Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2020-00011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2020-00011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra acto de elección de los ediles de la Junta Administradora Local
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2020-00011-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 20001-23-33-000-2020-00011-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de julio de 2021
NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de los ediles de la Junta Administradora Local / DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER / CUOTA DE GÉNERO / PRINCIPIO DE EQUIDAD – Su aplicación no afecta la autonomía de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos / PRINCIPIO DE EQUIDAD - Promueve espacios de participación efectiva de la mujer / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La Sala en reiteradas ocasiones ha considerado que el derecho a elegir, ser elegido e integrar los órganos de poder o las corporaciones públicas es la base fundamental de los derechos políticos en Colombia. Así lo dispone el artículo 40 de nuestra Carta Política al señalar que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, aunado a ello, respecto de la equidad de género, este mismo precepto constitucional, en su último inciso, dispuso que “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”. Por su parte, el artículo 43 superior estableció que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y el artículo 107, consagró que los “los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrá como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos”. Con fundamento en esta preceptiva constitucional, el Congreso de la República, expidió la Ley 581 de 2000 por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios en las diferentes ramas y órganos del poder público. Esta ley, además de crear mecanismos para promover la participación de la mujer en las instancias de gobierno y la sociedad civil e incorporar los Planes Nacionales y Regionales de Promoción y Estímulo de la Mujer, instituyó, de manera clara, un porcentaje de participación del 30% como mínimo en los “cargos de máximo nivel decisorio, con excepción a los cargos pertenecientes a los cargos de carrera”. Posteriormente, el legislador expidió la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la cual, en su artículo 28, estableció como parámetro obligatorio para los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, la integración de listas a corporaciones públicas de elección popular, en un porcentaje mínimo del 30% de participación de cualquiera de los géneros. (…). Así las cosas, con la implementación de la cuota de género se concretaron propósitos de rango constitucional y legal, como se ha venido explicando, dirigidos a alcanzar una representación equitativa entre los distintos géneros en las corporaciones públicas de elección popular y en orden a cumplir mandatos de carácter internacional contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-. De otra parte, en consonancia con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, la aplicación del principio de equidad de género y no discriminación, no afecta la autonomía de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, sino que promueve espacios de participación efectiva de la mujer, al ordenar un mínimo porcentaje en la conformación de las listas para la elección de corporaciones públicas, generando mayores posibilidades de que éstas tengan una importante representación del género femenino.
NOTA DE RELATORÍA: Del derecho a elegir, ser elegido e integrar los órganos de poder o las corporaciones públicas es la base fundamental de los derechos políticos en Colombia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de septiembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 19001-23-33-000-2019-00357-01. Reiterada en sentencias el 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00488-01 y 28 de enero de 2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01061-01. En cuanto a que fue voluntad del legislador estatutario establecer una medida orientada a favorecer la participación femenina en materia política, consistente en que toda lista conformada para corporaciones de elección popular, cuando se vayan a elegir cinco o más curules, o las que se sometan a consulta, deberán tener como mínimo, un 30% de mujeres, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre la cuota de género y que con ello se concretaron propósitos de rango constitucional y legal dirigidos a alcanzar una representación equitativa entre los distintos géneros en las corporaciones públicas de elección popular y en orden a cumplir mandatos de carácter internacional, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de septiembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 19001-23-33-000-2019-00357-01.
CUOTA DE GÉNERO - Aplicación del porcentaje del 30 por ciento en las listas a corporaciones públicas / CUOTA DE GÉNERO – Su porcentaje es respecto de la conformación de las listas y no de las curules a proveer / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
La norma sub examine que está contenida en el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, dispone que las listas inscritas a corporaciones públicas de elección popular, donde se elijan cinco (5) o más curules o las que se sometan a consulta, “deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”. En este orden, se advierte que no se refirió el legislador estatutario, a si el 30% de que trata la norma, se calcula en relación con el número de personas inscritas en las listas o respecto de las curules a proveer, o lo que es lo mismo, el número de integrantes de la respectiva corporación de elección popular. (…). [L]a Corte Constitucional en el análisis que efectuó de dicha disposición [artículo 28 de la Ley 1475 de 2011] se refirió a este porcentaje en relación con la conformación de las listas y, de ninguna manera, se observa que haya hecho un mínimo acercamiento del tema con relación al número de curules a proveer. Ahora bien, los pronunciamientos de esta Sección, también han estado dirigidos a señalar, de forma consistente, que la cuota de género del 30% se determina en relación con el número de candidatos inscritos en la lista y no frente al número de curules a proveer. En tal virtud, se ha consolidado la interpretación de que el 30% de la cuota de género, se refiere al número de candidatos y no al número de curules que integran la corporación, la que ahora se reitera. (…). Así las cosas, el criterio jurisprudencial que debe acogerse, es el expuesto de manera uniforme por esta Sala Electoral, en tanto la disposición analizada debe ser interpretada en el sentido de que las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse mínimo con un 30% de uno de los géneros, en relación con el número de candidatos inscritos y no en relación con el número de curules a proveer.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la reiteración de la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la aplicación del porcentaje del 30% sobre la “cuota de género” en las listas a corporaciones públicas, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 29 de abril de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 05001-23-33-000-2020-00004-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 28 de enero de 2021, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 76001-23-33-000-2019-01061-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 21 de enero de 2021, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 50001-23-33-000-2019-00488-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de septiembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 19001-23-33-000-2019-00357-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2016, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 19001-23-33-000-2015-00602-01.
NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de los ediles de la Junta Administradora Local / DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER / CUOTA DE GÉNERO – Aplicación del 30 por ciento con respecto a las listas y no a las curules a proveer / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
El impugnador basó su inconformidad con la sentencia apelada, (…) pues, a su juicio, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 determina que el porcentaje del 30% de mujeres, correspondiente a la “cuota de género”, se calcula con base en el número de curules a proveer y no en relación con el número de candidatos que decida inscribir cada partido. (…). [E]ncuentra la Sala que no existe fundamento suficiente para revocar la sentencia apelada y así se consignará en la parte resolutiva de este proveído, puesto que, como quedó visto, en la jurisprudencia constante de esta Corporación, en armonía con el análisis de constitucionalidad efectuado por el alto tribunal constitucional en la sentencia C-490 de 2011, se estableció que la cuota de género se debe determinar a partir del número de candidatos inscritos en la lista, como lo consideró la sentencia apelada y se itera, no en relación con el número de curules a proveer. (…). Lo anterior permite concluir que los partidos vencedores en la contienda electoral celebrada para conformar la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) del municipio de Valledupar cumplieron la “cuota de género” al prever un porcentaje mínimo de 33.3% -Partido Social de Unidad Nacional- y máximo de 50%– Partidos Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático- en cada uno de los géneros. Aunado a ello, el artículo 262 de la Constitución Política, establece que el número máximo de candidatos a inscribir en una lista corresponde al de curules a proveer, argumento que también es sustentado en el concepto rendido por el Ministerio Público. Sin embargo, la norma no contempla un número mínimo de candidatos a incluir; como consecuencia se entiende que el límite es solo para el tope máximo, que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos tienen que respetar al momento de integrar las listas de candidatos, razón por la cual, no puede acogerse este razonamiento del apelante. (…). Inicialmente se debe destacar que la votación total obtenida por estos partidos o movimientos políticos no fue suficiente para obtener un escaño Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) del municipio de Valledupar, por lo que su situación no tendría la virtualidad de afectar el acto de elección. Por otra parte, la inscripción de un único postulado se encuentra autorizada por el contenido del artículo 262 de la Constitución Política, sin que le sea exigible la “cuota de género” por ser una lista con menos de cinco (5) inscritos. (…). Así las cosas, la Sala desestima los argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues el hecho de que haya “listas integradas por un solo candidato o candidata”, no vulnera el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, ni los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 262, en la medida en que lo que define la cuota de género, es el número de candidatos inscritos en la lista correspondiente y no la cantidad de curules que conforman la corporación pública. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los argumentos del recurso se dirigieron a controvertir la base sobre la cual debió calcularse la cuota de género, lo cual quedó ampliamente explicado en precedencia, la Sala concluye con base en la normativa aplicable y la jurisprudencia tanto constitucional como contencioso electoral, que el recurrente no logró demostrar el cargo de censura expuesto en el recurso de alzada.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que el 30 por ciento de la cuota de género se refiere al número de candidatos inscritos y no en relación con el número de curules a proveer, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 4 de febrero de 2021, M.P.: Dr. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación 76001-23-33-002-2019-01077-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 04 de marzo de 2021, M.P. Rocío Araujo Oñate, Radicación 76001-23-33-000-2019-01076-01.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 40 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 43 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 107 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 262 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 28
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 20001-23-33-000-2020-00011-01
Actor: IVÁN FELIPE ROJAS FLÓREZ
Demandado: JHON JAMES CASTILLA ROCHA Y OTROS – EDILES JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL COMUNA CINCO DE VALLEDUPAR - CESAR
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Cuota de género en la inscripción de listas a corporaciones públicas de elección popular. –reitera jurisprudencia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de los Ediles de la Junta Administradora Local, Comuna Cinco (5) de Valledupar (Cesar)
ANTECEDENTES.
1.1. Pretensiones.
El señor Iván Felipe Rojas Flórez, obrando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del CPACA, solicitó:
PRIMERA: Que DECLARE la nulidad parcial del Formulario E- 26JAL de la Comuna Cinco (5) de la ciudad de Valledupar proferido por la Comisión Escrutadora Municipal el 3 de noviembre de 2019, anulando la votación de los partidos que no cumplen con la cuota de género.
SEGUNDA: Que consecuentemente y en concordancia con el inciso final y el parágrafo único del artículo 288 la Ley 1437 de 2011 se REALICE la práctica de nuevos Escrutinios, en estos se debe tener como nula la votación de los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, Partido ADA y Partido de Reivindicación étnica "PRE" por no cumplir con la denominada "cuota de género" establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y se fije la Hora y Fecha en el cual se va practicar.
1.2. Hechos.
El demandante fundamentó las anteriores pretensiones, en los siguientes supuestos fácticos:
Señaló que los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, Alianza Democrática Afrocolombiana y el Partido de Reivindicación étnica "PRE” inscribieron candidatos únicos a edil en sus listas para la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) de Valledupar.
Sostuvo que para el periodo constitucional 2020-2023 la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) de Valledupar estaría conformada por siete (7) integrantes.
Finalmente, indicó que en las elecciones territoriales celebradas el 27 de octubre de 2019 fueron elegidos como ediles de la comuna cinco (5) los ciudadanos Jhon James Castilla Rocha, Jhovany Fernández Martínez, María Angélica Quiroz, Cesar Augusto Ahumada, Edward José Vásquez Stevenson, Andrea Marcela Mercado Castillejo y Miller Andrés Guerrero Ferrer.
1.3. Normas violadas y concepto de violación.
El accionante invocó como causal de nulidad "la infracción de las normas en que debería fundarse", prevista en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 por encontrarse acreditado la vulneración del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
En primer lugar, señaló que según lo dispuesto en este precepto, cuando se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular, las listas deberán conformarse por un mínimo del treinta por ciento (30%) de uno de los géneros, por lo que, el cálculo se debe realizar con base en el número de curules a proveer y no con fundamento en el número de candidatos inscritos por cada partido o movimiento político.
Advirtió que en el formulario E- 26 JAL expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil se exhibe que las listas definitivas a la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) de Valledupar del Partido Alianza Verde y Alianza Democrática Afrocolombiana están conformadas en un 100% por integrantes del género masculino. A su vez, las listas definitivas del Partido Colombia Renaciente y Partido de Reivindicación Étnica "PRE" se conformaron en su totalidad por integrantes del género femenino, circunstancia que vulnera el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 al no poseer el mínimo del porcentaje exigido.
Finalmente, insistió que se debe realizar de nuevo el escrutinio anulando las listas que no cumplen con el requisito de cuota de género, modificando los votos válidos, el umbral y la cifra repartidora y generando un cambio en la composición de los miembros de la Junta Administradora Local.
2. Actuaciones procesales.
2.1. De la admisión de la demanda
Mediante auto del 16 de enero de 2020 se admitió la demanda por cumplir las exigencias formales ordenadas en la ley procesal y se ordenó notificar personalmente a los ediles electos Jhon James Castilla Rocha, Jhovany Fernández Martínez, María Angélica Quiroz, Cesar Augusto Ahumada, Edward José Vásquez Stevenson, Andrea Marcela Mercado Castillejo y Miller Andrés Guerrero Ferrer, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Ministerio Público y al Presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) de Valledupar y se dispuso informar a la comunidad a través del sitio web de la jurisdicción contenciosa administrativa.
2.2 Contestaciones de la demanda
2.2.1 Los demandados Jhon James Castilla Rocha y Jhovany Fernández
Por memorial allegado el 23 de enero de 2020, el apoderado de los demandados Jhon James Castilla Rocha y Jhovany Fernández dio contestación a la demanda, en cuyo escrito expuso que no le constan los hechos referidos al proceso de inscripción de los partidos políticos involucrados y ratificó aquellos relacionado con los resultados del escrutinio.
Propuso como excepción la inexistencia de la causal alegada en razón a que el partido conservador inscribió cuatro (4) candidatos para edil de la Comuna Cinco (5) del Municipio de Valledupar, entre ellos dos (2) mujeres, lo que quiere decir que el 50% de la lista eran de género femenino superando la exigencia del 30% prevista en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
2.2.2 La Registraduría Nacional del Estado Civil
Mediante memorial de fecha 3 de febrero de 2020, el apoderado de la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación del proceso en razón a que del escrito de demanda, de los hechos relacionados y de las pretensiones se desprende que esa entidad es ajena a la creación del acto administrativo que declaró la elección. Lo anterior por cuanto no tiene injerencia en la realización de los escrutinios de mesa, ni en los zonales, ni en los municipales, ni en los generales o departamentales, ni en los resultados de los mismos porque en virtud del mandato legal solo cumple labores secretariales en las comisiones escrutadoras.
2.2.3 El demandado Miller Andrés Guerrero Ferrer
En escrito fechado 21 de febrero de 2020 el apoderado del señor Miller Andrés Guerrero Ferrer se opuso a las declaraciones de la parte demandante y como razones de la defensa esgrimió que ni el candidato ni el partido político incumplieron ninguna norma electoral vigente, especialmente aquellas referidas a equidad de género. Explicó que no se le puede endilgar responsabilidad por el actuar de un tercero y menos aún vulnerar sus derechos adquiridos, con fundamento en la irregular inscripción de unos postulados que no acataron las reglas preestablecidas, en tal virtud propone su exclusión del proceso.
2.2.4 El Consejo Nacional Electoral
Por escrito de 3 de marzo de 2020 el Consejo Nacional Electoral, mediante apoderado, solicitó su intervención en el proceso argumentando que se nieguen las pretensiones de la demanda por carecer de sustento jurídico. Inicialmente expuso el contenido de los artículos 40 y 107 de la Constitución Política y los vinculó con los artículos 10.4 y 28 de la Ley 1475 de 2011, invocando finalmente la sentencia C-490 de 2011.
Al descender al caso concreto hace una relación de los candidatos inscritos por los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, Alianza Democrática Afrocolombiana y de Reivindicación Étnica PRE, para concluir que la única restricción que impone el artículo 262 superior es que el número de candidatos inscritos por lista no supere la cantidad de curules a proveer. Adicionalmente, refirió que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 señala que en las listas que contengan más de cinco (5) candidatos deberán estar conformadas por un mínimo del 30% de uno de los géneros, exigencia que no aplica al sub judice en tanto la inscripción de los partidos cuestionados se encontraban compuesta solo por un (1) postulado.
2.3 Decisión de excepciones previas
En aplicación a lo señalado en el artículo 12 del Decreto Ley 806 de 4 de junio de 2020, mediante auto de 23 de julio de 2020 se procedió a resolver las excepciones previas de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, propuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por el demandado Miller Andrés Guerrero Ferrer.
Respecto de la Registraduría indicó que el Consejo de Estado ha sostenido que su vinculación en los juicios electorales es especial si se comprueba que pudo haber intervenido en la adopción del acto de elección demandado, creándole un posible interés en el resultado del proceso. Sin embargo, en el sub lite aparece claramente que no participó en la adopción del acto incoado, por lo que su vinculación resulta inocua y conlleva a la prosperidad de la excepción.
En cuanto al demandado Miller Andrés Guerrero Ferrer concluye que en el libelo genitor fue identificado como demandado, en calidad de edil electo de la Junta Administrativa Local de la Comuna Cinco del municipio de Valledupar para el periodo 2020-2023, además que el acto acusado en el medio de control de nulidad electoral es el formulario E-26 JAL expedido el 3 de noviembre de 2019, por medio del cual se declaró su elección, razón suficiente para que le asista legitimación en la causa por pasiva para participar en el presente litigio, lo que conlleva a que se deniegue la excepción propuesta.
2.4 Audiencia Inicial
El 16 de septiembre de 2020, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en que se fijó el litigio en los siguientes términos:
(…) el tema de fondo en este asunto consiste en determinar si el formulario E-26 JAL de fecha 3 de noviembre de 2019 a través del cual se declaró la elección de los ediles de la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco del municipio de Valledupar para el periodo 2020-2023, se encuentra viciado de nulidad, al haberse incumplido la cuota de género establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
En aras de definir lo anterior, se deberá esclarecer si la cuota de género establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 resultaba exigible a los partidos políticos que inscribieron un solo candidato en las listas para ediles de la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco del municipio de Valledupar para el periodo 2020-2023.
Respecto de las pruebas, el magistrado sustanciador incorporó al plenario los documentos aportados por las partes, según el valor que les asigna la ley. Así mismo, decretó los medios solicitados por la parte demandante referidos a los formularios E-26 JAL, E-6 y E-8 de los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, ADA y Reivindación Étnica PRE y el Acta General de Escrutinios, además dispuso que por Secretaría se libraran los oficios correspondientes, otorgando a las entidades requeridas el término de 5 días para responder.
2.5 La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:
En primer lugar, invocó el contenido del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y el análisis que realizó sobre esta norma la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 23 de junio de 2011 que, con ponencia del Magistrado Luís Ernesto Vargas Silva, concluyó que esta medida permite a los partidos y movimientos políticos avanzar en el proceso hacia una mejor satisfacción del principio de equidad de género y a profundizar en la organización y desempeño del principio democrático. Aunado a ello, trajo a colación una decisión proferida por el Consejo de Estado de fecha 17 de septiembre de 2020 que explicó que esta cuota es un presupuesto que tiene por objeto lograr una representación equitativa entre los distintos géneros en las corporaciones públicas de elección popular, sin que ello afecte la autonomía de los partidos.
En segundo lugar, señaló que el artículo 262 de la Constitución Política faculta a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos a inscribir candidatos con la limitante que el número de integrantes no podrá exceder la cantidad de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción. Así mismo, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 obliga a que en las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.
En el sub judice, los medios probatorios obrantes en el expediente permitieron observar que para la elección de los ediles de la Junta Administradora Local de la comuna cinco del municipio de Valledupar se inscribieron:
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO
NÚMERO DE CANDIDATOS
INSCRITOS
GÉNERO
Colombia Renaciente
1
Femenino
Alianza Verde
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
ADA
1
Masculino
Reivindicación Étnica “PRE”
1
Femenina
Liberal
3
1 Femenina y 2 Masculinos
Conservador
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
Cambio Radical
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
Mira
2
1 Femenina y 1 Masculino
Social de Unidad Nacional
3
1 Femenina y 2 Masculinos
Polo Democrático Alternativo
3
1 Femenina y 2 Masculinos
Centro Democrático
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
Alternativo Indígena y Social
2
1 Femenina y 1 Masculino
Como resultado de las justas electorales fueron elegidos como ediles de la Junta Administradora Local de la comuna cinco (5) del municipio de Valledupar, dos (2) candidatos del partido Conservador, uno (1) de Cambio Radical, y dos (2) del partido Centro Democrático, los cuales postularon en cada lista dos hombres y dos mujeres, es decir, que la lista estaba conformada 50% por mujeres y 50% por personas del género masculino. Adicionalmente fueron electos dos (2) ediles del partido Social de Unidad Nacional -partido de la U- cuya la lista se integró por 3 personas, una mujer y 2 hombres, lo que equivale a que un 33.3% correspondía al género femenino y un 66.6% al masculino. Lo anterior lleva a concluir que los partidos políticos a los que pertenecen los candidatos que resultaron electos acataron lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
Como el actor pretende que se declare nulo el acto de elección de los ediles de la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) del municipio de Valledupar por irregularidades en las inscripciones de los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, Alianza Democrática Afrocolombiana y Reivindicación Étnica “PRE”, el Tribunal destacó que estos movimientos políticos no obtuvieron los votos requeridos para que sus candidatos resultaran electos situación que en nada afecta el resultado del escrutinio que se obtuvo.
Finalmente, precisó que a los partidos políticos que inscribieron listas de un solo candidato no les era exigible el límite contenido en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en razón a la autorización prevista en el artículo 262 de la Constitución Política, por lo que la votación que obtuvieron resulta válida.
2.6. El recurso de apelación.
Por medio de memorial de 14 de enero de 2021, el actor interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. En este escrito reiteró la tesis fundamental de la demanda, según la cual, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 que establece la cuota de género utiliza el verbo "elegir" y no inscribir, además de invocar la expresión "curules" en referencia a los cupos de las corporaciones de elección popular. De lo anterior se desprende que “el deber de cumplir la cuota de género surge frente a las listas de corporaciones conformadas por más de 5 miembros, independiente del número de candidatos que inscriba la colectividad”.
Manifestó que la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) está compuesta por siete (7) integrantes, información que fue ratificada por el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio Público, razón por la cual era exigible que las listas integradas por un solo candidato o candidata debían observar la denominada cuota de género establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, incumplimiento que genera que la votación se encuentre viciada de nulidad y deba ser excluida.
Explicó que no comparte el argumento del tribunal en el que se afirma que la votación obtenida con los partidos políticos Alianza Verde, Colombia Renaciente, ADA y de Reivindicación Étnica “PRE” es irrelevante en la elección debido a que no obtuvieron los votos requeridos para obtener un escaño. Lo anterior, en razón a que la anulación de los votos de los partidos que no cumplieron con la cuota de género cambiaría la composición de los ediles electos, en tanto los votos totales obtenidos por estos partidos suman mil novecientos noventa y seis (1.996) variando el número total de votos válidos, el cuociente electoral y el umbral así:
TOTAL VOTOS POR PARTIDOS Y/O CANDIDATOS
14816
TOTAL VOTOS EN BLANCO
8423
TOTAL VOTOS VÁLIDOS
23239
NÚMERO DE CURULES
7
CUOCIENTE ELECTORAL
3319,857143
UMBRAL
1659,928571
Esta información modificaría la cifra repartidora a 1232,5 y cambiaría la composición de la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) de Valledupar de la siguiente forma:
CENTRO DEMOCRÁTICO
ANDREA MARCELA MERCADO CASTILLEJO
CENTRO DEMOCRÁTICO
MILLER ANDRES GUERRERO FERRER
PARTIDO DE LA U
CESAR AUGUSTO AHUMADA MENA
CONSERVADOR
JHON JAMES CASTILLA ROCHA
CAMBIO RADICAL
MARIA ANGELICA QUIROZ
LIBERAL
HENRY MANTILLA
POLO DEMOCRÁTICO
JIMMY JUNIOR REALES OÑATE
Finalmente precisó que en el fallo impugnado se indica que el Partido Alianza Verde inscribió dos (2) candidatos de género femenino y dos (2) del género masculino, lo cual se encuentra en contravía con el contenido del Formulario E-8 donde se observa un único candidato de género masculino - señor Junior Andrés Sandoval Quiñones- circunstancia que incide en las conclusiones a que llega el a quo
En consecuencia, solicitó revocar el fallo apelado y, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda.
2.7 Alegatos de conclusión de segunda instancia
2.7.1 El Consejo Nacional Electoral
El 16 de marzo de 2021, el Consejo Nacional Electoral remitió escrito de alegaciones finales, en el cual:
Arguyó que del contenido de los artículos 40 y 107 superiores, en concordancia con los artículos 10 numeral 4 y 28 de la Ley 1475 de 2011 la organización electoral cumple un papel vital al verificar que las agrupaciones políticas conformen sus listas de candidatos a asambleas, concejos y juntas administradoras locales con respeto de la participación equitativa de géneros.
Frente a los argumentos expuestos por el apelante indica que no le asiste razón, ya que el artículo 262 constitucional establece como única limitante que el número de candidatos por lista no podrá exceder el número de cargos o curules a proveer, sin especificar un número mínimo requerido, por lo tanto, ella puede estar conformada solo con un postulado.
Respecto del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, precisó que los partidos políticos, los movimientos y grupos significativos de ciudadanos que contengan más de cinco (5) candidatos inscritos en corporaciones públicas deberán estar conformadas por un mínimo de 30% de uno de los géneros, circunstancia que no aplica para los casos en que se inscriben menos de cinco (5) personas, por cuanto sería imposible cumplir con la norma en mención bajo este escenario
2.7.2 El demandante Iván Felipe Rojas Flórez
Durante el término concedido, por memorial fechado 19 de marzo de 2021, el señor Iván Felipe Rojas Flórez presentó los alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación e insistió en que el deber de cumplir la cuota de género surge frente a las listas de corporaciones conformadas por más de cinco (5) miembros, independiente del número de candidatos que inscriba la colectividad.
Concluyó que las listas integradas por un solo candidato vulneran el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, ocasionando que la votación total realizada a la lista del partido o movimiento político sea nula por no cumplir el requisito legal, circunstancia que impone la recomposición de los ediles electos, al variar la totalidad de votos en blanco, votos válidos, cuociente electoral, umbral y cifra repartidora.
2.8. Concepto del Ministerio Público.
La Procuradora Séptima Delegada ante esta Corporación solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia al considerar que la interpretación y aplicación que realizó el Tribunal Administrativo del Cesar respecto de los artículos 262 constitucional y 28 de la Ley 1475 de 2011, es consecuente con los aspectos sistemático y teleológico de la norma, además de respetar el precedente vertical
Explicó que el argumento central del apelante se basa en que dentro del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, se habla de “elegir”; más no de “inscribir”, así como de “curules”, remitiendo a los cupos de las corporaciones de elección popular. Al respecto arguyó que gramaticalmente dicho precepto contiene una acción con dos complementos directos:”i ) Acción: Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular … ii) Complemento directo 1: Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos y iii) Complemento directo 2: Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”. Lo anterior lleva a concluir que en las listas que inscriban, deben tener un equilibrio de géneros, salvo que solo registren a una persona, lo cual es congruente con la ubicación de la norma en la Ley - Título III de las campañas electorales y en el Capítulo I de la “inscripción de candidatos”- sin que de allí se pueda deducir el verbo “elegir” invocado por el apelante.
Frente a la afirmación errónea del Tribunal referida que el Partido Alianza Verde inscribió cuatro (4) candidatos, cuando en realidad en el formulario E- 8 JAL se registró solo al señor Junior Andrés Sandoval Quiñonez, expone que verificados los documentos obrantes en el proceso le asiste razón al demandante; sin embargo dicha situación no transgrede la decisión impugnada.
En punto a discernir si procede la nulidad porque los partidos políticos Alianza Verde, Colombia Renaciente, ADA y el Partido de Reivindicación étnica “PRE”, no cumplieron con la cuota de género, se advierte que: i) los candidatos ganadores salieron de listas con pleno cumplimiento de la cuota de género, según el formulario E- 26 JAL; ii) los partidos o movimientos políticos en el marco de su autonomía pueden inscribir a una sola persona para que aspire a las corporaciones públicas, tal y como lo hicieron los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, ADA y el Partido de Reivindicación étnica “PRE” y iii) tratándose de un solo postulado, los partidos y movimientos políticos tienen la capacidad de determinar si es hombre o mujer, por lo que la regla de exigencia de la cuota de género entra en una imposibilidad fáctica.
II. CONSIDERACIONES.
2.1. Competencia.
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152.8 del CPACA, así como el artículo 13, numeral 7º del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer en el recurso de apelación interpuesto por el actor contra la sentencia del 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de los ediles de la Junta Administradora Local de la comuna cinco de Valledupar (Cesar).
2.2. Problema jurídico.
Conforme al fallo de primera instancia y a los argumentos expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandante, corresponde a esta Sección Electoral determinar si existe mérito suficiente para confirmar, modificar o revocar la sentencia del 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda por considerar que la “cuota de género” del treinta (30%) por ciento en la inscripción de listas a corporaciones públicas por parte de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y coaliciones, a que se refiere el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, debe calcularse con base al número de candidatos inscritos en cada lista y no al número de curules a proveer, como lo propuso el actor, además de constatar si la inscripción de un solo candidato desconoce la cuota de género
Para resolver el anterior planteamiento, la Sala abordará los siguientes temas: (i) contenido y alcance del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011; (ii) reiteración de jurisprudencia respecto de la aplicación del porcentaje del 30% sobre la “cuota de género” y, finalmente, (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Contenido y alcance del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
La Sala en reiteradas ocasiones ha considerado que el derecho a elegir, ser elegido e integrar los órganos de poder o las corporaciones públicas es la base fundamental de los derechos políticos en Colombia. Así lo dispone el artículo 40 de nuestra Carta Política al señalar que “todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político”, aunado a ello, respecto de la equidad de género, este mismo precepto constitucional, en su último inciso, dispuso que “las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”. Por su parte, el artículo 43 superior estableció que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y el artículo 107, consagró que los “los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrá como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos”.
Con fundamento en esta preceptiva constitucional, el Congreso de la República, expidió la Ley 581 de 2000 por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios en las diferentes ramas y órganos del poder público. Esta ley, además de crear mecanismos para promover la participación de la mujer en las instancias de gobierno y la sociedad civil e incorporar los Planes Nacionales y Regionales de Promoción y Estímulo de la Mujer, instituyó, de manera clara, un porcentaje de participación del 30% como mínimo en los “cargos de máximo nivel decisorio, con excepción a los cargos pertenecientes a los cargos de carrera”.
Posteriormente, el legislador expidió la Ley Estatutaria 1475 de 2011, la cual, en su artículo 28, estableció como parámetro obligatorio para los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, la integración de listas a corporaciones públicas de elección popular, en un porcentaje mínimo del 30% de participación de cualquiera de los géneros, así:
ARTÍCULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS.
“Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”. (Subrayado fuera de texto).
La Corte Constitucional al efectuar el estudio previo de constitucionalidad del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, consideró:
“102. El enunciado de la norma bajo examen que establece que las listas de las cuales se elijan cinco o más curules para las corporaciones de elección popular, o las que se sometan a consulta, deberán estar conformadas “por mínimo un 30% de uno de los géneros”, es ambiguo, por lo que se hace necesario acudir a un criterio histórico de interpretación, que permita desentrañar la verdadera intención del legislador, expresada en los debates parlamentarios que precedieron a su aprobación. (…)
En el transcurso del segundo debate, algunos representantes a la Cámara manifestaron que el artículo en discusión planteaba una acción afirmativa orientada a avanzar hacia una democracia más incluyente.
En su tránsito por el Senado, la redacción de la norma sufrió algunas modificaciones. De establecer que las listas no podrían estar integradas en más del 70% de los candidatos, por alguno de los géneros, pasó a contemplar que las listas deberían estar conformadas por un mínimo de 30% de uno de los géneros. (…)
En conclusión, es claro que, de acuerdo con los antecedentes legislativos reseñados, fue voluntad del legislador estatutario establecer una medida orientada a favorecer la participación femenina en materia política, consistente en que toda lista conformada para corporaciones de elección popular, cuando se vayan a elegir cinco o más curules, o las que se sometan a consulta, deberán tener como mínimo, un 30% de mujeres”.
Así las cosas, con la implementación de la cuota de género se concretaron propósitos de rango constitucional y legal, como se ha venido explicando, dirigidos a alcanzar una representación equitativa entre los distintos géneros en las corporaciones públicas de elección popular y en orden a cumplir mandatos de carácter internacional contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Belem do Pará-.
De otra parte, en consonancia con lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011, la aplicación del principio de equidad de género y no discriminación, no afecta la autonomía de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, sino que promueve espacios de participación efectiva de la mujer, al ordenar un mínimo porcentaje en la conformación de las listas para la elección de corporaciones públicas, generando mayores posibilidades de que éstas tengan una importante representación del género femenino.
2.4. Reiteración de jurisprudencia del Consejo de Estado respecto de la aplicación del porcentaje del 30% sobre la “cuota de género” en las listas a corporaciones públicas.
La norma sub examine que está contenida en el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, dispone que las listas inscritas a corporaciones públicas de elección popular, donde se elijan cinco (5) o más curules o las que se sometan a consulta, “deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”. En este orden, se advierte que no se refirió el legislador estatutario, a si el 30% de que trata la norma, se calcula en relación con el número de personas inscritas en las listas o respecto de las curules a proveer, o lo que es lo mismo, el número de integrantes de la respectiva corporación de elección popular.
Para desentrañar el sentido del precepto, podemos acudir a los pronunciamientos que la jurisprudencia ha hecho al respecto. La Corte Constitucional al hacer el análisis de exequibilidad de esta norma, en la sentencia C- 490 de 2011, al aludir a este porcentaje, se refirió a las “listas” y no a las “curules” por proveer para determinar, seguramente, en tanto, para ese momento, dicho problema jurídico no estaba presente en el juez constitucional. Veamos algunos de sus apartes:
“El enunciado de la norma bajo examen que establece que las listas de las cuales se elijan cinco o más curules para las corporaciones de elección popular, o las que se sometan a consulta, deberán estar conformadas “por mínimo un 30% de uno de los géneros”, es ambiguo, por lo que se hace necesario acudir a un criterio histórico de interpretación, que permita desentrañar la verdadera intención del legislador, expresada en los debates parlamentarios que precedieron a su aprobación” (se resalta).
Posteriormente, se refiere a una composición más equilibrada de las listas, en los siguientes términos:
“104. El aparte final del artículo 28 contempla una cuota de representación política, cuyo propósito es garantizar una composición más equilibrada de las listas para proveer cargos de elección popular, estableciendo que un porcentaje mínimo de ellas, correspondiente a un 30%, debe estar conformado por un grupo considerado tradicionalmente como discriminado” (negrillas adicionales).
De igual manera, al indicar que la cuota de género desarrolla mandatos constitucionales y normas internacionales, se refiere a ese porcentaje en la conformación de listas de la siguiente manera:
“La medida promueve así el cumplimiento de varios mandatos constitucionales y normas internacionales de derechos humanos que consagran y desarrollan la igualdad entre hombres y mujeres. En efecto, el establecimiento de una cuota del 30% de participación femenina en la conformación de listas de donde se elijan cinco o más curules, desarrolla los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 13, 40, 43 y 107 C.P” (énfasis de la Sala).
(…) “La propuesta legislativa de asegurar un mínimo del 30% de participación de la mujer en la conformación de determinadas listas para órganos de elección popular, contribuye a incrementar los niveles de participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración, a la vez que propende por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en el ámbito específico de la participación política” (negrillas adicionales).
Así las cosas, se hace evidente que la Corte Constitucional en el análisis que efectuó de dicha disposición se refirió a este porcentaje en relación con la conformación de las listas y, de ninguna manera, se observa que haya hecho un mínimo acercamiento del tema con relación al número de curules a proveer.
Ahora bien, los pronunciamientos de esta Sección, también han estado dirigidos a señalar, de forma consistente, que la cuota de género del 30% se determina en relación con el número de candidatos inscritos en la lista y no frente al número de curules a proveer. En tal virtud, se ha consolidado la interpretación de que el 30% de la cuota de género, se refiere al número de candidatos y no al número de curules que integran la corporación, la que ahora se reitera.
Se precisa que inicialmente, en la sentencia del 10 de septiembre de 2015, en el expediente 11001-03-28-000-2014-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, se hizo mención a que el porcentaje se calcula respecto del número de curules a proveer. En dicho fallo se indicó:
“Que (sic) acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 176 de la Constitución Política y de conformidad como lo muestra la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Departamento de Boyacá elige seis (6) Representantes a la Cámara. Entonces, en aplicación del mandato constitucional y legal sobre la cuota de género, resultaba obligatorio incluir en cada lista de candidatos a esa Corporación Pública como mínimo dos mujeres.
• Que está demostrado que el Grupo Significativo de Ciudadanos “Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande” el día 9 de diciembre de 2013, mediante el formulario, E-6 CT, efectuó la inscripción de sus candidatos a la Cámara de Representantes por el Departamento de Boyacá. Dentro del listado figuraban las señoras Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.048.848.191 y Mayra Alejandra Viancha Sanabria, con cédula 1.049.628.911 (fls. 76, 77 y 437). Es decir, se dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011.
• Que también se demostró que dentro de los plazos que prevé la Ley 1475 de 2011, ante la renuncia de los candidatos Tulio César Bernal Bacca e Ingrid Marlen Sogamoso Alfonso, se modificó el listado inicialmente presentado, lo cual figura en el Formulario E-7 CT (fls. 82, 83, 438 y 439).
• Que debido a lo anterior, la lista se recompuso y quedó finalmente integrada por los señores Katherinne Rivera Bohórquez con C.C. 1049.615.560, Fernando Alexander Serrato Fonseca con C.C. 79.988.544, Ciro Alejandro Ramírez Cortés con C.C. 81.720.287, Mayra Alejandra Viancha Sanabria con C.C. 1049.628.911 y Benigno Hernán Díaz Cárdenas con C.C. 6.767.568, tal como se comprueba en el Formulario E-8 de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 440).
De acuerdo con lo expuesto, es evidente que tanto en el Formulario inicial de inscripción E-6 como en el definitivo E-8 para los aspirantes a la Cámara de Representantes por el Departamento de Boyacá, la lista de candidatos del Grupo Significativo de Ciudadanos “Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande”, contó con el nombre de dos mujeres y, por tanto, no cabe duda alguna que observó la cuota de género que estable el artículo 28 de la Ley 1575 de 2011” (negrillas y subrayado del original).
No obstante, la tesis acabada de citar se trató de un pronunciamiento aislado, en el que además, para ese caso en particular, se requería un mínimo de dos (2) candidatos del género opuesto al mayoritario, independientemente de si el cálculo se hacía respecto de la lista o sobre el número de curules a proveer, pues, la lista cuestionada inscribió solo cinco (5) personas y el número de curules a proveer eran seis (6); adicionalmente, esta decisión no ha sido reiterada, por el contrario, posteriormente, esta Sala Electoral se ha manifestado de manera uniforme en el sentido de determinar que el porcentaje mínimo de que trata el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 debe entenderse respecto al número de candidatos inscritos en la respectiva lista, como se puede observar en los siguientes pronunciamientos:
En Sentencia del 15 de diciembre de 2016, expediente 19001-23-33-000-2015-00602-01, M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio, se señaló:
“Así, cuando el Concejo Nacional Electoral invalidó la inscripción de la señora María Guadalupe Valenzuela Moncayo, no hay duda que se afectó el 30% que exige la ley, porque quedaron 18 candidatos inscritos por el Partido de la U al concejo de Popayán, de los cuales solo 5 eran del género femenino, no obstante que debían ser 6” (se resalta).
Ulteriormente, en sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente 19001-23-33-000-2019-00357-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, al igual que en el caso anterior, se estimó que para fijar el mínimo del 30% de la cuota de género, se debe tener en cuenta el número de candidatos inscritos en la lista presentada por el partido:
“2.5.2. En ese contexto, se advierte que el Partido Cambio Radical por medio de formulario E 6-CO inscribió la lista de candidatos que fueron avalados para el Concejo Municipal de Popayán, se observa que está integrada por 13 hombres (68.4%) y 6 mujeres (31.6%), para un total de 19 aspirantes, en este punto, se itera que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 exige que debe estar conformada por mínimo 30% de uno de los géneros. Cabe destacar que la lista fue aceptada y sus candidatos hicieron parte de la contienda electoral de 27 de octubre de 2019, en donde pudieron participar y ejercer su derecho a ser elegidos de manera igualitaria, por lo que no se observa el desconocimiento de la cuota de género.
Así que, es diáfano que el Partido Cambio Radical desplegó las actuaciones correspondientes para velar por la incorporación en la lista de 6 mujeres, acatando las directrices constitucionales y legales” (negrilla adicionales).
Posteriormente, en sentencia del 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00488-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, la Sala se refirió específicamente al problema jurídico que ahora se estudia, para concluir sin hesitación alguna, que para determinar la cuota de género del 30% mínimo, se debe tener en cuenta el número de candidatos inscritos y no el de curules a proveer, allí se indicó:
“Para la Sala, no hay duda de que la normativa se refiere al número de candidatos a inscribirse en la lista que presenten los partidos y movimientos políticos, y no al número de curules a proveer; lo que se concluye en primera medida, del tenor literal de la norma, que se transcribe a continuación: (…)
Así, la situación que se describe en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, para la Sala no requiere acudir a reglas de interpretación normativa diferentes a la meramente gramatical o literal, ni exige un mayor análisis para su entendimiento, al menos en lo que respecta a la denominada cuota de género. (…)
Para la Sala, la norma es clara y no deja dudas que la determinación del requisito de incluir un mínimo de 30% del género femenino, hace referencia al contenido de la lista, como también lo sostuvo el análisis que sobre ella realizó el alto tribunal constitucional (…)”.
El anterior pronunciamiento fue reiterado en su integridad en la sentencia del 28 de enero de 2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01061-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Recientemente, la Sala luego de realizar un estudio similar, arribó a la conclusión de que:
“ (...) la interpretación que mejor se acompasa con los principios y valores que edifican el sistema electoral, no puede ser otra, que la que se acaba de exponer, pues, entender que el 30% de la cuota de género se refiere al número de curules y no al número de candidatos, lesiona, sensiblemente, la libertad y el derecho que tienen los partidos, movimientos políticos y grupos significativo de ciudadanos de inscribir candidatos en la cantidad que consideren, según su expectativa, poder de convocatoria, número de afiliados o adeptos que tengan, por ejemplo, en la región o municipalidad. Recuérdese, que la regla prevista en el artículo 262 de la Constitución Política, consiste en que las listas inscritas no pueden sobrepasar el número de curules que integran la Corporación, pero nada impide que se inscriba una lista con un número menor. Lo contrario significa obligar a las organizaciones políticas a que las listas colmen el número máximo de candidatos que pueden inscribir, lo cual riñe con el principio de libertad, igualdad, transparencia y capacidad de autogobierno de las colectividades políticas, reconocida en el artículo 107 de la Carta Política.”
Así las cosas, el criterio jurisprudencial que debe acogerse, es el expuesto de manera uniforme por esta Sala Electoral, en tanto la disposición analizada debe ser interpretada en el sentido de que las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse mínimo con un 30% de uno de los géneros, en relación con el número de candidatos inscritos y no en relación con el número de curules a proveer.
2.5. Caso concreto.
El impugnador basó su inconformidad con la sentencia apelada, por medio de la cual, se negaron las pretensiones de la demanda, pues, a su juicio, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 determina que el porcentaje del 30% de mujeres, correspondiente a la “cuota de género”, se calcula con base en el número de curules a proveer y no en relación con el número de candidatos que decida inscribir cada partido. Al respecto trajo a colación el artículo 262 de la Constitución Política, pues estima que este precepto constitucional, es un argumento adicional en favor de la tesis que prohíja. Lo anterior significa que el acto electoral demandado se dictó en contravención a las normas en que debía fundarse, habida cuenta que, por disposición legal, para el periodo 2020-2023, se eligieron siete (7) curules en la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco del municipio de Valledupar, por tanto, “las listas integradas por un solo candidato o candidata incumplen la denominada cuota de género establecida en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, ocasionando a su vez que la votación total realizada a la lista del partido o movimiento político, integrado por la votación dada al candidato inscrito y la votación por el partido o movimiento político, sea nula por no cumplir el requisito de ley mencionado”
Así las cosas, encuentra la Sala que no existe fundamento suficiente para revocar la sentencia apelada y así se consignará en la parte resolutiva de este proveído, puesto que, como quedó visto, en la jurisprudencia constante de esta Corporación, en armonía con el análisis de constitucionalidad efectuado por el alto tribunal constitucional en la sentencia C-490 de 2011, se estableció que la cuota de género se debe determinar a partir del número de candidatos inscritos en la lista, como lo consideró la sentencia apelada y se itera, no en relación con el número de curules a proveer, postura que es coincidente con lo expuesto por el Ministerio Público en el concepto rendido ante esta instancia.
En el sub judice se demostró que como resultado de las justas electorales se eligieron los siguientes ediles:
Estos partidos al momento de su inscripción se registraron así:
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO
NÚMERO DE CANDIDATOS
INSCRITOS
GÉNERO
Conservador
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
Cambio Radical
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
Social de Unidad Nacional
3
1 Femenina y 2 Masculinos
Centro Democrático
4
2 Femeninas y 2 Masculinos
Lo anterior permite concluir que los partidos vencedores en la contienda electoral celebrada para conformar la Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) del municipio de Valledupar cumplieron la “cuota de género” al prever un porcentaje mínimo de 33.3% -Partido Social de Unidad Nacional- y máximo de 50%– Partidos Conservador, Cambio Radical y Centro Democrático- en cada uno de los géneros.
Aunado a ello, el artículo 262 de la Constitución Política, establece que el número máximo de candidatos a inscribir en una lista corresponde al de curules a proveer, argumento que también es sustentado en el concepto rendido por el Ministerio Público. Sin embargo, la norma no contempla un número mínimo de candidatos a incluir; como consecuencia se entiende que el límite es solo para el tope máximo, que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos tienen que respetar al momento de integrar las listas de candidatos, razón por la cual, no puede acogerse este razonamiento del apelante.
Frente a la situación de los partidos Alianza Verde, Colombia Renaciente, Alianza Democrática Afrocolombiana y el Partido de Reivindicación étnica "PRE” invocados por el apelante se encuentra el siguiente registro:
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO
NÚMERO DE CANDIDATOS
INSCRITOS
GÉNERO
Colombia Renaciente
1
Femenino
Alianza Verde
1
Masculino
ADA
1
Masculino
Reivindicación Étnica “PRE”
1
Femenina
Inicialmente se debe destacar que la votación total obtenida por estos partidos o movimientos políticos no fue suficiente para obtener un escaño Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) del municipio de Valledupar, por lo que su situación no tendría la virtualidad de afectar el acto de elección. Por otra parte, la inscripción de un único postulado se encuentra autorizada por el contenido del artículo 262 de la Constitución Política, sin que le sea exigible la “cuota de género” por ser una lista con menos de cinco (5) inscritos, en la forma en que se expuso en precedencia.
Adicionalmente, señaló el recurrente que el a quo incurre en un error al afirmar que el Partido Alianza Verde inscribió cuatro (4) candidatos, dos (2) de género femenino y dos (2) del género masculino, a pesar de que en el formulario E-8 del Partido Alianza Verde de la Corporación JAL Comuna 5 de Valledupar solo inscribió al señor Junior Andrés Sandoval Quiñones. Frente a lo expuesto se encuentra que en el plenario reposa el formulario E-8JA del partido Alianza Verde así:
Se destaca que, tal y como lo afirma el apelante, el partido Alianza Verde Valledupar solo inscribió al señor Junior Andrés Sandoval Quiñones como candidato Junta Administradora Local de la Comuna Cinco (5) del municipio de Valledupar. Sin embargo, la Sala acoge la consideración que sobre el particular conceptuó el Ministerio público, en tanto esta falencia no tiene la virtualidad de afectar lo decidido en la sentencia impugnada, pues se trata simplemente de un error mecanográfico del a quo al consolidar los datos de inscripción.
Así las cosas, la Sala desestima los argumentos expuestos en el recurso de apelación, pues el hecho de que haya “listas integradas por un solo candidato o candidata”, no vulnera el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, ni los mandatos constitucionales contenidos en el artículo 262, en la medida en que lo que define la cuota de género, es el número de candidatos inscritos en la lista correspondiente y no la cantidad de curules que conforman la corporación pública.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que los argumentos del recurso se dirigieron a controvertir la base sobre la cual debió calcularse la cuota de género, lo cual quedó ampliamente explicado en precedencia, la Sala concluye con base en la normativa aplicable y la jurisprudencia tanto constitucional como contencioso electoral, que el recurrente no logró demostrar el cargo de censura expuesto en el recurso de alzada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia del 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral contra el acto que declaró la elección de los Ediles de la Junta Administradora Local, Comuna cinco (5) de Valledupar (Cesar).
SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia.
TERCERO: ADVIÉRTASE a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta Sentencia del 15 de diciembre de 2016, expediente 19001-23-33-000-2015-00602-01, M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio: sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente 19001-23-33-000-2019-00357-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00488-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 28 de enero de 2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01061-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez: sentencia 29 de abril de 2021 expediente 05001-23-33-000-2020-00004-01M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 17 de septiembre de 2020. Expediente No. 19001-23-33-000-2019-00357-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. La sentencia fue proferida el 16 de diciembre de 2020, la cual fue notificada por correo electrónico de 18 de diciembre de 2020. El recurso fue interpuesto oportunamente el 14 de enero de 2021, en virtud de la suspensión de términos generada por la vacancia judicial. El recurso fue concedido en el efecto suspensivo por el Tribunal Administrativo mediante auto de 11 de febrero de 2021 y fue admitido por el Consejo de Estado en providencia del 10 de marzo de 2021. Hace referencia a las decisiones proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado de fechas 21de enero de 2021 dentro del proceso No. 50001-23-33-000-2019-00488-01; 28 de enero de 2021 dentro del proceso No. 76001-23-33-000-2019-01061-01 y 4 de febrero de 2021 dentro del proceso No 76001-23-33-002-2019-01077-01. Consejo de Estado, Sección Quinta, expediente 19001-23-33-000-2019-00357-01, sentencia del 17 de septiembre de 2020. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, reiterada en sentencias el 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00488-01 y 28 de enero de 2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01061-01.
“Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. Nota del original: En opinión de un grupo de ciudadanos interviniente dicha disposición puede ser interpretada al menos de tres maneras: “a) Que las listas deben tener como mínimo un 30% de mujeres, es decir, que en ningún caso pueden estar conformadas por más del 70% de hombre. b) Que deben tener como mínimo un 30% de mujeres, pero también un mínimo de 30% de hombres; c) Que es suficiente con que las listas tengan un 30% de uno de los géneros. Bajo este último entendido, toda lista cumpliría con esa condición, pues toda lista siempre tendrá al menos 30% de hombres. De esta forma, incluso una lista conformada por un 100% de hombres se ajustaría a la disposición analizada”. (Intervención del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia). Nota del original: “En este sentido los Representantes a la Cámara Wilson Arias y Ángela Robledo (Gaceta del Congreso No. 1135 del 28 de diciembre de 2010”. Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 19001-23-33-000-2019-00357-01, sentencia del 17 de septiembre de 2020. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta Sentencia del 15 de diciembre de 2016, expediente 19001-23-33-000-2015-00602-01, M.P.: Carlos Enrique Moreno Rubio: sentencia del 17 de septiembre de 2020, expediente 19001-23-33-000-2019-00357-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 21 de enero de 2021, expediente 50001-23-33-000-2019-00488-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 28 de enero de 2021, expediente 76001-23-33-000-2019-01061-01, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez: sentencia 29 de abril de 2021 expediente 05001-23-33-000-2020-00004-01M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
Nota del original: En opinión de un grupo de ciudadanos interviniente dicha disposición puede ser interpretada al menos de tres maneras: “a) Que las listas deben tener como mínimo un 30% de mujeres, es decir, que en ningún caso pueden estar conformadas por más del 70% de hombre. b) Que deben tener como mínimo un 30% de mujeres, pero también un mínimo de 30% de hombres; c) Que es suficiente con que las listas tengan un 30% de uno de los géneros.
Bajo este último entendido, toda lista cumpliría con esa condición, pues toda lista siempre tendrá al menos 30% de hombres. De esta forma, incluso una lista conformada por un 100% de hombres se ajustaría a la disposición analizada”. (Intervención del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia). Nota del original: HYPERLINK "http://www.registraduria.gov.co/-Elecciones-de-Congreso-y,2879-.html" www.registraduria.gov.co/-Elecciones-de-Congreso-y,2879-.html. Folio 92 del cuaderno No. 1. Art. 262 CP. Los partidos, movimientos políticos y grupo significativo de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de 4 de febrero de 2021, expediente 76001-23-33-002-2019-01077-01, M.P.: Dr. Luis Alberto Álvarez Parra. Véase también: Sentencia del 04 de marzo de 2021, Radicado No. 76001-23-33-000-2019-01076-01. M.P: Dra. Rocío Araujo Oñate. Esta información se extrae de los formularios aportados con el libelo genitor del folio 11 al 18 y de las pruebas aportadas por el demandado Jhon Castilla Rocha del folio 49 al 51 del expediente digitalizado, entre otros documentos. Mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2020 la Delegada de la Oficina Jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el departamento del Cesar, da respuesta al requerimiento realizado por el Tribunal Administrativo del Cesar con oficio GJ-1655 del 18 de septiembre de 2020 en el cual allega los formularios E.6 y E-8 de los partidos aquí enlistados.
Radicado: 20001-23-33-000-2020-00011-01
Demandante: Iván Felipe Rojas Flórez
INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "https://acuameunier.com/wp-content/uploads/2014/11/icontec-iqnet.png" \* MERGEFORMATINET Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 5
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.