Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01443-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2025-01443-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-41-000-2025-01443-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
13 de noviembre de 2025
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Departamento para la Prosperidad Social
Rad: 25000 2341 000 2025 01443 01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2025-01443-00
Accionantes: FUNDACIÓN PARA EL ESTADO DE DERECHO
Accionado: DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
Temas: Revoca sentencia – Niega las pretensiones porque la entidad
cumple con el mandato indicado en la norma
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró la carencia actual
de objeto.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, el representante legal de la
Fundación para el Estado de Derecho demandó al Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social -DPS- con el fin de obtener el cumplimiento de lo
previsto en el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 1474 de 20111.
2. Pretensiones de la demanda
2. Como consecuencia, la parte actora solicitó que se ordene a la accionada
publicar en su página de internet, con una periodicidad razonable y acorde con los
principios de máxima publicidad y transparencia, la información sobre:
• Presupuesto destinado a la divulgación de programas y políticas
institucionales que se realicen a través de publicidad oficial o
cualquier otro medio o mecanismo similar que implique el uso de
1 Por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
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recursos públicos (de conformidad al inciso primero del artículo 10 de
la Ley 1474 de 2011).
• Planificación de dichas actividades.
• Gastos ejecutados frente a dichas actividad.
3. Hechos y fundamentos de la solicitud
4. La parte actora afirmó que, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
Anticorrupción –Ley 1474 de 2011 en su artículo 10–, existe la obligación que los
recursos destinados a la publicidad oficial de las entidades públicas cumplan
criterios de efectividad, transparencia, objetividad, austeridad y prohíbe su uso
para autopromoción.
5. Aseguró que, en febrero de 2024, la Fundación para la Libertad de Prensa –
FLIP– reportó que el gasto en publicidad de Alcaldías y Gobernaciones en los
últimos cuatro años superó los 650 millones de pesos y alertó sobre el desvío de
esta herramienta hacia fines de autopromoción.
6. Precisó que, entre 2022 y 2024, la Presidencia, los Ministerios y entidades del
Gobierno nacional realizaron contratos por publicidad oficial por más de
$ 135 535 000 000, monto en el que el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social reportó un gasto por $ 2 900 000 000 solo en el sistema de
medios públicos, y afirmó que la entidad incumple con el deber de publicación
periódica en materia de publicidad oficial, en orden a que los informes de
ejecución de contratos solo figuran hasta 2021.
7. Afirmó que, el 19 de agosto de 2025, radicó solicitud de cumplimiento ante la
entidad demandada, la que no fue respondida dentro de los 10 días siguientes a
su presentación y expresó que la ausencia de publicación actualizada y completa
sobre el presupuesto, planificación y gastos de publicidad oficial en la página del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social constituye incumplimiento
de la Ley 1474 de 2011, lo que vulnera los principios de transparencia, acceso a la
información pública y control ciudadano.
4. Actuaciones procesales
8. Mediante proveído del 10 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, admitió la acción de cumplimiento
contra el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
4.1. Contestación a la demanda
9. El DPS se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que la entidad
publicó la información en los términos que consagra el artículo 10 de la Ley 1474,
de 2011; por tanto, la omisión inicialmente alegada por el demandante se
encuentra superada y, en ese sentido se debía declarar la excepción de carencia
actual de objeto por hecho superado.
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10. Destacó que, el 17 de septiembre de 2025, con radicado S-2025-1500-135731
dio respuesta a la petición que realizó la demandante con radicado E2025-1000-
203807. Además, coordinó con la Oficina de Contratación la actualización de la
información relativa a la ejecución contractual, lo que garantizó la publicación de
los contratos correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, lo que permite
subsanar la desactualización identificada por la demandante.
4.2. Fallo de primera instancia
11. En sentencia del 30 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, declaró la carencia actual de
objeto, lo anterior porque, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso
con la contestación de la demanda, se encontraba acreditada la publicación de la
información relativa a la contratación, presupuesto, planificación y gastos relativos
a la publicidad oficial, objetivos perseguidos por la demandante.
4.3. Impugnación2
12. La parte actora impugnó la decisión e indicó que contrario a lo establecido por
el Tribunal, la entidad demandada no ha dado cumplimiento a la norma objeto de
estudio; por tanto, la decisión de instancia debía ser revocada.
13. Sostuvo que, en la página web del DPS no se evidencia la publicación de la
información relativa al presupuesto, planificación y gastos sobre programas y
políticas que se realicen a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o
mecanismo, que implique utilización de recursos públicos, en los términos de la
norma requerida.
14. De otra parte, indicó que el supuesto cumplimiento de estándares contenidos
en la Ley 1712 de 2014 y en el SECOP no acredita el cumplimiento específico y
concreto de la norma que se invoca en la presente acción porque, el ordenamiento
jurídico establece diferentes mecanismos y sistemas de publicidad y transparencia
tales como el SECOP, el índice de información clasificada y reservada, el Plan
Anual de Adquisiciones, entre otros, cada uno de ellos con alcances y
obligatoriedad propias.
15. Indicó que, respecto de la ejecución de la publicidad oficial, la entidad alegó
que estas actividades se realizan a través de un plan de medios operado por
RTVC, a través de un contrato interadministrativo publicado en el SECOP; sin
embargo, a su juicio, el Tribunal aceptó esa remisión como prueba de
cumplimiento, pasando por alto que ello no satisface la obligación autónoma
prevista en el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, que impone la
publicación periódica, visible y desagregada en la página institucional de la
información sobre presupuesto, planeación y gastos en publicidad oficial.
2 La sentencia del 30 de septiembre de 2025 fue notificada por correo electrónico el 8 de octubre
de 2025, y el escrito de impugnación se radicó el 14 de octubre de 2025, término que se encuentra
oportuno.
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16. Además, indicó que la verificación hecha por la Procuraduría General de la
Nación no establece el cumplimiento del parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 1474
de 2011.
17. Como consecuencia, manifestó que el DPS debería publicar de manera clara,
accesible y autónoma, en su página web institucional, información que permita
comprender cómo se gestiona la divulgación institucional y cómo se ejecutan los
recursos destinados a la publicidad oficial.
18. Es decir, a su juicio, la entidad debe divulgar de forma periódica información
como:
1. Presupuesto asignado a publicidad oficial, indicando la fuente de financiación y la
proporción que representa frente al presupuesto total de la entidad.
2. Planeación de las actividades de publicidad, especificando los objetivos frente a la
comunicación institucional, públicos destinatarios, estrategias o campañas previstas,
y su relación con los planes, programas o proyectos institucionales.
3. Ejecución de los recursos, con detalle de los contratos celebrados, fechas, montos,
medios de comunicación utilizados y productos o piezas divulgadas. Incluso, frente a
la tercerización, el estándar de publicación debe contener información relativa a la
ejecución, medios, y planeación conjunta entre la entidad contratante y el contratista.
4. Distribución y criterios de asignación de pauta, que permitan conocer cómo se
seleccionan los medios, y si existe diversidad y pluralidad informativa.
5. Evaluaciones o reportes de resultados, que evidencien el cumplimiento de los fines
institucionales de la publicidad (informar, educar, promover programas públicos), para
hacer control frente a usos de publicidad oficial, de acuerdo con la finalidad de los
mecanismos adoptados por el Estatuto Anticorrupción.
6. Fechas de actualización, con registro visible que permita verificar la periodicidad de
publicación y el carácter proactivo de la transparencia.
19. Como consecuencia, solicitó la revocatoria del fallo impugnado.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
20. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 30 de septiembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, según
lo dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del Código de Procedimiento
3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del
recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el
artículo 245 de este código.
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en el artículo trece
del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.
2. Problema jurídico
21. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 30 de septiembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró la carencia actual de
objeto, de conformidad con los argumentos expuestos por la parte actora en el
escrito de impugnación.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
22. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
23. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando
el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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24. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
25. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe
o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por
tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es
formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
26. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la
autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los
diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
27. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.
28. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»7.
29. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.
30. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte
demandada.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-
000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016,
radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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31. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de
plano.
32. En el caso concreto está acreditado que, 8 de septiembre de 2025, la parte
actora solicitó al DPS que dieran cumplimiento al parágrafo 3 del artículo 10 de la
Ley 1474 de 2011 relativo a la obligación de publicar periódicamente en su página
de Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos de
publicidad oficial9.
33. Como consecuencia, el DPS se pronunció el 17 de septiembre de ese año y
les indicó los diferentes trámites adelantados por la entidad con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 10 de la Ley 174 de
2011.
34. Como consecuencia, la Sala tendrá por agotado el requisito de renuencia y
procederá al estudio de los demás aspectos.
5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
35. En este asunto, la parte demandante busca el cumplimiento del parágrafo 3
del artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, para que la autoridad accionada publique
periódicamente en su página de internet, toda la información relativa al
presupuesto, planificación y gastos de publicidad oficial, que establece:
ARTÍCULO 10. Presupuesto de publicidad. Los recursos que destinen las
entidades públicas y las empresas y sociedades con participación mayoritaria del
Estado del orden nacional y territorial, en la divulgación de los programas y políticas
que realicen, a través de publicidad oficial o de cualquier otro medio o mecanismo
similar que implique utilización de dineros del Estado, deben buscar el cumplimiento
de la finalidad de la respectiva entidad y garantizar el derecho a la información de los
ciudadanos. En esta publicidad oficial se procurará la mayor limitación, entre otros, en
cuanto a contenido, extensión, tamaño y medios de comunicación, de manera tal que
se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos.
(…).
PARÁGRAFO 3. Las entidades del orden nacional y territorial a que se refiere esta
disposición están obligadas a publicar periódicamente en su página de Internet toda
la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las actividades
descritas en el inciso primero de este artículo.
36. No se advierte que la norma demandada como incumplida implique un gasto;
además, no se observa que la parte actora cuente con otro mecanismo de defensa
judicial para procurar por el cumplimiento del precepto que se pide ordenar, el que
además es actualmente exigible porque no está derogado ni suspendido.
9 Índice 2 del expediente digital.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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6. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable
37. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir
ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una
ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.
Sin embargo, no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones, sino
aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como deberes10.
38. Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de
las órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio,
claro y directo a cargo de determinada autoridad, imperativo e inobjetable en los
términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo,
si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el
requisito bajo estudio11.
39. Bajo tal entendido, se ha establecido que no es suficiente que la norma
contenga una disposición de la cual se pueda inferir un mandato o establecer una
obligación a cargo de determinado sujeto. Por el contrario, es necesario que la
norma sea tan precisa que de allí sea posible extraer «el cómo, cuándo, dónde,
cuáles o de qué manera»12 se debe ejecutar la obligación. Si las características
descritas no se presentan en el caso concreto, «no puede mantenerse la
exigibilidad de su contenido en esta instancia»13.
40. De la lectura de la norma demandada alegada como incumplida, se observa
que contiene el siguiente mandato: «publicar periódicamente en su página de
Internet toda la información relativa al presupuesto, planificación y gastos en las
actividades descritas en el inciso primero de este artículo».
41. El DPS, al contestar la demanda, allegó la siguiente información:
42. Escrito con radicado S-2025-1500-135731 a través del cual dio respuesta al
requerimiento de cumplimiento por parte de la Fundación y le explicó la forma en
la cual se planea y realiza la contratación de la publicidad oficial de la entidad, en
el siguiente sentido:
10 Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
11 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 25 de enero de 2024. Radicado 25000-23-41-
000-2022-00243-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 08 de junio de 2023. Radicado: 27001-23-33-
000-2023-00012-01. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
13 ídem.
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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43. Asimismo, relacionó los enlaces en los cuales se podía encontrar la
información relativa al presupuesto, planificación y gasto de publicidad oficial de la
entidad, que corresponden a los siguientes:
https://prosperidadsocial.gov.co/contratacion/avisos-de-procesos-de-contratacion/
https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/informacion-financiera-y-contable/
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprosperidad
social.gov.co%2Fcontratacion%2Fpaa%2F&data=05%7C02%7Candresfel.gutierre
z%40prosperidadsocial.gov.co%7C962acde1cc5b46f14aa908ddf55e1b71%7C19c
3130c6c584dbfb9a2679d3d0e7f00%7C0%7C0%7C638936506714988116%7CUn
known%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMC
IsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sd
ata=D%2FgJEMezaJWEZcbCmyRrw9hqSYsHvISzueKJGdJONQo%3D&reserved
=0
44. Enseguida, explicó que la periodicidad de la actualización de la información en
la página dependía de los ciclos de procesos de las diferentes áreas e indicó el
enlace en el cual se puede acceder al Esquema de Publicación de Información y
las bitácoras de publicaciones, documentos que reposan en el sitio Instrumentos
de Gestión de Información Pública, y contemplan documentos con vigencias
desde años anteriores al 2020 hasta 2024
(https://prosperidadsocial.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-
informacion-publica/).
45. Ahora, en relación con los contratos que la entidad haya celebrado durante los
años 2024 y 2025, con personas naturales o jurídicas, para la realización de
actividades de publicidad oficial o cualquier otro medio o mecanismo similar que
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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implique utilización de recursos públicos, la entidad reportó que sólo ha
desarrollado 2 contratos bajo la modalidad de contratación directa, de conformidad
con lo indicado en el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007,
modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, el contrato
Interadministrativo No. 667 de 202414 y el contrato Interadministrativo No. 282
DPS de 202515 y adjuntó el enlace correspondiente al presupuesto16.
46. Al verificar los enlaces, la Sala pudo constatar que en ellos aparece la
información pertinente al presupuesto, planificación y gastos en las actividades de
publicidad de la entidad, de conformidad con lo establecido en el inciso primero del
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011.
47. Adicionalmente, se encuentra el informe de la Procuraduría General de la
Nación referente a la auditoría llevada a cabo el 9 de septiembre de este año y en
el cual se destacan las siguientes observaciones relativas a la evaluación de los
ítems relativos a planeación, planificación y gastos de la
entidad
:
14
https://community.secop.gov.co/Public/Common/GoogleReCaptcha/Index?previousUrl=https%3a%2f%2fc
ommunity.secop.gov.co%2fPublic%2fTendering%2fOpportunityDetail%2fIndex%3fnoticeUID%3dCO1.NTC.63
19204%26asPopupView%3dtrue%20
15
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8380068
&asPopupView=true
16
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprosperidadsocial.gov.co%2Fcontr
atacion%2Fpaa%2F&data=05%7C02%7Candresfel.gutierrez%40prosperidadsocial.gov.co%7C962acde1cc5b4
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10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fundación para el Estado de Derecho
Demandado: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Rad: 25000-23-41-000-2025-01443-01
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Rad: 25000-23-41-000-2025-01443-01
48. Ahora, con la contestación de la demanda, la entidad reconoció que, para el
momento de presentación de la demanda, algunos ítems se encontraban
desactualizados; sin embargo, procedió a su actualización, y adjuntó los links que
contienen la información correspondiente al 2025 y en los que, por ejemplo, se
pudo observar la inclusión de la información del contrato enunciado como el
vigente para publicidad y comunicación de la entidad suscrito con RTCV, así se
encuentra en la página oficial de la entidad17:
17
https://prosperidadsocial.gov.co/contratacion/informes-de-ejecucion-de-contratos/,
https://dpsco.sharepoint.com/:x:/s/CentroDocumentacionPSF/EcDj8aapwFpHpz1gpdtddiMBrRuOa26fIqwS
UTWrAO2KdQ.
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49. En igual sentido, allegó los links relacionados con la información relativa a
presupuesto, planeación, ejecución de contratos y gasto, en los que se puede
acceder a la información de la entidad y localizar los temas relacionados con
publicidad.
50. Así las cosas, para la Sala quedó demostrado el cumplimiento del mandato
establecido en el artículo 10, parágrafo 3 de la Ley 1474 de 2011, contrario a lo
alegado por la parte actora en su escrito de apelación.
51. En efecto, la Sala, contrario a lo afirmado por la parte actora, advierte que la
norma demandada como incumplida solo establece la obligación de «publicar
periódicamente en su página de Internet toda la información relativa al
presupuesto, planificación y gastos en las actividades descritas en el inciso
primero de este artículo», sin que el hecho de que esos documentos se
encuentren en links como el del SECOP II, por ejemplo, implique el incumplimiento
de lo establecido en la norma; porque el mandato no establece la forma o los
títulos que deban contener los lugares en los cuales se almacene dicha
información, únicamente que esté publicada.
52. Si bien el ordenamiento jurídico establece diferentes mecanismos y sistemas
de publicidad y transparencia tales como el SECOP, el índice de información
clasificada y reservada, el Plan Anual de Adquisiciones, entre otros, ello no
excluye que la información contenida en esos enlaces sea la misma que le permite
concluir a la Sala que la entidad cumple con el mandato contenido en la norma
enunciada, máxime cuando esta establece una forma específica en la cual las
entidades deban cumplir con dicha obligación, en su página web, tal y como se
encuentra acreditado en el plenario.
53. Así las cosas, la Sala debe concluir que no se advierte el incumplimiento
alegado por la actora y en ese sentido, lo procedente era negar las pretensiones
de la demanda y no declarar la carencia actual de objeto, como ocurrió en primera
instancia.
54. Como consecuencia, la Sala revocará el fallo impugnado, con el fin de negar
las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó el incumplimiento alegado
por la parte actora, de conformidad con las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Rad: 25000-23-41-000-2025-01443-01
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de septiembre de 2025 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, que declaró la
carencia actual de objeto.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de cumplimiento, de
conformidad con las razones expuestas.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
CUARTO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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