Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00190-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2016-00190-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-33-000-2016-00190-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
7 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: JAIME TOLEDO CUÉLLAR
Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Temas: REPARACIÓN DIRECTA / Ausencia de daño – Falencia que resulta suficiente para
negar las pretensiones / OMISIÓN EN EL PAGO DE HONORARIOS DE APODERADO –
no es imputable a acción u omisión alguna del demandado sino de los poderdantes.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 13 de septiembre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Huila negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
2. El demandante considera que la entidad accionada incurrió en una falla en el
servicio, porque no ordenó el pago de una condena judicial a su nombre, en su
calidad de apoderado judicial de los demandantes, sino que lo hizo directamente a
los beneficiarios, quienes, una vez recibieron el dinero, no le pagaron sus
honorarios.
II. ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 12 de abril de 20161, el señor Jaime Toledo Cuéllar, actuando en nombre
propio2, presentó demanda de reparación directa en contra del departamento del
Huila, con el fin de que se le indemnicen los supuestos perjuicios a él irrogados,
como consecuencia del pago de una condena judicial que el demandado hizo a sus
beneficiarios, sin considerar su calidad de apoderado, omisión con la cual, a su
juicio, se desconoció su derecho a percibir los honorarios profesionales pertinentes.
Al respecto, la parte actora solicitó (se transcribe literal, incluso con posibles
errores):
“De los hechos y omisiones expuestos y la prueba sobre los mismos,
respetuosamente solicito, como pretensiones las siguientes:
1
Folio 191 del cuaderno 1 del expediente físico.
2
El demandante tiene la calidad de abogado.
1
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
1. El Departamento del Huila, es patrimonial y civilmente responsable de
los perjuicios materiales y morales causados, al abogado JAIME TOLEDO
CUELLAR, por el defectuoso funcionamiento de la administración pública
departamental, mediante la operación administrativa que culminó con la
expedición de las resoluciones 408, 409 y 410 de 23 de diciembre de 2013,
comunicadas mediante oficio SH-0130 de 18 de febrero de 2014, mediante
las cuales se reconocieron intereses moratorios a algunos de los beneficiarios
de la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado fechada el 12 de
agosto de 2011, cuya ejecutoria se cumplió el 12 de abril de 2012.
2. Consecuencialmente el Departamento del Huila, debe pagar, los
siguientes valores como indemnización de los perjuicios causados, así:
a. PERJUICIOS MORALES: se cancelará a favor de la parte actora, la
suma equivalente a 200 salarios M.L.M.V del año 2013, la suma de $
117.900.000, la cual resulta de multiplicar el S.M.L.M.V de 2013, que era de
$589.500 por el factor multiplicador 200.
b. PERJUICIOS MATERIALES: En la modalidad de lucro cesante, se
ordenará pagar a favor de la parte actora, la suma de $1.528.757.004.75, valor
correspondiente al monto de mis honorarios profesionales, según la pericia
técnica (…)”3.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:
5. El 12 de agosto de 2011, el Consejo de Estado profirió condena patrimonial en
contra de la Beneficencia del Huila, por la muerte de dos personas en un accidente
de tránsito, ocurrido el 28 de noviembre de 1992, en instantes en que las víctimas
se movilizaban en un vehículo de la referida entidad.
6. Mediante escritos de 18 de mayo, 11 de julio y 20 de diciembre de 2012, el
demandante Jaime Toledo Cuéllar, en su condición de apoderado de los
beneficiarios de la condena en el proceso de reparación directa, le solicitó al
departamento del Huila el pago de la respectiva condena.
7. Según la demanda, en enero de 2013, a través de la oficina jurídica, el
mencionado departamento le informó al señor Toledo Cuéllar que el pago lo haría
en el plazo establecido en el artículo 177 del CCA y, en todo caso, previo
mandamiento ejecutivo, pues la entidad obligada era la Beneficencia del Huila y no
el Departamento. Esta información, en los mismos términos, le fue suministrada a
la señora Francy Ofir Barbosa de Trujillo, una de las beneficiarias de la condena, en
julio de 2012.
8. Según el demandante, la respuesta dada le generó la “confianza legítima” de que
el pago se haría cuando vencieran los 18 meses respectivos -18 de noviembre de
2014- y solo en el marco de un proceso ejecutivo, en el cual, además, obtendría la
regulación y pago de sus respectivos honorarios profesionales.
9. Pese a lo anterior, en el 2013 el departamento accionado profirió distintas
resoluciones por medio de las cuales ordenó el pago directo a los entonces
demandantes del proceso de reparación directa, lo cual, a juicio del actor, “facilitó”
que los beneficiarios de la sentencia “se apropiaran ilícitamente de [los] honorarios
profesionales, en cuantía de mil quinientos veintiocho millones setecientos
3
Folio 8 del cuaderno 1 del expediente físico.
2
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
cincuenta y siete mil cuatro pesos con sesenta y cinco centavos
($1.528.757.004.75)”, suma que consideró de imposible recaudo, dada la renuencia
de los deudores y la carencia de recursos para tal fin.
Contestación de la demanda
10. El departamento del Huila4 se opuso a las pretensiones. Al respecto, sostuvo
que las resoluciones de pago se profirieron en favor de los beneficiarios directos y
no del señor Jaime Toledo Cuéllar, toda vez que fueron allegadas las providencias
que daban cuenta de la revocatoria de la facultad de recibir.
11. En todo caso, lo relativo a los honorarios del entonces apoderado debió
debatirse a través del incidente de regulación previsto para tal fin y no de la
pretensión de reparación directa, que fue extemporánea, pues la demanda no se
presentó dentro de los dos años siguientes a la expedición de las resoluciones
citadas.
Sentencia de primera instancia
12. A través de sentencia del 13 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo
del Huila negó las pretensiones de la demanda.
13. A juicio del a quo, la falta de pago de los honorarios del demandante no era
imputable al demandado, sino a los entonces poderdantes del actor, quienes, en
todo caso, fueron demandados ante la jurisdicción laboral, con el fin de que se
determinara el monto que debían sufragar por dicho concepto.
14. Indicó que el demandado, al ordenar el pago de la condena a los mandantes del
accionante, obró en los términos de ley, para lo cual resultó determinante que él no
fuera el titular de las respectivas sumas, sino el apoderado de los beneficiarios,
quienes, previamente, en sede judicial, le revocaron la facultad de recibir.
15. A juicio del a quo, ante la evidencia de que no estaban dados los supuestos para
que el pago se hiciera directamente al señor Toledo Cuéllar, resultaba claro que el
departamento del Huila no incurrió en irregularidad alguna.
16. En cuanto a las costas de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Huila
concluyó que, según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no había lugar a emitir condena, por cuanto el
actor ejerció su derecho de acción bajo una interpretación normativa razonable.
Recurso de apelación
17. El señor Toledo Cuéllar en su escrito de apelación manifestó que el demandado
sí incurrió en una falla en el servicio, pues no contestó en tiempo las solicitudes de
pagó que radicó y cuando se pronunció lo hizo de manera irregular, pues
desconoció que él estaba facultado para recibir, dado que la revocatoria de sus
mandantes no había surtido efecto, por manera que no estaban dados los supuestos
4
Folios 223 a 236 del cuaderno 2.
3
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
para ordenar el pago directo a los beneficiarios, máxime cuando para tal fin el
departamento del Huila debía esperar a que se tramitara un proceso ejecutivo.
Trámite relevante de segunda instancia
18. El recurso fue admitido el 3 de febrero de 2023 por esta Corporación 5, M.P.
Nicolás Yepes Corrales, quien, luego del ingreso del asunto para fallo 6, y mediante
providencia del 6 de diciembre de 20247, remitió el proceso a este despacho por
compensación8.
19. En el término de traslado para alegar de conclusión las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
20. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide
lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales de
jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y por pasiva, el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial,
procede la Subsección a decidir la segunda instancia de la presente litis.
El objeto del recurso de apelación interpuesto y los problemas jurídicos para
resolver la controversia
21. A efectos de resolver el recurso de apelación formulado por el recurrente, en
esta instancia le corresponde a la Sala pronunciarse sobre los motivos de
inconformidad formulados en contra de la sentencia de primer grado, los cuales, por
regla general, establecen la competencia del ad quem para resolver la controversia,
salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa en virtud de
lo establecido en el artículo 328 del CGP.
22. Así las cosas, el debate central del recurso de apelación se ubica en que la
sentencia denegatoria de primera instancia no tuvo en cuenta que el demandado
actuó de manera irregular, porque: i) desconoció que el demandante estaba
habilitado para recibir el monto de la condena; ii) su petición de pago no fue atendida
oportunamente y iii) el pago de la condena debía hacerse en el marco de un proceso
ejecutivo.
23. Así, con base en el escrito de impugnación, los problemas jurídicos que se
deben resolver en esta instancia son: i) ¿la entidad debía pagar la condena objeto
de la litis por intermedio del abogado Jaime Toledo Cuéllar?; ii) ¿la solicitud de pago
del ahora demandante fue atendida oportunamente?; y iii) ¿la entidad solo debía
pagar la condena en el marco de un proceso ejecutivo?
5
Folios 704 y 705 del cuaderno 4 del expediente físico.
6
El proceso pasó al despacho para fallo el 8 de marzo de 2023. Índice 10 de Samai.
7
Folio 706 del cuaderno 4 del expediente físico.
8
Como fundamento de la decisión, el magistrado Yepes Corrales argumentó que la compensación
resultaba procedente, dado que, mediante auto del 3 de mayo de 2018, por acumulación, asumió el
conocimiento del proceso con número interno 44.315, el cual se tramitaba ante el despacho que en
la actualidad se encuentra a cargo del ponente de esta decisión.
4
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
Caso concreto
24. Aunque la sentencia del a quo se sustentó en la ausencia de falla en el servicio
y del nexo de causalidad, lo cierto es que en el sub lite se advierte que no se
configuró el daño, lo cual resulta suficiente para que la Subsección confirme la
denegatoria de las pretensiones.
25. En un asunto decidido en segunda instancia el 25 de octubre de 2024 9, la Sala
precisó que, si bien el recurso de apelación que la parte actora presentó en ese
proceso versaba sobre la acreditación de la falla en el servicio de la entidad
demandada, lo cierto era que la ausencia de daño implicaba el fracaso del petitum
y, por ende, tornaba en innecesario el estudio de los demás elementos de la
responsabilidad.
26. El anterior criterio fue reiterado por la Subsección en providencia del 6 de
diciembre de 202410, para lo cual se insistió que, aunque la apelación tenga como
propósito que se verifiquen otros elementos de la responsabilidad, su análisis no
procede cuando se advierte la carencia de daño, pues dicha falencia conlleva a que
se niegue lo pedido. Así lo sostuvo:
“[C]orrespondería determinar si existieron irregularidades de la
Superintendencia Nacional de Salud y del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla frente a los hechos objeto de debate y si tal situación
fue la causa del daño invocado; pero no puede proceder de conformidad, dada
la configuración de una excepción de mérito -la ausencia de daño-, que impide
estudiar la falla en el servicio (…).
(…).
Al margen de que [en la primera instancia] no se hubiera examinado el primer
elemento de la responsabilidad del Estado, la Sala advierte que los elementos
de juicio aportados no dan cuenta de su existencia, falencia que torna inane
el estudio de las irregularidades imputadas a las accionadas.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 25 de octubre de 2024, expediente 62.835, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. En tal
providencia se indicó:
“La parte demandante apeló la decisión a partir de los siguientes cargos:
(i) Valoración probatoria deficiente (…). Indicó que las pruebas trasladadas del proceso
disciplinario acreditaban [que] no se actuó de forma pertinente para evitar los daños finalmente
causados a los demandantes (…).
(ii) Incongruencia de la sentencia. Dijo que la decisión de instancia no fue clara en su parte motiva,
ya que pese a considerar acreditado el daño consistente en la afectación patrimonial de los
demandantes, desconoció que la prueba era indicativa de las protuberantes omisiones de la
demandada (…).
(…). Además de que se trata del primer elemento que debe analizarse para establecer la
responsabilidad patrimonial de Estado, el marco del recurso interpuesto impone determinar la
existencia del daño alegado y en el evento en que se pruebe su configuración, se estudiará su
antijuridicidad y posibilidad de imputarlo al demandado.
(…) No resulta cierto el daño derivado del alegado detrimento con causa en los dineros invertidos en
la comisionista de bolsa de Interbolsa S.A. con los cuales se amortiguaron operaciones de reporto,
pues se desconoce el resultado final del ejercicio liquidatorio de esa sociedad en clave de establecer
si se pagó la totalidad o parte de las acreencias reconocidas y con ello identificar si en realidad se
presentó la pérdida económica que se pide indemnizar en sede de la presente acción.
Las razones expuestas llevan a concluir la falta de certeza del daño reclamado, por lo que el recurso
de apelación no tiene vocación de prosperidad y se impone confirmar el fallo apelado que negó las
pretensiones de la demanda” (negrillas dentro del texto).
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de diciembre de 2024, expediente 69.776, M.P. María Adriana Marín.
5
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
(…) [No] se advierte un daño derivado del hecho de que la actora hubiera
adquirido la calidad de accionista de Probienestar S.A.S., bajo el entendido de
que se trata de una sociedad económicamente activa y, en caso de que ello
deje de ser así, solo hasta que se agote el proceso respectivo de
liquidación y de adjudicación de sus activos, es posible determinar si los
accionistas obtuvieron o no algún recurso por su inversión y si sufrieron
algún tipo de pérdida, sin que ello implique sostener que los eventuales daños
son imputables al Estado, ya que tal situación dependerá de las particularidades
del caso, dado que, en principio, los riesgos de las actividades económicas
radican en quien decide hacer parte de ellas” (se destaca).
27. En este caso, la parte actora alegó como detrimento la pérdida de los honorarios
derivados de la gestión que adelantó en nombre de las personas que promovieron
el proceso de reparación directa fallado en segunda instancia el 12 de agosto de
2011, por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, bajo el
radicado 20.843, y cuyas pretensiones estaban orientadas a obtener la
indemnización de los perjuicios causados como consecuencia de la muerte de los
señores Eduardo Trujillo Falla y Anabel Zúñiga, en un accidente de tránsito ocurrido
el 28 de noviembre de 1992, cuando se movilizaban en un vehículo de la
Beneficencia del Huila.
28. El actor argumentó que el pago de la condena se efectuó directamente a sus
beneficiarios y esa situación le impidió descontar sus honorarios de los recursos
desembolsados por la entidad, sin que, posteriormente, sus entonces poderdantes
le hubiesen entregado suma alguna.
29. La Sala advierte que el daño alegado es incierto, por no estar acreditada la
pérdida efectiva y definitiva de los citados honorarios, pues no está probado que el
actor hubiese agotado las acciones judiciales previstas para el cobro de las
obligaciones que considera incumplidas y que, surtido el trámite pertinente, la deuda
hubiese quedado insoluta11.
30. Sin perjuicio de lo anterior, la acreditación de la situación alegada no daría lugar
a la declaratoria de responsabilidad del demandado, dado que, como lo consideró
el a quo, el no pago de los honorarios del actor es imputable únicamente a su
deudor, que no es el departamento del Huila, sino el grupo demandante que
representó en el proceso de reparación directa que culminó con sentencia
condenatoria, como se determinará al resolver los cuestionamientos planteados en
sede de apelación.
31. No obstante; con el fin de dar respuesta a los cuestionamientos planteados en
el recurso de apelación, la Subsección se referirá a lo siguiente:
¿La entidad debía pagar la condena objeto de la litis por intermedio del
abogado Jaime Toledo Cuéllar?
32. Con las pruebas aportadas se demostró la imposibilidad que tenía el señor
Jaime Toledo Cuéllar de recibir el pago de la condena ordenada por la Subsección
11
Cuyo monto fue fijado por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, en proceso que se
tramitó de manera simultánea al de la referencia. Sin que en el proceso obre prueba del agotamiento
de todos los mecanismos legales dispuestos para hacer efectiva la respectiva obligación y que ellos
no hubiesen sido suficientes para obtener el pago.
6
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 12 de agosto
de 2011-dictada en el proceso de reparación directa bajo el radicado 20.843-, dado
que no era su titular y tampoco estaba habilitado para actuar en nombre de quienes
ostentaban esa calidad, puesto que para mayo de 201312 (fecha a partir de la cual
se expidieron las resoluciones de pago en favor de los distintos beneficiarios) ya no
contaba con la facultad de recibir.
33. En efecto, se observa que, a través de providencia del 17 de mayo de 2012, la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dejó constancia de la
revocatoria de la facultad de recibir por parte de algunos de los demandantes13
frente al abogado Jaime Toledo Cuéllar, decisión que fue debidamente comunicada
a la parte demandada al día siguiente14.
34. Luego, una vez el expediente fue recibido en la primera instancia, por auto del
9 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo del Huila aceptó la revocatoria de la
facultad de recibir en relación con los demás accionantes15, decisión que fue
notificada por estado el 15 de agosto siguiente16.
35. Bajo este contexto, si en criterio del señor Toledo Cuéllar, el Consejo de Estado
y el Tribunal Administrativo del Huila no estaban habilitados para tramitar dichas
solicitudes de revocatoria de la facultad de recibir, porque, a su juicio, “el proceso
ya había terminado”17, debió ejercer los mecanismos instituidos para cuestionar este
tipo de situaciones, según lo dispuesto en el artículo 142 del CPC18, en
concordancia con el numeral 3 del artículo 140 ejusdem19. Sin embargo, no procedió
de conformidad.
36. Al margen de los efectos de la revocatoria de la facultad de recibir, el
departamento del Huila efectuó el pago debidamente, pues el artículo 1634 del
Código Civil establece que el pago es válido cuando se hace directamente al
acreedor, incluso si este había diputado a un tercero para el cobro.
37. El departamento accionado no tenía una obligación dineraria con el abogado
demandante, ya que este no era cesionario del crédito judicialmente reconocido a
12
Fecha a partir de la cual se expidieron las resoluciones de pago en favor de los distintos
beneficiarios (folio 26 del cuaderno 1 del expediente físico).
13
Al respecto, en la citada providencia se relacionó a los entonces demandantes Franci Ofir Barbosa
de Trujillo, Luis Eduardo Trujillo Barbosa, Jair Alfredo Trujillo Barbosa, Luis Carlos Trujillo Barbosa,
Martha Lucía Trujillo Barbosa, Edward Felpe Trujillo Barbosa y Helen Alejandra Trujillo Barbosa.
14
Folios 580 y 581 del cuaderno 3 del expediente físico.
15
Folio 623 del cuaderno 3 del expediente físico. Al respecto, en la citada providencia se señaló que
los poderdantes que en esa oportunidad revocaron la facultad de recibir fueron los señores Gustavo
Adolfo Trujillo Barbosa, Carmenza Trujillo, Luis Ernesto Trujillo Falla, María Patricia Montoya Trujillo
y Fabio Ari Montoya Trujillo, quienes actuaban como herederos de Luz Miryam Trujillo Montoya;
María Maritza Trujillo Falla, Isabelita Trujillo Falla, Enrique Trujillo Falla e Ignacio Trujillo Falla.
16
Folio 624 del cuaderno 3 del expediente físico.
17
Folio 4 del cuaderno 1 del expediente físico.
18
El artículo 142 del CPC señala “[l]as nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias,
antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior a ésta si ocurrieron en ella”
(se destaca).
19
En concordancia, el artículo 140, numeral 3, ejusdem prevé “[e]l proceso es nulo en todo o en
parte, solamente en los siguientes casos: 3. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada
del superior, revive un proceso legalmente concluido o predetermine íntegramente la respectiva
instancia” (se destaca).
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Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
sus clientes y la facultad para recibir pagos en nombre del poderdante no tiene ese
alcance.
38. En suma, el departamento, por no ser deudor del abogado accionante, no
incurrió en una violación de deberes jurídicos en su favor, de ahí que se carezca de
fundamento para atribuir responsabilidad al ente territorial.
¿La solicitud de pago del ahora demandante fue atendida oportunamente?
39. A juicio del actor, la entidad también incurrió en una actuación irregular, por no
haber efectuado el pago de la condena dentro de los 15 días posteriores al 18 de
mayo de 2012, fecha de radicación de la solicitud del caso y para la cual sus
poderdantes no le habían revocado las facultades respectivas. Argumento que
carece de vocación de prosperidad, pues el departamento del Huila procedió de
conformidad en los términos de ley, según lo previsto en el artículo 177 del CCA, en
cuanto entre mayo y diciembre de 2013 profirió las resoluciones de liquidación de
los distintos beneficiarios20.
40. Además, el pago en la forma señalada no constituía un mecanismo para resolver
lo atinente a la cancelación de los honorarios profesionales del accionante, pues no
se probó que con sus mandantes hubiese pactado la posibilidad de descuento
directo, a tal punto que para esa época ni siquiera se había determinado el monto
que se debía sufragar por su gestión en la reparación directa objeto de discusión, y
por lo tanto dicha suma tuvo que determinarse en el proceso que tramitó ante la
jurisdicción laboral21.
41. Así las cosas, es claro que las condiciones de tiempo en las que el departamento
del Huila pagó la condena no tienen incidencia alguna en el supuesto daño alegado
por el demandante, dado que dicho pago se hizo dentro del término legal
establecido para el efecto y de ninguna manera constituía un mecanismo para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de mandato
del que el señor Toledo Cuéllar fue parte, de ahí que en este punto deba
despacharse de manera desfavorable el recurso de apelación.
La entidad solo debía pagar la condena en el marco de un proceso ejecutivo
42. Tampoco prospera el cargo referente a la supuesta convicción de que la entidad
le habría generado una confianza legítima al accionante al manifestarle que el pago
lo haría solo en el marco de un proceso ejecutivo, pues, analizado el material
probatorio que obra en el proceso, no obra prueba de afirmación alguna en ese
sentido.
43. El demandante sostuvo que la entidad, mediante oficio del 4 de julio de 2012
dirigido a una de las beneficiarias de la sentencia objeto de discusión22, informó que
el pago de la condena solo lo haría en el marco de un proceso ejecutivo.
Manifestación que, según la demanda, también fue hecha al demandante de
20
Folios 35 a 126 del cuaderno 1 del expediente físico.
21
Índice 75 Samai del Tribunal a quo.
22
En concreto, la señora Franci Ofir Barbosa de Trujillo.
8
Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
manera verbal a principios de enero de 2013, por parte de la jefe de la Oficina
Jurídica del departamento del Huila.
44. Si bien en la contestación de la demanda la entidad indicó como verdadera tal
supuesto, lo cierto es que las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta de una
situación distinta. En efecto, a este asunto fue aportado el citado oficio23, sin que en
alguno de sus apartes o consideraciones se hubiese hecho alusión a la necesidad
de un proceso ejecutivo para obtener el pago de la condena.
45. Frente a los hechos objeto de debate, dos de los titulares de la respectiva
indemnización promovieron un proceso de tutela para lograr su efectividad, frente a
lo cual, en sentencia del 12 de abril de 201324, el Tribunal Superior de Neiva
concluyó que no procedía el amparo, porque los interesados no se habían dirigido
directamente a la Secretaría de Hacienda del departamento del Huila, ni habían
agotado las acciones judiciales previstas para el efecto (proceso ejecutivo), sin que
se hubiese indicado que el único mecanismo válido era el último de los enunciados.
46. En todo caso, la supuesta decisión de la entidad de no esperar el trámite de una
actuación judicial adicional para sufragar la condena y optar por pagarla
directamente a sus destinatarios, de ninguna manera afectaba al actor, pues, al
margen de la forma en que se hiciera efectivo el desembolso de la indemnización,
lo cierto es que éste no estaba autorizado para recibir suma alguna, ni mucho menos
estaba habilitado para obtener sus honorarios del dinero que transfiriera para tal fin
el departamento del Huila, pues los únicos facultados para lo pertinente eran sus
poderdantes, quienes al obtener el dinero tenían la potestad de pagarle sus
honorarios.
47. En suma, los medios de prueba que obran en el proceso evidencian que el
departamento del Huila no incurrió en irregularidad alguna, ni causó un daño al
actor, toda vez que, se itera, su actuación consistió en pagar una condena impuesta
en un proceso de reparación directa, en concordancia con las decisiones
posteriores25 que impedían efectuar el pago por intermedio del acá demandante,
dado que para el momento en que ello ocurrió ya tenía revocada la facultad de
recibir.
48. Por las razones expuestas, la Subsección confirmará la sentencia denegatoria
de primera instancia.
Costas
49. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con artículo 365 del CGP26, la Sala condenará en costas27 por la segunda instancia
23
Folio 56 del cuaderno 1 del expediente digital.
24
Folios 2 a 6 del cuaderno 3 del expediente digital.
25
Providencias de 17 de mayo y 9 de agosto de 2012, proferidas por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Huila, mediante las cuales se aceptó
la revocatoria de poder al acá demandante.
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“Artículo 365. Condena en costas. (…) 1. Se condenará en costas (…) a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…). 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.
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En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
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Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
a la parte actora, dado que su recurso no prosperó.
50. Como consecuencia, la Subsección, teniendo en cuenta la duración del proceso
en segunda instancia y los deberes de vigilancia que ello implicó28, por concepto de
agencias en derecho, fija el 1% de las pretensiones negadas29, lo que equivale a
$16’466.570, toda vez que lo pedido ascendió a $1.646’657.00430. La suma fijada
estará a cargo de la parte accionante y a favor de la entidad demandada31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia denegatoria del 13 de septiembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por la segunda instancia a la parte
demandante, las cuales serán liquidadas por el Tribunal a quo, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso. Como agencias en
derecho se fija el 1% de las pretensiones negadas.
TERCERO: Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta
Corporación, ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de
este proceso al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual posición
mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
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El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
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En atención a lo previsto en el Acuerdo 1887 de 2003, que, en su numeral 3.1.3., establece como
tarifa para la segunda instancia de los procesos contencioso administrativos hasta el 5% de las
pretensiones reconocidas o negadas.
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Según lo pedido por concepto de perjuicios morales y daño emergente.
31
La entidad accionada no intervino en la segunda instancia; sin embargo, sí estuvo representada
por apoderado, lo que basta para fijar agencias a su favor. La Sala ha considerado como suficiente
para conceder las agencias en derecho, lo referente a las labores de vigilancia del proceso
inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21 de noviembre de
2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
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Radicación: 41001 23 33 000 2016 00190 01 (69.364)
Demandante: Jaime Toledo Cuéllar
Demandada: Departamento del Huila
Referencia: Reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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