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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00530-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00530-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confirmar la sentencia del Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda, precisando que la base para efectuar la liquidación será el salario devengado por un instructor de planta del SENA. SEGUNDO: Sin costas en esta instancia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00530-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintitrés (23) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 200-012-33-3-000-2020-00530-01 (3956-2024)1
Demandante : Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado : Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)2
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
del Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda

1.2 Pretensiones3

1. La señora Sandra Milena Morelo Pérez solicitó la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio No. 2-2019-002038 del 28 de marzo de 2019, mediante el cual se
negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales causadas durante la relación
laboral que, en su criterio, existió entre las partes.

1
Radicado de samai
2
En adelante SENA.
3
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 53, págs. 4 – 5.

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió se condene al SENA al pago de
prestaciones sociales por el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2006 y el
31 de diciembre de 2018 -cesantías, prima de servicios, intereses de cesantías,
vacaciones, dotación y prestaciones especiales de la entidad-, la devolución de los
valores retenidos en la fuente, la indexación con el IPC, el pago de aportes pensionales
a Colpensiones, intereses moratorios y condena en costas.

1.2 Hechos y omisiones4

3. La demandante señaló que entre el 21 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de
2018 fue vinculada al SENA mediante veinte contratos sucesivos de prestación de
servicios, en virtud de los cuales se desempeñó principalmente como instructora en las
áreas de emprendimiento, empresarismo y contabilidad y luego como líder para la
atención a la población desplazada.

4. Durante toda esa relación cumplió horarios de trabajo en las instalaciones de la
entidad, estuvo bajo las órdenes de directores y subdirectores del centro de operación y
mantenimiento minero y a su remuneración le fue descontada retención en la fuente.

1.3 Normas violadas y concepto de violación5

5. Invocó los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 25 y 53 de la Constitución Política y los artículos 23
y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, al considerar que su vinculación con el SENA por
más de doce años sin solución de continuidad configuró un verdadero “contrato realidad”
dado que concurrieron los tres elementos esenciales: prestación personal del servicio,
remuneración periódica y subordinación continuada.

1.4 Contestación de la demanda6

4 Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 53, págs. 1 – 4.
5 Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 53, págs. 5 – 9.
6 Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 100.

2

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

6. El SENA se opuso a todas las pretensiones. Argumentó que la actora ejecutó sus
labores con plena autonomía e independencia técnica y que, si bien debía someterse a
ciertas condiciones para la ejecución eficiente del objeto contractual -como el
cumplimiento de un horario o la presentación de informes-, ello correspondía a la
coordinación propia de los contratos estatales y no a subordinación laboral.

7. Señaló, además, que la demandante conoció y aceptó voluntariamente su condición
de contratista, se afilió al sistema de seguridad social como trabajadora independiente,
constituyó pólizas de cumplimiento y cobró sus honorarios a satisfacción sin presentar
reclamo alguno durante el tiempo de ejecución de los contratos, lo que evidencia la buena
fe de la entidad y excluye la existencia de un vínculo laboral. Propuso como excepciones
de fondo la inexistencia de la relación laboral, la prescripción, el cobro de lo no debido y
la buena fe.

1.5 La sentencia de primera instancia7

8. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 30 de mayo de 2024,
accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró la nulidad del acto demandado y la
existencia de una relación laboral entre el 21 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre
de 2018, con fundamento principalmente en la prueba documental y el testimonio de una
excompañera de trabajo que acreditó el cumplimiento de horario fijo, supervisión
jerárquica, uso de insumos institucionales e imposibilidad de delegar las labores -
testimonio que el tribunal consideró imparcial y coherente, desestimando la tacha de
sospecha formulada por el SENA.

9. Sin embargo, declaró probada la excepción de prescripción respecto de las acreencias
anteriores al 23 de diciembre de 2011, al estimar que los 73 días transcurridos entre el
contrato No. 276 y el No. 107, sumados al cambio de objeto contractual, configuraron una
solución de continuidad y la reclamación administrativa solo se formuló el 20 de enero de
2019.

7 Expediente digital del Tribunal de origen, índice 46.

3

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

10. En consecuencia, condenó al SENA al pago de prestaciones sociales ordinarias por
el período comprendido entre el 8 de marzo de 2012 y el 31 de diciembre de 2018,
tomando como base los honorarios pactados o el salario de un empleado de planta,
siempre y cuando no sea menor ordenó el cómputo de la totalidad del tiempo laborado
para efectos pensionales y el pago de la diferencia de aportes a cargo del empleador y
negó las demás pretensiones sin condena en costas.

1.6 Los recursos de apelación

1.6.1 SENA8

11. Se limitó a transcribir jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la carga de la
prueba, el elemento de subordinación y la solución de continuidad, sin descender al caso
concreto ni señalar con precisión los reparos a la decisión de primera instancia.

1.6.2 Sandra Milena Morelo Pérez9

12. Expresó su inconformidad respecto del ordinal tercero de la sentencia de primera
instancia, relativo a la prescripción declarada para el período 2006-2011. Argumentó que
los derechos laborales derivados de la relación laboral solo se hacen exigibles a partir de
la sentencia que los declara, por cuanto mientras los actos administrativos que los niegan
estén amparados por la presunción de legalidad, el trabajador no puede reclamarlos
judicialmente.

13. Con base en ese argumento, solicitó la revocatoria de la prescripción decretada y que
la condena cubra la totalidad del período laborado desde el 21 de septiembre de 2006,
sin exclusión alguna.

1.7 Trámite de segunda instancia10

8 Expediente digital del Tribunal de origen, índice 52.
9 Expediente digital del Tribunal de origen, índice 54.
10 En el siguiente enlace del aplicativo samai:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200012333000202000530011100103

4

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

14. Mediante auto del 20 de febrero de 2026, el consejero ponente admitió los recursos
de apelación de ambas partes, de conformidad con el artículo 247 del CPACA, modificado
por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Al no existir solicitudes probatorias, el
expediente ingresó al despacho para fallo.

15. El agente del Ministerio Público rindió concepto, en el que solicitó confirmar en su
integridad la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, al estimar que tanto el
reconocimiento de la relación laboral como la prescripción parcialmente declarada se
ajustan al precedente jurisprudencial11.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

16. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.

2.2 Problema jurídico

17. Conforme a los reparos exhibidos en los recursos de apelación, corresponde a la Sala
dilucidar dos cuestiones. La primera: si entre la señora Sandra Milena Morelo Pérez y el
SENA concurrieron los elementos propios de una relación laboral durante el período
comprendido entre el 21 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2018 y si, en
consecuencia, le asiste el derecho al reconocimiento de los emolumentos salariales y
prestacionales dejados de percibir. La segunda, que es el reproche de la parte actora en
su recuso, consiste en verificar si operó la prescripción extintiva respecto de las
acreencias causadas entre el 21 de septiembre de 2006 y el 23 de diciembre de 2011.
De encontrarse acreditada la relación laboral, se precisará también la base de liquidación
de los emolumentos que deban reconocerse.

11
Índice 12 del aplicativo samai.

5

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

18. Antes de abordar los problemas jurídicos planteados, conviene precisar que la Sala
advierte que el SENA en su recurso se limitó a citar apartes jurisprudenciales de esta
Corporación relativos a la carga de la prueba, al elemento de subordinación y a la solución
de continuidad, sin identificar con precisión los yerros en que habría incurrido el A-quo ni
contrastar dichos criterios con las particularidades del caso. Ese déficit argumentativo no
releva a la Subsección de examinar si la declaratoria de relación laboral se encuentra
respaldada por el acervo probatorio; especialmente si sus elementos configurativos
quedaron debidamente acreditados en el expediente y puntualmente la subordinación.
Además, debe actuar conforme al principio de garantía al acceso a la administración de
justicia previsto en el artículo 228 de la Constitución.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial. Configuración de relaciones de trabajo
subordinadas con el Estado suscitadas en el marco de la ejecución de contratos
administrativos de prestación de servicios - Principio de primacía de realidad sobre
las formalidades: efectos y prerrogativas

19. La situación particular que ocupa la atención de la Sala, se deriva de la interpretación
y aplicación de las condiciones legales previstas en el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993,
a la luz de lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y la jurisprudencia
aplicable a casos en los cuales se suplica la existencia de una relación laboral encubierta,
conforme al principio de la realidad sobre las formas.

20. La tipología de contratación estatal de prestación de servicios personales se
encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, forma jurídica de vinculación
de personas naturales con la administración que está dirigida a «[…] desarrollar
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad», y se
caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse […] cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados»,
«no generan relación laboral ni prestaciones sociales», y porque «[…] se celebrarán por
el término estrictamente indispensable».

21. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154 de
1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características del
contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo. En esa
oportunidad sostuvo que «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera que cada

6

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto
para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos»; y concluyó
que «el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del
contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe
entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la
norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se
acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud
por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio
con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de
prestación de servicios independiente».

22. Posteriormente, ese alto Tribunal12 determinó los criterios que permiten establecer o
diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…] la
administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para desempeñar
funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese efecto debe crear
los cargos requeridos en la respectiva planta de personal», momento en el que, a
propósito del esclarecimiento del criterio de permanencia, indicó que «la jurisprudencia
constitucional ha precisado los criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al
criterio funcional, que hace alusión a “la ejecución de funciones que se refieren al
ejercicio ordinario de las labores constitucional y legalmente asignadas a la entidad
pública” [artículo 121 de la Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es, cuando “las
labores desarrolladas son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en
planta de personal de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación
laboral”; [iii] al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se
asemejan a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de
trabajo o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”;
[iv] al criterio de excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde a “actividades
nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta o se requieren
conocimientos especializados o de actividades que, de manera transitoria, resulte
necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el personal de planta”; y [v] al
criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó mediante contratos sucesivos de

12
Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas
Silva.

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Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

prestación de servicios pero para desempeñar funciones del giro ordinario de la
administración, en otras palabras, para desempeñar funciones de carácter permanente,
la verdadera relación existente es de tipo laboral».

23. Esta Corporación ha proferido sendas sentencias de unificación jurisprudencial, como
la CE-SUJ2-005-1613, en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de servicios
se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor
del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las
formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de
las personas preceptuados en normas respecto de la materia».

24. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación jurisprudencial
SUJ-025-CE-S2-202114, en la que identificó algunos criterios para desentrañar la
subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como lugar de trabajo,
horario de labores, dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar y la
comprobada identidad funcional con empleados de la planta de personal, y señaló que
«el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato estatal de
prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras garantías
propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es contraria a la
Constitución y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la precarización de las
condiciones socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna de los trabajadores».

25. Asimismo, en dicha providencia, esta Colegiatura introdujo el criterio de necesidad
temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo subordinadas a
través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual estableció que, conforme
lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, estos últimos deben ser
celebrados por el «término estrictamente indispensable», concepto que alude al lapso
«señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el
principio de planeación, tiene que estar justificado en la necesidad de la prestación del

13
Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente 23001-23-33-
000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
14
Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2016; expediente 05001-
23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

servicio a favor de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia».

26. De lo anterior resulta claro que si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las entidades
públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir relaciones
laborales subordinadas, pues de ser así, surgen en forma inmediata los derechos para el
contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y prerrogativas propios
de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en los cuales se trata de
atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto misional del ente
contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas permanentes, necesarias e
indispensables para la consecución de sus fines.

27. Luego entonces, para la prosperidad de una pretensión de existencia de la relación
laboral subordinada entre dos sujetos, se requiere que la parte interesada demuestre los
elementos esenciales de la misma, esto es, que la actividad haya sido prestada de
manera personal, es decir, por sí mismo; que por dicho oficio haya recibido una
remuneración o pago; y, además, que en la relación con el empleador exista continua
subordinación o dependencia, situación entendida como aquella facultad para exigir al
prestador del servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse
por todo el tiempo de duración del vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación
resulta ser el de mayor relevancia, toda vez que marca la diferencia entre el contrato de
prestación de servicios y una relación laboral.

2.4 Medios de prueba

28. En el expediente obran los siguientes medios de prueba:

1. Certificaciones Nos. DIR 068-2019 y COMM 016-2019 expedidas por el director y el
subdirector del centro de operación y mantenimiento minero del SENA regional Cesar,
que acreditan la existencia, objetos, valores y períodos de los siguientes contratos
celebrados con la actora15:

➢ Contrato No. 243 del 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2006.
➢ Contrato No. 183 del 17 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2007.

15
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 50, págs. 14 – 31.

9

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

➢ Contrato No. 16 del 26 de febrero hasta el 27 de junio de 2008.
➢ Contrato No. 135 del 21 de agosto hasta el 16 de diciembre de 2008.
➢ Contrato No. 52 del 13 de febrero hasta el 12 de diciembre de 2009.
➢ Contrato No. 12 del 28 de enero hasta el 12 de diciembre de 2010.
➢ Contrato No. 130 del 28 de febrero hasta el 30 de junio de 2011.
➢ Contrato No. 276 del 15 de julio hasta el 23 de diciembre de 2011.
➢ Contrato No. 10712 del 8 de marzo hasta el 29 de junio de 2012.
➢ Contrato No. 39112 del 19 de julio hasta el 22 de diciembre de 2012.
➢ Contrato No. 280 del 1 de febrero hasta el 30 de diciembre de 2013.
➢ Contrato No. 14 del 16 de enero hasta el 30 de julio de 2014.
➢ Contrato No. 837 del 6 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2014.
➢ Contrato No. 342 del 6 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2015.
➢ Contrato No. 29 del 2 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2016.
➢ Contrato No. 77 del 26 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.
➢ Contrato No. 17 del 19 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

2. Certificación No. 00455-13 de la oficina de relaciones laborales del SENA, por medio
de cual se constata la existencia, periodo y objeto de los siguientes contratos de
prestación de servicios con señora Morelo Pérez -se omiten los repetidos ya consignados
en el numeral anterior-16:

➢ Contrato No. 89 del 23 de mayo hasta el 24 de agosto de 2007.
➢ Contrato No. 276 del 3 de septiembre hasta el 28 de diciembre de 2007.
➢ Contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes del No. 243 de 2006
al No. 17 de 201817.

3. Actas de inicio de contratos Nos. 837 del 2014, 12 de 2010, 16 de 2008, 10712 de
2012, 280 de 2013, y 14 de 201418; órdenes de viaje expedidas a nombre de la contratista
para desplazamientos a distintos municipios del Cesar19; actas de entrega y traspaso de
elementos devolutivos a cargo de la actora20.

16
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 50, págs. 77 – 78.
17
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 50, págs. 109 – 184. Los contratos faltantes en mismo índice, anexo 32,
expediente administrativo aportado por la demandada.
18
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 50, págs. 55 y 57 a 61.
19
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 50, págs. 62 – 75.
20
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 60, anexo 50, págs. 42 - 54.

10

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

4. Testimonio de la señora Miriam Luz Royero Moreno, rendido en la audiencia de
pruebas del 14 de febrero de 202321.

5. Reclamación administrativa presentada por la demandante ante el SENA, el 14 de
marzo de 2019.22

6. Respuesta a dicha petición y que constituye el acto demandado, esto es, oficio 20-
1010 del 28 de marzo de 2019.23

2.5 Caso concreto

29. La demandante pretende obtener la declaración de existencia de una relación laboral
encubierta con contratos sucesivos de prestación de servicios que prestó al SENA entre
el entre el 21 de septiembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2018. Como consecuencia
de lo anterior, persigue el reconocimiento de prestaciones sociales ordinarias y
especiales a que tienen derecho los instructores de esa entidad.

30. Por su parte, el SENA aseguró que la modalidad contractual utilizada se encuentra
conforme a derecho y nunca se generó el vínculo laboral que alega la parte actora.

31. Planteado el objeto y alcance del litigio, a partir de las pruebas recaudadas se
efectuará el análisis correspondiente, para lo cual se sienta de una vez que no existe
controversia alguna en cuanto a la prestación personal del servicio por parte de la señora
Morelo Pérez y la contraprestación o remuneración que recibía por esa actividad
denominada honorarios, por lo que la Sala se detendrá a estudiar si se presentó la
subordinación como elemento esencial por antonomasia de las relaciones laborales
encubiertas.

32. El SENA fue creado por el Decreto ley 118 de 1957 y sus funciones iniciales consistían
en brindar formación profesional a los trabajadores de la industria, el comercio, la
agricultura, la minería y la ganadería, según el Decreto 164 de 6 de agosto de 1957.

33. Posteriormente, el artículo 2° de la Ley 119 de 199424 señaló que el SENA se ocupa
de «[…] cumplir la función que le corresponde al Estado de intervenir en el desarrollo

21
Expediente digital del Tribunal de origen, índice 45.
22
Expediente tribunal de origen, índice 60, pág. 32 a35.
23
Expediente digital tribunal de origen, índice 60, pág. 32 a 35.
24
«Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras

11

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación
profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades
productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país».

34. Por ello, la misión especial encomendada a esa entidad consiste en formar y capacitar
a los trabajadores, funciones de carácter permanente que cumple en desarrollo de su
actividad, de lo que se colige que las labores desempeñadas por la accionante como
instructora son inherentes a su materialización, habida cuenta que no fueron temporales
y están directamente relacionadas con ella.

35. En el mismo sentido, vale recordar que el manual específico de funciones, requisitos
mínimos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del Sena,
contenido en la Resolución 986 de 25 de mayo de 2007 (vigente entre 2007 y 2015),
determinó que el cargo de instructor hace parte de dicha planta, con la descripción de los
siguientes propósitos y funciones:

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar procesos de Formación Profesional de conformidad con las Políticas
Institucionales, la Normatividad vigente y la Programación de la Oferta Educativa.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

INSTRUCTOR:

1. Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el programa de
Formación Profesional y el enfoque metodológico adoptado.
2. Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y en las
características y requerimientos de los aprendices.
3. Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos
de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes.
4. Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de conformidad con
los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la
ejecución de acciones de Formación Profesional.
5. Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas.
6. Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con le
[sic] Manual de Evaluación vigente.

Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el área del desempeño del empleo 25.

36. Las anteriores atribuciones guardan similitud con las ejercidas por la demandante
como instructora, puesto que denotan una dependencia de quien ejerce ese empleo, al
propio tiempo que corroboran que no puede existir coordinación para el desarrollo de una

disposiciones».
25
Información consultada en la página electrónica: https://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/manua-funciones.aspx

12

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

presunta relación contractual para desempeñar esa labor, toda vez que, se trata de
funciones que atañen a la esencia de la entidad demandada, las cuales desempeñó
durante un período comprendido entre 2006 y 2018.

37. Ahora bien, esta Corporación ha resaltado la libertad del juez a efectos de determinar
la existencia de una relación laboral encubierta en los casos en los que los instructores
se vincularon al Sena a través de contratos de prestación de servicios.

38. En efecto, a través de diferentes pronunciamientos ha exigido la demostración de
todos los elementos esenciales de la relación laboral26. En específico, sobre la
subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las actividades
ejecutadas»27 pues, aunque se haya señalado que estas hacen parte de las funciones
propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de sujeción directa frente
a la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con el estricto cumplimiento del
objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un análisis del material probatorio
«bajo las reglas de la sana crítica»28, a fin de establecer la configuración o no del
elemento de la subordinación continuada.

39. En ese sentido, de las funciones asignadas a la señora Morelo Pérez, esto es, ejercer
como instructora de formación profesional, brindar asesoría y acompañamiento en planes
de negocio, entregar reportes e informes estadísticos, entre otras, puede deducirse una
subordinación entre ésta y la entidad demandada, pues contiene directrices de la forma
precisa como debía ejecutarlas. En efecto, las tareas a ella encomendadas, permiten
entrever que no contaba con autonomía técnica, ya que sus labores responden a la
necesidad de ejecución de políticas públicas dirigidas a impartir formación para el trabajo
según los planes, cometidos y objetivos pedagógicos del contratante, actividades que,
como es natural, constituían el marco restringido de acción de su desempeño, sin que
tuviera opción de ejercerlas de manera libre en uso de su arbitrio, comoquiera que se
trata de la garantía de aplicación de las políticas diseñadas y formuladas por el SENA.

26
Sección Segunda, sentencias del i) 27 de abril de 2016, radicado 66001-23-31-000-2012-00241-01(2525-14); ii) 15 de mayo de
2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00123-01 (3257-16); iii) 28 de noviembre de 2018, radicado 17001-23-33-000-2014-00282-01
(2093-16); iv) 19 de julio de 2018, radicado 47001-23-33-000-2014-00010-01 (3928-15); v) 25 de noviembre de 2021, radicado 66001-
23-33-000-2017-00317-01(2118-20); entre otros.
27
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-19), M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
28
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez.

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Demandado: SENA

40. A dicha conclusión se arriba igualmente con la declaración de un tercero, esto es, la
señora Miryam Luz Royero Moreno, quien también fue instructora del SENA y adujo que
debían asistir a reuniones para recibir instrucciones y orientaciones o cuando existía
alguna dificultad las citaban y si no asistían podían ser sancionadas con la suspensión o
terminación del contrato. Al preguntarle si existían dentro de la planta de personal
empleados con las mismas funciones, señaló que si, que había instructores de
emprendimiento. Al ser interrogada por la acudiente judicial de la entidad demandada,
aclaró que le constaba el cumplimiento de horarios por parte de la señora Morelo porque
era de la misma área e incluso había seguimiento para el cumplimiento de ese horario y
debieron desplazarse a otros municipios a cumplir misiones ordenadas por la
demandada.

41. Todo lo anterior permite colegir que las conclusiones a las que arribó el tribunal de
primera instancia para declarar la existencia de una relación laboral entre las partes son
acordes a la realidad procesal, pues resalta con contundencia que las labores ejercidas
por la señora Morelo Pérez, son iguales o similares a las desempeñadas por los
instructores de planta del Sena.

42. Es decir, pese a realizar tareas que hacen parte de la naturaleza de la entidad como
es la de brindar capacitación y estudio a los aprendices del Sena, se le vinculó mediante
contratos de prestación de servicios de forma relativamente permanente y eludiendo así
el pago de los emolumentos salariales y prestacionales que devendrían si no hubiese
existido la vinculación precaria.

43. En cuanto al carácter temporal o excepcional de la labor contratada, debe precisarse
que este requisito también se encuentra desvirtuado, toda vez que en el presente caso
las labores desempeñadas por la demandante se presentaron durante un largo período
comprendido entre los años 2006 a 2018, con algunas interrupciones, como instructora y
se relacionan con las que de manera sucesiva debía adelantar el Sena como propias u
ordinarias.

44. Del contenido de las obligaciones contractuales pactadas a lo largo de toda la
vinculación, se advierte de manera constante, que la demandante debía cumplir los
horarios establecidos por la coordinación del programa o del centro, rendir informes
periódicos ante el supervisor, asistir a las reuniones convocadas institucionalmente bajo
consecuencias contractuales ante la inasistencia, desplazarse a los municipios y sedes

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determinados por la entidad y ejecutar sus labores conforme a los parámetros fijados
institucionalmente.

45. Este cuadro de sujeción al poder directivo y organizativo del contratante supera la
coordinación propia de un contrato de prestación de servicios y configura la inserción de
la demandante en el círculo rector de la entidad que la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 identificó como el indicio más relevante de subordinación. A ello se suma
que la vinculación se extendió por más de doce años sin que el SENA hubiera podido
justificar con estudios previos la necesidad temporal y especializada de cada contrato
sucesivo, lo que por sí solo constituye un indicio claro de que bajo la figura contractual se
encubrió una verdadera relación laboral.

46. Esta Sala comparte la valoración que el a quo realizó sobre el testimonio de la señora
Miriam Luz Royero Moreno y la desestimación de la tacha de sospecha propuesta por la
parte demandada, por las razones que expuso con suficiencia y que esta Corporación
prohíja sin necesidad de reiterarlas. Baste agregar que el SENA no formuló en su recurso
de apelación reparo concreto alguno contra esa valoración. Además, de su dicho se
infiere también el sometimiento de que fue objeto la actora de parte de la entidad
demandada, para trasladarla en misión a otros municipios, lo que comporta el ius variandi,
propio de la subordinación laboral.

47. Por consiguiente, desvirtuadas tanto la autonomía e independencia en la prestación
del servicio, como la temporalidad propia de un verdadero contrato de esta naturaleza y
probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub examine, esto es, la
prestación personal del servicio de manera permanente, la remuneración y la
subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad, concluye la Sala que el ente
demandado utilizó equívocamente la figura contractual para encubrir la naturaleza real
de la labor desempeñada, por lo que en este caso subyace una relación laboral
encubierta, en aplicación de los principios constitucionales consagrados en los artículos
13 y 53 superiores, puesto que la demandante atendió funciones inherentes a la misión
institucional del SENA, en iguales condiciones a las de otros instructores de la planta de
personal.

48. Bajo este hilo conductor, se confirmará la sentencia apelada ya que, se itera, en el
sub-lite se probaron los tres elementos configurativos de la relación laboral, quedando
demostrado que el SENA evadió las obligaciones laborales respecto de la demandante,

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toda vez que ejerció atribuciones propias de un empleador a través de órdenes dirigidas
al desempeño de funciones ínsitas de la entidad que, además, no fueron temporales.

49. En lo atinente a la extinción de los derechos que se derivan de la declaratoria de
existencia de la relación laboral por el fenómeno de la prescripción y que constituye el
reproche de la parte actora en su recurso, en la sentencia de unificación de 25 de agosto
de 201629, esta Sección estimó:

[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el
pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la
realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años
contados a partir de la terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del
derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no
regresividad y progresividad [se resalta].

50. Ahora bien, en sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202130 de la Sección
Segunda de esta Corporación, sobre el término y el momento a partir del cual debe
computarse la prescripción extintiva, se determinó que la existencia de vinculaciones
contractuales consecutivas hace necesario el examen de sus interrupciones, con el fin
de comprobar si se presentó o no solución de continuidad en la relación laboral declarada.
En ese sentido, se reitera que la Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de continuidad
entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este constituya una
«camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y de acuerdo con los
elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de examinar si hubo o no la
ruptura del vínculo que se reputa laboral.

51. Bajo esa perspectiva, observa la Sala que la actora prestó sus servicios así:

Inicio Finalización Días hábiles
transcurridos
Año Contrato Valor
(dd/mm/aa) (dd/mm/aa) entre
contratos
2006 243 21/09/2006 30/11/2006 $ 3.982.500 N/A

29
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
30
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

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Demandado: SENA

89 23/05/2007 24/08/2007 $4.792.200 116
2007 183 17/09/2007 30/11/2007 $2.053.800 17
276 03/09/2007 28/12/2007 $6.814.720 N/A31
16 26/02/2008 27/06/2008 $ 6.504.000 40
2008
135 21/08/2008 16/12/2008 $8.951.400 36
2009 52 13/02/2009 12/12/2009 $15.705.000 31
2010 12 28/01/2010 12/12/2010 $24.150.000 55
130 28/02/2011 30/06/2011 $11.948.870 11
2011
276 15/07/2011 23/12/2011 $15.474.768 54
10712 08/03/2012 29/06/2012 $11.946.667 14
2012
39112 19/07/2012 22/12/2012 $16.426.667 27
2013 280 01/02/2013 30/12/2013 $36.256.000 12
14 16/01/2014 30/07/2014 $22.066.362 6
2014
837 06/08/2014 31/12/2014 $16.408.321 26
2015 342 06/02/2015 31/12/2015 $37.651.033 22
2016 29 02/02/2016 31/12/2016 $39.360.000 18
2017 77 26/01/2017 31/12/2017 $41.304.667 13
2018 17 19/01/2018 31/12/2018 $43.548.000 N/A

Año Contrato Objeto
Prestación de los servicios personales, como instructor contratista
impartiendo 270 horas de formación profesional como instructor de
mentalidad emprendedora, (…) se compromete a entregar en las fechas
2006 243
que el SENA estipule, los reportes estadísticos y registros inherentes al
proceso de formación estipulados por el SENA de conformidad con los
horarios de formación del Centro.
Prestar servicios personales como instructora para impartir 280 horas
de formación en el área de formulación de proyectos productivos en los
89
cursos de cultivo de hortalizas orgánicas y viverista forestal, en el Centro
biotecnológico del Caribe, del SENA regional Cesar.
Prestación de servicios personales como instructor contratista, para
impartir formación profesional integral, en el módulo de emprendimiento
2007
183 y empresarismo, en el programa de JOVENES RURALES adscritos al
Centro de Operación y Mantenimiento Minero de Valledupar en el
municipio de Becerril
Prestar servicios personales como instructora para impartir 440 horas
276 de formación en el área de formulación de formación regular
contabilización de las operaciones en las empresas y formación virtual en

31
Tiempos comunes, contratos Nos. 183 y 276 del 2007.

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contabilidad en las organizaciones del centro biotecnológico del Caribe
del SENA regional Cesar.
Prestación de servicios personales como instructor contratista, para
desarrollar acciones de formación profesional en el Centro de Operación
16 y Mantenimiento Minero de Valledupar SENA Regional Cesar,
impartiendo horas de formación dentro del curso emprendimiento y
empresarismo (…).
Prestación de servicios personales como instructor contratista, para
2008
desarrollar acciones de formación profesional en el centro de operación y
mantenimiento minero de Valledupar SENA regional Cesar, impartiendo
135 horas de formación en emprendimiento y empresarismo dentro de los
cursos titulados desarrollados en la Subsede de la Jagua de lbirico y
dentro del programa jóvenes rurales, vigencia 2008 y brindando asesoría-
acompañamiento en planes de negocios (…).
Prestación de servicios personales de carácter temporal como instructor
2009 52 impartiendo acciones de formación profesional integral en los programas
de formación complementaria.
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para brindar
2010 12 asesorías en la unidad de emprendimiento de los centros formación
profesional del SENA regional Cesar.
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal para apoyar el
diseño y la gestión de estrategias encomendadas al posicionamiento del
programa jóvenes rurales emprendedores consecución de alianzas y
130 convenios para el apalancamiento técnico, financiero y comercial de las
unidades productivas y servir de enlace entre los emprendedores y sector
2011
productivo de la zona de influencia del centro de operación y
mantenimiento minero del SENA regional Cesar.
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un gestor
276 para la articulación del programa de jóvenes rurales emprendedores del
centro de operación y mantenimiento minero del SENA regional Cesar.
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un líder
10712
para la atención a población desplazada en SENA Regional Cesar.
2012
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un líder
39112
para la atención a población desplazada en SENA Regional Cesar
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un líder
2013 280
para la atención a población desplazada en SENA Regional Cesar.
Prestación de servicios profesionales de carácter temporal de un líder
14
para la atención a población desplazada en SENA Regional Cesar.
Prestación de servicios profesionales de carácter para articular la oferta
institucional con las ofertas del estado y demás estrategias del gobierno
2014
nacional, para brindar a las poblaciones vulnerables especialmente a la
837
población víctima del desplazamiento por la violencia una oferta integral
que incida positivamente en sus niveles de empleabilidad e inclusión
social. Igualmente responder por los indicadores de medición.
Prestar servicios temporales de carácter profesional para articular la
oferta institucional con las ofertas del estado y demás estrategias del
gobierno nacional, para brindar a las poblaciones vulnerables
2015 342 especialmente a la población víctima del desplazamiento por la violencia
una oferta integral que incida positivamente en sus niveles de
empleabilidad e inclusión social. Igualmente responder por los
indicadores de medición.
Prestar servicios profesionales de carácter temporal para articular la
2016 29
oferta institucional con las ofertas del estado y demás estrategias del

18

Número interno: 3956-2024
Demandante: Sandra Milena Morelo Pérez
Demandado: SENA

gobierno nacional, para brindar a las poblaciones vulnerables
especialmente a la población víctima del desplazamiento por la violencia
una oferta integral que incida positivamente en sus niveles de
empleabilidad e inclusión social. Igualmente responder por los
indicadores de medición.
Prestar servicios profesionales de carácter temporal para articular la
oferta institucional con las ofertas del estado y demás estrategias del
gobierno nacional, para brindar a las poblaciones vulnerables
2017 77 especialmente a la población víctima del desplazamiento por la violencia
una oferta integral que incida positivamente en sus niveles de
empleabilidad e inclusión social. Igualmente apoyar el cumplimiento de
las metas de las poblaciones vulnerables.
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal para articular la
oferta institucional con las ofertas del Estado y demás estrategias y
programa sociales del gobierno, para brindar a las poblaciones
2018 17 vulnerables especialmente a la población víctima del desplazamiento por
la violencia, una oferta Integral que incida positivamente en sus niveles
de empleabilidad e inclusión social. Igualmente apoyar el cumplimiento
de las metas de las poblaciones vulnerables.

52. De acuerdo con estas probanzas, el recurso de la señora Morelo Pérez sobre la
prescripción no prospera. La regla fijada en la sentencia de unificación SUJ2-005-1632 es
clara: quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado debe
reclamarla dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual. Esa regla no admite que el plazo prescriptivo se postergue
indefinidamente hasta la sentencia que declara la relación laboral, como
equivocadamente lo pretende la recurrente. Hacerlo equivaldría a consagrar la
imprescriptibilidad absoluta de estos derechos, en contravía de la seguridad jurídica y del
propio fundamento del instituto prescriptivo.

53. El argumento de la apelante -según el cual el derecho no es exigible porque el acto
administrativo que lo niega está amparado por la presunción de legalidad- fue
expresamente descartado por la sentencia de unificación, que fijó el inicio del cómputo
en la terminación del vínculo contractual y no en la declaración judicial. El trabajador que
advierte -o puede advertir- las condiciones reales de su vínculo tiene la carga de actuar
oportunamente; no puede esperar varios años, como ocurrió en este caso, para formular
su reclamación.

32
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter

19

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Demandado: SENA

54. En el sub examine, entre la finalización del contrato No. 276 y el inicio del No. 107
transcurrieron con creces más de treinta días hábiles. Además, pese a que hubo un
cambio sustancial en el objeto contractual: la actora pasó de las funciones de instructora
y gestora del programa jóvenes rurales a las de líder de atención a la población
desplazada, ello no implica per se que deba considerarse por ese hecho la prescripción
y tampoco la subordinación. Valoradas en conjunto, estas circunstancias configuran una
solución de continuidad en los términos de la sentencia SUJ-025-CE-S2-202133, lo que
determina que el período finalizado el 23 de diciembre de 2011 constituye un vínculo
diferenciado cuyas acreencias debían reclamarse dentro de los tres años siguientes. La
reclamación se formuló el 14 de marzo de 2019, cuando ese plazo había vencido
superlativamente.

55. Conforme a estas consideraciones, la Sala confirmará la declaratoria de prescripción
del A-quo y aclara que, por su carácter imprescriptible, los aportes a pensión
correspondientes a ese período se mantienen incólumes, tal como acertadamente lo
dispuso.

56. En lo que tiene que ver con la base sobre la cual debe efectuarse el cálculo, el criterio
de la Sala ha sido que, como en esos casos existen cargos en la planta de personal del
SENA que son las mismas de la contratista, no deben tomarse los honorarios pactados,
sino el salario devengado por un instructor de planta. Esta precisión se verá reflejada en
la parte resolutiva, pues el sentenciador de primera instancia dejó en la disyuntiva tal
aspecto.

57. Siendo así las cosas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda y declaró
parcialmente probada la excepción de prescripción.

2.6 Condena en costas

33
Expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-16), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas

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58. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el
artículo 365 del Código General del Proceso.

59. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Confirmar la sentencia del Treinta (30) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones
de la demanda, precisando que la base para efectuar la liquidación será el salario
devengado por un instructor de planta del SENA.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

21

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