Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00333-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00333-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2022-00333-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
9 de marzo de 2023
Demandante: Enrri Eduardo Echeverri Lacuture
Demandado: Presidente de la República
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00333-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00333-01
Accionante: ENRRI EDUARDO ECHEVERRI LACUTURE
Accionado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Temas: Confirma la decisión que declaró la improcedencia de la
acción
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de 26 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
declaro improcedente la acción de cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
1. Mediante correo electrónico del 11 de noviembre de 2022, el señor Enrri
Eduardo Echeverri Lacuture ejerció la acción de cumplimiento contra el presidente
de la República.
1.2. Pretensiones de la demanda
2. En síntesis, lo pretendido por el accionante es que, en primer lugar, se le
ordene al presidente de la República que, en cumplimiento del artículo 12 de la
Ley 489 de 1998, reasuma la competencia otorgada a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
3. En segundo lugar, que en acatamiento de lo previsto en los 75, 130, 152,
155 y 159 de la Ley 142 de 19941; 12 de la Ley 489 de 19982; 9.º, 16 y 93, de la
1 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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Demandante: Enrri Eduardo Echeverri Lacuture
Demandado: presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00333-01
Ley 1437 de 20113; 1.º de la Ley 962 de 20054, modificado por el Decreto Ley 019
de 20125 y 3.º del Decreto Ley 2106 de 20196; y en las sentencias C-599 de 1992,
T-450 de 1994, T-279 de 1995, C-558 de 2001, T-023 de 2004, T-636 de 2006, T-
054 de 2010, T-118 de 2012, T-761 de 2015, T-482 de 2020, de la Corte
Constitucional, se le ordene al presidente de la República, que revoque la
Resolución n.° 20218200310315 del 13 de julio de 2021 mediante el cual, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios declaró improcedente el
rompimiento de la solidaridad en el cobro del servicio de energía del inmueble,
respecto del cual el accionante ejerce la posesión de buena fe, el cual se
encuentra ubicado en la calle 3N # 38-81 casa 19A (sic), en la urbanización La
Castellana, en Valledupar.
4. En tercer lugar, el actor pidió que se inaplique por vía de excepción la
Resolución n.° 20218200310315 del 13 de julio de 2021, proferida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “por ser contraria a la
constitución y la ley al exigir requisito no autorizada por la constitución y la ley ,
cometiendo prevaricato por acción o misión y extralimitación de funciones a favor de
tercero , donde al momento de posesionarse juraron cumplir la constitución y la ley ,
violando el artículo 84 de la constitución y las disposiciones”.
5. En cuarto lugar, pidió que se le ordene a la autoridad demanda que en
cumplimiento de las normas aludidas “eximía al demandado de dar cumplimiento a tal
exigencia legal para ser oído en el proceso además esta factura se encontraba, prescripta
y debía la empresa cobrarla a travez de un proceso ordinarios, y así yo presentar las
Acción de Cumplimiento Proceso Nº 2022-00333-00 Sentencia de primera instancia 5
excepciones de prescripción, violándome la administración de justicias al exigir que tengo
que pagar primero, para presentar los recursos de ley” (sic para lo transcrito).
2 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones”.
3 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
4 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos”.
5 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”.
6 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”.
Igualmente, en las pretensiones se hizo referencia al obedecimiento y que se hagan extensivas las
sentencias C-263 de 1996; C-493 de 1997; C-1162 de 2000, C-727 de 2000, C-588 del 2001, C-
690 de 2002, C-372 de 2002, T-636 de 2000; T-450 de 1994; T-279 de 1995; T-054 de 2010; T-023
de 2004; T-953 de 2002; T-011 de 2003; T-490 de 2003; T-500 de 2003; T-525 de 2005; T-482 de
2020 y T-118 de 2012, en las que la Corte Constitucional ha referido sobre la procedencia del
rompimiento de la solidaridad, la reconexión de los servicios y, en algunos casos, ha ordenado el
amparo de derechos fundamentales.
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Demandado: presidente de la República
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1.3. Hechos probados y/o admitidos
6. La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son
relevantes para la decisión que se adoptará en el fallo:
7. El accionante afirmó que es poseedor de buena fe del inmueble
mencionado.
8. El demandante adelantó un trámite de rompimiento de la solidaridad y la
reconexión del servicio de energía ante la empresa Afinia S.A. E.S.P. el cual fue
resuelto en forma desfavorable. Esa decisión fue confirmada posteriormente por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
9. Para el ciudadano, las accionadas no han acatado las Leyes 142 de 1994,
689 de 2001, 962 de 2005, 1755 de 2015 y los Decretos 019 de 2012 y 2106 de
2019. Esto porque le exigieron cumplir requisitos que no están previstos en
ninguna norma para acceder al rompimiento de la solidaridad. Con esto vulneraron
sus derechos fundamentales y la exponen a un perjuicio irremediable ante la
suspensión inminente del servicio de energía. Considera que debe expedírsele
una nueva factura con el cobro total de la deuda.
10. Para finalizar, el peticionario manifestó que la Superintendencia accionada
ha respaldado las actuaciones irregulares de las empresas de energía desde hace
veinticinco años, en tanto que no ha iniciado las investigaciones para proteger a
los usuarios. Por lo tanto, es necesario que el presidente de la República reasuma
las competencias otorgadas a la mencionada entidad.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Admisión de la demanda
11. Por auto del 24 de noviembre de 2022, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar al presidente de la
República.
1.4.2. Contestación de la demanda
12. La asesora de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
contestó la acción y solicitó que se nieguen las pretensiones. En primer lugar,
manifestó que no se constituyó en renuencia al presidente porque no es el
responsable de atender directamente lo pedido en la demanda, toda vez que se
controvierten actuaciones administrativas que fueron adelantadas por otras
autoridades. En segundo lugar, manifestó que esta acción es improcedente
porque el demandante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para
obtener la protección de sus derechos fundamentales.
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1.4.3. Fallo impugnado
13. Mediante la sentencia de 26 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró la improcedencia de la acción. Concluyó que conforme al
artículo 370 de la Constitución, el presidente de la República, a través de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ejerce el control, inspección
y vigilancia de las entidades que los presten. Asimismo, los artículos 1 a 3 de la
Ley 142 de 1994, autorizan al Estado para intervenir en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios. Sin embargo, consideró que, en el escrito de la
demanda no se aportó ninguna prueba que evidenciara que se hayan afectado los
intereses de los usuarios.
1.4.4. Impugnación
14. La parte actora impugnó la decisión del Tribunal para que se revocara y, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. En este sentido, el
accionante reiteró lo expuesto en el escrito inicial. Además, pidió que, en
aplicación del principio de oficiosidad, la segunda instancia se pronuncie sobre la
totalidad de las pretensiones.
15. Para el señor Echeverri Lacuture, el Tribunal incurrió en una imprecisión “al
estudiar el presente asunto a la luz de la Ley 1755 de 2015, es decir, equiparando la
solicitud administrativa elevada por el accionante con un derecho de petición. En ese
sentido, también resulta inexacta la apreciación del a qua según la cual el accionante
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar
la legalidad de (da respuesta al derecho de petición)” (sic a toda la transcripción).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
16. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 26 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de
la Ley 393 de 19977, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20118, y el Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece
7 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de
normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces
Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el
Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la
sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien
corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará
por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos
Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de
un Acto Administrativo.”.
8 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
“apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.
2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento
17. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 26 de enero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.
18. ¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la
constitución en renuencia al señor presidente de la República, respecto de los
artículos 75, 130, 152, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 12 de la Ley 489 de
1998; 9.º, 16 y 93, de la Ley 1437 de 2011; 1.º de la Ley 962 de 2005, modificado
por el Decreto Ley 019 de 2012 y 3.º del Decreto Ley 2106 de 2019, de
conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
19. ¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la
acción?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
20. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;
y (iii) análisis del caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
21. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley
393 de 1997 precisa que, "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida
en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material
de Ley o actos administrativos".
22. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2°
de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
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expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.
23. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen
funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
24. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento
del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o
el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo
cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que
tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 9
(Subrayado por fuera del texto).
25. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:
25.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)10.
25.2 Que el mandato sea imperativo e inobjetable, y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de
funciones públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya
dirigido la acción de cumplimiento.
25.3 Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).
25.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro
de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado
en la demanda.
25.5 Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
9 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran
principios y directrices.
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administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda
el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(Art. 9.º).
2.3.2. De la renuencia
26. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquella y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud;
de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
27. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia al presidente de la República, antes de
instaurar la demanda.
28. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, “el reclamo en tal sentido no es
un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”11.
29. Para cumplir este requisito, el 11 de octubre de 2022, el señor Enrri
Eduardo Echeverri Lacuture le solicitó al presidente de la República, dar
cumplimiento:
“(…) al artículo 12 de la ley 489 del 1998,Y RESUME LA COMPETENCIA
OTORGADA A LA SUPERINTEDENCIA DE SERVCICIO PUBLICO POR
MANDATO DEL ARTICULO 75 DE LA LEY 142 DE 1994, ASI mismo le dé
cumplimiento al artículo 93 de la ley 1437 del 2011 y revoque la resolución No
SSPD 20208200455065 del 27/12/2021 ,por ser contraria a la constitución y la ley al
exigir requisito no autorizada por la constitución y la ley , cometiendo prevaricato por
acción o misión y extralimitación de funciones a favor de tercero , donde al momento
de posesionarse juraron cumplir la constitución y la ley , violando el artículo 84 de la
constitución y las disposiciones LEY 962 del 2005, ARTICULO 39 DEL decretos 019
del 2012, y decreto 2106 del 2019, articulo 16 de la ley 1755 del 2015 Y CON
FUNDAMENTO”.
11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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30. En el extenso escrito de constitución en renuencia, el peticionario le pidió al
presidente de la República, en primer lugar, que en acatamiento del artículo 12 de
la Ley 489 de 1998, reasuma la competencia otorgada a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
31. En segundo lugar, pretende que, en cumplimiento de lo previsto tanto en los
artículos 75, 130, 152, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 12 de la Ley 489 de
1998; 9.º, 16 y 93, de la Ley 1437 de 2011; 1.º de la Ley 962 de 2005, modificado
por el Decreto Ley 019 de 2012 y 3.º del Decreto Ley 2106 de 2019, y las
sentencias C-599 de 1992, T-450 de 1994, T-279 de 1995, C-558 de 2001, T-023
de 2004, T-636 de 2006, T-054 de 2010, T-118 de 2012, T-761 de 2015, T-482 de
2020, de la Corte Constitucional, se le ordene al presidente de la República, que
en primer lugar, revoque el acto administrativo mediante el cual, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios declaró improcedente el
rompimiento de la solidaridad en el cobro del servicio de energía del inmueble,
respecto del cual el accionante ejerce la posesión de buena fe.
32. En tercer lugar, la parte actora pidió que se inaplique por vía de excepción,
el acto administrativo que le negó el rompimiento de la solidaridad, “por ser
contraria a la constitución y la ley al exigir requisito no autorizado por la constitución y la
ley cometiendo prevaricato por acción o misión y extralimitación de funciones a favor de
terceros, donde al momento de posesionarse juraron cumplir la constitución y la ley ,
violando el artículo 84 de la constitución y las disposiciones”.
33. En el expediente no obra prueba de que el presidente de la República
hubiera dado respuesta a lo anterior. En consecuencia, se entiende acreditado el
agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción.
34. En este punto, la Sala debe precisar que los reparos de la impugnación
refieren a que se plantearon trece pedimentos. Sin embargo, revisado
integralmente el escrito, la Sala constata que, lo anterior, no es cierto porque las
formuladas fueron seis y no las trece que se señalaron en la impugnación y la
autoridad que la actora identificó como accionada, ante la cual radicó el escrito de
renuencia, frente a la que encausó sus seis pretensiones y se admitió su solicitud,
fue el señor presidente de la República.
35. Finalmente, esta corporación precisa que, respecto de las sentencias de la
Corte Constitucional, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno en cuanto no
tienen el carácter de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
2.3.3. Caso concreto
36. Según quedó expuesto en los antecedentes, el demandante pretende que,
a través de este mecanismo constitucional, se le ordene al presidente de la
República que reasuma las funciones que le fueron encomendadas a la
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En virtud de lo dispuesto en
el artículo 12 de la Ley 489 de 1998. En segundo lugar, el señor Echeverri
Lacuture pide que se deje sin efectos el acto administrativo mediante el cual se le
negó el rompimiento de la solidaridad en el pago del servicio público domiciliario
de energía. En tecer lugar, que declare que la deuda dejada por los arrendatarios
prescribió y se encuentra a paz y salvo, se proceda a la reconexión del servicio y
que no se le exijan requisitos no autorizados por la ley.
37. En ese orden de ideas, el presente debate trasciende al simple objetivo de
cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción y que
se endilgaron en cabeza del señor presidente de la República, puesto que
conllevan al análisis de fondo sobre la validez de la actuación desplegada por la
Superintendencia y la empresa Afinia, al considerar que su trámite al parecer fue
irregular, pero contra las que no se accionó desde la presentación de la demanda.
38. Para la Sala, es evidente que la inconformidad de la parte actora recae en
la legalidad de la actuación administrativa adelantada, previa al agotamiento del
requisito de renuencia, por las presuntas irregularidades que pudieron incidir
negativamente en el trámite que culminó el acto administrativo que confirmó la
negativa a la ruptura de la solidaridad respecto del cobro del servicio de energía
eléctrica. Lo anterior, implica un debate que no corresponde ser dirimido por el
juez de cumplimiento, por cuanto dicha controversia escapa al objeto de esta
acción, aunado a que la naturaleza de este mecanismo no es declarativa sino de
simple ejecución de deberes claros, expresos y exigibles, es decir, en donde no
exista discusión alguna, lo cual no ocurre en este caso.
39. Para controvertir lo decidido en primera instancia, a través de la
impugnación, la parte actora señaló que el requerimiento que hizo al presidente de
la República no era una petición, sino una solicitud expresa con el propósito de
acreditar el requisito de renuencia y para los fines de agotar el presupuesto de
procedibilidad, en esa medida sostuvo que resulta inexacta la apreciación del
Tribunal según la cual cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
40. Al respecto, la Sala debe precisar que la decisión impugnada indicó que no
era posible estudiar la legalidad de los actos administrativos que negaron la
ruptura de la solidaridad, no se refirió a la respuesta al escrito de renuencia. El
juez a quo indicó que, para desvirtuar la legalidad de la resolución mencionada, se
debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Se
recuerda que la improcedencia, por subsidiariedad, obedece a que esta acción es
residual y no principal, lo que presupone que se cuente o contó con un medio
ordinario de defensa judicial.
41. Lo anterior, de conformidad con la previsión del artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, según el cual, la acción de cumplimiento no procederá “cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
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Demandante: Enrri Eduardo Echeverri Lacuture
Demandado: presidente de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00333-01
norma o acto administrativo, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave
e inminente para el accionante”. Esto último fue advertido en el escrito inicial, sin
embargo, no se aportó ningún elemento de juicio encaminado a demostrarlo, por
lo que no se configuró.
42. En esas condiciones, la Sala de Decisión confirmará la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 26 de enero de 2023 del Tribunal
Administrativo del Cesar, que declaró improcedente la acción de cumplimiento
formulada por el señor Enrri Eduardo Echeverri Lacuture contra el presidente de la
República.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
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Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.
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