Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00523-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2020-00523-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 20001-23-33-000-2020-00523-01 (5848-2024)
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
control: de 2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia
Decisión: Sentencia segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del quince (15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1 Pretensiones
El señor Juan Carlos Sierra Díaz, a través de apoderado judicial, acudió a la
Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo CPACA, para solicitar la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones N° 018781 del 8 de mayo de 2017 y
N° 29116 del 21 de julio de 2017, mediante las cuales la UGPP negó el
reconocimiento y pago de la pensión gracia al accionante.
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Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 65.
Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
A título de restablecimiento del derecho, pidió que: (i) le reconozca y pague la
pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio de la remuneración
mensual del año anterior a la causación del derecho.; (ii) el reajuste de los valores
reconocidos conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE;
(iii) el cumplimiento a la sentencia dentro del término legal y;(iv) el pago de los
intereses moratorios a la demandada.
1.1.2 Hechos
El demandante señaló que, reúne todos los requisitos exigidos para acceder a la
pensión gracia, ya que fue vinculado al magisterio antes del año 1981, supera los 50
años de edad, cuenta con más de 20 años de servicio, ha mantenido buena
conducta, y no ha sido beneficiario de ninguna pensión o recompensa otorgada por
el tesoro nacional.
Indicó que, actualmente percibe una pensión por servicios prestados al magisterio,
financiada por el Fondo Prestacional del Magisterio, el cual no forma parte del tesoro
nacional, sino que corresponde a un fondo de carácter parafiscal que solo se registra
en el presupuesto nacional con fines contables.
Resaltó que, el derecho a la pensión gracia también se respalda en la interpretación
que el Congreso hizo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, la cual no se presenta
como una simple doctrina, sino como una directriz obligatoria tanto para las
autoridades administrativas como judiciales, según lo ha señalado la Corte
Constitucional en la sentencia C-820 de 2006.
Expuso que, la UGPP ha basado sus decisiones en la sentencia S-699 de 1997 para
negar este beneficio a los docentes de secundaria nombrados por el Ministerio de
Educación Nacional, dándole mayor peso a esta jurisprudencia que a lo dispuesto en
la Ley 91 de 1989, vulnerando la Constitución, al desconocer los principios de
favorabilidad e igualdad, tal como lo señalaron los magistrados que se apartaron del
fallo.
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Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: Ley 114 de 1913;
Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1993 y; Ley 91 de 1989.
Como sustento de lo anterior, con relación a la pensión gracia señaló que, los actos
demandados vulneran los derechos fundamentales a la igualdad y al debido
proceso, ya que no se le reconoció el tiempo de servicio prestado a la Nación para
efectos de acceder a la pensión gracia; sin embargo, dichos periodos sí son tenidos
en cuenta para otorgar el mismo beneficio a docentes nacionalizados conforme a las
Leyes 111 de 1960 y 43 de 1975. Por ello, señaló que la entidad incurrió en una vía
de hecho al omitir de manera evidente la aplicación de las normas pertinentes al
caso, especialmente el artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 15 de la
Ley 91 de 1989.
Teniendo en cuenta lo anterior, resaltó que, la negativa de reconocer la pensión
gracia configura un acto de prevaricato por acción y una vía de hecho, según lo
establecido por la Corte Constitucional en la sentencia T-571 de 2002. Esto, debido
a que los derechos derivados de la seguridad social son irrenunciables y, si una
persona cumple con los requisitos legales para que se le reconozca una pensión
bajo un régimen especial, dicha negativa resulta contraria al orden jurídico.
1.2 Contestación de la demanda
1.2.1 La UGPP,2 por medio de apoderada judicial, expuso que, en el presente
asunto, el accionante no es acreedor de la pensión gracia, toda vez que, «[…]
conforme a los tiempos de servicio aportados se puede observar que estos fueron prestados con
nombramiento del orden nacional, en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación solicitada, por cuanto su vinculación a la docencia fue de carácter NACIONAL».
Propuso las excepciones que denominó, «falta de requisitos pensionales»; «inexistencia de la
obligación»; e «prescripción».
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Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 76.
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Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
1.3 La sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de quince (15) de agosto
de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó a las pretensiones de la demanda, sin condena
en costas.
Como sustento de su decisión, luego de estudiar las pruebas recaudadas, expuso
que, «[…] el accionante prestó sus servicios a la docencia oficial, ingresando a través de la
Resolución No. 2441 del 29 de marzo de 1977, acto administrativo proferido por el Ministerio de
Educación Nacional, para laborar como docente en el Colegio Nacional Loperena del Municipio de
Valledupar, desde el 25 de abril de 1977 hasta el 31 de julio de 2011, cuando fue retirado del
servicio». Por lo tanto, señaló que, «[…] el docente cumplió en total 34 años, 3 meses y 5 días,
cumpliendo 20 años de servicio el 25 de abril de 1997».
En tal sentido, indicó que, «[…]el señor JUAN CARLOS SIERRA DÍAZ admite que su
vinculación al servicio docente durante todo el tiempo en que ejerció, se dio bajo la categoría de
Nacional, no obstante, persigue a través del medio de control, que se acceda al reconocimiento
pensional basado en los principios de igualdad y favorabilidad».
Por lo anterior, concluyó que, conforme a la norma y la jurisprudencia, la pensión
gracia solo puede reconocerse a docentes con 20 años de servicio en entidades
territoriales (departamentales, distritales o municipales), excluyéndose los tiempos
en cargos nacionales. Por ende, determinó que, como en el caso del demandante se
comprobó que su vinculación fue nacional, los actos administrativos se ajustan a
derecho y no procede acceder a las pretensiones de la demanda.
1.4 El recurso de apelación4
El señor Juan Carlos Sierra Díaz, solicitó revocar la sentencia de primera instancia,
al considerar que, inaplicó la Ley 114 de 1913, la Ley 37 de 1933 y, el artículo 15 de
la Ley 91 de 1989, pues, en su sentir, las referidas leyes conceden la pensión gracia
a todos los docentes oficiales, nacionales y nacionalizados, vinculados antes de
1981.
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Samai-Tribunal-expediente digital- índice 075 SAMAI.
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Samai-Tribunal-expediente digital- índice 079 SAMAI.
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Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
Asimismo, señaló que, la tesis contenida en la sentencia que denominó S-699 de
1997 de esta Corporación, es inconstitucional, toda vez que, no se aviene a las
normas de la pensión gracia y, desconoce los principios de favorabilidad e igualdad,
pues, todos los docentes están en igualdad de condiciones y derechos cubiertos por
el estatuto docente.
1.5 Trámite de segunda instancia
Con auto de 30° de mayo de 20255, el consejero ponente admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al
Despacho para fallo.
La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 6 del Código
General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
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Índice 05 Samai.
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»
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Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, se analizará si al accionante le asiste razón jurídica para reclamar a
la demandada el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos
exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que
la regulan.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas recaudadas; y 2.5.
Caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa
cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su
regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19137 consagró por primera vez la pensión gracia:
«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por
un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia,
en conformidad con las prescripciones de la presente Ley» .
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de
la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito
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«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los
profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones
que percibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia
surgía porque la Ley 39 de 19038, la educación pública primaria estaba en cabeza
de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la
Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 19289 amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores
de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley
114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de
servicio se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la
enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que
implica la inspección».
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de
no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia
de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución
Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también
consagra el artículo 128 de la Carta actual10.
La Ley 37 de 193311 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión
de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199812, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que
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«[S]obre Instrucción Pública».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni
recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la
Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el
legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le confiere, es competente
para regular los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones
para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para
satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es
perfectamente legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones
para gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente
acusada, tiene una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es
evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de
1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo
las excepciones que sobre la materia establezca la ley».
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación,
puesto que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial
será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación,
ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las
pensiones, preceptuó:
«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se
les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación
equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos pensionados
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«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional» .
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata
el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de
1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de
carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que
hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y
37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”, hecho que
modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no
podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de
carácter nacional”.
[…]»
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito,
como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan
vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la
posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del
mismo precepto, o sea la
“[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2,
artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la
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Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […]
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91
de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15,
dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues
habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación,
en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley 14.»
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada
Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de
agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la
que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre
de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con
antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14
de 202015, esa disposición
«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista,
conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas
Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún
podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de
ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se
vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación
de la Ley 91 de 1989»
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión
gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de
1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del
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Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
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M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo
máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91
de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999,
expuso:
«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los
“docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la
educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la
Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el
establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción
entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros
de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por
concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15,
numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes
oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913,
116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a
la pensión gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere
reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación
primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un
período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos
categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de
manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en
vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata la
Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928
y 37 de 1933.
Como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes
actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a
ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro
Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política
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Número Interno: 5848-2024
Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada
vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el
cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre
en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el
legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en
ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional
el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen
prestacional del Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve
como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero
de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas
ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que quienes ingresaron a
partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una
“mera expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida
por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de
manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de
quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de
enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no exigen
igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación
laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes
del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación 16 [se subraya y
destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la
normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios
como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un término
no menor de veinte (20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de
16
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa
teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el
legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello
significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes,
“nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
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1980; cumplir cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con honradez,
consagración y buena conducta.
2.4 Pruebas recaudadas
A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de
juzgamiento, en atención al material probatorio traído al plenario, por lo que se
destaca:
i) Cédula de ciudadanía del señor Juan Carlos Sierra Díaz,17 que da cuenta que
nació el 09 de agosto de 1948.
ii) Resolución N° 2441 del 29 de marzo de 1977,18 mediante la cual, el Ministerio de
Educación Nacional, nombró al actor, para desempeñar el cargo de docente de
enseñanza secundaria en el colegio nacional “Loperena” Valledupar- Cesar, con acta
de posesión del 25 de abril de 197719.
17
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, página 1°.
18
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, página 3.
19
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, página 5.
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Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
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iii) El 24 de octubre de 2016,20 la Secretaría de Educación de Valledupar, expidió
certificado de salarios devengados por el demandante, correspondiente a los
periodos comprendidos del 1° de enero al 30 de diciembre de 1997 y del 1° de enero
al 30 de mayo de 1998.
iv) Formato Único para la expedición del certificado de Historia Laboral, consecutivo
1268 del 13 de octubre de 2016,21 proferido por el Fondo de Prestaciones del
Magisterio, de la Secretaría de Educación de Valledupar; que señala que el
accionante prestó sus servicios como docente de primaria con vínculo nacional, en
la Escuela Urbana Mixta N° 5.
20
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, páginas 9 a 10.
21
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, páginas 6 a 7.
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Demandante: Juan Carlos Sierra Díaz
Demandada: UGPP
v) El 24 de octubre de 2016,22 la Secretaría de Educación de Valledupar, expidió
certificado de salarios devengados por el actor, con vinculación como docente
nacional, correspondiente a los periodos comprendidos del 1° de enero al 30 de
diciembre de 1997 y del 1° de enero al 30 de mayo de 1998.
vi) Declaración autenticada rendida por el accionante del 26 de octubre de 2016,23
donde deja constancia que se desempeñó en el servicio docente con honradez,
idoneidad, consagración y buena conducta.
vii) Por medio de la Resolución N° RDP 018781 del 8 de mayo de 2017 24, la UGPP
negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia solicitada por el
peticionario. La negativa se fundamentó en que no cumplía con los requisitos
22
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, páginas 9 a 10.
23
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, páginas 11 a 12.
24
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, páginas 15 a 19.
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legales, en particular, no acreditó 20 años de servicio en la docencia oficial de orden
departamental, municipal o distrital exigido para la pensión de jubilación gracia.
viii) A través de la Resolución RDP N° 029116 del 21 de julio de 2017 25, la UGPP
resolvió el recurso de reposición interpuesto por el demandante, confirmando la
Resolución N° RDP 018781 del 8 de mayo de 2017.
2.5 Caso concreto
Descendiendo al sub examine, se tiene que, el señor Juan Carlos Sierra Díaz
pretende obtener la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones N° 018781 del 8 de mayo de 2017 y N° 29116 del 21 de julio de 2017,
mediante las cuales, la UGPP, negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia al
accionante. A título de restablecimiento del derecho, pidió que: (i) le reconozca y
pague la pensión gracia en cuantía equivalente al 75% del promedio de la
remuneración mensual del año anterior a la causación del derecho; (ii) el reajuste de
los valores reconocidos conforme al Índice de Precios al Consumidor certificado por
el DANE; (iii) el cumplimiento a la sentencia dentro del término legal y; (iv) el pago
de los intereses moratorios a la demandada.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del quince
(15) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas, al considerar que, el accionante prestó sus servicios a la
docencia oficial, ingresando a través de la Resolución N° 2441 del 29 de marzo de
1977, acto administrativo proferido por el Ministerio de Educación Nacional, para
laborar como docente en el Colegio Nacional Loperena del Municipio de Valledupar,
desde el veinticinco (25) de abril de mil novecientos setenta y siete (1977) hasta el
treinta y uno (31) de julio de dos mil once (2011), cuando fue retirado del servicio.
Por lo tanto, señaló que, «[…] el docente cumplió en total 34 años, 3 meses y 5 días, cumpliendo
20 años de servicio el 25 de abril de 1997».
Por lo anterior, concluyó que, conforme a la norma y la jurisprudencia, la pensión
gracia solo puede reconocerse a docentes con 20 años de servicio en entidades
25
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 086 SAMAI, archivo 67, páginas 22 a 24.
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territoriales (departamentales, distritales o municipales), excluyéndose los tiempos
en cargos nacionales. Por ende, determinó que, como en el caso del demandante se
comprobó que su vinculación fue nacional, los actos administrativos se ajustan a
derecho y no procede acceder a las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión de primera instancia, el demandante presentó recurso de
apelación, al considerar que, inaplicó la Ley 114 de 1913, la Ley 37 de 1933 y, el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, en su sentir, las referidas leyes conceden la
pensión gracia a todos los docentes oficiales, nacionales y nacionalizados,
vinculados antes de 1981.
Asimismo, señaló que, la tesis contenida en la sentencia que denominó S-699 de
1997 de esta Corporación, es inconstitucional, toda vez que, no se aviene a las
normas de la pensión gracia y, desconoce los principios de favorabilidad e igualdad,
pues, todos los docentes están en igualdad de condiciones y derechos cubiertos por
el estatuto docente.
En el sub lite se tiene que, el actor nació el nueve (09) de agosto de mil novecientos
cuarenta y ocho (1948) y prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Acto de Tiempo laborado
Nominador Desde Hasta
nombramiento a. m. d.
Ministerio de Resolución N°
Educación 2441 del 29 de 25 de abril de 31 de julio de 34 3 16
Nacional marzo de 1977 1977 2011
Total tiempo servido 34 3 16
En lo atinente al periodo laborado por el demandante desde el veinticinco (25) de
abril de mil novecientos setenta y siete (1977), la Secretaría de Educación de
Valledupar certificó que, se trató de una vinculación de orden nacional. Asimismo, lo
corroboró el formato de historia laboral y el certificado de salarios; por ello, este
tiempo de servicio es nacional y no puede ser tenido en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia.
Ahora bien, en lo tocante a la alzada formulada por el demandante, debe advertirse
que, la Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo del Consejo de Estado en
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sentencia S-699 de 29 de agosto de 199726, expuso que, «[…] dentro del grupo de
beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,
los nacionalizados».
En ese sentido, en Sentencia de Unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018,27 se
ha reiterado lo siguiente: «[e]n cuanto al personal nacional la regla es clara. Tanto el marco
jurídico que rige la aludida prestación como la doctrina legal en la materia son explícitos en advertir
que los docentes nacionales no tienen derecho a su reconocimiento, y que el tiempo laborado en esa
condición no se puede computar con el servido en calidad de educador nacionalizado o territorial».
Así las cosas, no son de recibo los argumentos expuestos por el apelante, teniendo
en cuenta que, la Corporación28 ha considerado que, para tener derecho al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la vinculación docente en una
plaza nacionalizada o territorial antes del treinta y uno (31) de diciembre de mil
novecientos ochenta (1980), sumar 20 años de servicios en planteles
departamentales, distritales o municipales, cumplir 50 años de edad y
desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
En este orden de ideas, habida cuenta que, Juan Carlos Sierra Díaz, conforme con
las certificaciones aportadas denota que prestó sus servicios como docente nacional
y, por ende, vinculado con el mismo carácter desde el veinticinco (25) de abril de mil
novecientos setenta y siete (1977), hasta el treinta y uno (31) de julio de dos mil
once (2011), [fecha en la que cumplió los 50 años de edad], no le asiste derecho a la
pensión gracia que solicita, tal como lo concluyó el A-quo.
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo
del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.
2.6 Sobre la condena en costas
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, Consejero
ponente, Nicol·s P·jaro Peñaranda.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de junio de
2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28
Ibíd.
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Demandada: UGPP
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del quince (15) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar, negó
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
19
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