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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2019-00168-01

Fecha
13 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-000-2019-00168-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD – presupuestos para su configuración / AUSENCIA DE PRUEBA DEL DAÑO – la parte actora no acreditó la existencia del daño a partir del cual pretende derivar la responsabilidad patrimonial del Estado. 1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia del 28 de agosto de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda. SÍNTESIS DEL CASO 2. Se reclama la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de la falla en el servicio en que incurrió durante el trámite de un proceso penal en el que omitió decretar medidas cautelares sobre los bienes de Yahaira Gutiérrez Monroy lo que, en criterio de los aquí demandantes, impidió que contaran con la “garantía necesaria” para resarcir el menoscabo patrimonial que sufrieron por cuenta de las supuestas acciones ilegales ejecutadas por la sub judice en la actuación penal. ANTECEDENTES 3. En escrito presentado el 29 de noviembre de 20181, Alexis Quintero López y otras 43 personas2, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de 1 Documento denominado “091ED_EXPEDIENTE_04ActaReparto.pdf” del expediente digital, que obra en Samai. 2 Como demás demandantes figuran: Andre Yuliana Mora Lolobo; Arelis María Redondo Victoria; Carmen Beatriz Arce Camacho; Carmen Eida Paba Nava; Ciro Angarita Angarita; Claribel Pérez Córdoba; Daris Castillejo Guerra; Debbie Rocío Trujillo Boom; Deniris Díaz González; Dialan Luz Muindiola Fragozo; Diana Miladis Torres Laguna; Dignora Rodríguez Suárez; Domy Acuña Jiménez; Doris Isabel Suárez Martínez; Edilma Piedad Salas Negrete; Erika Romero Quiroz; Esther Salcedo Peña; Félix Mauricio Murillo Pacheco; Hemelinda María Morales; Hilda Obredor García; Isabel María Arrieta Fontalvo; Isidro Antonio Escobar Acosta; Janeth Cecilia Villa Castañeda; Jeferson Coral Arregoces; Jelmon Maestre Guzmán; Juan Carlos Moyano González; Karen Johanna Pérez Moreno; Katerine Murillo Córdoba; Lina Ruby Guerra Ávila; Manuel Antonio Miranda Mejía; María Patricia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-33-000-2019-00168-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

13 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandados: Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011

Temas: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA EN EL SERVICIO DE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE
OPORTUNIDAD – presupuestos para su configuración / AUSENCIA DE PRUEBA DEL
DAÑO – la parte actora no acreditó la existencia del daño a partir del cual pretende derivar
la responsabilidad patrimonial del Estado.

1. La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la
sentencia del 28 de agosto de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se reclama la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la Fiscalía
General de la Nación, como consecuencia de la falla en el servicio en que incurrió
durante el trámite de un proceso penal en el que omitió decretar medidas cautelares
sobre los bienes de Yahaira Gutiérrez Monroy lo que, en criterio de los aquí
demandantes, impidió que contaran con la “garantía necesaria” para resarcir el
menoscabo patrimonial que sufrieron por cuenta de las supuestas acciones ilegales
ejecutadas por la sub judice en la actuación penal.

ANTECEDENTES

3. En escrito presentado el 29 de noviembre de 20181, Alexis Quintero López y otras
43 personas2, por conducto de apoderado judicial, presentaron demanda de

1 Documento denominado “091ED_EXPEDIENTE_04ActaReparto.pdf” del expediente digital, que

obra en Samai.
2 Como demás demandantes figuran: Andre Yuliana Mora Lolobo; Arelis María Redondo Victoria;

Carmen Beatriz Arce Camacho; Carmen Eida Paba Nava; Ciro Angarita Angarita; Claribel Pérez
Córdoba; Daris Castillejo Guerra; Debbie Rocío Trujillo Boom; Deniris Díaz González; Dialan Luz
Muindiola Fragozo; Diana Miladis Torres Laguna; Dignora Rodríguez Suárez; Domy Acuña Jiménez;
Doris Isabel Suárez Martínez; Edilma Piedad Salas Negrete; Erika Romero Quiroz; Esther Salcedo
Peña; Félix Mauricio Murillo Pacheco; Hemelinda María Morales; Hilda Obredor García; Isabel María
Arrieta Fontalvo; Isidro Antonio Escobar Acosta; Janeth Cecilia Villa Castañeda; Jeferson Coral
Arregoces; Jelmon Maestre Guzmán; Juan Carlos Moyano González; Karen Johanna Pérez Moreno;
Katerine Murillo Córdoba; Lina Ruby Guerra Ávila; Manuel Antonio Miranda Mejía; María Patricia
Torres Bayter; Maryluz Correa Toloza; Martha Cecilia Quesada Méndez; Maurer Rodríguez Quintero;
Miguel Antonio Bernal Londoño; Narcisa Esther Díaz Marzal; Nelly Rangel Zambrano; Orlando Luis
Mendoza Fonseca; Pablo Isaac Romero Cabeza; Rafael Antonio Solano Piña; Stefanny Sofía Sotillo
Barrio; Wedad Josefa Hinojosa Maestre y Wilson Enrique Alfaro Cujia.

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación3, con el fin de que se le
declare patrimonialmente responsable de los perjuicios a ellos irrogados, con
ocasión de la “omisión grave y culpable por no haber actuado con diligencia y
conforme al ordenamiento de la ley” en la investigación penal contra Yahaira
Gutiérrez Monroy.

4. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se
condenara a la entidad demandada al pago de los siguientes perjuicios:

Nº Demandante Perjuicios Perjuicios Perjuicios
materiales en la materiales en la morales
modalidad de modalidad de
daño lucro cesante5
emergente4
1. Alexis Quintero López $ 44’500.000 $ 499’591.432 $ 78’124.200
2. Andre Yuliana Mora Lobo $ 86’000.000 $ 564’987.769 $ 78’124.200
3. Arelis María Redondo Victoria $ 70’000.000 $ 452’946.594 $ 78’124.200
4. Carmen Beatriz Arce $ 70’000.000 $ 480’086.125 $ 78’124.200
Camacho
5. Carmen Eida Paba Navarro $ 65’000.000 $ 332’023.041 $ 78’124.200
6. Ciro Angarita Angarita $ 45’000.000 $ 320’289.989 $ 78’124.200
7. Claribel Pérez Córdoba $ 35’000.000 $ 349’456.869 $ 78’124.200
8. Daris Castillejo Guerra $ 61’000.000 $ 303’080.142 $ 78’124.200
9. Debbie Rocio Trujillo Boom $ 90’000.000 $ 617’253.589 $ 78’124.200
10. Deniris Díaz González $ 28’000.000 $ 225’891.857 $ 78’124.200
11. Diana Luz Mindiola Fragozo $ 62’000.000 $ 371’984.481 $ 78’124.200
12. Diana Miladis Torres Laguna $ 27’700.000 $ 232’238.623 $ 78’124.200
13. Dignora Rodríguez Suárez $ 44’000.000 $ 300’150.227 $ 78’124.200
14. Domy Acuña Jiménez $ 50’000.000 $ 346’826.479 $ 78’124.200
15. Doris Isabel Suárez Martínez $ 40’000.000 $ 325’774.326 $ 78’124.200
16. Edilma Piedad Salas Negrete $ 35’000.000 $ 311’279.856 $ 78’124.200
17. Erika Romero Quiroz $ 34’000.000 $ 305’416.608 $ 78’124.200
18. Esther Salcedo Peña $ 37’000.000 $ 313’862.291 $ 78’124.200
19. Félix Mauricio Murillo Pacheco $ 36’000.000 $ 390’432.132 $ 78’124.200
20. Hermelinda María Morales $ 39’000.000 $ 334’396.110 $ 78’124.200
21. Hilda Obredor García $ 40’000.000 $ 330’289.258 $ 78’124.200

3 El despacho advierte que, si bien la demanda de la referencia se indicó preliminarmente -en el

encabezado- que también se formulaba contra La Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y el Ministerio de Justicia y del Derecho, en ese mismo escrito, el apoderado de la parte demandante
señaló (se transcribe de forma literal, incluidos posibles errores):
“Manifiesto que dejo constancia (…) que renuncio de manera irrevocable a las entidades (…)
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICÓ, MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO,
CONCEJO (sic) DE JUDICATURA (RAMA JUDICIAL)”, por lo tanto, se advierte que solamente
demandó a La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, pues incluso dirigió sus pretensiones
únicamente contra esta entidad.
Así mismo, se resalta que las pretensiones de la demanda únicamente se dirigieron en contra de la
Fiscalía General. Al respecto, ver folio 5 del documento denominado
“065ED_EXPEDIENTE_02Demanda.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
4 Este concepto corresponde a las sumas que, de acuerdo con la demanda, “fueron entregadas de

manera directa como producto de un contrato de mutuo comercial celebrado con la representante
legal de Alyesco IMV SAS (…) la señora Yahaira Gutiérrez Monroy (…), de conformidad con los
comprobantes de ingresos originales que reposan en el expediente origen de este incidente”.
5 Indemnización que corresponde a lo “dejado de percibir a partir de la fecha de la consignación del

capital investido (…) por razón de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda”.

2

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

22. Isabel María Arrieta Fontalvo $ 35’000.000 $ 304’351.356 $ 78’124.200
23. Isidro Antonio Escobar Acosta $ 35’000.000 $ 308’460.800 $ 78’124.200
24. Janeth Cecilia Villa Castañeda $ 37’000.000 $ 321’433.293 $ 78’124.200
25. Jeferson Coral Arregoces $ 45’000.000 $ 300’983.890 $ 78’124.200
26. Jelmon Maestre Guzmán $ 40’000.000 $ 329’939.315 $ 78’124.200
27. Juan Carlos Moyano González $ 45’000.000 $ 293’234.513 $ 78’124.200
28. Karen Johanna Pérez Moreno $ 39’000.000 $ 350’750.505 $ 78’124.200
29. Katerine Murillo Córdoba $ 38’000.000 $ 415’088.675 $ 78’124.200
30. Lina Ruby Guerra Ávila $ 69’000.000 $ 461’311.967 $ 78’124.200
31. Manuel Antonio Miranda Mejía $ 40’000.000 $ 307’194.115 $ 78’124.200
32. María Patricia Torres Bayter $ 38’000.000 $ 269’375.118 $ 78’124.200
33. Maryluz Correa Toloza $ 75’000.000 $ 496’305.796 $ 78’124.200
34. Martha Cecilia Quezada $ 33’000.000 $ 297’111.089 $ 78’124.200
Méndez
35. Maurer Rodríguez Quintero $ 45’000.000 $ 311’580.315 $ 78’124.200
36. Miguel Antonio Bernal $ 35’000.000 $ 313’534.717 $ 78’124.200
Londoño
37. Narcisa Esther Díaz Marzal $ 90’000.000 $ 637’156.174 $ 78’124.200
38. Nelly Rangel Zambrano $ 40’000.000 $ 321’470.648 $ 78’124.200
39. Orlando Luis Mendoza $ 90’000.000 $ 624’526.063 $ 78’124.200
Fonseca
40. Pablo Isaac Romero Cabeza $ 50’000.000 $ 352’510.523 $ 78’124.200
41. Rafael Antonio Solano Piña $ 50’000.000 $ 321’565.566 $ 78’124.200
42. Stefany Sofía Sotillo Barrio $ 80’000.000 $ 537’570.292 $ 78’124.200
43. Wedad Josefa Hinojosa $ 60’000.000 $ 301’590.129 $ 78’124.200
Maestre
44. Wilson Enrique Alfaro Cujia $ 50’000.000 $ 373’130.132 $ 78’124.200

5. Como fundamento fáctico de la demanda, en síntesis, el extremo activo de la litis
indicó que las empresas “Inmobilaria Alyesko IMV S.A.S”, e “Inmobiliaria Alyesko
IMR S.A.S” fueron utilizadas para cometer fraude, y que como consecuencia de
dicha conducta delictiva resultaron afectados los aquí demandantes.

6. Sostuvo que la Fiscalía 16 Local de Valledupar recibió varias denuncias sobre las
estafas cometidas por la señora Yahaira Gutiérrez Monroy, a través de las
sociedades mencionadas, y que dicha dependencia las remitió a la Fiscalía 10
Seccional de Valledupar, aduciendo su falta de competencia para conocer de la
investigación, “donde hasta el momento se surte el rigor correspondiente del
averiguatorio” identificado con radicado No. 2000-1600-1137-2015-01161, “pero de
manera ineficiente en esclarecer la comisión de los delitos cometidos por (…)
Yahayra Gutiérrez Monroy”.

7. Relató que la Fiscalía 10 Seccional de Valledupar no decretó medidas cautelares
ni afectó los bienes de Yahaira Gutiérrez Monroy, pese a contar, según se afirmó,
con pruebas “suficientes” para proceder en tal sentido; las víctimas, por intermedio
de sus apoderados judiciales, le detallaron a la demandada los inmuebles que eran
propiedad de la investigada. Señaló que dicha omisión impidió que los actores
contaran con la garantía necesaria para resarcir los perjuicios a ellos ocasionados.

3

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

8. Agregó que, el 19 de septiembre de 2016, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito
con funciones de conocimiento de Valledupar profirió sentencia condenatoria contra
Yahaira Gutiérrez Monroy, imponiéndole una pena de prisión que “no e[ra]
suficiente”6. Afirmó, asimismo, que la Fiscalía 10 Seccional de esa misma ciudad
“se quedó corta por lo que no fueron endilgados los delitos de lavado de activos,
enriquecimiento ilícito, y falsedad en documento público”.

9. Refirió la demanda que “la Fiscalía 10 Seccional de esta ciudad que cuenta con
un acervo probatorio, ha cometido la omisión grave y culpable por no haber actuado
con diligencia y conforme al ordenamiento de la ley” en la investigación penal contra
Yahaira Gutiérrez Monroy, pues la afectación cautelar de sus bienes era la “medida”
que permitía que fueran “reparados integralmente”.

Trámite relevante en primera instancia

10. El Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda el 12 de mayo de 20227,
previo trámite que se sintetiza a pie de página8.

11. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda9 de manera
extemporánea10.

12. El 13 de abril de 2023, el Tribunal declaró la viabilidad de dictar sentencia
anticipada en el presente asunto, al considerar que “no e[ra] necesario practicar
pruebas diferentes de aquellas aportadas por la parte actora con la demanda”
porque no se formuló tacha de falsedad en contra de estas y no se tuvo en cuenta,
por extemporánea, la contestación de la demanda de la Fiscalía; acto seguido, fijó
el litigio en los términos consignados a pie de página11. La anterior determinación
no fue objeto de recursos.

6 Se precisa que en la demanda no se aportó justificación acerca de la insuficiencia de la pena de

prisión que le fue impuesta a Yahaira Gutiérrez Monrroy.
7 Documento denominado “1_AUTOADMITEDEMANDA.pdf” del expediente digital, que obra en

Samai.
8 Se resalta que, mediante auto del 22 de abril de esa misma anualidad, el Juzgado 8 Administrativo

del Circuito de Valledupar declaró la falta de competencia para conocer el litigio por el factor cuantía
y ordenó remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar, Corporación que avocó
conocimiento el 20 de noviembre siguiente y modificó el año de radicación del escrito inicial. Al
respecto, ver documentos denominados “093ED_EXPEDIENTE_06AutoFaltaCompetenc.pdf” y
“094ED_EXPEDIENTE_07 OficioRemite Proces.pdf “del expediente digital, que obra en Samai.
El 6 de mayo de 2021, previa admisión de la demanda, el Tribunal Administrativo le solicitó al
Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Valledupar que certificara la
fecha de ejecutoria de la sentencia condenatoria proferida en el proceso adelantado en contra de
Yahaira Gutiérrez Monroy; el 30 de septiembre de 2021, la Secretaría de dicho juzgado proporcionó
una respuesta. Al respecto, ver documentos denominados
“099ED_EXPEDIENTE_12AutoOrdenaOficiar.pdf” y “103ED_EXPEDIENTE_16
RespuestaOficio.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
9 Documento denominado “084ED_EXPEDIENTE_33ContestacionDemand.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
10 Documento denominado “087ED_EXPEDIENTE_36NotaIngresoRad2019.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
11 En la audiencia inicial, el magistrado conductor del proceso fijó el litigio en los términos que se

transcriben a continuación (de forma literal, incluso con posibles errores):
“[E]l litigio se centrará en determinar si hay lugar o no a declarar que la Fiscalía General de la Nación,
es administrativa y patrimonialmente responsable por fallas en la prestación del servicio de
administración de justicia, por la supuesta omisión grave y culpable, por no haber decretado medidas
cautelares para afectar los bienes en poder de la condenada Yahaira Gutiérrez Monrroy, propietaria

4

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

13. Mediante proveído del 18 de marzo de 202312, el a quo dispuso correr traslado
a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

14. En esa oportunidad procesal, la Fiscalía General de la Nación suministró
información sobre el proceso penal con radicado No. 200016000000201500100
adelantado contra Yahaira Gutiérrez Monroy; al respecto, advirtió que se libró orden
de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el 30 de septiembre de 2015; que
aceptó cargos el 25 de julio de 2016 y que el 19 de septiembre siguiente el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Valledupar profirió sentencia en su contra, declarándola
responsable de los delitos de estafa agravada y constreñimiento ilegal.

15. Como argumentos de defensa, indicó que la Policía Judicial informó que la
señora Gutiérrez Monroy no tenía bienes muebles y/o inmuebles a su nombre y que
la DIAN reportó el bajo patrimonio líquido de Alyesco S.A.S. -comunicó que para
2012 registró la suma de $5’000.000, y para 2013 el monto de $2’202.000-.

16. Asimismo, invocó el principio jurídico "nemo auditur propriam turpitudinem
allegans", según el cual nadie puede alegar su propia culpa para beneficiarse, y
sostuvo que, de existir omisiones, estas podían atribuírsele a los aquí demandantes,
por no ejercer oportunamente sus “derechos procesales”.

17. Añadió que el daño sufrido por los actores no podía imputársele en la medida
que guardaba relación directa con el comportamiento doloso de un tercero -Yahaira
Gutiérrez Monroy-, lo que rompía el nexo causal necesario para que se declarara
responsabilidad estatal.

18. En cuanto a la indemnización reclamada por la parte actora, sostuvo que no
existía certeza de los perjuicios materiales “pues dentro de la demanda no se allegó
prueba fehaciente para determinar [su] valor real”; además, cuestionó la
procedencia de los perjuicios morales, por considerar que “puede válidamente
colegirse que no existe una relación de causalidad entre esta clase de perjuicio y
las actuaciones de la [Fiscalía General]”.

y representante legal de la Inmobiliaria Alyesko IMV S.A.S., de la misma manera aparece la
existencia de la empresa Alyesko IMR SAS, condenada en la ciudad de Valledupar por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito Con Funciones de Conocimiento, según sentencia adiada 19 de septiembre
del 2016, bajo Radicado 200001-60500000-2015-00100-00. Condena que incluye a los
demandantes relacionados en la pretensión 1 del libelo de demanda, al parecer víctimas de los
delitos anunciados en dicho libelo, para garantizar el pago de la inversión y los daños generados a
cada uno de los demandantes.
De prosperar la pretensión anterior, se establecerá si es procedente o no condenar a la Fiscalía
General de la Nación, a pagar a los demandantes la indemnización por perjuicios morales y
materiales, en las cuantías solicitadas en el acápite “2. CONDENAS” de las pretensiones de la
demanda”.
12 Documento denominado “12_AUTOQUEORDENACORRERTRASLADO.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

5

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

19. Con fundamento en lo anterior, propuso las “excepciones” denominadas
“ausencia del daño antijurídico”; “ausencia del nexo causal”; “culpa exclusiva de la
víctima” e “inexistencia de la falla del servicio”.

20. El extremo activo de la litis reiteró los argumentos expuestos en la demanda y
solicitó, nuevamente, que se accediera a sus pretensiones. Citó la Sentencia C-775
de 2003 de la Corte Constitucional, según la cual las autoridades deben adoptar las
medidas necesarias para restablecer los derechos de las víctimas, y el artículo 21
de la Ley 600 de 2000, que impone al funcionario judicial “el deber de reparar los
efectos creados por la comisión de la conducta publica, [que] las cosas vuelvan al
estado anterior y [que] se indemnicen los perjuicios causados”.

21. El Ministerio Público no emitió concepto.

La sentencia de primera instancia

22. En providencia del 28 de agosto de 202513, el Tribunal Administrativo del Cesar
negó las pretensiones de la demanda.

23. Consideró que la parte actora no acreditó el “daño individual de cada
demandante”, lo que evidenciaba el incumplimiento de la carga probatoria que
radicaba sobre ese extremo procesal. Para fundamentar esa determinación, precisó
que, aunque obraban en el expediente unos contratos de separación de inmuebles,
dichos negocios no daban cuenta de los detrimentos patrimoniales que
supuestamente experimentaron los actores.

24. Agregó que no se probó que el daño alegado fuera imputable a la Fiscalía, en
vista de que, de acuerdo con el artículo 92 del Código de Procedimiento Penal, la
Fiscalía General no tenía la “obligación categórica” de solicitar medidas cautelares,
tanto así que la disposición normativa permitía que dicho acto procesal fuera
realizado no solo por el ente acusador, sino también por las víctimas en su calidad
de intervinientes y por el Ministerio Público.

25. Puntualizó que el extremo demandante aportó un memorial que le envió a la
Fiscalía 10 Seccional de Valledupar el 12 de mayo de 2017, en el que solicitó el
embargo y secuestro de determinados inmuebles, pero que ello solo ocurrió con
posterioridad a la sentencia condenatoria, que quedó ejecutoriada el 19 de
septiembre de 2016, respecto de la cual se “pretend[ía] derivar la responsabilidad
administrativa”.

26. Decidió no condenar en costas, después de razonar que, de acuerdo con el
artículo 188 del CPACA, éstas no habían sido causadas en el sub lite.

13 Documento denominado “051Sentenciadepr_20190016800Sentencia.pdf” del expediente digital,

que obra en Samai.

6

Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

El recurso de apelación

27. Contra la decisión anterior los actores interpusieron recurso de apelación14, en
el que solicitaron la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

28. Estimó que la providencia careció de una debida valoración de los medios de
convicción, pues el a quo omitió analizar los documentos aportados con la demanda
y que, conforme al "auto de trámite" del 13 de abril de 2023, debieron ser tenidos
en cuenta “en su alcance legal”, tales como: (i) los contratos de mutuo comercial y
comprobantes de los dineros entregados a la sociedad Alyesko IMV SAS, los que
consideró “pruebas irrefutables” de la existencia de una relación comercial entre los
demandantes y la “empresa fraudulenta” y que, además, acreditaban las sumas
consignados a esta última; (ii) los certificados de existencia de las empresas
Alyesko IMV S.A.S. y Alyesko IMR S.A.S., vinculadas al fraude, que permitían
“demostrar que la Fiscalía tenía conocimiento de la existencia de entidades legales
y, por lo tanto, tenía el deber de investigar y, de ser el caso, tomar medidas
cautelares sobre sus activos”; y (iii) los “oficios de solicitud de incautación de
bienes” y las “copias simples de instrumentos públicos y escrituras de bienes”, que
acreditaban la notificación a la Fiscalía sobre la existencia de los activos de Yahaira
Gutiérrez Monroy y de las solicitudes para que estos fueran afectados con medidas
cautelares. Aseguró que “el patrimonio de mis representados fue afectado,
configurando el daño antijurídico [y que] negar el daño e[ra] desconocer la existencia
de estos documentos, que reposa[ban] en el expediente”.

29. También resaltó que en primera instancia no se decretó, de oficio, la integridad
del proceso penal, pese a que ello podía aportar al “esclarecimiento” de los hechos
objeto de estudio15.

30. Señaló que la sentencia del Tribunal, al negar las pretensiones, se apoyó en
una afirmación que efectuó la Fiscalía en su alegato de conclusión, según la cual la
Policía Judicial y la DIAN no encontraron bienes de propiedad de Yahaira Gutiérrez
Monroy; en su criterio, tal aseveración no solo contradecía el material probatorio del
expediente, sino que, además, “debió ser excluida”, toda vez que dicha entidad no
contestó oportunamente la demanda. Afirmó que lo anterior generó un desequilibrio
probatorio y le otorgó a la Fiscalía una “ventaja indebida”, y que era “inadmisible
que la sentencia se fund[ara] en la supuesta ausencia de bienes, cuando la Fiscalía
no probó dicha afirmación en la etapa procesal correspondiente”.

14 Documento denominado “APELACIÓN CONTRA SENTENCIA ANTICIPADA - MAYO 10 DEL
2.023 (1) compressed.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
15 Al respecto, indicó la parte recurrente (se transcribe de forma literal, incluidos posibles errores):

“La actuación de la primera instancia, se enmarcó en la inobservancia, de los principios de
pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, pilares fundamentales de un debido proceso efectivo
y eficiente. La falta de análisis del materia probatorio aportado, por su naturaleza, aporta al
esclarecimiento de los hechos imputados y que busca introducir apreciaciones jurídicas bajo el
material documental aportado y solicitado por el honrable Tribunal al Juzgado Penal del Circuito, sin
embargo, existe el proceso penal al cual NUNCA el DISTINGUIDO, TRIBUNAL ,destacado por su
oficio en esclarecer la litis , que se presentan, en su escrutinio y en la práctica jurídica, NO SOLICITO
EL PROCESO, DONDE REPOSAN AUN MAS EL MATERIAL BROBATORIO (…)”

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

31. Destacó que la interpretación del a quo “evad[ía] la responsabilidad del Estado
[ante] una omisión clara” de la Fiscalía, entidad que tenía el deber legal de adoptar
las medidas para restablecer los derechos y reparar a los demandantes. Al respecto,
dijo que “la causa directa del daño” fue la inacción de la demandada, pese a tener
el conocimiento de los bienes de la señora Gutiérrez Monroy y las cuentas bancarias
de la “empresa fraudulenta”, lo que “frustró la posibilidad real de reparación de las
víctimas”.

Trámite relevante en segunda instancia

32. Mediante auto del 5 de diciembre de 2025, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación presentado por la parte demandante16.

33. Durante el término de traslado, las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.

CONSIDERACIONES

34. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, por lo que procede a resolver en segunda instancia el presente asunto.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y por pasiva, y el agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en
la conciliación extrajudicial.

Problemas jurídicos a resolver

35. Los reproches de la parte actora contra el fallo de primera instancia son los
encargados de fijar el marco del presente pronunciamiento17, salvo otras
situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa18.

36. El a quo, para denegar las pretensiones de la demanda, estimó que no se había
acreditado el daño alegado por los demandantes, el que entendió como las

16 Índice 3 del aplicativo Samai.
17 “Artículo 328. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos

expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
18 La Sala ha establecido que el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia

lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra
de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás
aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la
instancia superior. Es necesario precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, pues
debe ser entendida sin perjuicio de las excepciones que se derivan, por ejemplo (i) de las normas o
los principios previstos en la Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por
el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales
relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional
Humanitario, o (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro de las cuales se encuentran,
a título ilustrativo, aquellos presupuestos procesales que, de configurarse, el juez de la causa debe
decretar de manera oficiosa, pese a que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante como
fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

afectaciones patrimoniales que cada uno de ellos invocó, por considerar que “no
toda persona que t[uviera] un documento (…) denominado ‘Contrato de Separación
de Inmueble’ (…) [había] sufri[do]” un menoscabo económico. A su turno, la parte
actora aseguró que los medios de convicción aportados con la demanda sí permitían
establecer que “el patrimonio de [los actores] fue afectado”, para lo cual resaltó,
entre otras pruebas, los comprobantes bancarios y de ingreso de la “empresa
fraudulenta” Alyesko IMV SAS.

37. Así las cosas, le corresponde a la Sala resolver: (i) ¿el daño invocado por los
demandantes fue debidamente acreditado con el material probatorio que obra en el
expediente? Únicamente si se constata la existencia de la lesión alegada se
realizará el juicio de imputación, en el que se debe dar respuesta al siguiente
interrogante: (ii) ¿el daño fue consecuencia de una conducta omisiva de la Fiscalía
General de la Nación? Finalmente, se resolverá la procedencia de la condena en
costas en esta instancia.

Relación de hechos probados relevantes para resolver la controversia19

38. Antes de analizar el caso concreto y abordar los problemas jurídicos fijados ut
supra, la Sala reconstruirá el escenario fáctico del caso bajo examen, a partir de las
pruebas incorporadas válidamente al proceso.

39. Según el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de
Comercio de Valledupar el 15 de diciembre de 201520, Alyesko IMV SAS, constituida
el 23 de enero de 2013 por documento privado, se dedicaba, entre otras actividades,
al comercio de bienes y servicios; para el cumplimiento de su objeto social podía
realizar toda clase de actos y negocios civiles o de comercio. También consta en
ese documento que Yahaira Gutiérrez Monroy figuraba como representante legal
de la sociedad.

40. De conformidad con el certificado de existencia y representación expedido por
la Cámara de Comercio de Bogotá el 8 de octubre de 201321, Alyesko IMR SAS,
constituida el 30 de septiembre de 2013 mediante documento privado, se dedicaba
a actividades inmobiliarias sobre bienes propios o arrendados y tenía como
representante legal a Ildemaro Olivella Romero.

41. Entre febrero de 2013 y diciembre de 2014, Yahaira Gutiérrez Monroy, en
calidad de representante legal de Alyesko IMV SAS, suscribió contratos de
separación de distintos inmuebles con Alexis Quintero López22, Andre Yuliana Mora

19 Se aclara que, aunque obran otros elementos probatorios que fueron allegados a este proceso,

no resulta indispensable que la Sala se refiera a los mismos, pues esta instancia se ceñirá a lo
resuelto en el fallo apelado y a los argumentos del recurso de apelación.
20 Folios 141 a 145 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai
21 Folios 149 a 151 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del

expediente digital, que obra en Samai.
22 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 2 de

diciembre de 2013, el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 11 de agosto
de 2014, por la suma de $5´500.000 y el documento denominado “consignación de efectivo yo
cheques locales únicamente” que da cuenta de un depósito el 3 de diciembre de 2013 por

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Lolobo23, Arelis María Redondo Victoria24, Carmen Beatriz Arce Camacho25,
Carmen Eida Paba Nava26, Ciro Angarita Angarita27, Daris Castillejo Guerra28,
Debbie Rocío Trujillo Boom29, Deniris Díaz González30, Diana Luz Mindiola
Fragozo31, Diana Miladis Torres Laguna32, Dignora Rodríguez Suárez33, Domy

$39’000.000. Folios 18 a 20 del documento denominado “067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
23 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 10 de

mayo de 2014 y el documento suscrito por Alyesko IMV SAS el 28 de mayo de 2014, en el que se
indicó que Andrea Mora “realiz[ó] una consignación (…) en la fecha del 28 de Mayo de 2014, por
valor de $76’000.000 según consta en el desprendible de consignación de número (92)
00101350778192 realizada con cheque número 204802”. Folios 21 y 25 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
24 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 7 de julio

de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo día, por la
suma de $70’000.000. Folios 27 y 31 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
25 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 20 de

mayo de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo día, por
la suma de $70’000.000. Folios 32 y 36 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
26 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 20 de

mayo de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 13 de junio de
2014 por la suma de $35’000.000; del 20 de mayo de 2014 por $20’000.000 y el 20 de junio de 2014
por $10’000.000. Folios 37 y 44 del documento denominado “067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf”
del expediente digital, que obra en Samai.
27 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 28 de

octubre de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 28 de octubre
de 2014, por la suma de $14’500.000; el 30 de octubre de 2014 por $10’000.000; el 21 de noviembre
de 2014 por $10’500.00027 y el 13 de febrero de 2015 por $10’000.000. Folios 45 y 50 del documento
denominado “067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
28 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 29 de

julio de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo día, por
la suma de $60’000.000. Folios 60 y 65 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
29 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 12 de

junio de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 13 de junio de
2014 por $90´000.000. Folios 66 y 71 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
30 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 31 de

julio de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 2 de septiembre de
2014 por la suma de $8’400.000. Folios 72 y 77 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
31 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 7 de

septiembre de 2013 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 20 de agosto
de 2014 por la suma de $2’720.000. Folios 72 y 77 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
32 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 1 de

diciembre de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo día,
por la suma de $27’700.000. Folios 82 y 87 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
33 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 14 de

agosto de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad del 12 de agosto
de 2014, por $44’000.000. Folios 88 y 91 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Acuña Jiménez34, Doris Isabel Suárez Martínez35, Edilma Piedad Salas Negrete36,
Erika Romero Quiroz37, Hemelinda María Morales38, Hilda Obredor García39, Isabel
María Arrieta Fontalvo40, Isidro Antonio Escobar Acosta41, Jeferson Coral
Arregoces42, Jelmon Maestre Guzmán43, Juan Carlos Moyano González44, Karen
Johanna Pérez Moreno45, Lina Ruby Guerra Ávila46, Manuel Antonio Miranda

34 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 11 de

septiembre de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad ese mismo
día por la suma de $40’000.000; el 6 de octubre de 2014 por $2’000.000; el 14 de octubre de 2014
por $1’000.000 y el 8 de octubre de 2014 por $7’000.0000. Folios 95 y 103 del documento
denominado “067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
35 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 7 de abril

de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 9 de abril de 2014, por
la suma de $40’000.000. Folios 104 y 106 del documento denominado
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
36 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 28 de

mayo de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 8 de agosto
de 2014 por $5’000.000 y el 27 de mayo de 2014 por $30’000.000. Folios 107 y 112
“067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
37 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 21 de

octubre de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo día,
por la suma de $34’000.000. Folios 1 a 5 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
38 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 14 de

agosto de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo día,
por $39’000.000. Folios 13 y 16 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf”
del expediente digital, que obra en Samai.
39 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 2 de mayo

de 2014 y el documento denominado “Declaración de operaciones en efectivo” que da cuenta de un
depósito del 2 de mayo de 2014 por la suma de $40’000.000 en una cuenta a nombre de Alyesco
SAS. Folios 17 y 19 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del
expediente digital, que obra en Samai.
40 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 8 de

septiembre de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo
día, por la suma de $20’000.000. Folios 20 y 25 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
41 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 19 de

mayo de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 17 de mayo
de 2019 por $20’000.000 y el 1 de julio de 2014 por $15’000.000. Folios 26 y 31 del documento
denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
42 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 10 de

septiembre de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad, ese mismo
día, por la suma de $45’000.000. Folios 34 y 38 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
43 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 19 de

noviembre de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad ese mismo
día por la suma de $28’000.000 y el 22 de diciembre de 2014 por $12’000.000. Folios 40 y 45 del
documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en
Samai.
44 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 10 de

febrero de 2015 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 10 de febrero
de 2015 por $2’000.000 y el 9 de febrero de 2015 por $24’400.000 y $18’600.000. Folios 48 y 52 del
documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en
Samai.
45 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 8 de

febrero de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 12 de agosto de
2014 por $3’000.000. Folios 54 y 56 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
46 De acuerdo con los contratos de separación de inmueble suscritos con Alyesko IMV SAS el 28 y

29 de mayo de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 28 de mayo
de 2014 por la suma de $20’000.000. Folios 64 y 67 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Mejía47, Maryluz Correa Toloza48, Martha Cecilia Quesada Méndez49, Maurer
Rodríguez Quintero50, Miguel Antonio Bernal Londoño51, Narcisa Esther Díaz
Marzal52, Nelly Rangel Zambrano53, Orlando Luis Mendoza Fonseca54, Pablo Isaac
Romero Cabeza55, Rafael Antonio Solano Piña56, Stefany Sofía Sotillo Barrio57 y
Wedad Josefa Hinojosa Maestre58, quienes actuaron como compradores. Alyesco
IMV SAS se comprometió a realizar las gestiones y trámites respectivos para la
separación, legalización y adjudicación de diferentes bienes ubicados en
Valledupar, “teniendo en cuenta que exist[ía] un proceso civil donde se ha[bía]
decretado el embargo, secuestre, y avalúo del inmueble objeto de la negociación”;

47 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 13 de

agosto de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por la sociedad ese mismo día por
la suma de $40’000.000. Folios 68 a 73 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
48 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 12 de

julio de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por la sociedad ese mismo día por la
suma de $75’000.000. Folios 80 a 85 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
49 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 18 de

agosto de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 28 de agosto
de 2014 por la suma de $23’000.000 y el 28 de agosto de 2014 por $10’000.000. Folios 86 a 91 del
documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en
Samai.
50 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 31 de

marzo de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 31 de marzo de
2014, por la suma de $45’000.000. Folios 92 y 94 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
51 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 17 de

febrero de 2014 y el documento denominado “consignación de efectivo y/o cheques locales
únicamente” que da cuenta de dos depósitos del 27 de febrero y del 19 de marzo de 2014, por
$2’000.000 y $3’000.000, respectivamente. Folios 96 y 99 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
52 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 30 de

abril de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 4 de junio de 2014,
por la suma de $45’000.000. Folios 100 y 103 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
53 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 25 de

julio de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 3 de septiembre de
2014 por $7’000.000 y el 25 de julio de 2014 por $33’000.000. Folios 104 a 110 del documento
denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
54
De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 5 de mayo
de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 5 de mayo de 2014
por $50’000.000 y el 13 de mayo de 2014 por $40’000.000. Folios 111 a 114 del documento
denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
55 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 29 de

enero de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 29 de enero
de 2014 por $100.000 y el 12 de marzo de 2014 por $35’000.000. Folios 115 a 119 del documento
denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
56 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 16 de

mayo de 2014 y el comprobante de ingreso de dinero suscrito por esa sociedad el 16 de mayo de
2014 por $45’000.000 y el 16 de junio de 2014 por $5’000.000. Folios 120 a 126 del documento
denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
57 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 20 de

octubre de 2014 y los comprobantes de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad el 21 de octubre
de 2014 por $59’500.000 y el 19 de noviembre de 2014 por $20’500.000. Folios 127 a 132 del
documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en
Samai.
58 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV el 20 de marzo

de 2014 y el documento denominado “declaración de operaciones en efectivo” que da cuenta de dos
depósitos el 21 de marzo de 2014 y el 21 de abril de 2014 por $40’000.000. Folios 133 y 135 del
documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en
Samai.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

a su turno, las personas citadas le realizaron consignaciones, por distintos montos,
a la referida sociedad -de conformidad con las pruebas [comprobantes de
consignación bancarios y comprobantes de ingreso de dinero suscritos por Alyesko
IMV SAS] detalladas en los pies de páginas 22 a 58-.

42. El 19 de septiembre de 201659, en el expediente con radicado 20001-60-00000-
2015-00100-00, el Juzgado Cuarto Penal de Circuito, con funciones de
conocimiento de Valledupar, declaró penalmente responsable a Yahaira Gutiérrez
Monroy, en calidad de coautora, de los delitos de estafa agravada en concurso
homogéneo sucesivo con concierto para delinquir y constreñimiento ilegal, y la
condenó a la pena principal de 120 meses y 20 días y a una multa de 520 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

43. De esa decisión se puede extraer que la actuación inició por el “sinnúmero de
denuncias presentadas” en contra de Yahaira Gutiérrez Monroy, quien, en asocio
con otras tres personas -Jhon Velandia, Ivon Katerine Piñeros y Jhoni de Jesús
Olivella Romero-, constituyó tres empresas denominadas “Alyesko IMV S.A.S.”,
“Alyesko IMR S.A.S.” y “Alyesko S.A.S.”, por medio de las cuales “defraudó el
patrimonio económico de aproximadamente cincuenta personas” en las ciudades
de Bogotá y Valledupar en cuantía de $874’641.692 mediante dos modalidades: (i)
la supuesta venta de inmuebles objeto de remates en los Juzgados Civiles de
Valledupar, sin que dichos bienes existieran en su portafolio de servicios y/o
estuvieran postulados en un juzgado para su adquisición; y (ii) la venta de un mismo
predio a varias personas. Se consignó, además, que la procesada no entregó los
bienes inmuebles supuestamente adquiridos, ni devolvió los dineros que fueron
consignados por las víctimas.

44. La sentencia penal citada cobró ejecutoria el mismo 19 de septiembre de 2016,
de acuerdo con constancia secretarial expedida el 1° de febrero de 2022 por el
Juzgado 11 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad60.

45. El 12 de mayo de 201761, Carlos Arturo Torres Gutiérrez, “en calidad de
poderdante (sic) de 55 víctimas”, radicó un memorial ante la Fiscalía 10 Seccional
de Valledupar. En dicho escrito solicitó “el embargo y secuestre (sic) de los
inmuebles de propiedad del señor Ildemaro Olivella Romero, quien había adquirido
los siguientes bienes en calidad de representante legal de Alyesko IMR SAS” y, acto
seguido, referenció diez inmuebles ubicados en Santa Marta. Para finalizar,
manifestó que “en ocasiones anteriores por medio de memoriales remitidos a esta
fiscalía, hemos requerido a Usted, la incautación de diferentes bienes y
consideramos que se le ha hecho caso omiso a nuestra petición en calidad de

59 Folios 3 a 17 del documento denominado “067ED_EXPEDIENTE_04Anexos.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.
60 Folio 3 del documento “075ED_EXPEDIENTE_24RespuestaOficio.pdf” del expediente digital,

que obra en Samai.
61 Folio 151 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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poderdante de 55 víctimas de este latrocinio criminal”. El tenor literal de este
memorial se transcribe a pie de página62.

46. El 12 de mayo de 201763, Carlos Arturo Torres Gutiérrez, “en (…) calidad de
apoderado de víctimas” dirigió a la Fiscalía 10 Seccional de Valledupar un memorial
con la referencia “SOLICITUD DE LISTADOS DE BIENES ENCAUTADOS”, en la
que solicitó información acerca de los bienes que habían sido “incautado[s] por el
aparato acusador del Estado”, en aras de “alimentar lo positivo de que las victimas
tengan conocimiento de lo efectivo en la persecución de bienes de la FIRMAS
INMOBILIARIA ALYESKO IMV, ALYESKO IMR S.A.S, (…) [y] la condenada
YAHAIRA GUTIERREZ MONROY (…)”.

Cuestión previa

47. Es preciso señalar que la Ley 906 de 2004 estableció como medidas cautelares
sobre bienes: el embargo y el secuestro -artículo 92-; la prohibición de enajenar -
artículo 97-; la restitución inmediata a la víctima de bienes recuperados; la
autorización para usar y disfrutar bienes que adquirieron de buena fe pero que son
objeto de delito; las ayudas provisionales a las víctimas -artículo 99- y la afectación
de bienes en delitos culposos -artículo 100-; medidas estas que buscan proteger los
intereses económicos de las víctimas de un delito.

48. Respecto del embargo y secuestro de bienes de un imputado, el artículo 92 de
la normativa aludida determina con claridad que el juez de control de garantías es
el competente para decretar dichas medidas “en la audiencia de formulación de la
imputación o con posterioridad a ella”; que pueden solicitarlas el fiscal y las víctimas
directas y que, además, procede la intervención del Ministerio Público cuando se
trata de menores de edad o de incapaces. La misma disposición prevé que tal
medida se ordenará en “cuantía suficiente” para garantizar el pago de los “perjuicios
ocasionados”, previa caución, salvo que la solicitud la formule el fiscal o exista
motivo fundado para eximir al peticionario de prestarla.

62 Por medio del presente comunicado solicitamos a Usted, el embargo y secuestre de los inmuebles

de propiedad del señor ILDEMARO OLIVELLA ROMERO identificado con la Cédula de Ciudadanía
Nº. 12.643.838; quien adquirió los siguientes bienes en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE
LA EMPRESA CRIMINAL ALYESKO IMR S.A.S identificada con el NIT: 900659872-1; contrato que
celebró con el señor JOSE ELADIO GOMEZ ALFONSO, identificado con Cédula de Ciudadanía Nº.
79.574.463, el día 21 de noviembre de 2013, quien vende en calidad de representante legal de la
empresa INMOBILIARIA PEGASUS INTERNACIONAL S.A.S, SUCURSAL COLOMBIA, identificada
con el Nº 900396577 -1, como consta en certificado de representación legal, expedida en Cámara
de Comercio, los siguientes bienes inmuebles.
[Referenciaron cinco inmuebles ubicados en Santa Marta-Magdalena].
Y otro Bienes inmuebles que al parecer pertenecen al señor ILDEMARO OLIVELLA ROMERO.
[Referenciaron cinco inmuebles ubicados en Santa Marta-Magdalena].
Lo anteriormente solicitado, lo dejamos bajo su responsabilidad ya que en ocasiones Anteriores por
medio de memoriales remitidos a esta fiscalía, hemos requerido a Usted, la incautación de diferentes
bienes y consideramos que se le ha hecho caso Omiso a nuestra petición en calidad de poderdante
de 55 víctimas de este latrocinio criminal.
63 Folio 154 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente

digital, que obra en Samai.

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49. Como se sinterizó en el acápite de los antecedentes, en el sub lite se reclama
la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación64 por haber omitido el
“decret[o de] medidas cautelares” sobre los bienes de Yahaira Gutiérrez Monroy,
en el proceso penal que se adelantó en su contra. Así consta en la pretensión
declarativa principal65 [en la que reclamó responsabilidad “por no haber decretado
medidas cautelares para afectar los bienes en poder de la condenada Yahaira
Gutierrez Monroy” y en los hechos la demanda66 [en los que se narró que a “la
Fiscalía 10 Seccional de esta Ciudad se [le] aporta[ron] suficientes pruebas de
inmuebles con sus respectivas direcciones, para que (…) hubiera decretado
medidas cautelares para embargar y garantizar la devolución de los dineros de las
víctimas y perjuicios generados”] (se resalta).

50. En el escenario planteado, la única imputación que puede ser objeto de estudio
por esta Subsección consiste en que la Fiscalía General no solicitó, en el trámite de
un proceso penal y ante el juez competente, el decreto de medidas cautelares sobre
los bienes de la señora Gutiérrez Monroy, entendimiento que es consecuente con
la demanda, en la que, de forma global, se cuestionó la inacción de la Fiscalía 10
Seccional de Valledupar en el proceso penal que se adelantó en contra de Yahaira
Gutiérrez Monroy, previo énfasis en que a esta entidad le correspondía adelantar
las gestiones pertinentes para que los demandantes fueran reparados
integralmente. En efecto, de acuerdo con el numeral 6º del artículo 250 de la
Constitución Política67 y la Ley 906 de 2004, la demandada, garante del derecho a

64 En el escrito inicial se dejó expresa constancia de que ésta se dirigía únicamente contra la Fiscalía,

y que el apoderado de los actores renunció a demandar, entre otras entidades, a la Rama Judicial.
Lo anterior porque si bien en el encabezado de la demanda de la referencia también se referenció
que iba dirigida contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura, en ese mismo escrito, el apoderado de la parte
demandante señaló (se transcribe literal, incluso con posibles errores): “(…) renuncio demandar a
(…) a LA NACIÓN, EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICÓ, MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO, CONCEJO DE v SUPERIOR DE LA JUDICATURA (RAMA JUDICIAL)
POR LO QUE SOLO DEMANDO A LA NACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (…)”.
En línea con lo anterior, la demanda solo fue admitida frente a la Fiscalía, determinación frente a la
cual la parte actora no manifestó oposición. Al respecto, ver folio 5 del documento denominado
“065ED_EXPEDIENTE_02Demanda.pdf” del expediente digital, que obra en Samai.
65 “Que se declare que la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, es Administrativa y

Patrimonialmente responsable por las fallas en la Prestación del Servicio de Administración de
Justicia (según los hechos y omisiones), por la OMISIÓN GRAVE Y CULPABLE, por no haber
decretado medidas cautelares para afectar los bienes en poder de la condenada YAHAIRA
GUTIERREZ MONRROY, identificada con cédula de Ciudadanía número 49.716.585, actualmente
propietaria y representante legal de la INMOBILIARIA AL YESKO IMV S.A.S (…); de la misma
manera aparece la existencia de la empresa AL YESKO IMR SAS, identificada con NIT
Nº900659872-1, condenada en esta ciudad de Valledupar por el JUZGADO CUARTO PENAL DEL
CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, según sentencia adiada 19 de septiembre del
2016, bajo Radicado 200001-60500000-2015-00100-00. Condena que incluye a los demandantes
señores: [aquí se consignaron los nombres de los demandantes], como víctimas de los delitos
anunciados en este libelo para garantizar el pago de la inversión y los daños generados a cada uno
de los demandantes”.
66 “SEXTO: A este ente acusador se han aportado suficientes pruebas de inmuebles con sus

respectivas direcciones, para que en consecuencia la FISCALIA 10 SECCIONAL de esta Ciudad,
hubiera decretado medidas cautelares para embargar y garantizar la devolución de los dineros de
las víctimas y perjuicios generados”.
67 De acuerdo con el cual, en ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación debe

solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las
víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los
afectados con el delito.

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la reparación de las víctimas, contaba con la aptitud de solicitar medidas judiciales
sobre los bienes de la imputada en el trámite penal.

51. De otro lado, se observa que, en el escrito inicial, la parte demandante planteó
otros dos cuestionamientos; primero, que la reasignación del asunto penal a la
Fiscalía 10 Seccional de Valledupar se realizó sin la debida diligencia; y segundo,
que dicho despacho omitió imputar a la señora Gutiérrez Monroy los delitos de
lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento público.

52. No le corresponde a esta Sala complementar la sentencia de primera instancia
-artículo 287 del Código General del Proceso- en lo referenciado en el párrafo 51.
Lo anterior porque el Tribunal a quo, cuando fijó el litigio, indicó que éste se centraría
en “determinar si ha[bía] lugar o no a declarar que la Fiscalía General de la Nación,
e[ra] administrativa y patrimonialmente responsable por fallas en la prestación del
servicio de administración de justicia, por la supuesta omisión grave y culpable, por
no haber decretado medidas cautelares para afectar los bienes en poder de la
condenada Yahaira Gutiérrez Monroy”. Cabe destacar que las partes no
manifestaron inconformidad respecto a esta delimitación del problema jurídico.
Asimismo, es menester señalar que el presunto error judicial que aducen los
demandantes no solo no hizo parte de la fijación del litigio, sino que además no se
ubica en el extremo causal que se pide indemnizar, a lo que se agrega que no se
acreditó que frente a la providencia penal se hubiera formulado recurso alguno, lo
cual es uno de los presupuestos del referido título de imputación.

53. Así, existió una oportunidad procesal en la que el juez y las partes, de manera
conjunta y armónica, definieron lo que sería objeto de resolución en esta
controversia. La sentencia de primera instancia fue dictada conforme a dichos
términos, sin que el extremo activo de la litis presentara reparos y objeciones al
respecto en su recurso de apelación.

De la acreditación del daño alegado

54. Con las pruebas relacionadas en el acápite anterior, a juicio de la Sala se
estableció que los aquí demandantes -salvo Claribel Pérez Córdoba68, Esther
Salcedo Peña69 Félix Mauricio Murillo Pacheco70, Janeth Cecilia Villa Castañeda71,

68 De acuerdo con el contrato de separación de inmueble suscrito con Alyesko IMV SAS el 8 de julio

de 2013y el comprobante de ingreso de dinero suscritos por esa sociedad
69 Respecto de esta demandante consta que suscribió contrato de separación de inmueble el 9 de

mayo de 2014 con Alyesko IMV SAS (folios 7 y 8 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai), pero no obra
constancia de consignación alguna.
70 Respecto de este demandante consta que suscribió contrato de separación de inmueble el 27 de

noviembre de 2013 (folios 10 y 11 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai), pero el
documento con el cual se pretendía acreditar la consignación por ella realizada es ilegible. Folio 12
del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra
en Samai.
71 Respecto de esta demandante consta que suscribió contrato de separación de inmueble el 4 de

abril de 2014 con Alyesko IMV SAS (folios 32 y 33 del documento denominado
“089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf” del expediente digital, que obra en Samai), pero no obra
constancia de consignación alguna.

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Katherine Murillo Córdoba72, María Patricia Torres Bayter73 y Wilson Enrique Alfaro
Cuijia74- le entregaron sumas de dinero a Alyesko IMV SAS, con la expectativa de
adquirir inmuebles que “no [les] fueron entregados”, pese a lo cual no les fueron
devueltos los montos aportados75.

55. No obstante lo anterior, en criterio de la Subsección, el Tribunal equiparó el daño
que se reclama al perjuicio, por lo que se destaca la importancia de distinguir
conceptualmente ambas figuras, entendiendo al primero como la lesión del derecho
en sí misma considerada y, al segundo, como las consecuencias que sufrieron los
demandantes en la esfera patrimonial o extrapatrimonial con ocasión de esa
lesión76. No solo el a quo concibió de manera antitécnica el daño -lo confundió con
el perjuicio-, sino que la parte actora replicó esa comprensión en su recurso de
apelación.

56. La Sala no replicará la interpretación expuesta en el párrafo anterior porque la
controversia en sede de segunda instancia recae, precisamente, sobre la
acreditación del primer elemento de responsabilidad. Así, se estima que la lesión
que aquí se alega no estriba en los detrimentos patrimoniales que experimentaron
los aquí demandantes -excepto siete de ellos77- como consecuencia de la estafa de
que fueron objeto, pues es claro que tales menoscabos encuentran su causa única,
exclusiva y directa en las acciones delictivas de Yahaira Gutiérrez Monroy, en virtud
de las cuales fue declarada penalmente responsable (del proceso penal se extrae
que se comprometía a realizar las gestiones y trámites de separación, legalización
y adjudicación de bienes inmuebles que supuestamente eran objeto de remates en
los Juzgados Civiles de Valledupar, pero que realmente no estaban “postulado[s]
(…) para su adquisición” y que eran “inexistentes en su portafolio de servicios”).

72 Respecto de esta demandante consta que suscribió contrato de separación de inmueble el 2 de

febrero de 2013 (folios 58 y 59 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf”
del expediente digital, que obra en Samai), pero no obra constancia de consignación alguna.
73 Respecto de esta demandante consta que suscribió contrato de separación de inmueble el 20 de

febrero de 2015 (folios 74 a 77 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf”
del expediente digital, que obra en Samai), pero no obra constancia de consignación alguna.
74 Respecto de este demandante consta que suscribió contrato de separación de inmueble el 16 de

enero de 2014 (folios 137 y 138 del documento denominado “089ED_EXPEDIENTE_02Anexos.pdf”
del expediente digital, que obra en Samai), pero no obra constancia de consignación alguna.
75 Así lo señaló el Juzgado Cuarto Penal de Circuito, con funciones de conocimiento, de Valledupar

en la sentencia del 18 de septiembre de 2016.
76 Al respecto, se ha considerado:

“Sobre la diferencia entre daño y perjuicio, en un sentido general, JUAN CARLOS HENAO señala:
‘En esencia dos consecuencias (de la diferencia entre daño y perjuicio) merecen entonces ser
tenidas en cuenta desde la perspectiva que aquí interesa. La primera (...) permite concluir que el
patrimonio individual, es el que sufre el perjuicio proveniente del daño. El patrimonio no sufre daño
sino perjuicio causado por aquel. Lo anterior es de utilidad en la medida en que se plantea con
claridad una relación de causalidad entre el daño –como hecho, como atentado material sobre una
cosa, como lesión- y el perjuicio –menoscabo patrimonial que resulta del daño, consecuencia del
daño sobre la víctima-, lo cual permite sentar la siguiente regla: se indemniza solo el perjuicio que
proviene del daño’ (...)”. Texto de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, de 18 de octubre de 2007, exp. 25000-23-27-000-
2001-00029-01(AG), M.P. Dr. Enrique Gil Botero.
77 Como ya se precisó, Claribel Pérez Córdoba, Esther Salcedo Peña, Félix Mauricio Murillo Pacheco,

Janeth Cecilia Villa Castañeda, Katherine Murillo Córdoba, María Patricia Torres Bayter y Wilson
Enrique Alfaro Cuijia.

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57. Se observa que, si bien en el escrito inicial los accionantes alegaron haber sido
víctimas de estafa por parte de Yahaira Gutiérrez Monroy, su demanda contra el
Estado se soporta en que, según aseguraron, experimentaron una “frustr[ación de]
la posibilidad real de reparación” por la inacción de la Fiscalía, entidad que omitió
solicitar el decreto de medidas cautelares sobre los bienes de la procesada en el
curso de la actuación que se adelantó en su contra.

58. Así, es evidente que el daño que se reclama en el sub lite consiste en la pérdida
de la oportunidad que experimentaron los aquí demandantes, esto es, en la
frustración a su expectativa de obtener una reparación efectiva, entendida como el
resarcimiento de las sumas que perdieron por cuenta de las conductas delictivas
por las que fue condenada Gutiérrez Monroy, no constituye un daño distinto al que
se reclamó en la demanda, a pesar de que por lo mencionados hechos se solicitó
el reconocimiento e indemnización de perjuicios morales y materiales en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante, como consecuencia de las sumas
supuestamente entregadas a “Alyesco IMV SAS-”.

59. La jurisprudencia de esta Sección ha definido la pérdida de oportunidad como
un daño autónomo derivado del “cercenamiento de una ocasión aleatoria que tenía
una persona de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo, posibilidad benéfica
que, sin perjuicio de que no es posible avizorar con toda certeza y sin margen de
duda que se hubiese materializado en la situación favorable que se esperaba, no
se puede desconocer que existía y que poseía una probabilidad considerable de
haberse configurado en ésta”78. Como elementos esenciales para su configuración,
la jurisprudencia ha precisado que el funcionario judicial debe verificar: “i) certeza
acerca de la existencia de una oportunidad legítima, que sea seria, verídica, real y
actual; ii) imposibilidad concluyente de obtener el provecho o evitar el detrimento y
iii) que la víctima se encontrara en una situación fáctica y jurídicamente idónea para
obtener el resultado esperado”79.

60. La Sala advierte que la parte actora no acreditó los anteriores supuestos, por
las razones que se explican a continuación.

61. Se precisa, en primer lugar, que a este expediente no se aportó la totalidad de
la actuación penal con radicado 20001-60-00000-2015-00100-00 adelantada contra
Yahaira Gutiérrez Monroy. Únicamente se tiene la copia de la sentencia penal
proferida el 19 de septiembre de 2016 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
Valledupar y de dos memoriales dirigidos a la Fiscalía 10 Seccional de Valledupar
y presentados por un abogado que se identificó como el “poderdante de 55
víctimas”, frente a los cuales, vale la pena aclarar, no figura respuesta alguna por
parte de la demandada.

62. En el escrito inicial se aseguró que los 44 actores tenían la calidad de víctimas
en el proceso penal adelantado contra Gutiérrez Monroy, afirmación que no estaba

78 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 18.593, M.P.

Mauricio Fajardo Gómez.
79 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 18.593, M.P.

Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19.718, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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relevada de acreditación, en tanto que no cualquier persona puede ostentar la
calidad de víctima en el marco de un proceso penal. Esa condición debe ser
reconocida por el juez, previa acreditación de un daño real y concreto80 derivado del
delito investigado -que no necesariamente debe ser de contenido patrimonial-. Así,
solo cuando una persona cuenta con tal condición, puede intervenir en el proceso
penal en busca de verdad, justicia y reparación y cuenta, entre otras prerrogativas,
con la posibilidad de promover incidente de reparación integral.

63. De lo expuesto en el párrafo anterior se deduce que la eventual reparación de
los perjuicios causados por el delito de estafa agravada cometido por Yahaira
Gutiérrez Monroy necesariamente dependía de que los demandantes no solo fueran
reconocidos como víctimas en el proceso 2015-00100-00, sino de que, además,
promovieran el incidente de reparación integral dentro del término legal establecido
por la Ley 906 de 2004, so pena de que operara la caducidad81. Sobre esto último
se tiene evidencia de que en la parte resolutiva de la sentencia penal se le advirtió
a las “víctimas y a sus representantes” que, a partir de la ejecutoria de la decisión
en cita, contaban con 30 días para presentar solicitud de reparación integral, “de
conformidad con lo normado en los artículos 102 y siguientes del C del PP”.

64. No obra en el proceso prueba alguna que permita determinar quiénes adujeron
tener la condición de víctimas al interior del proceso penal referenciado, así como
tampoco si se formuló o no, solicitud de reparación integral orientada a obtener el
pago de los perjuicios ocasionados por la conducta criminal de la señora Gutiérrez
Monroy, la cual, se reitera, debía efectuarse 30 días después del 19 de septiembre
de 2016, fecha en la que cobró ejecutoria la decisión penal. La información que echa
de menos la Subsección era indispensable para determinar si las 44 personas que
figuran como demandantes, uno a uno, se encontraban en una situación jurídica
idónea para obtener el resultado esperado -reconocidas como víctimas que
promovieron oportunamente el incidente en cuestión-, pues solo en ese escenario
contaban con una oportunidad seria, verídica y real de obtener una posible
reparación efectiva en el trámite del proceso penal primigenio.

65. No sobra precisar que la sentencia penal solo hizo referencia, de manera
general, a las “víctimas y a sus representantes” sin hacer ninguna otra precisión y
que, aunque en los memoriales del 12 de mayo de 2017 el señor Carlos Arturo
Torres Gutiérrez82 se identificó como el “poderdante de 55 víctimas”, no consta que
se tratara de los aquí demandantes -porque no se consignó ningún nombre-. Se
agrega que en esos escritos -los del 12 de mayo de 2017- tampoco se hace
referencia al incidente de reparación integral que echa de menos la Sala.

80 De acuerdo con el artículo 132 de la Ley 906 de 2004, víctimas son aquellas “personas naturales

o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño
(directo) como consecuencia del injusto”.
81 Artículo 106 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 89 de la Ley 1395 de 2010. “La

solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (30)
días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio”.
82 Sin desconocer que en la sentencia penal se relacionó este nombre como “representante de

víctimas”, junto con el de otras tres personas.

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Referencia: Reparación directa

66. En línea con el argumento anterior, y dada la orfandad probatoria que resalta la
Subsección de cara a las escasas piezas procesales que fueron aportadas al
plenario del proceso penal 2015-00100-00, tampoco está acreditado que los actores
perdieron de forma total y permanente la oportunidad de obtener el resarcimiento
de las sumas que echan de menos por cuenta de las conductas delictivas de la
condenada Gutiérrez Monroy.

67. Así las cosas, en vista de que se desconoce por completo si el incidente de
reparación integral se instauró, o no, tal circunstancia excluye de plano la posibilidad
de tener conocimiento acerca de las resultas definitivas de dicho procedimiento de
naturaleza civil -en el supuesto de que se hubiese presentado y tramitado- y, por
añadidura, de que se pueda predicar la insuficiencia del patrimonio de la penalmente
condenada -por la ausencia de recursos económicos- y la repercusión de este
hecho en la reparación económica de las víctimas previamente reconocidas en el
trámite penal.

68. Ahora, no sería aceptable considerar que los demandados quedaron relevados
de promover el incidente de reparación integral sobre la base de que el decreto de
medidas cautelares solo procedía en el juicio penal. Esto último porque, en esa
actuación de naturaleza civil, las víctimas también tenían la facultad de solicitar el
embargo y secuestro sobre los bienes de la condenada, así como pedir otras
medidas tales como prohibición de enajenar, la suspensión y cancelación de
registros obtenidos de manera fraudulenta83.

69. La deficiencia probatoria previamente identificada por esta Subsección se
extiende, también, a las supuestas solicitudes reiteradas de medidas cautelares por
parte de los demandantes. Cabe destacar que el único84 escrito en el que se pidió
el embargo y secuestro de bienes solo data del 12 de mayo de 2017,
aproximadamente ocho meses después de ejecutoriada la sentencia penal, y se
refiere a los inmuebles “de propiedad del señor Ildemaro Olivella Romero”, y no de
Yahaira Gutiérrez Monroy.

70. Sobre esto último, la Sala también desconoce si el señor Olivella fue incorporado
a la causa penal tantas veces aludida en calidad de imputado85 por los hechos que
son objeto de estudio en esta controversia, pues lo cierto es que la sentencia penal
del 19 de septiembre de 2016 se concentró en la señora Gutiérrez Monroy86.

83 De acuerdo con la aplicación analógica de lo previsto en el artículo 590 del Código General del

Proceso. No sobra precisar que según el 25 del Código de Procedimiento Penal, referente a la
integración normativa, el incidente de reparación integral se rige por las disposiciones del Código
General del Proceso en aquellos ámbitos en los que la Ley 906 de 2004 no regula.
84 Se aclara que en el otro memorial aportado con la demanda solo se le solicitó información a la

Fiscalía 10 Seccional de Valledupar acerca de los bienes que habían sido “incautado[s] por el aparato
acusador del Estado”.
85 De la decisión solo se extrae que, en un acápite, menciona que la señora Gutiérrez “se asoció con

otras personas”; siendo una de ellas identificada como “Jhoni Olivella Romero”, cuyo primer nombre
no corresponde con la persona a la que se hace alusión.
86 Determinación de la cual solo se puede extraer lo siguiente: 1) que, el 8 de julio de 2015, la señora

Gutiérrez Monroy fue capturada previa orden judicial; 2) que, el 30 de septiembre de 2015, la Fiscalía
16 Local EDA de Valledupar realizó las audiencias concentradas de legalización de captura,
audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado
Setenta y Siete Penal Municipal con funciones de Garantías de Bogotá, diligencias en las que imputó

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

71. Para terminar, es importante señalar que uno de los argumentos de apelación
parte de una premisa incorrecta. El extremo activo de la litis sostuvo que la sentencia
del Tribunal, al desestimar las pretensiones, se apoyó en una afirmación realizada
por la Fiscalía durante su alegato de conclusión, según la cual la Policía Judicial y
la DIAN no identificaron bienes pertenecientes a Yahaira Gutiérrez Monroy, lo cual,
en criterio del recurrente, generó un desequilibrio probatorio y le otorgó a la Fiscalía
una “ventaja indebida” que era “inadmisible”; sin embargo, ello no es cierto. La
negativa de las pretensiones en primera instancia respondió a la consideración de
que la parte actora no acreditó el perjuicio alegado -bajo la premisa errada de que
éste era el “daño individual de cada demandante”-, a lo que se agregó que sobre la
Fiscalía no radicaba la obligación categórica de solicitar medidas cautelares;
incluso, en uno de los apartes de dicha providencia se consignó que lo dicho por la
demandada en sus alegatos finales “no pasa[ba] de ser meros dichos (…) toda vez
que el informe sobre el cual sustenta sus aseveraciones no se encuentra
incorporado dentro del acervo probatorio, en tanto fue aportado con la contestación
de la demanda, pero de manera extemporánea, esto es, no puede ser tenido como
prueba”.

72. Bajo este contexto, la Sala concluye que los medios de convicción que obran en
el plenario no acreditan la existencia del daño alegado, pese a que era una carga
procesal en cabeza de la parte actora en los términos del inciso primero del artículo
167 del CGP87. Conviene mencionar que el eventual ejercicio de la facultad oficiosa
que tiene el juez decretar88 aquellas pruebas que estime necesarias para dirimir un
conflicto puesto a su consideración no sustituye a las partes en el deber de aportar
las pruebas para sacar avante sus pretensiones y evitar una decisión desfavorable,
o procurar su práctica; pues es “evidente que nadie mejor que el interesado para
conocer los medios de prueba que deben emplear, con el fin de demostrar los
hechos en que están fundamentando sus pretensiones”89; esto, aunado al hecho de
que al juez natural de la causa no puede exigírsele que supla la carga probatoria de
los interesados en el litigio, porque, en ese supuesto, estaría asumiendo el rol de
parte y desconocería la garantía de imparcialidad.

73. Lo expuesto impone confirmar la sentencia de primera instancia, que denegó
las pretensiones de la demanda, lo cual releva a la Subsección de la tarea de
verificar si está demostrada la imputación a título de defectuoso funcionamiento de
la Administración de Justicia de la entidad demandada, ya que la falta de prueba del
daño conlleva, inexorablemente a que no se analicen los demás elementos de la

los delitos de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y
constreñimiento ilegal y 3) que en la audiencia de formulación de acusación que se celebró el 25 de
julio de 2016, la señora Gutiérrez Monroy se allanó a los cargos y que el juez de la causa determinó
que dicho proceder había sido libre, consiente y voluntario.
87 Disposición normativa que establece que para demostrar el supuesto daño que le habría causado

la accionada a la demandante no basta con la simple afirmación en el escrito de demanda, sino que
“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”.
88 Facultad conferida en el artículo 169 del Código General del Proceso.
89 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 24 de

marzo de 2004, radicación número: 44001-23-31-000-2003-0166-01 (AP), C.P. Ramiro Saavedra
Becerra.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

responsabilidad patrimonial y, por ende, al fracaso de las pretensiones
indemnizatorias90.

Procedencia de condena en costas

74. En el presente caso, se condenará en costas91 a la parte demandante, debido a
que se le resolvió en forma desfavorable el recurso de apelación que interpuso -
numeral 1 del artículo 365 del Código General del Proceso-, incluso pese a que la
Fiscalía no alegó de conclusión en sede de segunda instancia, pues tal hecho no
desvirtúa que, en todo caso, debió ejercer una labor de vigilancia del proceso, dado
que contaba con un apoderado que asumió su representación judicial; así lo ha
considerado esta Subsección en varias oportunidades92. Entonces, la Sala fijará las
agencias en derecho en segunda instancia, en aplicación del artículo 5 del Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016, en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
la ejecutoria de la presente sentencia en favor de la demandada.

75. Se aclara, para finalizar, que la parte actora se encuentra integrada en forma
plural, por lo que la condena en costas será pagada por cada uno de los
demandantes en función de su particular interés en las resultas del proceso, según
dispone el numeral 6 del artículo 365 del CGP93, de la siguiente manera:

Demandante Porcentaje
Alexis Quintero López 2.8420%94
Andre Yuliana Mora Lobo 3.3309%95
Arelis María Redondo Victoria 2.7457%96
Carmen Beatriz Arce Camacho 2.8699%97
Carmen Eida Paba Navarro 2.1708%98
Ciro Angarita Angarita 2.0260%99
Claribel Pérez Córdoba 2.1132%100

90 En ese sentido, esta Subsección ha adoptado la siguiente regla de decisión: “aunque la apelación

tenga como propósito que se verifiquen otros elementos de la responsabilidad, su análisis no procede
cuando se advierte la carencia de daño, pues dicha falencia conlleva a que se niegue lo pedido”:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 7 de febrero de 2025. Rad. 41001-23-33-000-2016-00190-01 (69364). C.P. Fernando
Alexei Pardo Flórez.
91 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la

demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
92 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias de esta Subsección: sentencia del 19

de febrero de 2021, exp. 64401 y sentencia del 19 de marzo de 2021, exp. 63836.
93 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez

los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”.
94 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $622’215.632.
95 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $729’111.969.
96 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $601’070.794.
97 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $628’210.325.
98 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $475’147.241.
99 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $443’414.189.
100 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $462’581.069.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Daris Castillejo Guerra 2.0202%101
Debbie Rocío Trujillo Boom 3.5867%102
Deniris Díaz González 1.5169%103
Diana Luz Mindiola Fragozo 2.3387%104
Diana Miladis Torres Laguna 1.5446%105
Dignora Rodríguez Suárez 1.9289%106
Domy Acuña Jiménez 2.1688%107
Doris Isabel Suárez Martínez 2.0269%108
Edilma Piedad Salas Negrete 1.9390%109
Erika Romero Quiroz 1.9066%110
Esther Salcedo Peña 1.9590%111
Félix Mauricio Murillo Pacheco 2.3049%112
Hermelinda María Morales 2.0630%113
Hilda Obredor García 2.0479%114
Isabel María Arrieta Fontalvo 1.9062%115
Isidro Antonio Escobar Agosta 1.9266%116
Janeth Cecilia Villa Castañeda 1.9940%117
Jeferson Coral Arregoces 1.9366%118
Jelmon Maestre Guzmán 2.0480%119
Juan Carlos Moyano González 1.9017%120
Karen Johanna Pérez Moreno 2.1368%121
Katerine Murillo Córdoba 2.4268%122
Lina Ruby Guerra Ávila 2.7786%123
Manuel Antonio Miranda Mejía 1.9430%124
María Patricia Torres Bayter 1.7606%125
Maryluz Correa Toloza 2.9658%126
Martha Cecilia Quezada Méndez 1.8647%127
Maurer Rodríguez Quintero 1.9864%128
Miguel Antonio Bernal Londoño 1.9486%129
Narcisa Esther Díaz Marzal 3.6776%130

101 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $442’204.342.
102 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $785’377.789.
103 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $332’016.057.
104 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $512’108.681.
105 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $338’062.823.
106 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $422’274.427.
107 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $474’950.679.
108 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $443’898.526.
109 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $424’404.056.
110 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $417’540.808.
111 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $428’986.491.
112 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $504’556.332.
113 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $451’520.310.
114 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $448’413.458.
115 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $417’475.556.
116 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $421’585.000.
117 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $436’557.493.
118 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $424’108.090.
119 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $448’063.515.
120 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $416’358.713.
121 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $467’874.705.
122 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 531’212.875.
123 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 608’436.167.
124 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $425’318.315.
125 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 385’499.318.
126 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 649’429.996.
127 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 408’235.289.
128 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 434’704.515.
129 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 426’658.917.
130 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 805’280.374.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Nelly Rangel Zambrano 2.0067%131
Orlando Luis Mendoza Fonseca 3.6195%132
Pablo Isaac Romero Cabeza 2.1950%133
Rafael Antonio Solano Piña 2.0542%134
Stefany Sofía Sotillo Barrio 3.1786%135
Wedad Josefa Hinojosa Maestre 2.0076%136
Wilson Enrique Alfaro Cujia 2.2884%137

76. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el Tribunal a quo,
en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso138.

77. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de agosto de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS, por la segunda instancia, a la parte actora,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 366 del Código General del
Proceso, teniendo en cuenta los porcentajes, reseñados en las consideraciones, a
cargo de cada uno de los demandantes. Para el efecto, las agencias en derecho se
fijan en tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la Fiscalía
General de la Nación. El salario mínimo legal mensual será el que se encuentre
vigente a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente de este proceso al Tribunal
de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

131 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 439’594.848.
132 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 792’650.263.
133 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 480’634.723.
134 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 449’689.766.
135 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 695’694.492.
136 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 439’714.329.
137 Su pretensión en el proceso de reparación directa fue $ 501’254.332.
138 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el

juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00168-01 (73.630)
Demandante: Alexis Quintero López y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Referencia: Reparación directa

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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