo de Atánquez, Valledupar, como consecuencia de una incursión en
la que hombres armados, con lista en mano, sacaron a varios indígenas de sus
casas, los ejecutaron frente a la comunidad y se apoderaron del territorio,
generando el desplazamiento forzado de los accionantes.

A juicio de la parte actora, a la demandada le asiste responsabilidad patrimonial,
porque, a pesar de las peticiones formuladas en ese sentido, no adoptó las medidas
de seguridad y protección que le correspondían.

El señor Robin Jhonny Cáceres Montero, hijo de la víctima directa, denunció ante el
municipio de Valledupar y la Fiscalía General de la Nación la situación presentada,
sin que se adoptara medida alguna.

De otro lado, el 8 de diciembre de 2022, 60 hombres de las AUC también irrumpieron
en el resguardo y asesinaron a varias personas, suceso que desencadenó una ola
de muertes, con la participación de varios miembros del batallón La Popa, quienes,
finalmente, fueron condenados penalmente, entre otros, por el homicidio del señor
Cáceres Arias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció frente a los anteriores
hechos y le solicitó al Estado la adopción de medidas de protección frente a las
víctimas.

2. Contestación de la demanda

La demandada alegó la caducidad, por no haberse demandado dentro los 2 años
siguientes a la fecha de la muerte, que fue conocida desde su ocurrencia por la
parte actora y, en gracia de discusión, precisó que: i) el asunto se circunscribe a
hechos ocurridos en 1995, de ahí que muertes ocurridas en años posteriores no
resultaran pertinentes; ii) previo a los hechos no se formularon solicitudes de

2 La parte actora solicitó 200 smmlv por “daño a la vida de relación” y perjuicios morales para cada

uno de los 6 demandantes; además, $691’ 838.277 por lucro cesante en favor de la señora Petronila
María Mindiola Cáceres.

2

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Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

protección; iii) no fue condenado ningún militar por la muerte del señor Urbino José
Cáceres Arias, la cual fue causada por un tercero; y iv) la obligación de protección
de las fuerzas militares se debe analizar bajo la óptica de la relatividad del servicio.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar, a través de sentencia del 23 de junio de 2022,
declaró probada la excepción de caducidad, por considerar que: i) los hechos no
eran constitutivos de un delito de lesa humanidad, en cuanto ocurrieron en unas
condiciones de tiempo, modo y lugar distintas a las narradas por la parte actora; y
ii) la demanda no fue presentada dentro de los 2 años siguientes a la muerte, sino
23 años después. No hubo condena en costas.

4. Recurso de apelación

La parte actora apeló la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó que el
sub lite cumplía con los supuestos propios de los delitos de lesa humanidad, en
cuanto el Estado falló a su deber constitucional de proteger la vida, derechos y
libertades de la comunidad indígena a la que pertenecía la víctima directa.

4.1. A juicio del Ministerio Público, lo decidido por el Tribunal a quo debe confirmarse,
porque los hechos ocurrieron en 1995 y la demanda se presentó en 2018, sin que
los demandantes acreditaran alguna circunstancia que les hubiese impedido ejercer
oportunamente su derecho de acción.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de primera instancia.

Adicionalmente, la Subsección evidencia el cumplimiento de los presupuestos
procesales: competencia y legitimación en la causa, sin perjuicio del análisis de la
caducidad, pues el Tribunal a quo la declaró probada, decisión que apeló la parte
actora, bajo el cargo que se resolverá a continuación.

1. El Tribunal Administrativo del Cesar pasó por alto que el sub lite sí se
enmarca en un delito de lesa humanidad

El Tribunal a quo precisó que la muerte no se presentó en la forma señalada por la
parte actora, por cuanto: i) no ocurrió en el resguardo indígena indicado en la
demanda, sino cuando la víctima se movilizaba en un automotor con otras personas,

3

Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

por una vía pública; ii) no fue condenado sujeto alguno por tales hechos, menos
personal de la fuerza pública; iii) si bien la Corte Interamericana de Derechos
Humanos adoptó medidas de protección frente a la comunidad indígena del
corregimiento de Atánquez, entre otros, lo cierto es que ello obedeció a muertes
ocurridas entre 2003 y 2004.

Con fundamento en lo anterior, en la sentencia apelada se concluyó que no se
configuraba un delito de lesa humanidad, de ahí que el término de dos años para
demandar hubiese empezado a correr con la muerte, la cual ocurrió el 19 de
septiembre de 1995; sin embargo, la demanda fue presentada hasta el 17 de
septiembre de 2018, cuando ya había operado la caducidad.

La parte actora, en su apelación, afirmó que los hechos ocurrieron como se narró
en la demanda, de ahí que se tratara de un delito de lesa humanidad, pues grupos
al margen de la ley irrumpieron en el resguardo indígena al que pertenecía la víctima
directa -corregimiento de Atánquez, Valledupar-, lo sacaron de su casa y, junto a
otras personas, lo asesinaron frente a toda la comunidad, hechos que ocurrieron sin
que la accionada interviniera, a pesar de habérsele solicitado protección.

La Subsección advierte que la muerte del señor Urbino José Cáceres Arias, en
efecto, tuvo lugar el 19 de septiembre de 19953, entre las 8:00 y 9:30 am, pero en
un contexto distinto al antes citado, pues ocurrió cuando la víctima directa, con
aproximadamente 15 personas, se dirigía al corregimiento de “Sabana Crespo” de
Valledupar, en un vehículo tipo camión que prestaba el servicio público de
transporte, el cual fue detenido por hombres armados, quienes bajaron a 3 de los
pasajeros -el señor Cáceres Arias, un hijo que lo acompañaba y la suegra de uno
de sus otros hijos4- y, luego, les dispararon, hechos por los que, finalmente, no fue
condenado sujeto alguno5.

Al margen de que los hechos se hubiesen dado o no en los términos invocados por
la parte actora y de la discusión acerca de si son o no constitutivos de un delito de

3 Según copia del registro civil de defunción de la víctima directa y el acta de levantamiento del

cadáver (folios 80 del cuaderno 1).
4 Según los sostenido en declaración rendida en la investigación penal el 15 de diciembre de 1995

por el señor Radys Enrique Cáceres Mindiola (folios 200 a 202 del cuaderno digital 1).
5 En ese sentido, en el expediente obra certificación del 14 de septiembre de 2006 de la Fiscalía

General de la Nación en la que sostiene que se adelantó una investigación por el delito de homicidio
de Urbino José Cáceres Arias, en hechos ocurridos en la vía pública de Valledupar, diligencias
archivadas, sin que se hubiesen establecido móviles ni autores del homicidio (folio 5 del cuaderno
3). Además, en relación con la forma en la que ocurrió la muerte, a este proceso fueron allegadas
las declaraciones rendidas en el proceso penal por Ludys Zapata Izquierdo y Elkin Javier Silva
Ramos (folios 163 a 174 del cuaderno digital 1).

4

Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
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Referencia: Medio de control de reparación directa

lesa humanidad, lo cierto es que ello no incide en la aplicación del término de
caducidad de la pretensión de reparación directa, como se explicará.

1.1. Aplicación del término de caducidad, al margen de la calidad de la
conducta invocada

A través de sentencia del 29 de enero de 20206, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en relación con la aplicación de las
reglas de caducidad en materia de reparación directa, para lo cual precisó que las
disposiciones establecidas para tal fin resultan aplicables a todos los asuntos en los
que se solicite la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, incluso,
frente a conductas constitutivas de lesa humanidad.

Al respecto, para el cómputo de la caducidad se fijaron las siguientes premisas:

i) El plazo para demandar se computa desde la ocurrencia del hecho causante del
daño, siempre que desde ese momento los afectados hubiesen estado en
posibilidad de conocerlo y, por ende, de advertir la posibilidad de imputar
responsabilidad al Estado en tales hechos.

Lo anterior, sin perjuicio de las reglas especiales aplicables frente a la desaparición
forzada7 y al desplazamiento forzado8.

ii) El término pertinente, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad,
independientemente del tipo de conducta en la que se sustenten las pretensiones,
no se aplicará cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, hasta tanto se superen, momento
en el cual empezará a correr el plazo de ley.

En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe efectuar el cómputo de la
caducidad de la reparación directa en una forma distinta a la establecida en las
disposiciones legales pertinentes, en los eventos en los que la no comparecencia
del afectado ante la administración de justicia se encuentra justificada, porque no
conocía la participación del Estado y, por ende, no le podía imputar responsabilidad
patrimonial, o en cuanto se presentaron situaciones que obstaculizaron el ejercicio

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de

enero de 2020, expediente 61.033.
7 Supuesto en el que resulta determinante la fecha en la que aparezca la víctima directa o aquella

en la que se dio la ejecutoria del respectivo fallo penal, sin perjuicio de pueda demandarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.
8 El cual corresponde a una conducta continuada y ocurre mientras persista, por manera que cuando

cesa se entiende consolidado el hecho causante del daño y a partir de allí empieza a correr su
término de caducidad.

5

Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

del derecho de acción, pues el paso del tiempo no puede empezar a correr contra
quien no goza del acceso efectivo a la administración de justicia, lo cual, se insiste,
depende de las circunstancias especiales de cada sujeto.

La Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU-312 del 13 de agosto de
20209, precisó que, en efecto, con independencia del tipo de conducta por la que se
demande en sede de reparación directa, incluidos los casos de lesa humanidad,
resulta exigible el término de caducidad de dos años, evento en el que no solo basta
con la fecha de ocurrencia de la conducta, “sino la posibilidad del interesado de
identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una autoridad pública
y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la reclamación respectiva”.

A juicio de la Corte, resulta imperioso que exista un término de caducidad de las
acciones judiciales, pues es contrario al derecho de acceso a la administración de
justicia su ejercicio de manera ilimitada, “sin condicionamientos de ninguna especie”,
porque ello atentaría contra la seguridad jurídica, de ahí que la actitud pasiva de
quien estuvo en la posibilidad de ejercer sus derechos no fuera susceptible de
protección.

De otro lado, la Corte Constitucional, mediante las sentencias T -04410 y T-210 del
10 de junio de 202211, explicó que el criterio de unificación de la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 resultaba
vinculante, a título de precedente, desde el momento en el que fue proferida, es
decir, a los casos que se encontraban en curso y a los iniciados luego –efectos
retrospectivos–, sin perjuicio de que en aquellos en trámite, la parte actora contara
con la posibilidad de explicar por qué no acudió a la justicia en los términos legales,
bien sea en alegatos, en los recursos de apelación o en una oportunidad adicional
específica para tal fin.

1.2. Cómputo de la caducidad en el caso concreto

Como se explicó, la muerte del señor Urbino José Cáceres Arias tuvo lugar el 19 de
septiembre de 1995, sin que su ocurrencia y su posibilidad de imputar
responsabilidad al Estado fuera una situación desconocida para los accionantes,
pues en la demanda se sostuvo que ellos estuvieron al tanto de lo sucedido, lo que
resulta razonable, por las condiciones en las que se dieron los hechos -en un sitio

9 Corte Constitucional, sentencia SU -312 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10 Corte Constitucional, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses

Mosquera.
11 Corte Constitucional, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses

Mosquera.

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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

público del municipio en el que residían los demandantes y en presencia de varias
personas-.

En efecto, los hechos enunciados fueron de conocimiento público, tan es así que
las autoridades competentes avocaron el conocimiento del caso el mismo día de su
ocurrencia; en cuanto a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Valledupar, le
fue informado que en una vía pública de tal ciudad se había cometido el delito de
homicidio12.

La muerte se presentó entre las 8: 00 am y 9: 30 am de dicha fecha en el municipio
en el que residía la parte actora –Valledupar–, siendo testigos las aproximadamente
12 personas que se transportaban con la víctima directa, dos de las cuales, incluso,
dieron cuenta de lo sucedido en declaración rendida ante la policía judicial el mismo
día de los hechos13; además, el CTI compareció al lugar solo horas después -1:40
pm-14, para lo cual llevó a cabo el reconocimiento y levantamiento del cadáver del
señor Cáceres Arias -junto con el de las otras víctimas-, siendo practicada la
necropsia ese mismo día15.

En concordancia, el 2 de octubre siguiente 16 , la demandante Petronila María
Mindiola Cáceres compareció ante la Fiscalía General de la Nación y, en calidad de
esposa del señor Cáceres Arias, así como de madre de otra de las víctimas, solicitó
la entrega de sus pertenencias.

La Sala observa que, precisamente, con el fallecimiento de la víctima directa surgió
para los demandantes la posibilidad de demandar en sede de reparación directa al
Estado, porque, según ellos, su responsabilidad patrimonial derivó de la supuesta
omisión en el deber de protección del señor Cáceres Arias y, de manera
consecuente, por no haber evitado su muerte, de ahí que, se reitera, su ocurrencia
los habilitó para plantear ante esta jurisdicción la discusión sobre la configuración o
no de una falla en el servicio en ese sentido, al margen de que les asistiera razón.

En suma, la posibilidad de imputación de responsabilidad al Estado por la muerte
del señor Urbino José Cáceres Arias no se trató de una situación desconocida para
la familia.

12 Folios 150 y 151 y del cuaderno digital 1.
13 Los señores Ludys Zapata Izquierdo y Elkin Javier Silva Ramos (folios 163 a 174 del cuaderno

digital 1), declaraciones a partir de las cuales se establece la hora de ocurrencia del hecho dañoso.
14 Folios 153 a 155 del cuaderno digital 1.
15 Folios 175 a 182 del cuaderno digital 1.
16 Folios 183 y 184 del cuaderno digital 1.

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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

En la demanda se sostuvo que, luego de la muerte, los demandantes fueron
desplazados forzosamente del corregimiento Atánquez de Valledupar, porque
grupos al margen de la ley se habrían apoderado de tal territorio; sin embargo, en
el expediente no obran pruebas que acrediten que, en efecto, ellos padecieron tal
situación entre el 20 de septiembre de 1995 y el 20 de septiembre de 1997, plazo
de caducidad de la pretensión de reparación directa, según el numeral 8 del artículo
136 Decreto 01 de 198417, vigente para la época de los hechos.

La Sala advierte que Valledupar era el lugar de domicilio de la parte actora para la
fecha de los hechos 18 , el cual se mantuvo durante el lapso que tenían para
demandar, incluso, continuaba para la fecha en la que los demandantes decidieron
ejercer el derecho de acción, pues tal municipio corresponde al indicado: i) en el
proceso penal por parte los demandantes Petronila María Mindiola Cáceres y Radys
Enrique Cáceres Mindiola, según diligencias del 15 de diciembre de 1995 y 10 de
mayo de 1996 19 ; ii) en los poderes otorgados para promover el proceso de la
referencia20; y ii) en el acápite de notificaciones físicas de la parte actora contenido
en la demanda21; iv) además, en Valledupar fue expedida la cédula de ciudadanía
de la demandante Yadis Cecilia Cáceres Mindiola, hija de la víctima directa, que
para la época de los hechos tenía 11 años22.

Por las anteriores razones, la Subsección descarta un eventual desplazamiento
forzado como justificación para no presentar en tiempo la demanda.

De otro lado, el 10 de mayo de 1996, la demandante Petronila María Mindiola
Cáceres en declaración rendida ante la Fiscalía General de la Nación señaló que
para ese momento sus hijos eran objeto de amenazas por parte de sus anteriores
vecinos23, quienes fueron vinculados a la investigación por la muerte de la víctima

17 De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP,

según el cual los términos que hubieren empezado a correr se regirán por las leyes vigentes para
ese momento.
18 Según lo sostenido en la demanda, en concordancia con las labores investigativas adelantadas

en el proceso penal.
19 Folios 200 a 202 del cuaderno digital 1 y folios 69 a 71 del cuaderno digital 2. Manifestaciones que

se valoran en los términos establecidos frente a la confesión, según artículos 165,191 y 193 del CGP
20 Folios 71 a 79 del cuaderno digital 1.
21 Folio 69 del cuaderno 1. Al respecto, la Sala precisa que en acápite separado fue indicada la

dirección física del apoderado.
22 De conformidad con lo indicado en la diligencia de presentación personal del poder, en

concordancia con la copia de su registro civil de nacimiento obrante a folio 82 del cuaderno 1.
23 Folios 200 a 202 del cuaderno digital 1. Al respecto, la Sala precisa que en asuntos tramitados al

amparo del CPC y antes de la expedición del Código General del Proceso no se otorgaba valor
probatorio alguno a la declaración parte, salvo para fines de confesión, pero con la nueva normativa
se introdujo como medio de prueba la declaración de parte de manera independiente a la confesión,
que se debe valorar de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas, según los
términos de artículos 165 y 191 del CGP.

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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
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Referencia: Medio de control de reparación directa

directa, personas en favor de quienes, finalmente, se dictó resolución de preclusión,
frente a unos el 9 de julio de 199624 y en relación con los otros el 14 de diciembre
de 200025.

A juicio de la Sala, lo anterior no enerva la caducidad, porque no se invocó ni probó
que esa situación entre particulares les hubiese impedido a los hijos de la víctima
directa imputarle responsabilidad patrimonial al Estado, por la supuesta omisión
de la fuerza pública. Al respecto, se destaca que, adicionalmente a lo sostenido el
10 de mayo de 1996, no se advierte ninguna manifestación o prueba frente a la
persistencia o no de tales amenazas o de alguna solicitud de intervención de las
autoridades ante esa situación.

La Subsección insiste en que no obran pruebas que indiquen que tales amenazas
privaron a los demandantes del ejercicio de su derecho de acción ante esta
jurisdicción dentro de los 2 años siguientes al 19 de septiembre de 1995 y que ellas
fueran las causantes de que solo lo hubiesen procedido de conformidad hasta el 17
de septiembre de 2018, porque lo cierto es que ellos mantuvieron su domicilio desde
la época de los hechos en Valledupar, lugar en el que, finalmente, presentaron la
demanda de la referencia más de 22 años después.

De otro lado, si bien la información aportada el 7 de septiembre de 2020 por la
Defensoría del Pueblo da cuenta de un eventual desplazamiento forzado de
comunidades indígenas asentadas en Valledupar, incluida aquella a la que
pertenecía la parte actora26, lo cierto es que dichos hechos se habrían presentado
a partir de marzo de 2000, años después de la muerte del señor Cáceres Arias,
incluso, luego de la fecha en la que fenecieron los dos años para ejercer la
pretensión de la reparación directa; además, no se advierte que los accionantes
hubiesen sido víctimas del desplazamiento en mención, de ahí que tales
circunstancias no puedan considerarse como impedimentos para demandar en
tiempo27.

24 Folios 118 a 129 del cuaderno digital 2.
25 Folios 187 a 200 del cuaderno digital 2.
26 Según lo sostenido por el testigo Ener Crispín Cáceres, en audiencia celebrada ante el Tribunal a

quo el 29 de enero de 2021.
27 Al respecto, en el expediente obra en 53 folios informe de la Defensoría del Pueblo rendido

mediante memoriales del 7 y el 13 de septiembre de 2020, prueba documental según la cual algunos
miembros de la comunidad indígena a la que pertenecía la víctima directa habría sido objeto de
desplazamiento forzado; sin embargo, se trata de hechos ocurridos a partir del 10 de marzo del 2000
y, en todo caso, tal prueba documental no da cuenta de desplazamiento alguno en relación con los
demandantes.

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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

Adicionalmente, en el expediente obran otras pruebas sobre situaciones de
violencia presentadas en la referida zona28, que tampoco afectan el cómputo de la
caducidad, porque son posteriores a la extinción del plazo para demandar y, en todo
caso, no se probó que los demandantes hubiesen resultado afectados, ni la forma
en la que ello se habría dado.

Así las cosas, el término de caducidad de la pretensión de reparación directa corrió
entre el 20 de septiembre de 1995 y el 20 de septiembre de 1997 29, pero la
demanda fue radicada de manera extemporánea, pues esto se realizó hasta el 17
de septiembre de 2018.

En suma, con fundamento en la normativa vigente, la jurisprudencia aplicable y las
particularidades del caso analizado, la Sala concluye que, en efecto, operó la
caducidad, razón por la cual, confirmará la sentencia de primera instancia.

2. Costas

De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 202130, en concordancia con artículo 365 del CGP,
ante la evidencia de que no prosperó su recurso de apelación, se condenará en
costas de la segunda instancia a la parte actora a favor de Nación – Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional.

28 En ese sentido en el expediente obran los informes rendidos por el Ministerio del Interior y el
Ministerio de Defensa el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2020, respectivamente, que versan sobre
situaciones de violencia en la zona, pero por hechos posteriores a la extinción del plazo para
demandar en el sub lite.
Además, fue aportada la resolución del 5 de julio de 2004, por medio de la cual la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a título de medida provisional, requirió al Estado colombiano
para que adoptara acciones tendientes a proteger la vida e integridad personal del pueblo indígena
Kankuamo, dada la situación de riesgo a la que estaba expuesta y la cual persistía a pesar de que,
desde el 24 de septiembre de 2003, la Comisión ya le había pedido a Colombia que procediera de
conformidad (folios 305 a 325 del cuaderno digital 3).
29 En este asunto no operó suspensión alguna, toda vez que, si bien la parte actora promovió trámite

de conciliación, lo cierto es que lo hizo con posterioridad a la ocurrencia de la caducidad, pues la
solicitud fue radicada el 26 de febrero de 2018 y el 6 de abril siguiente se expidió la constancia de
no acuerdo.
30 En el siguiente sentido: “la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca

que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, regla que rige en todos
los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor; sin embargo, el aspecto subjetivo citado
no es aplicable a los ordinarios, sino a aquellos en los que se ventila un interés público, en los cuales
proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021,
expediente 63.217, CP: Fredy Ibarra Martínez; Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022,
expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre de 2022, expediente 67.965).

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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

En concordancia con lo anterior, en cuanto a las agencias en derecho, la Sala fija 1
smlmv31, teniendo en cuenta la duración del proceso en segunda instancia y los
deberes de vigilancia del proceso que ello implicó para la entidad accionada32.

En atención al artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas se efectuará de
manera concentrada en el tribunal de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de junio de 2022, por medio de la cual
el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa.

SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora en costas de la segunda instancia. La
Sala fija 1 smmlv por agencias en derecho, suma que pagará la parte actora a favor
de la entidad accionada. La liquidación de las costas la efectuará de manera
concentrada el tribunal de primera instancia, según el artículo 366 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER las
diligencias al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

31 En atención a lo previsto en el artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016,

que establece que en los procesos declarativos las agencias en derecho de segunda instancia
oscilarán “[e]ntre 1 y 6 SMMLV”
32 La sentencia de primera instancia fue proferida el 23 de junio de 2022, notificada el 28 de junio

siguiente y la parte actora interpuso recurso de apelación el 13 de julio de 2022, el cual dio lugar a
la segunda instancia que se define a través de la presente providencia. La Sala ha considerado como
criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores de vigilancia del proceso
inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21 de noviembre de
2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322)
Actor: Robin Jhonny Cáceres Montero y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional
Referencia: Medio de control de reparación directa

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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