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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00554-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2022-00554-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de junio de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en su lugar NEGARLA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2022-00554-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

28 de julio de 2022

Demandante: Zabala Ingenieros S.A.S. y L.R. INGENIEROS S.A.S.
Demandado: Superintendencia de Notariado Registro – Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00554-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2022-00554-01
Accionante: ZABALA INGENIEROS S.A.S. y L.R. INGENIEROS S.A.S.
Accionados: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO –
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

Temas: Revoca decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción, para en su lugar negarla por
inexistencia de mandato.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 15 de junio de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B declaró la improcedencia del
medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2022, las sociedades Zabala
Ingenieros S.A.S. y L.R. Ingenieros S.A.S., por medio de apoderados
judiciales1, ejercieron acción de cumplimiento contra la Superintendencia de
Notariado y Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá
– Zona Norte, con el fin de obtener el acatamiento de la Resolución No. 000679
del 27 de octubre de 20032, proferida por la Registradora Principal de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte.

1
La señora Ingrid Maryori Zabala Rodríguez en calidad de representante legal de la sociedad Zabala Ingenieros S.A.S.,
otorgó poder al abogado Javier Giovanny Zabala Ojeda; y el señor José Octavio Santamaría Carrero, como
representante de la sociedad L.R. Ingenieros S.A.S., otorgó poder al abogado Gustavo Andrés Torres Guzmán, para
que las representen en el proceso de la referencia.
2
“Por la cual se decide una Actuación Administrativa (Expediente No. 18 de 2003)”.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Zabala Ingenieros S.A.S. y L.R. INGENIEROS S.A.S.
Demandado: Superintendencia de Notariado Registro – Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00554-01

2. Pretensiones de la demanda:

“…PETICIÓN PRINCIPAL
DAR CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN 000679
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2003 EXPEDIDA POR LA REGISTRADORA PRINCIPAL
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C., ZONA NORTE, EJECUTANDO
REVOCAR LA ANOTACIÓN # 11 (RADICACIÓN 2005-26075) DEL FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA 50N479543 CORRESPONDIENTE AL ASIENTO
REGISTRAL LA ESCRITURA PÚBLICA #4110 OTORGADA EL 14/12/2000
NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTÁ.

PETICIÓN SECUNDARIA
CERRAR EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 50N479543 POR SER
INEXISTENTE”.

3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos:

2. La parte accionante afirma que es “propietario y titular del folio de matrícula
inmobiliaria” 50N-20106229, referido al inmueble con dirección carrera 45 No.
165-50 /carrera 44 No. 165-62 y que el señor Luis Fernando Pabón Sanmiguel
del folio 50N-479543 correspondiente al inmueble situado en la Carrera 45 No.
165-50 / Carrera 48 No. 165-50, ambos documentos de la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte.

3. Señalaron que se han presentado inconvenientes en relación con el derecho
de propiedad de los inmuebles registrados en los dos folios de matrícula
inmobiliaria antes citados.

4. Con oficio No. GH-21526-3321-37 del 30 de abril de 1997, el Departamento
Administrativo de Catastro Distrital, informó al Juzgado Trece Civil del Circuito
de Bogotá3 que “...según estudio efectuado al archivo cartográfico (...). Se destaca la no
existencia de la mencionada manzana N en los planos correspondientes a la Urbanización
Britalia Norte, (...) el predio con matrícula inmobiliaria No. 050N-479543 no se ha encontrado
incorporado en éste Departamento. Con respecto al predio que pertenece la matrícula
inmobiliaria 050N-20106229, se ha localizado con la Dirección Kra. 45 No. 165-50
(anteriormente lote 16 Mz H. manzana conservada)”.

5. Mediante oficio 21100-162 del 5 de febrero de 1998, el Departamento
Administrativo de Catastro Distrital, manifestó al Registrador Principal, Zona
Norte que “...se ha presentado controversia sobre la titularidad del inmueble ubicado en la
Carrera 45 No. 165-50, (...) al predio con matrícula inmobiliaria 50N-479543 (...) vendido

3
En el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 7 de junio de 2004, dispuso: “...ORDENAR
el levantamiento de la medida de secuestro practicada mediante D.C. No. 270/92. Líbrese oficio al secuestre. En
consecuencia, infórmese al Juzgado 22 Civil del Circuito que el bien que se deja a su disposición en virtud del embargo
de remanentes 050-0479543 no ha sido secuestrado”. El auto no precisa que clase de proceso es, ni las partes
intervinientes.

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Demandante: Zabala Ingenieros S.A.S. y L.R. INGENIEROS S.A.S.
Demandado: Superintendencia de Notariado Registro – Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos
Radicado: 25000-23-41-000-2022-00554-01

mediante escritura 2603 de 1968 Notaría 7 al señor Luis Fernando Pabón Portilla (...) nos
encontramos ante un conflicto de titulación sobre el mismo predio y por ser esa entidad a quien
le corresponde precisar con certeza el Registro legalmente valido (sic), le estamos enviando el
presente caso para que previo estudio se defina cuál es el título con mayor credibilidad legal
(...)”.

6. A través de la Resolución No. 000946 del 16 de septiembre de 1998 4, la
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte,
resolvió:

“ARTÍCULO PRIMERO: Trasladar del folio de matrícula inmobiliaria 050-20106229 las
anotaciones 02, 03, 03 (sic), 04, 05, 06, 07, 08 y 09, como anotaciones 025, 026, 030,
031, 033, 034, 035 y 036 al folio de matrícula inmobiliaria 050-316852 (Mayor
extensión) e Incluir en comentario de cada uno ‘Se traslada con fundamento en la
información del Departamento Administrativo de Catastro Distrital’.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incluir en el comentario de la anotación 022 del folio de
matrícula inmobiliaria 050-316852 ‘Lote 16 MzH’.

ARTÍCULO TERCERO: Corregir el orden cronológico de las anotaciones 025, a la 028
del folio matrícula inmobiliaria 050-316852, siendo 027, 028, 029 y 032
respectivamente.

ARTÍCULO CUARTO: Cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 050-20106229, abierto el
26-05-92 el cual contiene nueve (9) anotaciones, dejando la salvedad que se cierra, de
acuerdo al estudio del D.A.C.D. donde determinó que este predio tiene asignado el folio
de matrícula inmobiliaria 050-479643.

ARTÍCULO QUINTO: Efectuar las salvedades de Ley (artículo 35 Decreto Ley 1250 de
1970).

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el contenido de esta resolución, así:

LUIS FERNANDO PABÓN PORTILLA
LUIS FERNANDO PABÓN SANMIGUEL
CARLOTA SANMIGUEL DE PAGÓN
MARÍA TERESA SUÁREZ
MIGUEL ALFONSO ORTEGA SANABRIA, en la forma establecida en el artículo 44 del
C.C.A o en su defecto se fijará Edicto en un lugar visible al público de esta oficina por el
término de diez (10) días (artículo 45 del C.C.A.).

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra esta providencia procede el recurso de reposición ante
la Registradora Principal de Instrumentos Públicos dentro de los 5 días siguientes a su
notificación o a la desfijación del Edicto (...)”.

7. Como consecuencia de lo anterior, el señor Pabón Sanmiguel protocolizó
mediante escritura pública No. 4110 de 2000 de la Notaría 25 del Círculo de
Bogotá, su derecho de propiedad sobre el inmueble.

8. Con Resolución No. 000679 del 27 de octubre de 20035, la Registradora
Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C., Zona Norte, resolvió:

4
“Por la cual se decide una actuación administrativa”
5
“Por la cual se decide una Actuación Administrativa (Expediente No. 19 de 2003)”.

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“ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución número 000946 expedida por esta
Oficina el 16 de septiembre de 1998, para decidir la actuación administrativa que se
había iniciado mediante la providencia número 000031 de fecha 12 de mayo de ese
año, y por la cual se dispuso el cierre del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N-
20106229 y el traslado de los actos de registro representados por las anotaciones
comprendidas entre los números 2 y 9, ambas inclusive, al folio de matrícula
inmobiliaria número 50N-316852.

ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo anterior, se
dispone la reapertura del Folio de Matrícula inmobiliaria número 50N-20106229, el
cual reflejará la misma situación jurídica que exhibía antes de emitirse y ejecutarse la
resolución número 000946 de fecha 16 de septiembre de 1998. Se dejarán sin
vigencia en el folio 50N-316852 los actos de registro representados por las
anotaciones números 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35 y 36, que recobrarán vigencia en el
folio de matrícula inmobiliaria 50N-20106229.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente esta providencia a los señores LUIS
FERNANDO PABÓN SANMIGUEL, CARLOTA SANMIGUEL DE PABÓN y MARÍA
TERESA SUÁREZ. Subsidiariamente, procédase a su notificación mediante edicto
que se fijará por diez (10) días hábiles en un lugar de esta Oficina que sea visible al
público y como quiera que la decisión puede afectar a terceros que no intervinieron en
la actuación, se dispone publicar la parte resolutiva de esta providencia en el Diario
Oficial por cuenta de esta Oficina o en un periódico de amplia circulación nacional a
costa de los interesados.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición que
deberá interponerse ante la Registradora Principal de Instrumentos Públicos de
Bogotá, Zona Norte, dentro de los cinco (5) días siguientes al de su notificación
personal, de la desfijación del edicto o de su publicación, según sea el caso.

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de esta providencia a la División Operativa,
Sección de Tecnología de Imagen de esta Oficina para los fines pertinentes, lo mismo
que a la División Jurídica para efectos de la ejecución de lo ordenado, se harán las
salvedades de ley, dejándose constancia del número y fecha de la misma.

ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición
(...)”.

9. El 13 de abril de 2005, el señor Pabón Sanmiguel registró la escritura pública
4110 de 2000 de la Notaría 25 de Bogotá, ante la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte, a pesar de que la Resolución
679 de 2003 revocó el acto administrativo No. 946 de 1998 que dio origen a la
mencionada escritura.

10. El 19 de septiembre de 2012, el coordinador del grupo jurídico de la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte informó al señor
José Octavio Santamaría Carrero que “...en lo referente a su petición para que se le
certifique que no hay duplicidad la Oficina de Registro no realiza ese tipo de certificaciones (...)
por lo tanto debe usted consultar la resolución No. 679 del 27-10-2003 en la que con claridad
argumentativa, en la parte motiva se expresó los motivos por los cuales no existe duplicidad
entre los folios número (sic) 50N-20106229 y 50N-479543”.

11. El 4 de octubre de 2013, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Bogotá – Zona Norte, manifestó al superintendente Delegado para el Registro

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Demandante: Zabala Ingenieros S.A.S. y L.R. INGENIEROS S.A.S.
Demandado: Superintendencia de Notariado Registro – Oficina
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del ente demandado que “...este es un asunto que ya se decidió mediante la
correspondiente actuación administrativa y que culminó con la expedición de la resolución 0679
del 27-10-2003. Según la parte motiva de este acto administrativo (hojas 13 a 18) se puedo (sic)
establecer que los folios de matrícula 50N-479543 Y 50N-20106229, identifican a predios
distintos; de ahí que haya ordenado la reapertura de este segundo folio de matrícula (...)”.

12. A través de oficio del 12 de septiembre de 2019, la Secretaría Distrital de
Planeación, con radicado 1-2019-59085 “Referencia Oficio UAECD 2019EE43988 del
28/08/2019. Asunto: Consulta cartográfica; Código catastral: 00910225 – 00910226; Localidad:
Suba”, le manifestó al señor Oscar Julio Zabala, que:

“...En efecto, consultada la Base de Datos Geográfica Corporativa (BDGC) y con base
en la solicitud remitida por UAECD numeral 3, que los lotes que conforman la
manzana identificada con código catastral 00910225 corresponde a los identificados
con los números 17, 18, 19 y 20 del Plano Urbanístico S10/e denominado HACIENDA
BRITALIA el cual fue aprobado en mayo 24 de 1958 y restituido por el DADEP BAJO
LA resolución 256 DE 1990.

De igual forma con respecto al numeral 6, los lotes que conforman la manzana
identificada con código catastral 00910226 corresponde a los identificados con los
números 21, 22, 23 y 24 del plano de loteo ya referenciado.

Cabe anotar que las manzanas objeto de consulta se encuentran parciamente
cubiertas por el Plano de Legalización S10/4-111 del desarrollo Britalia Las
Margaritas aprobado por la Resolución 943 de 4 de diciembre de 2007 (...)”.

13. El 26 de abril de 2022, la parte actora elevó petición a la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte, y a la Superintendencia de
Notariado y Registro, con referencia “CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN 000679 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2003 EXPEDIDA POR LA
REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C., ZONA
NORTE”, en la que les solicitó:

“...PETICIÓN PRINCIPAL

DAR CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN 000679
DEL 27 DE OCTUBRE DE 2003 EXPEDIDA POR LA REGISTRADORA PRINCIPAL
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C., ZONA NORTE, EJECUTANDO
REVOCAR LA ANOTACIÓN # 11 (RADICACIÓN 2005-26075) DEL FOLIO DE
MATRÍCULA INMOBILIARIA 50N479543 CORRESPONDIENTE AL ASIENTO
REGISTRAL LA ESCRITURA PÚBLICA #4110 OTORGADA EL 14/12/2000
NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTÁ.

PETICIÓN SECUNDARIA

CERRAR EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 50N479543 POR SER
INEXISTENTE”.

14. Mediante Oficio del 3 de mayo de 2022, la Superintendencia de Notariado y
Registro respondió que el escrito fue direccionado a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte, autoridad competente para
atender la solicitud.

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4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

15. Por auto del 12 de mayo de 2022 el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá,
declaró la falta de competencia y ordenó la remisión del expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

16. Con proveído del 19 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, admitió la demanda y ordenó la
notificación al Registrador de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte y
al Superintendente de Notariado y Registro.

17. En la misma providencia se indicó que se tendrían como pruebas los
documentos allegados con la demanda.

4.2. Contestación de la demanda

18. La apoderada judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro,
mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2022, contestó dentro del
término.

19. Precisó que la parte actora ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, contra la Superintendencia de Notariado y
Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos – Zona Norte y la
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá con radicado No.
25000-23-41-000-2014-00277-00, para que se declare la nulidad del acto
administrativo contenido en el oficio del 23 de agosto de 2013 con radicado
2013EE44912 que negó el acatamiento de la Resolución No. 679 del 27 de
octubre de 2003, proceso que se encuentra para fallo de primera instancia, por
tanto, “...la entidad que represento no tiene la capacidad en estos momentos de dar
cumplimiento a la Resolución 679 de 2003, en razón a que depende de la decisión del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho previamente indicado, lo que hace objetable el
mandato”.

20. Señaló que dentro de las funciones de la superintendencia, está la
inspección y vigilancia en la prestación de los servicios púbicos de registro y
notariado, pero no la ejecución de los actos administrativos proferidos por las
Oficinas de Registro, pues esa es una competencia exclusiva de los
registradores de instrumentos públicos.

21. Destacó que la autoridad competente en este asunto es el Registrador de
Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte “...ya que de acuerdo con el numeral 6

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del artículo 22 de la Ley 1579 de 2012 dentro de sus funciones se encuentra el ‘Expedir los
actos administrativos, oficios y documentos relacionados con el registro de instrumentos
públicos de conformidad con la ley’ (...). Además de lo dicho con anterioridad, las oficinas de
registro ejercen la función registral bajo el principio de autonomía que les otorga la ley, máxime
cuando es la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona norte quien cuenta
con todo el soporte documental respecto del asunto que nos ocupa y la que profirió el acto
administrativo”.

22. Indicó que, si bien el 2 de mayo de 2022 mediante radicado
SNR2022ER051958 la parte actora presentó escritos ante esa superintendencia
y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte, para
que se acatara el mandato legal establecido en la Resolución 000679 del 27 de
octubre de 2003, lo cierto es que la solicitud fue atendida a través del oficio con
radicado 2022EE047481 del 5 de mayo de 2022, en la que se le informó que
debía gestionarse ante la autoridad competente, en razón a que en sede
administrativa los términos se encuentran agotados para interponer recursos.

23. Precisó que la parte accionante cuenta con otros mecanismos legales para
hacer exigible el cumplimiento del acto administrativo que invoca en este medio
de control, de hecho, “...en estos momentos se encuentra en espera del fallo que ha de
proferir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el proceso de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con radicado No. 250002341000201400027700, contra la
decisión tomada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital de Bogotá, proceso
en el cual pretenden que se ordene el cumplimiento de la Resolución 679 de 2003. Por lo que
reitero que la Acción de Cumplimiento es un mecanismo procesal idóneo para hacer efectiva la
aplicación de normas o de actos administrativos contentivos de un mandato, pero al igual que la
acción de tutela, es subsidiario”.

4.3. Fallo impugnado

24. En sentencia del 15 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B declaró la improcedencia de la
acción de cumplimiento, al considerar que “...las sociedades accionantes demandaron
en ese medio de control el acto administrativo contenido en el Oficio No. 2013EE44912 del 23
de agosto de 2013, el cual dispuso negar el cumplimiento de la Resolución 679 de 2003 y, a
título de restablecimiento del derecho y como consecuencia de la declaratoría (sic) de nulidad,
solicita que se le dé efectivo cumplimiento a la resolución que aquí se acusa.”.

25. Sostuvo que lo perseguido es obtener el acatamiento de un acto
administrativo, sobre el cual la misma autoridad accionada profirió el oficio No.
2013EE44912 del 23 de agosto de 2013 que negó dar aplicación a la resolución
que se acusa como incumplida, por tanto, las sociedades accionantes lo
demandaron en nulidad y restablecimiento del derecho, con lo cual actualmente

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se discute sobre la ejecución y aplicación de la Resolución No. 679 de 2003,
que se encuentra para fallo conforme con lo indicado en el aplicativo SAMAI6.

26. En ese orden de ideas, se evidencia que ante la existencia de otro
mecanismo judicial idóneo y pertinente para lograr el acatamiento que en este
trámite constitucional se busca, el medio de control de la referencia resulta
improcedente, máxime que no se vislumbra de los hechos y pretensiones que
se cause un perjuicio irremediable a las sociedades actoras.

4.4. Impugnación

27. Las empresas demandantes, mediante correo electrónico del 24 de junio de
2022 allegaron escrito en el que impugnaron7 la decisión del Tribunal, para que
se revocara y, en su lugar, la parte accionada de cumplimiento a la Resolución
No. 679 de 2003 “...ejecutando revocar la anotación No. 11 (radicación 2005-26075) del folio
de matrícula inmobiliaria 50N479543 correspondiente al asiento registral la escritura pública No.
4110 otorgada el 14 de diciembre de 2000 Notaría Veinticinco de Bogotá (...) como
consecuencia de lo anterior, cerrar el folio de matrícula inmobiliaria 50N479543 por ser
inexistente”.

28. Manifestaron que las funciones de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos son diferentes a las del Departamento Administrativo de Catastro, por
tanto, “...una cosa es el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
25000234100020140027700, contra la Unidad Administrativa de Catastro de Bogotá, en
consideración al Acto Administrativo Oficio No. 2013EE44912 del 23 de agosto de 2013,
expedido por la Unidad Administrativa de Catastro de Bogotá; y otra cosa sustancialmente
diferente es el cumplimiento que debe dar la Entidad aquí accionada, Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos, con funciones de Registro de Instrumentos Públicos, por no dar
cumplimiento a la Resolución No. 679 de 2003”.

29. Precisaron que “...el incumplimiento del acto administrativo demandado permite, como
efecto derivado, que el folio 50N479543 exhiba la dirección Carrera 48 No. 165 – 50 que
legalmente no le corresponde. Esta situación facilita la promoción y eventual enajenación del
folio hacia terceros interesados de buena fe (...)”.

30. Señalaron que la sentencia del Tribunal denota una errónea percepción de
la problemática, al considerar que “...se trata de zanjar una discusión de la titularidad de
un bien inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá (...) después de leer detenidamente la
Resolución solicitada para cumplir, que es muy clara, explica claramente que los folios
50N20106229 y 50N479543 son diferentes, provienen de tradentes diferentes, áreas diferentes,
linderos diferentes, y por ende no hay subjetividad, ni existe controversia jurídica, ni se requiere
reconocer derecho subjetivo alguno; más bien lo que se requiere es objetividad y dar

6
https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=2500023410002014002770025
00023
7
La sentencia del 15 de junio de 2022, fue notificada por correo electrónico el 22 de junio de 2022 y el escrito de
impugnación fue presentado por medio electrónico el 24 de junio de 2022. Así pues, se evidencia que la parte actora
impugnó la sentencia dentro del término legalmente previsto. Ver expediente digital.

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cumplimiento a lo señalado en dicho acto administrativo que por Ley está en firme, con fuerza
de ejecutoria, no está suspendido, y debe acatarse por mandato de la Ley a los Jueces en el art
230 de nuestra Carta Política”.

31. Afirmaron que se encuentran ante un inminente riesgo que puede propiciar
cualquier perjuicio con su predio pues “...el incumplimiento del acto administrativo
demandado permite, como efecto derivado, que el folio 50N479543 exhiba la dirección Carrera
48 No. 165 – 50 que legalmente no le corresponde. Esta situación facilita la promoción y
eventual enajenación del folio hacia terceros interesados de buena fe; a pesar del persistente
clamor de pronta y debida justicia hacia la entidad aquí demandada, institucionalizando la
vulneración del principio de la fe pública y la confianza legítima”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

32. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, de conformidad con lo
establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 20118, y el Acuerdo
080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer
de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Problema jurídico a resolver en la presente acción de cumplimiento

33. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 15 de junio de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B que declaró improcedente este
medio de control, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas
jurídicos:

34. ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la
Superintendencia de Notariado y Registro – Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona Norte de conformidad con lo previsto
en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?

35. De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la parte accionada, el
cumplimiento de la Resolución No. 679 del 27 de octubre de 2003 y en
consecuencia que revoque “la Anotación #11 (RADICACIÓN 2005-26075) del folio de
matrícula inmobiliaria 50N479543 correspondiente al asiento registral la escritura pública #4110
otorgada el 14/12/2000 Notaría veinticinco de Bogotá” y cerrar el folio de matrícula
inmobiliaria 50N479543 por ser inexistente”?

8
Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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3. Razones jurídicas de la decisión

36. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad;
y, (iii) análisis del caso concreto.

3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

37. Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como
un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para
hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la
acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En
igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento
de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

38. Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar
el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de
este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de
sus funciones públicas.

39. De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones
públicas, y ante el inminente incumplimiento la efectividad de las normas con
fuerza material de ley y de los actos administrativos.

40. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de
acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge
de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un
orden jurídico, social y económico justo” 9(Subraya fuera del texto).

41. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:

9
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.

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41.1. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(Art. 1º)10.

41.2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones
públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción.

41.3. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento (Art. 8º).

41.4. El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

41.5. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente
la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de
derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se
pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9º).

3.2. De la renuencia

42. El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la
solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva
autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

43. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Superintendencia de Notariado y

10
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y
directrices.

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Registro – Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - Zona
Norte antes de instaurar la demanda.

44. En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha
señalado la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento”11.

45. La parte accionante acompañó con la demanda comunicación del 26 de
abril de 2022, en la que solicitó a la Superintendencia de Notariado y Registro -
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte, “...DAR
CUMPLIMIENTO LEGAL AL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN 000679 DEL 27 DE
OCTUBRE DE 2003 EXPEDIDA POR LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C., ZONA NORTE, EJECUTANDO REVOCAR LA ANOTACIÓN #
11 (RADICACIÓN 2005-26075) DEL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 50N479543
CORRESPONDIENTE AL ASIENTO REGISTRAL LA ESCRITURA PÚBLICA #4110
OTORGADA EL 14/12/2000 NOTARIA VEINTICINCO DE BOGOTÁ (...) CERRAR EL FOLIO
DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 50N479543 POR SER INEXISTENTE”.

46. Con Oficio del 3 de mayo de 2022, la Superintendencia de Notariado y
Registro respondió que el escrito fue direccionado a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte, autoridad competente para
atender la solicitud. No obstante, revisado el expediente, no se encontró
documento alguno contentivo de la respuesta.

47. Conforme con lo anterior, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de
la presente acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida
forma el requisito de renuencia.

3.3. De la procedencia de la acción de cumplimiento

48. Según lo previsto en el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, esta acción no
procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa
judicial para hacer efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo
que de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el
accionante.

49. En el sub judice las empresas accionantes solicitan que en atención a lo
dispuesto en la Resolución No. 679 del 27 de octubre de 2003 se le ordene a la
parte accionada que revoque la anotación 11 del folio de matrícula inmobiliaria
50N479543 y se cierre ese folio por inexistente, frente a lo cual el Tribunal en el
fallo de primera instancia estimó que este mecanismo es improcedente en
razón a que la parte actora ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación del acto administrativo
contenido en el oficio No. 2013EE44912 del 23 de agosto que negó el
11
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo.

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cumplimiento de la Resolución 679 de 2003.

50. La Sala no comparte la postura del Tribunal, toda vez que el acto
demandado no fue proferido por la parte accionada en el proceso de la
referencia, sino por la Unidad Administrativa de Catastro, máxime que las
sociedades demandantes precisaron en el escrito de impugnación que “...una
cosa es el proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 25000234100020140027700,
contra la Unidad Administrativa de Catastro de Bogotá, en consideración al Acto Administrativo
Oficio No. 2013EE44912 del 23 de agosto de 2013, expedido por la Unidad Administrativa de
Catastro de Bogotá; y otra (...) es el cumplimiento que debe dar la Entidad aquí accionada,
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, con funciones de Registro de Instrumentos
Públicos, por no dar cumplimiento a la Resolución No. 679 de 2003”; en esa medida, se
supera el requisito de subsidiariedad.

51. Se destaca que el acatamiento solicitado no conlleva la ejecución de gasto
alguno, por tanto, también se supera este requisito de procedencia de la acción.

52. Por último, se encuentra que lo perseguido por la parte actora no involucra
la protección de derechos fundamentales, lo que torna viable este mecanismo
de control.

3.4. Análisis del caso concreto

3.4.1. Norma que se pide cumplir

53. La parte accionante indicó como acto incumplido la Resolución No. 000679
del 27 de octubre de 200312, proferida por la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Bogotá – Zona Norte.

12 “Resolución No. 000679 DE 27 OCT 2003

Por la cual se decide una Actuación Administrativa (Expediente o. 19 de 2003)
LA REGISTRADORA PRINCIPAL DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ D.C., ZONA NORTE
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la resolución número 000946 expedida por esta Oficina el 16 de septiembre de 1998,
para decidir la actuación administrativa que se había iniciado mediante la providencia número 000031 de fecha 12 de
mayo de ese año, y por la cual se dispuso el cierre del Folio de Matrícula Inmobiliaria número 50N-20106229 y el
traslado de los actos de registro representados por las anotaciones comprendidas entre los números 2 y 9, ambas
inclusive, al folio de matrícula inmobiliaria número 50N-316852.
ARTÍCULO SEGUNDO: Como consecuencia de lo ordenado en el artículo anterior, se dispone la reapertura del Folio
de Matrícula inmobiliaria número 50N-20106229, el cual reflejará la misma situación jurídica que exhibía antes de
emitirse y ejecutarse la resolución número 000946 de fecha 16 de septiembre de 1998. Se dejarán sin vigencia en el
folio 50N-316852 los actos de registro representados por las anotaciones números 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35 y 36, que
recobrarán vigencia en el folio de matrícula inmobiliaria 50N-20106229.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente esta providencia a los señores LUIS FERNANDO PABÓN
SANMIGUEL, CARLOTA SANMIGUEL DE PABÓN y MARÍA TERESA SUÁREZ. Subsidiariamente, procédase a su
notificación mediante edicto que se fijará por diez (10) días hábiles en un lugar de esta Oficina que sea visible al
público y como quiera que la decisión puede afectar a terceros que no intervinieron en la actuación, se dispone publicar
la parte resolutiva de esta providencia en el Diario Oficial por cuenta de esta Oficina o en un periódico de amplia
circulación nacional a costa de los interesados.
ARTÍCULO CUARTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición que deberá interponerse ante la
Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, dentro de los cinco (5) días siguientes al de su
notificación personal, de la desfijación del edicto o de su publicación, según sea el caso.

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3..4.2. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

54. La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir
ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una
ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

55. No obstante, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda
clase de disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se
caracterizan como “deberes”13. Los deberes legales o administrativos que
pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez constitucional son los
que albergan un mandato perentorio, claro y directo a cargo de determinada
autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable” en los términos de los artículos 5,
7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997.

56. Ahora bien, el acto administrativo que se invoca como incumplido prevé
dentro de su parte resolutiva que se (I) revoque la Resolución No. 000946 del
16 de septiembre de 1998 y como consecuencia de ello se (ii) disponga la
reapertura del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N20106229 en el que se
refleje la misma situación jurídica que había antes; y, (iii) dejó sin vigencia en el
folio 50N-316852 los actos de registro de las anotaciones 25, 26, 30, 31, 33, 34,
35 y 36 para que recobrara validez en el folio 50N20106229.

57. En este orden de ideas, no se evidencia que la Resolución No. 000679 de
2003, imponga el deber a la parte accionada de revocar la anotación No. 11,
con radicación 2005-26075 del folio de matrícula inmobiliaria 50N479543 y
menos aún que se cierre ese folio por inexistente, como lo pretende la parte
actora; de hecho en la resolutiva del acto administrativo no se hace mención al
folio referido por las sociedades accionantes.

58. En esa medida, es pertinente precisar que los deberes legales o
administrativos que pueden ser cumplidos a través de las órdenes del juez
constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y directo. Así,
por ejemplo, si la norma consagra una facultad o su ejercicio es discrecional, no
se cumplirá el requisito bajo estudio.

59. Conforme con lo anterior, el mandato que contiene la Resolución No.
000679 del 27 de octubre de 2003 es el de revocar un acto administrativo para
que el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N20106229 vuelva a reflejar la

ARTÍCULO QUINTO: Enviar copia de esta providencia a la División Operativa, Sección de Tecnología de Imagen de
esta Oficina para los fines pertinentes, lo mismo que a la División Jurídica para efectos de la ejecución de lo ordenado,
se harán las salvedades de ley, dejándose constancia del número y fecha de la misma.
ARTÍCULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición (...)”.
13
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas.
(Diccionario de la Real Academia Española).

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situación jurídica que ostentaba, para lo cual dispuso dejar sin vigencia los
actos registrados en unas anotaciones en el folio 50N-316852, nada más.

60. Entonces, realmente no hay un mandato que sea exigible en los términos
propuestos por los demandantes, por el contrario, lo que se observa son
planteamientos que no fueron definidos en la parte resolutiva del acto
administrativo invocado como incumplido.

3.5. Conclusión

61. En consecuencia de lo anterior, se advirte que el acto administrativo
invocado, no contiene un deber claro, expreso y exigible, en los términos
propuestos por la parte demandante, razón por la que se revocará la decisión
de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción para en su
lugar negarla.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de junio de 2022 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, que declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento, para en su lugar NEGARLA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de
la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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