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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03497-01

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-03497-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de septiembre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó la acción de tutela presentada por la señora Nelcy del Socorro Santana Cabarcas contra el Tribunal Administrativo de Bolívar. 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01 SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-03497-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

2 de noviembre de 2023

Demandante: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-03497-01
Demandante: NELCY DEL SOCORRO SANTANA CABARCAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente. Caducidad del medio de
control de reparación directa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 7 de septiembre de 2023, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Primera negó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 28 de junio de 2023, la señora Nelcy del Socorro
Santana Cabarcas, por conducto de apoderada judicial, presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad y a la reparación integral, con ocasión de la providencia de
27 de abril de 2023 proferida por la mencionada autoridad judicial.

Lo anterior, por cuanto revocó la sentencia de 30 de junio de 2021 del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, que había accedido a
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró probada la caducidad;
esto, dentro del medio de control de reparación directa que promovió1 junto con
otros2 contra la Nación - Ejercito Nacional - Armada Nacional - Policía Nacional
y el municipio de San Juan Nepomuceno, proceso que se identificó con el
radicado 13001-33-33-006-2016-00320-00/01.

1
La señora Nelcy del Socorro Santana Cabarcas actuó en nombre propio y en representación
de JMDS, JMDS y VCDS. El a quo reemplazó sus nombres por estas iniciales por ser menores
de 18 años de edad, razón por la cual en esta imstancia se continuará con tal medida de
protección a su intimidad.
2
Deivi José Jaraba Torres, José Daniel Díaz Santana, Simona Pérez Barrios de González y
Adelaida Iglesias Marimon.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la actora solicitó:

«PRIMERA: Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL al debido Proceso, Acceso a
la Administración y Reparación Integral de la SRA. NELCY DEL SOCORRO
SANTANA, que fueron vulnerados por la sentencia judicial No. 019 de 2023
emitida el día 27 de abril de 2023 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR SALA DE DECISION No. 1, dentro del medio de control de Reparación
Directa, radicado 13001-33-33-006-2016-00320-01.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR SALA DE DECISION No. 01, a que Deje sin
Efectos la sentencia judicial No. 019/2023 de fecha 27 de Abril de 2023 proferida
dentro del medio de control de reparación directa radicado: 13001-33-33-006-
2016-00320-01, y en consecuencia, emita una decisión sustitutiva en la que se
tenga en cuenta, la excepción de la REGLA GENERAL DE CADUCIDAD DEL
MEDIO DE CONTROL establecida en la sentencia de unificación de fecha 29 de
enero de 2020 para los casos de Responsabilidad del Estado por
DESPLAZAMIENTO FORZADO y en consecuencia, sea analizado el Daño
conforme a las reglas de caducidad en los eventos DAÑO CONTINUADO, es
decir, que cuando cesa se entiende consolidado el hecho causante del daño y a
partir de allí empieza a correr su término de caducidad.»3

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La señora Santana Cabarcas relató que el 7 de agosto de 2002 fue asesinado el
señor Edgar Navarro Flórez y tuvo lugar el desplazamiento forzado de ella y su
núcleo familiar, quienes vivían en la vereda de Montecristo, corregimiento La
Haya (Bolívar), por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Narró que el 15 de diciembre de 2016 presentó demanda junto con sus
familiares contra la Nación - Ejercito Nacional - Armada Nacional - Policía
Nacional y el municipio de San Juan Nepomuceno, en ejercicio del medio de
control de reparación directa, con ocasión de los perjuicios que le fueron
originados por el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

Indicó que del proceso conoció el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena que, en sentencia de 30 de junio de 2021, consideró que
no se debía aplicar la caducidad del medio de control por ser el daño objeto de
reclamo de carácter continuado, dado que las víctimas no han podido retornar al
lugar de origen.

Aludió que dicha autoridad judicial accedió a las pretensiones de la demanda,
tras encontrar probada la configuración de una falla del servicio por ausencia de
protección a los demandantes, habida cuenta que era un hecho notorio la
situación de violencia generalizada en la que se encontraba el país para la fecha
en que sucedió el desplazamiento.

3
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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Demandante: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

Señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió los recursos de
apelación interpuestos por ambas partes mediante providencia de 27 de abril de
2023, en la cual revocó el fallo del a quo y declaró la caducidad, al advertir que
los demandantes tuvieron conocimiento de la participación del Estado en el
daño endilgado a partir de su consumación (7 de agosto de 2002).

Sin embargo, radicaron la solicitud de conciliación el 28 de enero de 2016 y la
demanda el 15 de diciembre del mismo año, sin que se evidenciara alguna
situación que les impidiera acudir oportunamente a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
sustantivo al omitir lo previsto en el artículo 18 de la Ley 387 de 19974, según el
cual, la condición de desplazado forzado por la violencia cesa cuando se logra
la consolidación y estabilización socioeconómica, bien sea en su lugar de origen
o en las zonas de reasentamiento.

En ese sentido, afirmó que los hechos de desplazamiento forzado deben
analizarse conforme a la figura del daño continuado, pues la actora y su familia
no han podido retornar a su lugar de origen por la situación de orden público, sin
que se les haya brindado hasta el momento la seguridad que requieren.

Consideró que en la decisión cuestionada se desconoció el precedente5
consistente en que el desplazamiento forzado es una de las excepciones para
que opere la figura jurídica de la caducidad del medio de control de reparación
directa, según el criterio fijado por la Sección Tercera de esta corporación en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 20206 y por la Corte Constitucional
en la providencia SU-312 de 2020.

Aludió que dicha postura fue reiterada por el Consejo de Estado en los
siguientes pronunciamientos:

i) 2 de octubre de 2020, rad. 81001-23-39-000-2018-00101-01(63253); ii) 24 de
abril de 2023, rad. 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322); iii) 10 de
noviembre de 2022, rad. 11001-03-15-000-2022-01347-01; iv) 15 de julio de
2022, rad. 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855); v) 16 de octubre de 2020,
rad. 05001-23-33-000-2017-01984-01(63641); vi) 2 de junio de 2021, rad.
50001-23-31-000-2007-00248-01 (41268), vii) 1º de julio de 2021, rad. 11001-
03-15-000-2021-03259-00, viii) 3 de febrero de 2023, rad. 20001-23-31-000-
2012-00163-02 (55.845) y ix) 26 de julio 2011, rad. 08001-23-31-000-2010-
00762-01 (41037).

4
«Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por
la violencia en la República de Colombia.»
5
Cabe aclarar que si bien en la tutela se identificó este cargo como «defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial», en realidad los argumentos expuestos se ajustan al
defecto por desconocimiento del precedente.
6
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01.

3
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Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto de 30 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Primera
admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la actora y como
demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Además, vinculó al juez Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena,
al ministro de Defensa Nacional, al director general de la Policía Nacional, al
comandante del Ejército Nacional, al comandante de la Armada Nacional y al
alcalde del municipio de San Juan Nepomuceno, en calidad de terceros con
interés.

A su vez, comunicó la existencia del presente trámite a Deivi José Jaraba
Torres, José Daniel Díaz Santana, Simona Pérez Barrios de González, Adelaida
Iglesias Marimon, JMDS, JMDS y VCDS, quienes integraron la parte
demandante del proceso dentro del cual se profirió la decisión controvertida.

Realizadas las respectivas comunicaciones7, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Bolívar

El magistrado ponente de la providencia objeto de debate se opuso al amparo
deprecado por la accionante, por cuanto en la sentencia de 27 de abril de 2023
se hizo un estudio minucioso de las reglas planteadas en la sentencia de
unificación de 19 de enero de 2020, a partir de las cuales se concluyó que operó
la caducidad del medio de control de reparación directa.

Destacó que los hechos que sustentaron la demanda ocurrieron el 7 de agosto
de 2022 y los demandantes tenían la posibilidad de retornar a su lugar de origen
desde el año 2009, conforme con la certificación expedida por la Brigada de
Infantería de Marina 001, la cual no fue tachada de falsedad, así como del
testimonio rendido por el señor Julio César Acevedo González, quien explicó
que los predios de la vereda de Montecristo estaban siendo explotados
económicamente por sus propietarios.

Puso de presente que el derecho de acceso a la administración de justicia podía
ejercerse en cualquier parte del país, por ende, si los demandantes estaban
radicados en el municipio de María La Baja pudieron haber demandado desde
ese lugar y aun cuando se aplicara el término de caducidad Previsto en la
sentencia SU-254 de 2013 se configuraría la caducidad.

1.5.2. Policía Nacional

La asesora del sector defensa-16 de la entidad solicitó negar las pretensiones
de la tutela, al señalar que el tribunal accionado profirió una decisión en el
marco de la legalidad pues al verificar los supuestos de hecho y de derecho
encontró configurada la figura de la caducidad y fue enfático en explicar que la

7
Mediante oficios enviados el 5 y 14 de julio de 2023.

4
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

fecha desde la cual se calculaba el término de los dos años goza de un análisis
híbrido según lo decantado en la jurisprudencia.

1.5.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

La juez titular del despacho solicitó su desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva, dado que los reparos expuestos por la actora no se
dirigen contra las actuaciones realizadas en el trámite de la primera instancia del
proceso con radicado 13001-33-33-006-2016-00320-00, sino contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

1.5.4. José Daniel Díaz Santana y Deivis José Jaraba Torres

En escritos separados manifestaron su intención de coadyuvar la acción de
tutela promovida por la señora Santana Cabarcas y solicitaron que se conceda
el amparo de sus derechos fundamentales, toda vez que se debía aplicar de
manera rigurosa el precedente fijado en torno a la inaplicación de la caducidad
del medio de control de reparación directa en los casos de desaparición forzada,
pues no han podido retornar a la vereda de Montecristo del municipio de San
Juan Nepomuceno (Bolívar).

1.5.5. Los demás vinculados al presente trámite, pese a que fueron
debidamente notificados8, guardaron silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Pimera, en providencia de 7 de septiembre de
20239, luego de encontrar cumplidos los requisitos generales de procedibilidad10
abordó el estudio del desconocimiento del precedente invocado, análisis a partir
del cual denegó la tutela por cuanto el tribunal accionado aplicó correctamente
las reglas fijadas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y la
providencia SU-312 de 2020.

En cuanto a los demás pronunciamientos del Consejo de Estado que se
invocaron como desatendidos, concluyó que no constituían precedente
vinculante, pues algunas decisiones fueron dictadas en el marco de acciones de
tutelas y otras no establecieron algún criterio que fuera de obligatoria
observancia.

Explicó que la corporación enjuiciada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez
que la norma aplicable al caso concreto era el literal i) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, mas no el artículo 18 de la Ley 397 de 1997. Esto, debido a
que la postura jurisprudencial sobre la materia indica que el término de caduciad

8
Según la información visible en los índices 8, 9 y 20.
9
Notificada el 14 de septiembre del año en curso.
10
Al respecto, explicó que: «...la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra...
Cumplió con el requisito general de inmediatez. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios
de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección de
sus derechos fundamentales. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración
alega. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.»

5
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debe calcularse desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado.

Además, accedió a la solicitud de desvinculación propuesta por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, al considerar que no le
asiste interés en las resultas del trámite de la referencia y negó la coadyuvancia
de los señores José Daniel Díaz Santana y Deivis José Jaraba Torres, por
cuanto sus reclamaciones son propias y difieren a las expuestas por la señora
Santana Cabarcas.

1.7. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 21 de septiembre del año en
curso, la accionante impugnó el fallo de primera instancia en lo concerniente a
la negativa de sus pretensiones, para lo cual insistió en que el tribunal
cuestionado desconoció la regla fijada en la sentencia de 29 de enero de 2020,
según la cual, es viable inaplicar la caducidad en los eventos de
desplazamiento forzado por tratarse de una situación que ocasiona un daño de
carácter continuado.

Refirió que en ese mismo sentido se pronunció esta corporación en las
siguientes providencias: i) 2 de octubre de 2020, rad. 81001-23-39-000-2018-
00101-01(63253); ii) 24 de abril de 2023, rad. 20001-23-33-000-2018-00305-01
(69322); iii) 26 de julio 2011, rad. 08001-23-31-000-2010-00762-01 (41037) y iv)
3 de febrero de 2023, rad. 20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845).

Expresó que no se trata de pasar por alto el criterio señalado en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, sino de aplicarlo de la misma forma que se
ha hecho en asuntos similares, en concordancia con lo previsto en el artículo 18
de la Ley 387 de 1997, pues justamente en dicho fallo se estableció que los
casos de desplazamiento forzado están exceptuados del término de caducidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Pimera, el 7 de septiembre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 201511, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe establecer si el Tribunal
Administrativo de Bolívar vulneró los derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la reparación integral

11
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

6
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de la actora, por presuntamente incurrir en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales y ii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201212, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.»13

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto –procedencia adjetiva–.14

12
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
13
Ibídem.
14
Entre otras, en las sentencias T-774 de 2004 y C-590 de 2005.

7
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En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Caso concreto

La señora Santana Cabarcas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales invocados pues, en su sentir, fueron vulnerados por cuanto el
Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente en la providencia que profirió el 27 de abril de
2023, dentro del medio de control que promovió con el propósito de obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados por desplazamiento forzado.

Lo anterior, debido a que en la sentencia objeto de reproche se revocó la
decisión que accedió a las pretensiones de la demanda para, en su lugar,
declarar probada la excepción de caducidad, pese a que el daño alegado es
continuado, al tenor de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 387 de 199715 y el
precedente sobre la materia señaló que en estos eventos no opera tal figura
jurídica.

Bajo este contexto, el a quo negó el amparo solicitado por la actora tras concluir
que la corporación accionada aplicó correctamente las reglas fijadas en la
sentencia de unificación de 29 de enero de 202016 y la SU-312 de 202017, así
como que la norma aplicable al asunto era el literal i) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA, es decir que el término de caducidad se debía calcular desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado.

15
«Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención,
protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por
la violencia en la República de Colombia.»
16
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 85001-33-33-002-2014-00144-01.
17
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
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Demandante: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

Inconforme con dicha decisión, la accionante la impugnó y precisó que su
intención no es la de pasar por alto la postura referida en la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, sino que sea aplicada tal y como se hizo en
casos similares, al tenor de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 387 de 1997,
pues justamente en dicho fallo se estableció la inoperancia en las litis
relacionadas con personas desplazadas.

Para respaldar lo anterior, reiteró la presunta inaplicación de las sentencias
proferidas el: i) 2 de octubre de 2020, rad. 81001-23-39-000-2018-00101-
01(63253); ii) 24 de abril de 2023, rad. 20001-23-33-000-2018-00305-01
(69322); iii) 26 de julio 2011, rad. 08001-23-31-000-2010-00762-01 (41037) y iv)
3 de febrero de 2023, rad. 20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845).

Lo primero que resulta necesario precisar es que se abordarán los
planteamientos de la tutelante de manera conjunta, dado que ambos están
estrechamente relacionados pues, a su juicio, su caso se ajusta a aquellos en
los que no se aplica la caducidad, ya que aún ostenta la condición de
desplazada por la violencia por cuanto no ha podido regresar a su lugar de
origen.

De la revisión del contenido de la providencia en cuestión se encuentra que el
Tribunal Administrativo de Bolívar verificó si se configuraba la caducidad del
medio de control de reparación directa a partir de la sentencia de 29 de enero
de 2020, mediante la cual la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
corporación unificó su criterio en torno a la procedencia de tal figura procesal,
en los siguientes términos:

«Así las cosas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
unificará en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de
guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de
responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales
eventos resulta exigible el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial,
y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que
hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.»18

Igualmente, trajo a colación la sentencia SU-312 de 202019, por medio de la
cual la Corte Constitucional acogió la postura fijada por el Consejo de Estado en
el pronunciamiento de unificación previamente citado, bajo la siguiente línea
argumentativa:

«6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del término de
caducidad para pretender por vía judicial la reparación de los menoscabos
patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no representa una afectación del
derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos con el fin de obtener una compensación por el daño padecido, porque:

18
Destacado por la Sala.
19
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo
razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus
pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del
daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el
afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el
Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante
el aparato jurisdiccional...».20

Al tenor de la tesis jurisprudencial citada, la corporación enjuiciada puntualizó
que: i) en los daños originados por la comisión de delitos de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra por parte de agentes del Estado, resulta
aplicable el término para demandar establecido por el legislador en el artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, que en su literal i), numeral 2º prevé:

«Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse
dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante
tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.»

ii) Dicho plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial y iii) el término pertinente no se aplica cuando se acrediten
situaciones que hubieran impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción.

De este modo, y conforme con la valoración de las pruebas aportadas al
expediente, el tribunal accionado encontró que la señora Santana Cabarcas y
sus familiares tuvieron discernimiento de la participación del Estado en la
producción del daño a partir de su consumación, pues en su sentir, las
entidades encargadas de velar por su protección no emprendieron las medidas
para prevenir la ocurrencia de su desplazamiento forzado, a pesar de tener
conocimiento previo de la situación de orden púbico que aquejaba a la vereda
de Montecristo.

Entonces, como los demandantes tuvieron conocimiento del hecho dañoso
desde el 7 de agosto de 2002 tenían hasta el 8 de agosto de 2004 para acudir a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, la solicitud de
conciliación prejudicial fue presentada el 28 de enero de 2016 y, a su vez, la
demanda se radicó el 15 de diciembre del misno año, por lo que dejaron vencer
el plazo para acudir al medio de control de reparación directa.

Igualmente, la autoridad judicial censurada puso de presente que el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A21, en la sentencia de 20 de mayo de
2022, señaló que «para contar la caducidad en materia de desplazamiento
forzado no se requiere acreditar que, en efecto, los afectados hubiesen
vuelto a su lugar de origen, sino que lo determinante es que se dieran las

20
Destacado por la Sala.
21
M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, rad. 05001-23- 33-000-2020-00418-01 (67.891).

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condiciones para que ello ocurriera, al margen de que los afectados hubiesen
decidido hacerlo o no, o lo hubiesen hecho en épocas posteriores».22

Desde esta óptica evidenció que la situación de orden público en el lugar donde
habitaba la parte demandante se reestableció en el año 2009. Esto, con
respaldo en el testimonio rendido por el señor Julio César Acevedo González,
quien manifestó que los predios ubicados en la vereda de Montecristo estaban
siendo explotados por sus propietarios y la certificación expedida por la Brigada
de Infantería de Marina 01 de la Armada Nacional, en la que se informó que la
desarticulación de varios grupos al margen de la ley se produjo entre los años
de 2007 a 2009.

Es así como en la sentencia analizada se expuso que, incluso, si se tuviera en
cuenta el momento en que estaban dadas las condiciones de seguridad para
que se produzca el retorno de la accionante y sus familiares a su lugar de origen
se configuraría la caducidad, pues tenían hasta el 1° de enero de 2011 para
promover la demanda.

Además, se encontró probado que aquellos ciudadanos se instalaron
permanentemente en el municipio de María La Baja, por lo que no existía algún
impedimento para que acudieran oportunamente a la administración de justicia,
así:

«iii) Ahora bien, se encuentra comprobado que los demandantes se instalaron
permanentemente en el municipio de María La Baja, por lo tanto, no es
suficiente con alegar el continuo estado de inseguridad de la vereda de
Montecristo para inaplicar el término de caducidad.

En efecto, mediante sentencia de fecha 3 de febrero de 2023, el Alto Tribunal
explicó que, “ante una situación de desplazamiento forzado las personas
perjudicadas pueden acceder a la administración de justicia en un lugar distinto al
de la ocurrencia de los hechos, de ahí que no se encuentre razonable considerar
que la simple situación de desplazamiento justifica la imposibilidad de acceso a la
administración de justicia”23[subrayas añadidas al texto].

...Lo expuesto guarda relevancia, dado que, la señora Nelcy del Socorro Santa
Cabarcas y el resto de demandantes, establecieron su domicilio principal en el
municipio de María La Baja, de acuerdo con lo manifestado por los testigos Julio
César Acevedo González y Nelson Acevedo González. De hecho, se destaca que
los poderes utilizados para promover la presente demanda fueron conferidos en el
municipio de María La Baja24.»

Así las cosas, la Sala concuerda con el a quo en que la colegiatura enjuiciada
aplicó de forma razonable las reglas establecidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 y la
Corte Constitucional en la providencia SU-312 de 2020. Distinto es que
encontrara demostrado que la demandante y su familia tuvieron conocimiento
del daño desde el momento en que se originó, aunado a que no se advirtió
alguna circunstancia que objetivamente les haya impedido acudir previamente
ante el juez natural.

22
Destacado por la Sala.
23
«Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. José Roberto Sáchica Méndez,
Rad. No. 20001-23-31-000-2012-00163-02 (55.845), Sentencia del 3 de febrero de 2023.»
24
«Folios 86-92 del archivo 01 del expediente electrónico.»

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Ahora, no es de recibo el cuestionamiento atinente a que el tribunal accionado
se apartó de la postura expuesta en la sentencia de 3 de febrero de 2023, pues
precisamente sustentó su decisión bajo los parámetros allí señalados, según los
cuales, «el hecho de encontrarse una persona desplazada de su lugar de
domicilio, residencia u habitación no constituye por sí solo un justificante válido
para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder a la
administración de justicia».

Cabe destacar que en el aludido pronunciamiento la Sección Tercera,
Subsección A de esta corporación sostuvo que en los eventos de daño
continuado el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de
caducidad de la acción, de tal manera que si bien aplique la norma legal –la cual
está prevista como garantía de seguridad jurídica–, no se niegue la reparación
cuando el conocimiento del daño no concurra con su origen, de modo que se
debe analizar las circunstancias particular que rodean cada caso.

A su vez, en la providencia referenciada como desconocida se explicó que en
materia de desplazamiento forzado se estableció que el término de caducidad
del medio de control de reparación directa se cuenta desde el momento en el
que cesa el daño, lo cual puede suceder en algunos de los siguientes
supuestos:

i) A partir de la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal
seguido por los hechos objeto de reparación; ii) la fecha del retorno o
restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su defecto, desde que
están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno,
independientemente de que los afectados procedan o no de conformidad; y iii)
cuando las personas que inicialmente se desplazaron forzadamente se
reasentaron en otro lugar, lo que les posibilita el acceso a la administración de
justicia.

En otras palabras, la postura jurisprudencial descrita líneas atrás consiste en
que la caducidad de la reparación directa opera en todas las demandas
presentadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, incluidas las
que versan sobre conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad y no
basta con que una persona se encuentre en una situación de desplazamiento
para que se inaplique excepcionalmente dicha figura por tratarse de daño
continuado, pues debe acreditarse la existencia de algún obstáculo que amerite
realizar un conteo diferente.

Como se advierte, la autoridad accionada aplicó las pautas fijadas en torno a la
configuración del mencionado fenómeno jurídico en litis relacionadas con el
desplazamiento forzado y, por esto, al resolver el asunto sometido a su
consideración no se limitó a constatar si habían transcurrido dos años desde el
momento en que la señora Santana Cabarcas y su núcleo familiar tuvieron
conocimiento de la participación del Estado en la ocurrencia del daño invocado,
sino que verificó otras circunstancias que justificaran la no comparecencia ante
la administración de justicia a tiempo.

De otro lado, no le asiste razón a la accionante al considerar que se desatendió

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lo explicado en la providencia de 2 de octubre de 2020 proferida por la Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado dentro del proceso de reparación
directa con radicado 81001-23-39-000-2018-00101-01, toda vez que lo indicado
en esa oportunidad concuerda con la tesis aplicada en el fallo controvertido, en
lo referente a que se debe analizar en cada caso el momento determinante en
el que la parte demandante pudo acceder a la justicia o superó los limitantes
que le impedían la presentación oportuna de la demanda.

Lo mismo ocurre con la sentencia de 24 de abril de 2023 dictada por la Sección
Tercera, Subsección A de esta corporación al interior del medio de control de
reparación directa con radicado 20001-23-33-000-2018-00305-01 (69322), pues
se reiteró que «la caducidad se computa desde la ocurrencia del hecho
causante del daño, salvo que el interesado no hubiese advertido la participación
del Estado ni la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, o porque
se presentaron situaciones que obstaculizaron el ejercicio del derecho de
acción.»

Para finalizar, se advierte que no es dable colegir que la corporación accionada
desatendió lo indicado en la providencia de 26 de julio 2011, dictada en el
asunto con radicado 08001-23-31-000-2010-00762-01 (41037), en tanto que fue
proferida antes de que se unificara el tema de la caducidad en juicios como el
analizado y se recogieran las tesis divergentes que existían mediante el fallo de
29 de enero de 2020.

Quiere ello decir que los cargos planteados por la tutelante no tienen vocación
de prosperidad, en tanto que en el proceso de reparación directa se tuvo en
cuenta el precedente aludido como desconocido, otra cosa es que la decisión
proferida no fuera favorable a sus intereses y tampoco se advierte que la
autoridad judicial accionada debiera aplicar alguna norma distinta a la prevista
para este tipo de casos, es decir el literal i), numeral 2º del artículo 164 del
CPACA.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que negó el amparo solicitado por la actora, debido a que no se vislumbra la
vulneración de sus derechos fundamentales, sino que la decisión proferida por
el tribunal cuestionado se encuentra en consonancia con la tesis fijada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado y la Corte Constitucional respecto a la
aplicación de la figura de la caducidad en los eventos derivados del
desplazamiento forzado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de septiembre de 2023 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, que negó la acción de tutela presentada
por la señora Nelcy del Socorro Santana Cabarcas contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

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Demandante: Nelcy del Socorro Santana Cabarcas
Demandado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Radicado: 11001-03-15-000-2023-03497-01

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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