Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2023-00012-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 27001-23-33-000-2023-00012-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 27001-23-33-000-2023-00012-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de junio de 2023
Demandante: Yaser Alexis Moreno Moreno
Demandado: UTCH
Radicación: 27001-23-33-000-2023-00012-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 27001-23-33-000-2023-00012-01
Demandante: YASER ALEXIS MORENO MORENO
Demandado: UNIVERSIDAD TECONOLÓGICA DEL CHOCÓ –DIEGO LUIS
CÓRDOBA–
Tema: Inexistencia de los mandatos imperativos e inobjetables
reclamados – claros, expresos y exigibles–.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Al no resultar aprobada la ponencia que el doctor Pedro Pablo Vanegas Gil puso a
consideración de la Sección, el expediente pasó al despacho del magistrado que
sigue en turno. En consecuencia, con la participación del señor conjuez Pedro Luis
Blanco Jiménez, la Sala decide la impugnación interpuesta por la universidad
accionada contra la sentencia de 16 de marzo de 2023. En la providencia
mencionada, el Tribunal Administrativo del Chocó ordenó el cumplimiento de las
disposiciones invocadas por el actor.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el señor Yaser Alexis
Moreno Moreno demandó el cumplimiento de los artículos 35, 68, 72, 76, 79, 106 y
111 del Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 20171. Lo anterior, con el fin de que se le
ordenara a la Universidad Tecnológica del Chocó –UTCH– que estableciera el
calendario de votaciones y convocara a elecciones del Comité Electoral de la
Universidad y de los demás órganos de dirección y funcionamiento institucionales.
2. Hechos
Del expediente digital contenido en el aplicativo SAMAI2. La Sala resume los
1 «Por medio del cual se expide el nuevo estatuto General de la Universidad Tecnológica del Choco
Diego Luis Córdoba».
2 Índice 2.
1
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Demandante: Yaser Alexis Moreno Moreno
Demandado: UTCH
Radicación: 27001-23-33-000-2023-00012-01
supuestos fácticos más relevantes de la siguiente manera:
2.1 En el Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017, la UTCH definió sus órganos de
dirección y funcionamiento. Dicho Estatuto General indica la cantidad de integrantes
y describe el periodo de algunos de los miembros de los estamentos de la
institución.
2.2. Según el actor, en el año 2020, la accionada debió adelantar las elecciones
para el Consejo Superior Universitario, el Consejo Superior Académico, el Comité
de Bienestar Universitario, los Consejos de Facultad, los decanos, los directores de
programa y el Comité Curricular de la Universidad. No obstante, con ocasión del
estado de emergencia, producto de la pandemia por la Covid–19, no se realizaron
los comicios.
2.3. La UTCH profirió el Acuerdo 0013 de 2020, por medio del cual aplazó la
realización de los procesos electorales y estableció un periodo de transición de 12
meses para efectuarlos. Posteriormente, expidió el Acuerdo 0013 de 2021,
mediante el cual se modificó el calendario electoral para la elección del
representante de los estudiantes, los docentes y los egresados ante el Consejo
Superior Universitario.
2.4. El accionante manifestó que en agosto de 2021 se venció el periodo de
representación de los integrantes del Comité Electoral de la Universidad. Sin
embargo, no se convocó a elecciones ni existe alguna justificación para que no se
realicen nuevos comicios para su reemplazo. Posteriormente, señaló que en el
Acuerdo 003 del 2022, el Consejo Superior de la institución educativa autorizó la
elección de los representantes del Comité Electoral y otorgó al rector la facultad de
definir el cronograma para la respectiva elección.
2.5. El 8 de noviembre de 2022, el señor Moreno Moreno solicitó información al
Consejo Superior Universitario y al rector sobre el cumplimiento del Estatuto
General de la Universidad, en particular de sus artículos 35, 68, 72, 76, 79 y 111. El
Consejo Superior Universitario respondió la petición, pero, en criterio del actor, las
inquietudes planteadas no le fueron resueltas en debida forma y manifestó que no
recibió pronunciamiento por parte del rector.
2.6. El 18 de enero de 2023, el accionante exigió el acatamiento de los artículos
10, 35, 68, 72, 76, 79 y 111 del Estatuto General y del Acuerdo 003 del 2022 al
Consejo Superior Universitario. En oficio del 26 de enero de 2023, el órgano
educativo señaló que, en atención al estado de emergencia declarado en el año
2020, mediante Acuerdo 0013 del 28 de agosto de 2020, se vio en la imperiosa
necesidad de aplazar los procesos electorales por 12 meses. Adicionalmente, refirió
que, una vez superada la situación de contingencia, a través del Acuerdo 0003 del
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1.º de febrero de 2022, se autorizó su realización. En ese sentido, informó que
aspiraban, en el primer semestre de 2023, que se llevaran a cabo las elecciones.
2.7. Inconforme con la respuesta, el señor Moreno Moreno acudió al medio de
control de cumplimiento.
3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas
En providencia de 14 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó
admitió la demanda. En consecuencia, se ordenó notificar a la UTCH.
4. Informe
La UTCH se opuso a la prosperidad de la acción de cumplimiento y manifestó que
le indicó al accionante los motivos que impidieron realizar las elecciones en el ente
universitario. Sostuvo que, en atención a la necesidad de dotar de transparencia el
proceso electoral, efectuaría pruebas para la materialización de los comicios y, de
esa manera, evitar posibles fraudes. Lo anterior, dado que se llevarían a cabo por
medio electrónico.
Informó que el rector de la universidad planificó todo el proceso eleccionario, la ruta
de trabajo y metodología, de conformidad con los artículos 31 y 45 del Estatuto
Electoral. Precisó que, primero, se adelantará la elección del Comité Electoral, como
órgano de garantía de los procedimientos y comicios, bajo el entendido de que el
período del representante de los profesores, estudiantes, administrativo y
egresados se encuentra vencido. En segundo momento, se elegirán a los demás
órganos con la representación y participación de los estudiantes.
Finalmente, señaló que firmó el Contrato 0001 de 19 de enero de 2023, que tiene
por objeto, el de contratar la infraestructura tecnológica para soportar los procesos
electorales mediante el sistema de votación en línea para la institución, cuya acta
de inicio se suscribió el 27 de enero de 2023. En consecuencia, manifestó que se
han adelantado las acciones pertinentes para materializar las elecciones en el
estamento.
5. Sentencia de primera instancia
Por medio de fallo de 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Chocó
accedió a las pretensiones de la demanda. Explicó que a la entidad accionada le
corresponde cada 3 años realizar los diferentes procesos electorales en el ente
universitario. Por tanto, como a la fecha, no los había materializado, incumplió lo
estipulado en los artículos 35, 68, 72, 76, 79, 106 y 111 del Acuerdo 0001 del 9 de
agosto de 2017.
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A juicio del a quo, las normas cuyo obedecimiento se exigió son de carácter
imperativo e inobjetable, por cuanto la obligación es clara, expresa y no está sujeta
ni condicionada en acciones de otra autoridad. En consecuencia, ordenó a la
universidad proponer «… la fecha o las fechas para la realización de las diferentes
elecciones y designaciones contempladas en el estatuto …», dentro del término de
3 meses contados a partir de la ejecutoria de la providencia.
6. Impugnación
La UTCH impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que fuera revocada,
reiteró los argumentos del escrito de contestación y explicó que dicha corporación
es un órgano del orden nacional, que goza de autonomía universitaria; por tanto,
puede darse sus propias directivas y regirse bajo sus propios estatutos. Reiteró que
a la fecha no se han podido efectuar las respectivas elecciones por cuanto se vieron
obligados a un proceso de transición que se justificó, con ocasión al estado de
emergencia económico y social por el que atravesó el país, pero que se han
adelantado las actuaciones para convocarlas en el año 2023.
7. Tramite en segunda instancia
El conocimiento del asunto correspondió al Despacho del magistrado Pedro Pablo
Vanegas Gil. En la sesión que se convocó para el 27 de abril de 2023, la ponencia
propuesta por el consejero obtuvo como resultados: dos posturas opuestas3 y una
a favor4; por tanto, a través de auto del día 28 siguiente, dispuso que se realizara el
sorteo de un conjuez5 para dirimir el empate. En consecuencia, resultó designado
el Dr. Pedro Luis Blanco Jiménez.
Posteriormente, en sesión que se realizó el 18 de mayo de 2023, la ponencia del
magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil no obtuvo las mayorías para resultar
aprobada. Lo anterior, dado que el señor conjuez no compartió la postura del
proyecto de decisión, escenario que permitió zanjar la postura mayoritaria de la
Sala. En consecuencia, en providencia de 24 de mayo de 2023 se dispuso el paso
del asunto del actual ponente, por ser quien sigue en turno, actuación procesal que
acaeció el día 26 siguiente, como consta en el índice 15 de SAMAI.
3 Corresponden a la del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio y del actual ponente.
4 Corresponde a la de la magistrada Rocío Mercedes Araújo Oñate.
5 En la providencia citada también se dispuso el sorteo de un segundo conjuez «suplente». Lo
anterior, entiende el actual ponente que se realizó para precaver el evento de que el conjuez principal
designado y convocado presentara alguna circunstancia de impedimento o imposibilidad para dirimir
el empate entre las posturas jurídicas de los magistrados integrantes da la Sección. Sin embargo,
como ninguna de esas circunstancias ocurrió, no resultó necesario el sorteo del segundo conjuez.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 16
de marzo de 2023 del Tribunal Administrativo del Chocó, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA, así
como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de
la Sección Quinta de esta corporación para conocer de «… las apelaciones contra
las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento».
2. Problemas jurídicos a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 16
de marzo de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la UTCH, respecto de los artículos 35, 68, 72, 76, 79, 106 y 111 del
Acuerdo 0001 del 9 de agosto de 2017, invocados en la demanda, de conformidad
con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
De ser superados los anteriores interrogantes, ¿de las disposiciones señaladas por
el actor surgen los mandatos imperativos e inobjetables de establecer el calendario
electoral del ente universitario y realizar los comicios de sus diferentes estamentos?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso concreto;
y (iv) el fondo del asunto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo6 para que toda persona pueda «… acudir ante la autoridad
6Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
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judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo 1.º de la Ley 393 de
1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en
esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos».
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial
para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo7.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley 393
de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso incumplimiento.
Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «… cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
7 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
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(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]8.
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la Administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política9.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la efectividad
de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte
Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede [e]sta acción
constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas»10.
8 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
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Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado11.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,12 a menos que estén apropiados;13 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior14.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este15 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este presupuesto de procedibilidad, la Sala ha señalado que, «… el reclamo
en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
12 Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-23-
31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
13 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º 25000-
23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
14 Sentencia antes citada.
15Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de constituir
en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones
públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo,
para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por
ende, exigible…».
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hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»16. Igualmente, esta Sección17 ha dicho que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a
formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o actos administrativos[18] (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud».
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
16 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
17 Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
18 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
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En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición, «… tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe
entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de
cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente o
porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano19.
En el caso concreto, el accionante acompañó copia del escrito de 18 de enero de
2023, en el que requirió a la UTCH el obedecimiento de los artículos 35, 68, 72, 76,
79, 106 y 111 del Estatuto General de la UTCH, disposiciones que corresponden
con las que invocó y pidió acatar en sede judicial. Lo anterior, debe precisarse
porque, si bien en el memorial que antecedió al ejercicio de la acción hizo mención
del artículo 10 del citado Estatuto General y del Acuerdo 003 del 2022, su
obedecimiento no se persiguió con la demanda, ni se especificó cuál de los artículos
de este último requería materializar o que contenga el deber reclamado a la
Administración.
A su turno, se tiene que la universidad emitió respuesta, dentro del término previsto
en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997. Sin embargo, esta resulta contraria al querer
del ciudadano, circunstancia que para la Sala es suficiente para encontrar
acreditado el requisito de procedibilidad de esta acción, claro está, solo respecto de
los artículos 35, 68, 72, 76, 79, 106 y 111 del Estatuto General a la UTCH.
3.4. Procedencia de la acción
En primer lugar, la Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectivo el
obedecimiento de normas con fuerza material de ley o de un acto administrativo que
impone determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad, es decir, su
objeto es la observancia del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó
como disposiciones incumplidas, por parte de la UTCH, los artículos 35, 68, 72, 76,
79, 106 y 111 del Estatuto General, que prevén lo siguiente:
ACUERDO 0001 DEL 9 DE AGOSTO DE 2017
«POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL NUEVO ESTATUTO GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CÓRDOBA»
[…]
ARTÍCULO 35 [Modificado por el artículo 5.º del Acuerdo 004 del 7 de noviembre de
2017 «… El artículo 35, del Estatuto General de la Universidad quedará así: …]
CONSEJO ACADÉMICO. Definición y composición. El Consejo Académico conforme
19 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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a lo establecido por el artículo 68 de la Ley 30 de 1992, es la máxima autoridad
académica, responsable de diseñar y orientar las políticas institucionales en materia
de docencia, investigación y proyección social de la Universidad y estará integrado
por:
1. El Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, quien lo
presidirá. En ausencia del Rector presidirá el vicerrector de docencia.
2. Los Vicerrectores
3. Dos (2) representantes de los decanos de facultad, elegidos mediante votación
universal, directa y secreta.
4. Dos (2) representantes de los directores de programa, elegios mediante votación
universal, directa y secreta.
5. Dos (2) representantes de los profesores, elegios mediante votación universal,
directa y secreta.
6. Dos (2) representantes de los estudiantes, con matrícula vigente, elegidos por
éstos por votación universal, directa y secreta.
7. Dos (2) representantes de los egresados, elegidos por votación universal, directa
y secreta.
[…]
ARTÍCULO 68. CONSEJO DE FACULTAD. Es el máximo órgano de dirección de la
Facultad y estará integrado por:
1. El Decano respectivo, quien lo presidirá.
2. El director o los directores de programas.
3. Un Coordinador de campo, elegido por ellos mimos.
4. Un (1) Representante de los Profesores, elegido por ellos mismos mediante
votación universal, directa y secreta.
5. Un Representante de los egresados, elegido por ellos mismos, mediante votación
universal, directa y secreta.
6. Un (1) Representante de los estudiantes elegido por ellos mismos mediante
votación universal, directa y secreta.
PARÁGRAFO. La Secretaría de la Decanatura desempeñará las funciones de
secretaria.
[…]
ARTÍCULO 72. [Modificado por el artículo 10.º del Acuerdo 004 del 7 de noviembre
de 2017 «… El artículo 72, del Estatuto General de la Universidad quedará así: …]
DEL DECANO, SU PERIODO Y REMOCIÓN: El Decano es la primera autoridad
académica y administrativa de la respectiva Facultad, elegido por votación universal
directa y secreta, por los docentes, administrativos, egresados y estudiantes de su
respectiva facultad, para un periodo institucional de tres (3) años.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ponderación de la votación, se realizará en el Estatuto
Electoral, en todos casos, la comunidad académica tendrá mayor peso en la
ponderación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se presente ausencia permanente, se convocará
a elecciones nuevamente, si se presenta una vacancia temporal, el Rector designara
al Decano.
[…]
ARTÍCULO 76. [Modificado por el artículo 11 del Acuerdo 004 del 7 de noviembre de
2017 «… El artículo 76, del Estatuto General de la Universidad quedará así: …] DEL
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DIRECTOR DE PROGRAMAS: Cada facultad tendrá un Director de Programas
elegido por votación universal directa y secreta por los docentes, administrativos,
egresados y estudiantes de su respectivo programa, para un periodo institucional de
tres (3) años”.
PARÁGRAFO PRIMERO: La ponderación de la votación, se realizará en el Estatuto
Electoral, en todos casos, la comunidad académica tendrá mayor peso en la
ponderación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se presente ausencia permanente, se convocará
a elecciones nuevamente, si se presenta una vacancia temporal, el Rector designara
al Director de Programas.
[…]
ARTÍCULO 79. COMITÉ CURRICULAR. En cada Facultad existirá un comité
curricular conformado de la siguiente manera:
1. El director de programas
2. Los coordinadores de campo
3. Un representante de los profesores elegido mediante votación universal, directa y
secreta.
4. Un representante de los estudiantes elegido mediante votación universal directa y
secreta.
5. Un representante de los egresados de los programas de pregrado y posgrado de
la facultad, elegido mediante votación universal, directa y secreta.
PARÁGRAFO 1. Los representantes contemplados en los numerales 3, 4 y 5 serán
elegidos para un período de tres (3) años.
PARÁGRAFO 2. Los programas académicos que ofrece la Universidad Tecnológica
del Chocó “Diego Luis Córdoba” en la modalidad virtual, además de lo estipulado en
el Estatuto General, estarán regulados por el Sistema de Educación virtual.
[…]
ARTÍCULO 106. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Existirá un Comité de
Bienestar universitario, integrado por:
1. El Rector, quien lo preside.
2. El Vicerrector de Extensión y Proyección Social, quien lo presidirá en ausencia del
Rector.
3. El Jefe de la Oficina de Bienestar universitario, quien hará las veces de secretario
técnico, con voz pero sin voto.
4. Un (1) Representante de los Estudiantes elegido por éstos mediante votación
universal, directa y secreta.
5. Un (1) Representante de los Profesores, elegido por éstos mediante votación
universal, directa y secreta.
6. Un (1) Representante del Personal Administrativo, elegido por éstos mediante
votación universal, directa y secreta.
[…]
ARTÍCULO 111. COMITÉ ELECTORAL. Para garantizar la participación democrática
de toda la comunidad universitaria en la vida institucional de la misma, ésta contará
con un Comité Electoral integrado de la siguiente manera:
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1. Un representante de los profesores, elegido por éstos, mediante votación
universal, directa y secreta.
2. Un representante de los estudiantes, elegido por éstos, mediante votación
universal, directa y secreta.
3. Un representante de los empleados administrativos de la Universidad, elegido por
éstos, mediante votación universal, directa y secreta.
4. Un representante de los egresados, elegido por éstos, mediante votación
universal, directa y secreta.
PARÁGRAFO PRIMERO. Las funciones de Presidencia y Secretaría del Comité
Electoral, el miembro designado por la mayoría absoluta de los integrante[s] que
conformaran la corporación.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de empate en la toma de decisiones se utilizará
el mecanismo de sorteo a través de balotas
[…]
De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el acatamiento de normas vigentes.
Por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se encuentra
acreditado.
En segundo lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393
de 1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento
de las disposiciones, salvo que se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante. Igualmente, esta Sección en reiterada jurisprudencia20 ha desarrollado,
«… la existencia de otro mecanismo judicial», como causal de improcedencia.
En este asunto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio
judicial efectivo para lograr que se ordene de la UTCH el obedecimiento de los
artículos señalados con el fin propuesto, esto es, que se establezca el calendario
de votaciones y se convoque a las elecciones del Comité Electoral de la
Universidad, así como de los demás órganos de dirección y funcionamiento
institucionales. Igualmente, lo solicitado no involucra el amparo de derechos
fundamentales toda vez que no fue deprecada su protección en la demanda.
Tampoco las disposiciones implican un gasto no presupuestado. En consecuencia,
se procederá al estudio del fondo del asunto.
3.5. De la existencia de mandatos imperativos e inobjetables
La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,
20 Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.
Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-
00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-
23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
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a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes21.
Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los términos
de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo, si la
norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el requisito
bajo estudio y no prosperarán las pretensiones de la demanda.
Al respecto, resulta importante recordar que esta Sección ha indicado las
características que deben tener los mandatos imperativos e inobjetables que son
susceptibles de ser materializados por medio de este mecanismo judicial. Es así,
que se ha sostenido22 que, al momento de dictar la respectiva sentencia,
corresponde al operador jurídico analizar si el precepto que se pide hacer cumplir
es claro, expreso y, actualmente, exigible.
El mandato debe ser claro, en la medida que su obedecimiento no implique que el
juez constitucional tenga que abordar el análisis de legalidad de otras normas o
actos administrativos a la hora de definirlo, porque dicho estudio escapa a la órbita
de competencia del juez de cumplimiento. Debe ser expreso, el deber tiene que
constar en una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo a cargo
de la demandada de forma directa y perentoria, y, actualmente, exigible, porque
se trata de hacer respetar el ordenamiento jurídico, entonces, no podrá el juez
constitucional disponer el acatamiento de mandatos sin vigor o que estén sometidos
a condiciones que no se encuentren que acaecieron para advertir su exigibilidad.
Como se anotó, el último problema jurídico a resolver en esta oportunidad
corresponde al de establecer si debe ordenarse o no a la accionada el
obedecimiento de los artículos 35, 68, 72, 76, 79, 106 y 111 del Estatuto General a
la UTCH. En ese sentido, a partir de la lectura detenida de las disposiciones, se
observa por la mayoría de la Sala que aquellas se limitan a definir, indicar, precisar
y describir los diferentes estamentos del ente universitario, los integrantes que los
conforman y a determinar el periodo institucional de algunos de sus miembros. Su
contenido se resume en la siguiente tabla:
21 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales
o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
22 Confrontar las sentencias: de 28 de julio de 2022 –radicado 25000-23-41-000-2022-00554-01–,
de 9 de marzo de 2023 –radicado 20001-23-33-000-2022-00333-01–,M. P. Rocío Araújo Oñate, de
15 de diciembre de 2022 –radicado 25000-23-41-000-2022-00779-01–, de 9de febrero de 2023 –
radicado 25000-23-41-000-2022-00243-01, M. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, de 18 de agosto de
2022 –radicado 25000-23-41-000-2022-00243-01–, y de 16 de marzo de 2023 – radicado 18001-
23-33-000-2022-00157-01, M. P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Acuerdo
0001 Alcance de la disposición
09/08/17
Artículo Define y determina la composición del Consejo Académico.
35
Artículo Precisa que el Consejo de Facultad es el máximo órgano de dirección de
68 la facultad y determina como está integrado.
Artículo Define que el decano es la primera autoridad académica y prevé el periodo
72 institucional de tres años y su remoción.
Artículo Señala que cada facultad tendrá un director de programa, indica la elección
76 y prevé el periodo institucional de tres años.
Artículo Indica que en cada facultad existirá un Comité Curricular, su conformación
79 y el periodo de tres años para los representantes de los profesores, de los
estudiantes y de los egresados.
Artículo Prevé que existirá un Comité de Bienestar Universitario y como estará
106 integrado.
Artículo Precisa que la universidad contará con un Comité Electoral y determina su
111 composición.
De los artículos transcritos en el acápite 4.3. que antecede a este punto, se puede
apreciar que se limitan a describir de manera genérica a las autoridades de la
universidad y sus roles. Si bien en algunas de las disposiciones se utilizan los
términos: será/n elegido/s, tales menciones están previstas con el fin de precisar el
periodo de algunos de sus miembros, pero ello no conlleva a que se pueda
considerar que, de forma imperativa, imponen los deberes de «establecer» el
cronograma electoral y de «convocar» las elecciones de dichos estamentos, como
se pretendió en la demanda y el Tribunal estimó como deberes incumplidos en la
decisión impugnada.
En efecto, los verbos rectores «establecer» o «convocar» no se encuentran en esos
artículos. Tampoco las disposiciones señalan el límite temporal y la manera precisa
para llevar a cabo todas las elecciones. Se reitera, si bien están descritos algunos
de los periodos de algunas autoridades, es de manera indicativa en cuanto a su
duración, pero no conllevan al entendimiento de que surgen de manera perentoria
las obligaciones reclamadas con la demanda de cumplimiento, ni que deba
considerarse que el único remedio, ante el vencimiento de los respectivos periodos,
es el de que se ordene estructurar y realizar el certamen electoral cada 3 años, ni
frente a todos los estamentos de la universidad de manera indiscriminada.
En otras palabras, los artículos no determinan el cómo, cuándo, dónde, ni de qué
manera se deben llevar a cabo los comicios. Por tanto, como las características
descritas no se presentan en este caso, no puede mantenerse la exigibilidad en esta
instancia. Lo anterior, resulta suficiente para revocar la decisión impugnada y, en su
lugar, denegar lo pretendido, toda vez que no nos encontramos ante disposiciones
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imperativas e inobjetables, esto es, que reúnan las características de ser claras,
expresas y, por ende, exigibles, sino simplemente descriptivas.
A todo esto, si en gracia de discusión se considerara que el juez de cumplimiento
debería deducir algún deber, en garantía del principio democrático y de participación
que gobiernan a nuestro Estado social de derecho, corresponde precisar que los
mandatos exigibles por esta vía no pueden inferirse o colegirse por parte del
operador jurídico, por cuanto sería aquel el que los crea. Además, no sobra reiterar
que, los mandatos que el actor endilgó no están contenidos en los artículos objeto
de renuencia a la universidad y, por ende, no tienen la vocación de ser exigidos u
ordenado su acatamiento en este trámite. Una conclusión en contrario vulneraría el
derecho al debido proceso de la accionada, al imponerle deberes que no surgen de
manera diáfana de esas disposiciones.
Por tanto, la postura mayoritaria de esta Sala coincide en que debe revocarse la
decisión de 16 de marzo de 2023, que ordenó el cumplimiento de los artículos 35,
68, 72, 76, 79, 106 y 111 del Estatuto General a la UTCH. En su lugar, se denegarán
las pretensiones.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Revocar la decisión de primera instancia. En su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda porque los artículos invocados por el demandante no
son imperativos e inobjetables, en cuanto a los deberes que endilgó a la
demandada.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
PEDRO LUIS BLANCO JÍMENEZ
Conjuez
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Radicación: 27001-23-33-000-2023-00012-01
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salva el voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Salva el voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
17
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