Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01347-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01347-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-01347-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
10 de noviembre de 2022
Radicado: .11001-03-15-000-2022-01347-01
Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01347-01
Demandantes: MIGUEL RIVERA PATERNINA, EGAN RIVERA PATERNINA,
MANUEL RIVERA PATERNINA, HERCIDO RIVERA
PATERNINA Y PEDRO MANUEL RIVERA PATERNINA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA SEGUNDA
DE DECISIÓN Y JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE SINCELEJO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Demanda de reparación
directa por graves violaciones a los derechos humanos
(ejecución extrajudicial y desplazamiento forzado).
Desconocimiento del precedente judicial contenido en la
sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de 29 de enero de 2020
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir las impugnaciones
presentadas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal Administrativo de
Sucre contra la sentencia de 9 de junio de 2022, dictada por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que se accedió a la protección
constitucional solicitada en los siguientes términos:
“Primero: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al acceso a la
administración de justicia de los señores Miguel Rivera Paternina, Egan Rivera Paternina,
Manuel Rivera Paternina, Hercido Rivera Paternina y Pedro Manuel Rivera Paternina, en
calidad de accionantes y de los señores Viterbo Rivera Paternina, Claudia Isabel Gonzáles
Rivera, José Gabriel Gonzáles Rivera, Richard Oswaldo Gonzáles Rivera y Doris Yiseth
Gonzáles Rivera, quienes fueron vinculados como terceros interesados en las resultas del
proceso, de acuerdo con lo expuesto en este proveído. En consecuencia:
Segundo: Dejar sin efectos la providencia del 26 de agosto de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, dentro del proceso de
reparación directa con radicado número 70001-33-33-006-2019-00323-01.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, que en el
término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a
dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones
que anteceden”.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
Los actores manifestaron que el 27 de noviembre de 2005, Juan Francisco Rivera
Paternina y su hijo Ordulio Rafael Rivera Narváez, quienes se encontraban
iniciando sus labores de campo en la vereda Corozo del corregimiento Chulito
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
ubicado en el municipio de Colosó, Sucre, en la subregión denominada “Los
Montes de María”, fueron abordados por Infantes de Marina de la Armada
Nacional con el fin de realizar requisas en búsqueda de armas. No obstante, a
pesar de no haber encontrado ningún tipo de arma fueron asesinados en el lugar,
haciéndolos pasar posteriormente por miembros de la guerrilla de las FARC.
Sostuvieron que a raíz de lo sucedido tuvieron que desplazarse de manera forzosa
a las ciudades de Cartagena, Sincelejo y Bogotá, siendo esta la segunda ocasión
en la que sufrieron desplazamiento, pues ya habían padecido lo mismo en 1999 a
raíz de una masacre de 23 campesinos ocurrida en la misma subregión de Los
Montes de María.
Aseguraron que lo sucedido dejó secuelas físicas y psicológicas que han afectado
su salud, en tanto no solo tuvieron que afrontar la muerte de sus familiares, el
desplazamiento forzado, sino además los comentarios de los miembros de la
Armada Nacional quienes afirmaban que Juan Francisco Rivera Paternina y
Ordulio Rafael Rivera Narváez pertenecían a las guerrillas que operaban en la
región.
Indicaron que la Procuraduría General de la Nación inició investigación
disciplinaria contra los Infantes de Marina implicados en los hechos por incurrir en
graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y por simular un combate
entre ellos y las guerrillas de las FARC
Mencionaron que también se inició la investigación penal por parte de la Fiscalía
Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Sincelejo, que a través de
resolución de 16 de noviembre de 2007, formuló acusación contra los referidos
Infantes de Marina.
Adujeron que el 10 de septiembre de 2019, en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentaron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa por la muerte de Juan Francisco Rivera Paternina y Ordulio Rafael
Rivera Narváez y el posterior desplazamiento forzado del que fueron víctimas
(exp. No. 70001-33-33-006-2019-00323-00).
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Sincelejo, que por auto de 2 de septiembre de 2020 resolvió rechazar la
demanda, al considerar que ocurrió el fenómeno de la caducidad de la acción. Lo
anterior, teniendo en cuenta que la parte demandante tuvo conocimiento de que
agentes del Estado estuvieron involucrados en los hechos (desplazamiento
forzado y homicidio) desde el 15 de mayo de 2008, fecha en la que el señor
Miguel Segundo Rivera Paternina ratificó y amplió la queja presentada el 3 de
septiembre de 2007 ante la Procuraduría General de la Nación, en donde se
individualizó a algunos de los responsables vinculados con la entidad demandada,
expuso cómo sucedió el homicidio y sostuvo que existía un proceso penal en
trámite en el que se recibieron unos testimonios y se individualizaron a dichos
agentes del Estado.
La decisión fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, en providencia de 26 de agosto de 2021, al
considerar que de conformidad con la sentencia de unificación de 29 de enero de
2022 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el término de caducidad podía
contarse a partir del 22 de abril de 2010, fecha en la que la Procuraduría
Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos emitió la providencia
mediante la cual formuló cargos disciplinarios contra funcionarios de la Armada
Nacional por los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2005.
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
Lo anterior, teniendo en cuenta que desde ese momento los accionantes tuvieron
conocimiento de la posible responsabilidad del Estado en la causación del daño
alegado, de manera que el término de caducidad transcurrió entre el 23 de abril de
2010 y el 23 de abril de 2012, es decir, la demanda se presentó más de siete (7)
años después de finalizado dicho término. A lo que agregó que no se acreditó en
el expediente la existencia de una situación excepcional que impidiera a los
actores ejercer el derecho de acción.
2. Fundamentos de la acción
Los señores Miguel Rivera Paternina, Egan Rivera Paternina, Manuel Rivera
Paternina, Hercido Rivera Paternina y Pedro Manuel Rivera Paternina
interpusieron acción de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión y el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Sincelejo, al considerar que vulneraron sus derechos
fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, al proferir los autos de 26 de agosto de 2021 y 2 de
septiembre de 2020, respectivamente, a través de los cuales fue rechazado el
medio de control de reparación directa interpuesto contra el Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados (i) con la muerte de sus familiares Juan Francisco Rivera Paternina y
Ordulio Rafael Rivera Narváez el 27 de noviembre de 2005 y (ii) con el
desplazamiento forzado que sufrieron a raíz de esos hechos.
Indicaron que en su caso no debió aplicarse el término de la caducidad, pues los
hechos que motivaron la presentación de la demanda de reparación directa están
relacionados con graves violaciones de los derechos humanos.
En ese sentido, expresaron que se les debió otorgar un tratamiento diferencial y
tener en cuenta que han sido víctimas de desplazamiento forzado en dos
ocasiones, -en 1999 y 2005-, sin que a la fecha hayan podido retornar a su lugar
de origen.
Al respecto, sostuvieron que al ser víctimas de desplazamiento forzado los
miembros de la familia han estado dispersos en distintas ciudades, por lo que no
tuvieron contacto entre si durante mucho tiempo. A lo que agregaron que sentían
miedo de iniciar las acciones respectivas, por lo que solo hasta en el año 2019,
cuando hubo comunicación entre ellos decidieron presentar la acción de
reparación directa, la cual fue iniciada con el convencimiento de que al tratarse de
hechos relacionados con un delito de lesa humanidad, como es la ejecución
extrajudicial, el requisito de la caducidad no les era exigible.
Así mismo, indicaron que con las providencias demandadas se desconocieron las
siguientes decisiones judiciales:
De la Sección Tercera del Consejo de Estado:
• Auto de 19 de julio de 2007, rad. No. 25000232600020040151401, tema:
desaparición forzada, responsabilidad del Estado en caso de ejecuciones
extrajudiciales.
• Auto de 17 de septiembre de 2013, rad. No. 23000232600020120053701, tema:
homicidio en persona protegida, responsabilidad del Estado en el caso de la toma
del Palacio de Justicia.
• Auto de 20 de octubre de 2014, rad. No. 50001233100020004007601 (36682),
tema: tentativa de homicidio, responsabilidad del Estado en el caso de la toma del
Palacio de Justicia.
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
• Sentencia de 27 de abril de 2016, rad. No. 25000232600020110047901, tema:
responsabilidad agravada del Estado por violación de derechos humanos.
• Sentencia de 14 de julio de 2016, rad. No. 73001233100020050270202 (35029),
tema: falla del servicio en casos de ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones
de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, delitos de lesa
humanidad.
• Auto de 16 de febrero de 2017, rad. No. 68001231500019990233001, tema:
lesiones personales, responsabilidad del Estado en el caso de la toma del Palacio
de Justicia.
De la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, la sentencia de 20
de junio de 2011, proferida dentro de la acción de tutela con radicado No.
11001031500020110065500, donde se trató la caducidad en un caso de
ejecuciones extrajudiciales.
De otras Corporaciones Judiciales, mencionaron las siguientes:
• Corte Constitucional, sentencia SU-254 de 2013, tema: desplazamiento forzado en
Colombia.
• Tribunal Administrativo del Magdalena, “rad. No. 470013331006 200200818 01
Violación de los DH y DIH, delitos de lesa humanidad (…)”.
• Tribunal Administrativo de Bolívar, “rad. No. 13-00i23007200101271-01 (sic)
Violación de los DH y DIH, delitos de lesa humanidad (…)”.
• Tribunal Administrativo del Tolima, “rad. No. 730013331003 2010 00125 01 DIH y
delitos de lesa humanidad”.
En ese orden de ideas, señalaron que de conformidad con la jurisprudencia
enunciada en precedencia “cuando se demanda por el medio de control de
reparación directa con el fin de que sean resarcidos los daños derivados del
posible delito constitutivo de lesa humanidad, el término de vigencia del
mencionado control, no es exigible como requisito para la admisión de la
demanda, pues se debe garantizar el acceso a la administración de justicia, en
virtud del principio de coherencia, plenitud e integración normativa, aplicados
sistemáticamente con el principio del derecho internacional público”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“PRIMERO.- Solicito a este Honorable Consejo de Estado, se TUTELEN PROTEJAN Y
CONCEDAN el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia a todas las
personas que represento ante la jurisdicción contenciosa administrativa de Sincelejo y Sucre, y
que se les negara cuando se rechazó la acción de reparación directa que se formuló en donde el
tema o asunto a discutir es la violación de los derechos humanos en la subregión de los Montes
de María.
SEGUNDO.- Solicito a este Honorable Consejo de Estado, se conceda el derecho fundamental
de la igualdad entre las partes, a todas las personas que represento ante la jurisdicción
contenciosa administrativa de Sincelejo y Sucre, y que se les negara cuando se rechazó la
acción de reparación directa que se formuló en donde el tema o asunto a discutir es la violación
de los derechos humanos en la subregión de los Montes de María, dado que ha sido el honorable
Consejo de Estado quien ha amparado y concedido los derechos a estas mismas víctimas de
hechos sucedidos en el marco del conflicto armado interno.
TERCERO.- Se ordene a las entidades accionadas, a admitir la acción de REPARACION
DIRECTA COMO MEDIO DE CONTROL- UTILIZADO, en su momento objeto de rechazo, y se
abra en debate jurídico correspondiente”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 31 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Sincelejo remitió copia digital del expediente de
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
reparación directa radicado bajo el No. 70001-33-33-006-2019-00323-00/01, actor:
Miguel Rivera Paternina y otro.
5. Trámite procesal
Por auto de 2 de marzo de 2022, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado, previo a disponer sobre la admisibilidad de la acción de tutela,
requirió al actor para que dentro de los tres (3) días siguientes, individualizara las
personas a las que manifestaba representar como agente oficioso e indicara el
radicado del proceso de reparación directa cuyas providencias pretende discutir
en esta instancia.
Dando cumplimiento a dicho requerimiento, el apoderado de la parte actora
manifestó renunciar y desistir de la representación oficiosa de los señores Claudia
Isabel, José Gabriel, Richar Oswaldo y Doris Yiseth González Rivera, dado que
no fue posible localizarlos para que suscribieran el poder de representación. En
este sentido, sostuvo que únicamente actuaba como apoderado judicial de los
señores Miguel Rivera Paternina, Egan Rivera Paternina, Manuel Rivera
Paternina, Hercido Rivera Paternina y Pedro Manuel Rivera Paternina.
Por auto de 16 de marzo de 2022, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó
notificar a las autoridades judiciales demandadas, así como la Nación-Ministerio
de Defensa Nacional, Armada Nacional y a los señores Viterbo Rivera Paternina,
Claudia Isabel Gonzáles Rivera, José Gabriel Gonzáles Rivera, Richard Oswaldo
Gonzáles Rivera y Doris Yiseth Gonzáles Rivera, como terceros con interés.
La Secretaría General del Consejo de Estado libró las notificaciones electrónicas
No. 33932 a 33936 de 24 de marzo de 2022 y No. 44788 de 21 de abril de 20221.
Así como el oficio de notificación a dirección física LUV No. 2280 de 22 de abril de
2022, con el fin de dar cumplimiento a dicha providencia.
Los señores Viterbo Rivera Paternina, Claudia Isabel Gonzáles Rivera, José
Gabriel Gonzáles Rivera, Richard Oswaldo Gonzáles Rivera y Doris Yiseth
Gonzáles Rivera, en calidad de terceros con interés en la tutela, fueron notificados
mediante aviso publicado en la página web de esta Corporación el 22 de abril de
2022.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre
En escrito de 25 de marzo de 2022, la magistrada ponente de la decisión
demandada pidió que se nieguen las pretensiones formuladas por la parte actora,
al considerar que no incurrió en defecto alguno.
Indicó que la providencia no desconoció el precedente judicial del Consejo de
Estado, dado que se sustentó en la sentencia de unificación de la Sección Tercera
del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 y en la sentencia de 7 de mayo de
2021, de la Sección Tercera, Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en las que se establece que la caducidad es aplicable a todos los asuntos
de reparación directa al margen de que se trate de delitos de lesa humanidad o de
crímenes de guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley 1437 de 2011
1 La parte demandante y demandada, así como el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional fueron
notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: alcidesmartin2205@gmail.com;
adm06sinc@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin06scj@notificacionesrj.gov.co;
sectradmsuc@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminscj@notificacionesrj.gov.co; dasleg@armada.mil.co;
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co; dorisggg21@gmail.com.
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo referente al delito
de desaparición forzada.
En este orden de ideas, sostuvo que en el caso de los accionantes, acogiendo la
jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que, al menos, a partir del 22 de
abril de 2010, los miembros de la parte actora tuvieron conocimiento de la posible
responsabilidad del Estado en la causación del daño alegado, pues en esa fecha
se profirió la providencia de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la
Defensa de los Derechos Humanos, en la cual se formularon cargos disciplinarios
contra funcionarios de la Armada Nacional por los hechos ocurridos el 27 de
noviembre de 2005. De este modo, sostuvo que el término de caducidad del medio
de control corrió entre el 23 de abril de 2010 y el 23 de abril de 2012, máxime si se
tiene en cuenta que no se acreditó en el expediente la existencia de una situación
excepcional que impidiera a los actores ejercer el derecho de acción.
6.2. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Sincelejo remitió copia
digital del expediente de reparación directa radicado bajo el No. 70001-33-33-006-
2019-00323-00/01, pero no emitió pronunciamiento alguno en cuanto a los hechos
y pretensiones formuladas en el escrito de tutela.
6.3. El Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y los señores Viterbo
Rivera Paternina, Claudia Isabel Gonzáles Rivera, José Gabriel Gonzáles
Rivera, Richard Oswaldo Gonzáles Rivera y Doris Yiseth Gonzáles guardaron
silencio, aun cuando fueron debidamente notificados de la admisión de la
demanda de tutela.
7. Sentencia de tutela impugnada
Por sentencia de 9 de junio de 2022, la Sección Segunda, Subsección “A” del
Consejo de Estado resolvió amparar los derechos fundamentales a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia de los demandantes y, en consecuencia,
dejó sin efectos la providencia del 26 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión2.
La decisión se sustentó en que la providencia demandada incurrió en
desconocimiento de precedente judicial, teniendo en cuenta que a pesar de que
para la fecha en que se profirió (26 de agosto de 2021) ya se encontraba vigente
el criterio de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado de 29 de enero de 2020, lo cierto es que para el momento en que se radicó
la demanda de reparación directa (10 de septiembre de 2019), “el criterio
mayoritario de la Sección Tercera del Consejo de Estado, apuntaba a que no era
procedente aplicar el fenómeno jurídico de la caducidad a las acciones de
reparación directa con pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de
crímenes de lesa humanidad, genocidios y otras violaciones graves de los
derechos humanos, en atención a su naturaleza imprescriptible”.
Mencionó que dicha postura puede verificarse en las siguientes providencias: “i)
auto del 17 de septiembre de 20133; ii) sentencia del 7 de septiembre de 20154; iii)
2 Uno de los magistrados presentó salvamento de voto, pues, a su juicio, la autoridad judicial demandada no
incurrió en desconocimiento de precedente judicial dado que “fundamentó su decisión en las reglas fijadas en
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, en la que la Sección Tercera del Consejo de Estado
armonizó la tesis sobre el inicio del término de caducidad del medio de control de reparación directa, cuando
se pretende lograr una indemnización por daños causados por el Estado, con ocasión de crímenes de lesa
humanidad”.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 17 de septiembre de 2013, C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, expediente 25000-23-26-000-2012-00537-01 (45092).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de septiembre de 2015, C.P. Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, expediente 85001-23-31-000-2010-00178-01 (47671).
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
auto del 11 de abril de 2016; iv) sentencia del 5 de septiembre de 20165; y v)
sentencia del 31 de julio de 20196, en las que, en aplicación al control de
convencionalidad, la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió no aplicar el
término de caducidad cuando se trataba de graves violaciones de los derechos
humanos”.
Además, concluyó que la autoridad judicial demandada dejó de analizar las
circunstancias particulares del caso, esto es, que para el momento en que se
surtieron estas actuaciones no existía un criterio unificado de la Sección Tercera
del Consejo de Estado que apuntara a aplicar la figura jurídica de la caducidad en
estos eventos, por lo que, a su juicio, incurrió en desconocimiento del precedente
judicial.
8. Escritos de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión, presentaron impugnación contra la sentencia de primera
instancia bajo los siguientes argumentos:
8.1. La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de
Defensa Nacional pidió que se revoque la providencia de primera instancia y, en
su lugar, se nieguen las pretensiones formuladas en el escrito de tutela teniendo
en cuenta que la decisión demandada no incurrió en el defecto señalado por la
parte actora.
Indicó que no comparte la decisión del a quo en cuanto a afirmar que antes de
proferirse la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, existía un criterio
uniforme en el Consejo de Estado en cuanto a la inaplicación de las reglas de
caducidad en casos de graves violaciones de los Derechos Humanos, pues fue
precisamente la existencia de decisiones contradictorias sobre el asunto lo que
motivó la expedición de la referida sentencia de unificación.
Además, sostuvo que independientemente de que la demanda se hubiese
presentando antes de que se profiriera la sentencia de unificación, resultaba
aplicable para realizar el conteo de la caducidad porque sus efectos regían a partir
de su publicación.
En ese orden de ideas, sostuvo que el conteo del término de caducidad efectuado
por el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, fue acertado
en tanto se sustentó en la aplicación directa del precedente judicial unificado, el
cual resulta de obligatoria observancia dado que en éste se precisó que en las
situaciones que se pretenden salvaguardar con la imprescriptibilidad de la acción
penal en los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra se encuentran
previstas en materia de lo contencioso administrativo al amparo de la hipótesis del
conocimiento del hecho dañoso y en virtud de lo cual el término de caducidad sí
debe exigirse en estos eventos, pero a partir de que se observe que el interesado
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 11 de abril de 2016, C.P. Olga Mélida Valle De
La Hoz, expediente 50001-23-31-000-2000-20274-01 (36079). En esta decisión se resolvieron los recursos de
apelación interpuestos en tres expedientes acumulados (Nros. 43481, 43626 y 36079), se analizó y decidió de
fondo la responsabilidad patrimonial del Estado derivada de los hechos acaecidos el 3, 4 y 5 de agosto de
1998, cuando guerrilleros de las FARC atacaron la Base Militar antinarcóticos con sede Miraflores, Guaviare,
donde fueron víctimas los miembros de la fuerza pública que en dicha Toma se configuro una falla en el
servicio significándole la condena indudable a la entidad demandada por los daños antijurídicos causadas a
soldados.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, expediente 05001-23-33-000-2016-00587-01 (57625).
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de julio de 2019, C.P. Alberto Montaña
Plata, expediente 25000-23-36-000-2018-00109-01.
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
sabía o tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en la
controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90
de la Constitución Política.
Refirió que el criterio de la Sección Tercera del Consejo de Estado fue avalado por
la Corte Constitucional en la sentencia de Unificación SU-312 de 2020, en la que
estudió la figura jurídica de la caducidad en casos de graves violaciones a los
derechos humanos.
Aseguró que contrario a lo afirmado por los actores en el escrito de tutela no se
desconoció el derecho a la igualdad dado que comparecieron al proceso en las
mismas condiciones que la entidad demandada. A lo que agregó que tampoco se
puede señalar que existiría vulneración al principio de igualdad por el simple
hecho de que haya un cambio jurisprudencial, ya que el principio fundamental de
las sentencias de unificación es que existan diversas tesis frente a un mismo tema
y se requiera unificar.
8.2. La magistrada ponente de la decisión demandada manifestó que impugnaba
la sentencia de tutela de primera instancia, bajo el argumento de que “la
Providencia que declaró el advenimiento de la caducidad de la acción, acoge el
ordenamiento jurídico y los pronunciamientos jurisprudenciales que rigen sobre la
materia en aquellos casos en los que se persigue el resarcimiento de perjuicios
derivados de la comisión de un Delito de Lesa Humanidad”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los términos de los escritos de
impugnación, si se debe revocar la sentencia de 9 de junio de 2022, dictada por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en la que accedió a las
pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, negar las pretensiones
formuladas por los demandantes teniendo en cuenta que la providencia
demandada no incurrió en desconocimiento de precedente judicial, por cuanto
efectuó el conteo del término de caducidad de forma acertada en atención al
criterio unificado contenido en la sentencia de 29 de enero de 2020, proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos7 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
7 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
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Civiles y Políticos8, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20129, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201410, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico12; (ii) Defecto procedimental absoluto13; (iii)
Defecto fáctico14; (iv) Defecto material o sustantivo15; (v) Error inducido16; (vi)
Decisión sin motivación17; (vii) Desconocimiento del precedente18 y (viii) Violación
directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
8 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
9 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
10 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
13 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
14 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el
que se sustenta la decisión.
15 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
16 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
17 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
18 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo19 y de la Corte
Constitucional20.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Del asunto bajo examen
El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión y el Ministerio de
Defensa Nacional, impugnaron la decisión de primera instancia bajo el argumento
de que la providencia judicial demandada no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial dado que el conteo del término de caducidad atendió las
subreglas expuestas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en torno a la caducidad en casos de
graves violaciones a los derechos humanos, según las cuales es posible contar la
caducidad desde el momento en el que las víctimas tuvieron conocimiento de la
participación de agentes del Estado en los hechos.
4.2. La Sala confirmará la decisión objeto de impugnación porque la
autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente
judicial unificado
4.2.1. De manera previa, debe indicarse que el asunto bajo examen cumple el
requisito de relevancia constitucional, pues aun cuando en dos instancias se
resolvió lo relativo al rechazo de la demanda de reparación directa formulada por
los demandantes, en razón a que se configuró la caducidad del término para
interponerla, lo cierto es que la discusión que ahora se propone no pretende
reabrir el debate estrictamente procesal que fue resuelto por los jueces naturales,
sino que se orienta a determinar el alcance, contenido y goce de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
quienes acuden a la jurisdicción constitucional como sujetos de especial
protección constitucional, condición derivada del desplazamiento forzado del que
han sido víctima en dos oportunidades, lo que quedó demostrado en el proceso
ordinario.
Así mismo, se cumplen los demás requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales (subsidiariedad, inmediatez y no se
trata de tutela contra tutela), razón por la cual se efectuará el estudio de fondo de
las impugnaciones formuladas por el Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal
Administrativo de Sucre.
4.2.2. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará un
recuento de la providencia de 26 de agosto de 2021, proferida en el marco del
recurso de apelación presentado por los ahora demandantes contra el auto de 2
19 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
20 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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de septiembre de 2020, emitido por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
de Sincelejo, a través del cual se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa.
El Tribunal Administrativo de Sucre se refirió al concepto de caducidad, para luego
transcribir las consideraciones y las reglas fijadas en la sentencia de unificación de
29 de enero de 2020, así como en la decisión de 7 de mayo de 2021, proferida por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado21, en la que se analizó
un caso de caducidad en personas que habían sufrido desplazamiento forzado y
habían retornado a su lugar de origen, y la sentencia de 21 de mayo de 2021, de
la misma Subsección22, en donde se declaró la caducidad de la acción de
reparación directa en un caso de desaparición forzada, teniendo en cuenta que
desde 1997 los familiares de las víctimas directas tuvieron conocimiento sobre el
paradero de su cuerpo.
En este orden de ideas, sostuvo que “la jurisprudencia del H. Consejo de Estado
ha sostenido en forma reiterada que, no obstante que la fuente de los perjuicios
cuya reparación se pretende por vía judicial, se deriven de la comisión de un delito
de lesa humanidad o crímenes de guerra, el medio de control debe interponerse
dentro del término de caducidad de la acción, cuya contabilización en estos casos
se flexibiliza, pues permite que inicie desde el momento en que se tuvo la
posibilidad de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba
procedente para los fines previstos en el artículo 90 de la Constitución Política”.
Enseguida, realizó un recuento de algunas de las afirmaciones hechas por los
demandantes en el escrito de la demanda y procedió a efectuar el conteo del
término de caducidad en el caso concreto, con sustento en lo siguiente:
“'Conforme lo narrado en la demanda, tiene la Sala que el señor Juan Francisco
Rivera Paternina (Q.E.P.D) fue asesinado el día 27 de noviembre del año 2005 en la
vereda Corozo, jurisdicción del Municipio de Colosó – Sucre; así mismo, que el 30 de
noviembre de 2005 –días después de la masacre- los demandantes fueron
desplazados, por segunda vez, hacia las ciudades de Cartagena, Sincelejo y Bogotá
“en donde hoy en día todavía permanecen en esos domicilios”.
Lo anterior, permite afirmar que los demandantes conocieron del fallecimiento del
señor Rivera Paternina desde el momento de su ocurrencia -27 de noviembre de
2005- y que los mismos se encuentran asentados en las ciudades de destino hasta la
fecha de presentación de la demanda. De otra parte, se trajo al expediente documento
denominado “RATIFICACIÓN Y AMPLIACION DE QUEJA/ QUEJA PRESENTADA
POR EL SEÑOR MIGUEL RIVERA PATERNINA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE
CIUDADANÍA NUMERO 6.810.095 EXPEDIDA EN SINCELEJO”23, con la cual se
acreditó que el día 15 de mayo de 2008 el señor Miguel Rivera Paternina –miembro de
la parte actora- presentó ante la Procuraduría Regional de Sucre, ratificación y
ampliación de la queja elevada el 3 de septiembre de 2007 “contra unos militares por
la muerte de su hermano JUAN FRANCISCO RIVERA PATERNINA y OBDULIO
RAFAEL RIVERA NARVAEZ”
Así mismo, se anexó Providencia adiada 22 de abril de 2010 proferida por la
Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en la
cual se formularon cargos disciplinarios contra funcionarios de la Armada Nacional por
los hechos ocurridos el 27 de noviembre de 2005; como, en efecto, fue narrado por la
parte actora en el literal e) del hecho UNDECIMO de la demanda.
En este contexto, acogiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, es claro que, al
menos, a partir del 22 de abril de 2010, los miembros de la Parte Actora tuvieron
conocimiento de la posible responsabilidad del Estado en la causación del daño
alegado, de manera que, el término de caducidad del medio de control en estudio,
corrió entre el 23 de abril de 2010 y el 23 de abril de 2012, máxime, cuando no se
21 Exp. No. 05001-23-33-000-2013-01180 01(60859), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
22 Exp. No. 27001-23-33-000-2014-00206-01(63381), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
23 Folios 59-62 Archivo No. 1 del expediente digital.
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acreditó en el expediente la existencia de una situación excepcional que
impidiera a los actores ejercer el derecho de acción.
Así las cosas, para el 29 de julio de 2019, cuando se elevó la solicitud de Conciliación
Prejudicial ya había fenecido en exceso el término para impetrar la demanda en
ejercicio del medio de control de Reparación Directa por el presunto homicidio del
señor Juan Francisco Rivera Paternina y el Desplazamiento Forzado de que fueron
objeto los demandantes”.
En este sentido, resolvió confirmar la decisión de primera instancia en la que se
había declarado la caducidad de la acción, aplicando la subregla ii) de la sentencia
de unificación de 19 de enero de 2020, emanada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, bajo el argumento de que la parte actora tuvo conocimiento de
la posible responsabilidad de agentes de la Armada Nacional en la muerte de los
señores Juan Francisco Rivera Paternina y Obdulio Rafael Rivera Narváez desde
el 22 de abril de 2010, fecha en la que se profirió la providencia de la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en la cual se
formularon cargos disciplinarios por los hechos ocurridos el 27 de noviembre de
2005. Además, advirtió que no se acreditó en el expediente la existencia de una
situación excepcional que impidiera a los actores ejercer el derecho de acción.
4.2.3. Al respecto, la Sala observa que la providencia objetada incurrió en
desconocimiento de precedente judicial, pues si bien mencionó la sentencia de
unificación de 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado y aplicó la subregla ii), en realidad, dadas las circunstancias y
particulares del caso, debió acudir a la subregla iii), como se expone a
continuación:
Cabe resaltar que la referida sentencia de unificación fue proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado, ante la disparidad de criterios en cuanto a la
exigibilidad del término para demandar en reparación directa cuando se invocan
delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra24.
La Sección Tercera dispuso que, por regla general, el término de dos (2) años
para presentar la demanda de reparación directa se cuenta desde la fecha de la
acción u omisión causante del daño o desde el momento en el que el afectado lo
conoció o debió conocerlo, siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia. De este modo, sostuvo que mientras no se
cuente con elementos de juicio para inferir que el Estado estuvo implicado en la
acción u omisión causante del daño y que le era imputable el daño, el plazo de
caducidad de la reparación directa no resultaba exigible, pero si el interesado
estaba en condiciones de inferir tal situación, y pese a ello no acudió a la
jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo debe declarar que el derecho
de acción no se ejerció en tiempo, bien sea al analizar la admisión de la demanda,
al resolver las excepciones en la audiencia inicial o al dictar sentencia, según el
caso.
Además, precisó que el conocimiento de los hechos no implica la individualización
o sanción penal del agente que ocasionó el daño, sino el conocimiento de la
intervención de una autoridad.
En la sentencia se indicó que las reglas de caducidad antes enunciadas se aplican
a todos los asuntos de reparación directa, al margen de que se trate de delitos de
lesa humanidad o de crímenes de guerra, pues ni el Decreto 01 de 1984 ni la Ley
24 En la decisión se indicó lo siguiente: “Entre las Subsecciones que integran esta Sala, según se explicó en
auto del 17 de mayo de 2018, mediante el cual se avocó el conocimiento del presente asunto para efectos de
unificación de jurisprudencia, no existe un criterio uniforme en cuanto a la exigibilidad del término para
demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, razón por la cual en esta
oportunidad se fijará un criterio uniforme para tales eventos”.
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1437 de 2011 establecen una regla especial frente a estas conductas, salvo lo
referente al delito de desaparición forzada.
En este orden de ideas, unificó su criterio en relación con el término de caducidad
para delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, a través de las
siguientes reglas “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar
establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición
forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los
afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley”. En cuanto a la subregla iii) precisó lo siguiente:
“A juicio de la Sala, el término de caducidad de la pretensión de reparación directa no resulta
exigible en los eventos en los que se afectan de manera ostensible los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por la configuración de circunstancias que
obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho de acción y, por ende, impiden agotar las
actuaciones necesarias para la presentación de la demanda, dentro de las cuales se encuentra la
constitución de apoderado.
La Sección enfatiza en que se trata de supuestos objetivos, como secuestros, enfermedades o
cualquier situación que no permita materialmente acudir a esta jurisdicción, pues lo referente a la
imposibilidad de conocer la relación del Estado con el hecho dañoso no da lugar a la inaplicación
de las reglas de caducidad, sino al cómputo a partir del momento en el que, dado el conocimiento
de los hechos, surge el interés para reclamar la indemnización de los perjuicios causados, como
se explicó en el acápite precedente.
En síntesis, el juez de lo contencioso administrativo debe, excepcionalmente, inaplicar el término
de caducidad de la pretensión de reparación directa cuando advierta que la no comparecencia
ante la administración de justicia se encuentra justificada por razones materiales, pues el
paso del tiempo no puede empezar a correr contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia, lo cual, se insiste, depende de las circunstancias especiales de
cada sujeto”.
La Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 202025, acogió
la interpretación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al considerar que
“es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional,
incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio”.
Además, indicó que el plazo de dos (2) años para acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa es razonable dado que el mismo solo empieza a
contabilizarse cuando exista claridad en torno a lo sucedido, comoquiera que no
es determinante la fecha de ocurrencia de la conducta, sino la posibilidad del
interesado de identificar la participación en la misma de sujetos vinculados a una
autoridad pública y de acudir al sistema jurisdiccional para presentar la
reclamación respectiva.
4.2.4. En el asunto bajo examen, la Sala no acogerá los argumentos expuestos en
las impugnaciones en las que se indica que la decisión objeto de tutela aplicó
debidamente la jurisprudencia aplicable, en tanto la decisión demandada
desconoció la subregla iii) de la referida sentencia de unificación, a la cual acudió
la autoridad judicial accionada, pues realizó el conteo de la caducidad a partir del
22 de abril de 2010, fecha en la que se emitió la providencia de la Procuraduría
Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, en la cual se
formularon cargos disciplinarios a los infantes de marina presuntamente
implicados en la ejecución extrajudicial de los señores Juan Francisco Rivera
Paternina y Obdulio Rafael Rivera Narváez el 27 de noviembre de 2005, dejando
de analizar si por la situación particular en la que se encontraban las víctimas
25 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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indirectas, quienes fueron dos veces desplazadas forzosamente por la violencia de
su lugar de origen -vereda Corozo del corregimiento Chulito ubicado en el
municipio de Colosó, departamento de Sucre, en la subregión denominada “Los
Montes de María”-, existieron circunstancias objetivas y verificables que les
impidieran acceder materialmente al ejercicio del derecho de acción y de esta
manera acudir a la jurisdicción contencioso administrativa que pudieran dar lugar a
la inaplicación del término de caducidad de los dos (2) años señalados en el
artículo 164, numeral 2, literal h) de la Ley 1437 de 2011.
En efecto, aun cuando el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de
Decisión, resaltó que desde “el 30 de noviembre de 2005, –días después de la
masacre- los demandantes fueron desplazados, por segunda vez, hacia las
ciudades de Cartagena, Sincelejo y Bogotá ‘en donde hoy en día todavía
permanecen en esos domicilios’”, dicha circunstancia se pasó inadvertida en el
análisis para el momento de efectuar el conteo del término de la caducidad,
respecto del cual concluyó tajantemente que “no se acreditó en el expediente la
existencia de una situación excepcional que impidiera a los actores ejercer el
derecho de acción”.
A pesar de que en la providencia objetada se mencionó la sentencia de 7 de mayo
de 2021, proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado26, en la que se realizó el conteo de la caducidad a partir del momento en
que retornaron las víctimas de desplazamiento forzado a su lugar de origen, por
considerarlo como una situación que podía afectar el acceso a la administración
de justicia, las consideraciones que allí se efectuaron no fueron tenidas en cuenta
en la providencia demandada, pues de haberlo hecho se hubiese analizado que
en el caso de los accionantes aún no han podido retornar a su territorio -derecho
que les asiste aun cuando no es la única forma de dar por superado el
desplazamiento-, por lo que de allí emerge un supuesto de hecho objetivo, como
lo consideró la precitada sentencia de unificación, el cual ameritaba ser valorado a
la luz de la subregla iii).
Máxime si se tiene en cuenta que los demandantes son víctimas de
desplazamiento forzado quienes se consideran sujetos de especial protección
constitucional y convencional y, por tanto, merecen un trato diferenciado en el que
se propenda por la materialización de sus derechos y que no se incurra en una
revictimización.
Sobre el particular, se destaca que en la demanda no solo se solicitó la reparación
por el hecho relacionado con la muerte de los señores Juan Francisco Rivera
Paternina y Obdulio Rafael Rivera Narváez, sino también por el desplazamiento
forzado que sufrieron las víctimas a raíz de lo ocurrido.
De hecho, ese aspecto también fue mencionado en la providencia objeto de
reproche constitucional, pues allí se indicó que en la demanda de reparación
directa se formularon pretensiones independientes frente a la indemnización de
perjuicios, así: “Por el desplazamiento forzado y colectivo: a. Suma equivalente a
300 SMLMV para cada uno de los demandantes. b. Por los perjuicios inmateriales
en su modalidad de morales subjetivos: Suma equivalente a 300 SMLMV para
cada uno de los demandantes. c. Por el daño a la vida de relación, alteración en
las condiciones de existencia y la afectación relevante a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados: Suma equivalente a 200 SMLMV
para cada persona demandante”.
26 Exp. No. 05001-23-33-000-2013-01180 01(60859), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Del mismo modo, con la demanda se aportó copia de la declaración extraproceso
rendida por el señor Robbertt Jarol Narváez Carrascal27, quien manifestó bajo la
gravedad de juramento lo siguiente: “(…) CONOZCO A LA FAMILIA RIVERA PATERNINA,
TODA LA VIDA VIVIERON EN EL COROZO, ES UNA FAMILIA CAMPESINA DE LA REGIÓN
COMO YO, DEDICADOS A LA AGRICULTURA, ESTA FAMILIA ESTABA COMPUESTA POR LA
SEÑORA ISABEL MARIA PATERNINA MORENO Y SU ESPOSO GASPAR RIVERA MUÑOZ, (
FALLECIDOS), Y SUS HIJOS, MIGUEL SEGUNDO, MANUEL EMILDO, VITERBO, PEDRO
MANUEL, ANA EGAN RAFAEL, HERCIDO JOSÉ RIVERO PATERNINA, Y JUAN FRANCISCO
RIVERA PATERNINA, ESTE ÚLTIMO ASESINADO CON SU HIJO, OBDULIO RAFAEL RIVERA
NARVÁEZ, LA MUERTE DE JUAN FRANCISCO RIVERA PATERNINA, SUCEDIÓ EL DÍA 27 DE
NOVIEMBRE DE 2005, ESTA FAMILIA SE HABÍA DESPLAZADO DE ESTA VEREDA Y PARA
SINCELEJO EN EL AÑO DE 1999, CUANDO HUBO LA MASACRE EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
DE 2000 EN LA VEREDA LA BALASTRERA, ARENITA, EL CERRO Y COROZO, EN LO QUE SE
DENOMINÓ MASACRE DE CHINULITO, COLOSÓ SUCRE, QUE MATARON A 13 CAMPESINOS
CUYOS AUTORES FUERON LOS PARAMILITARES, DESPUÉS MATARON A FRANCISCO Y
OBDULIO, CUANDO SE METIÓ LA INFANTERÍA DE COROZAL, SE SIMULÓ UN COMBATE
CON LA GUERRILLA TODO ORQUESTADO POR LOS MIEMBROS DE LA INFANTERÍA
MARINA DE COROZAL, QUIENES EN UN FALSO POSITIVO QUISIERON DEMOSTRAR QUE
HABÍAN MATADO A GUERRILLEROS DE LA REGIÓN, Y COMO RETORNARON EN EL AÑO DE
2005 SIN LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y FUE CUANDO ASESINARON A
ESTOS DOS MIEMBROS DE LA FAMILIA. TODA ESTA FAMILIA SE DESPLAZÓ DE MANERA
REPENTINA, ASÍ COMO SE DESPLAZÓ TODAS LAS FAMILIAS DE TODAS LAS VEREDAS DEL
MUNICIPIO DE COLOSÓ. (…) DEJARON SUS TIERRAS, JUAN FRANCISCO DEJÓ SU FINCA
ABANDONADA EN LA VEREDA COROZO, SUS HERMANOS TAMBIÉN ABANDONARON SUS
VIDAS DEL CAMPO DONDE LO TENÍAN TODO, SU TRANQUILIDAD, SU SOSTENIMIENTO,
SUS CULTIVOS, SUS ANIMALES. ESTA DECLARACIÓN LA HACEMOS DESPUÉS DE TANTO
TIEMPO PORQUE YA LA GENTE PERDIÓ EL MIEDO, EL TERROR QUE SEMBRARON LOS
GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY SE SUPERÓ Y HOY CONOCEMOS DE NUESTROS
DERECHOS” (sic) -subrayas y negrillas por fuera del texto original-.
Dicha situación de desplazamiento también fue puesta de presente en el recurso
de apelación presentado contra el auto de primera instancia que declaró la
caducidad de la acción, en el que expresamente se indicó que el desplazamiento
forzado sufrido por las víctimas fue colectivo y masivo dado que se obligó a toda la
comunidad a dejar sus tierras, por lo que se trataba de un daño permanente o
continuado, en tanto que no han podido regresar a su lugar de origen. Es más, se
indicó que “estos núcleos familiares han recibido algunas ayudas humanitarias,
razón por la cual están ingresados en el sistema nacional, municipal y
departamental de población desplazada en nuestro país, y especialmente a nivel
central o nacional”.
En este sentido, es claro para la Sala que el conteo de la caducidad no debió
efectuarse desde el 22 de abril de 2010, fecha en la que se emitió la providencia
de la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos
Humanos, sino que era determinante realizar el análisis de la situación de
desplazamiento forzado de la que han sido víctimas los demandantes,
determinación que pasó por alto que la jurisprudencia constitucional28 e
internacional29, ha considerado dicho fenómeno como una conducta de carácter
permanente o continuado y como una violación múltiple a los derechos humanos,
lo que suma razones para que la valoración del presupuesto de la caducidad no se
torne en exceso rígida e irrestricta cuando se trata de población en situación de
vulnerabilidad acentuada respecto de la cual, como lo sostiene el artículo 2 de la
Carta Política, el Estado tiene el deber de garantizar la efectividad de los derechos
consagrados en la Constitución.
27 Folio 58, cuaderno No. 1.
28 Cfr. Sentencias T-025 de 2004 y SU-254 de 2013.
29 Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal vs Guatemala.
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No.
328 y Caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No.
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Demandante: Miguel Rivera Paternina y otros
Cabe resaltar que el desplazamiento forzado o traslado forzoso de la población, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 7, numeral 1, literal d) del Estatuto de
Roma30, es considerado como un delito de lesa humanidad. Al examinar la
constitucionalidad de la ley aprobatoria del Estatuto de Roma (Ley 742 de 2002),
en la sentencia C-578 de 200231, la Corte consideró que los delitos de lesa
humanidad son actos inhumanos cometidos como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil, ya sea en tiempo de guerra
externo, conflicto armado interno o paz, frente a los cuales los Estados tienen el
deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables32.
Así mismo, como lo ha destacado la Corte Constitucional33 y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos34, el Estado debe garantizar el acceso a la
administración de justicia de las víctimas de desplazamiento forzado, removiendo
los diferentes obstáculos o barreras que puedan impedir o limitar la posibilidad de
acceso al aparato judicial por parte de esta población.
De este modo, resultaba esencial que se tuviera en cuenta la condición de
víctimas de desplazamiento forzado, la cual persiste, con el fin de determinar si
dicha condición les impidió acudir con anterioridad a la jurisdicción contencioso
administrativa. Máxime si se tiene en cuenta que el desplazamiento forzado fue
propuesto en la demanda de reparación directa como un hecho autónomo al de la
ejecución extrajudicial, constitutivo, a juicio de los demandantes, de
responsabilidad del Estado.
En cualquier caso, de considerarse que en el estado actual del proceso (etapa de
admisibilidad) no se cuenta con elementos suficientes para establecer el momento
exacto en el que las víctimas pudieron acudir a la jurisdicción y por tanto existe
duda en cuanto al momento en el que se debe contar el término de caducidad,
dado que el desplazamiento forzado no ha cesado, la Sala considera que debe
darse aplicación a los principios pro actione35 y pro damnato36, garantizando el
acceso efectivo a la administración de justicia37.
4.2.5. Por lo anterior, la Sala concluye que la autoridad judicial demandada incurrió
en desconocimiento del precedente judicial, pues lo más favorable era analizar de
forma exhaustiva si en el asunto bajo examen se configuraba la hipótesis
contemplada en la subregla iii) contenida en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, es decir,
si la situación de desplazamiento forzado que han padecido los demandantes se
30 Artículo 7: “Crímenes de lesa humanidad: 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: (…) d) Deportación
o traslado forzoso de población (…)”.
31 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
32 Ver: Corte IDH, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile.
33 Sentencia SU-648 de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger y sentencia T-083 de 2017, M.P. Alejandro
Linares Cantillo.
34 Informe sobre sobre el acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales,
7 de septiembre de 2007, disponible en:
http://www.cidh.org/pdf%20files/ACCESO%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf.
35 Este principio significa que ante la duda deben interpretarse las normas procesales de manera que se
optimice en el mayor grado posible el acceso efectivo a la jurisdicción. Sección Cuarta, sentencia de 23 de
abril de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-00385-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
36 “el principio pro damnato (…) busca aliviar los rigores de las normas que consagran plazos extintivos para el
ejercicio de las acciones y aboga por la cautela y el criterio restrictivo con el que deben interpretarse y
aplicarse dichas normas (Ricardo de Angel Yagüez. Tratado de responsabilidad Civil. Madrid, Editorial
Civitas, 1993. 3ª ed., p. 154”). Citado en: Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 13 de diciembre de
2007. Radicación 33.991, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
37 En cuanto a la aplicación de los principios pro actione y pro damnato en el conteo de la caducidad en
acciones de reparación directa ver: Sección Cuarta, sentencia de 9 de septiembre de 2021, exp. No. 11001-
03-15-000-2021-04413-00, C.P. Milton Chaves García y sentencia de 15 de octubre de 2020, exp. No. 11001-
03-15-000-2020-01984-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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constituía en una circunstancia objetiva que obstaculizaba materialmente el
ejercicio del derecho de acción.
A lo que se agrega que de encontrar que no se contaba con los elementos
probatorios suficientes para tener certeza de la existencia de circunstancias que le
hubieran impedido a las víctimas acudir a la jurisdicción por encontrarse en
condición de desplazamiento forzado, debió privilegiarse el acceso efectivo a la
administración de justicia con la admisión de la demanda de reparación directa,
por las particularidades de los sujetos involucrados en la discusión -población
desplazada por la violencia-.
Por las razones aquí expuestas, la Sala confirmará la sentencia objeto de
impugnación proferida el 9 de junio de 2022, por la Sección Segunda, Subsección
“A” del Consejo de Estado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 9 de junio de 2022, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
SALVO EL VOTO
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