Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2022-00157-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2022-00157-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2022-00157-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
16 de marzo de 2023
Demandante: Mauricio Alonso Epia Silva
Demandado: Universidad de la Amazonia
Radicación No.: 18001-23-33-000-2022-00157-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 18001-23-33-000-2022-00157-01
Accionante: MAURICIO ALONSO EPIA SILVA
Accionado: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Tema: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la Universidad de la Amazonia
contra la sentencia de 20 de febrero de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Mauricio Alonso Epia Silva, actuando en nombre propio, interpuso
una acción de cumplimiento contra la Universidad de la Amazonia. Lo anterior,
con el fin de que se le ordene cumplir lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2191
de 2022 “Por medio de la cual se regula la desconexión laboral – Ley de
desconexión laboral”.
2. Como consecuencia del obedecimiento de la norma invocada, pidió a título
de pretensiones, las siguiente:
1. Requiero respetuosamente que se ordene a la Universidad de la Amazonia –
Consejo Superior Universitario, que cumplan lo ordenado en el artículo 5 de la ley
(sic) 2191 de 2022, mediante la creación de la política pública de desconexión
laboral para la universidad de la Amazonia.
2. Que para la creación de la política de desconexión laboral se realice el llamado
a toda la comunidad educativa universitaria de trabajadores, para que ayuden a su
construcción, a través de sus propuestas y aportes, incluyendo a docentes,
administrativos y sindicatos de trabajadores.
2. Hechos
3. El accionante manifestó que la Universidad de la Amazonia se creó
mediante la Ley 60 de 1982, como una institución pública de educación superior,
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Demandante: Mauricio Alonso Epia Silva
Demandado: Universidad de la Amazonia
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que cobija a los departamentos de Caquetá, Amazonas, Guaviare y Putumayo.
Precisó que dentro de los trabajadores que prestan allí sus servicios hay
docentes catedráticos, ocasionales y de carrera administrativa. Asimismo, que
quienes laboran en la parte administrativa, se encuentran vinculados en virtud de
los derechos de carrera, a término fijo e indefinido.
4. Refirió que, mediante la Ley 2191 de 2022, se reguló lo atinente a la
desconexión laboral, tanto para el sector público, como para el privado.
Específicamente, de conformidad con el artículo 5°, la Universidad tiene el deber
de crear una política de desconexión laboral.
5. Indicó que el 4 de octubre de 2022, le remitió un correo a la entidad de
educación superior citada, en el que le solicitó el acatamiento del artículo 5° de
la Ley 2191 de 2022. Mediante Oficio R-901 la entidad brindó respuesta. Pese a
ello, a la fecha de interposición de este medio de control continúa incumplido el
precepto invocado.
6. En el oficio mencionado, la Universidad señaló que en virtud del artículo
30 de la Ley 30 de 1992, las instituciones de educación superior tienen la facultad
de darse y modificar sus estatutos, así como también de organizar y definir sus
labores académicas, docentes, científicas y culturales. Por ello, la adopción de la
propuesta que rija al interior de la Universidad le corresponde diseñarla a la
Secretaría General. Por último, resaltó que se iniciaría el proceso de creación de
la política de desconexión laboral, bajo la advertencia de que debe ser aprobada
por el Consejo Universitario, previo concepto de distintas dependencias.
3. Actuaciones procesales
7. Mediante auto de 11 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de
Caquetá admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar
como accionada a la Universidad de la Amazonia.
4. Contestación de la Universidad de la Amazonia
8. Arguyó que por mandato constitucional del artículo 69, desarrollado por la
Ley 30 de 1992, las instituciones de educación superior tienen la facultad de
darse, modificar y regular sus estatutos, así como de gestionar sus labores
académicas y docentes de organización interna. En ese sentido, puso de
presente que para adelantar acuerdos se debe presentar una propuesta ante la
Secretaría General y esta a su vez, solicitará conceptos de distintas
dependencias para obtener la viabilidad jurídica antes de la publicación.
9. Aludió que según el artículo 7° de la Ley 2191 de 2022, el servidor público
que vea vulnerado su derecho a la desconexión laboral puede acudir ante el
inspector de trabajo o la Procuraduría General de la Nación para poner en
conocimiento los hechos respectivos. Por ello, bajo su perspectiva, esta demanda
es improcedente porque los trabajadores cuentan con otros mecanismos de
defensa para proteger su derecho a la desconexión laboral si lo ven trasgredido.
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10. Alegó que la norma no dispuso un término para el diseño de la política,
precisamente porque el legislador desconoce los procedimientos internos de
cada corporación, su ejecución, aplicación y formas de reglamentación. En ese
sentido, si bien la norma objeto de esta acción contiene una obligación, esta no
impone la carga de sobrepasar las regulaciones internas de las entidades.
11. Refirió que, actualmente se encuentra en ejecución el “plan de trabajo para
estructuración de la política de desconexión laboral en la Universidad de la
Amazonia 2023”. Por ello, no se puede inferir que ha incumplido la Ley 2191 de
2022, máxime si se tiene en cuenta que la norma no dispuso un término para
regular el tema.
5. Fallo impugnado
12. En sentencia de 20 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del
Caquetá decidió lo siguiente:
PRIMERO: ORDÉNASE a la Universidad de la Amazonia, que en el término de los
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria del presente fallo, proceda a expedir la
reglamentación de que trata el artículo 5° de la Ley 2192 de 2022.
13. Explicó que el precepto objeto de la demanda es actualmente exigible.
Aclaró que, si bien no contempló un término específico para atender lo dispuesto
en el precepto invocado, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha indicado
que, para el cumplimiento de la obligación de regular un tema no es una
circunstancia que impida dar la orden en esta sede, el que la norma no contenga
un lapso.
14. En ese sentido, expuso que el legislador bien puede imponer un plazo al
ejecutivo para que expida la respectiva reglamentación, o guardar silencio y
únicamente disponer el deber. La ausencia de un término para ejercer la potestad
reglamentaria no significa que el mandato no sea exigible o no exista.
15. Puso de presente que la institución universitaria diseñó un plan para
ejecutar la reglamentación, lo cual no se desconoce. Sin embargo, ello no obsta
para tener por cumplido el mandato dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2192 de
2022.
6. Impugnación
16. El apoderado de la Universidad de la Amazonia impugnó la decisión de
primera instancia. Al respecto, aseveró que el requisito de constituirla en
renuencia no fue satisfecho dentro del presente trámite.
17. En primer lugar, porque no se ratificó en el incumplimiento al recibir la
petición de la parte actora, sino que, por el contrario, mostró su disposición de
iniciar con el trámite respectivo. En segundo lugar, porque la respuesta que le
allegó al peticionario fue enviada dentro de los 10 días siguientes a la recepción
de la solicitud.
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18. Señaló que el artículo 5° que se pide atender, debe ser interpretado en
consonancia con el 7°. Así, se comprende que la vigilancia y control del
cumplimiento de la ley de desconexión laboral, ante la vulneración de derechos
fundamentales, se dejó en cabeza de los inspectores de trabajo y de la
Procuraduría General de la Nación.
19. En ese sentido, si no se ha expedido la política, los trabajadores pueden
acudir a las autoridades citadas a pedir que les respeten sus derechos. Lo
anterior implica que esta acción sea improcedente también, por no satisfacer el
requisito de la subsidiariedad ante la existencia de otro “mecanismo de defensa
judicial”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
20. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
la Universidad de la Amazonia contra la sentencia de 20 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y 2433 de la Ley 1437 de 20114, así
como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de “…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento”.
2.2. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
21. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
22. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].
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desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
23. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]5.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas, encargado
de ello (artículos 5.º y 6.º).
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad o el particular accionado frente
al obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir
su inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “(…) cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable (…)” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (artículo 8.º).
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) Pretender la protección de derechos fundamentales que puedan ser
garantizados a través de la tutela (artículo 9.º).
(vi) El acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
(artículo 9.º).
2.3. De la renuencia
24. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste6 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
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25. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”7.
26. Sobre este tema, esta Sección8 ha dicho que:
“Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos9”. (Negrillas fuera de texto).
27. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
“Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”.
28. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
8 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
9 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
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no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
29. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia”.10
30. La parte actora probó que le dirigió una petición a la Universidad de la
Amazonia el 4 de octubre de 2022, en la que le solicitó crear la política de
desconexión laboral en atención a lo preceptuado en el artículo 5 de la ley 2191
de 2022. Con ello agotó el requerimiento establecido en el artículo 8 de la ley 373
de 1997.
31. De igual forma, aportó el Oficio R-901 de 14 de octubre de 2022, en el que
el rector de la institución educativa le indicó que por mandato constitucional del
artículo 28, desarrollado por la Ley 30 de 1992, las instituciones de educación
superior cuentan con la facultad de expedir sus propios estatutos y normas de
organización interna. En ese sentido, dado que la Ley 2191 se expidió en 2022,
“iniciará el proceso de construir una propuesta de política de desconexión
laboral”, que sería radicada y analizada para aprobación del Consejo Superior
Universitario.
32. De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de
la presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia de la norma cuya atención solicita, ante la Universidad de
la Amazonia.
33. Respecto a lo alegado por la entidad actora en la impugnación en el
sentido de sostener que no se satisfizo este requisito porque respondió la
solicitud realizada por la parte actora, la Sala debe reiterar que la renuencia busca
que se atienda una obligación establecida en una norma con fuerza de ley o acto
administrativo. Por ende, no es suficiente con que conteste la petición o el
requerimiento en renuencia. Para que no sea procedente la acción de
cumplimiento se debe demostrar que se acató la obligación que se le exige.
2.4. De la procedencia de la acción de cumplimiento
34. La parte actora, con el ejercicio de la presente acción, pretende que se
ordene a la Universidad de la Amazonia que, en cumplimiento del artículo 5° de
la Ley 2191 de 2022, desarrolle la política de desconexión laboral para los
servidores de la institución educativa. Asimismo, que involucre en el asunto a la
comunidad educativa para que elaboren propuestas y aportes al respecto.
35. En este orden de ideas, la Sala manifiesta que el precepto que se pide
acatar es actualmente exigible. Adicionalmente, no implica el establecimiento de
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
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gasto, toda vez que lo que se pretende con su obedecimiento es la expedición
de una política que regule un tema en particular al interior del establecimiento
educativo.
36. Tampoco se evidencia que lo pretendido por el accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción de
tutela. En ese sentido, esta acción satisface los requisitos de procedencia de la
acción de cumplimiento.
37. Por lo anterior, la Sala procederá a analizar si confirma, modifica o revoca
la decisión de primera instancia que le ordenó a la Universidad de la Amazonia
expedir la reglamentación dispuesta en el precepto invocado.
2.5. Caso concreto
38. Como se estableció, el señor Epia Silva solicita que se le ordene a la
Universidad de la Amazonia acatar el artículo 5° de la Ley 2191 de 2022. En
consecuencia, que expida la política de desconexión laboral que allí dispuso el
legislador.
39. El precepto que se pide atender, es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 5. Política de desconexión laboral. Toda persona natural o
jurídica de naturaleza pública o privada, tendrá la obligación de contar con
una política de desconexión laboral de reglamentación interna, la cual
definirá por Io menos:
a. La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo
lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC).
b. Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los
trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la
vulneración del derecho, a nombre propio o de manera anónima.
c. Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el
debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación
del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la
conducta.
40. Para la Sala, corresponde confirmar la sentencia de 20 de febrero de 2023,
por las razones que pasan a explicarse.
41. El artículo mencionado establece que “toda persona natural o jurídica”,
dentro de las que se encuentra la Universidad de la Amazonia, “tendrá la
obligación de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación
interna”11. La citada política deberá contener, por lo menos: la forma de garantizar
el derecho a la desconexión laboral por parte de la entidad respectiva, los
mecanismos de los que dispondrán los sujetos de la regulación para presentar
sus quejas y el procedimiento interno que garantice el debido proceso.
11 Subrayado de la Sala.
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42. En ese sentido, comparte este cuerpo colegiado el criterio expuesto por el
Tribunal Administrativo del Caquetá, consistente en que la norma objeto de esta
acción contiene un mandato claro, expreso y exigible. Nótese que la misma
norma establece que es una obligación el contar con la política de desconexión
laboral.
43. El hecho de que los trabajadores puedan acudir ante el inspector de
trabajo y la Procuraduría General de la Nación en caso de que consideren que
se les conculca su derecho a la desconexión laboral, no implica que las personas
naturales o jurídicas se excusen de atender la obligación dispuesta en la norma,
y así, diseñen el procedimiento interno a seguir, de conformidad con los estatutos
y formas de organización internos propios.
44. Ahora bien, el mandato dispuesto en la norma invocada contiene el deber
de regular la política de desconexión laboral, así las cosas, esta Sala asimila tal
obligación a la potestad reglamentaria dispuesta en el numeral 11 del artículo 189
de la Constitución Política.
45. De conformidad con lo anterior, pese a ser cierto que la norma no dispone
un plazo en el que se deba expedir la política mencionada, esta Sala ha
manifestado12 que la acción de cumplimiento procede para ordenar el ejercicio
de la potestad reglamentaria – en este caso, de regulación -, en todos los casos
en los que el legislador haya impuesto al ejecutivo el deber de reglamentar
determinado tema con independencia de si se impuso término o no. Es decir que,
la ausencia de un plazo para desarrollar la facultad que se otorga para regular
ciertas materias no deriva en la inexigibilidad de lo dispuesto como mandato en
la norma.
46. Al respecto, la Universidad de la Amazonia manifestó que actualmente
está diseñando “plan de trabajo para estructuración de la política de desconexión
laboral en la Universidad de la Amazonia 2023”, dado que, para el efecto requiere
que la Secretaría General presente el plan, distintas dependencias de acuerdo
con la especialidad rindan su concepto y así se obtenga la viabilidad jurídica para
que el Consejo Directivo apruebe y proceda a publicar. Asimismo, aportó la guía
de trabajo que seguirá, la cual contiene 14 actividades previas al producto final,
que empezaría el 14 de enero de este año y culminaría el 15 de mayo de este
año.
47. Pese a lo anterior, se comparte el criterio del a quo en el sentido que,
aunque no se desconocen las actividades y planeaciones desplegadas por la
Universidad en procura de atender el mandato contemplado en el artículo 5° de
la Ley 2191 de 2022, a la fecha esta regulación aún no existe.
48. Se concluye entonces que, la norma invocada contiene un mandato claro,
expreso y actualmente exigible que no se ha atendido y obliga a la accionada a
12 Sección Quinta, sentencias del 26 de noviembre de 2015, expediente con radicado número
63001-23-33-000-2015-00227-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, 19 de agosto de 2021, expediente
No. 15001-23-33-000-2020-02351-01 M.P. Rocío Araújo Oñate (E), 23 de septiembre de 2021,
expediente N.° 25000-23-41-000-2020-00270-02, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
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acatar el objetivo propuesto en esta acción de cumplimiento. En otras palabras,
es obligación de la institución superior diseñar la política de desconexión laboral
en los términos propuestos en los literales a, b y c del artículo invocado por esta
vía.
49. En otras palabras, la orden que se encuentra sin cumplir por parte de la
Universidad accionada, consiste en que se desarrolle la política de desconexión
laboral con la indicación de, por lo menos: la forma en como se garantizará y
ejercerá el derecho, el procedimiento a seguir para la presentación de quejas y
que dicho trámite garantice el debido proceso. En dichos términos, procede el
acatamiento.
50. Ahora bien, el término concedido por el a quo de tres meses para expedir
la respectiva regulación, también se comparte por esta Sala13. Sin embargo, el
lapso se contará partir de la ejecutoria de esta sentencia, teniendo en cuenta el
cronograma aportado por la institución educativa, que culmina el 15 de mayo de
2023. Para ese momento, será necesario que se encuentre debidamente
concluida y publicada por los medios que la Universidad estime, la política de
desconexión laboral en los términos expuestos.
2.6. Conclusión:
51. Esta Sala confirmará la sentencia de 20 de febrero de 2023, que le ordenó
a la Universidad de la Amazonia que en el término de tres meses regule y diseñe
a cabalidad la política de desconexión laboral para sus servidores. El lapso se
contará a partir de la ejecutoria de esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 20 de febrero de 2023, dictado por el Tribunal
Administrativo de Caquetá. En consecuencia, ordenar a la Universidad de la
Amazonia que, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta
decisión, cumpla con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 2191 de 2022.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
13 El mismo término ha sido dispuesto por la Sala en sede de acción de cumplimiento cuando el
mandato que se pide acatar no contiene de forma implícita el término en el que la administración
debe ejercer la potestad reglamentaria. Ver, entre otras, la sentencia de 3 de noviembre de 2022,
exp. 15001-23-33-000-2022-00400-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Mauricio Alonso Epia Silva
Demandado: Universidad de la Amazonia
Radicación No.: 18001-23-33-000-2022-00157-01
TERCERO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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